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Denuncian molineros de Acapulco que sufren por lo menos un asalto a la semana

Mónica Martínez García

El sector de los industriales de la masa y la tortilla también se siente desprotegido y con miedo ante la inseguridad en el puerto pues en las colonias Ciudad Renacimiento, Zapata y Vacacional los molineros son víctimas de por lo menos un asalto por semana, lo que les ha bajado sus utilidades hasta 40 por ciento, indicó su representante Miguel Ángel Pita Garrido.

Además de que subrayó que estos negocios, que normalmente son familiares dejan de serlo porque los empresarios han dejado de atenderlos ante la zozobra de ser víctimas de la delincuencia y prefieren contratar a despachadores que son un gasto más para ellos.

El empresario dijo que en esas zonas hay cerca de 150 tortillerías, pero con miedo ante los constantes asaltos.

Indicó que normalmente sí reportan los asaltos, pero que estos son tan frecuentes que “no se da abasto” la Policía Preventiva para atender los llamados por eso consideró que hacen falta agentes en el municipio.

“Quizás son más frecuentes los fines de semana y se esperan a la tarde, ya cuando uno está contando la venta del día, se la llevan y nos causan al final bajas en las utilidades de hasta el 40 por ciento”, dijo.

Consideró que la inseguridad en general en el puerto ha “ido incrementando mes con mes” y que los empresarios tiene miedo de salir a las calles.

Insistió que debe haber una depuración en las corporaciones policiacas y una mayor cultura de la denuncia de la población para de alguna manera “poco a poco” ir erradicando la violencia, además de que consideró que son necesarios más policías para cuidar la ciudad.

Denuncia albañil a policías preventivos; lo asaltaron y secuestraron tres días, dice

Jorge Nava

El albañil Roberto Abarca Ibarra denunció ante el Ministerio Público y la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero que policías preventivos lo asaltaron y lo tuvieron incomunicado por tres días en los separos de esa corporación.

Ayer, Roberto Abarca, acompañado de su esposa y su madre, acudió con el médico legista para que le certificara las lesiones por los golpes que le propinaron los policías el sábado, a un costado del Centro Internacional Acapulco.

El joven explicó que cuatro efectivos municipales que puede identificar, quienes tripulaban la patrulla 125, lo arrestaron cuando salía de cobrar su semana por trabajar en una obra cerca del CICI.

Señaló que a los policías les dijo que no había cometido ningún delito y sólo se dirigía a su casa en la colonia Izazaga, pero los oficiales lo acusaron de robarle una videcámara a unos turistas.

Recordó que lo subieron a la patrulla y se dirigieron a una calle oscura que está a lado del Centro de Convenciones, donde lo golpearon y le robaron los mil 500 que cobró.

El agraviado envió un mensaje al alcalde Félix Salgado “¿así es la seguridad que nos prometió?”.

Abarca Ibarra añadió que el trabaja de sol a sol para ganar dinero honradamente y cuestionó la acción porque “a los que deben de agarrar no los agarran”.

En su queja Codehum/CRA/068/2006-3, el albañil, de 24 años de edad, expone que lo tuvieron tres días incomunicado en los separos de la Policía municipal y sin la posibilidad de ver a su madre que lo anduvo buscando.

Dijo que lo tuvieron en una área escondida de los separos y nadie se daba cuenta que allí estaba –dicha área pequeña es para detenidos por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, cerca de los sanitarios para esos detenidos–.

El médico legista Óscar Laina de la Cruz anotó en su reporte que le encontró dos lesiones un moretón que mide 17×10 en la espinilla, otra de dos centímetros en pierna derecha

El alcalde de Zirándaro no quiere a la policía estatal en su municipio, denuncian

Israel Flores Ciudad Altamirano


El coordinador regional de seguridad pública, Jaime Darío Aguirre Sagahón denunció ayer que el alcalde de Zirándaro, Catalino Duarte Ortuño, ya no quiere que la policía estatal llegue a su municipio, porque le han detenido a personas cercanas a él, que estaban armados.

Lo anterior lo expresó luego de la reunión regional de seguridad, realizada en Ciudad Altamirano con la presencia de cinco alcaldes de Tierra Caliente, pero con la ausencia del presidente de Zirándaro, de donde tampoco hubo autoridad alguna.

“Me dijo que van a proceder penalmente contra la policía del estado, por operar en el municipio de Zirándaro”, señaló el coordinador de seguridad, al referirse a la advertencia del alcalde, y dijo que “la policía estatal no tiene que pedir autorización para realizar vigilancia en los municipios”.

Al menos ocho personas han sido consignadas al Ministerio Público federal en los últimos tres meses, por la policía del estado, provenientes del municipio de Zirándaro, a quienes se les encontró con armas prohibidas.

“Me hubiera gustado que aquí estuviera el presidente de Zirándaro para decirle que no hay impedimento jurídico para la policía estatal, en ingresar a un municipio y detener a gente armada”, señaló el coordinador.

Aguirre atribuyó la inconformidad del presidente, a las detenciones de personas armadas, porque “eran de su gente”, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal.

El resto de los alcaldes, dijo, esperan tener más presencia de la policía estatal, en lugar de aminorarla. El presidente de Ajuchitlán, Andrés Palacios, dijo que “con el apoyo de la policía del estado, se logró mejorar la seguridad del municipio”, y pidió que continuaran sus acciones.

Denuncian indígenas ante la Codehum a Laura Lopezvictoria por el caso del centro de arte

Zacarías Cervantes Chilpancingo

La organización Calpulli Tecuanichán, Asociación Civil, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra de la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), Laura Olivia López Victoria, y en contra del delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), Pedro de Jesús Alejandro; a la primera la acusan de pretender “piratearse” un proyecto de la organización y al segundo de “obstaculizar” sus gestiones.

El conferencia de prensa ayer el secretario general de Calpulli Tecuanichán, Gelacio Gatica Sánchez acompañado de un grupo de sus agremiados y el representante del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, insistió que la titular del IGC pretende apropiarse de 5 millones de pesos que no le pertenecen, “pero que cómodamente pretende pirateárselo”.

Explicó que la funcionaria pretende quedarse con ese dinero apropiándose del proyecto para la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena, que su agrupación elaboró y viene proponiendo a las autoridades culturales del estado, al Ayuntamiento de Chilpancingo y al Gobierno estatal desde hace dos años.

Sin embargo insistió que la titular del IGC ahora se ha apropiado del proyecto para quedarse con el recurso para crear el Centro Regional de Artes de la Montaña.

“Nos quieren mandar a Tlapa a promover allá nuestra artesanía y nuestra cultura, y nosotros decimos que allá para qué si de allá venimos”, dijo Gatica Sánchez quien explicó que en cambio con el recurso que gestionaron ante la titular de la Conadepi, Xochilt Gálvez, pretenden instalar el Instituto de Arte y Cultura Indígena en las instalaciones del Casino del Estudiante que se encuentra en el zócalo de Chilpancingo, frente a donde actualmente expenden sus productos de artesanía.

Sin embargo indicó que el IGC, a través de su directora Laura Olivia López Victoria López, “en lugar de trabajar a favor de la cultura de Guerrero, lo que ha venido haciendo es golpearnos y bloquear toda iniciativa cultural en el estado”.

Por ello la organización presentó una queja ante la Coddehum en contra de la titular del IGC “por considerar que ha actuado de mala fe al enviar un documento a Déborah Arriaga Weiss secretaria particular de de la directora general de la Conadepi, en el que claramente deja ver el interés por los recursos que nuestra organización ha gestionado, y por su mala fe de tratar de desviarlos”.

En el documento de denuncia la agrupación agrega que con estos actos la funcionaria estatal “lo único que logra es obstaculizar y menguar nuestro proyecto por lo que le proponemos que impulse una gestión propia y se retracte de su acción”.

Mientras tanto la queja en contra del delegado de la Conadepi, Pedro De Jesús Alejandro, para que la Codehum turne el caso a la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH), por tratarse de un funcionario federal, es “por obstaculizar nuestra gestión, ya que hace una declaración el día 7 de abril del presente año, en la que manifiesta que no existen los cinco millones de pesos para el Instituto de Arte y Cultura Indígena”.

Y luego agrega que el delegado de la Conadepi “está manejando información falsa, por tal motivo obstaculiza nuestra gestión, por lo que le solicitamos aclare esta situación o en su caso se retracte”.

En la conferencia de prensa Gatica Sánchez señaló que la organización exige a las autoridades estatales, y concretamente a la Conadepi que dirige Pedro de Jesús Alejandro, para que se comprometan con la cultura indígena, “porque hemos visto en él (en Pedro de Jesús), a una persona de bajo perfil en materia de cultura indígena, además constantemente nos ha venido obstaculizando la gestión de nuestros proyectos que autoridades federales han visto con buenos ojos”.

En cuanto a la directora del IGC señaló que “no vamos a permitir que Lopezvictoria cumpla con sus caprichos de apropiarse de un proyecto que no es suyo, mucho menos apoderarse de un recurso que no le costo mover ni un solo dedo. Que nos demuestre su capacidad de gestión ante las autoridades federales y que no salude con sombrero ajeno”.

Denuncian trensadoras de Caleta que ministeriales amenazan con detenerlas

Daniel Velázquez Olea

Trensadoras y masajistas de Caleta y Caletilla pidieron al subsecretario general del Ayuntamiento, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que intervenga en las playas porque agentes de la Policía Ministerial “fuertemente armados” las han amedrentado.

Las trensadoras también acusaron a los abogados David y Darío Cisneros Chegüe de amenazas, pues les dijeron que los policías ministeriales las iban a detener y les “sembrarían” droga para que fueran consignadas por delitos federales.

Las trensadoras llegaron desde las 10 de la mañana al Ayuntamiento del parque Papagayo en espera de que acudiera el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, pues les dijeron que estaría allí y ante él querían hacer la denuncia.

El asesor jurídico de la Asociación de Trensadoras y Masajistas de Caleta y Caletilla, Rubén de Jesús Suástegui, explicó que las amenazas que han recibido sus representadas se deben a que hace unos días se enfrentaron a golpes con otras personas que no pertenecen al grupo.

El pleito se debió a que la asociación de trensadoras y masajistas no permite que en la temporada turística entren personas ajenas a las playas para ofrecer los mismos servicios.

De Jesús Suástegui pidió al procurador que vigile el trabajo de la Tercera Agencia del Ministerio Público de Costa Azul y no permita que se inicien averiguaciones previas por delitos fabricados ni se utilice a los policías para espantar a las personas que sí trabajan.

Una de las trensadoras pidió al alcalde Félix Salgado Macedonio que intervenga porque aceptaron la petición de uniformarse para dar un mejor servicio al turista, pero consideran injusto que lleguen otras personas sin uniforme ni incluidas en un padrón a dar los mismos servicios.

Acusan al secretario de Protección y Vialidad de tener 10 taxis de éstos, que portan radios propiedad de la dependencia

Piden transportistas amparados que salgan de la Costera los taxis amarillos

 Acusan al secretario de Protección y Vialidad de tener 10 taxis
de éstos, que portan radios propiedad de la dependencia

 Luluani Vega  

Choferes de taxis irregulares que circulan con el amparo 463, agremiados en la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero, llevaron a cabo una caravana, se manifestaron en contra de las autoridades municipales y del transporte en el estado, piden que salgan de la Costera los taxis colectivos amarillos. Dijo el dirigente Juan Mendoza Tapia que hay un convenio que se firmo en 1994, cuando Luis León Aponte era director de Transportes y autorizó la circulación de estos taxis por la Costera, mientras se llevaba a cabo la ampliación de la Y hacia las Cruces.

Por otra parte, Mendoza Tapia aseguró que el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Váldez tiene unos 10 taxis colectivos amarillos que portan radios oficiales de la dependencia municipal, “vamos a hacer una conferencia de prensa para informar que carros son del teniente Valenzuela”.

También afirmó que el delegado de Transportes de la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, no tiene fundamento al decir que está incurriendo en el delito de falsificación de documentos, firma y sellos oficiales con los que obtuvieron el amparo 463.

Antes unos 25 transportistas junto con sus taxis irregulares se concentraron en la glorieta de la Diana Cazadora a partir de las 12:30 de la mañana, obstruyeron dos carriles de la Costera en el sentido de la Base Naval hacia el Centro, doblaron en calle Wilfrido Massieu hasta llegar a la avenida Cuauhtémoc, al llegar frente al Ayuntamiento permanecieron alrededor de 15 minutos y gritaron consignas en contra del presidente municipal Alberto López Rosas. A pesar de que los taxistas irregulares obstruyeron dos carriles y dejaron uno libre, el caos vial afectó a conductores particulares y del servicio público, quienes rechazaron este tipo de manifestación.

Asimismo, debido a que los transportistas irregulares amenazaron con tomar las oficinas de la delegación de Transportes de la zona Centro, ubicada en el primer piso de la dirección de Tránsito, Policías Preventivos Auxiliares cerraron las puertas de éstas para evitar que los transportistas inconformes entraran, acción que originó malestar entre los usuarios y choferes del servicio público porque no pudieron llevar a cabo algunos trámites, las oficinas permanecieron cerradas alrededor de dos horas.

Después de las 2 de la tarde, Heredia Agatón acudió a la explanada de la dirección de Tránsito municipal para reunirse con una comisión de los transportistas inconformes, así como con el director de Tránsito, Israel González Nava, y acordaron revisar la minuta en la que se señala que los taxis colectivos amarillos tenían un plazo determinado para circular en la costera.

Al ser entrevistado, González Nava aseguró que la manifestación en su contra se debió a que se han detenido vehículos piratas de Juan Mendoza Tapia,                                   que circulaban con el amparo 463 y pedían la liberación. “Los carros piratas pertenecen a las personas Daniel Martínez Sotelo y Patricia Vizcaíno Juárez, pero no hay negociación para dejarlos libres porque son irregulares”.

Autoridades ejidales llevan a la PGR denuncia contra la magistrada López Díaz

Desvía la ley para ayudar a empresarios, afirman

 

 Karina Contreras Las autoridades de los ejidos de El Podrido, El Cayaco y la Estación presentaron denuncias de hechos que pueden derivar en ilícitos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, por incurrir en delitos contra la administración de la justicia, al desviar el contenido de la ley para favorecer a empresarios.

Por otro parte, los ejidatarios instalaron un campamento afuera del TUA 41 para insistir en la salida de la magistrada, pues el representante del Tribunal Superior Agrario (TSA), les pidió que se trasladarán a la ciudad de México para ver el problema.

El abogado de los denunciantes, Humberto Sevilla García, manifestó que no irán, pues no quieren escuchar más “falacias de las autoridades agrarias”.

También ayer los ejidatarios que fueron demandados por la magistrada López Díaz por el delito de obstrucción a la justicia, se presentaron a declarar ante el agente del MP federal, Alfonso González Zamora, atendiendo así la denuncia en su contra que está registrada bajo la averiguación previa 43/AcadII/2004 contra 12 personas, entre ellas el asesor jurídico de El Podrido, Humberto Sevilla García; los presidentes ejidales de El Podrido y El Cayacos, Eloy Benítez Zúñiga y Pablo Ávila González; los dirigentes Alberto Ávila González,                                   Genaro Marín Hernández, Balbino Carrada Pérez, Gerardo Hernández Moreno.

La denuncia

Las denuncias de los ejidatarios contra la magistrada fue recibida por el subdelegado de la PGR, Francisco Laja Saldaña. El abogado Humberto Sevilla García, antes de presentar las acusaciones contra la funcionaria informó que las demandas de los tres ejidos es por las actuaciones que ha llevado a cabo López Díaz, las cuales han estado llena de irregularidades.

Precisó que con esas denuncias es para pedir a la PGR analice la actuación de la magistrada al frente del TUA, quien a actuado de una manera dañina contra los ejidos.

El abogado calificó como denuncias inventadas la demanda de la magistrada contra los ejidatarios, pues nunca se obstruyó la acción de la justicia agraria; agregó que la magistrada respondió con perversidad con la intención de desvirtuar el movimiento de protesta, demostrando una falta de madurez y cerrada a la crítica.

Dijo Sevilla García que consideran delictuosos la actitud de la magistrada, pues actúa contra la administración de justicia desviando el contenido de la ley en perjuicio de los ejidos. Agregó el abogado que esperan que, así como sucedió con la denuncia de la magistrada, se dé agilidad a su denuncia y que la magistrada también sea citada inmediatamente ante esa instancia.

En el TUA mucho expedientes rezagados

El sub procurador de Defensa de los Campesinos del gobierno del estado, Santiago Salazar Bautista, dijo que hay un cúmulo de expedientes de casos agrarios, que lejos de resolverse, estos están retrazados y empolvados en el TUA.

Salazar Bautista fue entrevistado en las instalaciones de la PGR cuando acudió a brindar asesoría a los ejidatarios que se presentaron a declarar por la denuncia de la magistrada; y a quién al principio personal de la PGR no le permitió la entrada para escuchar las declaraciones de los ejidatarios.

En declaraciones a la prensa el funcionario estatal informó que hay un cúmulo de expedientes que no se han resuelto, y por lo cual le han pedido al gobierno federal ponga atención y dé una atención expedita de los conflictos, pues al final ellos (el estado) son los que tienen que vivir con el problema que luego se convierte en focos rojos, y donde al final se le hecha la culpa a los campesinos.

El funcionario dijo que aunque ellos han buscado la soluciones por la vía de la conciliación, a veces tienen que mandarlo a los tribunales donde se van rezagando, lo que hace que vuelva la inconformidad de los ejidatarios.

Para el subprocurador de la defensa de los campesinos,                                   los ejidatarios no incurrieron en ningún delito, pues a pesar del plantón afuera del TUA, éste siguió trabajando y nunca se suspendieron sus labores.

Dijo que en este caso estará al pendiente de que se respete el derecho y las garantías de los campesinos, pues no va a permitir que se trate de acusar a quien reclama un derecho con respecto a la prontitud de justicia, pues se tiene que recordar que hay términos para dar solución a los conflictos agrarios, y el retardar la resolución de los mismos es “obstrucción de la impartición de justicia”.

Denuncian que Telmex quiere colocar una red telefónica aérea prohibida, en Ixtapa

“El cableado aéreo está prohibido en la zona de Ixtapa por Fonatur y Ecología municipal”, acusa el vocero de los vecinos de Residencial La Moraleja

 Brenda Escobar Zihuatanejo Vecinos de los condominios de Residencial La Moraleja, ubicado en Ixtapa, denunciaron que la empresa Teléfonos de México (Telmex) pretende introducir el servicio de teléfono mediante cableado aéreo, y dijeron no estar de acuerdo con esto “porque se devalúan nuestras propiedades y da una pésima imagen urbana”.

El secretario de la Asociación de Condóminos, Mario López Flores, vocero de de los 300 jefes de familia de ese lugar, dijo que ya plantearon su inconformidad ante el gerente del área de Operaciones de Telmex, Dagoberto Amaro Díaz, quien “nos respondió que no hay de otra, o aceptamos el cableado en postes o no nos dan el servicio”.

El representante vecinal, Mario López, dijo que desde hace 6 años que se crearon los condominios han carecido del servicio telefónico y que ante la solicitud de que la red sea subterránea, Telmex se ha negado a introducirla.

Agregó que tanto Fonatur como la dirección municipal de Desarrollo Urbano no autorizan en la zona de Ixtapa instalaciones aéreas de ninguna índole, “y si lo permitieran, en nuestro caso, estarían devaluando de forma directa hasta en un 30 por ciento el valor de nuestras casas, y no es justo, porque pagamos por ellas un valor más alto que cualquier otro fraccionamiento de la localidad”.

Criticó la falta de comprensión de los empleados de Telmex, que además, pretenden cobrarles dos mil pesos adicionales para la cometida, y dijo que “es cierto que requerimos el servicio, pero nos oponemos a que pongan postes para que después tengamos un montón de papalotes y zapatos colgando”.

Ayer, personal de dicha empresa ya hacía los hoyos para colocar los postes de madera y posteriormente, los cables, por lo que López Flores hizo un llamado a las autoridades de Fonatur y a Desarrollo Urbano para que no le permita a Telmex la colocación de postes, “porque finalmente están en nuestras propiedades y eso no lo queremos”.

Denuncian cobros de luz de hasta 2 mil pesos a habitantes de Cualac

La gente apenas gana de 8 a 10 pesos diarios, por lo que no pueden pagar un recibo tan caro, se queja el síndico. La administración municipal adeuda 1 millón 254 mil pesos y poco a poco se cubre, dice

 

Karina Contreras

 

 

El síndico procurador del municipio de Cualac, Joaquín Flores Reyes, se quejó de los altos cobros en los recibos de luz de la CFE, pues manifestó que llegan hasta de 2 mil pesos en lugares donde los ciudadanos apenas ganan de 8 a 10 pesos diarios.

Manifestó que en estos momentos el Ayuntamiento paga en abonos una deuda de la administración pasada con la paraestatal, de 1 millón 254 mil pesos, pero aunque han pedido ayuda al gobierno estatal no la han recibido.

Señaló que los recursos que tiene son por 7 millones de pesos y ya viene etiquetados para obras, fertilizantes, seguridad pública, entre otros.

El síndico de Cualac expuso su queja ante el diputado federal y secretario de la Comisión de Energía, Francisco Javier Carrillo, durante una reunión de trabajo para analizar el cambio de tarifa de 1B a 1F.

En declaraciones para El Sur, Flores Reyes informó que hay inconformidad entre los ciudadanos de ese municipio de La Montaña por los elevados cobros en los recibos de luz, pues hay recibos de hasta 2 mil y 3 mil pesos.

Indicó que como alternativa les ha dicho que cubran el adeudo en dos o tres pagos “para que no sientan caros”. “Cómo vamos a pagar esas cantidades si en la región de La Montaña no hay fuentes de trabajo”, dijo.

El síndico procurador de Cualac informó que los habitantes de ese municipio apenas y ganan de 8 a 10 pesos diarios para comer, pues se dedican a la agricultura. Insistió que no hay posibilidades que ellos paguen esos recibos tan caros.

El síndico informó que la administración pasada del priísta Victorio Aburto Vázquez les dejó una deuda de 1 millón 254 mil pesos, y por la cual la CFE les ha cortado hasta en seis ocasiones la luz en la planta de bombeo, lo cual es al debilidad de la comunidad, y la CFE presiona para obligarlos a pagar.

Manifestó que en estos momentos no pueden pagar dicha cantidad, pues el gobierno les ha prometido ayuda con un porcentaje de la deuda, pero “no han visto ningún quinto”. Señaló que Cualac es un municipio muy pobre y con un presupuesto de apenas 7 millones de pesos, con el que se deben hacer obras y dar seguridad pública a los habitantes.

“La verdad no nos alcanza, pues todo viene etiquetado, y por lo tanto tienen que pagar en abonos. La gente está inconforme, el gobierno estatal no quiere apoyar, por lo cual es muy difícil para la administración perredista”, finalizó.

En espera, la denuncia por el desalojo en Metlapil, dice la Codehum

Adalberto Valle

 

 

El coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que las autoridades policiacas a las que se les requirió su declaración por el caso del desalojo de Metlapil, aún no han respondido al llamado de este organismo, tras la denuncia iniciada con el registro, CRA/100/2004.

Navarrete Magdaleno comentó que por el momento el proceso, luego de la denuncia iniciada por los desalojados,

está “en espera”, por las negociaciones que tienen ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo.

Los funcionarios de quienes se espera una respuesta por escrito son el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; del procurador Jesús Ramírez Guerrero y del secretario de Protección y Vialidad en Acapulco, Antonio Valenzuela Valdez, para responder sobre las acusaciones de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, lesiones y robo.

Ramón Navarrete añadió que, luego de su declaración, los quejosos no se han presentado nuevamente a la coordinación para continuar el proceso. “Creo que es por las negociaciones que están teniendo con la autoridad. Estamos dando ese margen para ver si se puede llegar a un acuerdo”.