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No entrega la Cdi la planeación para reubicar a vecinos de Majada de Toro, Chilapa, denuncian

Pobladores de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, denunciaron que sigue sin comenzar la construcción de las 217 viviendas que hacen falta en la comunidad de Xicaixtlahuac, donde serán reubicados, debido a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) no ha entregado la inclusión de las plataformas donde serán construidas las casas restantes.
Vía telefónica, el representante de la comunidad, Pedro Reynoso, recordó que el Ayuntamiento de Chilapa entregó la planeación estratégica para la ubicación de las casas para los vecinos de las comunidades de San Marcos Majada de Toro y Tierra Blanca, además de la colonia 3 de Mayo, en Chilapa.
Pero se quejó de que permanece parada la obra en la comunidad debido a que la Cdi no ha entregado la planeación de las plataformas donde serán construidas las casas.
Expuso que hay una gran inconformidad entre los damnificados, pues ante el inicio de la temporada de lluvias es probable que ocurran lo mismos problemas de hace tres años, cuando cientos de pobladores resultaron afectados por las contingencias de 2013.
“No entendemos qué es lo que pasa, supuestamente ya se tendría que haber comenzado la construcción, pero (la) Cdi no ha entregado las plataformas”, expresó.
El representante abundó que a casi tres años de la contingencia, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la única que ha entregado las primeras 50 casas construidas por la empresa Grupo de Oro, sin embargo, éstas tienen deficiencias como grietas en las paredes y filtraciones de agua, y han sido reparadas por los mismos colonos ante la falta de atención de las autoridades.
Detalló que las familias damnificadas siguen confiando en que en este año culminen los trabajos, y agregó que en el transcurso de la semana acudirán a las oficinas de la Cdi en Chilpancingo para protestar y exigir que continúen los trabajos de reconstrucción de las viviendas.

Denuncian esposas de policías desaparecidos de Iguala que les suspendieron el pago de salarios

 

Esposas de seis policías municipales desaparecidos entre 2013 y 2014 durante el periodo del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que son integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala, denunciaron que el gobierno del priista Esteban Albarrán Mendoza les suspendió a partir de la segunda quincena de marzo el pago del salario de sus esposos, y ahora sólo les ofrece mil pesos al mes.
Las mujeres informaron que el 31 de marzo que se presentaron a cobrar como lo han hecho desde la ausencia de sus parejas, no les pagaron.
Pidieron la omisión de sus nombres, pero informaron que sus cónyuges eran policías municipales y desaparecieron entre 2013 y 2014.
Una de las esposas informó que Albarrán Mendoza tiene conocimiento de su situación, pues desde el principio de su gobierno le presentaron las copias de las denuncias y las averiguaciones previas presentadas en la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), como muestra de la desaparición.
Cobraban entre 3 mil 560 y 4 mil pesos a la quincena, según el grado que tenía cada uno de los policías.
Con una actitud “burlona” el director de Recursos Humanos, Ricardo Leal Núñez y el asesor jurídico del alcalde, Alfonso Arteaga Damasio les informaron que la suspensión de sus pagos fue debido a que sus esposos no se habían presentado a las evaluaciones requeridas por la Comisión Estatal de Seguridad Pública para su acreditación para la Policía Única, y que el gobierno municipal no ha notificado a la dependencia la situación de ausencia de esos agentes, agregaron.
Una de las afectadas dijo que ahora el ofrecimiento que les hicieron es de un apoyo económico de mil pesos al mes o ingresar a laborar para el Ayuntamiento, y les dieron las opciones de El Rastro, “en el mercado a barrer pasillos”, en la Dirección de Limpia o Parques y Jardines.
Las también integrantes del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala calificaron esta acción Esteban Albarrán como una “revictimización”, e informaron que esos recursos son el único ingreso que tenían para el sustento de sus familias.

Denuncian trabajadores de la Secretaría de Salud que su sindicato les quitó la prestación de gastos funerarios

 

Trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) de Guerrero manifestaron su indignación mediante un documento enviado a la prensa, porque el Consejo Nacional de Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), “borró de un plumazo” el Fondo de Auxilio por Defunción (FAD) equivalente a 50 mil pesos como apoyo para gastos funerarios de los trabajadores.
La dirigencia nacional de ese sindicato promovió una reforma al reglamento de ese apoyo en el que se establece que ahora la ayuda a los familiares del trabajador que fallezca será equivalente al tiempo que haya laborado y cotizado.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Secretaría de Salud envió la circular Pre 008/2015 con fecha 4 de abril a todos los secretarios generales, donde se dan a conocer los términos del nuevo reglamento.
En la circular se lee: “En atención y seguimiento a los acuerdos concluyentes en el XLIII Congreso Nacional Ordinario de dirigentes del SNTSA 2015, en materia del Fondo de Auxilio por Defunción (FAD), me permito informarle que a partir del mes de enero del presente año, los pagos a los responsables de cobro, depositarios, por designación y correspondencia de los trabajadores, serán cubiertos de acuerdo a las cantidades como se detalla en la presente”.
La circular está firmada por Marco Antonio García Ayala, presidente del CEN del SNTSA, quien aclara a los secretarios generales que el acuerdo fue depositado para su registro en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
“La medida previsora del presente acuerdo quedó establecida de manera que el beneficio que se da a los responsables de cobro, en ningún caso sea inferior a las aportaciones que el trabajador pudiera generar en todo su ciclo laboral”, dice a manera de justificación el documento de la dirigencia del SNTSA.
En el mismo documento se adjunta la tabla de las cantidades a las que el trabajador tendrá derecho por años de cotización, para el pago de la ayuda de “últimos gastos”.
En la tabla se menciona que en el primer periodo de aportación, que será de 1 hasta 10 años, el monto del beneficio será de 15 mil pesos y el trabajador tendrá derecho a un monto de hasta un millón 200 mil pesos.
En el segundo periodo que será de 11 hasta 20 años, con una aportación de 25 mil pesos, el apoyo será de hasta de 2 millones 400 mil pesos si el trabajador cotiza 20 años.
El tercer periodo es de 21 años o más, y con una aportación de 50 mil pesos, el trabajador recibirá hasta 3 millones 600 mil pesos si cotiza 30 años.
Los trabajadores de la Ssa en Guerrero agremiados al SNTSA se inconformaron con esta reforma.
En un documento enviado a reporteros con el título, “Ahora dale las gracias a tu diputada Beti Vélez”, en referencia a la secretaria general de la sección 36 del SNTSA y diputada federal del PRI por el distrito 07 con cabecera en Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez, denuncian que la dirigencia nacional de su sindicato perjudicará al 80 por ciento de los trabajadores de la dependencia, y que en el caso de Guerrero son aproximadamente 15 mil los agremiados.
El documento menciona que con la reforma al reglamento de FAD se borra “de un plumazo” el apoyo que era equivalente a 50 mil pesos en general para todos los trabajadores, y que ahora va a ser de acuerdo a los años de antigüedad, “y lo peor es que lo que sólo podía ser modificado en un congreso nacional se modificó en un Consejo Nacional de Dirigentes”.
El reglamento que fue modificado establece ahora en su artículo 4 que los afiliados al sindicato, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 fracción XX del estatuto general, “deberán realizar, de manera permanente, sus aportaciones al Fondo (FAD), las cuales serán descontadas de su salario por la Secretaría de Salud mediante el concepto 70 o su similar, lo cual les otorgará la calidad de aportante”.
Los trabajadores se quejan también porque se burocratizó el trámite para cobrar ese apoyo, pues el nuevo reglamente menciona: “Las solicitudes de pago del beneficio del fondo deberán ser ingresadas por el responsable del cobro a la Secretaría del Fondo de Auxilio por Defunción del CEN, en un plazo no mayor a 45 días naturales a partir de la fecha del fallecimiento del aportante establecida en el acta de defunción”.
Además, una vez concluido dicho plazo corresponderá al CEN determinar lo procedente.
También se quejan de que se establece que la solicitud de pago de beneficio del FAD será procedente una vez que se reciba de alguno de los responsables de cobro autorizados con toda la documentación señalada en el reglamento, “sin que exista responsabilidad alguna por parte del CEN en el caso de cualquier controversia al respecto”.
Una vez recibida la solicitud de pago con toda la documentación señalada, en el caso de ser procedente, el CEN tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles para realizar el pago del beneficio del Fondo.
El nuevo reglamento añade: “El monto del beneficio del Fondo será establecido por el CEN, mediante acuerdo de la presidencia y de las secretarías de Finanzas y del Fondo de Auxilio por Defunción, a partir del análisis técnico y financiero de los recursos económicos del fondo (FAD), de las consideraciones actuariales de sus obligaciones, así como de la procedencia de cada una de las solicitudes de pago que se reciban”.
El nuevo reglamento del FAD abrogó el de fecha 1 de febrero de 1987, denuncian los agremiados al SNTSA.

Protesta de vecinos de la colonia Fuerza Aérea; pretenden desalojarlos de su predio, denuncian

Avecindados de la colonia Fuerza Aérea protestaron y cerraron de forma simbólica, por una hora, las oficinas del Registro Público de la Propiedad ubicadas en el centro de convenciones Copacabana, para exigir al delegado que anule el registro de 37.5 hectáreas escrituradas como propiedad de la empresa Basiliks, del hijo del ex gobernador Israel Nogueda Otero, Israel Nogueda Pineda.
Desde las 9 de la mañana, unas cien personas, acompañadas de las ex diputada federal perredista Rosario Merlín, llegaron al centro de convenciones, y con lonas y cartulinas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores no caer en el fraude de Israel Nogueda Pineda y la empresa Basiliks, que pretenden ocupar 37.5 hectáreas habitados por familias que han empezado a ser desalojadas con violencia.
A las 10 de la mañana, 10 vecinos, incluida Rosario Merlín, entraron al centro de convenciones Copacabana y clausuraron las oficinas del Registro Público de la Propiedad, colocaron dos sellos y un sillón en la entrada. Una hora después, luego de ser atendidos por el delegado Gregorio Apreza Herrera, los inconformes se retiraron.
El delegado, en breves declaraciones, dijo que se revisará la petición de los inconformes y precisó que la dependencia no expide escrituras, solo las inscribe en un padrón.
Al término de un encuentro con los manifestantes, se informó que hoy se realizará una reunión en la Secretaría General de Gobierno.
Según indicaron los manifestantes, Apreza Herrera se comprometió a no entregar más folios ni registrar escrituras hasta el 12 de abril, día en que dará a conocer cuántos folios de registro de propiedades se han entregado y cuál es la notaría que dio las escrituras a los supuestos propietarios del terreno de 37.5 hectáreas que es parte de un ejido.
En declaraciones, el abogado de los colonos, Jaime Alvarado López, adelantó que al menos una escritura fue emitida por la Notaría número 4, a pesar de que el predio donde se ubica la colonia Fuerza Aérea pertenece al ejido de Las Playas, donde viven más de mil familias. Sin embargo los terrenos ocupados desde el año 2000 no cuentan con escrituras.
La vecina y representante de los colonos, Joaquina Hernández Agüero, señaló que el comisariado ejidal los ha respaldado y en el 2001 los reconoció como avecindados de la colonia Fuerza Aérea.
Agregó que el 13 de septiembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también reconoció el predio donde está la colonia como ejido.
En 2003, el Tribunal Unitario Agrario dictaminó que las tierras del asentamiento no eran ejidales, y en aquel año el ex gobernador Israel Nogueda Otero ofreció 500 lotes para las familias en Pie de la Cuesta, pero no especificó el lugar.

Denuncian policías estatales asignados a Acapulco que no les dan herramientas ni descanso ni viáticos

Policías del estado asignados a Acapulco denunciaron que el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, y el subsecretario Tomás Hernández Martínez no les dan día de descanso, no les dan herramientas de trabajo adecuadas ni les pagan sus viáticos.
En un comunicado los agentes quienes omiten sus nombres por temor a represalias, piden al gobernador Héctor Astudillo Flores que atienda de inmediato el problema.
“Cómo es posible que el disque general secretario Almazán y el subsecretario Tomás nos traigan como viles esclavos sin ningún minuto de descanso”, se quejan en el documento.
Piden al jefe policiaco respetar sus días de descanso para “poder desempeñar mejor nuestro servicio como policías”.
Reclaman que los policías del estado carecen de equipo y herramientas de trabajo como patrullas, y que para los recorridos de seguridad y vigilancia los agentes andan a pie.
También critican que el jefe policiaco no ha cubierto el aumento de los viáticos desde que se lo solicitaron, y aunque no se precisa la fecha, aseguran que asciende a unos 4 mil 500 pesos.
Manifiestan que tampoco les han otorgado el bono de riesgo ni uniformes de buena calidad, “son varios puntos que la Policía del Estado exige”.
Advierten que si en dos días no atienden sus peticionesdarán una conferencia de prensa para denunciar las anomalías en la corporación, y solicitarán la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
“Señor gobernador voltee a ver a la Policía Estatal y atienda nuestra inconformidad, no deje el dinero a este par de ambiciosos (Almazán y Hernández)”, se lee en el comunicado.

Hay empleados de gobierno entre los invasores de El Mirador, denuncian damnificados

Damnificados de la colonia El Amate, expusieron que detrás de las familias que habitan de manera irregular 130 viviendas del fraccionamiento El Mirador, puede estar el Ayuntamiento capitalino junto con dependencias estatales, pues han comprobado la presencia de trabajadores municipales y estatales de Salud y Educación que viven en el predio.
La mañana de este viernes, en la casa de la señora Sabina Ramos Cicilio, reconstruida con madera y láminas usadas de asbesto luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013, el comité vecinal de damnificados de El Amate reiteró que han acudido ante todas las instancias gubernamentales para solicitar el desalojo de las personas que invadieron el terreno donde reubicarían su domicilio, en El Mirador, pero nadie ha atendido sus peticiones.
Abundaron que ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ni el gobierno estatal o la Procuraduría General de la República (PGR) han puesto un verdadero interés para revertir el conflicto de las viviendas, y detallaron que el jueves, cuando fueron al fraccionamiento, fueron amenazados nuevamente con machetes y palos por un grupo de personas, quienes les negaron el acceso.
Debido al retraso del desalojo, la representante del comité, Karen Hernández Pérez indicó que existen sospechas de que los habitantes irregulares del terreno están siendo protegidos, pues ahí habitan abogados, trabajadores del Ayuntamiento, de la Jurisdicción Sanitaria y docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Comentó que los “invasores” les aseguraron que no se saldrán de las viviendas porque cuentan con el respaldo de las autoridades, “nos dicen que son la ley y que cuentan con el respaldo de funcionarios municipales y estatales, y que tienen acuerdos con la diputada Beatriz Vélez y el alcalde Leyva Mena; se muestran seguros y nosotros no vemos que las autoridades procedan en beneficio de los damnificados”, denunció.
Asimismo, Hernández Pérez exige al alcalde, Marco Antonio Levya Mena y al gobernador, Héctor Astudillo Flores una revisión para identificar si hay trabajadores que pudieran estar involucrados en la invasión, pues consideran una injusticia que los verdaderos afectados por los meteoros de 2013 no puedan habitar las viviendas.
Karen Hernández subrayó que cuentan con todas las evidencias que comprueban que son los dueños legítimos de los hogares, y que actuarán de manera legal hasta las últimas consecuencias para lograr habitar las casas que les pertenecen.
Posteriormente, una menor de 10 años acompañada de su madre, de nombre Angélica García Miranda, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con la vivienda que le prometió desde hace tres años, “que no esté ubicada en zona de alto riesgo como en la que actualmente vivimos y que nos evite la preocupación que diariamente vivimos”, comentó la pequeña.
Explicó que en la visita del presidente a las instalaciones del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), donde estaban refugiados, solicitó la construcción de un nuevo hogar en una zona segura, y que Peña Nieto se comprometió a construirla.
Sin embargo, Angélica Miranda, madre de la niña, indicó que hasta la fecha el presidente no ha cumplido con la promesa, “incluso Peña Nieto bromeo con mi hija diciéndole que era su novia, ese día se mostró accesible con nosotros, pero hasta el momento no hemos visto resultados”, explicó.
Por su parte, mediante un boletín oficial, el gobierno del estado informó que el director general del Registro Público de la Propiedad, Lenin Carbajal Cabrera, y el director general del Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, Rodolfo Ruiz Cabrera, acordaron coordinar acciones para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en diversas colonias de la capital del estado.
En el documento se informa que en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de la capital, Lenin Carbajal informó que en coordinación con la Sedatu federal, se dará atención y seguimiento a la regularización de los predios donde fueron reubicadas las familias damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
El documento explica que que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) atenderá 598 trámites de la colonia El Mirador y 67 de la comunidad de Petaquillas.
Según el documento, por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, se dará puntual seguimiento a este proceso para garantizar a los beneficiados la certeza jurídica de sus propiedades.

Denuncian policías de Tlapehuala que los despidieron aunque pasaron los exámenes de confianza

 

Policías municipales de Tlapehuala denunciaron que 32 miembros de la corporación fueron despedidos sin justificación tras la llegada de la nueva administración perredista, encabezada por Anabel Valbuena Lara.
La mañana de este martes unos ocho policías municipales acompañados por su representante, Juan de la Torre Suárez, se entrevistaron con el rector de la Universidad Policial del Estado de Guerreo (Unipol), Pedro Rosendo Ortiz Álvarez a quien le expusieron el problema y le pidieron que interviniera.
De la Torre Suárez explicó que hace dos semanas fueron despedidos 32 policías sin justificación y a pesar de que obtuvieron todas las certificaciones necesarias para operar en el municipio.
“Incluso participaron en el curso realizado en Tlaxcala, están capacitados para operar en el municipio”, agregó
Durante su visita al Palacio de Gobierno, el representante de los policías comentó que se trata de un asunto político, pues los policías que fueron despedidos no participaron en la campaña del gobierno municipal actual y por eso se les despidió.
“Desafortunadamente son cuestiones políticas, porque algunos de ellos no participaron ni apoyaron al PRD y pues fueron despedidos”, se quejó.
Insistió en que los 32 efectivos municipales pasaron todas las certificaciones y evaluaciones, y que concluyeron ese proceso en septiembre del año pasado.
Agregó que algunos casos son policías con más de 16 años de servicio quienes fueron despedidos sin que se les pagara su liquidación, pero recordó que el objetivo principal es recuperar su fuente de trabajo.
Dijo que el rector reconoció que es difícil contratar a nuevos policías porque no hay gente dispuesta debido a la violencia en Guerrero.
Tras la reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Unipol se acordó que los policías tendrán que volver a inscribirse en la universidad.
Ante esta respuesta, el representante criticó que no se respetaran las certificaciones que presentaron junto con toda su documentación, pues hay policías que tienen más de 40 años y en la universidad policial piden que no sean mayores de 35.
Agregó que esto implica un gasto extra para los policías quienes en su mayoría son el único sustento de sus familias, así que continuarán buscando una respuesta a su situación.

Denuncian ex ministeriales que la Fiscalía insiste en quitarles su pensión y sus seguros

 

Unos 30 ex agentes de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), se quejaron porque el fiscal Xavier Olea Peláez no cumplió con los acuerdos y procederá con la investigación a 230 agentes discapacitados para suspenderles el pago de su salario, seguro de invalidez y antigüedad.
Hace nueve días los inconformes se reunieron con el fiscal y acordaron que no procedería con la investigación para no afectar a los agentes discapacitados.
Los policías incapacitados acudieron a la Fiscalía y pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores buscar alternativas para no suspender el pago de sus salarios y los seguros de invalidez, antigüedad y de vida. Uno de los inconformes, quien se reservó su nombre, recordó que en la administración del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero interpusieron demandas para que les pagaran sus salarios completos y les dieran las prestaciones correspondientes, pero que las autoridades dieron carpetazo al asunto.
Señaló que el fiscal pretende reincorporarlos a la corporación, “es absurdo que el fiscal quiera que nos incorporemos a las filas de la ministerial, no podemos porque tenemos secuelas de los accidentes y balazos que recibimos en servicio y no podemos”.
“Hay una averiguación de cuando era gobernador Ángel Aguirre, que consta de 300 hojas, pero sus subordinados le dieron carpetazo al asunto, esta averiguación no prosperó nunca, no nos dieron solución, sobornaron autoridades para que todo se quedara en calma”, denunció.
Dijo que hay cuatro casos de compañeros que sólo reciben la mitad del salario que percibían cuando estaban activos y les han sido retiradas todas las prestaciones.
Comentó que tienen más de  30 años arriesgando su vida, y que “pasa uno y otro fiscal” y no atienden sus demandas.
Una mujer de 60 años que dijo que fue coordinadora de  la Policía Ministerial aseguró que ha tenido acercamiento con las autoridades de la Fiscalía y “nos han dicho que no hay dinero para finiquitar y nivelar los salarios”.
“No se vale que estos señores nos traten de esta manera, que pongan a trabajar a sus elementos que tienen actualmente, que se dediquen a cumplir con sus funciones, hay mucho trabajo en la calle, que demuestren su capacidad si es que de verdad tienen ganas de trabajar”, expresó.
Recordó que Xavier Olea integró una averiguación en contra de los incapacitados, “un comandante de la ministerial enviaba una averiguación previa a nuestras casas para ver en qué condiciones estábamos, para quitarnos nuestros derechos que como trabajador nos corresponden”, se quejó.

Piden comisarios de la sierra una reunión con el gobernador para hablar de la octava región

Integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero denunciaron que hay líderes como el ex secretario de Desarrollo Rural, Rigoberto Acosta González, que lucran con la promoción de la creación de la octava región, además informaron que más municipios de la sierra se adhirieron a su organización.
Los comisarios exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores una audiencia, pues no les confirmaron la que tendrían hoy para plantearle que los verdaderos interesados en formar la octava región son los integrantes de su organización, y que si en ocho días no hay respuesta acudirán vecinos de los 48 pueblos de la sierra y marcharán en la capital.
En conferencia de prensa el presidente de la Unión de Comisarios por la Paz, Ismael Cástulo Guzmán dijo que los comisarios hacen un llamado al gobernador “para que se deje de jaloneos y de andar sirviendo a organizaciones que nunca han dado la cara por la sierra”.
Cástulo Guzmán aseveró que los líderes sólo comparecen ante las autoridades para dividir a la población y hablarán con las demás organizaciones para la creación de la octava región, porque hay líderes que lo quieren manejar a su conveniencia. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Protestan choferes en la Fiscalía en Iguala; los policías los extorsionan, denuncian

 

Más de 200 choferes, permisionarios y líderes del transporte público bloquearon la mañana de ayer dos horas un carril del bulevar Heroico Colegio Militar afuera de la Fiscalía regional de Iguala, para manifestarse en contra de cuatro agentes de la Policía Ministerial y del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Carlos Uri Arcos Alarcón, de quienes piden su cambio o destitución por abuso de autoridad, hacer detenciones arbitrarias y extorsionar a los transportistas.
Según el dirigente de la Coordinadora del Transporte Organizado en la Zona Norte, que aglutina a 16 federaciones y bloques del trasporte público en la región, Roberto González Sandoval, en un mes han sabido de tres choferes que han sido detenidos por el grupo de cuatro agentes ministeriales, quienes les “fabrican” delitos, se los llevan detenidos a la comandancia y ahí los extorsionan para liberarlos.
Denunció también que en un mes se han registrado al menos siete asaltos a mano armada a trabajadores del volante en el municipio y que en los operativos de la Policía Federal, Carlos Uri Arcos ha cometido abuso de autoridad.
Más de 200 transportistas salieron en caravana, en taxis y Combi de diferentes rutas, del monumento a la Patria Trigarante hacia la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca, y bloquearon el carril oriente-poniente, afuera de la Fiscalía regional.
Una comisión de transportistas encabezada por el coordinador de la Confederación de Bloques Independientes del Estado de Guerrero (Cobiteg) Roberto González, se reunió con el fiscal regional José Luis Martínez Silva.
Los líderes del trasporte entregaron un escrito que también iba dirigido al gobernador Héctor Astudillo y al alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, donde describen los abusos de los policías ministeriales y estatales y del encargado de despacho de la SSP municipal.
Denunciaron a los agentes de la patrulla 237 de la Policía del Estado, que extorsionan a los choferes con el argumento de que serán detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por usar radios de circuito cerrado sin autorización de la SCT.
Un dirigente comentó que lo que hacen los policías ministeriales, es “secuestrar” a los transportistas para pedir un dinero por su liberación.
El fiscal regional José Luis Martínez Silva ofreció a los transportistas un agente del Ministerio Público para tomar las declaraciones de los choferes que han sido afectados para levantar el acta.