De cómo y en cuánto se llevaron a los acarreados a la marcha con Zeferino, según los opositores




Comuneros de los anexos de Cacahuatepec y ejidatarios de La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes, dieron su visión de cómo fueron trasladados los manifestantes a la marcha que encabezó el martes 9 el gobernador Zeferino Torreblanca.
De La Palma fueron 10 ejidatarios a la marcha de Torreblanca, encabezados por una líder del PRI, afirma el profesor José Nava Luna, y agrega que se maneja que les pagaron de 200 a 500 pesos por persona, les enviaron camiones para el traslado y les dieron comida y refrescos.
Este ejido se encuentra en el municipio de Juan R. Escudero, y en su cabecera municipal, Tierra Colorada, tuvo lugar la marcha encabezada por el gobernador.
Comenta que el presidente municipal, Héctor Varela, que es del PRD, se ha mantenido neutral en el conflicto por La Parota, pero según dijo a los opositores, participó con el gobernador porque se sintó comprometido y presionado.
De Parotillas fueron a la marcha con Torreblanca sólo tres o cuatro personas, encabezadas por el supuesto presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Simón Cruz Saligán, a quien los opositores y otro grupo que está a favor de la presa no reconocen, indica el comunero Nemesio Valeriano Moreno, y cuenta que les pagaron 100 pesos.
Un comunero de El Cantón dice que a la marcha de Zeferino Torreblanca asistieron tres personas de este lugar, y que dijeron que les pagaron 100 pesos a cada uno.
De Cruces de Cacahuatepec, dicen los vecinos –de los cuales 25 estuvieron en la manifestación de ayer– que fueron ocho a la marcha que encabezó el gobernador, que mandaron camiones que los recogieron en Agua Caliente, y que allá les dieron de beber cervezas, que regresaron borrachos, y que les pagaron 200 pesos a cada uno.
Del ejido Dos Arroyos “fueron los vendidos”, afirma el opositor Mario Quiñones, y dice que iban como 15 o 20, entre ellos los que integran la planilla de partidarios de La Parota que quieren ocupar el nuevo comisariado ejidal. Dijo que cuando regresaron, ese martes, estaban tomando bebidas alcohólicas en el pueblo, y se supo que les pagaron de 200 para arriba.
De Los Huajes fueron con Zeferino Torreblanca unos 20 o 25, y se habla de que les pagaron de 200 a 300 pesos, y los líderes van ganando más, de a 500 pesos, afirma el opositor Julián Blanco.
–Si fueron unos cuantos de los ejidos y comunidades a la marcha en Tierra Colorada, de dónde salieron los demás –se le pregunta.
–Por ejemplo, venían ocho camiones del centro de Acapulco, llevaban gente de Jardín Mangos, de La Zapata y de otras colonias, pura gente acarreada –responde.
De Oaxaquillas fueron cinco a Tierra Colorada, dice el opositor Adrián Gabino Hernández, agrega que mandaron camiones por ellos, y les pagaron 400 pesos, y llenaron con gente de las colonias de Acapulco y de Tierra Colorada.
Critica a Torreblanca por haber encabezado esa marcha, con el líder de la CNC Evencio Romero, a quien califica de “corrupto”, y que haya aparecido al lado del presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Jesús Crisanto, “que no tiene el reconocimiento del pueblo”, y opina: “Un gobernador no debe andar en marchas y plantones que dividen a la gente”.

Toman ejidatarios un predio destinado para un parque ecológico en Pungarabato



Israel Flores Ciudad Altamirano

Un grupo de 40 ejidatarios de Pungarabato tomaron un terreno en la colonia Morelos de Ciudad Altamirano de aproximadamente una hectárea, propiedad del municipio y destinado para un parque ecológico.
El grupo de ejidatarios se apoderó del espacio y montaron una guardia, entre las personas que apoyaron la toma, estuvieron el ex director de Agua Potable, Valentín Juárez Mastache, y el médico Leodegario Correa, quien disputó con el actual alcalde Víctor Mójica Wences, la candidatura por el PRD a la presidencia municipal.
La comisaria María de la Luz Pérez Mariano dijo que el terreno se encontraba a préstamo desde hace más de 20 años para que el municipio hiciera un parque ecológico, pero dicho espacio no se utilizó y por estar en zonas ejidales la asamblea decidió tomarlo.
El lunes en la mañana, una comisión de ejidatarios llegó al Palacio Municipal para entrevistarse con el alcalde, con la intención de conocer si el municipio tiene papeles del terreno. La comisaria advirtió que en caso de que el Ayuntamiento demuestre la propiedad del terreno, se retirarán.
La versión de las autoridades municipales, es que si existen documentos de propiedad y que en esta administración hay planes de construir una plaza pública en el lugar, con canchas deportivas.
Sin embargo, la comisaria nos dio la versión que el terreno ya estaba repartido entre los mismos ejidatarios, “entre los más necesitados”. El terreno era propiedad de Félix Pascual Núñez y en más de tres ocasiones ha enfrentado conflictos parecidos.
Los ejidatarios expusieron que el terreno está abandonado y es refugio de maleantes en las noches, pero reconocieron que si el municipio demuestra la propiedad, será liberado para que se construya el parque ecológico.
Vecinos de la colonia Morelos juntaron firmas y entregaron un documento al alcalde, en donde piden que el terreno sea utilizado para la construcción del espacio de área verde, como estaba pensado.

Con 10 años de atraso, paga la SCT la afectación a ejidatarios de Agua de Correa



Brenda Escobar Zihuatanejo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó al ejido de Agua de Correa un cheque de 3 millones 169 mil 582 pesos, del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, por la afectación a 12 hectáreas por la construcción del bulevar Zihuatanejo-Aeropuerto. La dependencia federal adeudaba esa indemnización al ejido desde 1996.
El comisariado ejidal de esta comunidad, Bernardo Solís Radilla, dio a conocer que la entrega de este dinero se hizo el martes 2 y que el pago fue parcial, pues la dependencia federal todavía adeuda 292 mil 715 pesos por el mismo concepto.
Agregó que además, los ejidatarios emplazarán a la SCT para que indemnice al ejido por la afectación de 15 hectáreas de terrenos por el paso de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo que data desde 1970, “porque ni siquiera existe el decreto expropiatorio”.
Abundó que los campesinos decidieron también emplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque cuatro líneas de conducción de alta tensión atraviesan el ejido en la parte norte, “hay torres que atraviesan nuestras tierras y la CFE nunca ha pagado un solo peso al ejido por la afectación y en este caso tampoco hubo un decreto expropiatorio, sino que fue de manera arbitraria”.
Recordó que “hace años, las dependencias federales podían cometer cualquier irregularidad y cualquier atropello en contra de los campesinos porque había el temor de alzar la voz para hacer valer nuestros derechos, pero ahora las cosas han cambiado y sabemos que nos tenemos que defender para exigir que nos retribuyan tantas afectaciones que se hicieron al ejido de manera arbitraria”.
Indicó que ya se asesoran con sus abogados para proceder contra las dos dependencias federales; “queremos hacerlo por la vía legal y pacífica, sólo que esperamos que no tengamos que llevarnos años de lucha en estas dos peticiones”.


Promueve Semarnat la siembra de enervantes y el saqueo de madera, acusan ejidatarios

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Ejidatarios de la región de la Costa Grande y Tierra Caliente denunciaron ayer que funcionarios de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), promueven la siembra de enervantes y el saqueo de madera en la sierra de los municipios de Coahuayutla, La Unión, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
El presidente de la asociación civil denominada Alianza Campesina de Guerrero (Alcagro), Moisés Valle Obregón abundó que las autoridades federales están rechazando todas las solicitudes de permiso que presentan los campesinos para el manejo forestal sin explicación alguna.
“De esta forma evitan que los dueños de los bosques se beneficien con los programas federales para el aprovechamiento forestal sustentable, la captación de carbono o pago por servicios ambientales y ordenen los terrenos ejidales para delimitar las áreas de conservación, de aprovechamiento, de agricultura y ganadería”, señaló.
En conferencia de prensa, el ejidatario y dirigente de la asociación civil acusó al jefe del departamento de Servicios Ambientales de la Semarnat, Edson Ojeda Sotelo de asumir una actitud burocrática y rechazar sin explicación alguna los estudios técnicos que presentaron para que la dependencia federal autorice el permiso de manejo forestal.
Dijo que esta acción no sólo evita que los ejidatarios se organicen para proteger los bosques y los recursos como el agua, sino que confirma que la única alternativa que tienen los campesinos del Filo Mayor de la Sierra del estado para obtener dinero y poder comer es por medio de la siembra de enervantes, la venta clandestina de maderas preciosas y la migración hacia los Estados Unidos.
En este sentido, Valle llamó a las autoridades federales y estatales para que atiendan la necesidad de los ejidatarios de la Costa Grande y la Tierra Caliente, sobre todo ahora que el narcotráfico está mostrando su lado más violento en las ciudades.
El dirigente de Alcagro lamentó la actitud de los funcionarios de la Semarnat porque sólo lucran con los permisos de manejo forestal, porque se quedan con más de 28 mil pesos, cantidad que cuesta el trámite para obtener la autorización del estudio técnico que presentan los ejidatarios que pretenden organizar su bosque.
Dijo que la actitud de la Semarnat sólo demuestra que pretende que en la Costa Grande y la Tierra Caliente persistan las mismas formas de desarrollo, es decir orillar a los campesinos a sembrar amapola y marihuana; situación que sólo beneficia a los empresarios de la madera que extraen lo que quieren de manera clandestina resguardados por corporaciones policiacas, aseveró.

Piden comuneros de San Juan Totolcintla parar el Procede; no se nos consultó, dicen

Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros y ejidatarios de San Juan Totolcintla, municipio de Apango, pidieron ayer al gobierno del estado su intervención ante el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrel, para que detenga la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), pues afirmaron que éste ha provocado que en esa zona surjan conflictos por linderos.
El vocero de los inconformes, Melquiades García Ríos dijo ayer que el pasado 25 de febrero, uno de los líderes sociales que hay en esa localidad, Fortino Cazares Cabrera convocó a una asamblea para informar acerca del Procede y además advirtió que de aceptarlo no perderían el beneficio del Procampo.
García Ríos indicó que para el 28 de ese mismo mes, Cazares Cabrera solicitó a la delegación de la PA, que enviara una comisión de técnicos para que comenzara a medir los terrenos, pues “habían dado su anuencia los ejidatarios”, aunque precisó que fueron sólo 23 de los 167 que debieron participar en la asamblea.
En conferencia de prensa, señaló que además de un generalizado rechazo por parte de la mayoría de los ejidatarios, “porque el recorrido sobre los limites no fue avalado”, lo que ha ocasionado la PA es el surgimiento de una serie de conflictos agrarios en esa zona, “tenemos problemas con nuestros vecinos”.
Acompañado del presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Domitilo Bernabé Romero, García Ríos pidió al gobierno y en particular al subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca intervenga ante el delegado de la PA, para que detenga los trabajos técnicos del Procede en esa localidad “porque no hay información clara y tampoco están todos los ejidatarios que pueden avalar esa medida, ya que han emigrado”.
El vocero se quejó de que Jaimes Ferrel no haya tomado en cuenta su inconformidad y sí en cambio haya continuado aplicando el Procede, dijo que a éste han enviado dos oficios en los que piden la suspensión del Programa “porque la asamblea estuvo manipulada, pero hasta ahorita no hemos obtenido respuesta”.
Luego mencionó que la negativa de los comuneros y ejidatarios a pertenecer al Procede es “porque éste no garantiza nada, ni resuelve nada y más bien lo que hace es dividirnos, entonces no se vale que por que somos indígenas nahuas que apenas si hablamos el español, se quieran burlar de nosotros”.

Denuncian ejidatarios de Ampliación Llano Largo que los quieren despojar de 117 hectáreas

 

 El Tribunal Unitario Agrario y el Fonhapo amenazan con desalojarlos el lunes 7 de junio. Acusan a la magistrada López Díaz de complicidad con ese fondo de vivienda, el cual fue creado en 1974 y ellos son poseedores desde 1939, dicen los afectados

 Karina Contreras

Ejidatarios de la Ampliación Llano Largo efectuaron una protesta afuera del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 para denunciar que los quieren despojar de 117 hectáreas ejidales a favor del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), ya los amenazaron con desalojarlos el próximo lunes.

Alrededor de las 11 de la mañana, unos 30 ejidatarios llegaron al TUA para instalarse en plantón por algunas horas para exigir la destitución de la magistrada Luz Mercedes del Carmen López Díaz, a quien acusan de que en complicidad con Fonapo les quieren arrebatar sus tierras.

Durante la protesta los ejidatarios colocaron mantas donde se leía: “Los ejidatarios de Llano Largo exigimos la destitución de la magistrada Luz Mercedes del Carmen López Díaz por corrupta”   o “Fonapo se dedica a quitar mañosamente la tierra a los ejidos aquí en Guerrero donde no hay certeza jurídica en la tenencia de la tierra. La magistrada del TUA 41 se vendió por un peso”.

El ejidatario Noé Benítez Nava dijo que ellos están pidiendo una revisión de toda la documentación que tiene el tribunal, en la cual se demuestra que la tierra es del ejido, porque  el TUA y Fonhapo les han enviado un documento donde les informan que serán desalojados el 7 de junio, debido a que las tierras pertenecen a esa dependencia.

Benítez Nava dijo que ellos son los dueños de la tierra desde 1939, pero que mañosamente se las quieren quitar; aun cuando en un pleito, en los tribunales de la ciudad de México, en 1996 la sentencia fue a favor del ejido. Exigió el diálogo con las autoridades agrarias y Fonhapo, porque de lo contrario van a provocar un enfrentamiento, pues no van a dejar que es quiten algo que es de ellos y que lo comprueban con documentos oficiales como planos y la declaración en el Diario Oficial.

Insistió en que quieren que revisen la documentación porque la magistrada del TUA, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, se ha confabulado con Fonapo para desalojarlos de las 117 hectáreas que están habitadas por cerca de 600 familias.

Acusó el ejidatario que no es posible que ahora les quieran revertir la sentencia con el argumento mañoso de que Fonapo es dueño de las tierras, cuando tienen posesión desde 1936, y el fondo se creo en 1974.

Finalmente, Noé Benítez dijo que no van a permitir el desalojo de las tierras, y exhorta a las autoridades al diálogo porque de lo contrario va haber enfrentamiento, pues los van apoyar varios ejido como El Podrido, Lomas de Chapultepec, Cayacos,  Icacos, entre otros.

Retiran ejidatarios el plantón en el Tribunal Agrario y lo trasladan a la ciudad de México

 

 Se plantarán afuera del Tribunal Superior Agrario y ratificarán su denuncia contra la magistrada López Díaz en la PGR, anuncian los representantes en conferencia de prensa

 Karina Contreras

 Los ejidatarios inconformes con la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, retiraron el plantón que mantuvieron durante 14 días afuera de ese edificio, y anunciaron que los trasladarán al Tribunal Superior Agrario (TSA) en la ciudad de México.

Informaron también que hoy a las 10 de la mañana acudirán a la Procuraduría General de la República (PGR) para ratificar su denuncia contra la magistrada López Díaz, interpuesta la semana pasada por incurrir en delitos contra la administración de justicia, al desviar el contenido de la ley para favorecer a empresarios.

Lo anterior fue anunciado en una conferencia de prensa en el Zócalo, por el asesor legal, Humberto Sevilla García; Félix Castellanos Hernández; el ex comisariado de El Cayacos, Alberto Ávila González; el comisariado del Cayacos, Pablo Ávila; la líder de la colonia Fuerza Aérea, Rosario Merlín García, y una veintena más de ejidatarios.

El abogado Humberto Sevilla García manifestó que la decisión de trasladarse a la ciudad de México es porque no han obtenido respuesta del TSA sobre las 19 quejas que fueron entregadas al magistrado supernumerario, Alfonso Galindo Becerra, contra la magistrada López Díaz, sobre las anomalías en sus resoluciones que han perjudicado gravemente a los ejidos.

Señaló Sevilla García que esperan que se les dé una respuesta satisfactoria a sus quejas contra la magistrada y que ésta sea destituida de su cargo. Nuevamente hizo un llamado al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para que se den soluciones a los problemas de tierra que existen en el municipio.

Mientras tanto el ex diputado federal, Félix Castellanos Hernández, dijo que a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se llevará un punto de acuerdo para que los tribunales pasen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues insistió que es necesario, porque los tribunales agrarios del país responden a los grupos de poder y políticos de los estados.

Durante la conferencia de prensa pasaron el video donde el diputado federal del PT, Joel Padilla Peña, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se investigue a la magistrada López García sobre las acusaciones en su contra por campesinos de varios ejidos de Acapulco.

Ejidatarios llevaron al Aca Fest su protesta contra la magistrada

 

 Se quejan de la indiferencia de los gobiernos estatal y municipal para atender su reclamo

 Magdalena Cisneros

 Ejidatarios del Frente de Defensa Campesino (FDC) se manifestaron por tres horas afuera del Centro Internacional Acapulco (CIA) para exigir la destitución de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, y para reclamar por “la indiferencia “ del gobierno del estado en el caso.

El sábado alrededor de las 11 de la mañana llegaron los ejidatarios con pancartas exigiendo la destitución de la magistrada y pidiendo la intervención del gobierno del estado. Ahí, recibieron una llamada telefónica de un funcionario de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del gobierno del estado, quien envió de la Dirección de Gobernación a Elda Domínguez Bello, “que manifestó que sí va a intervenir el gobierno del estado”, según el ex presidente del comisariado ejidal de Cayaco, Alberto Ávila, quien dijo que “le reclamamos la indiferencia que nos han dado desde el 12 de mayo que iniciamos el plantón, no han intervenido los de Asuntos Agrarios, ni del gobierno municipal”. Acordaron que el lunes exhibirán afuera del tribunal un video, y que en la semana acudirán a la ciudad de México al Tribunal Supeior Agrario para “actuar de otra manera”, porque vino un visitador pero no ven resultados.

Justificó su manifestación afuera del CIA, justo el día de la clausura del Aca Fest, porque “no vimos respuesta, a ver si nos veían y nos escuchaban, se desbordó por la falta de atención”.

Desde el 12 de mayo, los ejidatarios mantienen un plantón afuera del Tribunal Unitario Agrario en Acapulco para exigir la destitución de la magistrada por “favorecer con sus resoluciones a los empresarios y perjudicar a los ejidos”.

Levan al Congreso federal el caso de la magistrada en conflicto con ejidatarios

 

 El diputado federal del PT, Joel Padilla presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente. La medida para que los problemas agrarios de Acapulco se ubiquen en el debate nacional, dice el ex diputado federal petista, Félix Castellanos

 Karina Contreras

 El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) por el estado de Colima, Joel Padilla Peña, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo donde se pide al Tribunal Superior Agrario (TSA) que investigue las quejas presentadas por ejidatarios de Acapulco contra la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, de quien los inconformes exigen su destitución “por favorecer con sus resoluciones a los empresarios y perjudicar a los ejidos”, por lo que piden que se apliquen las sanciones previstas en la ley.

Lo anterior lo informó el ex diputado federal petista, Félix Castellanos Hernández, quien dijo que la solicitud fue presentada el miércoles pasado por el legislador Padilla Peña, el cual explicó que la solicitud se originó “porque los tribunales son autónomos y no se les puede aplicar ninguna medida jurídica ni de presión”.

Señaló que exponer los problemas agrarios de Acapulco, “es importante porque se ponen en el debate nacional” y los magistrados del TSA se dan cuenta que el asunto preocupa ya a la Cámara de Diputados; además, se valora la iniciativa de modificación para que los TSA pasen al poder Judicial de la federación, como lo han venido exigiendo los guerrerenses.

Sobre el movimiento que mantienen los ejidatarios en Acapulco –que desde hace 14 días se han manifestado afuera del TUA– para exigir la destitución de la magistrada, Castellanos Hernández dijo que sostendrán una reunión en las próximas horas de este sábado “para acordar lo que sigue”, aunque las asambleas de cada ejido son autónomas.

Agregó que, en su opinión, para lograr la salida de López Díaz se requiere más que un plantón en Acapulco, por lo que se tienen que buscar cauces jurídicos.

En su exposición ante la comisión permanente, el legislador Joel Padilla Peña, señaló que en el país hay 10 mil asuntos agrarios pendientes que resolver, y los que han concluido han sido contra los ejidos y comunidades.

Ejemplificó que la magistrada López Díaz “tiene un franco afán de lesionar los intereses de los campesinos”, y que se ha empeñado en “torcer la imparcialidad de la justicia agraria”. También señaló el legislador que la magistrada tiene una dudosa “relación con los grupos de poder económico y político del estado,   así como tortuguismo en sus actividades”.

Por último, señaló que en lugar de resolver los problemas, la magistrada “lo único que hizo fue integrar averiguaciones previas” contra los dirigentes campesinos.

Demandan en el MP a funcionarios de CFE y a ex autoridades ejidales de La Sabana

Los acusan de fraude por 35 millones de pesos

 

Pagaron la indemnización por el tendido de líneas de alta tensión en su ejido, a quienes no les correspondía cobrar. Otra vez la CFE entra a sus tierras sin permiso para abrir un camino que forma parte del proyecto La Parota, dicen

 Karina Contreras  

Ejidatarios                   de La Sabana demandaron penalmente ante la agencia del Ministerio Público (MP) de Renacimiento a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las ex autoridades ejidales por el delito de fraude de alrededor de 35 millones de pesos por el pago de indemnización en el tendido de líneas de alta tensión en ese ejido y la construcción de la torre, informó el presidente del Comité de Defensa de ese ejido, José Carlos Hernández Godoy.

En una conferencia de prensa en el Zócalo, Hernández Godoy precisó que la demanda contra la paraestatal y las ex autoridades ejidales ya fue ratificada, quedó registrada bajo la averiguación Tab/R/AM/114/2004 en el MP de Renacimiento, y se dio por la imposibilidad de obtener vía el diálogo o mediante un arreglo satisfactorio la recuperación del pago que indebidamente que los inculpados recibieron.

Los demandados son el ex comisariado ejidal Higinio Salazar Ozuna, Ubaldo Muñoz del Carmen, Alejandro Arciniega Palma, Alejandro Espinoza Palma, Gaspar Zequeida Ozuna, Leonor Rodríguez Barrios. Los funcionarios de la empresa Miguel A. González Ortiz, Héctor Guadarrama Salazar, Guillermo González Pérez, José Trinidad Fuentes Pinzón, todos ellos por el delito de fraude y daños contra los ejidatarios, pues cobraron la indemnización si entregarla a los dueños de las parcelas.

Hernández Godoy explicó que la CFE alegaba a su favor que los ejidatarios no tenían documentación de que son dueños, pero ahora los ejidatarios tienen un certificado agrario de Procede con lo cual comprueban que son los dueños donde tienen las torres de luz, y exigen que se les pague.

El dirigente acusó a la CFE que pagó a otras personas que nada tenían que ver con las parcelas, mientras a los dueños se les hizo a un lado y no les han entregado el dinero.

Calculó que la empresa debe alrededor de 35 millones de pesos a los ejidatario, considerando el monto real de la afectación, es decir el tiempo que han operado las torres, sin pagar a los verdaderos dueños cuando les está generando recursos.

Hernández Godoy acusó que la CFE sigue cometiendo los mismos errores, pues ya entró al ejido derribando árboles sin el permiso de los campesinos. Explicó que la paraestatal hace unos días comenzó a derribar árboles para abrir brechas de lo que será un camino que llevará a la infraestructura de la hidroeléctrica La Parota, que se pretende construir en Guerrero, pero –insistió– a los dueños de las tierras no se les ha pedido permiso.

Finalmente, Godoy Hernández pidió el diálogo con funcionarios de                   la CFE, que resuelvan el problema para que paguen a los ejidatarios, porque de lo contrario llevarán a cabo movilizaciones en las oficinas de supervisión de obras de Costa Azul y en las oficinas de La Parota, en ésta última para que explique porqué se han metido al ejido sin permiso.