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Pretenden diputados dar por concluido el caso del exhorto de Solorio para aclarar gastos de gestoría



Con un informe muy escueto los diputados de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, pretenden dar por “definitivamente concluido” la polémica generada por el ejercicio de 70 millones de pesos para obras de “gestoría” de los diputados locales y el cual se ha utilizado el 66 por ciento de lo aprobado para el 2006.
El uso “discrecional” de esos recursos públicos los denunció en tribuna del Congreso local el diputado perredista Ramiro Solorio Almazán el 22 de diciembre, en donde presentó un punto de acuerdo para pedir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desglose de la aplicación del recurso etiquetado por 70 millones de pesos bajo el rubro “Programa de Atención a Obras de Gestoría Social”.
La propuesta fue turnada a las Comisiones citadas las que en su dictamen que será discutido la próxima semana y sometido a votación, justifican “que cada diputado será gestor y promotor de pueblo; esto infiere que las y los diputados tienen la posibilidad jurídica de proponer lo que consideren en beneficio de la población”.
La Comisión de Presupuesto la preside un diputado cercano al gobernador, José Jorge Bajos Valverde del PAN y la de Desarrollo Urbano, el perredista, Guadalupe Perea y ambos en el dictamen que da respuesta a la petición de Solorio afirman que el Poder Ejecutivo “debe estar en la mejor disposición (de atender esas solicitudes de información), no sólo responde a las peticiones de información que se formulen, sino además de presentar en sus portales los avances de obras que se hayan etiquetado en el presupuesto de egresos. Las y los diputados tenemos la obligación de cerciorarnos del estado que guardan los programas estatales y vigilar que los recursos públicos se estén aplicando correctamente”.
Indican que a través del oficio número HCE/CDUOP/228/2006 los diputados de ambas comisiones solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas un informe desglosado de la aplicación de 70 millones de pesos etiquetados para el Programa de Atención a Obras de Gestoría Social.
Ante esa petición, Guillermo Torres Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, envió un informe donde afirma que “se pudo constatar que el destino de los 70 millones fueron etiquetados para el programa de atención a Obra de Gestoría Social; se advierte que se han invertido la cantidad de 43 millones de pesos en 80 obras, lo cual representa un 66 por ciento del presupuesto autorizado, que además se encuentran obras pendientes por ejecutar, debido a que están en proceso de su dictaminación de su viabilidad técnica y financiera, hasta completar la partida autorizada para ese rubro”.
Debido a esa explicación, los diputados de ambas Comisiones “convienen que se encuentra satisfecho el objetivo de la propuesta de acuerdo que nos ocupa, acordando que dicha información sea distribuida a los diputados integrantes de la 58 legislatura al Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes, de igual manera la información que posteriormente recepcione, deberá ser distribuida a los legisladores para el mismo fin, por lo que procede dejar sin materia el exhorto propuesto al titular del Poder Ejecutivo del estado, en el sentido de que informe a la soberanía sobre el desglose de los 70 millones de los cuales ya se tiene su información”.
Proponen en ese tenor dejar “sin materia el exhorto al titular del poder Ejecutivo de estado, en virtud de que la información ya fue proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, solicitando se descargue de la relación de asuntos pendientes y se archive el presente asunto como total y definitivamente concluido”.
Por los integrantes de la Comisión de Presupuesto firman el dictamen José Jorge Bajos Valverde, Fernando Donoso Pérez y Alejandro Luna, del PRD; Socorro Sofío Ramírez del PRI.
Por la Comisión de Desarrollo Urbano firman Guadalupe Perea Pineda y Germán Farías del PRD; Noé Ramos Cabrera del PRI; vocal, Alejando Carabias Icaza del PVEM y Jéssica Eugenia García Rojas del PAN.

Recibió el TEE 115 quejas en la elección de alcaldes y diputados: Olimpia Godínez




La hasta ayer magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Olimpia Godínez Viveros aseguró que ese órgano jurisdiccional se ha consolidado y tiene credibilidad en Guerrero, como quedó demostrado con su actuación “apegada a la imparcialidad” de la elección de 2005 para alcaldes y diputados y donde recibió un total de 115 impugnaciones.
En lo que fue su último acto público como presidenta del TEE, Godínez encabezó la presentación de la Memoria jurisdiccional y administrativa 2005: Elección de Ayuntamientos y Diputados, en el auditorio del TEE, en donde aseveró que la superación jurídico-electoral de los partidos políticos sus candidatos, militantes y la ciudadanía en general de Guerrero, da como consecuencia elecciones apegadas a la normatividad, en un marco de civilidad y sobre todo de armonía social”.
En el evento el representante del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, Nelson Bello Solís aseveró que el Ejecutivo “tiene un claro compromiso con la imparcialidad en los procesos electorales y ha girado una instrucción a los servidores públicos para que respeten la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus representantes populares”, aseveró el subsecretario de Asuntos Jurídicos.
La magistrada que este miércoles concluye su período como presidenta del TEE, sostuvo que el fortalecimiento de esta autoridad jurisdiccional, “en gran medida ha dependido de su actividad permanente de capacitación y difusión de la tarea jurídico-electoral, así como de su vinculación interinstitucional con organismos y autoridades que coinciden en considerar a la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
El documento resume los recursos y resoluciones recibidas durante el último proceso de elección de alcaldes y diputados locales de octubre del año pasado, así como de las actividades realizadas en materia de capacitación y difusión de la cultura jurídico-electoral del año pasado y donde hizo un reconocimiento “al apoyo de los actores políticos y sociales en la realización de elecciones transparentes y pacíficas”.
Informó que en esa elección se interpusieron 115 medios de impugnación que recibió el TEE, “eso demuestra la confianza que los actores políticos y ciudadanos depositaron en el tribunal para dirimir sus conflictos” y agregó que del total de recursos recibidos, 86 fueron resueltos por las salas Central, regionales y de Segunda Instancia del TEE; mientras que fueron turnados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 27 juicios de Revisión Constitucional y dos más para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano.
Godínez sostuvo que el TEE desarrolló una labor decisiva en la protección del voto ciudadano, “a través de la aplicación del marco jurídico vigente, tarea en la que coadyuvaron con su colaboración institucional y profesionalismo, el Consejo Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales local”.
Durante su intervención, reconoció al gobierno y al Congreso local por “respetar la autonomía y la independencia de este órgano jurisdiccional”.
Este miércoles por la mañana sesionará el pleno del TEE para elegir al nuevo presidente de ese órgano, en el cual se perfila como nuevo presidente el magistrado, Isaías Sánchez Nájera quien al finalizar el evento no quiso confirmar esa situación “cualquiera de los compañeros puede competir”, dijo.
Sesionarán para elegir al nuevo presidente del TEE por un período de dos años, los magistrados Isaías Sánchez Nájera, Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jesús Villanueva Vega, Félix Villafuerte Rebollar y Olimpia Godínez Viveros.
A este acto asistieron en representación Zeferino Torreblanca, el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Bello Solís y a nombre del Congreso del estado, el diputado Ernesto Payán Cortinas.
En el auditorio estuvieron consejeros electorales, encabezados por su presidente, Emiliano Lozano Cruz; la secretaria de la Juventud, Yolanda Villaseñor Landa; el representante de la Fepade de la PGR, Ricardo Nájera Herrera.

Si ha habido obra públicas con Zeferino, afirma Torres Madrid ante diputados




Reveló que el monto conjunto de recursos asignados inicialmente a la dotación de infraestructura y equipamiento, alcanzó la cantidad de 552.8 millones de pesos y que al término del ejercicio del 2005 se convirtieron en mil 115 millones de pesos, el doble del monto presupuestado que se aplicaron en la ejecución de 686 obras públicas, distribuidas en las siete regiones del estado, y 8 mil 880 acciones de vivienda en los municipios de mayor marginación.
Sobre el monto ejercido, Torres explicó que los incrementos para la construcción y la rehabilitación de la infraestructura del estado se originaron en tres vertientes: le decisión del gobernador de que todas aquellas dependencias y entidades que acostumbraban a ejecutar obra pública concentraran sus programas relativos y sus recursos correspondientes en su Secretaría para unificar criterios de validación, de ejecución y de rendición de cuentas.
Otra vertiente fue la mezcla de recursos con las entidades y dependencias federales, y la tercera vertiente de incremento de recursos para él área fue la disposición de recursos extraordinarios por las excedencias en la venta del petróleo en el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).
De las 686 obras ejecutadas en el 2005, Torres detalló que 210 fueron responsabilidad directa de su Secretaría, y destacó la terminación del Mercado Municipal de Coyuca de Catalán; la construcción de rellenos sanitarios regionales en Atenango del Río y en Iguala.
Asimismo el puente vehicular y la extensión de bulevar Eucaria Apreza en Chilapa; el encauzamiento del río Huacapa en Chilpancingo y la Plaza Central de Zitlala; la construcción del eje vial La Industria en San Jerónimo; el bulevar urbano en Cuajinicuilapa; y la remodelación de la Vereda Tropical en la Quebrada de Acapulco.
También les informó a los diputados que el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) ejecutó 135 obras de construcción y rehabilitación de centros educativos en todos los niveles.
Mientras que el Comité de Infraestructura Carretera, Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) emprendió 32 obras de intercomunicación terrestre en el estado, como el puente La Ortiga y Villa Madero en Tlalchapa; las pavimentaciones de los caminos Cocula a Cuetala; Filo de Caballos a Tlacotepec; mojoneras a Atlamajalcingo del Monte; Olinalá a Ixcamilpa; el inicio del eje carretero Costa Grande-Tierra Caliente, entre San Luis San Pedro y Ajuchitlán y la primera etapa del libramiento Chilpancingo-Montaña baja.
Por su parte la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), aportó 309 obras de abastecimiento de agua potable, y resaltó el Sistema Integral de Cacahuatapec en Acapulco, el Saneamiento Integral del Río Balsas, la rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Taxco y el Proyecto Integral de Agua Potable y Saneamiento de Chilpancingo.
Y el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) con aportación de los recursos federales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en su vertiente Microregiones y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) por un monto de 91.3 millones de pesos, que mezclados con 16.4 millones de recursos propios del Invisur se ejecutaron 8 mil 802 acciones de vivienda, entre estas 4 mil 570 paquetes de piso firme y fogón en alto en 51 comunidades de los dos municipios más pobre de país, Metlatónoc y Cochoapa El Grande.
Torres reconoció que “no todo son cuentas alegres, al final de este primer periodo de gobierno, se reconoce que no todos los municipios del estado han recibido los beneficios de las políticas para un desarrollo justo y equitativo que promueve este gobierno democrático; así, reconocemos la deuda que existe con ocho municipios que no fueron atendidos con alguna obra, por diversas razones y con otros ocho que alguna pequeña participación recibieron pero que no representa una verdadera aportación en su desarrollo”.
Para culminar la pavimentación de carreteras en Guerrero, Torres informó que hacen falta 19 mil kilómetros, con una inversión de 113 millones de pesos a un costo más o menos de un peso el metro lineal.
Preguntas de Rossana Mora Patiño y Ramiro Solorio, fueron para cuestionar sobre detalles del ejercicio presupuestal que no les quedó claro en el informe. Del resto de los diputados más bien se mostraron preocupados por las obras en sus distritos y municipios.

Propone Salinas Altés a diputados reconocer jurídicamente a la Policía Comunitaria




Ante diputados, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana manifestó su disposición para reconocer jurídicamente a las policías comunitarias de la entidad, e incluso se habló de la posibilidad de que en el presupuesto del próximo año se destine una partida para otorgar un salarios a los miembros de esos cuerpos policiacos.
Al menos esa fue la postura del secretario, Heriberto Salinas Altés, quien se entrevistó en privado con diputados de la Comisión de Seguridad Pública, en un restaurante al sur de esta ciudad.
El priísta Humberto Calvo Memije, quien preside esa comisión, dijo que el secretario les confirmó que buscará el reconocimiento jurídico de la Policía Comunitaria, como auxiliares de los ayuntamientos en la materia, que sus integrantes perciban un salario y que se reforme la Ley de Seguridad Pública para legalizar su armamento.
El ex síndico capitalino dijo que se va a proponer que la Policía Comunitaria pertenezca a los ayuntamientos, “respetando su filosofía, es decir que continúen siendo habitantes del pueblo y voluntarios, pero que tengan un sueldo fijo y buscaremos para el próximo presupuesto que el sueldo sea del ramo 33, haremos la petición correspondiente para que esta policía sea más responsable haya más control y dependan del comisario”.
Informó que levantarán un censo para conocer cuántos ciudadanos son integrantes de la Policía Comunitaria, “porque tenemos conocimiento de que hay varias, incluso en comunidades de Chilpancingo”.
Señaló que en la reunión hablaron de que los policías comunitarios no perciben un salario “solamente propinas y por eso insistimos en que su trabajo debe ser remunerado económicamente”.
Dijo que entre las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública buscarán que su armamento se reglamente, “también hablamos de la policía auxiliar, esa debe pasar también al municipio, vigilada y auditada”.
En tanto, Salinas Altés dijo que en el encuentro de ayer se propusieron mejoras al Sistema de Seguridad Pública para “ir reforzando la seguridad, seguramente lo trataremos en el Congreso el próximo lunes durante las comparecencias”.

Piden diputados a regidores que no se apruebe el plan de desarrollo de Diamante


Hugo Pacheco León Chilpancingo

Por unanimidad y sin discusión, los diputados del Congreso del estado aprobaron ayer un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco para que no se apruebe el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Diamante, mientras el Cabildo no autorice el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de Acapulco (POETA).
Asimismo los diputados solicitan a la Semarnat, al gobierno del estado y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) que establezcan convenios de colaboración técnica y económica para la actualización del POETA.
El diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, presentó el punto de acuerdo y luego de leerlo los legisladores lo aprobaron por unanimidad.
Alejandro Carabias argumentó que es necesaria la aprobación del POETA porque el crecimiento de Acapulco no ha sido sustentable, lo que ha provocado el deterioro de medio ambiente y de los recursos naturales.
Agregó que el municipio pierde atractivo y competitividad como centro turístico de primer nivel, además de viabilidad como centro urbano y suburbano que garantice calidad de vida, pues el gobierno no ha sido capaz de proveer servicios públicos con eficacia, eficiencia y cobertura.
Alejandro Carabias adujo que otro problema acumulado es la basura, el abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, por eso, dijo, es el intento de darle orden, viabilidad y sustentabilidad al desarrollo del municipio.
Enseguida vino la votación y se aprobó su punto de acuerdo.

Anuncian alcaldes y diputados del PRD un frente de apoyo a López Obrador

El 30 de mayo, una representación participará en un acto en el Zócalo del Distrito Federal, anuncia Martín Mora. Trasciende que rechazaron la propuesta del alcalde López Rosas de pedir licencia si se da el desafuero

 Adalberto Valle Sánchez

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD, que encabeza Martín Mora Aguirre, se reunió en Acapulco con alcaldes y diputados locales de ese partido, donde anunciaron la conformación de un frente de apoyo para el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro fue privado en un hotel y duró cerca de dos horas y media. Al finalizar, Martín Mora dijo ante los reporteros que el 30 de mayo, una representación de perredistas de Guerrero participará en el acto de apoyo a López Obrador, a efectuarse al mediodía en el zócalo del Distrito Federal, tras la convocatoria del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Leonel Godoy Rangel.

“Vamos a cerrar filas con nuestros gobiernos municipales y diputados por la serie de agresiones contra el PRD y contra Andrés Manuel López Obrador, por parte del gobierno federal, que pretende frenar al jefe de Gobierno (de la ciudad de México) hacia el 2006”, comentó Martín Mora.

Agregó que están dispuestos a movilizarse en cuanto lo indique Leonel Godoy. “Vamos a dar la batalla política y legal para que sepan que no están solos”, agregó.

Informó que para el 27 de junio, los perredistas marcharán en Acapulco, del parque Papagayo al Zócalo, en un acto al que invitarán a Andrés Manuel, a Cuauhtémoc Cárdenas y al dirigente nacional, Leonel Godoy.

La reunión fue encabezada por el secretario general del PRD en Guerrero, Hermilo Mejía, y también estuvieron el coordinador de la fracción perredista en el Congreso local, David Jiménez Rumbo; el presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte; el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas –quien se retiró a la mitad del acto– y el coordinador de los presidentes municipales del PRD en Guerrero, Modesto Brito González.

Entre otros alcaldes que asistieron Lázaro Mazón, de Iguala; Rafael Ariza, de Coyuca de Benítez; Francisco Rodríguez, de Petatlán; Raymundo García, de Acatepec; Bolívar Salazar, de Alcozauca; Pánfilo Solano, de Copanatoyac; Fortunato Sánchez, de Cualac; Oscar Bonilla, de Copala; Ignacio Luna, de Tecoanapa; Marcial Cárdenas, de Zirándaro, y Bernardo Ortega, de Quechultenango. No acudieron Modesto Brito, de Teloloapan, y Genaro Vázquez Solís. de San Luis Acatlán. “Ya se extraña a Genaro en las reuniones”, le expresó Martín Mora a los representantes de Genaro Vázquez.

Entre los diputados asistentes estaban Mauro García Medina, Adela Román, Yolanda Villaseñor, Gloria Sierra, Alfredo Jerónimo, Ramiro Alonso, Luis Solano

y Rómulo Reza.

Sobre la reunión trascendió que se rechazó la propuesta del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, de pedir licencia a los cargos si procede el juicio de desafuero contra López Obrador.

Se dijo que sólo el coordinador de los diputados, David Jiménez Rumbo, apoyó al presidente municipal en esta estrategia. Por el contrario, el coordinador de los alcaldes, Modesto Brito, desechó la postura y ésta no fue sometida a análisis.

La salida del alcalde de Acapulco

Pocos minutos más tarde, López Rosas dejó la reunión argumentando que tenía otras actividades ya agendadas con anterioridad. Entre los asistentes se acordó que evitarían dar a conocer lo sucedido en este punto.

Al retirarse del lugar, López Rosas declaró a los reporteros que no le llamaron la atención a los alcaldes por asistir a los actos de los aspirantes, como él lo hizo el domingo en la marcha con Armando Chavarría en Acapulco.

“Me tengo que retirar en estos momentos, pero lo que determine aquí habremos de analizarlo y acatarlo”.

Al preguntarle al término de la reunión a Martín Mora sobre la insistencia de López Rosas ante los alcaldes y diputados de pedir licencia, sólo comentó que valoran la sensibilidad.

“El dijo que se sostiene en lo que ha dicho, pero en este caso tendrá que acatar la línea del partido. Ese es un punto que no está a discusión. La línea es que no renuncie nadie y se quedó en analizarlo posteriormente en otra sesión”.

Acerca de la participación de los alcaldes en los actos públicos de los aspirantes, Martín Mora expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro, que tienen la libertad de hacerlo, esto a pesar del llamado que les hizo el dirigente nacional, Leonel Godoy a no hacerlo.

“Cada quien tiene sus preferencias, pero estamos seguros que saldremos unidos”.

Mora Aguirre aseguró que el Comité Ejecutivo Estatal ha mantenido la distancia para no incidir en el proceso interno.

–Han mencionado que nunca se ha reunido con los cuatro aspirantes.

–Lo hemos hecho junto al Comité Nacional en la ciudad de México. En el Comité Estatal hemos estado bien cerquita.

Informó además que la reunión programada para este viernes 28 con Leonel Godoy quedó aplazada para la siguiente semana.

Descartada la alianza con el PAN

En la conferencia en la que se quedaron la mayoría de los participantes de la reunión, Martín Mora anunció que quedó totalmente descartada una posible alianza con el PAN, y acusó al senador Diego Fernández de Cevallos de ser el principal culpable de que se haya logrado la coalición. “Ni siquiera es una actitud de (Luis Felipe) Bravo Mena (presidente nacional del blanquiazul).

Comentó que influyó mucho la división entre ambos partidos en el plano nacional, así como el distanciamiento del PRD con el gobierno federal.

Señaló que el presidente del PAN en Guerrero, Francisco Rodríguez Otero, “está desconocido”. “Antes era más tolerante, pero ahora es un acérrimo enemigo del PRD”.

Aseguró que la postura del PAN obedece a la lealtad que le ha tenido siempre al gobierno estatal y al PRI.

–¿Qué le parece la alianza contra el PRI que anunciaron Félix Salgado y el diputado independiente Carlos Sánchez Barrios?

–Nos parece muy importante. También estamos platicando con Carlos Sánchez Barrios, quien ha manifestado su disposición de unificarse con el PRD. Nos pone como requisito que ya tengamos candidato.

–¿Se sumaría a quien resulte candidato del PRD?

–No lo ha manifestado en ese sentido.

Buscarán otro aercamiento con Juárez Cisneros

Otro de los anuncios luego de la reunión entre los perredistas, fue que buscarán un nuevo acercamiento con el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, debido a que los recursos que prometió entregar a los 29 ayuntamientos que dirige el PRD, “no han fluido adecuadamente”.

El viernes 19 de marzo, al reunirse con los alcaldes en Protur, Juárez Cisneros acordó entregar 50 millones de pesos para proyectos de desarrollo social, además de otros 10 para problemas de endeudamiento.

“Queremos retomar el asunto y buscar una solución adecuada. A partir de ahora buscaremos una nueva reunión con el gobernador”, dijo Martín Mora.

–¿Qué argumentos les da el gobernador para no entregar el dinero?

–Dice que ahorita no hay lana. Vamos a pedir una fecha de acuerdo con su agenda para que nos explique qué sucede, sin querer entrar en una etapa de confrontación. Queremos llevar la fiesta en paz, pero que se cumplan los acuerdos.

Por último, tras manifestar su solidaridad con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, a quien se le comenzó un proceso de juicio político, Martín Mora exigió castigo para quienes participaron y ordenaron el desalojo de los normalistas en Chilpancingo.

“Al presidente de Chilapa lo acusan de golpeador. Ayer el gobierno del estado golpeó a maestros y estudiantes. Queremos ver si los diputados priístas son congruentes para sancionar al gobernador por esta represión. La ley debe ser igual para todos. El PRD está en contra de esa represión”.

Exigen a diputados intervenir en el caso de cobros excesivos de CFE en Acatepec

Envían denuncia a la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal. Las tarifas que pagan de 200 a 2 mil pesos bimestrales son una de las más altas del país, denuncian indígenas

Ciudadanos del municipio de Acatepec que pagan de entre 200 a 2 mil pesos bimensual                   por el servicio de energía eléctrica, exigieron la intervención de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, a fin de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuya el cobro.

A través de la Comisión de Autogestión del Municipio de Acatepec, que integraron para gestionar la disminución de las tarifas –pues la que ellos pagan podría ser de las más altas del país– los indígenas de ese municipio han solicitado desde 2002 que se establezca un cobro de 20 a 40 pesos bimensual, “pues no tenemos aparatos que consuman mucha luz y la mayoría ocupamos sólo de dos a tres focos”, señalan en uno de los documentos enviados a los titulares de la CFE.

Y es que su inconformidad la plantearon primero ante la CFE, pero no fueron atendidos y ahora demandan la intervención de las comisiones de Asuntos Indígenas y de Energía de la Cámara de Diputados, que presiden los diputados federales                   guerrerenses Andrés Manzano e Irma Figueroa.

Uno de los integrantes de la Comisión de Autogestión, el ex alcalde de Acatepec, Antonio González García, denunció que las tarifas por el servicio de energía eléctrica son de las más altas del país, lo que calificó como “xenofobia”, “exclusión” y “racismo” por parte de la CFE.

El dirigente indígena informó que el problema está en 19 comunidades del municipio de Acatepec, y citó ejemplos que se dieron en los últimos bimestres.

Dijo que en la comunidad de Plan Ojo de Agua, el indígena Lorenzo García Bartolo el bimestre anterior pago 87 pesos, mientras que el que se venció en abril fue de mil 885 pesos. Otro caso es el del indígena Alberto Crisóstomo Cruz, quien el bimestre anterior pagó 98 pesos y el que se venció el mes de abril el recibo le llegó de mil 149 pesos. También citó el caso del indígena Prisciliano Sierra Juan, quien en el recibo anterior pago 33 pesos, pero el actual le llegó con una cantidad de mil 379 pesos.

Casos similares hay 11 sólo en la comunidad de Plan Ojo de Agua, y en 19 comunidades más.

Los reportes de los aumentos a la tarifa –según González García– fueron turnados primero al subcoordinador de distrito de la CFE, con sede en Tlapa, Bernabé Víctor Cisneros Saavedra, posteriormente acudieron con el superintentende general, con sede en Chilpancingo, Germán Moreno Montoya, y al no encontrar respuesta fueron con el gerente de la División Centro Sur, con sede en Cuernavaca, Morelos Víctor Félix Beltrán, pero en ninguna de esas instancias los atendieron, “y por el contrario fueron inclementes con nosotros; nos dijeron que no había de otra, que teníamos que pagar”.

Debido a ello el caso lo llevaron a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Energía de la Cámara de Diputados.

Los indígenas exigen que se establezca una tarifa de 20 a 40 pesos, pues aseguran que no consumen más de lo necesario: “por nuestra pobreza no tenemos aparatos y lo más que consumimos es para dos o tres focos”, dicen en su escrito a los diputados Javier Manzano Salazar, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Irma Figueroa, presidenta de la Comisión de Energía.

“Siendo gente indígena no nos pueden robar impunemente, por lo que este problema merece un tratamiento especial. Nuestra propuesta a la CFE es que paguemos de 20 a 40 pesos como máximo bimensualmente, pues que no tenemos ingresos permanentes, sólo cuando salimos a trabajar de jornaleros a otras partes del país”, señala González García en un documento que le envió al diputado Manzano Salazar, el 14 de mayo.

En el documento se anexan copias de los recibos de la CFE                   con los que se comprueba que las tarifas no son iguales para todos casos, aun cuando se asegura que el consumo es aproximadamente igual.

Se cita por ejemplo el caso del señor Fructuoso Cortés Alvino, quien en el bimestre que pagó en enero le llegó el recibo de 27 pesos, mientras que en otro de los casos, el señor Esteban Cortés Alvino, hermano del primero y quien tiene los mismos focos y los mismos aparatos eléctricos le llegó de 227 pesos el mismo bimestre.

Sin acuerdos concluye la reunión entre diputados y transportistas de Acapulco

“Los diputados no aportaron ninguna solución”, lamentan transportistas. “No somos operadores ni responsables del servicio”, justifica Salgado Leyva. Acuerdan reunirse también con el director de Transportes estatal, Morales Barrientos y el alcalde Alberto López Rosas

 

Luluani Vega

 

 

Con la intención de solucionar los problemas que existen en el servicio de transporte público de Acapulco, diputados de la Comisión de Transportes del Congreso local se reunieron con integrantes del Consejo Consultivo de Transportistas de Acapulco, pero no llegaron a ningún acuerdo.

La reunión se llevó a cabo en el restaurante del Club de Golf y en ella participaron los dirigentes transportistas Cirilo López Sánchez, Fernando Palacios Nájera, Gustavo Fernández, Porfirio Alvarado, entre otros.

En la reunión, se comentaron problemas como el caso de los 187 camiones urbanos que no tienen ruta desde 1993; la entrega de permisos de sustitución que las delegaciones de Transportes hacen a cambio de una cuota de 100 pesos, y se trató también el tema de la falta de autoridad que han mostrado el municipio y las autoridades estatales.

Los diputados locales Raúl Salgado Leyva (PRI), Marco Antonio López García (PRD) y Arturo Martínez (PAN), escucharon las irregularidades antes mencionadas y coincidieron al expresar que “son serios” los problemas que hay en el transporte público de Acapulco.

Después de escuchar a los diputados, el dirigente Antonio Palacios Nájera, dijo estar “sorprendido” de que éstos sólo expresaran coincidencias y no dieran alguna propuesta de solución, por lo que Salgado Leyva, –incómodo por el comentario del transportista– respondió que los diputados “no podemos ser vigilantes” de las irregularidades.

Por su parte, el presidente de la Red de Transportistas en el estado de Guerrero, Cirilo López Sánchez propuso enviar un documento al secretario general del gobierno del estado, Luis León Aponte para que instruya al director de Transportes en el estado, René Morales Barrientos “para que cumpla con su trabajo”.

López Sánchez lamentó que los diputados no hayan mostrado interés en participar en el reordenamiento del transporte público, sobre todo, dijo, “cuando tienen el deber y las facultades” para participar.

Agregó que los diputados “dijeron que necesitan conocer los nombres de los concesionarios, el número de camiones urbanos, taxis, y esperar los resultados de los puntos de acuerdo que llevaron al Congreso”.

Antes de concluir la reunión y consultado por reporteros, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Raúl Salgado Leyva, reconoció que el director de Transportes en el estado, Morales Barrientos “ha trabajado”, pero “es un director que ha aplicado la Ley con sus limitaciones porque no existe una dirección completa, profesionalizada y con personal suficiente, no hay profesionalización, el problema surge desde hace muchos años”.

Señaló que uno de los problemas que se ha agudizado en los últimos días en el transporte público, es la falta de regularización de los 187 camiones urbanos que desde 1993 no tienen definida en la concesión, la ruta por la cual deben circular.

Sin embargo, el diputado local reconoció que desconoce la situación particular de estos camiones “porque no somos los operadores de este servicio ni responsables, en todo caso el director de Transportes en el estado, René Morales Barrientos es el responsable”.

Salgado Leyva dijo que ellos intervienen “únicamente” cuando hay una solicitud de por medio, “cuando se generan conflictos complejos y difíciles que no ha sido posible resolver por parte del área responsable”.

A pesar de que diferentes líderes del gremio se han reunido con el director de Transportes en el estado, René Morales Barrientos, y con el diputado Marco Antonio López García y otras autoridades para negociar la entrega de concesiones, Salgado Leyva aseguró que la Comisión de Transportes del Congreso “ha estado atenta” para impedir que se entreguen más concesiones.

Por último, los diputados locales y los transportistas acordaron reunirse el miércoles 26, para seguir analizando los problemas de este sector, pero además harán la invitación para que estén presentes el director de Transportes en el estado, René Morales Barrientos, y el alcalde Alberto López Rosas.

Critican diputados en el Congreso local deficiencias en el sector educativo

Ninguno presentó puntos de acuerdo para atender las demandas del magisterio, que anunció movilizaciones para el próximo 17 de mayo en la capital del país

Tan sólo en un comentario quedó la exigencia al gobierno estatal y federal en el Congreso local para que atienda las demandas sindicales del magisterio, ante al anuncio de las movilizaciones que este sector comenzará el próximo lunes 17.

Sin embargo, los diputados del PRI, PRD, Convergencia y del PAN fijaron posturas para felicitar a los maestros en su día –se les festeja el 15 de mayo-.

Aunque hubo halagos y buenos deseos por el Día del Maestro, hubo quienes criticaron que la disputa sindical, el ausentismo, los bajos salarios, la apatía de las autoridades educativas, la falta de planeación y modernidad educativa, arroja como consecuencia una baja calidad en la educación de los niños               y jóvenes guerrerenses.

El primero en tocar el tema en tribuna como una de las posturas en la víspera del festejo, fue el diputado del PRD y también profesor, Orlando Romero, quien hizo un repaso histórico de la lucha magisterial, desde el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) que encabezó el legendario luchador comunista, Othón Salazar en los años 50, hasta la actual lucha de la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trajadores de la Educación (CNTE) contra el oficialismo del SNTE, pero no hubo pronunciamientos.

Por su parte el diputado de Convergencia, Félix Bautista Matías advirtió no hacer caso a los oradores oficiales y autoridades educativas para exaltar el día del maestro, para tapar las “deficiencias en la educación en Guerrero y el país”.

Dijo que se perdió en el maestro “la mística de enseñar” y que ahora está vinculado al “desorden” administrativo y financiero de la SEG, en que incurrieron los responsables, sin mencionar nombre pero en referencia a la crisis del 2003, provocada por los anuncios de quiebra de parte del secretario, Daniel Pano Cruz.

De refilón aseguró que existe “negligencia y simulación” en la pretensión de mejorar la educación ante los resultados estadísticos en que se encuentra Guerrero, que son los más bajos del país.

Por su parte, el diputado del PRI, Raúl Salgado Leyva (también profesor), dijo que el maestro es la figura “insustituible” en la educación de los guerrerenses, pero lamentó que el conflicto intersindical y su división, dificulta la enseñanza y distorsiona la educación.

Además resaltó la inseguridad en que trabajan los maestros en las zonas marginadas, sus bajos salarios y la mala alimentación de la niñez guerrerense, que son factores que afectan la calidad de la educación.

Luego los diputados del PRD, José Jacobo Valle y Víctor Buenrostro, coincidieron que el Congreso local debería pronunciarse para exigir al gobierno estatal y federal que atienda las demandas magisteriales que anunciaron movilizaciones a partir del próximo lunes en la ciudad de México y Guerrero.

Pero como sólo fueron posturas que fijaron en tribuna y no las presentaron por escritos a la Mesa Directiva, el presidente Heriberto Noriega, luego de hacer esa observación dio por concluida la sesión, a las cuatro y treinta horas.

Diputados del PRD y PRI llaman lacayo del gobierno de Estados Unidos a Fox

Adela Román propone un juicio político en su contra

Rechaza el coordinador del PAN, Max Tejeda, la propuesta del diputado por Convergencia, Félix Matías para que la Comisión de Gobierno presentara ante el pleno un extrañamiento público en contra del presidente

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La polémica sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Cuba fue tema de discusión en la sesión ordinaria de ayer. El respaldo de la fracción panista contrastó con la postura del PRI y sobre todo del PRD, quienes llamaron al presidente Vicente Fox lacayo del gobierno de Estados Unidos.

Incluso, la legisladora por el PRD, Adela Román Ocampo, propuso en tribuna comenzar juicio político en contra del presidente de la República, al argumentar que violentó la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Política del país –referente a sus facultades y obligaciones–concretamente en dirigir la política exterior.

La política exterior de México, dio lectura al artículo, está basada en los principios de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias y la prescripción de la amenaza o del uso de la fuerza en relaciones internacionales.

“Por la violentación de esta norma constitucional, Vicente Fox debe ser sometido a juicio político. Vicente Fox debe irse del gobierno y del país, debe irse a Estados Unidos. Ese es su lugar, no México”, expresó Román Ocampo.

La postura de la diputada perredista fue celebrada con aplausos por representantes de organizaciones sociales que se manifestaron en contra de la medida tomada por el gobierno mexicano en contra de Cuba.

Antes, afuera de la sede del poder legislativo, jóvenes músicos del género rock desplegaron mantas con leyendas plasmadas en solidaridad con el país caribeño y en rechazo a lo que consideran la expansión del “imperio yanqui”.

Debido a que el coordinador del PAN, Max Tejeda no avaló la propuesta del diputado por Convergencia, Félix Matías, para que la Comisión de Gobierno presentara ante el pleno un extrañamiento público en contra del presidente Vicente Fox, se decidió dejar abierta la posibilidad para que cada diputado fijara su postura sobre la decisión que tomó el gobierno federal respecto a Cuba en el último punto del orden del día de la sesión de ayer.

El primero en subir a tribuna fue el diputado por Convergencia, Félix Bautista, quien hizo un llamado para normalizar las relaciones entre México y Cuba.

“Somos combatientes de la no intervención, de la no alineación y del derecho a los pueblos a la autodeterminación”, dijo el ex guerrillero, quien aseveró que no está de acuerdo en que el gobierno de Cuba intervenga en los asuntos internos de México, pero tampoco avalamos el creciente acercamiento de las posiciones mexicanas a la política de Estados Unidos.

Por su parte, el panista David Tapia Bravo consideró que el gobierno de Cuba mantiene rezagado a su pueblo del desarrollo. “Mantiene un partido único. Cuba es gobernada por un dictador. Cuba sigue igual a pesar de los cambios mundiales”, dijo.

Tapia Bravo indicó que sólo un país que no tenga dignidad podría permitir que se le regañe y se le señale, en referencia a la crítica que hizo el pasado fin de semana al presidente cubano, Fidel Castro hacia el gobierno federal.

En respaldo al gobierno panista, Tapia Bravo argumentó que ningún gobierno puede invocar la autodeterminación para justificar la violación de derechos humanos “en contra de su propio pueblo”. En esta ocasión hubo rechiflas por parte de legisladores perredistas y los manifestantes en tribuna.

Por el PRI subió el legislador Joel Eugenio Flores, quien pidió mesura a los diputados del PAN y del PRD en sus intervenciones, ya que existe poca información sobre el motivo del rompimiento de las relaciones diplomáticas.