Lleva más de un año de retraso la entrega del Hospital Regional de Coyuca de Catalán

 

El nuevo edificio para el Hospital Regional de Coyuca de Catalán lleva más de un año de atraso para entrar en funcionamiento, pese a que el edificio está completamente terminado, ya que falta equipamiento; es una obra que se anunció en los últimos meses del gobierno de Zeferino Torreblanca y se llevó la administración de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega construyéndose.
Se trata de un edificio para el cual Zeferino Torreblanca Galindo dijo, dos meses antes de salir, que dejaba 50 millones de pesos para que se comenzará la obra; sin embargo, esta construcción comenzó un año después.
Ángel Aguirre Rivero puso la primera piedra del edificio, pero fue seis meses después que comenzó la construcción, en octubre de 2012.
Esta obra estaba programada para concluirse en octubre de 2014, sin embargo la construcción se extendió a causas de varios detalles y porque no se liberaban los recursos; fue concluido en marzo de este año.
Ahora, el hospital no funciona porque no lo han equipado. El plan es que, una vez que comience a operar, el Hospital Guillermo Soberón Acevedo podría dejar de funcionar y ser trasladado a este nuevo edificio.
En un inicio, se esperaba que esta obra fuera un nuevo hospital totalmente independiente del Guillermo Soberón, que daría atención alterna para tener dos hospitales operando en Tierra Caliente y evitar la saturación de pacientes. Sin embargo, los planes cambiaron y se anunció que serían solamente las nuevas instalaciones, operando con el mismo personal que trabaja en el Guillermo Soberón, que será cerrado.
Durante la construcción del nuevo edificio, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo quien dio el visto bueno al terreno donde se iba a comenzar la obra, que también fue visitado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero que en varias ocasiones supervisó la construcción; finalmente, también fue visitado por Rogelio Ortega Martínez. Aún así, el edificio sigue abandonado.
A pesar de que el edificio cuenta ya con su estructura faltan los servicios básicos municipales, como el agua potable y el drenaje, toda vez que en esa zona no hay red de ninguno de los dos sefvicios.
Ahora pasará a manos de la administración de Héctor Astudillo Flores, todavía sin iniciar su funcionamiento.

Hay 2 mil campesinos ficticios en padrón de fertilizante en Coyuca de Catalán, dice el alcalde

En una revisión al padrón del Programa Fertilizante en Coyuca de Catalán, se detectaron que hay más de 2 mil personas que no existen, pero cobraban los apoyos para el campo, aseguró el presidente municipal Abel Montúfar Mendoza.
Abordado en su oficina acerca del problema agrario por la sequía, dijo que se están tratando de buscar, por todas las vías, que lleguen los recursos para los campesinos del municipio y se avance en la entrega de los apoyos.
“Sin embargo tenemos el problema de que hay gente que no ha sido honesta, estamos revisando el padrón del fertilizante y encontramos más de 2 mil personas que no existen, que son ficticias, y reciben apoyos, a ese paso creo que podríamos llegar a 3 mil productores que no existen”, indicó.
Dijo que el padrón de fertilizante llega a los 11 mil productores, que representan un promedio de 2 hectáreas por cada uno, y que en ese padrón encontraron lo ficticios.
Abel Montúfar destacó que en la parte de la sierra se requieren de apoyos para el campo, para siembras alternas al maíz, y que la gente está pidiendo, “vamos a impulsar el aguacate en la sierra, estamos viendo eso, porque la gente lo pide”, expresó.
Acerca de posibles obras pendientes del gobierno federal en el municipio, dijo que no hay ninguna, porque la administración anterior tampoco gestionó obras, “yo veo con tristeza que municipios como Zirándaro tienen importantes obras, pero nosotros no”.
Dijo que en lo que respecta al campo, sólo está al pendiente de “las formas con las que vamos a trabajar con el nuevo gobierno, primero porque en el tema del fertilizante yo creo que Astudillo cumplirá su palabra, de entregarlo de manera gratuita”.
También aseguró que faltan más comunidades a las que se les tienen que entregar los cheques del seguro de sequía, que solamente llegaron para tres.

Se requieren 250 mil pesos para mantener el museo regional de Coyuca de Catalán

El señor Ángel Pérez Palacios reclama al gobierno del estado más de 250 mil pesos para poder seguir con el museo regional instalado en Coyuca de Catalán, por un acuerdo que se venció el pasado martes para su permanencia.
De acuerdo a un documento enviado por Rey Hilario Serrano, a la Secretaría de Cultura, hasta febrero del 2014, se le debía al señor Ángel Pérez Palacios la cantidad de 214 mil pesos, por el concepto de mantenimiento de las instalaciones del edificio que están en comodato del museo regional. El monto se fue acumulando del último año.
El edificio fue cerrado desde el año pasado, tras la muerte de Alejo Montes de Oca quien era el encargado, primero con el pretexto de los daños que sufrió por el sismo y después, colocaron un letrero en la entrada que dice “cerrado por falta de pago de mantenimiento por parte del gobierno del Estado desde 2010 al 2015”.
Y es que de acuerdo a un documento firmado en octubre de 2010 por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, la casa ubicada en la plaza principal de Coyuca de Catalán, sería prestada para el museo con la consigna de que el gobierno “solo pagaría el mantenimiento del inmueble”.
De acuerdo al documento valorado por la administración de Rey Hilario, hasta 2014, se le debía al señor Ángel Pérez Palacios la cantidad de 214 mil pesos, por “fumigaciones” y reparaciones al inmueble durante los cuatro años, más lo que se acumuló del último año.
El edificio está cerrado y cuenta con piezas arqueológicas regionales, artículos propios de la Tierra Caliente como herramientas de trabajo, entre otras piezas, que el señor Alejo Montes de Oca rescató.
Era el único museo completo en la región, y que se mantiene cerrado. Apenas lo abren para limpiarlo. El convenio con el gobierno estatal vencía el 27 de octubre de este año, según el acuerdo y no se conoce lo que pasará después.
El responsable Valentín Rueda aceptó que la Secretaría de Cultura en meses pasados valoraba la posibilidad de moverse de Coyuca de Catalán a otro municipio, donde se solventara la falta de apoyo.
Con la entrada de los nuevos gobiernos se espera que los ayuntamientos, busquen en el gobierno del estado albergar las exposiciones arqueológicas y las tradicionales de la región que hasta el momento están guardadas.
Aun así, la familia Pérez Palacios había prestado también muebles antiguos para una librería grande donde también estaban haciendo una hemeroteca regional con diarios antiguos que fueron recolectando.
Se espera que a finales de noviembre, esté completamente listo el complejo Cultural en Altamirano, que tendrá espacio para un gran museo, pero aun no hay las piezas para armarlo.

Confisca la Policía Estatal tres camionetas con reporte de robo con violencia en Coyuca de Catalán

La Policía Estatal confiscó tres camionetas de lujo con reporte de robo con violencia, la madrugada de este domingo, que usaba la delincuencia organizada en el municipio de Coyuca de Catalán.
Los vehículos estaban en un camino de terracería cerca de Santa Teresa, Coyuca de Catalán, y eran usadas por un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona.
A las 5 de la mañana la Policía Estatal instaló un retén para revisar vehículos en las comunidades Santa Teresa, Paso de Arena, El Naranjo y Placeres del Oro, y reportó que se encontraron tres camionetas abandonadas en un camino de terracería.
Se informó que revisaron 25 carros y seis motocicletas, y verificaron los datos de 50 personas para ver si tenían antecedentes penales.
La Policía Estatal informó que fueron confiscadas tres camionetas de modelo reciente que tenían reporte de robo con violencia según la base de datos nacional.
Vecinos de poblados cercanos dijeron que las camionetas confiscadas eran usadas por personas de la delincuencia organizada y trascendió que serían puestas a disposición del Ministerio Público este lunes.
Las comunidades donde se realizó la operación son las que protestaron porque la Policía Federal hizo cateos recientemente en sus casas; los vecinos dijeron que fueron víctimas de saqueos y robos.

Pide justicia Albertano, a un año de la emboscada en que murieron sus hijos

 

A poco más de un año de que sufrió una emboscada con armas de grueso calibre en la comunidad de Banco Nuevo, y en la que fueron asesinados dos de sus hijos, el campesino ecologista de la sierra de Petatlán, Albertano Peñaloza Domínguez pidió ayer justicia para su familia y solicitó al procurador, Eduardo Murueta Urrutia, que se investigue hasta dar con los responsables, “porque no queremos hacer justicia por nuestras propias manos”.
Al enterarse de que el próximo sábado estará en Banco Nuevo el obispo Samuel Ruiz, y que celebrará una misa, invitado por la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Albertano Peñaloza demandó que el religioso pida por la justicia para su familia, “no queremos hacerlo por nuestras propias manos, por eso tenemos una ley y estamos a respaldo de ella”.
El 19 de mayo de 2005, cerca de las 10 de la noche, Albertano Peñaloza regresaba a su casa en la comunidad de Banco Nuevo, en la sierra de Petatlán, a bordo de su camioneta junto con cuatro de sus hijos; habían ido a la comunidad de El Mameyal a comprar la despensa y ya abrían el falsete del terreno que da a su casa, cuando empezaron a ser tiroteados.
Armando y Abatuel Peñaloza Mojica, de 21 y 11 años de edad, quedaron muertos en el interior de la camioneta; mientras que sus hermanos, Adalid, de 15 años e Isaac, de 18, resultaron heridos al igual que su papá, Albertano Peñaloza.
Luego de la balacera la esposa del campesino ecologista y madre de los jóvenes muertos y heridos, Reyna Mojica Pérez, se llevó a su hijo Isaac a una clínica particular en Zihuatanejo, pues resultó con un balazo en el brazo izquierdo que se le introdujo en el costado y afectó sus pulmones, así como otro balazo más en el pie del mismo lado.
La mujer no estuvo en el sepelio de sus hijos y sólo volvió a ver sus cadáveres cuando tres meses después, regresó a Banco Nuevo con la fiscal Ciria Alarcón Díaz, de la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), de Chilpancingo, junto con el entonces agente del MP de Tecpan de Galeana, Esteban Maldonado Palacios, para hacer la exhumación de los cuerpos y hacerles la necropsia.
Desde el día de la agresión a la fecha, han pasado 376 días y la familia Peñaloza Mojica continúa esperando justicia, aunque a decir del campesino Albertano, ellos decidieron no presentarse a declarar más porque quien estuvo al frente de la exhumación de sus hijos fue Esteban Maldonado Palacios, “el mismo que le hizo todos los trabajos sucios a Bernardino (Bautista Valle, conocido por los campesinos como el cacique maderero de la región) y fue el que nos integró la averiguación por la que echaron a la cárcel a Felipe (Arriaga Sánchez)”.
La denuncia a la que se refiere Peñaloza Domínguez es la acusación contra 12 campesinos ecologistas, entre ellos él y Felipe Arriaga, de haber participado en una emboscada donde murió Abel Bautista Guillén, hijo de Bernardino Bautista Valle.
Por ese delito Arriaga estuvo preso de noviembre de 2004 a septiembre de 2005; es decir, 10 meses y 11 días en el penal de Zihuatanejo.
Albertano Peñaloza dijo: “tenemos desconfianza, vimos que ese Esteban Maldonado estuvo muy interesado en querer saber todo de nosotros, por eso Reyna (su esposa) ya no se presentó a declarar; sí queremos que se nos haga justicia, pero le pido al procurador que quite a esa persona que le hizo mucho daño a los campesinos”.
A pregunta expresa, comentó que el caso de la emboscada en su contra y el asesinato de sus hijos está olvidado, y lamentó que los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan no le estén dando seguimiento, “no sé hasta cuándo va a empezar de nuevo; yo creo que hasta que Reyna declare, quizá los (abogados) de Tlachinollan tienen temor de que la vayamos a regar porque Reyna tiene que declarar y yo les dije que si se podía pronto, pero ellos me dijeron que no, que todo tiene un proceso y por eso pienso que se va a alargar”.
Y abundó: “creo que esto va para largo y nosotros no podemos hacer nada; apenas hablé con Mario (Patrón Sánchez, abogado de Tlachinollan) para ver si nos juntábamos en Tlapa para eso del aniversario de su organización, pero no sé si voy a poder ir, estamos muy desgastados (económicamente)”.
Dijo que en el lugar donde se encuentra ahora con su familia, es completamente distinto a Banco Nuevo y el modo de ganarse la vida es más difícil, “porque allá en Banco Nuevo teníamos todo”.
Más adelante sostuvo que sí regresarían a Banco Nuevo, que incluso, quisieron hacerlo para recodar allá el primer aniversario de la muerte de sus hijos, pero que no lo hicieron por sus condiciones económicas y por temor, “acá nos llegan las noticias de que allá anda gente armada y tenemos temor de que nos vayan a hacer otra cosa”.
“A mí sí me dolería que me mataran a otro de mis hijos, para ellos (los caciques y explotadores del bosque) es normal, pero para mí no porque nosotros no le hemos hecho daño a nadie, lo único que hemos hecho fue decir basta a la tala y a los incendios del bosque”, indicó.
Añadió: “nuestro caso se lo pusimos a las autoridades y en ningún momento estamos pensando en planes de venganza, confiamos en la justicia y en las leyes, si no, quién sabe qué vaya a pasar”.
Luego, al exponerle que el próximo sábado estará en Banco Nuevo el arzobispo Samuel Ruiz, y que ofrecerá una misa, Albertano pidió que el religioso pida por la justicia para su familia, “no queremos hacerlo por nuestras propias manos, por eso tenemos una ley y estamos a respaldo de ella”.
E insistió en el llamado al procurador Eduardo Murueta, “nosotros sí estamos dispuestos a seguir con el caso, pero que se cambie al MP, ya no queremos que esté Esteban Maldonado porque ese fue el que le hacía todos los trabajos sucios a Bernardino Bautista, eso es lo que le pido y nosotros seguiremos con el caso”.

Los excluyen del padrón de fertilizante en Coyuca de Catalán, dicen perredistas

 

Productores agrícolas de Chámacua de Michilena y Rincón Chámacua, de este municipio denunciaron ayer que fueron excluidos del padrón de beneficiarios de fertilizante por ser perredistas o por no aceptar votar por Roberto Madrazo, condición a cambio de la cual el Ayuntamiento les entrega el insumo.
Los campesinos que pidieron omitir sus nombres precisaron que, no obstante, alguno de ellos volvieron a ser admitidos en el programa pero con un número menor de bultos de fertilizante.
Dijeron que en el presente ciclo agrícola fueron excluidos del padrón de beneficiarios de fertilizante unos 200 productores porque son identificados como perredistas. Indicaron que debido a las protestas, algunos fueron admitidos, pero de 18 bultos que recibían sólo les dieron la mitad.
Comentaron que a los campesinos Santos Sánchez y Beatriz Avellaneda ya no les dan nada, después de que desde que surgió el programa habían estado inscritos. “A otros como José, Santos y Candelaria Hurtado Jaimes, que ni tienen tierras les dan de a 18 bultos”, acusaron.
Dijeron que como estos casos hay otros como Isaías Hernández, a su esposa Nicolasa y a su hijo Cipriano “que no tienen ni una hectárea completa y también les dan de a 18 bultos y a nosotros sólo nos dan la mitad, nomás por ser perredistas”.
Los inconformes dijeron que hay otros que viven en Estados Unidos y les siguen dando fertilizante “como Adriana Tapia Palacios, Severiano Jaimes, Manuel Avellaneda y Eva Castrejón”.
Culparon al director de Desarrollo Rural Pablo Medrano y otro funcionario del Ayuntamiento llamado Juan Maldonado, a los que también acusan de condicionar la entrega del insumo a cambio de votar por Roberto Madrazo, candidato de la Alianza por México a la presidencia de la República.
“Yo ya pagué con otras personas 333 bultos de fertilizante, pero no nos los han dado porque no soy del PRI. Que si voto por el PRI sí me los dan, me dijeron los de Desarrollo Rural”, aseguró uno de los campesinos.

De Coyuca de Catalán y recién llegado de Tamaulipas el hombre ejecutado de 4 balazos




El hombre que fue hallado muerto con cuatro balazos en la cabeza afuera de un auto compacto (la versión oficial dice que en el interior) sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo la mañana del jueves, fue identificado como Nicolás Ochoa Almonte, originario de la comunidad de Pinzán Morado, municipio de Coyuca de Catalán y quien recientemente había regresado de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, informó este viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El parte informativo de la dependencia indica que el cadáver de Ochoa Almonte fue identificado por su esposa, Mónica González Jiménez, y dijo que vivía en Ciudad Altamirano y que su esposo se dedicaba al cultivo de Tilapias en estanques artificiales en los municipios de Pungarabato y Arcelia.
La viuda indicó que el auto Chevrolet, Astra blanco modelo 2006 donde fue encontrado el cuerpo de su esposo asesinado, lo había comprado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y recientemente había regresado a Guerrero.
El jueves por la mañana, agentes de la Policía Federal Preventiva sector caminos descubrieron el cuerpo de Ochoa Almonte afuera del auto compacto en el camino de terracería que conduce al poblado de Tranca del Golpe, desde la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Aunque las primeras versiones indicaron que el hombre fue hallado en esas condiciones, la versión oficial dice que el cuerpo estaba adentro del vehículo.
La víctima tenía cuatro impacto de bala calibre .9 milímetros en la cabeza, uno de ellos en la nuca y otro en la sien derecha, indica el parte informativo.

Pide la Codehum sancionar al juez de Coyuca de Catalán que amenazó a un reportero




La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), envió este viernes una opinión y propuesta al alcalde de Coyuca de Catalán, Orbelín Pineda Maldonado, en la que pide que se le aplique la ley de servidores públicos al juez de barandilla Socorro Castro Gama, por haberle violado sus derechos al reportero Agustín Hernández Valerio.
De acuerdo al oficio 179/2006, la Codehum, advierte que le fueron violados los derechos a Hernández Valerio e intentar amedrentarlo o amenazarlo con remitirlo al Ministerio Público.
Se trata de una denuncia presentada por el reportero en contra del juez de barandilla, por haberlo detenido en el mes de diciembre y en donde lo amenazó con ponerlo a disposición del Ministerio Público por “usurpación de profesiones”, porque se acreditó con unas credenciales como “reportero” solamente.
El documento de la Codehum se advierte que el juez de barandilla calificó en su propia declaración, a los medios de comunicación para los que trabaja el reportero como “chafas”, a lo que la comisión le señala que “no tiene la calidad para calificar a los mismos”.
El llamado que le hacen a Orbelín Pineda, es para que en sesión de cabildo, se le aplique la ley de servidores público al juez y conteste en ocho días a partir de la notificación, de lo contrario “emitirán la recomendación correspondiente”.
El abogado Socorro Castro, fue el representante legal del síndico de Coyuca, Simón Gama García, con quien mantiene parentesco, en el caso en contra de dos periódicos de la región y tres reporteros, a quienes demandaba por daño moral, y esta misma semana retiró su petición.

El síndico de Coyuca de Catalán retira su demanda contra diarios y reporteros




El síndico de Coyuca de Catalán, Simón Gama García, se desistió de la demanda interpuesta contra los periodistas y directores de dos periódicos locales.
El asesor jurídico del grupo de trabajo para el seguimiento a las agresiones a periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara Diputados federal, David Peña, se regresó ayer mismo luego de la reunión con los periodistas demandados por el síndico.
Gama García alegaba daño moral por la publicación de una nota en la que fue exhibido ebrio, y reclamaba una indemnización por dos millones de pesos. La demanda la mantiene únicamente contra el Ayuntamiento de Pungarabato.
La determinación del funcionario municipal se dio a conocer la tarde de ayer a los periodistas, quienes obtuvieron la copia del oficio 59/2006, en la que Gama comunica a la juez de primera instancia en materia civil y familiar del Distrito Judicial de Mina, su desistimiento de la acción civil, “intentada por daños e indemnizaciones de posperjuicios causados en contra de los directores de los diarios El Debate de los Calentanos y Despertar del Sur así como contra los reporteros Agustín Hernández Valerio, Israel Flores Rodríguez y Cecilio Pineda Birto”.
Los propios reporteros informaron lo anterior, después de una reunión sostenida con el asesor jurídico del grupo de trabajo para el seguimiento a las Agresiones a Periodistas y medios de comunicación, David Peña, quien llegó esta misma tarde de la Ciudad de México y hoy mismo se regresó.

Detienen militares a dos jóvenes en un sembradío de amapola en la sierra de Coyuca de Catalán



Militares del 19 Batallón de Infantería detuvieron el sábado pasado a dos jóvenes que sorprendieron en un sembradío de amapola, en los límites con el poblado de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UNAM) en Zihuatanejo.
Fuentes de la UMAN revelaron que la detención ocurrió cuando los militares hacían un recorrido por aquella parte de la sierra guerrerense para combatir el narcotráfico.
La misma fuente agregó que los soldados descubrieron un sembradío de amapola de aproximadamente 5 mil metros cuadrados y que en ese lugar estaban Pedro Pineda Nava, de 21 años de edad, con domicilio en el ejido de la Soledad de la Palma, municipio de Petatlán; y a Juvenal Custodia Silva, de 18 años, originario de El Venado, municipio de Coyuca de Catalán.
Los dos jóvenes se dedicaban a rayar los bulbos de la flor de amapola para extraerles la goma y fueron puestos a disposición del MP federal junto con una camioneta Nissan tipo pick up, 4 x 4, color blanco, modelo 1993, sin placas, la cual estaba estacionada en el sembradío.
Asimismo, cinco recolectores (botes metálicos) con residuos de goma; dos raspadores; y 10 plantas de amapola, las cuales fueron enviadas al área de servicios periciales de la PGR para ser analizadas.