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“Por influyentismo y favoritismo” dejan fuera de los proyectos de Sagarpa a Zihuatanejo, denuncia un funcionario

 

El director municipal de Desarrollo Económico del gobierno perredista de Zihuatanejo, Rubén Bibriesca Cervantes, denunció que por influyentismo y favoritismo no fueron autorizados en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado de Guerrero (Sagadegro) y de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ninguno de los proyectos para pescadores, campesinos y comerciantes emprendedores de este municipio.
El martes, Bibriesca Cervantes aseguró que la semana pasada fue informado oficialmente de que ninguno de los proyectos que metieron “en tiempo y forma y que tenemos los folios de los mismos” fue autorizado, “nos dijeron que para Zihuatanejo no hay ni siquiera uno solo, pese a que consolidamos todos los folios de los proyectos que metimos en las dos dependencias”.
“Tenemos pruebas, testigos de cómo los diputados locales y federales se encerraban en sus oficinas con estos funcionarios para palomear únicamente los proyectos de sus afines y creo que eso no se vale porque son gente que ni siquiera necesita el recurso, son gente que simplemente por un compromiso político están dejando fuera a la gente que realmente requiere de estos proyectos”.
Continuó que “desfilaron una cantidad de diputados locales en esas dos dependencias para cerrar filas en torno al poco recurso que había para quedárselo para ellos mismos y su gente, ese es un señalamiento que hago de manera muy expresa y ojalá el gobernador pueda atender estas situaciones porque no puede dejar a Zihuatanejo que es un municipio tan importante, dejarlo en estas condiciones de no beneficiar a la gente de acá”.
A pregunta expresa el funcionario municipal dijo que “fueron varios diputados locales y federales” los que influyeron en ambas dependencias, “y se lo voy a decir con la certeza, nosotros tuvimos un enlace permanente anclado de manera física en esas dos dependencias para darle seguimiento a nuestros folios y el reporte que nos generaba día a día era eso, “el diputado fulano de tal ya entró con sus diez gentes y todos salen riendo, es decir, favorecidos por el vínculo entre el diputado y el funcionario, dejando a la gente que realmente necesita estos recursos en cero, la semana pasada ya nos dijeron claramente, que no hay recursos para Zihuatanejo”.

 

Paran trabajadores del hospital de Chilapa; no hay material básico ni medicinas, denuncian

Todos los trabajadores de base y de contrato del hospital general de Chilapa se manifestaron afuera del nosocomio para denunciar falta de equipo como batas para los pacientes y material básico para trabajar, además de que se está creando un foco de infección por la acumulación de placentas.
Ayer por la mañana de manera inédita los más de 100 trabajadores entre médicos, enfermeras, enfermeros y administrativos pararon simbólicamente labores para denunciar las condiciones infrahumanas en las que laboran así como para exigir solución a sus demandas a la Secretaría de Salud (Ssa) estatal.
Médicos y enfermeras consultados informaron que no cuentan con batas para los pacientes, que la lavadora no funciona, además de que no cuentan con material básico como jeringas y gasas.
Señalaron que desde hace un año el hospital no tiene placas de rayos X y que el medicamento para atender a pacientes tiene que ser comprado por los familiares.
También exigieron la recolección inmediata de residuos biológicos ya que aseguraron llevan más de tres semanas acumulándose en refrigeradores saturados por lo que trabajdores y pacientes se encuentran en un riesgo de infección sanitaria.
Pidieron la destitución del administrador, Emilio Morales Venegas, por “incompetente” y porque señalaron que es responsable de la situación del hospital.
A la protesta se sumaron 30 enfermeras y enfermeros por contrato que el jueves de la semana pasada denunciaron que la Ssa estatal les adeudaba tres meses de salario y quienes fueron los primeros en dar a conocer públicamente la falta de insumos y medicinas.
Sobre este caso, informaron que las oficinas centrales les pagaron sólo el mes de septiembre y que entre este lunes y martes les estarían pagando el mes de octubre y noviembre, sin embargo denunciaron hasta la tarde de ayer aún no recibían sus pagos.
La médica general, Mireya Roque Oms, quien es representante sindical de los trabajadores informó que después de una reunión con el director del nosocomio, Luis Gutiérrez Almeida, éste se comprometió en que se recolectarían en tiempo y forma.
Agregó que la Ssa estatal envió una camioneta con insumos pero que sólo servirán para una semana de trabajo ya que diariamente atienden a unos 150 pacientes internados, embarazadas, en cirugía y en el área de urgencias.
La representante sindical advirtió que la protesta continuará hasta que se cuente con equipo, insumos y medicamentos necesarios para laborar.

El alcalde de Zihuatanejo no acata una sentencia de reinstalar a un policía, denuncian

El Ayuntamiento Zihuatanejo por medio de las direcciones municipales de Seguridad Pública y Recursos Humanos se niega a reinstalar a un policía preventivo que fue despedido de manera injustificada en agosto de 2013 denunció su abogada.
Yinmi Pineda Almazán dijo que el Ayuntamiento ha preferido pagar las multas que le ha impuesto la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guerrero a reinstalar o indemnizar a su cliente.
Pineda Almazán dijo que Miguel Ángel Memije Evangelista fue despedido de manera injustificada y que en octubre del 2013 la Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo de Zihuatanejo dictó una sentencia administrativa en la cual condenó a las autoridades demandas, director de Seguridad Pública y al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento para que restituyeran a su cliente.
Ante la renuencia de las autoridades municipales de regresarle su puesto al policía municipal, “la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guerrero dictó un auto de ejecución en el cual le requiere directamente al presidente municipal, Gustavo García Bello, para que conmine a las autoridades demandadas, es decir, a los directores de Seguridad Pública y de Recursos Humanos, para que cubran la condena por la cantidad de 404 mil 665 pesos con 65 centavos a mi cliente y al alcalde le impuso una multa de 8 mil 764 pesos con 80 centavos en caso de no cumplir la condena”.

Acusa la CRAC al gobierno de haber permitido la libre movilidad y acción de los asesinos de Irineo Salmerón


La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán  en un comunicado señaló que el asesinato del coordinador de enlace en Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, se enmarca en una ejecución extrajudicial, que además es claro que se busca atentar directamente contra la organización y criminalizarla en todas su actividades en todo el territorio, por lo tanto exige el esclarecimiento de los hechos y que sean castigados los responsables.
El miércoles el profesor  Salmerón Dircio fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo, en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, donde nunca llegó. De inmediato los policías comunitarios hicieron la búsqueda en los alrededores de Tixtla sin tener éxito.
El viernes fue hallado sin vida junto a otro cuerpo en una comunidad de Chilapa, ahí también fue localizado un mensaje de un  grupo criminal: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
Ante estos hechos la CRAC de la Casa Matriz emitió un comunicado en el que se lee: “El cargo de coordinador del Comité de Enlace que desempeñaba el profesor Irineo Salmerón es un nivel de dirección, que se depositó en el mejor hombre que la asamblea eligió, por ser la mejor carta que tenía en la región. Reconocemos su entrega y coraje al proyecto comunitario”.
Manifiesta que pese a la denuncia penal que interpusieron los familiares en el Ministerio Público de Tixtla  por la desaparición, las autoridades municipales, estatales y judiciales no actuaron ni participaron en su búsqueda, argumentaron que el protocolo de búsqueda debía cumplirse, es decir esperar 72 horas (tres días) para iniciar el proceso de investigación.
Por lo tanto reclama que “esta falta de búsqueda e investigación permitió la libre movilidad y acción de los perpetradores que han ejecutado a nuestro compañero Irineo”.
En el escrito se indica que por tal omisión y la sabida colusión de las autoridades con el crimen organizado en la zona, este caso se trata de una ejecución extrajudicial, que además busca atentar directamente contra la CRAC y criminalizar sus actividades en todo el territorio comunitario, que ha sido incluso realizada y tolerada por el Estado.
Agrega que Tixtla ha sido escenario a últimas fechas de una escalada de violencia generalizada, que se caracteriza por la impune participación de grupos armados supuestamente vinculados con bandas del crimen organizado que se disputan el control del territorio y las vías de comunicación.
Este mismo hecho provocó que la población se organice y exista en este municipio dos expresiones de Policía Comunitaria (PC), expone el comunicado.
Además en el escrito se hace un recuento de los últimos hechos de violencia en este municipio.
Resalta que el 19 de noviembre fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados, en el distribuidor vial que conecta con este municipio con Chilpancingo, Atliaca y Chilapa.
Señala que la violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región.
Habla de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dice que 14 de ellos son tixtlecos, tres estudiantes ejecutados y dos heridos de gravedad.
También que el 26 de noviembre de hace un año fueron ejecutados cuatro miembros de la Policía Comunitaria del barrio El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero; el 4 de julio de este año fue ejecutado un profesor de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el centro de Tixtla, horas después fue hallado su cuerpo en las in mediaciones del basurero.
El 18 de septiembre fue encontrado asesinado el segundo comandante de la Policía Comunitaria de la colonia El Zapote, Celso Nava Isidro, en el libramiento Tierras Prietas, cerca de la caseta de cobro ubicada en Tixtla; el 4 de octubre fueron ejecutados en un presunto asalto dos estudiantes normalistas de cuarto grado de Ayotzinapa Jonatan Hernández Morales y Filimón Tacuba Castro y el 28 de octubre fue hallado asesinado el policía comunitario de la colonia El Zapote Albert Rafael Navarrete Reynada en el camino que conduce al basurero de la capital.
En los colindantes municipios de Chilapa y Zitlala existe un grave problema de desapariciones forzadas. Sólo en Zitlala en los últimos tres días fueron encontrados 32 cuerpos, cuatro cabezas humanas dentro de una hielera y dieciséis fosas clandestinas”, añade.
El boletín resalta que como pueblos originarios de Guerrero se preguntan ¿hasta cuándo van a permitir que sigan los asesinatos y ejecuciones de los guerrerenses?,  que en su caso responderán como CRAC-PC a esta agresión directa, organizándose en más comunidades, porque es hora de que el pueblo tome en sus manos el ejercicio de sus derechos de manera directa y contundente, “no basta con gritar en las calles”.
Por lo anterior subraya que  exige a las autoridades federales, estatales y municipales el esclarecimiento del asesinato del coordinador del Comité de Enlace, para que sean castigados los autores materiales e intelectuales. Exige al gobierno justicia, con una respuesta inmediata del Estado mexicano para que no quede impune la ejecución de su compañero.
Con el asesinato del coordinador de la CRAC se alientan los homicidios contra líderes sociales

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero condenaron el asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, además manifestaron que les queda claro que con esto el gobierno del estado pretende desactivar los movimientos sociales por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes.
A las 6:45 de la mañana del pasado miércoles privaron de la libertad a Salmerón Dircio cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, a donde nunca llegó. El viernes pasado el cuerpo de Salmerón Dircio y el de otro hombre fueron encontrados envueltos con bolsas negras y con cinta café en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles en Chilapa, a unos 500 metros del retén de militares.
En un comunicado del Tadeco y el Comité de Familiares se denunció que “en medio de un ambiente ya constante de inseguridad y violencia social, criminalización de la protesta social, imposición de políticas antipopulares y represión, el Estado Mexicano vuelve a cerrar la pinza contra el pueblo de Guerrero alentando el paramilitarismo y los asesinatos selectivos de dirigentes sociales”.
En el escrito se acusó que el gobierno del estado es fiel a sus compromisos con la clase política por la pérdida del control del país, que ha desarrollado en el estado y particularmente en la zona Centro una estrategia de desactivación del movimiento social por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes, fomento de la militarización y paramilitarismo, protección  de grupos del narco con quienes mantienen alianzas estratégicas de poder y limpieza (asesinatos) de luchadores sociales, dirigentes populares y defensores de derechos humanos.
“Por ello condenamos el asesinato del profesor (Irinero Salmerón)… exigimos la acción inmediata de las autoridades judiciales correspondientes de manera transparente conforme a su propia legislación vigente, esclarecimiento de este vil asesinato, castigo a los culpables y justicia para las víctimas, sus familias y sus compañeros de organización”.
Además en el documento se  lee que el consentimiento del Estado es evidente y por ello es responsable de estos crímenes, que de lo contrario el Estado debe demostrar el hacer  justicia en el caso del profesor  y de todos los asesinatos extrajudiciales.

 

 

Paran agentes de Tránsito en la capital; no les pagan su quincena, señalan

Agentes de Tránsito de la capital pararon labores en sus oficinas para exigir al presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena, y al subsecretario del ramo, Roberto del Moral Benítez, el pago de la primera quincena de septiembre.
A las 11 de la mañana unos 20 agentes pararon labores en las oficinas en el cuartel de la Policía Municipal en el viejo libramiento a Tixtla en la colonia Alianza Popular.
Un agente que se reservó su nombre dijo que la inconformidad fue porque les retuvieron el pago de la primera quincena de septiembre “del 15 de este mes a la fecha no nos han depositado”.
Informó que cada agente recibe 3 mil 52 pesos quincenales y que están siendo afectados 60 para llevar el sustento a sus familiares.
Agregó que el pago debe hacerse cada 15 días porque hay un presupuesto destinado para cubrir el salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo.
“Desconocemos por qué nos retuvieron la quincena a cuatro días, se supone que hay un presupuesto destinado para el pago de salario y no nos pagan en tiempo y forma, es un derecho que nos corresponde como trabajador”, declaró.
A las 12 del día se reunieron con el subsecretario de Tránsito, Roberto del Moral Benítez quien les explicó que no hay dinero o fondos para el pago de salarios de los agentes y que buscará alternativas para atender el problema.
El agente se quejó que Roberto del Moral “se molesta cuando realizamos una movilización dentro de la corporación, nos grita grilleros pero es un derecho a manifestarnos para exigir nuestras peticiones”.
A la 1:30 de la tarde los agentes reanudaron labores luego de que a algunos ya les habían depositado la primera quincena de este mes.

Protestan campesinos nahuas de Chilapa en la capital; exigen 300 paquetes de fertilizante

 

Campesinos de Chilapa aglutinados en el Consejo de Pueblos Nahuas de Atzacoaloya protestaron en el Palacio de Gobierno, para exigir que el gobierno del estado que entregue 300 paquetes de fertilizante que le solicitaron desde marzo.
Los campesinos pidieron al gobierno estatal la entrega de 600 paquetes, además de tinacos, viviendas y espacios en el programa empleo temporal, pero no han sido atendidos.
La mañana de este jueves unos 30 campesinos protestaron en la entrada principal del edificio gubernamental, y exigieron que les entreguen la mitad de los paquetes que solicitaron.
El dirigente Roberto Reyes Calvario explicó que el descontento de los campesinos es que no se cumplió la promesa de entregarles los 300 paquetes, que ahora les quieren entregar 250 y no les alcanza para la siembra.
“Primero nos tumbaron los 600 que pedíamos, nos dejaron en 300 y ahora resulta que sólo nos quieren dar 250”, agregó.
Insistió que la decisión que tomó el gobierno del estado no es la mejor para el campo ni las familias que ya contaban con el fertilizante solicitado, por eso reiteraron que aunque sea les entreguen los 300 paquetes.
“Le estamos pidiendo al gobierno del estado que intervenga, no se que está pasando con nosotros, el gobernador en campaña prometió que iba haber fertilizante para todos así como el programa de vivienda, pero hasta ahorita no vemos nada”, señaló.
Recordó que la mayoría de la gente que lo está solicitando es por que no tienen otra forma de proveer a su familia, por lo que esperan el apoyo para su siembra y alimentarse.
“Queremos programas para que la gente reciba apoyo, por eso nuestra inconformidad, porque no brindan la ayuda para 10 comunidades”, señaló.
Ante esto recordó que a las comunidades marginadas lo que los beneficia es la ayuda por medio del programa estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Empleo Temporal, pero tampoco les ha llegado.
Tras dos horas fueron recibidos por trabajadores de la Secretaría General de Gobierno y se propuso una mesa de trabajo para avanzar en la atención a sus peticiones.

Bloquean madres solteras y grupos vulnerables dos calles en Chilpancingo; exigen pensiones

Madres solteras y personas con capacidades diferentes bloquearon durante tres horas las calles Francisco I. Madero y Teófilo Oleo Leyva, en el centro de la capital, para exigir el pago de pensiones para 525 personas y la entrega de 75 tarjetas restantes del programa Guerrero Nos Necesita a Todos, del gobierno del estado.
El programa concentra los apoyos económicos entregados a los sectores vulnerables durante la administración de Ángel Aguirre Rivero.
A las 10 de la mañana, más de 50 mujeres acompañadas de sus hijos, y personas con capacidades diferentes llegaron a la calle donde se encuentra la oficina del programa.
Ante la falta de atención de los funcionarios, los inconformes bloquearon las dos calles, a unos metros del Zócalo capitalino, los manifestantes portaron cartulinas en las que se leía, “Señor gobernador exigimos el depósito de las tarjetas a incapacitados”, “Solución a las tarjetas de madres solteras”.
En el lugar, el regidor del municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Eugenio Vázquez de Jesús explicó que no se les han depositado los 500 pesos que reciben los días 28 de cada mes y que benefician a  madres solteras y grupos vulnerables de su municipio.
Detalló que algunas familias que dependen de este ingreso acudieron a las tiendas a adquirir productos de la canasta básica, pero no pudieron comprar nada porque no tenían dinero en las tarjetas.
Agregó que, además, tampoco les han entregado 75 tarjetas para los demandantes que solicitaron el apoyo a principios del año.
Luego de tres horas de mantener el bloqueo, los manifestantes fueron atendidos por trabajadores del programa, que les entregaron 110 tarjetas a los beneficiarios que acudieron a la protesta; además les informaron que el próximo jueves les abonarán los pagos a los 525 beneficiados. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Entregará la Sedatu 57 casas cuarteadas, sin luz, drenaje ni agua en Tlapehuala, denuncian

En Tlapehuala se van a entregar 57 casas que construyó el gobierno federal por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y las cuales no cuentan con drenaje y están en una zona inundable, además las casas ya tienen cuarteaduras.
Este jueves una comisión de los 57 vecinos beneficiados visitó a la alcaldesa municipal, Anabel Balbuena Lara, para solicitar su intervención debido a que esta obra tampoco incluye calles pavimentadas y está construida en un terreno barroso a las afueras de la ciudad y con las recientes lluvias no entran los vehículos con facilidad.
Todas las casas del fraccionamiento ya están cuarteadas además de que están inundadas las fosas biodigestoras, que son las alternativas de drenaje que les fueron construidas.
Estas fosas consisten en tanques de plástico sepultados bajo tierra y éstos se llenaron de agua con las últimas lluvias y requieren de un mantenimiento que no se les ha dado y los usuarios temen que así como ya se llenaron de agua sirvan menos de 15 días.
Las calles solamente serán revestidas de tepetate y así serán entregadas, el fraccionamiento completo se encuentra en una zona baja y pareciese que se construyó dentro de una laguna pues toda la zona se llena de agua cuando caen fuertes lluvias.
Todavía no hay servicio eléctrico a pesar de que el fraccionamiento está casi enfrente de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ya llevaron hasta la columna y la red eléctrica pero todavía no ha sido distribuida.
Para evitar las inundaciones se está construyendo un canal contenedor que trate de controlar el agua que baja de otros puntos pero todavía no está terminado a cinco días para que se cumpla la fecha que la Sedatu dio para entregar las casas.
Tampoco hay agua potable y el Ayuntamiento está trabajando para llevar el servicio y se espera que en menos de 10 días ya esté la tubería en este fraccionamiento.
Al ser consultada, la alcaldesa Anabel Balbuena dijo que es preocupante la calidad de las casas así como la pobreza de servicios con la que serán entregadas, y que los usuarios se han estado quejando con ella de ese tema por lo cual pide al gobierno federal que intervenga para que las viviendas garanticen la calidad de vida para cada uno de los beneficiados.
Estas viviendas son para las personas que perdieron sus viviendas en las inundaciones provocadas por la tormenta Manuel en el 2013 y que el gobierno federal contemplaba entregarlas en menos de un año pero la obra se se extendió casi tres años y como fecha de entrega se programó el próximo 20 de agosto a pesar de que todavía no están terminadas.
Las casas tienen severas cuarteaduras y éstas ya fueron resanadas por lo cual a pesar de que las viviendas ya estaban pintadas se observan las reparaciones del cemento que les pusieron y se espera que esta semana otra vez sean pintadas para tapar las correcciones.
Anabel Balbuena dijo que el Ayuntamiento enviará a un grupo de ingenieros para hacer una valoración acerca de la forma de cómo ayudarles a tener un mejor drenaje en este fraccionamiento, y dijo que el problema no es sencillo debido a que este fraccionamiento está en una zona muy baja y no podrán ser conectados a la red principal.
También dijo que los usuarios están pidiendo que les pavimenten las calles y que tanto el drenaje y la pavimentación van a requerir una fuerte inversión que el municipio no tiene de momento y que a estas alturas el presupuesto del 2016 ya está etiquetado por lo tanto requería que para el siguiente año se contemple y busquen apoyo del gobierno estatal y federal para no dejar abandonadas a esas familias debido a la (baja) calidad de la obra que van a recibir.

Protesta de vecinos en el palacio Municipal; exigen servicios públicos y microcréditos

Unos 100 vecinos de diferentes colonias como La Venta, Barrio Nuevo, Villa Madero, Simón Bolívar, López Portillo, Emiliano Zapata y Flores Magón protestaron en el Palacio Municipal para pedir servicio de agua potable, reparación de luminarias, apoyo con microcréditos, láminas y tinacos.
Los inconformes iban encabezados por el dirigente de la Organización Social Democrático de Guerrero, Víctor Barrios Zarabia, quien se quejó de que este gobierno nada sólo beneficia a simpatizantes de las corrientes Nueva Mayoría y Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG).
Los vecinos llevaron cartulinas en las que se leía: “Evodio cumple al pueblo”.
Una comisión fue atendida por el director de Gobernación, Juan San Román Ortiz, con quien acordaron una mesa de trabajo el próximo jueves, y en la que estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Alumbrado Público y Desarrollo Económico.
Barrios Zarabia recordó que en noviembre del año pasado entregaron un documento en el que solicitaban láminas, cemento, tinacos, introducción de agua potable, microcréditos, apoyo con becas, y “estamos cansados que nos estén dando largas, nada más atole con el dedo”, por ello advirtió que en caso de que el jueves no haya solución llevarán a cabo manifestaciones en el Palacio Federal.
“Evodio nada más apoya a su gente, a Nueva Mayoría a Nueva Izquierda y la gente de Víctor Aguirre al UIG, nada más estas tres corrientes apoya. Nosotros no somos de ninguna corriente, somos una organización civil, no estamos con ningún partido”, declaró a reporteros el dirigente, aunque vecinos dijeron que votaron por él.
Sostuvo que vecinos de diferentes colonias son los que han dicho que no apoyan a esas corrientes; “sabemos que es una corriente del PRD y hay un acuerdo político porque viene el 2018 y quieren otra vez meter su gente. No somos perredistas”.
Barrios Zarabia informó que ya tuvieron una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos Sociales y Religiosos, Felipe de Jesús Kuri Sánchez; y con el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, José Natividad Calixto Díaz, “pero no solucionan nada, ellos tienen a su grupo y a los demás nos dejan descobijados”.
Agregó que van a confiar en las autoridades y esperan que el jueves les den solución a algunas de las demandas, de lo contrario tomarán las oficinas del Palacio Federal.

Denuncian damnificados de Zirándaro que la alcaldesa no apoya en la reconstrucción de casas

 

El gestor del poblado de Aratichanguio, municipio de Zirándaro, en la región de Tierra Caliente, Mariano Peñaloza Beltrán, denunció que la presidenta municipal, Yolanda Anaya Cruz, se negó a gestionar el presupuesto de las viviendas que se deben reconstruir al menos en seis comunidades que fueron devastadas por los meteoros Manuel e Ingrid en 2013.
Expuso que hace aproximadamente dos meses acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con el presidente del comité de damnificados de Aratichanguio, Leobardo Pacheco Beltrán, para entregar un oficio al delegado federal, José Manuel Armenta Tello, en el cual le solicitaron la reconstrucción de las viviendas.
Consultado vía telefónica para conocer el avance de la construcción, Peñaloza Beltrán informó que la alcaldesa se negó a apoyar el proyecto de reconstrucción de viviendas a pesar de que ella sería únicamente gestora del presupuesto federal asignado por la Sedatu, “solamente recibiría el recurso para llevar a cabo la construcción de las viviendas, pero se negó”, dijo.
Comentó que luego de la negativa, un comité de damnificados de aquella región solicitó una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para exigir una solución al problema que persiste en comunidades como Crucero de Tasajera, La Ordeña, Hacienda Vieja, Tziritzícuaro y Las Juntas de Cujarán, las que quedaron devastadas por las lluvias de Ingrid y Manuel en 2013.
Mariano Peñaloza manifestó que desconoce las causas por las que la alcaldesa se negó a gestionar el presupuesto, pues el municipio no aportaría nada para construir las casas, “pues el gobierno federal se encarga de depositar el presupuesto para construirlas”.
“Hace aproximadamente un mes se reunió con la subdelegada, Alma Aurora Jiménez Sales y tras la reunión dijo que ella no podía apoyarnos con ese proyecto; negó el apoyo al pueblo pese a las circunstancias difíciles que se viven”, expresó Peñaloza Beltrán.
Recordó que el censo de las seis comunidades afectadas indica que son más de 200 familias las afectadas, quienes además se encuentran en pobreza extrema.
Señaló que el comité de damnificados en Tierra Caliente envió un oficio a la alcaldesa para que firmara y quedara constancia de su negativa para apoyar a los damnificados.
El representante recordó que meses después de las inundaciones, algunas empresas constructoras contratadas por la Sedatu comenzaron a construir algunas viviendas del programa federal Vivienda Digna, pero que después se retiraron y dejaron las casas incompletas.
Subrayó que las pocas casas edificadas carecen de techo, paredes y servicios básicos, pues las constructoras se ausentaron desde hace un año, y que desde la carretera que comunica a Zirándaro y Aratichanguio se pueden ver las casas afectadas.