Las observaciones de la ASF son para el gobierno anterior pero las atenderá, dice Norma Otilia

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez en conferencia de prensa en el Palacio Muni-cipal Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que las observaciones que realizó al municipio la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la cuenta pública, corresponden a la anterior administración, aunque su gobierno atenderá el requerimiento.
La semana pasada la ASF informó que hubo observaciones a 15 municipios por el mal manejo de recursos públicos, entre ellos está Chilpancingo, que deberá aclarar 7 millones de pesos 936 mil 790 pesos ejecutados como “servicios generales e inversión pública”.
En conferencia de prensa matutina en el Palacio municipal, Hernández Martínez precisó que estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2021, del periodo enero y septiembre de la anterior administración, y que la ASF auditará en marzo su primera cuenta pública del 2022.
Recordó que hace un año la ASF notificó al municipio una observación de unos 8 millones de pesos, del ejercicio fiscal 2021 que corresponde a la anterior administración, “por lo que seremos responsables para dar seguimiento a lo que corresponde”.
Dijo que a nivel nacional Acapulco y Chilpancingo son los municipios más auditados, y lo más observado es la infraestructura, “a nosotros no van hacer la primera auditoría de la cuenta pública del 2022, por eso estamos apurados para comprobar los requerimientos que nos solicitan”.

No le ha informado la FGE del caso de los incendios provocados

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado sobre los incendios provocados en el restaurante El Marino, donde murieron calcinados el velador y su hijo, ni de los 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla el 20 de febrero pasado, e insistió que le informe de los avances de las investigaciones.
Hernández Martínez comentó que atender el problema de inseguridad depende de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos, que el municipio está haciendo lo propio en la prevención del delito, y agregó que la Fiscalía y la Mesa de Coordinación para la Paz deben de informar sobre las investigaciones de algún hecho y proceso penal de un presunto delincuente.
“La Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento de los hechos que ocurrieron el 20 de febrero, me encantaría que nos pudieran informar de los avances, por ejemplo los policías que agarran a los delincuentes no sabemos qué trato les están dando, si los ponen en libertad o en proceso”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Se-guridad Pública y Protección Ciu-dadana, Martha Isela Velázquez Adame informó que continúan los recorridos de militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales en el corredor del Valle del Ocotito, en donde se instaló una base de operación tras la petición de los comisarios que solicitaron seguridad en esta zona.
El 18 de febrero ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la GN.
Velázquez Adame informó que a traves de los operativos de los tres órdenes de gobierno, de enero la fecha han detenido 17 personas por los delitos de violencia familiar, robo dentro de un vehículo, casa habitación, violación, por portación de arma de fuego y cartuchos, robo de motocicleta, negocio y acoso sexual.
Además, han detenido 98 personas por faltas administrativas, por alteración de orden público, inhalar sustancias tóxicas, realizar necesidades fisiológicas en vía pública, agresión, graffiti y faltas a la moral.

 

Busca la Semai que 300 adultos mayores acaben trámites de visa para viajar a EU

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal, informó que pedirán a los alcaldes que los ayuden a encontrar a 300 adultos mayores para concluir sus trámites de visa a Estados Unidos, a fin de que puedan visitar a sus familiares radicados en el extranjero, un grupo que dejó pendientes la anterior administración estatal.
En consulta telefónica sobre los resultados de su gira la semana pasada en Chicago, Illinois, indicó que este año van a reanudar el programa que en el gobierno anterior llamó Acercando Corazones, y ahora será Lazos Migrantes. Sin embargo, personal de la embajada explicó que deben agotar el procedimiento de ese trámite, para poder realizar nuevas inscripciones.
“Al parecer hubo conflicto porque creo que les cobraron dinero (a los familiares), y me acaban de avisar que están autorizados, listos para darles salida”. Lo que sigue es volver a programar la cita para tramitar su visa y llevarlos a la embajada norteamericana en la Ciudad de México.
Destacó que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es apoyar en lo que esté a su alcance a los paisanos, “estamos muy agradecidos por todo lo que trabajan y todas las remesas, de alguna forma tratamos de regresar lo que hacen”.
Informó del seguro laboral que otorga el gobierno de Estados Unidos a personas que trabajaron durante años en aquel país, con una pensión al menos de 14 mil pesos. Advirtió que muchos migrantes que volvieron a Guerrero no saben que tienen este derecho.
Ahora la Semai está en pláticas con la embajada para ayudar con los trámites a las personas que puedan activar su pensión allá.

El programa 2×1

Asimismo, indicó que buscarán que la federación regrese al programa 2×1 Migrantes, para que vuelva a ser 3×1, para la construcción de obras en las comunidades de origen de los paisanos radicados en Estados Unidos, que ahora solo tienen aportaciones igualitarias de clubes guerrerenses y de dos niveles de gobierno.
Recordó que, con la desaparición del programa 3×1 Migrantes, Guerrero mantuvo el programa como 2×1, con aportaciones de los paisanos y los gobiernos estatal y municipal
“El 3×1, era muy bueno para Guerrero, se hacían obras importantes cada año, aunque en dado caso tenemos el 2×1, pero las obras son muy pequeñas, con aportaciones de 150 mil de cada uno”.
Adelantó que este año la gobernadora propuso un incremento a 250 mil pesos en las aportaciones, para poder hacer obras de mayor relevancia. “Los clubes están de acuerdo, porque la mayoría que vive en Chicago son de la zona Norte, al menos con las organizaciones que me reuní, están inmersas en este programa”
Adelantó que las reglas de operación se están elaborando y les dio a conocer los lineamientos para ingresar, y comiencen la gestión para que los ayuntamientos hagan su aportación. El año pasado se aprobaron 89 obras, casi todos de la zona Norte y una parte de Chilpancingo.
Reconoció que en las reuniones con las organizaciones de migrantes, estuvo la cónsul Reyna Torres Mendivil, y el equipo que integra el consulado.
Con un mensaje en redes sociales, destacó la reunión con Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, que preside Erasmo Salgado, y las autoridades municipales; es decir, los alcaldes de Taxco, Buenavista e Ixcateopan, Mario Figueroa, Rubén Salgado Alemán y Naucelia Castillo Bautista, respectivamente.
Otra reunión que destacó en redes, fue con integrantes de la Federación de Guerrerenses en Chicago, que preside Fredo Jack Arroyo.
“Se les atendió a todas las organizaciones, los escuchábamos, ya llevábamos respuestas, lo único que queda pendiente es la designación de una representación de Guerrero allá, pero antes la gobernadora va a resolver si se reabre allá la oficina”.
Una de las peticiones en Guerrero es abrir una oficina de expedición de pasaportes en Chilpancingo, porque sus familiares de la Montaña, Tierra Caliente, Centro y Norte no viajen hasta Acapulco, donde está la única oficina de Relaciones Exteriores.
Recordó que hay programas preestablecidos que se mantienen como el traslado de cuerpos repatriados, del aeropuerto de la Ciudad de México a sus comunidades de origen, y hay un presupuesto que se aplicará hasta donde alcance.

Dejó el gobierno anterior de aportar al fondo estatal para atención de desastres: Arroyo Matus

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil; Roberto Arroyo en la comparecencia ante los diputados del Congreso del estado en el momento en el que explica la falla geológica de la Zona Norponiente de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, compareció ante el pleno del Congreso local, donde informó que en el estado únicamente se tienen dos fondos para atender desastres, en los que a pesar de que el gobierno anterior no aportó su parte, el federal continuó dando su parte, por lo que Guerrero “no está desprotegido”.
En su comparecencia ante diputados locales como parte de la glosa por el primer informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el secretario destacó que se trabaja en los municipios para que puedan tener su atlas de riesgo, los cuales son caros y responsabilidad de los ayuntamientos.
Agregó que sólo cuentan con esos instrumentos Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Arroyo Matus informó a los diputados que en el primer año de gobierno se invirtieron 2 millones 960 mil 860 pesos para la adquisición de uniformes que, desde hace más de tres años el personal no había recibido.
Y que la Secretaría brindó atención a 58 familias desplazadas de cuatro localidades, otorgándoles insumos básicos como cobertores, colchonetas y kits de aseo personal, hecho del cual no se tiene antecedente, ya que sólo se atendía a damnificados por fenómenos naturales.
Dijo que ya están trabajando con el Congreso local para la actualización de la Ley 455 de Protección Civil, con la que se podrá incidir en el ordenamiento territorial, esto en respuesta a la diputada Beatriz Mojica, quien cuestionó sobre la gravedad de que las ciudades estén creciendo sin planeación y en zonas de riesgo.
Roberto Arroyo Matus comentó también que no se tienen contratadas aseguradoras por desastres porque no son funcionales, al no cubrir todas las contingencias. Sin embargo, apuntó que el estado no está desprotegido porque se tienen dos fondos “que permiten cubrir en caso de que hubiese un problema serio en nuestro estado, lo va a poder cubrir justamente el aporte de esos fondos”.
Pero también “en administraciones pasadas, pues parte de ese fondo que debe aportar el gobierno del estado no aportó en dos años, los dos años anteriores no se aportó de tal manera que tiene un adeudo el gobierno del estado” que está estimado por “alrededor de unos 70 millones de pesos”, y destacó que el gobierno federal no ha dejado de aportar a pesar de que no lo ha hecho así el estado.
Julieta Fernández Márquez reconoció el trabajo “titánico” que se realiza en la dependencia “con tan pocos recursos y herramientas para la labor que lleva a cabo el personal de esa Secretaría”.
La diputada priista dijo ante el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que lamenta que siga habiendo funcionarios, presidentes municipales, diputados y líderes de partidos políticos y organizaciones sociales que fomentan la invasión de áreas de riesgo para construcción de vivienda, sin que se les regule.
El funcionario dijo que hay municipios en los que apenas cuentan los 2 ó 3 elementos de protección civil, y que con una camioneta y un atienden los incendios, “así de precario es en ocasiones el presupuesto en los ayuntamientos, hay algunos que apenas tienen con dos o tres personas en su área de protección civil y no cuentan con vehículos y menos con presupuesto para equipamiento, para sus tareas de aL
También la diputada perredista Jennifer García Lucena preguntó sobre las condiciones laborales de los trabajadores de esa área, de quienes recordó recientemente se movilizaron para exigir el pago de viáticos, el funcionario estatal respondió que con el apoyo del Congreso local y del gobierno del estado se logró que les incrementarán de 170 pesos a 250 pesos el monto de sus viáticos, y también informó que recientemente recibieron 70 equipos de bombero de uso, que fueron donados por corporaciones de ciudades de Estados Unidos.