Plantan funcionarios del Cenapred que evaluarían 140 casas a damnificados de Chilpancingo

Trabajadores del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) dejaron plantados a integrantes de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocohara), para evaluar sus viviendas.
Los damnificados de la Cocohara fueron notificados por medio de un oficio de la entrega de 140 viviendas, después de dos años de que la tormenta tropical Manuel los afectara.
Hace dos semanas se dio a conocer que el último requisito para la entrega de las 140 viviendas era el dictamen elaborado por el Cenapred, y este lunes 9 de noviembre se realizaría la visita al terreno El Mirador.
El líder de los damnificados, Gumaro Guerrero dijo que les notificaron, por medio de un oficio, que a las 12 del día los funcionarios estarían en el terreno El Mirador, pero hasta las 3 de la tarde los funcionarios no se habían presentado.
La evaluación del Cenapred es para descartar que las estructuras de las viviendas son peligrosas, ya que el ex secretario de Protección Civil estatal, Raúl Miliani Sabido dijo que hacen falta pilares en las casas.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) determinó que revisará las viviendas, para fijar una fecha de entrega.
Por su parte los damnificados criticaron la falta de solución y se reunirán el sábado para determinar acciones.

Pide Leyva Mena al gobernador recuperar a policías municipales que el Mando Único dio de baja

 

El presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores recuperar los policías municipales que fueron dados de baja por el programa Mando Único, para reforzar la seguridad y bajar los índices delictivos en la capital.
Consultado al termino de la inauguración del estacionamiento del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, el alcalde priista dijo que uno de los problemas que tiene la capital es que no cuenta con más policías municipales, esto incrementará más el territorio de los policías comunitarios y ciudadanos, pero no están regulados por el gobierno para que operen con legalidad, “parece como tierra de nadie, sin ley”.
Leyva Mena solicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores que regule a los policías comunitarios y ciudadanos que operan en el estado para mejorar la seguridad.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, en marzo del año pasado, se inició la depuración de policías para integrarse al programa Mando Único, 320 policías participaron en los exámenes de control y confianza, de los cuales 70 aprobaron, e incorporaron a 50 nuevos policías.
Por otro lado, el alcalde priista Leyva Mena dijo que después de que el viernes hombres armados atacaron la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón se mantienen los recorridos de la Policía Estatal, Policía Federal y soldados del Ejército para evitar que ocurra otro incidente delictivo.
En su edición del sábado El Sur informó que, el viernes en la noche, hombres armados atacaron a balazos la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo. Según fuentes policiacas iban a rematar a tres policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes la tarde del viernes resultaron heridos en una emboscada en Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Leyva Mena dijo que continúa con reuniones con el gobernador Héctor Astudillo Flores para tratar el asunto de la inseguridad en la capital, pero no dio más detalles.
Agregó que espera las indicaciones del gobernador para conocer si enviarán a la capital 200 policías estatales para reforzar la seguridad en la ciudad.

Astudillo debe preocuparse por la delincuencia, no por las policías comunitarias, dice Bruno

 

El gobierno estatal debe preocuparse por la proliferación de la delincuencia, no de las policías ciudadanas y comunitarias que se organizan por la vida, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador dijo que los últimos hechos de violencia en la Sierra de Leonardo Bravo, se deben a la proliferación de policías comunitarias que “van y entran en confrontación con el pueblo”, y que “ya se salieron de control”.
En este sentido, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Braulio Pimentel Antunez aclaró que los ciudadanos tienen derecho a organizarse frente la ineficacia de los gobiernos y las corporaciones policiacas coludidas con los criminales.
El coordinador de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís pidió a las autoridades que valoren las experiencias de los pueblos para atender la crisis social.
El sábado, el gobernador llamó a los alcaldes a poner toda la atención cuando nazca una policía comunitaria, porque tiene sus límites, “y ya se salió del orden, se salió de control”, expresó en relación al homicidio del comisario y secretario de Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, seguido de una balacera que dejó tres presuntos sicarios muertos, siete heridos de la UPOEG, y la comunidad abandonada por sus pobladores.
En consulta telefónica, Bruno Plácido Valerio lamentó que el gobierno esté más preocupado por la organización de los ciudadanos que por la proliferación de la delincuencia, pero reconoció que tampoco es un asunto sólo de las autoridades, y que también le corresponde a la sociedad buscar la solución.
Señaló que en esta crisis de inseguridad, sin distingo de partido o nivel económico, se debe centrar el debate en cómo erradicar a la delincuencia, sin confrontación.
“Es un momento de solidaridad, de unificar un frente para erradicar a la delincuencia, llamar a todos los actores para buscar entre todos una salida, hay que verlo como un problema de todos, no sólo de gobierno”.
Así como la Iglesia llamó a un gran diálogo con los actores (incluyendo a los líderes de cárteles del narcotráfico), Plácido Valerio informó que está buscando a la Iglesia, a transportistas, ganaderos, comerciantes, porque “somos una sociedad que está en crisis, somos un foco rojo; vamos a darle la vuelta a la página”.
Se reservó de hablar de los grupos de la Policía Ciudadana que operan en la sierra de Leonardo Bravo, y aseguró que hoy convocará a la prensa para hablar del caso en Chilpancingo.
No obstante, se supo que las comunidades de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, que hace dos años se unió a la Policía Rural, también conformó grupos de policías comunitarios con el respaldo de la UPOEG.

Mejores resultados que todas las corporaciones juntas: Pimentel

El consejero Braulio Pimentel, de la CRAC de San Luis Acatlán, recordó que pese a los errores, la Policía Comunitaria ha dado mejores resultados que todas las corporaciones policiacas juntas, a los largo de muchos periodos de gobierno.
Señaló que la organización de los pueblos es una reacción natural ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad que “hasta se coaligan con la delincuencia, como lo demostró el caso de Iguala”, el 26 y 27 de septiembre.
Indicó que la garantía de resultados es porque los policías comunitarios son nombrados en asambleas y reuniones amplias, más que cualquier otro sistema de seguridad, como el Mando Único que incorpora a todos los cuerpos policiacos, los tres niveles de gobierno y militares.
Estimó que si el Mando Único no incluye un ingrediente de participación ciudadana, nunca va a funcionar “porque el sistema está muy corrompido”. Propuso a las autoridades pedir información de toda las expresiones se seguridad comunitaria, en lugar de buscar alternativas en Estados Unidos o Colombia.
Recordó que las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán son un referente nacional e internacional, por el trabajo honorario de los pueblos “este sistema es la alternativa, un prototipo incluso para las regiones que no son indígenas”.
A los alcaldes, les pidió que estén más atentos de los criminales que de nuevos grupos de policías comunitarias, porque desde la federación están imponiendo secretarios de Seguridad Pública y por ahí se les puede infiltrar la delincuencia.

Algunos usan la figura comunitaria para trasiego de droga: FUSDEG

Salvador Alanís aclaró que si bien al gobierno le toca defender a las instituciones en el tema de seguridad, el pueblo también tiene voz y voto.
Recordó que los pueblos que se levantaron en armas es porque el Estado no les dio otra opción, no garantizó la seguridad, pero todos los policías comunitarios preferirían llevar una vida tranquila, dejar el servicio comunitario que sólo trae problemas, amenazas y ha costado muchas vidas de sus compañeros; “no es deseo nuestro armarnos y pelearnos con la gente mala”.
No obstante, declaró que hay grupos que aprovechan el buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de mariguana y amapola, “de eso se tienen que cuidar con lupa las autoridades”.
Aseguró que en los 62 pueblos donde trabaja el FUSDEG no se dedican a la producción de drogas, pero demandan a las autoridades que dé alternativas de empleo a las familias de la región. Por lo tanto, no tienen miedo a la regulación ni a la revisión de sus estructuras.
Sin embargo, insistió en que los tres niveles de gobierno no han tenido capacidad de eliminar a los grupos criminales que hacen daño en Guerrero, “se han visto rebasados en todas las grandes ciudades”.
Pero el día que comiencen a reducir los índices de criminalidad, “con gusto dejamos la playera y nos quedamos como vecinos vigilantes”. Consideró que este gobierno tiene una gran tarea, “ojalá podamos aportar lo aprendido, que permita interlocución para intercambiar experiencias”, expresó Salvador Alanís.

Reorganizarán el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena

 

Dirigentes fundadores del desaparecido Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular, que tuvo su auge en la década de 1990 y que se dividió en el 2005, iniciaron pláticas éste domingo para unificar el movimiento de los pueblos originarios ante el olvido en que los mantienen los tres niveles de gobierno.
Con ese fin, ayer se reunieron dirigentes indígenas de nueve municipios de la zona Norte, Montaña, Centro y Costa Chica.
De entrada acordaron llevar sus proyectos de obras y servicios a la Cámara de Diputados para que sean considerados en el presupuesto de 2016. También acordaron convocar a una marcha-caravana hacia la ciudad de México en diciembre.
Asistieron a la primera reunión que se llevó a cabo en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado, 12 dirigentes de los municipios de San Luís Acatlán, Chilapa de Álvarez, Zitlala, Huitzuco de los Figueroa, Tepecoacuilco, Copalillo, Olinalá, Acatepec y Tecoanapa.
Entre algunos de los dirigentes indígenas estuvo el presidente municipal de Copalillo, el petista Getulio Ramírez Chino; el ex procurador de Defensa de los Campesinos, Marcelino Díaz de Jesús; el ex alcalde de Acatepec por el desaparecidos Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Antonio González García; el ex candidato a presidente municipal de Chilapa por el Partido Humanista, Maximino Silviano González.
Ramírez Chino informó que el objetivo principal de la reunión era la reconstitución del Consejo. “Nosotros vemos que hay la necesidad de reorganizarnos y retomar el movimiento indígena, no podemos seguir dispersos. Ya tuvimos la mala experiencia de que en el Consejo cada quien jalara por su lado y desde entonces no podemos salir adelante como pueblos indígenas”, expresó al final de la reunión.
Dijo que en este primer encuentro acordaron que en diciembre próximo (aún no acordaron fecha) van a tener la segunda reunión pero que antes, los que asistieron ayer van a llevar un paquete de proyectos “de gran impacto” a la Cámara de Diputados para que los diputados federales los tomen en cuanta en el presupuesto para 2016.
Dijo que también en diciembre llevarán a cabo una marcha-caravana hacia la ciudad de México para exigir respuestas a sus peticiones, pues “nuestros pueblos indígenas están olvidados y abandonados por los tres órdenes de gobierno desde la tormenta tropical Manuel y hay muchos pueblos que nunca les arreglaron sus caminos, sus escuelas, ni sus puentes”, denunció.
Declaró que en Copalillo no ha sido re-construido el puente que se llevó el río de Tlalcozotitlán y que siete comunidades si-guen incomunicadas y sus habitantes tienen que pasar el río sobre puentes colgantes.
Informó que en la reunión que tuvieron los alcaldes con el gobernador Héctor Astudillo Flores el sábado, solicitó reunirse con el secretario de Educación y con el de Salud porque en su municipio hay muchos enfermos y pide la construcción de un hospital regional. También denunció que hay muchos problemas en el sector educativo, porque hay aulas que no tienen maestros o maestros que no tienen aulas.
El alcalde petista informó que también pidió una reunión con la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), “porque hay muchos caminos abandonados”.
A su vez, Antonio González García explicó que la propuesta de reorganizar a los pueblos indígenas es, “porque hay muchas necesidades y enfermedades”.
Añadió que las condiciones de ahora son muy diferentes a las de 1990, “ahora necesitamos hospitales, universidades, becas para los estudiantes, por ejemplo”.
Dijo que este es un movimiento que apenas está surgiendo “pero después será como una bola de nieve, va a ir creciendo”.
En la reunión estuvo también el diputado del PT Fredy García Guevara, aunque sólo como coadyuvante para la gestoría de las organizaciones y reconoció que hay muchas demandas que no se les han resuelto a los pueblos indígenas y que la mayoría son del sector educativo y de salud.
El ex candidato a alcalde de Chilapa por el Partido Humanista, Máximo Silvano González dijo que la intención es fortalecer el movimiento indígena.
Agregó que allí, en su municipio, hay muchos problemas relacionados con salud y educación, pero sobre todo de inseguridad.
Añadió que hay expedientes técnicos de pavimentación de carreteras, pero que las obras no se han hecho, porque no hay un seguimiento, y lo que se pretende ahora es estar pendientes para que se hagan.
Asimismo, Marcelino Díaz de Jesús dijo que lo más importante es que los pueblos indígenas ya se están volviendo a juntar, e hizo un llamado a las organizaciones indígenas y representantes que en su momento integraron el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena para que se vuelvan a articular en un solo Consejo.
Informó que las gestiones van a comenzar en el Congreso de la Unión para que se apruebe un mayor presupuesto para las regiones indígenas del estado. Dijo que van a presionar por medio del senador Sofío Ramírez y que van a buscar a los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas.

El hospital no fue atacado y los balazos fueron afuera, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores precisó que no fue atacada a balazos la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Tierras Prietas de Chilpancingo, sino que “alguien pasó afuera y disparó y se generó un pánico de enormes dimensiones, porque, efectivamente, estaban llegando unas personas heridas y otras personas que fallecieron en Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo”.
De los temas que se trataron en la reunión de la noche del viernes en el Grupo Coordinación Guerrero, que fue después de las 9 de la noche, Astudillo Flores indicó que lo primero que se vio fue cómo abordar el tema de Polixtepec, el de las fosas de Carrizalillo y el tema de Tierra Caliente.
Agregó que no podía dar pormenores, “no se los puedo decir porque entonces son asuntos que entonces se rompen en una ruta de estrategia”.
Aseguró el gobernador que todo lo que está aconteciendo en Guerrero se vio en la reunión y que también se analizó el índice de cómo va la inseguridad a partir del 27 de octubre, cuando entró en funciones, y que cuando se cumpla un mes se harán públicos los números.
Sobre la balacera afuera del hospital de Tierras Prietas, Astudillo Flores primero lo trató en el mensaje que le dio a los alcaldes, a quienes les dijo que el viernes hubo serios problemas.
Añadió que había asuntos que “generaban más de lo que realmente son”, y luego tocó el tema del hospital, donde señaló que dicen que lo balacearon y subrayó: “no, no lo balacearon, alguien pasó afuera y disparó y se generó un pánico de enormes dimensiones porque efectivamente estaban llegando unas personas heridas y otras personas que fallecieron el Polixtepec, municipio de Leonado Bravo”.
Y dijo a los alcaldes que son problemas que tienen que ver con la “proliferación de policías comunitarias y entonces van y entran en confrontación con el pueblo”.
Astudillo Flores pidió a los presidentes municipales que tengan cuidado y que pongan toda la atención que merece el caso antes que nazca una policía comunitaria, y que aunque la ley faculta la existencia de la policía comunitaria o indígena, también tiene límites y “no puede existir en cualquier lado, tienen que existir donde haya zonas indígenas y ya se salió del orden, ya se salió del control”.
Exhortó a los alcaldes a que pongan mucho cuidado a cada una de las expresiones que puedan surgir de policías comunitarias, y precisó que no está en contra de ellas.
Dijo que sencillamente las “policías comunitarias están regidas en una ley que existe y que está vigente, pero que en la medida que la policía municipal no cumpla o que la policía estatal no acuda al llamado van a surgir este tipo de expresiones, a lo cual yo les convoco estén muy atentos y atentas”.
Ya en entrevista con reporteros, Astudillo Flores reiteró que el hospital no fue balaceado como se informó, que lo que fue es que dispararon al aire afuera del hospital, “cosa que no es menor”.
Insistió que el hospital de Tierras Prietas no fue balaceado y que era importante decirlo, y que se ha generado una violencia con “la participación de unos policías comunitarios que aparecieron y que el pueblo los está rechazando”.
En su edición de este sábado El Sur informó que hombres armados atacaron a balazos el viernes en la noche la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.
Según fuentes policiacas iban a rematar a tres policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que en la tarde resultaron heridos en una emboscada en Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
La emboscada en esa comunidad de la sierra de Chichihualco –donde el miércoles fueron asesinados también en una emboscada el comisario Joaquín Romero Ríos y su secretario Víctor González Luna– ocurrió el viernes a las 2 de la tarde, y dejó siete policías ciudadanos heridos.
Tres de ellos se encontraban en la sala de urgencias del hospital en Chilpancingo, cuando a las 10 de la noche la fachada de ese lugar fue baleada por hombres armados.
A las 11, ingresaron al mismo hospital los otros cuatro policías de la UPOEG heridos en la emboscada, que ocurrió en la carretera Filo de Caballos-Polixtepec, cuando los policías ciudadanos realizaban un recorrido de seguridad debido a los constantes hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días.

Programa para combatir dengue y chikungunya

Antes de la reunión con los presidentes municipales, el gobernador Astudillo Flores estuvo en la Unidad Deportiva Jorge Campos de Ciudad Renacimiento, donde junto al alcalde Evodio Velázquez Aguirre, dieron el banderazo para el inicio del programa de combate contra del dengue y chikungunya en el que se invertirán 23 millones de pesos.
Quien dio la explicación fue el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quien dijo que este sábado y hasta el 28 de febrero del 2016 se va llevar a cabo el programa de combate contra el dengue y la chikungunya, pues es uno de los principales problemas de salud en Guerrero y que son padecimientos que han afectado en los últimos meses a la población. Indicó que dicho programa se inició de manera simultánea en las siete regiones sanitarias del estado.
Informó que las actividades tienen el objeto de prevenir y controlar el dengue y la chikungunya con acciones de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, atención médica y control del mosco transmisor de estas enfermedades.
El funcionario informó que para dicho programa se hará rociado intradomiciliario a 600 mil viviendas, nebulizaciones en 25 mil hectáreas, y participarán en el programa mil 237 trabajadores, 122 vehículos, 63 máquinas nebulizadoras, 126 motomochilas, 52 termo nebulizadoras y la inversión será de 23 millones de pesos de los cuales el 50 por ciento será puesto por la federación y la otra parte por el estado.
Explicó que el programa será durante un periodo de cuatro meses y que con las acciones implementadas por la Secretaría de Salud federal y estatal, la participación de la población se “espera cumplir con los objetivos y metas del operativo, lo cual tendrá un impacto favorable en la salud del pueblo de Guerrero”, por lo que exhortó a todos a realizar actividades dentro de sus hogares como es el lavado, tapado y eliminando todos los recipientes que acumulen agua, y “con estas sencillas medidas evitaremos todos unidos combatir el mosco causante de las enfermedades”.
Mientras que el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que con la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, acordaron hacer algo importante para enfrentar dichas enfermedades, pues mucha gente le ha manifestado que ha tenido dicha enfermedad y, por eso, con el apoyo federal vamos a dar un “fuerte combate a este mosco”.
Agradeció la presencia del director nacional de enfermedades transmitidas por vector de la Secretaría de Salud federal, Gustavo Sánchez Tejada, y le pidió que le trasmitiera su agradecimiento a Mercedes Juan.
Explicó que la dependencia federal mandará todo el apoyo en acciones materiales y que el gobierno del estado pondrá más de 11 millones de pesos y que el lunes sarán los primeros 3 millones.
Mientras que el alcalde de Acapulco, Evodio Vela?quez Aguirre, agradeció el apoyo de las autoridades para combatir el dengue y la chikungunya y dijo que el municipio va a trabajar de la mano y también convocó a los ciudadanos para participar tirando los cacharros, que eviten que haya acumulación de aguas sucias para que no se pueda procrear el mosco.
Señaló que con esas sencillas medidas “podamos evitar que se siga procreándose en Acapulco, vamos a dar esta batalla de manera responsable y el gobierno municipal está a la orden de manera institucional trabajando en toda las áreas”.
El director de Salud municipal, Eger Gerardo Gálvez, informó que en Acapulco a la semana 44 se tiene registrados 715 casos de chikungunya; en el caso de dengue indicó que son 498 casos confirmados y 3 mil 500 sospechosos.
Dijo que las colonias donde más se han focalizado los casos de dengue son Real Hacienda, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Llano Largo, las tres secciones de la Jardín y Pedregoso. Resaltó el trabajo en áreas públicas como mercados, iglesias, parques y zócalo, con los 20 trabajadores de esa dependencia.
Asistieron también la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo; la diputada federal Verónica Muñoz Parra, y la diputada local Rosaura Rodríguez Carrillo; la subsecretaria de Regulación y Control de Fomento Sanitario, Irma Figueroa Romero; el representante de la Novena Región Militar, Raúl Gámez Salas, y el director general del Régimen Estatal de Prevención y Protección Social de Salud, Heriberto Huicochea Vázquez.

Hacer obligatorio el bono de fin de sexenio, proponen los trabajadores de la Fiscalía

La Asociación de Ministerios Públicos, Peritos y Policías Ministeriales, integrada por empleados de la Fiscalía General del Estado, pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores decretar el bono de fin de administración.
En una asamblea que se desarrolló en el salón de Los Lagos del parque Papagayo, la petición generalizada de los trabajadores de la Fiscalía fue gestionar el decreto del bono de fin de administración, y propusieron mandar la petición por escrito al gobernador para que promueva la determinación en el Congreso del estado, para evitar conflictos como ocurrió el pasado 20 de septiembre cuando los trabajadores del gobienro se declararon en paro laboral para exigir al ex gobernador Rogelio Ortega el pago de la gratificación de fin de sexenio.
Además, los empleados de distintas áreas opinaron sobre el cambio de fiscal que será este mes, y luego sobre la convocatoria de la carrera ministerial, y también se entregaron credenciales a los nuevos asociados.
En declaraciones a reporteros, la secretaria general de la asociación, Roxana Olea Apátiga, dijo que el motivo de la asamblea general fue hablar temas como el cambio de fiscal que será este mes, y las posturas de los asociados.
Agregó que otro tema fue exigir la publicación de la convocatoria de la carrera ministerial apara conocer los puntos que marca el reglamento y la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Recalcó que la petición generalizada por los trabajadores de diferentes áreas fue que el bono de fin de administración sea decretado por el gobernador Astudillo Flores y avalado por el Congreso del estado.
Olea Apátiga explicó que cada fin año el gobierno del estado otorga una “dotación complementaria”, sin embargo el bono de fin de administración no está estipulado como un derecho, y precisó que el bono de fin de año solamente lo tienen los trabajadores administrativos.
Añadió que en la próxima asamblea concretarán la petición jurídicamente para conocer qué posibilidades hay, “si se puede hacer, claro que se va a hacer, si no tenemos las posibilidades para hacerlo estamos totalmente maniatados para hacerlo legalmente, hay que analizarlo todavía”.
En la asamblea, los directivos de la asociación informaron que emitirán la convocatoria el próximo martes para una reunión extraordinaria y concretar la petición del bono de fin de administración.

“Ocurrencias”, acusaciones del candidato del PRI contra el del PRD, dice dirigente perredista

 

El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Tixtla, Luis Honorato Flores, aseguró que las acusaciones del candidato a alcalde por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, Saúl Nava Astudillo, en contra del perredista Hossein Nabor Guillén, “son ocurrencias” y exigió que si tiene pruebas de que hubo irregularidades en el manejo de programas sociales en administraciones pasadas las exhiba.
El viernes, en una llamada a esta redacción, Nava Astudillo denunció que su adversario del PRD, PAN y PT, Hossein Nabor Guillén, se benefició con programas sociales durante la administración municipal y estatal pasada, y aprovechó apoyos destinados a damnificados por la tormenta Manuel en el 2013 para beneficiarse políticamente.
El priista aseguró que cuando el PRI era oposición en el gobierno municipal de Gustavo Alcaraz, Hossein Nabor recibió apoyos correspondientes a programas sociales para beneficiar a personas allegadas a él; dijo que pasó lo mismo cuando Ángel Aguirre Rivero llegó al gobierno del estado.
Consultado ayer al respecto, Flores Honorato, quien además es coordinador de campaña de Nabor Guillén, aseguró que las declaraciones de Nava Astudillo “son ocurrencias”.
“Primero, categóricamente, desmentimos las ocurrencias de Saúl, porque los hechos a los que se refiere solamente los comenta, pero no presenta evidencias, esa es una acusación grave”, dijo.
Le exigió al priista que presente evidencias de las acusaciones que hizo en contra del candidato perredista y no se quede solamente en lo mediático.
“Yo creo que es una carencia de recursos, vemos sus declaraciones, pero en realidad no propone nada, no está haciendo campaña, se la pasará haciendo declaraciones por teléfono y así no va a convencer a la población”, señaló.
Reiteró la exigencia del PRD al Concejo Municipal de Tixtla, al gobierno del estado y a la federación, los tres encabezados por priistas, de que no metan las manos en la elección extraordinaria para beneficiar al candidato del tricolor, de lo contrario actuarán legalmente en su contra.
Explicó que si el sol azteca confirma que el PRI está haciendo uso de los programas sociales para hacerse del triunfo, la denuncia no será solamente ante los medios, sino también ante las autoridades correspondientes y presentarán las evidencias de dichas irregularidades.
Respecto a la postulación de miembros de la Asamblea Popular a través de Morena, para participar en la elección extraordinaria, dijo que al PRD le da gusto que el movimiento por Ayotzinapa se haya decidido por la vía electoral.
“A nosotros nos da mucho gusto, nos agrada, sobre todo porque, igual que Morena, llegamos a tener charlas y pláticas con ellos, independientemente de las estrategias, teníamos un fin común que es buscar que Tixtla trascienda y supere los niveles de pobreza”, expresó.

Denuncian profesores de bachillerato del estado hostigamiento para que cumplan la evaluación

Integrantes del Comité de Bases Ampliadas de la Educación Media Superior (CBAEMS), conformada por trabajadores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS), del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF) del estado, denunciaron que han sido hostigados para cumplir la evaluación del Servicio Profesional Docente.
Los representantes del CBAEMS, que se reunieron ayer frente al CETIS 135, informaron que no participarán en el proceso de evaluación y se unirán a la jornada estatal contra el examen de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora.
Representantes de CETIS y CBTIS en Acapulco, Pericles Ramírez Jiménez, Rafael Díaz Navarrete y Rosa Delgado Álvarez, junto con la representante del CETIS 135 de Chilpancingo, Josefina Jiménez Campos, declararon que el 27 de octubre entregaron un oficio a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, dirigido a su titular, David Tapia Bravo, en el que el CBAEMS manifestó su rechazo a la reforma educativa y a la evaluación.
En el oficio, el CBAEMS solicitó la intervención de David Tapia para reunirse con las autoridades federales a las que planteará las razones por las que están contra la reforma educativa y la evaluación: que ambas violan los derechos laborales de los trabajadores, además de que hay ambigüedad y falta de transparencia en los criterios que establece la ley del Servicio Profesional Docente.
El oficio fue firmado de recibido por la Coordinación Estatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior el 30 de octubre, y el CBAEMS no obtuvo respuesta de David Tapia.
Josefina Jiménez denunció que los trabajadores del CETIS 135, igual que el resto de los integrantes del CBAEMS, han sido hostigados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las escuelas, para que cumplan con el proceso de evaluación.
Según Josefina Jiménez, a los maestros se les informó de la modificación de la fecha de entrega del expediente de evidencias de trabajo, que concluyó ayer, la semana pasada y se les advirtió que quienes no cumplan con el proceso serán despedidos 15 días después de que el plazo venció, pero “nosotros estamos en contra, no enviaremos nada”.
Pericles Ramírez señaló que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer actúa contra los derechos de los trabajadores, y aseguró que miente al informar que más del 90 por ciento de los maestros en el país ya cumplieron con la entrega de evidencias de trabajo, “se trata de un campaña en la que el mensaje es ‘todos ya mandaron, sólo faltas tú’; de esa forma nos presionan para que aceptemos el proceso de evaluación”.
Además, Pericles Ramírez dijo que los representantes del CBAEMS acordaron reunirse en las instalaciones del CETIS 135, pero los administrativos no les permitieron el acceso por lo que su reunión tuvo lugar en la calle frente a la escuela, “esto es denigrante, y no es posible que nos cierren las puertas sólo porque no estamos de acuerdo con la evaluación ni con la reforma educativa”.
Por su parte, Rosa Delgado exigió que las autoridades estatales y federales respeten a los maestros, ya que son los que se encargan de los niveles elementales de la educación para que haya profesionistas en el país.

Tomarán clases alumnos de una primaria de la capital en remodelación en la Feria

 

El director de la primaria Lauro Aguirre, Juan Antonio Silvestre Guerrero, informó que las autoridades municipales gestionaron ante los administradores de la Feria de la capital el préstamo de sus instalaciones para continuar las clases en ese lugar mientras concluye la remodelación de la escuela.
El martes inició la demolición de la primaria Lauro Aguirre, ubicada frente a la iglesia de San Mateo, donde el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) construirá un edificio con 12 aulas.
Antonio Silvestre solicitó al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) el préstamo de sus instalaciones a la primaria, ya que se encuentran a pocos metros de la escuela, pero el sindicato se negó.
Después, Antonio Silvestre le solicitó al Ayuntamiento que prestara vallas metálicas, toldos, baños móviles y seguridad, para habilitar la plazoleta de San Mateo como sede alterna de la primaria, pero las autoridades no respondieron a la solicitud.
Luego de que Antonio Silvestre, apoyado por los padres de familia, emplazó a las autoridades a responder a su petición el viernes pasado, o de lo contrario se instalaría el inmueble necesario con recursos propios para evitar pérdida de clases, el Ayuntamiento intervino y consiguió que las instalaciones de la Feria, ubicadas en la colonia Los Ángeles, se habiliten de manera provisional para las actividades educativas de la primaria se lleven a cabo ahí hasta el 12 de diciembre.
Vía telefónica, Antonio Silvestre informó los acuerdos a los que llegó con las autoridades y que este lunes, con el apoyo de los padres de familia, trasladarán a la Feria sillas, mesas, butacas, pizarrones y el material necesario para continuar las clases, además de que se buscará la forma de recuperar los días que se suspendieron labores.
A la primaria Lauro Aguirre asisten unos 500 alumnos en el turno matutino y 300 en el vespertino, quienes recibirán clases en las instalaciones de la Feria, hasta que lleguen los comerciantes y juegos mecánicos que cada año se instalan durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, lo cual, según el director, no afectará las actividades de la escuela.

Bloquea el FUNPEG la Autopista del Sol; pide respeto al promedio mínimo y la libertad de Gonzalo Molina

Foto: Jessica Torres
Foto: Jessica Torres

13:26.   Unos 400 integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) que marchaban con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se separaron del contingente y bloquean desde las 12:55 la Autopista del Sol para exigir que se respete el promedio de 6 para ingresar a las normales públicas, una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, y la libertad del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.

Cuando llegaban al penal de esta ciudad, donde las organizaciones harán un mitin, los normalistas se dividieron, marcharon hacia la Autopista del Sol y la mantienen bloqueada totalmente en el cruce con la carretera federal México-Acapulco para exigir su liberación y respeto a las demandas de las organizaciones sociales.

Los normalistas bloquean los cuatro carriles de alta velocidad y las laterales con dos autobuses de Estrella de Oro y Altamar en sentido norte-sur, mientras que del lado sur-norte atravesaron un tráiler, y hasta la 1:15 de la tarde solo habían permitido el paso de una ambulancia.

Ayer los jóvenes egresados también marcharon y bloquearon durante 20 minutos la Autopista para exigir 180 plazas automáticas en cargos administrativos y de maestros y acordaron con el secretario particular del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, Abraham Godínez, que el martes serán recibidos por el funcionario estatal.