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Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno

 

El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.

Dicen familiares de 14 desaparecidos de Chilapa que los convocó la SEIDO para darles informes

 

Una comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa fue llamada este viernes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que les informaron que esa dependencia federal está a cargo de las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro expuso que fueron llamados a la SEIDO en la Ciudad de México este viernes, porque les proporcionarían información sobre sus desaparecidos.
El 23 de octubre, una comisión de familiares de desaparecidos acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.
Ahí se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos, Heber Omar Betanzos, y les informaron que ellos investigan 24 desaparecidos anteriores al 9 de mayo d 2015, cuando civiles armados incursionaron en la cabecera municipal.
En la Segob, les dijeron que las investigaciones sobre 14 desapariciones perpetradas durante la irrupción de los civiles armados, que se quedaron en Chilapa hasta el 14 de mayo, estaba en manos de la SEIDO, porque hay indicios de que estuvo involucrado el crimen organizado.
Para viajar a la Ciudad de México, los familiares de desaparecidos en Chilapa cubren sus propios gastos, pese a que la mayoría son de escasos recursos, y varios desaparecidos eran el sustento de sus hogares.
A tres días de cumplirse seis meses de que familiares comenzaron a exigir la aparición con vida de varios vecinos de Chilapa, las víctimas desconocen el paradero de sus parientes, y pese a que las familias se han reunido con autoridades federales, no les han dado información.
La lista de desaparecidos que los familiares tiene asciende a 55 personas, de las que tienen un registro con relatoría de hechos; de las 55 víctima, 38 cuentan con una denuncia ante el Ministerio Público (MP) federal.
Sin embargo, los familiares aseguran que la lista de desaparecidos es de unas cien personas, pero que algunas no quieren denunciar, por temor a sufrir represalias, o por desconfianza de que las autoridades no investiguen.

Urgen al gobernador a que convoque a partidos y sociedad a enfrentar el crimen organizado

 

Sólo unos cuantos políticos que acudieron al velorio del diputado local del PAN, José Jorge
Bajos Valverde, exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que cumpla con su
deber de garantizar la seguridad a los guerrerenses y a que convoque a toda la sociedad a
enfrentar al crimen organizado.
El más incisivo fue el diputado federal del PRD César Flores Maldonado, quien consideró
que hechos como este “laceran la unidad de la sociedad” y por eso hizo “un llamado al
gobernador para que el gobierno dé resultados”.
Al preguntarle sobre la pertinencia del ingreso de las fuerzas federales al estado, concedió
que “es evidente que deben de venir”, pero insistió en que “el gobernador está obligado a
dar resultados, y es una asignatura pendiente que tiene el gobierno estatal”.
Cuando se le planteó qué harán los diputados federales de su partido, reiteró que “la
fracción del PRD en el Congreso de la Unión debe exigirle al gobernador que haya mayor
atención a este rubro muy sensible”.
Aunque dijo que la violencia “no es privativa” de Guerrero, “es lamentable lo que está
ocurriendo y lo reprobamos con toda claridad y le exigimos al gobernador que haya
resultados en el combate a la delincuencia”.
En el mismo sentido, a su llegada a la funeraria, el presidente estatal del PRI Marco
Antonio Leyva Mena mostró su preocupación por las “355 ejecuciones” que, dijo, se
registraron el año pasado. Señaló la “falta de eficiencia por parte de la autoridad en la
materia” y reiteró su llamado de la víspera al gobernador Torreblanca para que “haga una
revisión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Juan Heriberto Salinas Altés), que
merece todo mi respeto como militar, pero que en la materia no aprueba por las 355
ejecuciones y por el grado de impunidad que hay en el estado”.
Leyva Mena indicó que “desafortunadamente no vemos una acción precisa por parte del
gobierno del estado, no vemos una coordinación real entre los organismos federales,
estatales, para combatir con seriedad esta situación, que merece también una
convocatoria a la sociedad civil que también se ha mostrado apática a este problema, y que
también debemos de participar más a través de programas muy específicos como el de
testigo protegido”.
Agregó: “Pero necesitamos también que nos convoque el Ejecutivo, como el que ejerce el
liderazgo político para que todas las fuerzas políticas, sin un afán partidista y más aún, con
un afán de ayudar, podamos generar acciones, propuestas, para resolver este duro
escenario”
En tanto, el presidente de Convergencia, el senador Luis Walton, urgió a la coordinación de
los tres niveles de gobierno y llamó la atención sobre la situación de inseguridad que se
vive “en Acapulco y en Guerrero”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
(Codehum), Juan Alarcón Hernández, coincidió en que “es el momento de convocar a la
unidad de todas y todos los guerrerenses para hacer un frente común y que junto con las
autoridades se combata la criminalidad en el estado”.
Asimismo señaló que “cuando hay inseguridad se violentan los derechos humanos, por
acción o por omisión. Por lo tanto creemos que sí hay, en este caso, una violación a los
derechos humanos”.
El ex presidente estatal del PRD Octaviano Santiago Dionicio también opinó que “la
autoridad” debe tomar “con una mayor seriedad de lo que hasta hoy” el tema de la violencia
en el estado. Consideró que se requiere una “mayor participación del gobierno del estado,
del gobierno federal y de los gobiernos municipales”.
El también ex diputado local perredista expresó sus dudas sobre este crimen, pues dijo
que “ante este caso específico no le encuentro explicación alguna”, porque Jorge Bajos
“era un hombre de trabajo, no era un político en el sentido estricto”.
De manera muy breve, el diputado local del PRD Ramiro Solorio Almazán, quien debatió
frecuentemente con los integrantes de la Comisión de Presupuesto que presidía Bajos,
condenó la ejecución de su colega y dijo que “lo menos que podemos hacer es una
exigencia contundente de su esclarecimiento”.
En una breve declaración a reporteros pidió “que no quede impune” este crimen “que
enluta a los hogares de Acapulco y a todos nos consterna esta noticia”.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Reyes Torres
pidió “que el gobierno cumpla con esos compromisos de brindar seguridad a los
ciudadanos, el gobierno federal, el gobierno del estado”.
No obstante se refirió más en concreto al gobierno de Felipe Calderón, pues expresó su
preocupación por “lo que está haciendo el gobierno federal, estos operativos, que no
vemos resultados”.
Reyes Torres consideró que se trata de acciones previamente anunciadas por todos los
medios de comunicación, y que “tal pareciera que lo que buscan es que la gente aplauda
porque están combatiendo la inseguridad, y esto sea solamente un teatro para que la
gente considere que están trabajando en ese sentido”.
Por su parte, la ex alcaldesa de Atoyac y ex diputada federal del PRD, María de la Luz Núñez
Ramos, calificó de “grave” el asesinato de Bajos. “Sea el motivo que sea, no se puede
tolerar”, expresó.
Sin embargo, sobre los hechos de violencia en el estado opinó que “el gobernador, en este
caso ha tratado de trabajar en coordinación con el gobierno federal, ha hecho mucha
gestión”. Y agregó que “se está haciendo lo posible por salir de este estado”.
El secretario de Fomento Turístico del gobierno de Torreblanca, Ernesto Rodríguez
Escalona, dijo no tener “ninguna lectura” sobre el asesinato, pues dijo, “no es mi papel”, y
confió en que “seguramente las autoridades” harán su trabajo.
Sólo expresó que era este un “momento muy difícil, porque era mi amigo desde hace
muchísimos años, toda la familia”. Agregó que “nadie puede dudar de la calidad humana
de Jorge y de toda su familia”, y lo consideró “un hombre de trabajo, honesto, sencillo y
humilde, que no merecía esto”.
El cuerpo de Jorge Bajos fue velado en la funeraria Jardines del Tiempo, ubicado en la
calle Ciprés, acudieron políticos de todos los partidos, empresarios locales y
representantes de las familias tradicionales del puerto.
Llegaron funcionarios del gabinete de Torreblanca a dar el pésame a sus compañeros en
el gobierno, los hermanos César y José Antonio Bajos Valverde.
Además de los colaboradores cercanos de Torreblanca, estuvo por ahí su ex coordinador
de Asesores en su periodo como alcalde de Acapulco, Humberto Sarmiento Lubert, quien
estaría por llegar como coordinador de Políticas Públicas.
Cerca de Sarmiento se vio al ex director de Transportes en el periodo de René Juárez
Cisneros, René Morales Barrientos, a quien se menciona en el equipo de la dependencia
que está próxima a crearse.
Asimismo, en ese entorno se movió el ex secretario de Finanzas del Ayuntamiento de
Acapulco, Alberto Torreblanca Galindo, hermano del gobernador, acompañado del todavía
director de Personal del municipio, William Joseph Rosario Estévez.
Durante el día se mencionó la posibilidad de que llegara el ex gobernador René Juárez
Cisneros. Pero, como si en realidad estuvieran distanciados, se dijo que no lo haría hasta
que se retirara el gobernador Torreblanca, lo que no ocurrió. Incluso, por varias horas
estuvieron algunos de los guardaespaldas de Juárez Cisneros a la entrada de la funeraria,
quienes confirmaron que esperaban a su jefe.
También llegaron algunos colaboradores de éste como su ex secretario privado José
Manuel Armenta, hijo del contralor renejuarista que fue asesinado. Igual estuvieron el ex
secretario de Desarrollo Urbano, Juan Farill y el ex subprocurador Antonio Nogueda
Carbajal, quien permaneció en el cargo el primero año del gobierno de Torreblanca.
De los ex alcaldes de Acapulco estuvieron el priísta Alfonso Argudín, el ex priísta y ahora
panista Juan Salgado Tenorio, la priísta Ana María Castilleja y el perredista Alberto López
Rosas.
El secretario de Gobierno, Armando Chavarría llegó acompañado del senador David
Jiménez Rumbo, el diputado federal del PRD César Flores Maldonado y el hermano de
éste, el priísta Efraín. En el séquito de Chavarría también iba el presidente de la Comisión
de Gobierno del Congreso del Estado, el perredista Carlos Reyes Torres, representante del
Poder Legislativo.
De los priístas, además de su presidente estatal también estuvieron Guadalupe Gómez
Maganda, la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal, Irma Ferrusca, el ex
presidente del PRI municipal y ex diputado local Jesús Bernal Román, y la alcaldesa de
Chilapa, Alicia Zamora Villalva, quien llegó acompañada de por lo menos tres
guardaespaldas. También hubo dirigentes cetemistas del PRI, como el secretario general
de la CTM Antelmo Alvarado y el dirigente de la Sección 12 Rodolfo Escobar.
De los presidentes de los partidos estuvieron Sebastián de la Rosa Peláez, del PRD; y Luis
Walton Aburto, de Convergencia. No llegó el del PAN, José de Jesús Zepeda, quien según
el secretario general estatal Ramiro Arteaga, ya venía de Chiapas.
De las familias tradicionales de Acapulco, llegaron distintos integrantes de los Pasta, los
Trani, los Castilleja, los Morlet, los Navarrete, los Rullán, los Villarreal, los Peláez, entre
otros, muchos de ellos lasallistas y egresados del Mac Gregor de la década de los 60.
Allí estuvieron la ex esposa del gobernador Zeferino Torreblanca, Gala Martin, con sus dos
hijas. Otros como la presidenta del grupo ACA, Eloína López Cano, el director del hotel
Elcano, Pedro Haces; el empresario filopriísta y amigo del gobernador Torreblanca,
Fernando Álvarez Aguilar; el empresario camionero Rafael Rodríguez Esquivel; y el ex
presidente de la OCVA, Pedro Álvarez Sutter.
También el ex alcalde de Acapulco y actual rector de la Universidad Americana de Acapulco,
Israel Soberanis Nogueda; y el rector de la Universidad Loyola del Pacífico, Sergio Lépez
Vela. El rector de la UAG Arturo Contreras, mandó una corona de flores.

Venganza del crimen organizado, posible móvil de siete asesinatos en Zacualpan: PIM




El móvil del asesinato de siete indígenas amuzgos la noche del sábado en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, durante el festejo de una boda, podría ser una venganza del crimen organizado, informó ayer el director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Érit Montúfar Mendoza.
El jefe policiaco informó que los agresores forman parte de una banda de asaltantes y secuestradores, y que uno de ellos recientemente salió libre de la cárcel en donde estaba procesado por delitos contra la salud.
El sábado a las 6 de la tarde un comando de unos 10 hombres con armas largas y cortas, vestidos con camisas, pantalones y botas negras (parecidos a los uniformes de los policías municipales), llegó a la boda que se celebraba en la calle Cuauhtémoc de la comunidad de Zacualpan, cerca de la cabecera municipal de Ometepec, y dispararon contra una mesa donde encontraban familiares del novio y asesinaron a sus ocupantes, informó el agente del Ministerio Público de turno de Ometepec, Noé Morales Cuevas. Informó que por el atentado no hubo heridos.
En el ataque perdieron la vida Albino Baltazar López, Tranquilino Baltazar de la Cruz, María Catalina Santiago, Porfirio Raymundo Santiago, Octavio Modesto Santiago, María Josefina de la Cruz y María Paula Santiago.
Montúfar informó ayer que los responsables del homicidio ya están identificados y en la región de la Costa Chica se realiza una operación en la que participan varias corporaciones para detenerlos.
Consultado ayer sobre este hecho violento, el jefe policiaco afirmó que el homicidio múltiple se debe a un acto de venganza de los secuestradores porque hace unos días, una de las víctimas, Albino Baltazar López, había matado a balazos a Rafael Santiago López, jefe de la banda de delincuentes.
Reportes de la Procuraduría General de Justicia del estado indican que el grupo de individuos vestidos de negro, armados con escopetas calibre 12 milímetros, y pistolas 38 y 45 milímetros, entraron a la casa en donde se celebraba la boda y abrieron fuego en contra de una familia que participaba en el convivio.
Reportes extraoficiales indican que algunos de los agredidos intentaron responder a la agresión pero que no alcanzaron a hacer blanco en contra de los agresores, quienes posteriormente salieron a prisa del local y se dieron a la fuga por el monte.
Ayer el director de la PIM informó que policías ministeriales y de Seguridad Pública estatal “peinan” la zona para encontrar a los agresores quienes fueron identificados como los integrantes de una banda de asaltantes que opera en la región.
Mientras tanto el domingo pasado fueron sepultados dos de los siete indígenas asesinados y ayer lunes fueron inhumados los otros cinco en un ambiente de consternación de los pobladores, toda vez que nunca antes habían presenciado un hecho de violencia semejante en esa localidad, a la que describen como tranquila y pacífica.
Montúfar Mendoza informó que un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de Seguridad Pública estatal buscan a los responsables del múltiple homicidio y aseguró que ya están identificados y que en las próximas horas serán ubicados.
El agente el MP de turno de Ometepec, Noé Morales Cuevas, informó que según las primeras declaraciones de familiares, los fallecidos eran de oficio campesino, sólo Albino Baltazar Felipe López, se dedicaba a la albañilería.
Sobre la versión de que uno de los fallecidos, Albino Felipe Baltazar López, tuvo relación con alguna banda de asaltantes, el agente del MP dijo que no tenía información al respecto, pero todavía esperaba el resultado de las investigaciones de la Policía Ministerial, “no sé qué nos vaya a informar, pero al momento la PIM no nos ha dado avance, a lo mejor en poco tiempo ya se tiene alguno”, dijo.
De los fallecidos informó que Albino Felipe tenía 40 años de edad, María Catalina Santiago, que era la mamá del novio de la boda, tenía 38, María Paula 55 años, tía del novio había acudido a hacer la comida para la fiesta, María Josefina de 20 años, tía del novio, y Otilio Modesto, el papá de María Josefina.
Añadió que la boda comenzó a la una de la tarde y a las 6, hombres vestidos con camisas, pantalón y botas negras, cubiertos de la cara con playeras blancas y negras comenzaron a disparar contra los fallecidos.

No es fácil opinar de los actos del crimen organizado, dice el presidente del PRD



Jesús Saavedra / Chilpancingo

El presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, insistió en que “existe el temor” de fijar una postura sobre los hechos de violencia y ejecuciones en la entidad “porque el crimen organizado puede andarte cazando por esas opiniones”, pero consideró que el gobierno estatal tiene la necesidad de reforzar las acciones ante los frecuentes hechos delictivos.
Asimismo, reconoció que la dirigencia estatal perredista no ha presentado candidatos al gobierno estatal para sustituir a funcionarios que han demostrado su falta de capacidad en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública, pero si han resaltado la necesidad de que se revise la situación en estos rubros.
De la Rosa Peláez destacó que prefiere dejar en “ese tono” el asunto porque consideró que las cosas se tornan cada vez más difíciles para quienes opinan, “de repente el temor fundado en que si dices algo que no le guste al crimen organizado y a quienes estén implicados en este caso tengan que andarte cazando”.
Y afirmó que el gobierno del estado debe hacer un esfuerzo mayor parea combatir la inseguridad que priva el estado, “sabemos que están trabajando, sé qué hay cosas que están haciendo que son importantes, sé que están haciendo un esfuerzo para que se profesionalice a una policía estatal, para que se depure a la misma, eso es importante pero necesitamos también que haya mayor fortaleza en estas acciones y que el gobierno del estado exija una mayor participación al gobierno federal”.
Insistió en que “no es nada sencillo” opinar sobre las actividades de la delincuencia organizada “porque afectas intereses ya sea cuando exigimos que se ponga mano más dura, pues obviamente si eso se hace quienes están del otro lado, creo (que) están viendo quiénes somos los que estamos exigiendo”.

Urgen señales de combate eficaz al crimen organizado, dice el delegado estatal PAN

Magdalena Cisneros

Ante el caso de los policías decapitados, el delegado estatal del PAN, Javier de Jesús Zepeda Constantino a los tres niveles de gobierno a dar señales de que se coordinarán para un combate eficaz a la delincuencia organizada.

Consideró que si no se detiene la violencia en el puerto es factible que se afecte al turismo porque se da una imagen negativa.

En conferencia de prensa, el dirigente panista mencionó que en ese partido pensaban que los hechos violentos en el estado habían llegado a “su máxima expresión con linchamientos y crímenes que vimos, pero la semana pasada hubo una expresión superlativa, una cosa inusitada, donde se presenta este incidente de los policías decapitados”.

Dijo que esta situación revela que hasta el momento no hay una respuesta en seguridad de parte de las autoridades, “quiere decir que la política pública en materia de seguridad sigue deficiente, todavía no se han alcanzado los acuerdos suficientes de plena coordinación”.

Zepeda Constantino indicó que es evidente que no hay coordinación en las tres instancias de gobierno y urgió a que se den “señales prontas, necesarias, de que se está alcanzando una eficacia”.

“Un llamado a fin de que bajo un esquema de plena y absoluta coordinación de las policías y autoridades redefinan la política pública en materia de seguridad, pues seguimos a expensas de la delincuencia (las ejecuciones son un) anuncio terrorífico y nos preguntamos ¿Qué le sigue?”

A pregunta de un reportero rechazó que haya ingobernabilidad en el estado “todavía”.

Zepeda Constantino explicó que de acuerdo con un estudio, del que no precisó mayores datos, en Guerrero ya se rompió “la polarización” del PRI y PAN porque el PAN ya tiene un “importante posicionamiento”.

Invitó a los guerrerenses a ver la transmisión del debate entre los candidatos presidenciales para que puedan conocer las propuestas en temas fundamentales como la pobreza y la deuda pública.

Asimismo reiteró sus críticas contra el candidato por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, por no asistir e insistió que representa “un peligro para México”.

Estuvieron en la conferencia el diputado federal Ángel Pasta Muñúzuri, los diputados locales Jessica García y Francisco Rodríguez; el secretario general Ramiro Arteaga y los candidatos a diputados federales en los distritos 04, Guido Rentería Rojas; del 09, María de los Ángeles González; del 07, David Tapia Bravo.