Déjame sentir tu corazón

 

La espera paciente de las niñas y los niños indígenas que habían llegado con sus mamás y papás desde lo más recóndito de la Montaña, para escuchar al presidente de la República, se tornó crítica con la entrada intempestiva de un amplio contingente de la CETEG que derribó la reja rosa de las nuevas instalaciones del CRIT.
El ambiente era abrumador, no sólo por el calor sino por los bloqueos que algunas organizaciones sociales, padres y madres de familia y estudiantes realizaron durante el día sábado. Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Ahuatepec Ejido iniciaron el bloqueo de la carretera Tlapa-Chilapa desde el martes 21. Arreciaron sus protestas tomando instituciones bancarias y tiendas departamentales. El viernes 24, funcionarios de la Secretaría de Educación, Igife y Cicaeg se comprometieron a dar cumplimiento a las minutas firmadas con anterioridad, relacionadas con recategorización y nombramientos de maestros, pago de adeudos, dotación de material didáctico y construcción de aulas.
En la mañana del sábado 25 varios contingentes del Frente Popular de la Montaña bloquearon cuatro de las cinco entradas a la ciudad de Tlapa. Llegaron de Yozondacua-Llano del Carmen, San Martín Yukuxaki, del municipio de Cochoapa el Grande, de San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, también de Atzompa del municipio de Metlatónoc, Llano Grande, municipio de Malinaltepec y de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.
Acudieron varias autoridades del municipio de Tlapa como Aquilpa, Zacualpan, Acatenco, Tlacuiloya, Atlamajac y de las colonias Filadelfia, Monte Josen, Nazaret, Tepeyac, El Dorado, Nueva Esperanza y San Isidro. La principal demanda que unifica y moviliza a los miembros del Frente es su exigencia de justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano. Han constatado que los jueces que atienden el caso se fijan más en minucias procedimentales para descartar pruebas y no dimensionan el contexto en que se enmarca este crimen, en la campaña de linchamientos y desprestigio que se urdió desde las esferas del poder municipal contra Arnulfo, tampoco valoran las amenazas de las que fue víctima cuando el Frente realizaba bloqueos de carreteras. No van al fondo para identificar los patrones de criminalidad contra los defensores y la complicidad que se da entre autoridades municipales y grupos de la delincuencia organizada.
Después de cuatro años del asesinato de Arnulfo, las comunidades indígenas lo reivindican como un defensor comunitario, un dirigente que encaró a las autoridades para que rindieran cuentas y cumplieran con los compromisos contraídos. Han planteado la construcción de caminos artesanales en las comunidades más alejadas de los municipios de la Montaña Alta, han demandado aulas, pavimentación de calles, rastrilleo de caminos, clínicas, proyectos básicos. Es decir lo mínimo para subsistir en las comunidades donde no hay obra pública, donde ya los presidentes impusieron que sólo una obra les toca por año. Ni eso se cumple. La lucha de las comunidades y organizaciones es por el piso básico de la vida, lamentablemente las autoridades municipales y estatales les siguen negando los recursos. Les imponen la política de austeridad a familias que a pesar de que trabajan duro en el campo, apenas tienen para comer tortilla con chile.
También en la víspera de la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estudiantes de la UPN de Tlapa bloquearon la entrada en dirección a Chilapa. Demandan la apertura de la universidad para que se normalicen las sesiones académicas dentro de sus instalaciones y se asegure su incorporación a las plataformas de la universidad. Las autoridades del estado atendieron sus demandas y se logró que se desbloqueara la entrada a la institución educativa para garantizar que este lunes inicien las sesiones académicas de manera presencial.
Con este telón de fondo marcado por los bloqueos, este domingo Tlapa amaneció en tensa calma. Por un lado, estaba la expectativa de la visita del presidente al CRIT, que es el primero que se construye en una región indígena y que además fue parte del acuerdo entre el patronato de la fundación Teletón con López Obrador. Atendieron con presteza su propuesta y en alrededor de ocho meses lo construyeron. Fue un gran logro y además un desafío porque ahora se trata de un CRIT que tiene que comprender la cultura y aprender la lengua de las familias indígenas de la Montaña. También asumir el compromiso de llegar a las casas de familias sumamente pobres, que no están en posibilidades de viajar cinco o más horas a la ciudad de Tlapa. Además algunos de sus niños y niñas no están en condiciones para viajar en camionetas de pasajeros de redilas y en caminos intrincados.
El CRIT tiene pensado realizar en una segunda etapa recorridos a estas comunidades en una brigada móvil que atienda a la niñez indígena más vulnerable en sus domicilios. Es una gran tarea que si logra concretarse se reducirá la brecha de la exclusión, la discriminación y la desigualdad sociales que por siglos han padecido las comunidades y pueblos indígenas de la Montaña.
En este ambiente cargado de grandes expectativas se dio la llegada de normalistas, maestros y maestras de la CETEG. Marcharon desde el Hospital General y llegaron a la esquina de la Preparatoria número 11 donde se encontraba la primera valla.
A pesar de algunos planteamientos y propuestas que hicieron llegar los funcionarios del gobierno del estado, no lograron persuadir al amplio contingente para que se desistiera de llegar a la entrada del CRIT. Su dirigente Héctor Torres planteó una reunión con el presidente de la República. Recordó la entrega de documentos solicitando que se atiendan sus principales demandas, pero no han tenido respuesta. Por eso valoraron que esta coyuntura era propicia para entregar de nueva cuenta al presidente esta solicitud de diálogo con el fin de que pueda atender sus demandas.
Al calor de la protesta y ante la obstrucción para que pudieran entrar a entregar sus documentos, los contingentes se abalanzaron contra las vallas y las pocas personas que trataban de impedir su paso. Al lograr el objetivo varios maestros y maestras arreciaron el paso para llegar a la reja del CRIT que estaba cerrada. Ya encarrerados forcejearon y tumbaron la reja nueva. Ya no hubo quien les impidiera el paso. El contingente de avanzada corrió con la finalidad de entrar al lugar donde se encontraban los niños y niñas con sus papás esperando al presidente. A gritos, varios maestros de la dirigencia estatal les pedían que no entraran donde sería el evento oficial. Acataron la orden y se colocaron en la entrada del CRIT, para esperar la llegada del presidente.
Los ánimos subieron de tono cuando se dieron cuenta de que las llaves de la camioneta que transportaba el sonido de la CETEG, alguien las había sacado, para que ya no avanzara su marcha. Por el megáfono, la voz de un maestro advirtió que si en 5 minutos no aparecían las llaves la situación se iba a complicar más. Nadie sabía quién las tenía. Entre los funcionarios del estado se preguntaban qué había pasado y quién las había sacado. No hubo respuesta. Al final aparecieron. Al interior de la carpa, una persona pidió a las mamás que no se movieran de sus lugares, que no iba a pasar nada. Hubo preocupación de los asistentes, ante la posibilidad de que algunos maestros o maestras decidieran entrar al lugar del evento, sin embargo, la instrucción ya la habían dado, de no ser motivo de perturbación.
Alrededor de las 2:20 de la tarde dio inicio la ceremonia de inauguración del CRIT. Fueron más de 3 horas de espera. A pesar de este largo tiempo, las niñas y niños que fueron invitados de honor, esperaron pacientemente el momento de la inauguración. Mostraron aplomo, fortaleza y un gran corazón. Llegaron para ocupar un lugar digno en la sociedad que los ignora, estuvieron presentes para sensibilizar a las autoridades locales, de que tienen obligación de atenderlos, que no pueden ser gobiernos que sigan reproduciendo la discriminación y la exclusión social.
En el presídium movieron las sillas para que subieran seis niñas y seis niños con sus mamás y ocuparan ellas los lugares. En ese momento se corrió la voz, que el presidente de la República no llegaría a inaugurar el CRIT. En su representación estuvo la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y por parte de la Fundación Teletón su presidente Fernando Landeros. “Traer vida, amor y esperanza a los niños y niñas de la Montaña es el sueño del CRIT. En esta región se junta el amor de un país con las necesidades más grandes de la Montaña de Guerrero. Se van a beneficiar mil 868 familias. Todos tendrán su beca de rehabilitación y se brindará la atención más cálida y amable con especialistas con gran calidad humana”.
Por su parte, la secretaria Ariadna recordó que hace cinco años el presidente de la República vino a Tlapa para iniciar la pensión para las personas con discapacidad. Tlapa es el ícono de esta nueva etapa de atender a las personas con discapacidad. Lo más importante es que se haya establecido como un derecho en la Constitución. Lo crucial es estar cerca de la gente. Y la meta es atender un millón y medio de personas en este 2023.
En esta conjunción de esfuerzos lo que se busca es que los niños y niñas indígenas de la Montaña sientan el abrazo del México que los quiere. Que sientan vibras positivas como se leía en la playera de una niña. Necesitamos sentir el corazón de las niñas y niños de la Montaña para ser más humanos y entender que su sueño más hermoso es sentir nuestro abrazo y nuestro cariño. A quienes nos gobiernan les falta mucho entender el mundo de las niñas y niños que sufren en la Montaña.

Al héroe desconocido

Genaro quería hablar conmigo, pero yo andaba en la Sierra. Cuando me llegó su recado luego pensé que era algo urgente y delicado. Pronto me organicé para el regreso. A él no le podía fallar porque era un amigo que se la jugaba por todo. Al verme, me abrazo muy fuerte. ¿cómo has estado Santiago?… pues así jodido como siempre. Mira te mandé traer porque andaré por acá y quiero que me acompañes. Voy a visitar varios pueblos y tú me vas a guiar. Me vas ayudar en mis traslados. Tú sabes que no puedo estar en un solo pueblo.
Lo primero que hice fue contarle a mi esposa. Me escuchó, pero no la sentí muy convencida. No me dijo nada y sólo levantó los hombros. Le expliqué que era mi primo, más bien mi hermano. Somos familia muy cercana y no me puedo negar. Me mandó traer porque sabe que yo no le puedo fallar. A quién más va acudir sino es con la familia. Quiere que yo le ayude a cambiarlo de pueblo en pueblo, porque el gobierno lo quiere agarrar.
Empezamos a caminar los cerros. Pensé que no iba aguantar, pero luego me di cuenta que tiene resistencia. No me llamó para que le enseñara a caminar, sino para tomar el camino más seguro y estar vigilante de la llegada de los guachos.
Empezamos a visitar los pueblos. Al principio no sabía lo que tenía que hacer para que no se fuera a topar con el gobierno. En lo que él platicaba con la gente, me dedicaba caminar por los cerros y las veredas. Quería estar seguro que nadie lo seguía. Era como el águila, veía a lo lejos y en el momento menos esperado tomaba el camino. Tuve que acostumbrarme a caminar de noche y dormir en el cerro. Genaro tenía mucha fibra porque nunca se cansaba.
Lo que nunca entendí fue la forma como establecía contactos con las comunidades que visitaría. Simplemente me decía “llévame al Carmen”. El sabía que lo llevaría por veredas seguras. Lo que temía es que en la comunidad no hubiera gente que lo recibiera. Era todo lo contrario. Ya tenían preparada la comida y el lugar donde se reunirían. Nunca decía en qué momentos saldría ni a qué lugar iría. Cada viaje aprendía algo nuevo de Genaro. Estaba bien informado de lo que pasaba en el estado y en México. Tenía algo extraordinario porque donde quiera tenía amigos que lo esperaban y contactos que le mandaban mensajes. Poco entendí cómo se relacionaba con tantas personas. Nunca dejé de admirarlo y a veces ni creía que fuera su amigo y que además hubiera confiado en mí para visitar los pueblos de la Montaña.
Tengo bien grabada en mi mente la tarde cuando caminábamos al Carmen. Ahí conocía varias veredas. Todas eran seguras. En esa ocasión iban varios compañeros. Siento que me fue mal. Yo venía adelante como guía y miré que Genaro venía atrás, Bracho más atrás y otros compañeros iban al último. De repente escuché a Genaro que dijo ¡bájate! ¡Tírate al suelo! ¡Listo con las armas! No entendí de qué se trataba. Lo que hice fue tirarme y quedar quieto. Todavía escuché decir a Genaro “hay pisada de guacho”. Todos quedamos puestos con las armas. Enseguida vi pasar de a tres, de a cuatro, de a dos los guachos por toda la carretera. Iban en el mismo sentido, y nosotros estábamos cerca. Estábamos listos con el M-1, con la metralleta. Nos dijo ya levántense, ya acabaron de pasar. Pasamos el río por el chivato. Me dijo que quería bañarse porque ya llevaba varios días que no tocaba el agua.
En el Carmen estuvo un tiempecito, luego me dijo ya no puedo estar aquí primo, cámbiame a Tlaxca. Ahora sí ya me preparé mejor. Me aseguré que no hubiera gente sospechosa en los caminos y escogí la vereda más difícil pero más segura. Siempre me preocupaba que no hubiera amigos que lo recibieran. Se las ingeniaba para enviar recados. Cuando llegamos ya estaba asegurado el lugar donde iba a llegar. Pasamos el río, pronto llegamos al pueblo. Vi que lo recibió familia mía que vive allá. A mí me tocaba organizar la salida. Teníamos que emprender el viaje sin que se diera cuenta la gente. Esa vez me dijo “primo, ahora sí me quedo con los muchachos”. Luego llegaron las autoridades. Ahí lo recibió casi todo el pueblo, fue una bienvenida que no se me olvida, porque la gente se sentía honrada por su visita. Tenían mucha fe en él.
Para burlar los cercos del Ejército, Genaro me comisionaba para que me encargara de llevar los alimentos. Las tortillas no podían faltar, por eso dejaba mi guardia para bajar a los pueblos cercanos que en todo momento nos apoyaban. En la región siempre salí bien librado y entregué buenas cuentas, porque a Genaro nunca lo ubicaron los del gobierno. Llegaban a los pueblos para hacer maldad, porque se sentían burlados y nunca encontraron la forma de tenderle una trampa.
Me siento muy orgulloso de haber sido un compañero de Genaro, de caminar muchas horas por todos estos cerros de la Costa Montaña. Fueron muchas noches en vela, siempre en las cimas vigilando a los del gobierno.
Mi vida fue triste, porque nunca tuve un beneficio, al contrario, siempre anduve luchando para que saliéramos de pobres. Me siento satisfecho porque sé que luché por la liberación del pueblo al lado de mi comandante Genaro Vázquez.
Ahora estoy aquí en mi humilde casita, sufriendo porque no tengo quien me ayude. Casi todos mis compañeros ya murieron. De los que anduvimos en esta región creo que nada más yo quedé. Varias personas cuentan que Genaro vive, yo también digo que vive. Tenía muchas vidas. Dicen que se convertía en tigre, por eso los guachos tenían miedo de subir a la Montaña. Tenía un gran nahual porque cuando había peligro se podía convertir en algún animal. Esto mismo lo comentó la esposa de un soldado. Estaba en una casa horneando pan, mientras esperaban que se cociera la señora comentó “me da miedo que mi marido suba a buscar a ese hombre, porque es muy peligroso y dicen que se que se vuelve animal, pájaro”.
Como ciudadano siento que también cumplí con mi pueblo. La preparatoria de San Luis, que ahora lleva el nombre de Genaro, fue promovida cuando era comisariado de bienes ejidales. Al principio eran como 15 alumnos. La gente todavía no le daba importancia al estudio, sin embargo, ahora hay cientos de alumnos y eso me da mucho gusto. También puedo decir que me tocó donar el terreno para la cancha deportiva, es un lugar donde ahora van muchos jóvenes a jugar y a divertirse sanamente.
Las comunidades indígenas de San Luis Acatlán quisieron mucho a Genaro, no tanto porque era como los políticos, que cuando quieren un hueso ahí andan regalando cubetas. La gente estaba con él por su ideales, por su lucha. Siempre lo querían escuchar porque le decía sus verdades al gobierno y también porque se enfrentaba a los ricos de San Luis, a los acaparadores de terreno. Les decía que eran unos caciques explotadores. Por eso los ricos y los políticos no lo querían, más bien, trataban de que el Ejército lo matara. Sabían que Genaro no se vendía y que estaba dispuesto a pelear con el gobierno para que hubiera justicia para el pobre.
A mí me gustó mucho cuando me dijo “quiero luchar por esto hermano”. Eso fue lo que me hizo llegar a él y a perder el amor a mis hijos, a mi vida, porque yo podía regresar vivo o muerto. Y aquí estoy todavía. Recuerdo una pregunta que me hizo Genaro, bueno primo ¿Si te agarran los guachos o te agarran los judiciales, vas a cantar? Le dije, primo yo no sé cantar ni corrido, así que no puedo cantar. Te voy a decir de una vez, si yo me rajo de que fulano o zutano andaban en la lucha, como quiera me van a matar y si no digo nada, también me van a matar. Mejor que me maten y no digo nada. No sé de aquí no me van a sacar, yo no sé lo que me pregunta usted primo. Me van a quebrar mis brazos o mis pies, pero yo no sé nada. Morir como un héroe ¡hijo de la chingada!
Por eso le digo que ser guerrillero es una vida muy difícil, muy sufridora. Pero todo tiene su recompensa, porque luchas no por cosas materiales ni para beneficio personal, luchas por ideales. Eso a pocos les interesa, sobre todo a los políticos, porque ellos todo lo quieren para sus bolsillos y su barriga.
Vivir en el cerro es también una experiencia única, hay que saber caminar. Todo tiene su chiste o su arte. A Genaro no había quien le ganara caminando. Nunca lo vi que se cansara. Siempre me decía ¿vas a subir conmigo primo el cerro? Le contestaba vamos a subir y ya de aquí me voy a tirar. Yo estaba muy cansado por la mochila, y él como si nada con el M1 aquí atravesada.
Un último recuerdo es cuando me mandaron a traer una caja. No sabía de qué se trataba. Me dijeron te van a entregar una caja no recuerdo el nombre del señor. Era de Jolotichán. Me dijo “hay te subes a la camioneta. En Jolotichán te bajas a la orilla del pueblo. Agarras la vereda ya conoces. Traía la caja pesada, iba caminando, cuando de repente vi ¡hijo de la chingada! Estaba todo el Ejército, estaban con las armas parando. Dije ahora no sé ni lo que traigo, pensé en dejar la caja y correr, pero más que sería peor y luego me reclamarían, ¿por qué corriste?. Me decidí a pasar, si me dicen ¡párate!, pues ya ni modo. Me pasé y ya cuando bajé yo aquí, porque pase por aquí (por San Luis) llegué al Carmen y le conté. Me dijo mira lo que traes cabrón, un montón de parque, una pistola, una metralleta chiquita. Ve lo que traes, si me agarran los guachos ahí se acabó Santiago Vázquez Rosas, el héroe desconocido.

 

Desolación, incertidumbre y desesperación

La cotidianidad de las familias pobres de Acapulco es levantarse a las 4 de la mañana para formarse en las largas filas, recibir una despensa y algunos litros de agua. Esperan varias horas para recibir la dieta de la sobrevivencia, bajo un sol incandescente en medio de la basura y malos olores. El agua tiene que conseguirse o recolectarse porque no llega a los domicilios. La gente tiene que lavar su ropa en los ríos con el agua chocolatosa. Varias amas de casa juntan la menos sucia para preparar sus alimentos. Ante la falta de gas improvisan su fogón y con lo poco que tienen de aceite y condimentos tratan de darle sabor a sus alimentos. Las tortillas son insuficientes para satisfacer a todos los de la casa. El cono de huevo está a 100 pesos y difícilmente lo encuentran, los jitomates, si tienen suerte los consiguen a 10 pesos cada uno. No hay más alternativa que llenarse con galletas y sopa Maruchan, pero ya se chocaron de comer lo mismo.
La gente está desesperada y enojada porque la luz aún no llega. A pesar del gran esfuerzo de los trabajadores de la CFE, no se normaliza el servicio en muchas colonias. Sin luz y sin agua nada se puede hacer en la casa. Van 12 días y la situación no se revierte. La población camina sin encontrar lo que necesita. Tampoco se topa con autoridades municipales ni estatales para decirles lo que están padeciendo. Hay una sensación de abandono, de sentirse desamparado, sin tener a alguien que los escuche y les ayude a salir de este infierno. Los niños y niñas caminan en busca de agua y comida. Las escuelas quedaron relegadas, porque también requieren reparaciones y nadie se ocupa de ellas.
En las precarias viviendas, las familias tratan de enderezar las láminas y medio cubrir sus techos. Por falta de árboles no hay donde protegerse del sol. Ni los ventiladores trabajan por falta de luz. La gente prefiere dormir en sus patios o azoteas para refrescar el cuerpo. El gusto por contemplar las estrellas que antes no veía, se contiene ante la incertidumbre de lo que le depara en los próximos meses, porque se quedaron sin nada y tampoco hay trabajo.
La incertidumbre cala hondo porque hay que empezar limpiando la casa y el entorno, tener los servicios básicos, comer en la mesa y asegurar que los hijos estudien. Asegurar un ingreso, pero ¿hasta cuándo llegarán los turistas? No hay respuestas certeras, todo es volátil, frágil y precario. Gana la tristeza y la impotencia de no poder vencer en el corto plazo las múltiples carencias que a diario enfrentan.
Dónde están las autoridades, es la pregunta que mucha gente se hace al deambular sin rumbo por las calles. Los mismos periodistas que se encuentran frente a la gran plaza esperan que llegue la presidenta Abelina o la gobernadora Evelyn para informar a la población local de las acciones que están realizando. No hay esa cercanía con quienes hace dos años fueron a sus colonias a pedir el voto. La distancia está muy marcada, cada gobierno con su círculo cercano realizando actos mediáticos para consumo nacional. Lo contrastante no sólo son las condiciones deplorables en que se encuentran las familias que requieren de todo tipo de ayuda, sino la nula información que tienen sobre cómo se aplicará el plan de recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, sobre todo la reconstrucción de sus viviendas, que de acuerdo con datos oficiales, el 90 por ciento resultaron afectadas.
La situación es más grave y compleja con los familiares de personas desaparecidas. Las autoridades anuncian en las mañaneras el número de personas fallecidas y las que fueron localizadas y habían sido reportadas como desaparecidas. Hasta la fecha se habla de 46 fallecimientos (entre ellos 3 extranjeros) y 58 personas desaparecidas (el gobierno del estado habla de personas no localizadas). Resalta que 799 personas fueron localizadas. La realidad es que las familias no tienen información directa de qué personas son las fallecidas y cuáles no son localizadas. Tampoco sabe con qué autoridades tiene que acudir para que le brinden información y sobre todo el apoyo para asegurar que buscan a su familiar.
Hay casos de marineros que no aparecen. Comentan que varios de ellos se quedaban a dormir dentro de los yates porque así les ordenaban los dueños. Ahora resulta que nadie asume la responsabilidad para que se hagan efectivas sus búsquedas. Son más bien sus compañeros los que están haciendo estos trabajos de manera voluntaria, sin que se cuente con personal especializado, como buzos, para que realicen estas maniobras. Mientras tanto, los familiares se reúnen diariamente en la rotonda de los hombres ilustres, para saber qué noticias hay, sin embargo, no hay avances porque no tienen una interlocución directa con los encargados de la búsqueda. Falta interés y sobre todo sensibilidad para brindarles una atención digna a las familias, que además de perder su casa, tienen desaparecido a uno de sus seres queridos. Las víctimas están desesperadas, porque entre más pasen los días, la posibilidad de encontrarlos se desvanece.
La devastación ambiental tocó fondo sobre todo por la voracidad de políticos y empresarios que despojaron a los ejidatarios de las zonas de humedales para construir complejos turísticos que acabaron con las protecciones naturales que además son ecosistemas que almacenan el agua y ayudan al sostenimiento de la vida silvestre. Esta destrucción en aras de los grandes negocios turísticos ha atentado contra la diversidad biológica que es parte del paisaje natural de esta belleza marítima. Son parte del hábitat para especies migratorias y es enclave rico por sus especies endémicas, únicas en el mundo. Los humedales son imprescindibles para absorber el agua y evitar inundaciones, sobre todo, cumplen una función fundamental en la mitigación del calentamiento global. Amortiguan el efecto de las tormentas y las inundaciones.
El paradisiaco puerto ha perdido su encanto por la rapiña de los empresarios que contaron con la complacencia de las elites políticas, porque fue un negocio redondo, como sucedió con Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y empresarios consentidos del sexenio, que se adueñaron de Punta Diamante.
Las familias del Acapulco rural, sumidas en el abandono y la pobreza ancestral perdieron sus viviendas y sus cosechas. De por sí no tienen agua entubada en sus casas y la luz eléctrica es muy inestable. Están incomunicados por sus caminos intransitables, viven en la oscuridad y no tienen víveres porque el viento se llevó todo. Sus milpas quedaron anegadas, ni sus hojas podrán utilizar como rastrojo porque los animales se perdieron y algunos se murieron. El desastre es generalizado porque sus construcciones son de tablas, adobes, bajareque y láminas. Son materiales que volaron con el huracán. Los pocos muebles que tienen quedaron inservibles. Las bases de sus camas se quebraron, sus colchones se mojaron, su ropa voló y la que rescataron están llenas de lodo.
Las palmeras quedaron sin follaje y sin cocos. Lucen vencidas y a punto de desprenderse de sus raíces. Muchos árboles de mango se cayeron, los que quedaron en pie resintieron el ventarrón y difícilmente florearán para la próxima cosecha.
Los medios de vida de las familias del campo se perdieron y llevará tiempo para su recuperación. Son las comunidades menos atendidas y sus habitantes temen que no lleguen los servidores de la nación a censarlos o que simplemente digan que no hubo daños, porque de por sí sus comunidades están sumidas en la pobreza. Carecen de todo, sin embargo, no están derrotadas, han sabido resistir los embates del gobierno y han defendido sus tierras y su río empuñando sus machetes. Hace 16 años se opusieron a la construcción a la presa La Parota y demostraron su casta al vencer a la CFE en los tribunales y dentro de sus bienes comunales.
En los municipios de la Costa Chica como San Marcos, Cruz Grande y Ayutla y algunos de la Montaña Alta como Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Cochoapa el Grande la población indígena también padeció la furia de Otis. Los cultivos de maíz se perdieron por los fuertes vientos que tiraron las milpas y secaron las guías de calabaza y frijol. No habrá cosecha en el invierno y en la temporada de secas arreciará el hambre.
Muchas familias que perdieron su milpa adelantaron su salida a los campos agrícolas para contratarse como jornaleros agrícolas. Los niños y niñas de 12 años se enrolan también en estas actividades para ayudar en la compra de alimentos que venden a precios altos los dueños de los campos. Como ha sucedido con otras tormentas, como la de Ingrid y Manuel, un gran número de familias damnificadas no fueron censadas y quedaron sin el apoyo del gobierno. Con la salida de las familias a los campos agrícolas, nuevamente los más pobres de la Montaña no serán censados y se quedarán sin el apoyo gubernamental.
En el puerto de Acapulco, en sus colonias periféricas y las comunidades rurales de la costa Chica, Costa Grande y la Montaña, impera la desolación, la incertidumbre y la desesperación, ante la falta de una interlocución cercana con las autoridades y una información accesible que les permita ser partícipes y beneficiarias de este proceso de reconstrucción.
La población ha demostrado tener casta para enfrentar los grandes desafíos. Están de pie luchando a brazo partido. El gobierno no los debe ignorar ni echar de menos. Son parte de un pueblo combativo que abreva la sabiduría de sus antepasados, que resiste y que sabe pelear contra las injusticias y el mal gobierno. Las autoridades en turno deben de escuchar la voz de quienes no tienen bienes materiales, pero que poseen un espíritu indómito.

 

Sobrevivir en el paraíso perdido

 

La lucha por el agua en el puerto de Acapulco es la demanda generalizada de la población. Este problema añejo colapsó con el huracán. Repartir agua y despensas está muy lejos de satisfacer la sed y el hambre que padecen miles de familias. No solo hay que consumir lo necesario para mitigar la sed, también hay que preparar la comida y usarla para la higiene personal. En la mayoría de casas los tinacos rotoplás volaron. En las casas no tienen dónde almacenar agua. Una bomba purificadora que puso el Ejército, en la zona de hospitales, es apenas una gota ante la demanda generalizada de la población que camina muchos kilómetros para conseguir un garrafón o algunas botellas de agua. Todo es en vano porque no hay nada en las pequeñas misceláneas mucho menos en las tiendas departamentales.
La gente nota que el servicio de luz está focalizado en las zonas ricas como Las Brisas, en la mayoría de colonias pobres siguen en tinieblas. En el zócalo tampoco hay luz. Ante el temor de que la situación se desborde por la desesperación de mucha gente que no encuentra comida, ni agua, varias colonias aledañas a los barrios históricos se están organizando para colocar barricadas y asignar guardias durante la noche. Los vecinos de las colonias Hogar Moderno, Ejido, la Progreso y la Sinaí, se han reunido para cerrar sus calles con ramas y láminas que volaron de sus techos. Han prendido fogatas para alertar a propios y extraños que están vigilantes. Son fuertes los rumores de que hay robos en las casas, aunque no se tienen reportes precisos. El temor que circunda por las noches es propicio para que estas versiones cobren fuerza. Los vecinos dejan en claro que su defensa es por su sobrevivencia y su seguridad.
La acumulación de basura en las calles es un problema que ha desbordado a las autoridades locales. Las acciones del gobierno municipal son diminutas y dispersas. No hay brigadas de camiones que se dediquen a levantar los cerros de basura que se han transformado en focos de infección. Es uno de los servicios más descuidado porque no hay suficientes vehículos ni equipo para hacer las maniobras. Los trabajadores sufren el maltrato de sus jefes y se tienen que conformar con pagos raquíticos. ¿Cómo asegurar que los centenares de toneladas de basura no generen mayores problemas de contaminación en los mantos freáticos?
Ante la escasez de alimentos muchas familias se forman por varias horas para conseguir gasolina. Emprenden su peregrinar a Chilpancingo en busca de productos de primera necesidad. La población local empieza a resentir su llegada porque temen que haya desabasto. La población que se ubica en la salida hacia la Costa Chica se desplaza a San Marcos para surtirse de lo más indispensable. Las que más están padeciendo los estragos del hambre son las comunidades rurales que se encuentran en la rivera del Papagayo. En estos rumbos el abandono de las autoridades es ancestral, a pesar de que en su territorio se encuentran las afluentes de agua que surten las zonas hoteleras de Acapulco. La totalidad de comunidades que pertenecen al núcleo comunal de Cacahuatepec están incomunicadas. Sus terrenos inundados y todo su entorno destruido. Las familias pobres que sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca han perdido todo: sus siembras, sus huertas, sus redes y sus lanchas. No sabemos si llegaron a esos lugares intransitables los servidores de la nación. Falta que tampoco aparezcan en el censo de las familias damnificadas.
Hay testimonios de que la gente sale a la carretera para pedir víveres y agua. Las familias sobreviven en la precariedad. No tienen ingresos seguros y muchos jefes de familia van en busca de trabajo al puerto de Acapulco. La agricultura es de autoconsumo y la pesca es también una actividad para irla pasando. Los jóvenes no tienen posibilidades de estudiar en las universidades, prefieren migrar para trabajar en los hoteles o se aventuran a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Son muchas las localidades que están aisladas y que hasta la fecha no les han enviado alguna ayuda. Tienen que caminar varias horas para llegar a la carretera federal. Es más complicada la situación de las comunidades que están del otro lado del río. Nadie escucha sus gritos de auxilio ni encuentra forma de hacer llegar su reclamo a las autoridades. Los dueños del agua como la comunidad de Salsipuedes no tienen agua para consumo humano. La arena, la grava y el agua está en manos de empresarios gravilleros y hoteleros, que sobre explotan a los campesinos que se ven obligados a trabajar jornadas extenuantes extrayendo su propia riqueza natural.
Las 82 comunidades rurales de San Marcos también están en una situación grave porque no tienen forma de llegar a la cabecera municipal y están totalmente incomunicados. No tienen luz y los alimentos se están agotando. Sobreviven de lo que cosecharon la temporada pasada. La mayoría camina varias horas para surtirse de lo poco que queda en la cabecera municipal. Muchas familias viven a la intemperie porque no tienen forma de techar sus casas porque no cuentan con laminas o tejas. No está dentro de sus posibilidades cimbrar, comprar acero y ponerle cemento a su techo. No se sabe cómo están enfrentando los estragos del huracán. Resisten como por siglos han aprendido, a sobrevivir con lo que la madre naturaleza les pródiga.
En la región de Ayutla y la Montaña Alta los vientos fueron fatales porque tumbaron todas las milpas. Muchos árboles grandes no resistieron el embate de Otis. No habrá cosecha en esta navidad. Con la fiesta de los difuntos la gente tendrá que endeudarse más porque ni siquiera el maíz nuevo lo podrán cosechar, para hacer sus atoles y elaborar los xatos, que son los panes que son hechos con maíz nuevo. Los tamales serán un producto caro porque tendrán que comprar maíz y hasta las mismas hojas de la milpa. Las flores y las frutas son bienes suntuosos pero que son indispensables para las ofrendas de los difuntos. Las velas y los cohetes forman parte del ritual que sirven para anunciar su llegada e iluminar su camino. Cada vela representa un difunto y por lo mismo, en las ofrendas tiene que servirse la misma cantidad de platos con comida, tazas de café, panes, refrescos, cervezas, mezcal y aguardiente.
El huracán no solo profundizará el hambre sino que traerá enfermedades y más problemas entre las familias y las comunidades. Son los temores que persisten en las personas mayores, por eso los sabios y las sabias ya iniciaron sus rezos en las cimas de los cerros. Tienen que preparar el encuentro con sus familiares difuntos. Piden perdón a las potencias sagradas porque saben que el viento, la lluvia y las nubes están enojadas. La mejor manera de congraciarse con ellas es rezar y presentar la ofrenda. Les solicitan que alejen todos los males y que la estancia de sus familiares transcurra en calma. Para que la plegaria surte efectos, la ofrenda debe ser copiosa, como muestra de su agradecimiento y de su fe inquebrantable en sus ancestros.
La preocupación de las familias de Acapulco y los pueblos de las Costas y la Montaña es cómo hacer frente al grave problema del hambre. En estas condiciones adversas es imposible que recuperen lo perdido y que en el corto plazo tengan opciones para solventar sus necesidades apremiantes. Las tierras están anegadas, las milpas trozadas y los jilotes sin granos de maíz. No hay nada que cosechar, ni el rastrojo porque está podrido. Sin maíz no hay posibilidades de poner de pie a la gente del puerto y a las comunidades rurales.
En Acapulco la gente tiene que concentrar sus energías en la reconstrucción de sus viviendas y los empresarios en la reparación de la infraestructura hotelera. Los desafíos para las autoridades son enormes, porque se requiere una inversión muy alta para sacar del fango en que se encuentra la población de Acapulco y al mismo tiempo, tienen que atender las comunidades rurales que están en total desamparo. Los servicios básicos como la luz, el agua, el drenaje urgen rehabilitarlos. Las familias requieren apoyos para la reparación de sus techos y el reforzamiento de sus viviendas. No puede faltar la dieta básica en los hogares, se tiene que garantizar el consumo suficiente de tortillas, frijoles, chiles y huevos. También hay que aprovechar toda la riqueza marítima para alimentar a una población que requiere de muchas proteínas.
Urge buscar a las personas desaparecidas y rescatar los cuerpos que siguen enterrados, las familias requieren el apoyo efectivo para que se atiendan con presteza estas búsquedas y se logre la identificación de las personas fallecidas. Esta tarea debe realizarse con sumo respeto para no hacer más cruento el sufrimiento de sus familiares. La presencia de los titulares de las dependencias federales, de la gobernadora y todo su gabinete debe traducirse en acciones contundentes que reviertan los problemas del agua, el desabasto de alimentos, la inhabilitación de sus viviendas, la carencia de bienes muebles, la falta de utensilios para la cocina, la perdida de tinacos y tanques de gas. Son paquetes básicos que se requieren para que las familias emprendan el camino de la recuperación y la confianza de que es posible ponerse de pie. Para ello es imprescindible el concurso de todas las instancias de gobierno, pero también de la sociedad civil, que en momentos de emergencia ha sabido solidarizarse y responder con eficacia a las demandas más sentidas de la población. Su presencia da confianza a la gente pobre que no se siente atendida por las autoridades y más bien es víctima de la discriminación, el despotismo y la exclusión de quienes ostentan algún cargo público. La lucha diaria de la gente para revertir esta realidad que trunca su porvenir es la fuerza que logrará sacar del fango el paraíso perdido.

Conmemoran en Tlapa familiares y activistas la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón

Asistentes este miércoles a la explanada del Ayuntamiento de Tlapa al evento cultural y político donde hubo una exposición de fotografías del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en 2019 Foto: Antonia Ramírez Marcelino

Antonia Ramírez Marcelino

Los Tres Postes, Tlapa

Este miércoles amigos, familiares, activistas del Frente Popular de la Montaña y defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, con una misa y un acto político-cultural conmemoraron la desaparición y asesinato del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, a cuatro años del crimen que se mantiene en la impunidad.
El poder Judicial dejó en libertad al señalado como autor intelectual, Marco Antonio García Morales, ex jefe de gabinete de la administración morenista 2018-2021, quien ahora recorre las comunidades en busca de la candidatura a la presidencia de Tlapa, recordaron.
En la mañana la esposa de Arnulfo Cerón, Gabriela, y su mamá Rosalía, sus compañeros del Frente y Tlachinollan se concentraron en el lugar donde fue localizado el cuerpo del defensor, tres metros bajo tierra en el paraje Los Tres Postes sobre la carretera Tlapa-Igualita.
El lugar estaba mojado con mucho lodo, arbustos crecidos por la temporada de lluvias, ahí en la tierra desnivelada colocaron una mesa, flores y veladoras y un sacerdote celebró una misa.
Al final colocaron bajo un árbol donde está su cruz una corona de flores en la que se leía Justicia para Arnulfo Cerón Soriano, pusieron las flores amarillas de cempasúchil y pericón, así como veladoras y oraron para que los responsables paguen por lo que le hicieron, y si no se puede con la ley del Estado, sea la ley divina, clamaron.
En la tarde-noche se hizo una actividadd política y cultural en la explanada del Ayuntamiento, que consistió en la exposición de fotografías recopiladas desde el activismo de Cerón Soriano en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por esclarecimiento del asesinato del activista Antonio Vivar Díaz, por la libertad de los presos políticos como Arturo Campos y Nestora Salgado y su exigencia de obras para las comunidades indígenas de Tlapa, que derivó en su denostación del entonces alcalde, Dionicio Merced Pichardo García y el ex Jefe de gabinete, García Morales.
Además de los momentos de su búsqueda, tras su desaparición forzada el 11 de octubre del 2019, la recuperación de su cuerpo el 20 de noviembre en el paraje Los Tres Postes, enterrado bajo tres metros de tierra por lo que se tuvo que usar maquinaria pesada para removerla.
Sobresalió la foto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en que los integrantes del Frente Popular y familiares señalan como asesinos a García Morales y Pichardo García en una pancarta que portaban.
En los últimos meses se le ha preguntado en sus mañaneras sobre el caso de Arnulfo, sobre todo porque el señalado como presunto autor intelectual García Morales, tras obtener su libertad recorre las colonias, comunidades y brinda apoyos económicos en la búsqueda nuevamente de la candidatura a la alcaldía de Tlapa por Morena. La obtuvo en el 2018, pero fue impugnado al no acreditar su residencia en Tlapa, ya que había dejado de ser por segunda ocasión presidente de Alpoyeca, un municipio cercano a Tlapa, y en su lugar puso a Merced Pichardo.
Durante la actividad se observó a quien fuera el secretario particular de Merced Pichardo, quien se detuvo a mirar, luego cruzó entre los asistentes deteniéndose a tomar fotografías de quiénes participaban. También se le ha visto en la frutería propiedad de García Morales.

Sigue la impunidad, señalan Tlachinollan y el Frente Popular

En un comunicado conjunto el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lamentaron que a cuatro años de la desaparición y asesinato de Cerón Soriano, su caso siga en la impunidad, por lo que exigieron justicia.
Plantean que a cuatro años de este crimen el poder Judicial dejó en libertad al autor intelectual, García Morales, y muestra condescendencia contra los autores materiales que presionan a los testigos para que no declaren contra ellos, y la jueza no adopta medidas para cuidar la integridad de los testigos.
Señalan que los procesos penales han estado plagados de irregularidades, como el juez que llevó el proceso penal contra el autor intelectual, quien dijeron, hizo una indebida valoración de las pruebas de cargo y con lo puso en libertad evidenciando que pudo más su poder político y económico.
Ante eso, “hoy con impunidad y sin rubor político el autor intelectual se pasea en plazas públicas en plena campaña preelectoral, mientras los familiares de Arnulfo sufren la miel amarga de la impunidad e injusticia”.
Consideran que el proceso contra los autores materiales se ha estancado y aprovechan para usar sus tentáculos y redes delincuenciales para presionar a los testigos de cargo para que no se presenten a declarar, ya que el Tribunal no ha dispuesto de las medidas de seguridad para que los los testigos rindan su declaración sin presiones ni miedo.
Ejemplificaron que en una audiencia, la jueza negó que testigos clave rindieran testimonio en sala contigua, exponiéndolos a ser coaccionados y a futuras represalias, por lo que se corre el riesgo que también los autores materiales sean liberados.
Mencionaron que con ello el poder Judicial mostrará su nulo compromiso con la defensa de los derechos humanos y los defensores silenciados, ya que “no es posible que por rigorismos jurídicos y visiones legales acartonadas se deje en libertad a miembros de un grupo delictivo, responsable de más 60 desapariciones en la región de la Montaña”.
Responsabilizaron al poder Judicial de pretender dejar en libertad a uno de los grupos más violentos que operaba en la Montaña, que aumentó la violencia y el sufrimiento de los pueblos.
Adelantaron que, “si continúan las exoneraciones mandará señales funestas de que se puede seguir acallando a los defensores de derechos humanos y luchadores sociales”.
Exigieron justicia para Arnulfo y que los autores intelectuales y materiales sean sancionados con todo el peso de la ley, justicia para todos los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales asesinados y desaparecidos y no más impunidad.

 

Los desaparecidos, ausentes en la visita de AMLO

El día en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iniciaba por enésima ocasión su visita a Guerrero, Tita Radilla y su familia conmemoraban el 49 aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, a manos del Ejército. En la Ciudad de México la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), presentó el libro Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad, entre lo paradigmático y el incumplimiento. En su intervención Tita comentó “Para nosotros es importante que se conozca aquel momento de la detención y desaparición de nuestro padre Rosendo Radilla. Hoy se cumplen 49 años. 49 años de dolor y sufrimiento, pero no sólo la familia Radilla, sino que cientos de personas fueron detenidas, desaparecidas, en aquel momento de la década de los 70”. Tita fue muy enfática “No hay voluntad política del Estado Mexicano, porque se tendría que ver reflejada en hechos. En este caso y muchos más, no hay la menor intención de esclarecimiento”. Por su parte el compilador del libro Luis Amaya comentó: “No nos vamos a cansar de seguir exigiendo dónde están los desaparecidos. Queremos saber qué fue de Rosendo y los luchadores desaparecidos en los años 70, en el marco de la guerra sucia”.
En ese mismo día más de 350 manifestantes de varios municipios de la región Norte del estado, como Cocula, Eduardo Neri, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco y Apaxtla, se organizaron para bloquear totalmente la carretera federal México-Acapulco, a la altura de Mezcala. Desde hace 3 meses, 14 personas se encuentran desaparecidas. El primer caso que obligó a las comunidades a protestar fue la desaparición de cuatro pescadores. Dos de ellos aparecieron golpeados y los otros dos siguen desaparecidos. Se han sumado los casos de siete caporales de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula que fueron desaparecidos el 18 de agosto. Recientemente se reportaron cuatro campesinos de la comunidad de Tomixtlahuacán, municipio de Apaxtla. Denunciaron que las autoridades estatales abandonaron la búsqueda de los dos pescadores. El enojo de las familias quedó de manifiesto al ignorar al delegado de gobierno de la zona Norte, que les prometía conseguir reuniones con las autoridades del estado para atender sus demandas. Los manifestantes se mantuvieron firmes en su postura de no desbloquear la vía, exigiendo la presencia del secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública para que cumplan con el compromiso de brindarles seguridad.
Exigieron el esclarecimiento de estas desapariciones y la presencia de elementos de seguridad pública en localidades donde hay desplazamientos forzados por parte de grupos de la delincuencia. Pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no los abandonen: “Las familias están desesperadas, todos tenemos temor de ser afectados. Somos gente de trabajo, no pertenecemos a grupos del orden que sea, somos pueblo, queremos paz y tranquilidad en nuestras comunidades”.
Mientras tanto, desde la base militar de la Décima Segunda Región Naval de Acapulco, el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, informaba que Guerrero ocupa el noveno lugar a nivel nacional por el delito de homicidios dolosos, al presentar 171.69 homicidios por cada 100 mil habitantes, de diciembre de 2018 a julio de 2023. Expuso que en este periodo el total de los delitos de alto impacto ponen a la entidad en el vigésimo octavo lugar a nivel nacional. El mismo almirante detalló que el estado de la fuerza real en Guerrero es de 7 mil 681 integrantes, entre policía estatal, municipal y la policía naval. Con relación a las fuerzas federales, la Sedena cuenta con 2 mil 382 elementos; el Ejército 7 mil 244 y la guardia nacional con 4 mil 556 elementos. En total, de las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad pública del estado hay 19 mil 987 efectivos.
En su turno el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Guerrero hay un repunte de la violencia, pero que no hay focos rojos por la inseguridad. Considera que va disminuyendo poco a poco y que “vamos avanzando muy bien”. Al salir en defensa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, sin tapujos dijo “ahora ya no se permite que la delincuencia se alimente del gobierno, pues quedó nula la relación entre ambos. Ya está pintada la raya”. Justificó el repunte de la violencia “porque todavía existen grupos delictivos que vienen de tiempo atrás. La diferencia es que ahora los gobernantes no están amafiados con la delincuencia”.
La gobernadora Evelyn Salgado resaltó su estrategia de combatir las causas de la violencia. Habló de los 36 programas federales que se aplican en el estado y los 55 subprogramas con una inversión de 26 mil millones de pesos anuales y un millón 412 mil 157 beneficiarios. Dijo que de acuerdo con las cifras del Coneval en 2022 se registró la disminución de casi 190 mil guerrerenses que han salido de la condición de pobreza. Agradeció el apoyo del gabinete de seguridad federal “con quienes hemos mantenido una coordinación eficaz que ha sido de enorme beneficio para Guerrero”. Dijo que hay avances importantes en el estado, gracias al apoyo del gobierno de México, a la política de diálogo permanente. Siempre decimos diálogo, diálogo y más diálogo”. Cerró diciendo “conciliación y unidad es lo que requiere nuestro estado”.
Fueron tres días intensos de trabajo del presidente de la República, sin embargo, el creciente problema de las personas desaparecidas en el estado estuvo ausente en sus múltiples intervenciones. Su llegada en helicóptero a la Décima Segunda Región Naval de Acapulco lo mantuvo alejado de la población que esperaba con mucho interés saludarlo y aprovechar para plantearle sus múltiples demandas. Fue imposible. El control que ejercen el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en los eventos presidenciales es absoluto. Las autoridades civiles quedan al margen, más bien quedan supeditadas a sus órdenes. La población de a pie ya no tiene oportunidad de abordar al presidente, a no ser que rompa el cerco para acercarse a la gente.
Los datos presentados por el secretario de Marina muestran con optimismo que va disminuyendo la violencia y que nuestro estado ya no está en los últimos lugares, sin embargo, la población tiene otra percepción. La violencia se ha expandido a lo largo y ancho del estado y ha escalado de manera alarmante. Los asesinatos que diariamente se registran en las principales ciudades están generado una percepción de que la violencia es una realidad inminente que nos inmoviliza y asfixia.
Las disputas que son cada vez más recurrentes entre las organizaciones criminales antagónicas, ponen en todo momento en jaque a las autoridades.
Los encuentros que han entablado autoridades municipales, como la presidenta de Chilpancingo con un líder del grupo de Los Ardillos, muestran la colusión que persiste entre las autoridades y los grupos del crimen organizado. La raya no está pintada como dice el presidente, sino que sigue borrada.
Se dio la reciente desaparición transitoria de la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado, que fue localizada con vida después de una intensa búsqueda por parte de todas las fuerzas federales y estatales. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los hombres armados irrumpieron en las instalaciones y desarmaron a los elementos de la Policía Ministerial para llevarse a la funcionaria. Demostraron el poder que ejercen para desaparecer a personal de la misma Fiscalía.
Los dos asesinatos (padre e hijo) que recientemente se consumaron en una gasolinera de Chilapa y la posterior desaparición de tres jornaleros agrícolas de Zacapexco del mismo municipio, muestran el patrón de criminalidad que ejerce el grupo de Los Ardillos que tienen el control del municipio y que ha relegado a la autoridad municipal que está ausente.
Es preocupante que no se atienda el reclamo de la gente que se siente inerme y que teme que en cualquier momento enfrente un evento de violencia. No encuentra una forma segura para ponerse a salvo. Prevalece el pesimismo, la resignación y una visión catastrófica de lo que pasa en el estado.
Por otra parte, las familias que buscan a sus seres queridos se encuentran en total abandono, no son atendidas para satisfacer sus necesidades básicas. Tienen que luchar en medio de la violencia y ponen en riesgo su vida al salir en busca de sus desparecidos. No hay una interlocución que rinda frutos, para ellas el diálogo no se ha podido dar con la gobernadora. Más bien se sienten relegadas, vilipendiadas por alzar la voz y por reclamar sus derechos. Son catalogadas por los funcionarios como actores incómodos porque no cejan en sus demandas de que busquen a sus seres queridos y que les proporcionen seguridad.
Los desaparecidos de la guerra sucia siguen sin encontrar verdad ni justicia y los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico se han multiplicado en los últimos 17 años, al grado que en nuestro país hay 111 mil personas desaparecidas. Es una cifra incómoda para el gobierno federal que busca la manera de reducir el número de reportes por desaparición.
Para el presidente de la República los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, “están inflados”. Por esa razón se realizó un censo en 22 estados donde gobierna Morena, contando con el apoyo de la Secretaría del Bienestar, que envió a los servidores de la nación para que visitaran los domicilios de las personas desaparecidas. Lo desconcertante es que esta Secretaría no está dentro del catálogo de autoridades buscadoras, conforme lo establece la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. Esto ocasionó la renuncia de Karla Quintana titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La mayor preocupación de los familiares de personas desaparecidas es que se les relegue en la toma de decisiones que atentan contra sus grandes esfuerzos para dar con el paradero de sus seres queridos. Es muy lamentable que en Guerrero los desaparecidos no sean un tema prioritario para las autoridades del estado.

 

Un estado sin salud, educación ni seguridad

De acuerdo con las cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), nuestro estado se ubica en el segundo lugar después de Chiapas, con 2 millones 173 mil personas que viven en situación de pobreza. En el 2020 se registraron 2 millones 363 mil, lo que significa que en estos dos años 189 mil personas salieron de la pobreza. En cuanto a pobreza extrema también hubo una disminución del número de personas, que pasó de 907 mil a 800.5 mil personas, lo que representa una disminución de 107.2 mil habitantes en ese mismo lapso. Estas cifras nos muestran una tendencia a la baja en cuanto al combate a la pobreza, sin embargo, la situación concreta es que la mayoría de familias guerrerenses enfrentan problemas sumamente graves porque sobreviven apenas diariamente y su precariedad económica se incrementa. Las familias resienten con mayor rigor el alza de los precios de la canasta básica. Ya no les alcanza el dinero para comprar tortillas, huevos, jitomate y chile. La carne de pollo se ha encarecido y la de res se ha vuelto un producto de lujo. El estómago vacío es lo que más preocupa y angustia a la gente que no tiene un ingreso seguro. El ambulantaje se ha transformado en la principal salida para contar con un ingreso mínimo y lograr que los hijos medio coman.
En cuanto al acceso a los servicios de salud la situación se complejiza porque el porcentaje de personas sin este servicio se incrementó de 33.5 a 52.7 por ciento, es decir, que un millón 899 mil personas no tienen garantizado este derecho. Lo mismo sucede con el rezago educativo que subió de 26.6 a 28.8 por ciento, que en números concretos arroja la cantidad de un millón 37.6 personas que no tienen acceso a la educación hasta el nivel medio superior. Los servicios de salud son pésimos y el acceso a la educación sigue restringido para la población pobre, que no cuenta con escuelas ni con maestros.
La pobreza en nuestro estado se manifiesta con mayor crudeza en las comunidades indígenas de la Montaña alta y baja y la Costa Chica. Prevalece una política etnocentrista que relega a las personas que se adscriben a un pueblo indígena. A pesar del incremento de programas sociales que buscan revertir los rezagos históricos, resulta insuficiente la inversión pública. El abandono ancestral de los gobiernos no se revierte con programas sociales, porque no atacan de fondo la desigualdad que está enraizada y que requiere un tratamiento más integral y de largo aliento para reducir la brecha del rezago histórico que persiste en la Montaña. En lugar de avanzar en la infraestructura básica, hay un enorme retroceso. Las comunidades indígenas siguen relegadas del presupuesto público y están condenadas a ser beneficiarias de una obra pública que regularmente es una calle pavimentada o una cancha techada. El gobierno estatal no hace aportes importantes para construir obras de mayor impacto regional, más bien espera que el gobierno federal se encargue de etiquetar recursos para el estado.
Un ejemplo de un problema que se generaliza en las comunidades indígenas son los caminos. En la temporada de lluvias quedan incomunicadas, la gente tiene que caminar para sus actividades básicas. Cualquier servicio de emergencia, como el traslado de un enfermo es imposible por el alto costo del transporte. Para desdicha de los habitantes todo se encarece y no hay dinero que alcance para comprar lo mínimo. No se le apuesta para que en la Montaña haya una gran inversión en carreteras que saquen del aislamiento a los 19 municipios y las centenas de comunidades indígenas. El programa de los caminos artesanales es una opción, pero tampoco es la panacea. Debe ser un complemento a una inversión mayor para que haya ejes carreteros que comuniquen a todas las cabeceras municipales. En la Montaña solo contamos con una ruta para ir a la capital del estado, que además es angosta y peligrosa. Nunca está en buenas condiciones. La carretera que va a Metlatónoc y Cochoapa el Grande está para llorar. Es un camino que está destrozado porque tiene verdaderas barrancas que provocan accidentes y dañan los vehículos. Más de 150 comunidades del pueblo na savi quedan incomunicadas y abandonadas.
Otro ejemplo de los rezagos sociales son las redes de agua potable y los sistemas de drenaje. Todos están rotos e inservibles y fue muy costosa su construcción. Son obras que fueron mal planeadas y que están mal hechas. Para las empresas contratistas que ni son de la región fueron un gran negocio, porque ya encontraron el modo para cobrar muy caro para el traslado de los materiales por lo intrincado de la orografía. Lo que construyen sólo funciona por unas semanas. Ya saben que una vez que firma la autoridad, difícilmente se les obligará a que vuelvan a realizar los trabajos. No hay obras que duren un trienio. Los contratistas ya saben que es un gran negocio trabajar en los municipios de la Montaña, porque a los presidentes sólo les interesa el pago del diezmo y no la calidad de la obra.
En salud los guerrerenses estamos en grave riesgo porque carecemos de especialistas que atiendan las enfermedades más comunes como las del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos principalmente. A nivel estatal no existe una institución de salud pública que atienda pacientes que tienen enfermedades del corazón. Solamente quienes tienen dinero y les da tiempo atenderse fuera del estado logran salvarse, pero la gran mayoría está condenado a morir, porque no hay cardiólogo que los atienda. En la Montaña sólo existe un hospital de segundo nivel que está en ruinas y que no cuenta con médicos especialistas. Tampoco proporciona medicamentos a los pacientes y no hay servicios de laboratorio. Las ambulancias están en pésimo estado y regularmente las familias de los enfermos tienen que sufragar los pagos de la gasolina, los viáticos del chofer y el pago del médico que acompaña al paciente. Es un gasto mínimo de 6 mil pesos para cubrir sólo el traslado a otro hospital.
En las comunidades indígenas, que son más de 700 distribuidas en los 19 municipios de la Montaña son contados los médicos que trabajan en algunas clínicas que hay en las comunidades más grandes y en las cabeceras municipales. Las familias que no tienen un ingreso seguro difícilmente salen de sus comunidades para acudir a la clínica de salud más cercana. Las madres que están embarazadas regularmente son atendidas por parteras, porque es muy caro trasladarse a Tlapa, y además el servicio es caro y deficiente en el hospital del niño y la madre indígena.
El Centro de Salud de Metlatónoc es un ejemplo del abandono y la indolencia de las autoridades. Es inadmisible que se siga dando consulta sobre charcos de agua y que una sala de operaciones tenga el techo dañado, por donde se filtra el agua. Llevan más de cinco años con estas instalaciones en mal estado lo que en cualquier momento puede causar alguna desgracia. En octubre del 2021, cuando visitó Metlatónoc el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a construir el hospital. Sin embargo, nada ha cambiado, más bien está a punto de colapsar la única institución médica que atiende a más de 60 comunidades na savi de la cabecera municipal. Esta situación obligó al personal médico a abandonar el centro, porque aparte de que es un lugar indigno, también es un peligro para los pacientes. Prefieren atender a la intemperie que correr el riesgo de que el techo se caiga.
Esto que pasa en Metlatónoc se reproduce en todas las cabeceras municipales, donde también las instalaciones médicas están descuidadas y sufren un grave deterioro. La obsoleta infraestructura de los servicios de salud requiere reparaciones de fondo y no remiendos a medias. Además se requiere equipamiento, mobiliario, medicamentos y suficiente personal médico. Las comunidades que se sienten afortunadas porque cuentan con algún médico sólo son atendidas en el turno de la mañana, porque el contrato de la doctora o doctor no da para más. Los mismos médicos y enfermeras no tienen seguridad laboral porque sus contratos no rebasan un semestre. Regularmente las autoridades ya no los renuevan con el argumento de que no tienen presupuesto para cubrir los salarios.
En la Montaña no hay personal médico que atienda a la población en general y tampoco hay maestros ni maestras de educación básica. Un gran número de protestas de los maestros y padres de familia se debe a que la Secretaría de Educación se niega a contratar más maestros con el argumento de que su techo financiero es insuficiente. Con estas posturas se sigue condenando a los pueblos de la Montaña a sobrevivir en el analfabetismo y resignarse a morir por falta de medicinas y médicos. El mayor gasto que realizan las familias es en la compra de medicamentos y de los útiles escolares. A pesar de estos sacrificios, las autoridades no son corresponsables ni están comprometidas para garantizar la salud y la educación a los más pobres de Guerrero
No sólo ocupamos el segundo lugar nacional en pobreza, estamos en el epicentro de la violencia. Enfrentamos una grave crisis de seguridad a causa del contubernio de los gobiernos municipales con el crimen organizado. A pesar de las pruebas que hay de esta complicidad, las autoridades encargadas de investigar estos delitos no actúan con presteza para desmontar estas estructuras delincuenciales que fortalecen a los grupos políticos que actúan con total impunidad. En Guerrero la población pobre muere por falta de atención médica; la niñez y la juventud se hunden en el analfabetismo y todos quedamos inermes ante el poder de facto que están ejerciendo los grupos de la delincuencia que están incrustados en las esferas del poder público.

 

Es preocupante que Guerrero sea segundo lugar en deportaciones de indígenas, dice Tlachinollan

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El encargado del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, dijo que los organismos locales carecen de datos que indiquen que Guerrero es el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a migrantes indígenas deportados de Estados Unidos.
Sin embargo, consideró que es preocupante la cifra que dio a conocer el miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob).
Recordó que los datos que dio a conocer la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero en noviembre pasado, ubicaron a la entidad como el primer lugar en cuanto a la deportación de migrantes en general.
En un reporte de la Secretaría de Gobernación informó el miércoles que entre el 2015 y 2019 se deportaron de Estados Unidos a México al menos 92 mil 851 migrantes indígenas y que Guerrero ocupa el segundo lugar con el 18.56 por ciento, después de Oaxaca.
Rodríguez Reyes reconoció que el organismo al que pertenece no cuenta con datos que confirmen esos datos pero recordó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Migrantes de la entidad que dio a conocer en noviembre pasado la subsecretaria de Migrantes, Alondra García Lucatero, Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en deportaciones de migrantes y que sólo de enero a junio del año pasado se registraron 13 mil 851 personas deportadas, mientras que en el 2021 se registraron 24 mil 313 guerrerenses devueltas.
Pero reconoció que “nosotros no tenemos datos, lo que tenemos son solamente los asuntos que atendemos o recibimos directamente en la oficina y es un número muy menor”.
Dijo que son las dependencias del gobierno federal y estatal las que tienen los número precisos de las personas migrantes que han sido deportadas porque los datos se registran de manera oficial y los que son devueltos del país vecino no se reportan ante los organismos civiles.

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

La sentencia de la Coidh por el caso de Valentina no se ha cumplido totalmente, dice Tlachinollan

En vísperas de que un juzgado civil federal emita la sentencia en contra de los soldados acusados de la violación sexual de la indígena Valentina Rosendo Cantú, en acatamiento a la sentencia que emitió el 31 de agosto del 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reclamó que la sentencia no se ha cumplido total ni cabalmente.
El 24 de mayo organizaciones del Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México informaron que en los próximos días una jueza federal en México podría emitir la sentencia en el juicio penal en contra de dos soldados acusados de cometer tortura, violación y abuso de autoridad en contra de Valentina Rosendo.
Ayer Tlachinollan, organismo que brindó acompañamiento a la víctima en la presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), dio a conocer una ficha técnica en la que establece el estado actual de la sentencia, que revela sólo el cumplimiento parcial a 8 años de que se emitió.
Por ejemplo, de acuerdo a esta sentencia el Estado debería adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 222 de la sentencia.
Sin embargo en los últimos años se han aprobado reformas que son un retroceso y desconocen el objetivo intrínseco de las resoluciones emitidas por la Corte, “es decir, compatibilizar estándares internacionales y la necesidad que sean tribunales ordinarios los que investiguen y juzguen casos de esta naturaleza”.
Una de estas leyes, citó, es la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en diciembre pasado que “que extrapola las facultades de las Fuerzas Armadas, lo que va en contrasentido de esta medida de reparación”.
Uno de los puntos que sí ha cumplido el Estado mexicano es el que se refiere al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos que se llevó a cabo con la participación de Valentina Rosendo, “y en los términos señalados por la sentencia” el 15 de diciembre de 2011.
Sin embargo, Tlachinollan cuestiona que en la sentencia se pidió al Estado mexicano realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 229, pero menciona que la sentencia se publicó en diarios de circulación nacional, así como en el Diario Oficial de la Federación en idioma español, y que “en relación al idioma me’phaa y su emisión en radiodifusoras locales no se cumplió totalmente”.
También que el Estado deberá continuar la estandarización de un protocolo de actuación para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 242 de la sentencia.
Dijo que si bien el Estado mexicano ha adoptado ciertos documentos relacionados con el problema y se ha avanzado con el diseño de protocolos y guías en la materia, no incluyen criterios relevantes a la luz de las sentencias respecto de la perspectiva de etnicidad.
En los párrafos 245 y 246 de la sentencia se ordena al Estado mexicano continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero.
En la ficha técnica Tlachinollan reprocha que los cursos reportados por el Estado mexicano tienen como temática principal la perspectiva de género y existe un programa en línea de Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Ministerial con Perspectiva de Género.
“No obstante de ellos no puede desprenderse que incluyan perspectiva de etnicidad. Tampoco que el cumplimiento se haya realizado plenamente, ya que es mínima la cantidad de servidores públicos del estado de Guerrero que toman estas capacitaciones”, expone.
Dice que el Estado continuamente enlista una serie de programas de formación, talleres y actividades dirigidos por la Fiscalía General de Guerrero y la Secretaría de la Mujer en el estado, así como por Inmujeres a nivel federal, “sin embargo, ninguno de estos atiende las problemáticas planteadas”.
En la sentencia la Coidh ordena al Estado mexicano a continuar acciones desarrolladas en materia de capacitación en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas, “y deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
El organismo asegura que el Estado mexicano ha presentado una lista de talleres y capacitaciones que no son de carácter permanente ni se han diseñado como resultado de la implementación de esta medida de reparación.
“Además sin aportar información adicional que permita conocer las medidas realizadas para implementar el programa o curso permanente y obligatorio de capacitación que incluya, entre otros temas, los límites en la interacción entre el personal militar y la población civil, género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas en todos los niveles jerárquicos”, señala.
Tlachinollan denuncia también que a pesar de que en la sentencia se obliga al Estado mexicano a brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas, en varias ocasiones no se cumple aun cuando Valentina cuenta con una atención especial hacia su salud, pues tiene que “intermediar ante las instancias de gobierno reiterándoles la calidad de ambas y el deber prioritario de atenderlas”.
Destaca que el sistema por el cual se les proporciona servicio médico es el Seguro Popular con enlaces de salud, “el cual no ha logrado cumplir lo que se esperaba”.
En el párrafo 260 de la sentencia se ordena al gobierno de México continuar brindando servicios de tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual por medio del centro de salud de Caxitepec, el cual deberá ser fortalecido a través de la provisión de recursos materiales y personales.
“Esta medida se encuentra totalmente incumplida. Si bien el Estado ha señalado que el Centro de Salud Caxitepec cuenta con médicas pasantes que laboran tres semanas de medio tiempo, esto no es suficiente ni establece cómo estos médicos o médicas se han visto fortalecidas para atender a víctimas de violencia sexual. Además, el centro de salud no cuenta con abastecimiento continuo de medicamentos”, expone el organismo de derechos humanos.