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Escucharán diputados a las partes y emitirán otro dictamen sobre Apango

 

Por errores en el procedimiento al no tomar en cuenta a la parte denunciada, la Comisión de Examen Previo del Congreso local repondrá el dictamen de la solicitud de revocación de mandato que la disidencia del cabildo de Mártir de Cuilapan presentó en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Este martes el presidente de la Comisión de Examen Previo, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario de la misma, Iván Pachuca Domínguez, se reunieron con la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, y la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, para tratar ese caso.
La reunión estaba convocada a las 11 de la mañana, sin embargo comenzó poco después de la una de la tarde y sólo estuvieron presentes dos de los cinco diputados que integran la Comisión de Examen Previo, que tiene en su turno la solicitud de revocación de mandato.
Los ausentes fueron el priista Héctor Vicario Castrejón y las perredistas María del Carmen Cabrera Lagunas y Rosa Coral Mendoza Falcón.
El encuentro fue a puerta cerrada en la sala José Bajos Valverde y al concluir los diputados dieron una conferencia de prensa en la que informaron los acuerdos a los que llegaron.
En su intervención, el presidente de la Comisión, Saúl Beltrán, recordó que ya se había emitido un dictamen respecto a ese caso, como se informó en estás páginas el pasado 19 de julio, sin embargo dijo que hubo observaciones en el proyecto, por lo que se tendrá que reponer.
Entre las observaciones están que los diputados no habían visitado Apango, cabecera de Mártir de Cuilapan, para certificar las presuntas irregularidades señaladas por la disidencia del cabildo, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, además de que la alcaldesa, que milita en el partido Movimiento Ciudadano, no había dado su postura ni presentado pruebas en su defensa.
“Nosotros no hemos verificado con certeza lo que dicen los denunciantes. Ustedes ya saben, habla siempre el que denuncia a su favor y el que es el perjudicado también tiene que defenderse”, dijo.
Por esta razón, informó que se integró una comisión especial, que estará conformada por él, el diputado del PAN Iván Pachuca, la del PRD Erika Alcaraz y se incluiría a un diputado de la fracción de Movimiento Ciudadano, quienes harán una inspección ocular en ese municipio.
Se le preguntó si citarían a comparecer a la alcaldesa de Apango para que presentara pruebas a su favor, pero respondió que se valoraría esa posibilidad hasta después de tener un nuevo dictamen.
Sin embargo, la diputada Erika Alcaraz lo corrigió y dijo que sí es necesario que comparezca Felícitas Muñiz ante la Comisión de Examen Previo.
Incluso informó que la semana pasada la Comisión de Gobierno se reunió con ella, presentó documentos en su defensa y expuso a los legisladores la situación que se vive en el municipio que gobierna.
“Es necesario que la Comisión (de Examen Previo) coteje ambos elementos probatorios que presenta tanto la parte acusadora y la parte de la presidenta municipal, nosotros hicimos lo propio (…) La presidenta sí tendría que venir, estaría obligada pero ya ante la comisión dictaminadora”, señaló.
El diputado Iván Pachuca respaldó la postura de Erika Alcaraz en el sentido de que sí comparecerá la alcaldesa, pues es necesario contar con su versión y que ella presente documentos antes de que se emita el segundo dictamen.
“No puede haber un dictamen si ambas partes no han acudido, entonces la presidenta va a tener que acudir también ante la Comisión de Examen Previo a desahogar sus pruebas y la comisión que visitará el municipio lo hará para analizar las quejas”.
Por su parte, Flor Añorve indicó que se le notificará a la fracción de Movimiento Ciudadano de la conformación de la comisión especial que visitará Apango para que designe a uno de sus miembros y participe, pues al tratarse de una autoridad municipal de su partido consideró que es necesaria su presencia.
Por la tarde, vía telefónica, Añorve Ocampo explicó que sí comparecerá la presidenta municipal, sin embargo no se ha definido cuándo ni cuál será la dinámica.
Explicó que podría ser una entrevista con ella el día en que se realice la inspección ocular por parte de la Comisión Especial o citándola a comparecer ante la comisión dictaminadora.
Informó que se agilizará todo el procedimiento para que el dictamen salga cuanto antes y reconoció que se cometieron errores en la elaboración del primero, del que no quisieron explicar en qué sentido se emitió bajo el argumento de que ya no tenía validez y que darlo a conocer podría alterar el nuevo procedimiento.
Informaron que en la sesión de la Comisión Permanente que se celebrará hoy en el Congreso se definirá la fecha de la visita que los diputados harán a Apango.

La estrategia funciona y sin ella el estado estaría “más convulsionado”, dice Almazán a diputados

Durante su comparecencia ante el Congreso local, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, defendieron la estrategia en la materia que el gobierno del estado y la federación mantienen en Guerrero.
Argumentaron que los pocos resultados en el combate a la delincuencia son producto de la insuficiencia presupuestal en sus instituciones y acusaron a los gobiernos municipales de no cumplir sus responsabilidades en la prevención del delito.
Por ello solicitaron a los diputados mejorar los presupuestos de esas dependencias en el ejercicio fiscal del próximo año, de lo contrario advirtieron que la ola de violencia e inseguridad en el estado difícilmente se erradicará.
Durante su informe, el fiscal general Xavier Olea Peláez reveló que se identificó a dos funcionarios vinculados directamente con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este martes comparecieron ante las Comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local, el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes; el de la FGE, Xavier Olea, y el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz.
La comparecencia se desarrolló en la sala José Francisco Ruiz Massieu de la sede del Legislativo y se extendió por poco más de seis horas.
Al contrario de lo que se había anunciado, sí se permitió la cobertura a reporteros, a quienes se les instaló una pantalla y una bocina afuera de la sala para escuchar los informes que los tres funcionarios presentaron a los diputados.

Se queja Almazán de los recortes presupuestales

El primero en intervenir fue Pedro Almazán, quien defendió la estrategia de seguridad que mantienen el gobierno de Héctor Astudillo Flores en coordinación con la federación, y aseguró que de no ser por las acciones que se han emprendido en la materia, Guerrero enfrentaría una situación aún más compleja de la que vive actualmente.
“La estrategia de seguridad sí está funcionando y está aportando resultados que contribuyen grandemente a la pacificación de Guerrero, pues de otra manera tendríamos ya un estado más convulsionado por las acciones de los cárteles de la droga”, expuso.
Dentro de los logros que destacó por parte de la SSP, dijo que del 27 de octubre de 2015 a la fecha se han destruido 74 mil 400 sembradíos de amapola, 799 de mariguana, 4.3 kilogramos de cocaína, 220 gramos de heroína, 6.7 gramos de cristal, 285 dosis de cristal, 572 gramos de piedra, 344 dosis de piedra, 9 kilos de sustancia base y tres laboratorios rústicos.
Indicó que también se han decomisado 217 armas largas, 300 armas cortas, 26 granadas de mano, 23 chalecos balísticos, mil 411 vehículos, 566 motocicletas, 480 teléfonos celulares y 46 radios de comunicación.
Además informó de la detención de mil 13 presuntos responsables de delitos del orden federal, 847 del fuero común y más de 4 mil personas han sido remitidos a barandillas por faltas administrativas.
Informó que fueron liberadas 53 personas secuestradas, además de que han sido detenidos 24 “objetivos criminales relevantes”, 14 dentro de la entidad y 7 en otros estados, y destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para la ubicación y detención de 16 criminales más que, aseguró, son quienes propician violencia de alto impacto en Guerrero.
Almazán Cervantes indicó que el mayor mérito en los resultados de la estrategia de seguridad es para las corporaciones federales, como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería; y en segundo término a las fuerzas de la SSP.
Aseguró que las corporaciones de seguridad del estado han actuado de manera profesional y responsable a pesar de las carencias que enfrentan, y acusó a los gobiernos municipales de no hacer lo que les corresponde en la materia.
“Respecto a la participación municipal no soslayo mencionar que ahí los esfuerzos han sido mínimos, por no decir que han sido nulos, muchos municipios no cuentan con el personal y el equipamiento necesario. Siguen contando con elementos que no satisfacen los requisitos para permanecer y desempeñar funciones policiales ni se observa interés alguno para finiquitarlos, reclutar nuevos policías o desarrollar capacidades policiales que permitían a los alcaldes cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, expuso ante los diputados.
Aseguró que la falta de trabajo de los gobiernos municipales en materia de seguridad ha generado en el estado mayor impunidad, así como el crecimiento de los índices de violencia, y en consecuencia el gobierno del estado a través de la SSP ha tenido que asumir las responsabilidades “que por ley le corresponde a los municipios”.
Explicó que para 2016 la SSP recibió un presupuesto de 427.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de apenas el cinco por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de 2015.
Dijo que de este monto el 75 por ciento se destina al pago de salarios y prestaciones, el 20 por ciento a gastos operativos (combustible, alimentación, traslados), y el cinco por ciento restante a gastos administrativos.
Además dijo que el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asignó a Guerrero el año pasado 105.5 millones de pesos, pero para este 2016 lo redujo a 105.2, mientras que el subsidio para la policía acreditable en 2015 fue de 29 millones de pesos y para el actual ejercicio el estado ya no recibió ese apoyo.
“Con estas limitaciones los avances logrados por el gobierno del estado en fortalecimiento institucional policial han sido imperceptibles; prueba de ellos es que desde hace un año y 8 meses que llevo al frente de esta secretaría, el estado de fuerza de la policía estatal no ha podido crecer, tampoco se han separado del cargo a los elementos que no cumplen los requisitos de permanencia, ni mucho menos se ha podido adquirir equipo especializado ni infraestructura”, explicó Almazán Cervantes.
Dijo que el estado de fuerza actual de la SSP es de 4 mil 189 policías que son insuficientes para garantizar la seguridad de la población, situación que se agrava aún más por la no participación de los gobiernos municipales.
“Señoras y señores, debemos estar conscientes que por muy adecuadas que sean las estrategias de contención y combate a los índices de violencia que aplica el gobierno estatal y federal, no será posible obtener con prontitud mayores avances y mucho menos solucionar los problemas de seguridad de manera definitiva si únicamente nos atenemos a la presencia y trabajo de las instituciones federales de seguridad y no se superan con urgencia los grandes rezagos que presentan hoy los cuerpos de seguridad del estado y municipios”, advirtió.

Encontró un subejercicio presupuestal, dice Pano Cruz

Por su cuenta, Daniel Pano Cruz informó que cuando empezó esta administración, el 27 de octubre pasado, se encontró un subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública (FAS)  acumulado de 2013 y 2014 por un monto de  57.43 millones de pesos; adicionalmente un presupuesto no ejercido correspondiente a 2015  por 317.8 millones del que sólo se había aplicado el 1.25 por ciento.
Dijo que para abatir el subejercicio se buscaron alternativas y el gobernador convino con la federación la participación para redireccionar  el FAS al rubro de infraestructura del nuevo sistema penal acusatorio.
Indicó que para el presente ejercicio fiscal, y derivado de los  recortes, el FAS sufrió una disminución de 10 por ciento, al pasar de 321.2 millones de pesos a  290 millones.
Del Centro Estatal  de Control y Confianza dijo que se están atendiendo 28 evaluaciones diarias, incrementando su operación en un 56 por ciento.
Informó que de los 10 mil 467 elementos (4 mil 139 estatales, 4 mil 972 municipales y mil 356 elementos de la Fiscalía)  se han evaluado 9 mil 860, de los que 7 mil 224 aprobaron, 2 mil 233 no aprobaron, 403 se encuentran en proceso de dictaminación, 607 no han sido evaluados y a 2 mil 46 se les ha vencido su vigencia.
Dijo que existe un  universo de 2 mil 653 policías por evaluar, lo que significa un avance del 74.7 por ciento en la evaluación de las corporaciones de seguridad.
“Con la sociedad civil se trabaja en los números de urgencia 066 y 099, ya que el 90 por ciento de llamadas que se reciben son de broma, se trabaja con jóvenes  para prevención de explotación sexual y trata de personas”, dijo.
Finalmente dijo que solamente 55 gobiernos municipales firmaron su carta adhesión al esquema de mando único, cinco lo rechazaron (Pilcaya, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande y Atlamajalcingo del Monte) y los otros 21 aún no deciden.

Ubicó la FGE a dos funcionarios vinculados a la delincuencia

El último en rendir su informe fue el fiscal general, Xavier Olea, quien durante su exposición dedicó más tiempo al tema de violencia contra las mujeres y manifestó a los diputados y diputadas presentes que no es misógino, y que su actitud atiende a lo que establece la ley.
Olea Peláez informó que del 1 de enero al 30 de julio de 2016 se cometieron mil 251 homicidios dolosos en la entidad, en el mismo lapso hubo 426 homicidios culposos, obteniendo en lo que va del año 68 autos de formal prisión por homicidios dolosos y 56 sentencias condenatorias por el mismo delito.
Respecto a la violencia de género, dijo que en lo que va del año han ocurrido “cientos” de homicidios dolosos en contra de mujeres, sin embargo sólo 11 fueron tipificados como feminicidios.
Dio a conocer las acciones emprendidas desde su llegada en la FGE en el cumplimiento del marco normativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las estrategias encaminadas a combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los mecanismos implementados para combatir los delitos de homicidio, extorsión y secuestro en Guerrero.
Informó que del 11 de diciembre al 10 de julio se han recibido denuncias con 50 asuntos de secuestro, se ha liberado a 52 víctimas de ese delito y detenido a 57 personas con averiguaciones previas. Olea Peláez indicó que la fiscalía especializada para el combate de la corrupción ha detectado casos de funcionarios en el ejercicio indebido de la función pública, incurriendo en abuso de autoridad, cohecho, extorsión, peculado, operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Incluso comentó que existen dos casos de servidores a quienes se les comprobaron vínculos directos con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados ante la SEIDO.
Al igual que la SSP, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la FGE es la insuficiencia presupuestal, por lo que pidió el apoyo del Congreso para que en el próximo ejercicio fiscal se incremente su presupuesto.
Dijo que los salarios del personal de la FGE son raquíticos, lo que los hace susceptibles a acceder a “dádivas”.
Dijo también que la FGE carece de vehículos que permitan un buen desempeño, y como ejemplo mencionó que en la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, personal de la Procuraduría de Michoacán participó con 65 camionetas nuevas y seis helicópteros propios, mientras que la FGE intervino con 45 camionetas “chatarrizadas”.
Tras los informes se abrieron cinco rondas de preguntas y respuestas por parte de los diputados, quienes en su mayoría cuestionaron respecto a información que fue proporcionada en las exposiciones, por lo que los funcionarios se limitaron a repetir gráficas y estadísticas.
El diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez y el priista Héctor Vicario Castrejón se comprometieron a atender la petición de los funcionarios de gestionar más recursos para esas instituciones a fin de mejorar su efectividad y erradicar el problema de violencia.

Que Evodio decida si es alcalde o dirigente del PRD, exigen diputados y regidores del PRI

Diputados locales y regidores del PRI en Acapulco exigieron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que decida si será dirigente del PRD o presidente municipal, y que cumpla su obligación de dar seguridad y servicios públicos a la ciudad o renuncie.
Enfatizaron que el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, es un asunto de seguridad y no político como consideraron que lo está haciendo el alcalde Evodio Velázquez con las declaraciones hechas en la ciudad de México el pasado martes, en las que dijo que la coordinación contra la inseguridad es de “chismito”.
En conferencia en el salón El Faro en la Costera, los diputados locales del PRI y los regidores de ese partido en Acapulco coincidieron e insistieron en cada una de las intervenciones en la exigencia al alcalde Evodio Velázquez que decida si será presidente municipal, y de ser así contará con todo su apoyo, o si seguirá actuando como líder político del PRD, ante lo cual le solicitan que renuncie, dijo la diputada Flor Añorve.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz expuso que la postura del alcalde en la conferencia de antier en la Ciudad de México no fue la postura de todos los alcaldes del PRD.
“Hay que decirlo, es Evodio Velázquez quien ha querido tomar por estandarte la visión, la opinión pública de los escenarios, los reflectores, cuando Acapulco, lo sabía desde que estaba en campaña porque es joven, pero sí le alcanza para entender la magnitud y la complejidad que significa gobernar Acapulco”, expresó.
Vadillo Ruiz se refirió a las declaraciones de Evodio Velázquez después de asistir al velorio de Soto Duarte, en las que dijo que “parece como si las estrategias no funcionan, había que decirle al presidente de la República y exhortarle al gobierno, que haga algo y que atraiga la PGR este suceso, este homicidio”.
Dijo que se vio como “con una desesperación, con el temor de un infante ante la situación que no puede resolver llamando a su papá” para que la federación actúe, y preguntó “qué ha hecho él por el municipio de Acapulco, dónde están sus estrategias” para combatir la delincuencia.
La diputada llamó al alcalde a no apostarle a la división desde la vocería “que se ha nombrado, quiero pensar”, y trabajar en conjunto, asumir la responsabilidad y gobernar sin distinción de partido, en referencia a lo dicho por Evodio Velázquez en la conferencia del martes.
La presidenta de la Comisión de Gobierno y coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flor Añorve Ocampo, recordó que el martes los diputados del PRD pedían no politizar el asesinato de Soto Duarte, y eso contrastó con las declaraciones de Velázquez Aguirre en la ciudad de México ese mismo día.
“Solamente estamos exigiéndole al presidente que se ponga a trabajar, en él está la decisión de seguir, que trabaje, resuelva los problemas de agua, de inseguridad, obra pública, si es así contaraá con el apoyo de todos nosotros”, ofreció la diputada, y enfatizó que si continúa con las prácticas de actuar y ser vocero de su partido que se dedique a eso.
Agregó que lamentan el asesinato de Soto Duarte y “no queremos que se politice más”.
El diputado del PVEM, Eduardo Cuevas Ruiz, consideró que las declaraciones del alcalde “es protagonismo puro, hay que ponerse a trabajar y si no puede, insisto, que pida licencia y nosotros con todo gusto se la vamos a conceder”.
Exigió a Velázquez Aguirre que deje de echar culpas y que defina si es presidente municipal o dirigente de su partido.

“Cinismo” del alcalde

Por su parte, el diputado Samuel Resendiz Peñaloza expuso que de acuerdo con el artículo 115, fracción 3, inciso H de la Constitución, es responsabilidad de los municipios la seguridad, la policía preventiva y el tránsito.
“Sólo cuando los ineficientes ayuntamientos no pueden, tiene que entrar al quite el gobierno federal y el gobierno estatal, eso es lo que ocurre en el puerto de Acapulco ante la ineficiencia del presidente Evodio Velázquez, otros gobiernos han tenido que responderle a los acapulqueños”, dijo.
Consideró que es “cinismo” del alcalde hacer creer a la población que lo que ocurre en Acapulco es culpa del gobierno federal y estatal.
“Tenemos un presidente municipal que mientras en Acapulco asesinan dolosamente a seis personas él da, hace grilla en la Ciudad de México vestido de amarillo, en horas hábiles, ante los medios nacionales, porque prefiere ese protagonismo a darle la cara a los acapulqueños, exigimos que se defina y actúe como lo que es, el presidente municipal de todos los acapulqueños”, manifestó.
Es “una demanda y no una solicitud de que el joven renuncie porque sus hechos, acciones y palabras nos mandan un mensaje muy claro que se comporta como dirigente del partido de los amarillos”, indicó a su vez la diputada Rosaura Rodríguez.
El coordinador de la fracción de los regidores del PRI en Acapulco, Luis Miguel Terrazas Irra, lamentó el “trágico acontecimiento”, como calificó el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
Enfatizó que los regidores del PRI rechazan “todo sesgo” de desvirtuar la intención criminal del asesinato y se quiera ubicar el hecho como asunto de carácter político, por lo que dijo que es “cuestionable” que el alcalde Evodio Velázquez busque en medios culpables “en donde no los hay”, ante la inseguridad.
Cuando Acapulco, puntualizó Terrazas Irra, es calificada como la ciudad más violenta del país, por lo que llamó al alcalde a actuar con “prudencia y sensatez”.
Terrazas Irra puntualizó que el problema de la inseguridad atañe a todos y que el gobierno del estado no ha sido ajeno, por lo que ha coadyuvado para “lograr un Acapulco en paz”, defendiendo con ello al gobernador Héctor Astudillo Flores de los señalamientos que hicieron perredistas que exigieron su renuncia por no garantizar la seguridad de la población.
“Le hacemos, la fracción de regidores del PRI, un llamado enérgico (a Evodio Velázquez) para que asuma su responsabilidad, los acapulqueños demandamos resultados en seguridad y en servicios públicos, los acapulqueños queremos un presidente que trabaje por el municipio y no que sea un dirigente de partido, si no puede exigimos su renuncia”, sostuvo.
La regidora Brígida Rosa María Trani Torralva expuso que Evodio Velázquez olvidó que ya terminó la campaña y que el PRD gobernó los últimos diez años Guerrero, que “dejó un gobierno en ruinas y lo convirtió en uno de los estados más violentos de México”.
Recalcó que el presidente municipal anda distraído en otros temas y no presta atención a los problemas del municipio, como la falta de pago a la CFE por parte de la Capama, por el que le han suspendido el servicio de energía eléctrica desde el lunes.
“Creo que al presiente municipal se le ha olvidado precisamente eso, que es el presidente municipal de Acapulco y no el dirigente del PRD, y si es así que deje la presidencia a alguien que quiera servir a los acapulqueños”, planteó.
En otro tema, a los diputados se les pidió una postura en tres ocasiones sobre la detención el viernes pasado de la secretaria general de la Red de Jóvenes x México en Guerrero, Ximena Bernal, pregunta que ignoraron en dos ocasiones y en la tercera, el diputado Vicario Castrejón dijo que se encontraban ahí para ser solidarios con los regidores del PRI ante la incapacidad de “quien hoy gobierna al puerto de Acapulco”.
En la conferencia estuvieron los diputados del PRI, César Landín Pineda, Antelmo Alvarado García, Irving Adrián Granda Castro y María de los Ángeles Salomón Galeana; del Verde, Rossana Agraz Ulloa, y los regidores Rodolfo Escobar Ávila, Emma Reyes Hernández, Linda Karina Ríos Radilla y Braulio César Montes Vázquez.

Un encargado no es un secretario, responden diputados de MC a Evodio

 

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local respondió al desplegado del Ayuntamiento de Acapulco, y dijo que efectivamente el gobierno de Luis Walton nombró a Francisco Sandoval encargado de despacho de la Dirección de la Policía Preventiva municipal el 9 de septiembre de 2014, pero subrayó que para tal puesto “no se requiere” tener título y cédula profesional, como sí es ese un requisito para un secretario de Seguridad Pública.
En un desplegado titulado Miente Evodio Velázquez nuevamente, la fracción de MC habla sobre la información difundida un día antes por el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, en el que rechazó que el gobierno perredista haya promovido mandos de la policía sin certificar y afirmó que fueron el ex alcalde Walton y la ex secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho, quienes le reconocieron el grado de licenciado a Francisco Sandoval.
Los diputados de MC afirman que la designación de Sandoval como secretario de Seguridad Pública, fue responsabilidad del Ayuntamiento que encabeza Evodio Velázquez de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero, y debió de verificarse que cumpliera todos los requisitos exigidos por dicha norma.
Indican que para ser secretario de Seguridad Pública se requiere tener título y cédula profesional, como lo señala el artículo 21 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en cambio para ser designado encargado de despacho de la Dirección de la Policía Preventiva municipal, como ocurrió el 9 de septiembre de 2014, “no se requiere tal requisito de conformidad con el artículo 22 de dicha normatividad”.
Explican que en esa ocasión Sandoval Vázquez aprobó los exámenes de permanencia pero “este resultado aprobatorio le fue revocado o se le dejó sin efecto, por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública” y se le informó el 15 de octubre de 2015 al alcalde Velázquez Aguirre en el oficio número 1948.
Los diputados también rechazan el señalamiento de que los policías municipales actuales son los mismos de los gobiernos de Luis Walton-Luis Uruñuela, y dijeron que en el “supuesto convénio” que suscrito por el segundo “no se alude de ninguna manera a los 667 elementos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, como lo quieren hacer ver en el desplegado aludido”.
En el desplegado los diputados afirman que el alcalde “no tiene excusa” de no cumplir lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a separar del servicio a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública que no obtengan el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución de la República.
Afirman que el desplegado que publicó el secretario general del Ayuntamiento a nombre del alcalde “al entrañar una aceptación expresa de las violaciones legales y los delitos cometidos”, se aportará al Ministerio Público federal para que se integre a la indagatoria como prueba.

Ve Mejía Berdeja una amenaza en declaraciones de Sebastián de la Rosa

El coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, exigió al diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez que aclare a qué se refiere cuando dice que “el exhibicionismo político tiene un tope, un límite”, pues consideró que esa declaración es una amenaza.
Mejía Berdeja aclaró que no tiene nada en contra de la militancia del PRD, incluso aseguró que mantienen una buena relación el coordinador parlamentario de ese partido, por lo que se dijo sorprendido de sus declaraciones.
El miércoles De la Rosa pidió a Mejía Berdeja ser “más responsable” en sus acciones “porque me parece que el exhibicionismo político tiene un tope, incluso para la respuesta de los demás actores políticos, tiene límites”, en referencia a los señalamientos que ha hecho en contra del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Esta declaración fue interpretada por Ricardo Mejía como una presunta amenaza en su contra, por lo que lo que ayer exigió al perredista que aclare a qué se refiere y se retracte.
En conferencia de prensa que ofreció ayer en la tarde en la sala Jorge Bajos Valverde del Congreso Local, el diputado de MC insistió en que la “protección” que la dirigencia del PRD y el coordinador parlamentario de ese partido le ofrecen al alcalde de Acapulco es similar a lo que se hizo con el ex presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, preso por sus vínculos con el crimen organizado y por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
En la conferencia, Mejía Berdeja mencionó que el artículo 53 de la constitución local establece que los diputados no podrán ser perseguidos o reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo ni por el sentido de sus votos.
También se refirió al artículo 61 de la constitución federal, que indica que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, “y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
“No acepto ninguna reconvención, y segundo, pido que (Sebastián de la Rosa) aclare el alcance de su dicho, a qué se refiere cuando dice que todo tiene un límite, que ese límite ya llegó , porque insisto esto tiene un tono de amenaza que trasciende el tema eminentemente parlamentario, tiene tintes de amenaza contra nuestra integridad física”. (Carlos Navarrete / Chilpancingo).

Critica transportista que los diputados de MC no apoyen la desincorporación de la Policía Vial

El presidente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, criticó la postura de los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), sobre la no desincorporación de la Policía Vial de la Preventiva y aceptó la Coordinación de Movilidad y Transporte porque evitará lentos trámites que hay en la Secretaría de Seguridad Pública.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el transportista comentó que la desincorporación de la Policía Vial facilitaría el trámite de las infracciones o liberación de los automóviles, porque para denunciar la corrupción de los agentes viales tiene que darse un largo proceso, “yo creo que el cabildo y Evodio tienen intención de mejorar el servicio y apoyamos la propuesta presidente municipal”.
Mendoza Tapia criticó que “los diputados locales de Walton no tiene dignidad de lo que piden, ellos pudieron hacer el cambio cuando estuvieron de gobierno, y no lo hicieron”.
El jueves, los diputados del PRI, MC, PAN y PVEM aprobaron, por mayoría, exhortar al Ayuntamiento de Acapulco a modificar el acuerdo que creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte para dejar sin efecto la desincorporación de la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, además de que la designación del coordinador y de los mandos de los agrupamientos de la Preventiva sea certificada.
En declaraciones a reporteros el viernes en el Ayuntamiento, el coordinador general de Movilidad y Transportes, Israel González Nava eludió el asunto del exhorto de los diputados locales para no desincorporar a la Policía Vial de la Preventiva: “ese tema lo está desahogando el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, yo desconozco detalles, por tanto no podía opinar en ese sentido”.
“Yo trato de cumplir con mi obligación como funcionario público, que lo califique el pueblo, si puedo o no puedo, el Cabildo es quien tiene la palabra, y el secretario general es el vocero de estos casos del municipio, yo estoy en mi chamba”, concluyó.

Apoyar a su candidato en Tixtla, pide la dirigencia estatal del PRD a los diputados

 

La dirigencia estatal del PRD solicitó a los diputados de ese partido que sumen sus estructuras territoriales a la campaña del precandidato único a la alcaldía de Tixtla, Hossein Nabor Guillén.
Ayer a las 10 de la mañana en la sala de juntas de la fracción parlamentaria del PRD en las instalaciones del Congreso local, los diputados perredistas, que encabeza Sebastián de la Rosa Peláez, se reunieron con miembros del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), que preside Celestino Cesáreo Guzmán.
La reunión duró cerca de hora y media, fue cerrada y no hubo convocatoria a medios de comunicación.
Consultado vía telefónica al respecto, Celestino Cesáreo informó que la visita de la dirigencia a los diputados forma parte del acuerdo de comunicación permanente que existe entre ambas partes.
Explicó que la dirigencia solicitó a sus diputados que ayuden con su presencia en la campaña electoral del precandidato único a la alcaldía de Tixtla, Hossein Nabor, realizando visitas domiciliarias y aprovechando que varios de ellos son líderes del partido en municipios y regiones de la entidad.
Indicó que ellos para llegar a su curul hicieron campaña política, por lo que tienen la experiencia que se necesita para el proceso electoral extraordinario que se celebrará en Tixtla el próximo 29 de noviembre.
Consultada aparte, la diputada local por el distrito 24 con cabecera en Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, comentó que el compromiso de los diputados fue movilizar las estructuras territoriales con las que cuentan para que se sumen a la campaña de Hossein Nabor y promuevan el voto.
Dijo que ningún diputado intervendrá directamente y que el apoyo que pueden darle al precandidato, además de facilitar su estructura, es solamente moral.
Dijo que en Tixtla ella, miembro del grupo de lo que fue NI-CODUC, colaborará con las bases que la respaldan, además de que Nueva Mayoría, Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG) y Alternativa Democrática Guerrerense (ADG) harán lo propio.
“El compromiso de los diputados es moral, apoyar allá. Como estructura estamos trabajando, queremos rescatar el municipio, reconocemos que se han cometido errores en administraciones pasadas, pero queremos una nueva oportunidad y que se mantenga el PRD en el gobierno municipal, queremos demostrar que el PRD sí puede encabezar un buen gobierno”, dijo.
Otro tema que tocaron, aseguró, fue el de la agenda legislativa de la fracción del PRD de la que, aseguró, ya están afinando detalles para darla a conocer en los próximos días.
En la reunión estuvieron presentes Celestino Cesáreo y los diputados Sebastián de la Rosa, Carlos Reyes Torres, Crescencio Reyes Torres, Erika Alcaraz Sosa, María del Carmen Cabrera Lagunas, Ociel Hugar García Trujillo, Rosa Coral Mendoza Falcón y Eloísa Hernández Valle.

Exhortan diputados a no desincorporar a la Policía Vial de la Preventiva

 

Con el voto en contra del PRD, PT y Morena, los diputados del PRI, MC, PAN y PVEM aprobaron, por mayoría, exhortar al Ayuntamiento de Acapulco a modificar el acuerdo que creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte y deje sin efecto la desincorporación de la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, además de que la designación del titular y de los mandos de los agrupamientos de la Preventiva sean certificados.
Este punto de acuerdo fue presentado en tribuna por la diputada Magdalena Camacho, a nombre de su fracción parlamentaria del MC y defendida también por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien añadió que no se oponían a la modernización de la Policía Vial, sólo que se adaptara al marco legal y su director fuera certificado.
Mientras por el PRD y PT, el diputado Ocie Hugar García Trujillo, defendió la reforma que aprobó por unanimidad el Cabildo en abril pasado, cuando aun gobernaba el MC, porque señaló que eso dinamizaba el tránsito vehícular.
En ese exhorto al Ayuntamiento, la diputada del MC, Magdalena Camacho, propuso que el Cabildo establezca la adecuada coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública municipal y la Coordinación General de Movilidad y Transporte, para la aplicación en lo que corresponda del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio.
Además que se mantenga bajo un solo mando la coordinación de los cuerpos de fuerza de la Policía Preventiva municipal y sus agrupamientos (Urbana, Vial, Turística, Auxiliar y Rural).
Y que atendiendo el exhorto emitido por el Congreso, el miércoles 7 de octubre del presente año, que al designar a los mandos medios y superior de la Policía Preventiva se tome en cuenta que debe tratarse de personal debidamente acreditado y certificado, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, el artículo 14 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. El actual coordinador de Movilidad y Transporte es el perredista Israel González Nava.
La diputada argumentó que para el debido cumplimiento de los objetivos de la Coordinación General de Movilidad y Transporte que se plantea, no era estrictamente necesario que se suprimiera la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, ya que la experiencia indica que en ninguna entidad federativa o municipios del país, ni en ninguna de las leyes en la materia se han sustituido las unidades de la Policía Vial o de Tránsito, que son una institución de Seguridad Pública, que se están haciendo cargo de regular y operar las nuevas políticas de movilidad sustentable.
Ni tampoco se ha creado, una nueva dirección, como en este caso la Dirección de Movilidad Vial de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, de la que ahora formará parte la Policía Vial.
Tampoco se ha suprimido a la Policía Vial de la Policía Preventiva Municipal, “porque aquella es la directamente encargada de aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por violaciones a las normas de tránsito”.
Además, que sin fundamento se eliminan preceptos legales que son vitales para la prestación del servicio de seguridad encomendado a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, tales como la mención de la Policía Vial del párrafo segundo y la supresión integra del párrafo tercero del Artículo 30 del Reglamento Interno de la administración Pública Municipal.
Precisó que el acuerdo del cabildo, transgrede normas constitucionales y legales que regulan la prestación del servicio de seguridad pública a la ciudadanía, que está firmemente regulado dado lo altamente sensible que es la percepción pública en relación con el desempeño de esta área, lo que ha conducido a los tres órdenes de gobierno a implantar severos controles de certificación y confianza para el personal que forma parte de los cuerpos de seguridad pública.
Esto pone a la Policía Vial bajo el mando operativo de una persona que no está certificada ni se le han aplicado los controles de confianza que se establecen para los mandos y elementos de seguridad pública y que, por la naturaleza de las funciones genéricas y específicas que desempeña el área a su cargo, no debe por qué tener mando de cuerpos de tarea como lo es la Policía Vial, ni es necesario que sea sujeto de certificación y controles de confianza porque el cargo no lo requiere.

Otros acuerdos

En esta misma sesión, la diputada de Morena, presentó en tribuna una iniciativa de decreto, para reformar el artículo primero de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado y fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Justicia.
Y se leyó un oficio enviado por el alcalde de Zitlala, en el que informa que en la comunidad de Tlaltempanapa y comunidades circunvecinas, todas de habla nahua, han organizado su Policía Comunitaria, y pide la intervención de los diputados locales, para que les den su respaldo y piden que exhorten al gobierno estatal, que brinden seguridad pública para establecer el orden y la paz, ante la ola violenta creciente en la región.
Al terminar esta sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Carlos Reyes del PRD, convocó a una segunda de manera inmediata, para turnar a la Comisión de Hacienda la primera iniciativa de decreto del nuevo gobierno de Héctor Astudillo, para que le autoricen firmas de convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples.

Se analiza la posibilidad de que guardias escolten a los diputados, dice Chavarría

 

El secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera informó que se analiza la posibilidad
de proporcionar guardias personales a los 46 diputados locales, tras la ejecución del
panista José Jorge Bajos Valverde.
Entrevistado a su llegada a la funeraria donde fue velado el cuerpo de Bajos, Chavarría
explicó que “después de los acontecimientos se registraron algunas llamadas telefónicas
de diputados, (y) algunos manifestaron su preocupación en términos de seguridad”.
Sin embargo precisó que este tema lo analizarán en conjunto el gobierno del estado y la
Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, “y veremos que haya algún tipo de
seguridad” para los diputados.
Consultado sobre la posibilidad de que el asesinato del diputado Bajos obligue al resto de
sus colegas y a sus hermanos que también se desempeñan como funcionarios a solicitar
a agentes de la PIM como escoltas, el subprocurador Jesús Alemán del Carmen dijo en
Chilpancingo que las leyes locales lo permiten, pero que existe un déficit de elementos que
impide a la Procuraduría cumplir sus funciones sustantivas de investigar y perseguir los
delitos.
Recordó en este sentido que un grupo importante de policías ministeriales participan en
acciones de prevención del delito y que adicionalmente hacen falta por lo menos 100
agentes del Ministerio Público del fuero común y 100 agentes investigadores para cubrir las
necesidades de trabajo de la dependencia.
En otro punto, el secretario Chavarría aseguró que en las próximas semanas comenzará
en el estado una operación militar y policiaca contra el crimen organizado, similar a las de
Michoacán y Tijuana. No obstante, aclaró que “eso dependerá de los resultados” en
aquellos lugares.
El perredista secretario de Gobierno calificó como positivas las acciones en materia de
seguridad que emprende el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Celebró las
decisiones que el presidente ha tomado al respecto y lo distinguió de la actuación en la
materia del ex presidente Vicente Fox.
Destacó que “en materia de lucha contra la delincuencia organizada hay una diferencia
notable en la política del presidente Felipe Calderón y la del ex presidente Vicente Fox; el
actual mandatario tomó la decisión de afrontarla”.
Finalmente, Chavarría pidió a la sociedad confiar en las investigaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en el caso de la ejecución del diputado José Jorge Bajos.
Por su parte, el procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia admitió por
primera vez públicamente la necesidad de la incursión del Ejército en las calles del puerto
en acciones de vigilancia y seguridad, aunque dijo que eso dependía de la decisión del
presidente Calderón Hinojosa.
“Las condiciones ya las hay, (pero) el mando de los militares lo tiene el presidente de la
República y si nos echan una ayudada, qué bueno”, respondió a pregunta expresa.

El asesinato del diputado Bajos demuestra el fracaso del gobierno en seguridad: PRI


El presidente de Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Leyva Mena consideró ayer que el asesinato del diputado local del PAN Jorge Bajos Valverde demuestra que hay un “severo fracaso” del gobierno del estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia, motivo por el cual se debe de analizar la permanencia de los titulares de esas áreas del Ejecutivo.
Entrevistado la noche de este jueves en torno al asesinato de Bajos Valverde, el dirigente priísta lamentó esa situación y envío sus condolencias a los familiares y amigos del diputado local del PAN, uno de los políticos más cercanos al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
Consideró que el crimen del legislador local panista “refleja el clima de inseguridad que viven los guerrerenses y lo estamos padeciendo; queda evidenciado el grado de debilitamiento en el que queda el ciudadano común por tener una autoridad totalmente ineficiente en la materia”.
Criticó al secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés “que merece todos mis respetos como militar, pero como funcionario es altamente ineficiente”.
De igual forma cuestionó al Procurador de Justicia Eduardo Murueta Urrutia por los “pésimos” resultados en la materia, “la procuración de justicia y seguridad, merecen una revisión e inclusive la posibilidad de analizar si le están cumpliendo a los guerrerenses y que se revise su continuidad de ambos en sus puestos; esto no sólo por la muerte del diputado sino por las muertes violentas o asesinatos de más de 300 personas el año pasado. Son asesinatos impunes, hay un grado de impunidad y lamentablemente afecta al ciudadano guerrerense”.
Leyva hizo una convocatoria a todos los actores políticos y las instituciones “para enfrentar este tema sin visiones partidistas, como una necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar este delicado tema que requiere de la convocatoria de todos y sin tintes partidistas”.
Dijo que los guerrerenses “no merecemos unas autoridades altamente ineficientes, necesitamos de un mínimo de seguridad, si no se combate a fondo estamos obstaculizando el desarrollo de la entidad”.

No pasó la Ley de Ingresos 2007 por falta de “cabildeo” de Félix con diputados, señalan

 

Por la falta de “cabildeo” del alcalde Félix Salgado Macedonio con los diputados locales no se aprobó ninguna propuesta de aumento en la Ley de Ingresos 2007 que presentó el Ayuntamiento ante el Congreso local, aun cuando éstas eran viables, según algunas fuentes del Congreso.
De las iniciativas como el impuesto Proredes, donde se cobraría un 15 por ciento adicional sólo a las empresas que están en la zona Diamante, como el hotel Princess o las nuevas tiendas comerciales, o de homologar el impuesto predial al 13 por ciento al millar fueron rechazadas.
De los rubros que se aprobaron está el concepto de agua potable para uso industrial como autolavados, lavanderías, purificadoras de agua, donde se incrementó a dos salarios mínimos de lo que ya estaba.
En los transitorios los diputados aprobaron la creación de “Fideicomisos” para que los ingresos recaudados este año por concepto de cobros adicionales sean orientados por estos.
Así estarían el Pro-Turismo, que ya fue aprobado el año pasado; Pro-educación, Pro-Caminos y Pro-Ecología, que deberá crear el Cabildo y serán presididos por el alcalde.
Además los recursos serán aplicados a proyectos “específicos” de este rubro y los fideicomisos deben “rendir” cada cuatro meses un informe de la aplicación del dinero.
Hoy antes del mediodía los integrantes de la Comisión de Hacienda, los diputados perredistas Marco Antonio Organis, Germán Farías Silvestre, el priísta René González Justo, el panista Francisco Rodríguez Otero, y el ahora independiente Fernando Pineda Menez informarán al alcalde Félix Salgado Macedonio de lo establecido en la Ley de Ingresos donde se crean estos “fideicomisos”.
Con la creación de estos fideicomisos, de acuerdo con fuentes del Congreso, el alcalde tendrá un presupuesto “acotado” porque antes podía disponer del dinero recaudado en estos conceptos con mayor libertad, pero ahora deberá cumplir con lo que se especifica.
Indicaron que al alcalde le faltó más acercamiento con los diputados para explicarles sus propuestas de la Ley de Ingresos, pues no hubo quién le diera seguimiento como el ex secretario de Administración y Finanzas, Alberto Torreblanca, incluso advirtieron que por esta falta de acercamiento no se aprobaría la autorización de la solicitud de préstamo a Banobras para el proyecto Lomas de Chapultepec, considerado por Salgado como uno de los más importantes de su gestión.
De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2007 aprobada el 28 de diciembre, se tienen planeados ingresos por mil 473 millones 645 mil 653 pesos.
El argumento de la Comisión de Hacienda de no aprobar el impuesto adicional de 15 por ciento Proredes en el pago de servicio de agua potable, que está en la Ley de Hacienda municipal, que no aplica a las tarifas domésticas, es “atendiendo la política fiscal del gobierno del estado en el sentido de no crear nuevos impuestos, la propuesta de antecedentes se considera improcedente”.
Se rechazó también el 13 por ciento al millar del impuesto predial y quedó en el 12 por ciento al millar. En el argumento de la comisión dictaminadora se menciona que han existido diversos juicios de amparo promovidos por los contribuyentes, por eso para que haya “equidad, proporcionalidad y justicia” quedó al 12 por ciento al millar. ‘’
Sobre la propuesta de cobrar a los contribuyentes “80 por ciento” por refrendo de las licencias de establecimientos cuyos giros sean la “enajenación” o prestación de servicios públicos que incluyan la venta de bebidas alcohólicas, el Congreso decidió dejar un porcentaje de 70 por ciento como fue la del año pasado.
También se rechazó el incremento del 2 al 4 por ciento el pago mensual por concepto de derechos de los establecimientos mercantiles por horas extras y quedó el mismo porcentaje.
Sobre el pago de derechos de servicios de agua potable y alcantarillado, la comisión de Hacienda “con el objeto de no vulnerar sobre todo la economía familiar de los sectores más humildes, consideró conveniente no incrementar las cuotas y tarifas de agua potable y dejar vigentes para el ejercicio fiscal de 2007, las cuotas y tarifas aplicables en 2006”.
Se rechazó un aumento de 0.20 salarios mínimos por metro cúbico en la distribución de agua potable en pipas y quedó de 0.40 salarios mínimos, como está actualmente.
Disminuyeron el cobro del 6 por ciento sobre el boletaje vendido en 2006 en el cobro del impuesto sobre espectáculos de jaripeos porque son “eventos populares” y quedó al 2 por ciento.
La ley menciona que para evitar la “proliferación de vendedores ambulantes” y de acuerdo con el reglamento de Vía Pública, se propone que los prestadores de servicios ambulantes tengan la obligación de contar con la autorización de Vía Pública previo el pago de los derechos correspondientes, así quienes estén en puestos semifijos, que no podrá exceder 14 días en las calles del Centro, pagarán un salario mínimo.
Además se indica que se haga el pago de derechos por el uso de la vía pública por la instalación de casetas telefónicas y la instalación de equipos que vendan bebidas refrescantes, lo que permitirá al Ayuntamiento “allegarse de mayores recursos”.
Aprobaron actualizar las tarifas por derechos de concesión y uso en establecimientos de cualquier tipo en mercados municipales o privados.