Debe integrarse la investigación de los vuelos de la muerte al expediente de la FGR: Octaviano Gervasio

El 19 de febrero de 2020, Octaviano Gervacio Serrano hijo del desaparecido Octaviano Gervacio Benítez, integrante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaprecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac, entregó un documento en la 35 Zona Militar, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, en el que familiares piden que se den a conocer archivos del Ejército del periodo de la guerra sucia Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Ramón Gracida Gómez

El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano declaró que la investigación militar de hace más de 20 años y que dio a conocer recientemente el reportaje sobre los vuelos de la muerte, no está integrada en las averiguaciones previas que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los desaparecidos de la guerra sucia.
El también asesor jurídico acusó que los casos de los desaparecidos no avanzan porque las instituciones no se coordinan, los agentes del Ministerio Público que llevan las averiguaciones fueron despedidos y reducidos a cuatro, y los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo se presentan y no piden información para continuar la investigación.
Octaviano Gervasio, hijo de un desaparecido en 1974 posiblemente llevado a la Base Aérea de Pie de la Cuesta consideró que es “complejo” buscar a las víctimas lanzadas al mar y aún más si no hay voluntad del gobierno federal, pero la investigación debe continuar con el acceso a los archivos militares y la comparecencia de los perpetradores.
El trabajo de Fábrica de Periodismo y publicado por El Sur se basa en gran parte de las declaraciones del militar y mecánico de aviación, Margarito Monroy Candia, que participó como testigo en el juicio contra los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, que se llevó a cabo entre el 2000 y 2002.
Con la lectura del reportaje, contó el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, con un tono de voz entrecortado, diferente al del resto de la llamada telefónica de 30 minutos, “todos nos pusimos muy mal la verdad como hijos de los desaparecidos; coraje, mucha maldita rabia”.
Octaviano Gervasio es hijo de Octaviano Gervasio Benítez, que fue detenido-desaparecido de manera forzada el 26 de julio de 1974, en el centro de Atoyac, sobre la calle Juan N. Álvarez, y luego trasladado al cuartel militar, que hoy es la Casa del Pueblo, sede del Ayuntamiento.
El hijo del desaparecido expuso que hay indicios de que su padre fue trasladado al Campo Militar No.1 y luego fue regresado a Guerrero, a la Base Aérea de Pie de la Cuesta, entonces existe una “alta probabilidad de que, mediante estos vuelos de la muerte, fue lanzado al mar, por eso para nosotros es una línea de investigación fundamental”.
El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia aglutina a 120 víctimas directas de la guerra sucia, 40 de ellas son por desaparición forzada. De esta última cifra, comentó su presidente, el 80 por ciento tendría el mismo circuito de desaparición que incluye Pie de la Cuesta.
“Da también mucha rabia que este gobierno del Estado mexicano siga con la maldita simulación y vamos a ir con todo hasta conocer la verdad, no nos importa si en un momento nos convertimos en enemigos del Estado mexicano y suframos represiones porque hoy en día exigir justicia es convertirse en enemigo del Estado mexicano”, agregó.
Octaviano Gervasio consideró que las declaraciones de Margarito Monroy son “muy importantes para el esclarecimiento de los hechos y éstos tienen que ser incorporados a las averiguaciones previas que están vigentes de cada uno de los desaparecidos, que está en la Fiscalía General de la República”.
El asesor jurídico señaló que la declaración del militar citado en el reportaje de los Vuelos de la muerte no la ha visto en ningún expediente de los casos de desaparecidos que lleva, por lo que exigió que debe ser integrada.
Comentó que no han podido hablar con el fiscal Alejandro Gertz Manero, “no ha dado la cara”, y que han sido despedidos los ministerios públicos encargados de las averiguaciones previas de los desaparecidos de la guerra sucia, algunas de éstas integradas de manera individual y otras colectivas, “y hoy son atendidos por tres o cuatro ministerios públicos federales. Eso es terrible, ¿no?”
Acusó que no hay coordinación entre las FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ocasiona que no avanzan las averiguaciones previas y “está todo parado”.
Expuso que intentaron involucrar a los asesores jurídicos de la CEAV, pero “nos dimos cuenta que solamente nomás iban a las comparecencias, entregaban su cédula y se daban de presente y no hacían ningún uso de la voz en las comparecencias, no solicitaban ningún dato de investigación que llevara al acceso a la verdad”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos contó que algunos asesores jurídicos de la CEAV les confesaron que si realizaban tal acción los iban a despedir, y de hecho han despedido “constantemente”.
Sin embargo, “hemos logrado que se realicen algunas diligencias de investigación básicas que no se habían realizado, como por ejemplo, pues la criminalística de campo, inspección del lugar de los hechos, que algunos testigos comparezcan a declarar”, destacó.
Octaviano Gervasio consideró que la investigación de los vuelos de la muerte es “compleja, más aún cuando no existe la voluntad del Estado mexicano”, pero se debe seguir con la investigación de los archivos y citar a comparecer a los probables responsables.
“Yo considero que es complejo por lo menos encontrar los restos, o sea, eso se ve y lo reconocemos que se ve complejo, pero lo que sí se puede lograr, es decir, sí efectivamente fueron lanzados al mar y fulano de tal fue llevado de aquí para allá y para allá y para allá, y fue ejecutado por este elemento militar”, indicó.
Resaltó que el reportaje indica que los militares les tomaron fotos a las víctimas antes de ser lanzadas al mar, “o sea, ellos tienen esos archivos; lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que ha hecho en esta administración federal, él se ha dedicado a defender a ciegas a elementos criminales del Ejército”.
Acotó: “todos los familiares directos de los desaparecidos, casi por naturaleza no pertenecemos y nunca hemos limitado en ese partido del PRI porque precisamente bajo esos regímenes priistas se cometieron estos terribles hechos. El 100 por ciento pertenecemos a la izquierda”.
Consideró los crímenes de la guerra sucia equiparables a los actos de Adolfo Hitler en Alemania y en Europa, “sí, aunque parezca increíble, insólito, es la verdad en el municipio de Atoyac de Álvarez, y sus comunidades, y Tecpan de Galeana”.
Sin embargo, insistió, “ha habido una simulación por parte del Estado mexicano, simulan que están haciendo el trabajo para darle el acceso a la justicia las víctimas de estos terribles hechos, pero es una simulación aberrante. Nosotros nos hemos tenido que ir abriendo pasos en un camino lleno de espinas”.
Dijo que el Colectivo de Esposas e Hijos quiere que se conozca la verdad de los hechos y que se castigue a los responsables “porque hay muchísimos” y puso de ejemplo a Margarito Monroy si es que aún viviera. Sin embargo, reprochó, la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh), no les ha informado que haya citado a un solo militar hasta el momento.
Aun así, se ha avanzado en la identificación de las siete víctimas encontradas, con la participación del colectivo de Esposas e Hijos, en fosas clandestinas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso en septiembre pasado.
Octaviano Gervasio adelantó que “prácticamente en días” se realizará la entrega digna de los restos a los familiares. Y las carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General del Estado (FGE) serían atraídas por la FGR para que se puedan judicializar.

 

Muestra colectivo prendas halladas en ex batallón de Atoyac y que la FGR omitió sobre la guerra sucia

Arriba las partes de ropa que fueron encontradas en las excavaciones en Atoyac que fueron desestimadas por la FGR. Abajo integrantes del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia de Atoyac, Carmen Uturio y Octaviano Gervasio, con la investigadora del INAH Lidia Iris Rodríguez y Bartolo Hernández en conferencia de prensa Fotos: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia, presentó indicios de que la Fiscalía General de la República (FGR) no tomó en cuenta en la última diligencia de la investigación que se realiza en las ex instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Atoyac.
Los familiares de las víctimas también afirmaron que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de la que renunció Alejandro Encinas para irse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, no logró avances importantes en la investigación de este periodo, además de que en este gobierno se continúa protegiendo al Ejército.
Ayer en conferencia de prensa en Chilpancingo los familiares de las víctimas, miembros de la Asociación de Ejidos y Comunidades y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), presentaron decenas de indicios como diferentes prendas de vestir, algunas de ellas en tiras y otros fragmentos de tela que fueron utilizados para atar manos y pies.
La arqueóloga y maestra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Lidia Iris Rodríguez Rodríguez informó que los peritos de la FGR omitieron todas las evidencias que se encontraron en las excavaciones que se realizaron en las ex instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Atoyac.
Mostraron fotografías de prendas completas y otras fragmentadas, todas halladas en ese lugar y que podrían ser de personas desaparecidas por el Ejército en la década de 1970.
En la conferencia estuvieron Octaviano Gervasio, Carmen Iturio Nava y Bernardo Hernández, hijos de tres desaparecidos por el Ejército en dicha década, quienes reprocharon que la Fiscalía no aceptó ampliar las investigaciones con la ropa de que hallaron en fosas, sobre todo porque en éstas se puede encontrar información genética y elementos como ataduras con cordones, o tiras de ropa de los propios desaparecidos.
Al no tomar en cuenta estos elementos, consideraron que se pierde la oportunidad de que los familiares de los desaparecidos puedan identificar la ropa con la que las víctimas fueron vistas por última vez.
Lidia Iris Rodríguez dijo que en investigaciones que se realizaron por casos de desapariciones forzadas en Argentina y Brasil se hallaron ropas, y eso derivó en que las autoridades pudieran establecer la identificación de las víctimas, sin embargo, en la investigación que se realiza en México, se decidió no tomar en cuenta estos elementos.
Además señaló que sería importante continuar las excavaciones en las antiguas instalaciones del 27 Batallón en Atoyac, pero recordó que ahora son instalaciones del gobierno municipal llamada Ciudad de los Servicios.

No se pudo llegar a la justicia

Tras la salida de Alejandro Encinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para unirse al equipo de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, los familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia señalaron que no hubo avances importantes, principalmente porque no se pudo llegar a la justicia.
También reprocharon que el actual gobierno federal continúe protegiendo al Ejército, “nosotros estuvimos en el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la guerra sucia un día antes que Alejandro Encinas dejara el cargo, y dijimos que no hay ningún avance objetivo y que el Ejército sigue ocultando la información”, mencionó Octaviano Gervasio.
Los hijos de las víctimas de desaparición forzada consideraron que es difícil que en los últimos 11 meses que le quedan en funciones a la Comisión para el Acceso a la Verdad pueda cumplir con lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, de esclarecer dichas desapariciones y castigar a los responsables.
“Aseguran que hay avances en esta Comisión que se creó pero es mentira, y prueba de ello es que fracasó la comparecencia de 300 militares como probables responsables de la desaparición de personas (…) lamentablemente vemos una cerrazón, y sin una voluntad plena del secretario de la Defensa (Luis Crescencio Sandoval) para abrir los archivos con el propósito de darle una protección indebida a esos criminales, que están o estuvieron en el Ejército”, dijo en la conferencia Octaviano Gervasio.
Reiteró también que no todos los militares son malos, y que lo que ellos como víctimas solicitan es que, “se quite ese pacto de impunidad porque de seguir así van a continuar las desapariciones forzadas, como sucede actualmente en el estado”.

No confían familiares de víctimas en que el AGN les dé acceso a los archivos del Cisen

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, declaró que no tienen confianza ni hay garantías de que se abrirán los archivos de las violaciones graves a los derechos humanos durante la guerra sucia al ser transferidos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Archivo General de la Nación (AGN).
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido por el Ejército en Atoyac en 1972, explicó que ya tiene tiempo que el gobierno federal informó que diversos archivos fueron depositados en el AGN pero que han hecho solicitudes y no han tenido acceso a ellos.
El miércoles, el director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, aseguró que ya recibieron documentos “históricos” relacionados con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y corrupción, pero no precisó cuántos.
Consultado ayer por teléfono, el abogado Gervasio Serrano, recordó que ya han venido diciendo desde hace tiempo que han hecho transferencias de archivos y que hay acceso a ellos.
Pero aclaró que “una cosa es lo que se dice y otra es que sea efectiva. La verdad es que no tenemos confianza por los antecedentes que hemos tenido”.
Acotó que ojalá ahora así sea, “pero tan no hemos tenido información hasta ahora, que no sabemos dónde están nuestros familiares, no hay ningún indicio de donde están”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, informó que desde que les informaron que varios archivos de las violaciones a los derechos humanos se entregaron al AGN han solicitado acceso a los documentos como Colectivo y de manera particular algunos familiares de desparecidos, “pero nos los han negado”.
Explicó que el argumento es que se trata de información “reservada”.
Insistió que no hay garantía de que los familiares de las víctimas tengan acceso a ellos “por más que se hayan transferido del CNI al AGN”.
Agregó que lo que dijo el director del Archivo General de la Nación el miércoles, es sólo un anuncio más “por los tiempos que estamos viviendo” en referencia a los tiempos electorales, e insistió que “otra cosa es la realidad”.
Reprochó que en los hechos no hay acceso a la información y ni a la justicia a las víctimas, “hasta el momento no hay un acceso pleno a la justicia a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Es la verdad, no es que estemos hablando por hablar”.
Con respecto a los Lineamientos del Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, publicados en el Diario Oficial de la Federación, para las víctimas reconocidas de entre 1965 y 1990, que se dieron a conocer el mismo miércoles, celebró que vaya a ser un procedimiento abreviado.
El miércoles se informó que el gobierno federal dará compensaciones económicas a víctimas directas e indirectas de violaciones graves de derechos humanos durante el periodo conocido como “guerra sucia” y dio a conocer los lineamientos.
Gervasio Serrano explicó que la reparación del daño, es parte de una justicia integral y que está establecida en La Ley General de Víctimas en la que se marca un procedimiento ordinario y abierto para todas las víctimas.
“El miércoles se publicó el acuerdo emitido por Alejandro Encinas como presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia en el que se da a conocer y se acuerda el procedimiento administrativo especial y abreviado para la reparación integral”, dijo y agregó que se trata de un derecho humano al que tienen las víctimas.
Informó que eso está establecido en la Ley pero que el Estado Mexicano había sido omiso “y en ocasiones tiene uno que promover algunos recursos pero en este caso se comenta que va a ser un procedimiento abreviado”.
Gervasio Serrano añadió que ahora van a estar pendientes para que en realidad “se les dé a las víctimas el acceso a la reparación integral, justa y adecuada de acuerdo al hecho victimizante que lamentablemente han vivido”.
Advirtió: “Que el Estado no vaya a querer engañar a las víctimas otorgándoles una reparación inadecuada, sino que sea conforme al hecho victimizante y a las afectaciones que hayan sufrido cada víctima, sobre todo porque son crímenes de lesa humanidad”.

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

La marcha del domingo para apoyar al Ejército en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.