Don Jesús y doña Reyna trabajan en su parcela desde hace 40 años. No saben leer ni escribir, con dificultades se comunican en castellano. Los dos han luchado para que sus hijos fueran a la escuela. Tuvieron siete hijos: cinco mujeres y dos varones. La sexta hija fue Griselda que nació el 16 de marzo de 1994 en la comunidad nahua de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Doña María, la partera del pueblo, sobó a su mamá para que se acomodara bien el cuerpecito de su hija y no tuviera complicaciones en el parto. Griselda fue de las hermanas que pudo concluir la primaria en el pueblo. Caminaba más de una hora para asistir a la secundaria en Ahuatepec Pueblo. Fue persistente y muy sacrificada, porque hubo ocasiones en que probaba alimento cuando regresaba de la escuela. Gracias a unos familiares que viven en Alpoyeca, tuvo la oportunidad de estudiar el bachillerato.
Don Jesús y doña Reyna se ilusionaron mucho cuando Griselda terminó los estudios de nivel medio superior. Era la primera hija que había salido del pueblo para estudiar. Sus hermanos optaron por trabajar en los campos agrícolas en Sinaloa. Con las amistades que hizo se animó para estudiar en el Tecnológico de la Montaña, en Tlapa. Lo caro de la vida en esta ciudad y los múltiples gastos de la carrera en sistemas la obligaron a truncar sus estudios. No tuvo otra alternativa que trabajar como empleada doméstica para ahorrar un poco de dinero y continuar sus estudios en una escuela privada.
Logró culminar su carrera y empezó a subir la dura cuesta para conseguir un empleo. Pudo abrirse paso y con sus amigas empezó a participar en reuniones para hacer gestiones ante la Secretaría de Educación para conseguir una plaza. Fueron varias vueltas a Chilpancingo y al final logró su primer contrato en 2019. Tuvo la suerte de que se lo renovaran, aunque le pagaran al año. Griselda fue de las jóvenes que lograron superar muchos obstáculos, sobre todo la precariedad económica, la discriminación por ser hablante del náhuatl y el desprecio de una sociedad machista y racista. Sus hermanas que no pudieron estudiar y que ya son madres de familia se sentían orgullosas, porque sabía computación e inglés y porque tenía un trabajo como maestra. Don Jesús y doña Reyna, con la sencillez que les caracteriza, le daban gracias a Dios por lo que había logrado su hija Griselda.
Griselda era una joven con una gran sensibilidad, cuando podía apoyaba a las niñas que llegaban a la escuela sin almorzar. También buscaba recolectar víveres para ayudar a las familias más pobres. Apoyaba a estudiantes que tenían interés en aprender inglés y los incentivaba para que no dejaran de hablar su idioma materno. Nunca imaginó que con la bondad que trataba a la gente, experimentaría maltratos y golpes de quien decía que la quería. Soportó en silencio la violencia de su pareja. Confió en que la situación cambiaría y que encontraría la felicidad que anhelaba. El jueves 22 de febrero Griselda fue apuñalada cobardemente por su pareja en el cuarto donde vivían. Todo se derrumbó para don Jesús, doña Reyna y sus 6 hermanos. La tragedia se tornó más cruenta por las pésimas actuaciones de las autoridades que no aseguraron el lugar y expusieron a la víctima en las redes sociales. Es muy común que los agentes del Ministerio Público no apliquen el protocolo de actuación en casos de feminicidio y muertes violentas con perspectiva de género. Tampoco se llevan a proceso a los feminicidas. A la fecha la unidad de investigación especializada en el delito de feminicidio que se instaló en febrero de 2018 en Tlapa, desde el año de 2021 no cuenta con personal para dar continuidad a las investigaciones en los casos de feminicidios. Lo que hacen los ministerios públicos del fuero común desde el 2022, las carpetas que inician por el delito de feminicidio las remiten a la Fiscalía especializada en la ciudad de Chilpancingo y son ellos los que supuestamente le dan continuidad. En la práctica este traslado retarda más el proceso de investigación y regularmente los familiares se ven obligados a ir a Chilpancingo para que se judicialicen los casos. Una realidad poco probable.
Estos casos que son graves no son atendidos con celeridad y exhaustividad para una integración robusta de la carpeta de investigación. Desde la manera de clasificar el delito como homicidio calificado ya hay un sesgo en la línea de investigación para mantener a la baja las estadísticas oficiales relacionadas con los casos de feminicidios. Importa más cuidar la buena imagen de las autoridades y las instituciones, que realizar investigaciones a fondo que pongan en evidencia el patrón de criminalidad que persiste en estos crímenes de odio. Estas falencias de las investigaciones alientan la violencia feminicida y mandan un funesto mensaje a las familias de las víctimas de que no habrá castigo para los responsables.
El calvario que padeció don José no sólo se dio con la investigación sino con el traslado del cuerpo de su hija Griselda al Semefo de Chilpancingo. Además de no explicarle en su propio idioma el procedimiento que se sigue, para realizar la necropsia de ley, se aprovechan de su dolor y estado de indefensión. Ya es una práctica recurrente y consentida por las autoridades de la Fiscalía, que los familiares tengan que costear todos los gastos de traslado del cuerpo de la víctima. Tienen que dar vueltas y hacer varios gastos para sacar copias, pagar pasajes y comidas. El regreso del cuerpo lo tienen que solventar los familiares.
Don José se fue con 400 pesos a Chilpancingo. De nada le sirvieron por todos los gastos que hizo. Habló con su hijo que está trabajando como jornalero para que le mandara mil 500 pesos. Con ese dinero apenas pudo cubrir los gastos de los trámites. El chofer del vehículo del Semefo que se llevó el cuerpo de su hija le explicó que para regresar a Griselda y llevarla en una caja a Tlapa, el servicio le costaría 22 mil 40 pesos. Don José no asimilaba lo que le decían. Aparte del dolor por el feminicidio de su hija, ahora tenía que pagar esa cantidad para llevársela. No tuvo de otra que aceptar con la promesa de pagar la cantidad en Tlapa. Fueron varias llamadas que realizó con sus hijas, hijos y compadres para juntar el dinero.
La Ceav se desentendió del caso, y como siempre sucede, deja a las víctimas a su suerte. Son los familiares y no los funcionarios de la institución los que tienen que buscar el apoyo para cubrir los onerosos gastos. No hay ese compromiso ni sensibilidad para acompañar a las víctimas, por el contrario, se les culpa por no acudir con ellas. Se les ignora y maltrata por ser indígenas y pobres. Don José tuvo que lidiar no sólo con el Ministerio Público, sino con el mismo encargado de llevar el cuerpo de su hija, que hace negocio con el dolor de la gente desamparada.
El caso de Griselda nos muestra las graves deficiencias de las instituciones encargadas de hacer las investigaciones, de atender a las víctimas y de brindar el acompañamiento necesario. A ninguna autoridad le interesa estar al lado de las víctimas, de asumir su causa, de solidarizarse con su situación y de hacer frente a los problemas que enfrentan. No sólo es padecer la violencia de los feminicidas sino ser también víctima de la violencia institucionalizada.
Actualmente en la Montaña de Guerrero hay un registro de 10 feminicidios en lo que va de enero de 2023 a febrero de 2024. Los municipios donde se han consumado estos arteros crímenes son: Tlapa con cuatro feminicidios, Copanatoyac dos, Huamuxtitlán, Cualac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca, uno en cada municipio. Las edades de las víctimas son de 21 a 45 años, ocho de ellas eran indígenas y dos mestizas.
Este Centro de Derechos Humanos acompaña con asesores jurídicos a víctimas indirectas de 26 feminicidios cometidos desde el año 2014, incluido un caso de una niña de 16 años ocurrido en 2006. Estos hechos que agravian a la sociedad ocurrieron en los municipios más pobres de la Montaña y Costa Chica, como Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa.
De los 26 casos de mujeres y niñas víctimas de feminicidio, contamos únicamente con tres condenas. Las instituciones de procuración de justicia, tienen una deuda pendiente con las familias indígenas de Guerrero, que a la fecha lloran la muerte de sus madres, hijas, nietas, abuelas, primas, tías, sobrinas y amigas. Desde el 2014 a la fecha no hay resultados tangibles que garanticen a las familias una justicia pronta y expedida.
En los feminicidios en Guerrero, además de que son invisibilizados en las cifras oficiales, los mismos agentes del Ministerio Público se transforman en cómplices de los perpetradores al no realizar una investigación profunda de los casos ni hacer una tipificación adecuada del delito. La impunidad galopa dentro de las mismas instituciones del Estado y le endilgan toda la carga de la investigación a las familias y se encargan de hacer más onerosa la justicia que debe de ser gratuita y expedita.

 

Para el compañero de lucha Abraham Ramírez, defensor de los derechos del pueblo de Huamuxtitlán.

La ausencia de las autoridades en los momentos críticos que enfrenta la población guerrerense es atroz. Están agazapadas y no quieren arriesgar su seguridad. No hay quien dé la cara para enfrentar los problemas que padece la gente de a pie.
El desbordamiento de la violencia no tiene diques, es una avalancha que nos arrastra al despeñadero. Es un mal que destruye el tejido comunitario y deja a la deriva a la gente que se levanta temprano para luchar por su sobrevivencia. Ni en casa la familia se siente segura. Por todos lados hay presencia de grupos que causan estragos a la población. Los cuerpos de seguridad son ajenos al drama cotidiano de la violencia. Hasta en las colonias más pobres el crimen está presente, ya sea para cobrar piso o vender cristal. No hay calle sin dueño, ni colonias sin halcones.
Las carreteras y las avenidas son las vías más inseguras para transitar, debido a las férreas disputas que libran las organizaciones criminales para controlar las rutas del transporte público y los negocios de la economía criminal. Además de fijar cuotas altas, las vidas de los choferes penden de un hilo si no acatan órdenes. Ante la inacción de las corporaciones policiacas y militares, la violencia se recrudece en las calles con los asesinatos y la quema de vehículos.
El cobro de piso prolifera en todos los giros comerciales. Ya no hay excepciones, todos tienen que caerse con la cuota diaria o semanal. La delincuencia tiene ahora muchos empleados que trabajan para su causa.
Las ciudades turísticas son las plazas más redituables para las organizaciones criminales. Si antes los gobiernos corruptos despojaban a los ejidatarios de los lugares paradisíacos y privatizaban las playas, ahora los grupos delincuenciales, siguiendo su ejemplo, tomaron el control de estos sitios de gran afluencia turística para cobrar cuota a todos los vendedores de las playas. Nadie escapa de sus garras ni de sus listas. Semanalmente tienen que entregar el pago sin falta. Los que no cumplen corren el riesgo de perder la vida, por eso nadie se atreve a protestar ni a desafiar al cobrador de la empresa criminal, que llega acompañado con gente armada. Los puntos de venta de la droga son negocio exclusivo de los jefes y nadie se atreve a competir con ellos. Este embrollo delincuencial se complejiza más con la presencia de la Guardia Nacional y de la Marina, que se confabulan con estos negocios y son parte de la criminalidad galopante.
En Taxco hasta los encruzados fueron emplazados a pagar cuota y comprar las ortigas a los proveedores del dueño de la plaza. Para acceder al templo de Santa Prisca, el grupo delincuencial disfrazaba la limosna como cuota. Las alcancías eran vaciadas para la causa del crimen. El encanto de la ciudad mágica se truncó de tajo cuando el plomo suplantó el negocio de la plata. Las calles empedradas se mancharon de sangre y las balaceras desolaron el centro y obligaron a cerrar los comercios. Las escuelas optaron por suspender clases ante las amenazas del crimen contra los transportistas. La autoridad municipal no sólo se mostró indiferente ante el drama de la gente, sino que el presidente prefirió viajar a España en lugar de enfrentar con aplomo las amenazas del crimen organizado. Quedó evidenciado que la delincuencia no tiene contrapesos que la obliguen a replegarse, más bien, se erige como un poder fáctico que es capaz de desmovilizar a la población e imponer su ley de fuego. Las fuerzas del orden no proporcionaron el auxilio que requería la población y se limitaron a patrullar las calles para hacer visible su presencia. La tranquilidad es un bien intangible que les fue arrebatado a los taxqueños.
La capital del estado es el ojo del huracán del crimen organizado. A lo largo de los años se fueron incubando negocios truculentos entre la clase gobernante y los líderes de transportistas. La Dirección General de Transporte se transformó en la caja chica del gobernador en turno. Las concesiones fueron las prebendas con que se aseguraban las lealtades políticas y se conformaban clientelas partidistas. Muchos funcionarios públicos atracaron a la misma dependencia que dirigían al agenciarse concesiones sin límite alguno. Muchos políticos que siguen peleando cargos públicos cuentan con permisos en las principales ciudades del estado. Se sirvieron con la cuchara grande e hicieron jugosos negocios con grupos económicos y líderes transportistas que velaron por sus intereses. En estos pactos delincuenciales fueron forjando una mafia en el sector de los transportistas. Con el tiempo se incubaron intereses políticos, económicos, delincuenciales, y clientelares. Todo creció al amparo del poder público, con el apoyo de los gobernadores y de su grupo político. Era la gallina de los huevos de oro donde incubaron negocios ilícitos al interior de las instituciones gubernamentales.
Las rutas se fueron diversificando y en esta ramificación de sitios, el trasiego de la droga desplazó la transportación de los productos básicos. Los líderes fueron relegados por los jefes de las plazas y el control de las rutas pasó a manos de los grupos de la delincuencia. El transporte público y privado se erigió en la minita de oro, por eso las organizaciones criminales pelean las rutas en los territorios donde tienen presencia. No están dispuestos a permitir que otros grupos controlen las rutas de transporte cuando se han apoderado de la plaza. En esta confrontación abierta los grupos delincuenciales se han apertrechado en los sitios estratégicos de la capital del estado para imponer su hegemonía. No hay autoridad que los repliegue ni los descarrile en su empeño por enquistarse dentro del sistema de transporte público. Más bien se han encaramado en las estructuras del poder público y cuentan con aliados que trabajan para su causa. Saben que las autoridades tienen precio y que pueden negociar al costo que sea. Nadie los detiene y no temen a los cuerpos de seguridad porque saben que por años han sabido domesticar. Se confabulan y se vuelven cómplices de los jugosos negocios de la droga y las armas.
La sociedad está hastiada de tanta corrupción y contubernio de los gobernantes con los grupos delincuenciales que han tomado el control de las ciudades y las comunidades rurales, que han impuesto la cuota a la mayoría de comerciantes e instalado el miedo en la vida pública.
El gobierno de Evelyn Salgado se ha plegado a las directrices de los mandos del Ejército que no han dado resultados con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, ni con el incremento de efectivos de la Guardia Nacional. Su estrategia de seguridad está diseñada por un grupo de militares que siguen considerando a la sociedad que se organiza para reclamar sus derechos como una amenaza para la estabilidad política del estado. Focalizan su atención contra las organizaciones y líderes sociales, los catalogan como transgresores de la ley y como conspiradores. Están lejos de comprender que la estrategia de seguridad debe estar centrada en el ciudadano y por lo mismo debe salvaguardar los derechos humanos de la población. La opinión y perspectiva de la gente que sufre el flagelo de la violencia es crucial para implementar acciones efectivas que protejan la vida y la seguridad de la población.
Lo paradójico y sumamente preocupante es que con la llegada de la Guardia Nacional, así como el proyecto que tiene el presidente de la República, de construir 12 cuarteles de la Guardia en Acapulco y otros más en las 8 regiones del estado, los guerrerenses no ven que el despliegue militar los haga sentirse más tranquilos. Por el contrario, la experiencia de los años, con el terrorismo de Estado, le dejó lecciones trágicas. La presencia del Ejército en las ciudades y comunidades es para causar temor, para desmovilizar a la población, para arremeter contra el ciudadano que ejerce su derecho a la protesta, para reprimir a quienes increpan al poder y lo emplazan a rendir cuentas. En este despliegue militar se incrementan las graves violaciones a los derechos humanos y se robustece la impunidad para proteger a los perpetradores.
En los pocos años de creada la Guardia Nacional, sus actuaciones no están del lado de la población que es víctima de la violencia, sino de las autoridades, de los funcionarios públicos, que viven en una burbuja para no poner en riesgo su seguridad. Llegaron para proteger a los gobernantes y a las instituciones públicas. Se han colocado para arremeter contra la población que se atreve a tomar las vías de comunicación. Su presencia no ha servido para contener la avalancha delincuencial, para desactivar ni desmantelar las estructuras criminales. Más bien, los han dejado crecer y les han permitido ejercer libremente sus acciones delincuenciales. En algunos lugares, como Acapulco, se coluden con ellos para el cobro de piso y hasta les dan cobertura a los cobradores y expendedores de los negocios ilícitos.
El presupuesto millonario destinado para el Ejército y la Guardia Nacional no ha redundado ni redundará en beneficio de la gente que paga cuota diariamente a los grupos de la delincuencia. Tampoco tendrán el apoyo las familias desplazadas de manera forzada por la violencia que ejercen estos grupos en sus comunidades y ejidos. Los colectivos de víctimas arriesgan su vida al adentrarse a lugares peligrosos en busca de sus hijos desaparecidos. Para la Guardia Nacional estos acompañamientos a las madres buscadoras no forman parte de sus prioridades institucionales.
En Guerrero la violencia ha cimbrado las estructuras de un poder decrépito que incubó en la delincuencia institucionalizada la delincuencia criminal, que sembró la corrupción y los negocios ilícitos al interior de las instituciones para robustecer la enredadera del crimen organizado. Los crímenes más atroces los cometieron poli-cías, militares y marinos. Fueron la hierba mala que hizo florecer el negocio de la droga en Guerrero y los maestros de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, los vuelos de la muerte, la irrupción en comunidades, los desplazamientos forzados, las violaciones sexuales, la tierra arrasada. En fin, la violencia del Estado que incubó al crimen organizado.

Este lunes 29 de enero presentaremos en la ciudad de Chilpancingo nuestro XXIX informe. Es un esfuerzo que realizamos con muchas dificultades, por lo que implica abstraernos del trabajo cotidiano. Escribimos para mantener viva la memoria y las luchas de un pueblo combativo.
En este fin de sexenio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad que cuenta con un marco legal a modo, a contrapelo de las recomendaciones internacionales. Dispone de un amplio presupuesto federal y goza de múltiples prerrogativas con las nuevas funciones que le asignó por decreto presidencial. El instituto armado es la Secretaría que mayor reconocimiento, respaldo y protección tiene del presidente de la República, al grado que se ha transformado en su vocero y defensor a ultranza.
Con la obediencia debida y con la argucia de que los militares son el pueblo uniformado, el presidente reivindica al Ejército como una institución leal, que se comporta con bastante modestia y que en tiempos pasados sólo cumplió órdenes de los ex presidentes. Se obstina en exonerarlos de los crímenes de lesa humanidad y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No da importancia a los seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con rigor científico desmontaron la verdad histórica. Después de conocer los pormenores de la información que encontraron en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, el GIEI planteó que tanto el Ejército como la Marina tienen información vital, sin embargo, el presidente ha dicho que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa. Descalificó sus hallazgos y cuestionó su trabajo.
Para el GIEI el comportamiento del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se debe a la colusión que se dio entre mandos y miembros del 27 Batallón de Infantería, con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el proceso judicial de Pablo Vega –preso en una cárcel de Estados Unidos– y otros en Chicago, en el 2014, muestran que había colusión de mandos militares del 27 y 41 Batallón de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos. En esas escuchas se habla de pagos y relaciones con varios militares. Las mismas declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente para que dejaran de llevar a cabo sus acciones a Guerreros Unidos. Esto explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los estudiantes, a pesar de la información con que contaban desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre de 2014 y durante toda la noche.
Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se consumara la desaparición de los normalistas. La simulación que realizó el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques y llegando supuestamente cuando las muertes y desapariciones ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones de su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados.
Por otra parte, inteligencia militar de la Sedena tenía desde hace varios años dentro de la mirilla, a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, daba seguimiento a los jóvenes, a sus comités y asambleas debido a sus acciones y movilizaciones políticas, con un enfoque contrainsurgente. Las movilizaciones y asambleas de los normalistas eran monitoreadas por agentes de inteligencia militar –adscritos a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI)– infiltrados entre los estudiantes y que ejercieron vigilancia tanto en Tixtla como en Chilpancingo o Iguala. Al menos tres OBIs estaban dentro de la escuela y en Tixtla. Uno de los jóvenes desaparecidos era agente activo de inteligencia y enviaba informes periódicos de las movilizaciones de los jóvenes y sus actividades (asambleas, discusiones políticas, boteo, tomas de autobuses). Otro más cursaba el segundo año y no participó en la toma de autobuses, porque era una actividad que estaba programada para los estudiantes de primer año. Los documentos de la Sedena muestran el nivel de detalle de dichos informes, así como los objetivos y focalización de personas y actividades.
La visión contrainsurgente lleva asociada un trato despectivo y discriminatorio. Una imagen negativa de los estudiantes al considerarlos como parte de la guerrilla en Guerrero y una falta de reconocimiento de su ciudadanía al calificarlos como “vándalos”. Sin esta visión estereotipada y sin acusaciones falsas de que la Normal de Ayotzinapa es un nido de guerrilleros, hubiera sido muy difícil realizar un ataque masivo y un ocultamiento de los hechos a gran escala, como el que tuvo lugar en Iguala.
La afanosa búsqueda que realizó el GIEI en los archivos de la Sedena dio con información existente en intercepciones telefónicas y en mensajes de personas relacionadas o acusadas de haber sido responsables de estos hechos. En una hoja de referencia del 5 de octubre de 2014 encontraron conversaciones entre Francisco Salgado Valladares y El Gil, donde informan que son 17 personas y que hay camas para aterrizarlos. También hay una conversación entre El Cholo Palacios y Ramón que mencionan una cueva donde tienen a los estudiantes.
Estas comunicaciones indicarían que parte de los jóvenes pudieron estar vivos días después de los hechos y que había sido llevado un grupo cerca de Lomas de Coyotes, un lugar donde probablemente fueron conducidos varios estudiantes.
Para conocer el destino de los normalistas, de acuerdo con el GIEI, es fundamental tener mecanismos de presión y colaboración, incluyendo una judicialización efectiva, que den cuenta de verdades que puedan ser comprobadas de manera efectiva y fehaciente.
Por su parte, las madres y padres exigen al presidente de la República que no encubra ni proteja al Ejército; que los mandos militares entreguen toda la información que hace falta y que no se destruyan los documentos que obran en los archivos de la Sedena, relacionados con la desaparición de sus 43 hijos.
Las autoridades de Guerrero han sucumbido ante el crimen organizado. A pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pinda cuenta con todo el respaldo del presidente de la República, no hay resultados tangibles, a dos años de su administración. La presencia de la Guardia Nacional está lejos de ser un escudo para la población que se encuentra inerme ante el poder creciente de los grupos delincuenciales. La violencia se ha desatado en las principales ciudades turísticas y en Chilpancingo. En las ocho regiones se han registrado casos sumamente graves que muestran las flaquezas de un modelo de seguridad diseñado por los mandos militares que han supeditado a las autoridades civiles.
La población agraviada ha quedado al margen, se hace escarnio de las víctimas y no se escucha el clamor de justicia de las familias. Hay un distanciamiento de las autoridades del estado con la multiplicidad de actores de la sociedad civil que no encuentran una interlocución efectiva para plantear sus demandas y propuestas.
A pesar de que las comunidades campesinas e indígenas conocen el modus operandi de las organizaciones criminales, el Ejército ignora y descalifica cualquier información que da cuenta de las incursiones de estos grupos en los territorios comunales. Varios periodistas han documentado de manera directa las atrocidades que cometen, sin embargo, no prosperan sus reportes. Las autoridades en lugar de atender las denuncias y cotejar la información para poner a salvo a la población, descalifican el trabajo periodístico y más bien lo consideran como un golpeteo político que busca dañar la imagen de la gobernadora. Criminalizan el trabajo de los periodistas críticos, al ubicarlos como parte de los grupos delincuenciales.
Las autoridades comunitarias han asumido los riesgos que implica denunciar los atropellos que padecen por parte de la delincuencia. Viajan a la capital del estado en busca de las autoridades, pero todo es en vano porque se topan con la burocracia que sólo recibe papeles y no tiene disposición ni sensibilidad para atender y canalizar los asuntos. El mandato que la asamblea otorga a sus autoridades es buscar la interlocución con la gobernadora, la Guardia Nacional, el Ejército y el secretario de Seguridad Pública, para plasmar el sentir de la gente y demandar su presencia en los lugares donde la delincuencia ha desplazado a los pobladores y ha tomado el control de sus tierras. Son planteamientos de fondo que tienen que ver con la seguridad de las familias, con el respeto a su vida y su patrimonio. Su presencia es para reportar asesinatos, decapitaciones, desapariciones, desplazamientos forzados, despojos, quema de viviendas, violaciones sexuales, robo de ganado, tala ilegal de madera. Es un escenario atroz donde la ley son las balas de los delincuentes que aterrorizan a la población. En lugar de maestros y médicos hay sicarios. Las herramientas de trabajo son las metralletas y los gobernantes son los jefes de las plazas del narco.
Hay un gran abismo entre las autoridades del estado encargadas de brindar seguridad y de investigar los delitos con los representantes de las comunidades y los ejidos. Esta hondonada del olvido no sólo es por la geografía agreste y los caminos intrincados sino porque mantienen en el abandono a las comunidades que sobreviven a pesar del gobierno y la delincuencia. En los enclaves donde la delincuencia se ha ido posicionando de los territorios, hay una gran diversidad de bienes naturales y riquezas potenciales.
Los gobiernos en lugar de detonar el desarrollo con la participación de las comunidades que han sabido cuidar y respetar la naturaleza, han implantado un modelo extractivista basado en la explotación depredadora de los bosques, en el saqueo de las riquezas naturales, la destrucción del hábitat con la minería a cielo abierto y la descapitalización del campo. Lo contrastante de este paisaje megadiverso es la pobreza de sus pobladores y la sobre explotación de la mano de obra por los delincuentes.
De la Montaña y la Sierra sale la mejor producción de mariguana y heroína para las ciudades de Chicago, Atlanta y Nueva York. De las regiones más pobres de Guerrero el negocio de la droga genera millonarias ganancias que quedan en los bolsillos de la elite gobernante, los capos del narcotráfico y los mandos del Ejército. La extracción de la goma de amapola, del agua para el lavado del oro, no sólo ha devastado los territorios ancestrales de los pueblos, sino que ha chupado su sangre y agotado sus energías con jornadas de trabajo extenuantes. Son los esclavos del capital trasnacional que sufren el azote de los grupos criminales.

 

 

El pasado viernes por la noche la jueza del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales del Estado de México convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la jueza sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.
El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la Covaj que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición. Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.
Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, del mismo presidente de la República y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchara la buena imagen que tanto cuida el Ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el Ejército se ha negado a entregar, emplazó a la Fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.
En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos ocho militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con Guerreros Unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La jueza segunda de Procesos Penales Federales en el Estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la jueza. Por su parte, el juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la jueza de la causa citó a audiencia a las partes. El Ministerio Público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la Ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la jueza de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la jueza decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.
La jueza tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la jueza impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a ocho acusados. No importó a la jueza el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los ocho militares.
Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la República para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos a los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del Poder Ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso.
Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus seis informes.
Lo mismo acontece con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión.
Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del Ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del Ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del Ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del Ejército.
El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que los acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de ocho militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Sólo permanecen cinco militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 Batallón de Infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada.
Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Sólo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al Ejército siguen vigentes en la 4T.

Al padre Filiberto Velázquez por su compromiso pastoral de mitigar el dolor de las familias que padecen el flagelo de la violencia. Por su entrega y cercanía con las víctimas, enfrenta riesgos y amenazas, tanto de las autoridades como de la delincuencia.

Hace 2 años cuando la Familia Michoacana tomó el control de las cabeceras municipales de Apaxtla y Teloloapan en la región norte del estado, se incrementaron las incursiones armadas en comunidades de la Tierra Caliente y de la zona serrana. El 5 octubre del 2022 un grupo armado balaceó el Palacio Municipal de San Miguel Totola-pan y asesinó al presidente Con-rado Mendoza, junto con su papá y 18 personas más, entre ellas varios policías y funcionarios municipales que se encontraban en una reunión cerca de la Presidencia.
Esta masacre es parte de la disputa a muerte que ha emprendido La Familia Michoacana en los municipios de la sierra, como Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
Hay denuncias de pobladores de al menos 100 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo que han sido desplazados de sus tierras y despojados de sus pertenencias por parte de La Familia Michoacana.
En diciembre del 2022 incursionaron en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, asesinaron a 7 personas, entre ellas un niño de 11 años.
En otros casos se han dado enfrentamientos como el que se dio en marzo de 2022 en la zona serrana de San Miguel Totolapan, cuando se unieron 38 comunidades para hacer frente al grupo de La Familia Michoacana.
También las comunidades serranas han convocado a reuniones para plantear acciones conjuntas que contengan la avalancha delincuencial.
El 26 de marzo del 2022 en la comunidad de Pocitos de El Balcón, los comités de seguridad de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan informaron que la situación es más grave de lo que imaginaban porque en las cabeceras municipales los presidentes están al margen de estos asuntos y han dejado el paso libre a La Familia Michoacana. Dieron a conocer los enfrentamientos que se han dado en los ejidos de Linda Vista, Coronillas, Ciénega de Puerto Alegre y el Pescado de Coyuca de Catalán. Después de proponer varias acciones orientadas a reforzar la seguridad de varias vías de comunicación, acordaron enviar un escrito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exigir que garantice la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional. Hasta la fecha no han sido atendidos.
Ante la falta de repuestas de las autoridades del estado y federales más 800 campesinos de 43 comunidades de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo hicieron pública su postura de levantarse en armas, en respuesta a las acciones armadas que padecieron los ejidos de Coyuca de Catalán.
Los casos de familias desplazadas se han incrementado con el control que ejercen los grupos criminales que se asientan en sus terrenos y viviendas. Hay un registro de 34 familias de San Antonio de las Tejas que tuvieron que huir para poner a salvo sus vidas. Esta forma de amedrentar a la población es para despojarla de sus bienes. En este caso se apoderaron de 600 hectáreas de aguacate.
El hartazgo de la gente del campo va generando animadversión hacia las autoridades del estado que no atienden a sus llamados y mucho menos suben para prestar auxilio. Han pedido a la gobernadora que vaya a visitarlos para escuchar a las mujeres que enfrentan con mayor crudeza la violencia al tener que resistir en sus hogares y proteger a sus hijos.
Hace 3 meses, en la comunidad de Plan Verde, municipio de San Miguel Totolapan llegaron alrededor de mil 500 personas jóvenes y mayores, provenientes de 40 comunidades de Heliodoro Castillo y de San Miguel Totolapan. La mayoría portaba armas de diverso calibre. Además de hacer público su emplazamiento a los grupos de la delincuencia y demostrar su fuerza, acordaron en asamblea establecer una coordinación entre los pueblos para impedir la entrada de los grupos de la delincuencia. Están decididos a enfrentarlos y a no tolerar que alguna comunidad haga pactos con algún grupo. Es un movimiento de pueblos al margen de partidos y de grupos delincuenciales. Tomarán el control de la seguridad ante la inacción de los cuerpos de seguridad del estado y la federación.
En agosto pasado se tuvo co-nocimiento que La Familia Mi-choacana utiliza drones para agredir a las comunidades vecinas que tienen en la mira para extender su dominio. Estas agresiones fueron reportadas por comunidades de Plan Verde, Petlacala, Puerto Pro-greso y Linda Vista, en el municipio de San Miguel Totolapan.
En las comunidades mineras de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y Nuevo Balsas, municipio de Cocula, la violencia no cesa. Los grupos de la delincuencia se han asentado en estos ejidos para someter a la población y a los trabajadores que tienen que dar su cuota para no poner en riesgo su vida ni la de su familia. Protege los intereses de los emporios mineros y también forma parte de las empresas que proveen servicios.
Desde que La Familia Michoacana tomó el control de los municipios de Apaxtla, Teloloapan y una parte de San Miguel Totolapan advirtió a los pobladores que en su mayoría viven de la pesca, por la presa de El Caracol y los que se ubican en las estribaciones de la sierra, que no entraran a Apaxtla, que es la principal cabecera con la que comercian. La primera agresión que se dio contra unos vendedores de pescado que viajaban en su camioneta a Apaxtla, fue una advertencia de lo que podía pasar con demás que se atrevieran viajar a la cabecera de Apaxtla. La gente no tuvo otra alternativa que viajar a Tlacotepec, la cabecera de Heliodoro Castillo. No sólo era impedir la entrada sino emprender la agresión a las comunidades que pertenecen a Heliodoro Castillo y que se ubican cerca de la presa.
En el mes de mayo se intensificaron los desplazamientos forzados de las familias del Nuevo Caracol, y se focalizaron las agresiones a las comunidades de la sierra. Por unos meses estuvo un grupo del Ejército en la región y la situación se calmó. En el mes de diciembre se retiró y de nueva cuenta empezaron los drones a caer en las viviendas de Buenavista. Ante la ausencia del Ejército algunas comunidades como del Nuevo Caracol y Tetela del Río, se organizaron para poner vigilancia en la parte alta de la comunidad de Buenavista de los Hurtado.
El jueves 4 cerca del medio día se encontraban en una loma varias guardias de las comunidades para alertar de alguna incursión armada. Además de los guardias había algunos peones pixcando la mazorca. Comentan que algunos elementos de la guardia apoyaban para agarrar un marrano. Nunca imaginaron que en ese momento el grupo rival atacaría con drones y al mismo tiempo irrumpiría disparando a los pocos pobladores que había y a los guardias que fueron sorprendidos. Arremetieron contra todos, hablan de unas 30 personas que sufrieron la agresión. Diez de ellos fueron ejecutados y 3 fueron decapitados. Sus cuerpos fueron calcinados en la batea de una camioneta que se encontraba en la loma de la comunidad. Los familiares reportaron a 6 personas heridas que fueron trasladadas a Tetela del Río y a la comunidad de Ixtayotla. No permitieron que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Forense a Chilpancingo. Colocaron sus restos en bolsas de plástico cubiertas con unas cobijos para velarlos en Tetela del Río y Tlacotepec.
Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran escuchado a la gente de la región que ha reportado los ataques por drones en varias comunidades. Lo más grave es que tienen conocimiento de cómo opera este grupo y en qué lugares se ubica. Identifican también los lugares que están en disputa y las comunidades en riesgo.
Hay decenas de familias desplazadas al grado que hay comunidades donde ya no hay gente como en Casahualillo municipio de Apaxtla, el Trapichal municipio de Apaxtla. También la comunidad de Buenavista, El Nanche, Xochitepec entre otras.
La gente está saliendo de la región porque ya no hay seguridad y tampoco hay trabajo. Los que corren el riesgo de permanecer no pueden salir a sus parcelas porque los venadean. Tampoco están seguros en sus casas por los drones que han explotado en varias viviendas.
Las autoridades en lugar de demostrar su compromiso con las familias que son víctimas de la violencia, evitan acercarse y dialogar con ellos. El helicóptero en que llegó con la fiscal general y el comandante de la IX Región Militar Enrique Martínez estuvo un rato para tomar nota de lo que pasaba. La gente pedía que fueran a la reunión que iniciaría en la comisaría de Tetela del Río. No encontraron eco a su llamado.
El malestar sigue creciendo porque no ven acciones efectivas que contengan la violencia y replieguen a La Familia Michoacana.
La gente sigue esperando la presencia de la gobernadora. Su ausencia deja mucho que decir entre la gente que resiste y enfrenta los estragos de la violencia y de la pobreza.

Toda nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Su trayectoria de 35 años al lado de las víctimas se ha ganado el reconocimiento de la sociedad y el vituperio de los gobernantes.

Como mamás y papás de nuestros 43 hijos desaparecidos, hemos padecido golpes duros por parte de los diferentes gobiernos. A pesar de tantos sinsabores nunca hemos bajado la guardia. En estos 9 años no hay un día que dejemos de pensar en ellos. Nuestra vida está dedicada a dar con su paradero. Mucha gente es la que camina a nuestro lado y la que siempre nos anima y apoya. Las autoridades son las que nos desalientan y defraudan, porque no atienden nuestros planteamientos y más bien buscan desviar nuestra atención. Lo único que les pedimos es que nos digan dónde están nuestros 43 hijos, sin embargo, creen que actuamos con otros intereses o que estamos influenciados por lo que nos dicen nuestros equipos de trabajo. Consideran que no somos capaces de captar que los abogados tienen otros intereses ajenos a los nuestros. Nos dan a entender que estamos supeditados o sometidos a las órdenes que ellos nos dictan. Piensan que no tenemos opinión propia ni un criterio personal de lo que sucede con las investigaciones.
Lamentablemente el presidente Andrés Manuel, en quien depositamos toda nuestra confianza para dar con el paradero de nuestros hijos, nos ha dado el mismo trato como el que recibimos de Peña Nieto. El pasado jueves 14, en su conferencia mañanera dijo que el Centro Prodh se está “echando a perder”. Se le hace raro que “no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada ‘verdad histórica’, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam”. En ese comentario afirmó que como padres no sabemos “que la sentencia que dejó libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, al menos de algunos que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando”. También comentó que los abogados del Prodh le reclamaron que se “habían hecho mal las cosas” porque se solicitaron las órdenes de aprehensión y se detuvieron a estos personajes del más alto nivel. “Por un lado defienden a las víctimas, pero, por otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan que fueron torturados”.
Esto no es verdad, nosotros conocemos bien a nuestros abogados y abogadas, quienes en todo momento nos informan y piden nuestra opinión.
Hacemos reuniones para conocer los avances de las investigaciones y siempre solicitamos que nos aclaren las dudas que tenemos. Conocemos todos los informes del GIEI, los de la Comisión Interamericana y los que ha presentado la Subsecretaría de Derechos Humanos. Con todos ellos nos reunimos y somos nosotros los que hacemos las preguntas, tanto a los expertos y expertas del GIEI, como a la misma comisionada Esmeralda. El ex subsecretario Alejandro Encinas nos conoció muy bien, porque constató que en las reuniones de la Covaj siempre dábamos nuestras opiniones y planteábamos nuestras dudas. Sabe muy bien cuál es nuestra posición, independientemente de lo que comenten nuestros abogados.
Todos ellos y ellas están comprometidas con nuestra lucha. Los amigos y amigas del Centro Pro no sólo son nuestros representantes y asesores legales, como los de Tlachinollan, Fundar y Serapaz, también son nuestros amigos y amigas. Ellos nos apoyan para tener un lugar donde hospedarnos, generosamente nos ofrecen de comer y están pendientes de nuestra salud y de otros asuntos personales. Hemos cultivado una relación de respeto y de mucha confianza. Hemos aprendido a convivir y a establecer formas de comunicación directas y transparentes, colocando en primer plano, lo que nosotros decimos y opinamos. Sus puntos de vista son valiosos, pero lo que realmente importa es nuestra decisión, porque somos nosotros los directamente afectados. Su opinión es valiosa porque nos ayudan a contar con un panorama amplio sobre los avances de las investigaciones.
Lo que comentó el presidente sobre el Centro Prodh lo vemos como una falta de respeto a nosotras como madres y padres y a nuestros equipos, en concreto al Centro Prodh. No consideramos que sea una opinión objetiva y serena del presidente, porque no es el modo de actuar de los abogados y abogadas del Pro. Llevan 35 años trabajando con mucha gente y todos son testigos del profesionalismo y el trato respetuoso que tienen con todos. Es muy grande su compromiso con las víctimas. No titubean cuando hay que plantear con claridad lo que demandamos como padres y madres que nos sentimos agraviadas por la forma como actúan las autoridades. Ellos representan nuestro sentir y siempre vemos que se colocan de nuestro lado, independientemente si eso molesta o incomoda a las autoridades. Esa postura es la que nos da confianza porque al igual que nosotras, buscan la verdad, luchan para encontrar a nuestros hijos.
En este comentario del presidente vemos más bien que no quiere aceptar que los implicados en la desaparición de nuestros hijos son los militares. Por eso sentimos que trata de desviar la atención. Ya no escucha lo que le hemos planteado, de que el Ejército entregue toda la información que tiene sobre los 43 y de que se investigue a los militares. En lugar de exigir al secretario de la Defensa Nacional que atienda nuestra solicitud, se hace eco de lo que dicen los mandos militares, al afirmar que ya entregaron toda la información.
Sabemos por el último informe que hizo público el GIEI que existen varios documentos relativos a la desaparición y posible paradero de nuestros hijos. Son documentos que tienen fecha del mes de abril de 2014 al mes de octubre del mismo año. Todos ellos están foliados y fueron encontrados en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala, Guerrero. Dentro de estos documentos hay uno de gran relevancia, porque refiere que 17 de nuestros hijos fueron llevados a un lugar para privarlos de la vida. Se trata de una hoja que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo cual enviamos una carta al presidente de la República para que instruya a las autoridades militares que entreguen la comunicación completa, con el fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 estudiantes.
En ese mismo escrito le manifestamos al presidente que el Ejército infiltró a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a nuestros hijos desde su arribo a Iguala; que intervinieron comunicaciones a los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos y que la policía de Iguala daba cuenta de dónde estaban llevando a 17 de nuestros hijos.
A pesar de todos estos esfuerzos que hicimos para avanzar en esta ruta que el GIEI nos trazó con datos precisos y contundentes, el presidente ya no impulsó este planteamiento legítimo y simplemente cerró este capítulo al afirmar que “el Ejército ha entregado toda la información que tiene y que ha ayudado a esclarecer estos casos”. En esa ocasión el presidente fue muy claro al colocarse del lado del Ejército y mostrar su desacuerdo con nosotros.
Después de esa reunión el presidente manifestó que él se encargaría de llevar la investigación. Lo estamos constatando ahora al enfocarse a descalificar el trabajo del Centro Pro, dejando de lado todas las recomendaciones que presentó el GIEI e ignorando nuestra demanda de que el Ejército entregue los folios que solicitamos.
Vamos para 6 años y tampoco tenemos verdad. Tememos que concluya el sexenio y que el presidente descargue sus baterías contra nuestros equipos de trabajo, como la CIDH, el GIEI, el Centro Pro, Tlachinollan, Fundar y Serapaz al afirmar que ellos se encargaron de encubrir a los perpetradores, dejando a salvo al Ejército. Como padres y madres entendemos que la molestia del presidente viene por nuestro señalamiento al Ejército como actor implicado en la desaparición de nuestros 43 hijos. No nos confundimos con la narrativa del presidente, la búsqueda de la verdad pasa necesariamente por garantizar una investigación imparcial, sin sesgos ni encubrimientos de todas las autoridades involucradas en la desaparición de nuestros hijos. Reiteramos que el presidente de la República debe ordenar al Ejército la entrega de toda la información relacionada con los trágicos hechos de 26 y 27 de septiembre de 2014. El acceso a los archivos del Ejército es una demanda central que planteamos como madres y padres para esclarecer el paradero de nuestros 43 hijos. Sólo pedimos que se respete el derecho a defender nuestros derechos y que cesen los ataques contra los organismos internacionales y las organizaciones que nos acompañan, porque son quienes nos han ayudado a desenmascarar la verdad histórica y avanzar en las líneas de investigación que prueban el involucramiento de corporaciones policiacas municipales y estatales, policías ministeriales, policías federales, miembros del Ejército y de la Marina, todos en contubernio con Guerreros Unidos.
Nuestra lucha es para dar con el paradero de nuestros hijos y dar la batalla contra la impunidad. Verdad y justicia es el clamor nacional que demandamos los miles de madres y padres que buscamos a nuestros seres queridos.

 

 

A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en Guerrero aún estamos lejos de que las autoridades del estado hagan realidad estos compromisos internacionales. En estas condiciones de violencia creciente y de profundas desigualdades, los derechos humanos son violados flagrantemente. No se castiga a las autoridades que cometen atrocidades y los encargados de administrar justicia encubren a los perpetradores. Para Volker Türk, el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, es paradójico que “aunque la humanidad amplíe las fronteras de la medicina, la tecnología, el medioambiente, las demandas sociales y políticas, las leyes económicas y laborales, además de otros avances pioneros, lo dramático es que el mundo padece niveles de conflicto violento no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con un empeoramiento de las desigualdades, un aumento de la discriminación y el discurso de odio, impunidad, incremento de las divisiones y la polarización, además de la emergencia climática”.
Esto pone de manifiesto aún más la necesidad de hacer balance, aprender lecciones y delinear juntos una visión de futuro basada en los derechos humanos. En Guerrero urge colocar en el centro a las personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos e implementar políticas inspiradas en los principios rectores de esta Declaración Universal. Para la ONU la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y generalizada del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en la vida. En Guerrero la violencia contra las mujeres es un mal endémico que se expande en todo el territorio y que las autoridades forman parte de esta red de complicidades al permitir que los agresores sigan libres.
Los feminicidios en la Montaña se han disparado exponencialmente sobre todo en el municipio de Copanatoyac. Desde el primero de junio de 2016 la población quedó aterrorizada por el feminicidio de la maestra Maricela Arce Campos de 28 años. Fue asfixiada por estrangulamiento. En la mañana fue encontrada en su casa por su mamá. Dejó tres hijas. El agresor, Donicety García Soto, médico general del centro de salud de la cabecera municipal y profesor de bachillerato, huyó después de cometer el infame crimen. El primero de mayo de 2022 dos mujeres, Rosalía y Eleuteria, fueron asesinadas con tiros de gracia en la cabeza, dejando sus cuerpos en la carretera Copanatoyac a Potoichán. Quedaron grabadas las imágenes del terror en sus rostros. Lo mismo pasó en aquella noche trágica del 27 de julio de 2022, cuando Fernando Reyes descargó su pistola contra su esposa Kenia y su cuñada Abelina. El 21 de septiembre de 2023 fue encontrado el cuerpo de Reyna, flotando en el río de la comunidad de Oztocingo. En estos lugares tenebrosos los hombres tienen permiso para matar.
El domingo 3 de diciembre, la señora Margarita Vargas Florentino originaria de Copanatoyac, fue víctima de feminicidio. Su marido Pavel Bernabé, en todo momento la golpeaba. En la madrugada llegaba alcoholizado azotando la puerta y golpeando a Margarita. En una ocasión la bajó con violencia cuando se subió a un carro cuando iba a comprar comida. Le reclamó que no se mandaba sola. Fue un calvario de 12 años. En los últimos meses Margarita decidió irse con sus padres. Por este atrevimiento, Pavel alcoholizado la iba a sacar a golpes. Su suegra Josefa la remataba con regaños y cachetadas.
Llegó el día en que Margarita acudió a Tlapa para interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Con la promesa de su esposo de que cambiaría, su esposa se desistió. La situación empeoró, las agresiones eran constantes y más graves. Su conducta delictiva lo constataron elementos de la Guardia Nacional, que lo encontraron con drogas y armas de fuego.
Permaneció 3 meses en la cárcel de Acapulco, aún así no escarmentó. Además de la golpiza, le advertía a Margarita que la mataría. No le importó el grave daño que ocasionaba a sus dos menores hijas.
Antes de que pasara lo peor, Margarita se fue nuevamente a vivir a la casa de sus padres. Tomó la decisión de interponer una demanda por pensión alimenticia en mayo del 2023. Logró que el juez el autorizara el 40 por ciento de su salario. En octubre de este año la amenazó de que regresara, de lo contrario no respondería por ella. Logró su objetivo, Margarita regresó con su marido el 3 noviembre. Le quitó su celular y le prohibió visitar a su familia. Quedó aislada con sus hijas.
El 2 de diciembre Margarita despertó apesadumbrada, sin embargo, se sobrepuso ante laa necesidad de vender chicharrones para tener algún ingreso. Su hija mayor, de 11 años, notó también que su mamá estaba triste. Eran como las 12 del día cuando le dijo, –hija, “no me dejes sola porque tengo miedo”. El marido se encontraba con sus amigos tomando y presentía que llegaría para vengarse de lo que le había hecho.
Pasó las horas llenas de angustia hasta que cayó la noche. A la una de la mañana llegó drogado el marido. La golpeó con mucha saña. Margarita pedía auxilio, pero nadie atendió sus gritos. Corría para evadirlo. Llegó a una barda que contiene el cauce del río y desde ahí en varias ocasiones gritaba: “ayúdenme, porque mi marido me quiere matar”. Intentó escapar, pero fue sometida con un cable en la garganta. A la 1:40 de la mañana su niña mayor le marcó por teléfono a sus abuelos: “mami Lupe ven a la casa porque mi mamá está muerta. Don Luis y Guadalupe rápido se trasladaron a la casa de su hija. Cuando llegaron algunos vecinos y policías municipales la subían a la patrulla. La llevaron a varios consultorios de Copanatoyac, pero nadie la quiso atender. El centro de salud estaba cerrado. La trasladaron al hospital de Tlapa. Ahí la intubaron, pero en 10 minutos les informaron que había muerto. A pesar del miedo que han sembrado los feminicidas que forman parte de una banda de delincuentes, la gente salió a las calles a exigir justicia. Muchas jóvenes estuvieron presentes en el sepelio de Margarita. También se organizaron para protestar en el ayuntamiento de Tlapa.
En este municipio se registró la historia desgarradora de Reyna, una mujer na savi originaria de Tlapa. Tenía 23 años cuando fue asesinada. Conoció a Alejandro, a los 15 años, cuando trabajaba como cajera y él como cargador en la frutería Tony. Al poco tiempo se fue a vivir con él a la comunidad de Oztocingo, municipio de Copanatoyac. Tuvieron dos hijos, sin embargo, era muy difícil mantenerlos porque Alejandro, en lugar de trabajar, se emborrachaba y drogaba. Reyna tenía que salir a vender ciruelas para mantener a sus hijos.
Su suegra le aconsejó que se fuera a la Ciudad de México, allá su hijo mayor le conseguiría un trabajo. Por falta de dinero, no pudo salir del pueblo. En julio del 2021 decidió regresar con sus padres en la colonia Loma Bonita. Alejandro la buscó y la convenció de que regresara con él. Los golpes la obligaron a dejar definitivamente a Alejandro. Se empleó como trabajadora doméstica para medio sobrevivir. Estudió el bachillerato y en agosto del 2023 entró a estudiar en la Escuela de Parteras en Tlapa. Para pagar su inscripción y la de sus hijos tuvo que vender su mesa y unas sillas.
Reyna nunca se opuso de que sus hijos visitaran a su papá. El pasado 10 de septiembre la ex suegra la mandó llamar con sus nietos. Fue la última vez que la vieron. Dejó un recado a su mamá con su cuñada de que regresaría el lunes 18 de septiembre. Ese día le llamaron a su celular, pero nunca contestó. La preocupación los invadió cuando la ex suegra llamó al papá de Reyna para reclamar que fuera por sus hijos. Esa vez Alejandro la acompañó al crucero.
Ese mismo lunes en Oztocingo se encontró el cuerpo de una mujer flotando en el río. El 21 de septiembre, la familia de Reyna se enteró a través de las redes sociales del hallazgo de una mujer completamente desnuda en estado de putrefacción. Sus padres rápido se dirigieron al Ministerio Público para preguntar si sabían a quién pertenecía el cuerpo, sin embargo, ya lo habían trasladado al Semefo de Chilpancingo. El 22 de septiembre presentaron una denuncia formal por la desaparición de Reyna. Les tomaron muestras de sangre para confrontarlos con el cuerpo encontrado. El 13 de octubre los padres de Reyna recibieron su cuerpo y fueron informados de que se trataba de su hija. Reyna recibió cuatro impactos de bala en la cabeza, tenía fracturas en el pectoral. Fue víctima de agresión sexual y su cuerpo fue quemado en un 70 por ciento. Posteriormente fue arrojado en el río.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos acompañado y registrado 27 casos de feminicidios, de 2014 a 2023, entre ellas el de una niña de 16 años, en el 2006. Los municipios más violentos para las mujeres entre 4 a 70 años son Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa. La mayoría de los feminicidios no tienen condena, es más, ni siquiera han sido detenidos los agresores. Las autoridades son cómplices de la violencia machista. Han transcurrido más de nueve años sin que se castigue a los feminicidas. Las instituciones de procuración de justicia en lugar de proteger a las mujeres, las revictimizan y reproducen los patrones de la violencia patriarcal.
A 75 años de la DUDH, las mujeres indígenas de Guerrero y la Montaña son tratadas como objetos, como seres sin derechos. Las autoridades del estado se han quedado impávidas, en el puro discurso y con actos mediáticos que no se traducen en acciones efectivas que salvaguarden el derecho sagrado de la vida de las mujeres que son víctimas de los crímenes de odio.

El entonces capitán del Ejército Arturo Acosta Chaparro envió el 9 de julio de 1972 al director federal de seguridad el siguiente reporte: “ATOYAC.- Ante la situación que priva principalmente en el área correspondiente a la sierra de Atoyac de Álvarez, Gro, la D.F.S. en lo que corresponde al análisis y proceso de información , así como del conciensudo estudio de los antecedentes en que se inició y fomentó la subversión en la región desde la formación de pequeños círculos de estudio hasta la politización de los sectores magisterial, estudiantil y campesino así como la actuación clandestina de la organización del llamado PARTIDO DE LOS POBRES, en esta primera fase de insurrección, logró lo que ninguna organización había obtenido, la de unificar a los grupos clandestinos de izquierda, actuantes en el país, y por lo que corresponde a esta área donde actúa, tendió su red de información, abastecimientos y protección dentro de las áreas rural y urbana, pudiendo notarse principalmente que si bien los pobladores de la región no participan, no denuncian por temor al grupo operativo lo que significa que cuentan con el apoyo y la simpatía de los habitantes de la zona. Durante el tiempo que llevaba activa esta organización, había operado dentro de la fase subversiva, y sus máximas actividades habían sido las de extorsión a particulares, asaltos a instituciones bancarias y secuestros, de donde sus dirigentes pudieron analizar a los actuantes, tomando principalmente en consideración que eran elementos jóvenes, y así como ideológicamente preparados, política y militarmente definidos en la línea dura”.
El panorama que describía el jefe militar era de alarma, porque veía venir un movimiento disruptor abanderado por un profesor que supo aplicar la pedagogía de los oprimidos a los hombres y mujeres del campo. Lucio Cabañas Barrientos, fue nieto de Pablo Cabañas, un general zapatista. Fue hijo de Cesáreo Cabañas un trabajador del campo que fue asesinado por un cacique. Lucio nació el 15 de diciembre de 1937 en el paraje El Venado, de la comunidad El Porvenir, municipio de Atoyac. Su madre Rafaila Gervacio Barrientos, trabajó arduamente en los cafetales y enfrentó en todo momento la persecución de los militares. Cuando Lucio bajó a la comunidad de Santa Rosa de Lima conoció a María Isabel Ayala Nava. En el baile de la festividad religiosa Lucio bailó con María Isabel hasta que se descargaron las pilas del tocadiscos. En la madrugada se marchó con ella para continuar su lucha. Peleó sin descanso y demostró su gran capacidad para comunicarse con la gente del campo. Su presencia en las comunidades despertó grandes expectativas entre los pobladores. Siempre salía avante porque lograba sumar a su causa tanto a jóvenes como a jefes de familia. Logró conformar su red de informantes y de personas voluntarias dispuestas a enfrentar los peligros con tal de proveer de alimentos a la gente atrincherada en la intricada serranía.
Ante los riesgos que corría su esposa María Isabel, Lucio y sus compañeros decidieron que abandonara el campamento. La acompañaron a San Martín de las Flores donde vivía la mamá de Lucio. En ese lugar nació Micaela su hija, quien desde los 2 meses estuvo en el Campo Militar Número Uno, cuando su mamá y varios familiares de su papá fueron detenidos por elementos del Ejército, en la ciudad de Tixtla. Su primer año de vida la pasó en una celda, donde aprendió a caminar y a pronunciar sus primeras palabras. Los barrotes de las celdas sirvieron de sostén para dar sus primeros pasos. La tía Bartola y su mamá tejían la ropa de Micaela con el estambre que algunas personas de la misma prisión les regalaban.
La única vez que Micaela conoció a su abuela Rafaila fue cuando estuvo en la Iglesia del padre Máximo. Ahí platicó con ella toda la noche. Por ella conoció mejor a su papá, supo cómo era de niño y que pronto salió del pueblo para irse a estudiar. No tenía dinero, por eso buscó un trabajo y se puso a estudiar. Nadie sabe cómo le hizo para salir adelante. Su mamá resentía más que se haya ido de su casa y que anduviera peleando contra el gobierno. Tenía miedo que también se la llevara al Ejército, por eso mejor trató de no bajar a Atoyac.
Desde 2002 Micaela se reencuentra con su padre Lucio, cuando trasladan sus restos al obelisco donde está su figura señera, de un maestro sencillo, hijo de campesino, que se levantó en armas ante tanta explotación y abuso de los caciques. En 2010 colocan con María Isabel la placa que dice: “Comandante contigo está sembrada la esperanza del futuro”. Con esta frase grabada, Micaela guarda con orgullo la trayectoria de su padre. Cada año acude con los compañeros del Partido de los Pobres a rememorar al maestro y combatiente, a renovar el compromiso de seguir dando la pelea en los diferentes frentes de lucha.
En este 49 aniversario del asesinato de Lucio, Micaela con los compañeros de su papá y las organizaciones solidarias encendieron las velas para sanar las heridas y alimentar el espíritu. Velaron para revivir su memoria y estrechar los lazos entre los movimientos con el fin de no perder el rumbo que se trazó el Partido de los Pobres: de pelear contra la injusticia y la desigualdad; estar al lado de la gente que sufre, trabajar con las comunidades impulsando la organización de base, defender los derechos del pobre, levantar la voz contra los explotadores y tumbar a los gobiernos que traicionan los sueños de justicia de los pueblos. Para Lucio lo fundamental fue trabajar de manera colectiva, tomar acuerdos y decisiones en asamblea, ejercer el poder como un servicio, mantener el régimen comunal de la tierra y producir lo básico para garantizar la auto sustentabilidad de las familias.
La presencia de los compañeros y compañeras del Partido de los Pobres en este memorial fue muy significativa, no sólo por el reconocimiento que se les otorgó, sino por lo que representan en este movimiento de emancipación contra un sistema que sigue expoliando a los más pobres. La situación de las comunidades rurales no ha cambiado, siguen siendo el último eslabón de los gobiernos municipales. Son clientelas cautivas que están sometidas a un régimen autoritario controlado por cúpulas partidistas. A las comunidades se les hace creer que con la construcción de una obra al año saldrán de la pobreza extrema. La educación no es un derecho para las familias que viven en pequeñas comunidades, les regatean los recursos para construir escuelas dignas y no contratan a los maestros o maestras que requieren. Las enfermedades de la gente tienen como origen la desnutrición severa que padecen tanto las madres de familia como los recién nacidos. No se garantiza el derecho a la alimentación. Cada familia tiene que ver cómo asegurar alimentos suficientes para los hijos. La producción en las pequeñas parcelas es raquítica, apenas alcanza para medio comer tres meses. Desde pequeños los niños y las niñas tienen que trabajar en las calles o en los surcos para asegurar la comida por lo menos dos veces al día. La salud es inaccesible para las familias pobres porque no hay medicinas en las clínicas ni en los centros hospitalarios. Tampoco hay médicos en las comunidades. Los rezos y las plantas medicinales cubren el gran vacío de los servicios de salud pública que por obligación tienen que proporcionar de manera gratuita.
La lucha de Lucio dejó una estela de muerte, de personas desaparecidas, ejecutadas de manera arbitraria, desplazadas forzosamente, encarceladas injustamente, torturadas y masacradas. Hasta la fecha las autoridades federales no han garantizado justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Los crímenes cometidos por el Ejército siguen en la impunidad. No hay avances en las investigaciones que llamen a cuentas a los militares que participaron en la aplicación de los planes de contra insurgencia. La justicia por los crímenes del pasado es una deuda que ha causado graves daños a varias generaciones de familias que no encuentran a sus seres queridos y que no encuentran respuestas claras y firmes de que habrá castigo contra los militares que atentaron contra la vida y la integridad física de sus familiares.
Los colectivos de víctimas de Guerrero le han apostado al cambio que prometió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de que no habrá impunidad ni privilegios para nadie. Que se aplicará la ley sin distingos y que se hará justicia al pobre.
En Guerrero la violencia se ensancha y las desapariciones se multiplican. Las víctimas no encuentran la atención y apoyo que se requiere, por el contrario se les ignora y estigmatiza. En este último año de gobierno temen que la justicia no llegue y que tengan que sacar la casta para no sucumbir ante tantas amenazas que se ciernen en sus vidas, a causa de la pobreza, la violencia y tanta impunidad y corrupción.
El mejor homenaje al comandante Lucio Cabañas es cumplir con su lema. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.