Integrantes de ocho colectivos de familiares de desaparecidos denunciaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores no los incluyó en una reunión, en la que les informarían de más de 700 pruebas de ADN para la identificación de cuerpos en los servicios médicos forenses.
En conferencia de prensa en la entrada del restaurante Rancho Los Cedros antes de iniciar una reunión con funcionarios estatales, los familiares denunciaron que hace unos días el gobernador, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y dos colectivos de desaparecidos se reunieron pero a ellos no los tomaron en cuenta.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso leyó un documento firmado por las ocho organizaciones: “me dirijo al gobernador Héctor Astudillo Flores”, con fundamento a los artículos 8 y 35 fracción 5 de la Constitución Política.
Expuso que recientemente se hizo pública la información de una reunión entre el gobernador, la CEAV y los colectivos de desaparecidos de Acapulco e Iguala para acordar la realización de más de 700 pruebas de ADN con peritos de antropología forense, para la identificación de los cuerpos que están en las diferentes morgues del estado.
Desde el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos hicieron un llamado al gobernador y a la CEAV para que los incluya en las pruebas forenses, y que no vuelvan a sesionar y tomar acuerdos sin tomar en cuenta a todos los colectivos.
Los revictimizan, señalan
“El dolor y la desesperación de no saber de nuestros familiares es compartida, y la decisión de trabajar sólo con algunos grupos de víctimas nos deja en una situación desfavorecida en cuanto al acceso a la justicia, y nos revictimiza al mostrar un trato parcial y preferente”, manifestó Guadalupe Rodríguez Narciso.
En el comunicado los colectivos consideraron que los cuerpos que están en los Semefos no son patrimonio de ningún colectivo en particular, por lo tanto no se debe excluir a los familiares.
Exigieron respeto para todas las familias de desaparecidos, ser incluidos en la firma de los convenios que los involucre, cumplimiento y respeto a las leyes de derechos de las víctimas, y una disculpa pública por la manera en la que se ha referido a sus familiares desaparecidos.
Rodríguez Narciso destacó que, “no es la primera vez que nos discrimina el gobernador, ya que siempre ha tenido preferencia para algunas víctimas, en especial para Iguala”.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo sostuvo que todos los familiares tienen la legitimidad y el derecho de saber qué es lo que se hace con los cuerpos, de conocer los resultados y contribuir en la búsqueda.
Informó que este miércoles fueron citados por el comisionado de Atención a Víctimas para que se reunieran con funcionarios estatales como el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el de Educación José Luis González de la Vega Otero porque está pendiente entregar becas y plazas a algunas víctimas.
“No entiendo por qué el gobernador nos excluye, pero se considera que intenta dividir los colectivos y que este problema no sea un solo grito”, señaló.
El documento fue firmado por el Colectivo de Víctimas de Chi-lapa y Pueblos Indígenas, Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos, Colectivo Los Otros Buscadores: Buscando Vida entre los Muertos, Centro de Derecho de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Colectivo Margarita López y Carlos Alberto González Campo.
Después de leer el pronunciamiento los familiares entraron a la reunión con los funcionarios en el restaurante, a donde llegó el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.
Integrantes del Colectivo Salvemos al Huacapa se reunieron en privado con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete Quezada, quienes les informaron que se retomará el proyecto de la ciclovía.
A casi cinco meses de que se detuvo la construcción de la ciclovía en el borde del encauzamiento del río Huacapa, se les informó a los vecinos e integrantes de la organización que protege la zona, que se concluirá la obra en la que se han invertido más de 35 millones de pesos.
Al concluir el encuentro privado en Palacio de Gobierno, la integrante de la organización, Vianey Esparza Tafoy detalló que en la entrevista el gobernador les dio a conocer que el proyecto se concluirá.
“Sí hablamos de la cilcovía, sí se va a terminar ese proyecto como está planeado, nos comentó que por ahí hubo muchos problemas porque cuando él llegó ya había llegado gente de México” a entregar los recursos para la obra, contó.
El proyecto de la ciclovía se detuvo tras la movilización de los vecinos, quienes señalaron que para que sea funcional se deben talar más de 15 árboles que hay en el sitio, ya que las ramas impiden usar las rampas porque están al mismo nivel.
Detalló que la propuesta de su colectivo se centra en el saneamiento del río Hucapa que atraviesa la ciudad, e indicó que fue el tema principal del encuentro, en el que se concretó que se le daría prioridad a esto durante la última parte del proyecto.
Dijo que se volverán a reunir para saber cómo se concluirá el proyecto y como se atenderá el saneamiento, además de la forma como se podarán todos los árboles que están donde se pretende concluir la obra. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Colectivos de víctimas de la violencia, organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores, una disculpa pública “por sus juicios viscerales”, que hizo luego de que le pidieron el viernes de la semana pasada que pare el baño de sangre en Guerrero.
Se quejaron de que lejos de investigar en dónde están los desaparecidos y castigar a los responsables, los criminalice, declarando que su desaparición tiene que ver con la falta de valores.
El viernes directivos del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) y del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), exigieron a las autoridades federales y estatales en conferencia de prensa un alto al “baño de sangre” que ocurre en varias ciudades del estado. Denunciaron que “las calles se han convertido en ríos de sangre”, hay “llanto en las casas” y “dolor por doquier”.
En respuesta ese mismo día en la tarde, según una nota de la agencia Proceso, el gobernador Astudillo Flores aseguró que los jóvenes desaparecidos en la entidad, participaban en acciones delincuenciales y atribuyó la imparable ola de inseguridad y violencia a “la pérdida de valores” en las familias guerrerenses, durante la ceremonia de toma de protesta de la junta directiva del Club Rotario Acapulco Las Brisas 2018-2019, en Las Brisas de Acapulco.
Ayer el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo Chilpancingo, el Centro Minerva Bello, Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecidos, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Ciro Fuentes Uriostegui representante de familias de desaparecidos de Acapulco, y las víctimas Carlos Alberto González Campos y Sandra Román expresaron su rechazo a esas declaraciones del gobernador en un pronunciamiento conjunto.
“El odio y resentimiento afloró el 4 de agosto después de que familiares de desaparecidos exigieran un alto al baño de sangre en Chilapa y Chilpancingo, y que las autoridades dejen de ser omisas ante su responsabilidad, en cuanto (el gobernador) tuvo el espacio propicio para manifestar su verdadero rostro hizo señalamientos re victimizantes para las familias, responsabilizando a los desaparecidos y ejecutados del hecho victimizante que sufrieron, diciendo que muchos de los desaparecidos participaban en acciones delincuenciales”, denunciaron en su escrito.
Demandaron que “así como sin ninguna investigación de por medio el gobernador señala a nuestros hijos de ser delincuentes, que nos diga dónde están y que detenga y castigue a los responsables de su desaparición”.
No es la pérdida de valores, es el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades…
Los representantes de los organismos expresaron que el gobernador sabe bien que si la delincuencia ha crecido y se ha fortalecido es por la corrupción en que han caído los políticos, las autoridades y los gobernantes que hacen posible la impunidad con que actúan los grupos delincuenciales, “ya que para el pueblo queda claro que sólo con el apoyo del gobierno y los políticos pueden actuar sin que nadie los detenga”.
Le respondieron al gobernador que no es la pérdida de valores lo que impulsa a las personas a sucumbir a la tentación de aceptar participar en acciones fuera de la ley, “es el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades de estudio para niños y jóvenes, la falta de apoyo para el campo, que no se le olvide que los pueblos indígenas son los damnificados históricos de esta sociedad de explotación capitalista que los está despojando de todos los recursos naturales”.
También le dicen que no se le debe olvidar que el baño de sangre que vivimos, así como los cientos de miles de asesinados, secuestrados y desaparecidos incrementaron sus cifras desde que Felipe Calderón Hinojosa sacó a los militares a las calles, y que con Enrique Peña Nieto ha ido en aumento.
Expresaron que la responsabilidad es del Estado y sus instituciones que no garantizan los derechos humanos y que por acción u omisión él como gobernador y todo el aparato gubernamental, son responsables del baño de sangre que sufre el estado de Guerrero.
“Exigimos al gobernador una disculpa pública por sus juicios viscerales realizados, como si en lugar de investigar a quienes los desaparecieron estuvieran investigando al desaparecido. También exigimos que ordene a los grupos de poder fáctico detener el baño de sangre en el estado de Guerrero”, agregan.
Además exigieron el cumplimiento de todos los derechos a los familiares de los desaparecidos, el avance de las investigaciones hasta encontrar a los desaparecidos. y castigo a los culpables.
A las manifestaciones de rechazo a las declaraciones del gobernador se sumó la OCSS, que manifestó: “no es la primera vez que Astudillo Flores señala de manera irresponsable que las hijas e hijos desaparecidos y ejecutados que los familiares buscamos son delincuentes, lo hizo en diciembre del 2016 y hoy vuelve a declararlo”.
La organización reprocha al gobernador que “ha sido su partido, el PRI, sus aliados PAN y PRD, así como sus gobernantes los responsables de la violencia al implementar desde hace más de 25 años políticas para beneficiar a las elites políticas, sus amigos y familiares, quienes su único interés ha sido saquear los recursos públicos y beneficiarse del poder que como gobernantes tienen”.
Abunda que con ello han dejado a la inmensa mayoría de la población en la pobreza y la miseria.
A pesar de ello, “somos estas familias y sobre todo las madres en la pobreza, quienes contra viento y marea mantenemos arraigados valores que estoy segura que ellos no tienen porque su vida gira en torno al dinero y al poder político que éste les da”.
Señala que el gobernador Héctor Astudillo es quien no tiene valores, pues al abandonar su responsabilidad de proteger y dar seguridad a las y los guerrerenses, “comete omisión e impunidad a favor de los grupos delincuenciales, por lo que día a día se viven desapariciones, ejecuciones, personas torturadas, enfrentamientos armados, miles de desplazados y pueblos fantasma”.
Llamó al gobernador a que pruebe su dicho, de lo contrario se disculpe públicamente con los colectivos de familiares.
Pide que cumpla sus obligaciones garantizando a los habitantes de la entidad la libertad, la seguridad, el bienestar y la justicia.
De igual manera le exige al Congreso de Guerrero que exija al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila que devengue su salario al cumplir su encomienda, y deje las superficialidades para cuando deje el cargo. Al fiscal le exige que cumpla lo declarado a los medios de comunicación el día de su toma de protesta, “que la mejor fiscalía estaba por venir”, ya que hasta la fecha no ha dado ningún resultado al igual que a quién sustituyó, “en vez de andar dirigiendo al Club Rotario de Acapulco”, dice en referencia a que el fiscal fue designado como vicepresidente de ese Club el día en que el gobernador hizo las declaraciones.
Aunque el gobernador, Héctor Astudillo Flores informó que no autorizó el aumento al pasaje a 7 pesos en Chilpancingo, cuando antes era de 6, los choferes siguen cobrando un peso más.
El aumento del pasaje afectó a familias numerosas y a las que para llegar a su destino tienen que tomar dos o más Urvan.
Este domingo, el aumento de un peso al pasaje se comenzó a aplicar a los usuarios de rutas del servicio público de la capital.
En un recorrido en las bases de las Urvan se constató el cobro de 7 pesos, y se vio a pocos choferes cobrar 6 pesos.
Una usuaria que viajaba con tres niños rumbo norte de la ciudad, dijo que no se esperaba el aumento del pasaje, pues ahora tienen que pagar cuatro pesos más por viaje.
Otra usuaria, Luz Rodríguez indicó que se dirigía al mercado, pero como escuchó en la mañana que el gobernador había dicho que el aumento del pasaje no estaba autorizado y que había pedido que se revierta, le pagó al chofer 6 pesos, pero éste le pidió el peso del aumento, a lo que ella le increpó que era ilegal, y el chofer molesto le pidió que se bajara.
En la parada de avenida Ignacio Ramírez, usuarios comentaron que cuando pagan 6 pesos, la mayoría de los choferes se molesta, pero que hay otros que les explican que deben hacer el cobro, pues tienen indicaciones de sus patrones, porque llevan más de dos años sin aumentar y que los insumos para el mantenimiento de las camionetas han subido.
Un chofer de la ruta Jacarandas, indicó que seguir cobrando 6 pesos les perjudica, pues a su patrón tiene que entregarle la cuenta completa, con todo y el aumento. (Beatriz García / Chilpancingo).
El gobernador Héctor Astudillo presentó ayer al Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, que se destacamentará a la Zona Económica Especial en los límtes de Michoacán. En su discurso dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que invertir más en seguridad. En la gráfica, tras el pase de revista acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, el representante de la Novena Región Militar, Francisco Aranda y el representante de la Octava Región Naval, José Román López Foto: Eric Chavelas Hernández
Presenta Astudillo nuevo grupo policial de élite para la Zona Económica Especial en Costa Grande
El próximo gobierno del país tiene que invertir más en seguridad, dice el gobernador. Son 200 nuevos agentes del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar. “Por necesidades públicas” algunos podrán ser empleados de manera temporal en otras regiones, “como lo es hoy el caso de Chilpancingo”, dice el secretario de Seguridad Pedro Almazán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Al poner en funcionamiento el Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, que se hará cargo de la seguridad en la Zona Económica Especial de la región Costa Grande, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que en las condiciones de violencia que vive el país, el pendiente es que el Congreso de la Unión apruebe el Mando Único de la Policía, para que haya más confianza en esa institución.
Celebró que en las estadísticas ya no se coloque a Guerrero como el único estado en donde la inseguridad “brilla de manera crítica”. Dijo que los indicadores que recientemente se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expresan que 2017 fue un año muy difícil para todo el país, pero que Guerrero contuvo y no creció la violencia.
Añadió que si en el país el principal problema tiene que ver con la seguridad, “entonces el próximo gobierno del país tiene que invertir más en seguridad”.
Astudillo Flores acompañado por los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, funcionarios de su gabinete, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina, así como del titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de las Zonas Económicas Especiales del gobierno federal, Sergio Segreste Ríos, encabezó la mañana de este martes en la Universidad Policial del Estado (Unipol) el abanderamiento y pase de revista de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar.
El tercer grupo especial en esta administración y no disminuye la violencia
Este es el tercer grupo especial que se integra en lo que va de la administración de Astudillo Flores, sin que los índices de violencia hayan disminuido, pero en su discurso dijo que los indicadores recientes del Inegi revelaron que la violencia en la entidad “se contuvo”.
El primer agrupacimiento especial que surgió en 2016 fue la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) y en octubre de 2017 se integró el Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro.
Ahora con el Grupo de Operaciones Especiales Jaguar se integran 200 nuevos elementos y para hacer espectacular su exhibición los agentes fueron presentados con camuflaje, armamento, uniforme y equipo nuevo. Todos de negro y pintados con franjas negras y blancas del rostro.
“Por el grado de adiestramiento especializado que recibió, esta nueva unidad de élite, al igual que las otras unidades especiales que se han conformado en la Policía Estatal durante esta administración, será capaz de afrontar con un alto grado de eficacia cualquier misión de carácter táctico operativo que le sea encomendada”, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes durante su presentación.
Dijo que el cuerpo policiaco se creó con la finalidad de cumplir los compromisos contraídos con la federación al firmarse el 16 de febrero el Convenio Específico de Vigilancia y Seguridad para el desarrollo de la Zona Económica Especial en el municipio de La Unión.
En teoría el nuevo grupo hará operaciones especiales de patrullaje y vigilancia tanto en zonas urbanas como rurales, intercepción y registro de vehículos que participen en actividades ilícitas, detención de células delictivas, inspección y registro de casas de criminales, así como enfrentar a grupos delictivos generadores de violencia a cualquier hora del día, en todo tipo de terreno y condición atmosférica.
Almazán informó que los 200 policías estatales son de nuevo ingreso, y que además de haber recibido la capacitación habitual del curso de formación inicial que prevé el programa rector de profesionalización policial, recibieron un adestramiento táctico operativo especial “acorde con la problemática del estado”.
Dijo que tendrán la misión de reducir los niveles de violencia y garantizar el libre desarrollo de la Zona Económica Especial en la región de la Costa Grande.
Pero que, en ocasiones, “por necesidades públicas”, algunos podrán ser empleados de manera temporal en otras regiones del estado que resulte indispensable, “como lo es hoy el caso de Chilpancingo donde últimamente se han cometido arteras y cobardes agresiones en contra de conductores y ciudadanos indefensos que hacen uso del transporte público, hechos que condenamos enérgicamente y nos solidarizamos con el dolor de las familias afectadas”, resaltó el funcionario.
Después del pase de revista y del abanderamiento los nuevos agentes hicieron una exhibición de sus habilidades y destrezas adquiridas en la etapa de entrenamiento en la explanada de la Unipol, como el uso del bastón (macana), defensa personal, asalto a vehículos y rapel.
El titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de las Zonas Económicas Especiales del Gobierno federal, Sergio Segreste dijo que estas iniciativas van encaminadas a demostrar que existe seguridad pública en el estado, y que propicia la confianza para que puedan venir inversiones y desarrollarse la economía estatal.
“Estas medidas de seguridad son necesarias en el estado de Guerrero, y hay que impulsarlas para que la ciudadanía pueda vivir en tranquilidad y en paz”, dijo.
Añadió que las zonas económicas son un proyecto que va a permitir que se puedan instalar en Guerrero inversiones importantes para que existan fuentes de trabajo e impulso social y económico, principalmente en la Costa Grande en donde se ha declarado ya una Zona Económica Especial junto al vecino estado de Michoacán.
Urge el Mando Único
En su intervención el gobernador Astudillo Flores expresó que Guerrero se encuentra en medio de un asunto de inseguridad muy complejo en todo el país, pero celebró que ya no se coloque a la entidad como el único estado en donde la inseguridad “brilla de manera crítica”.
Agregó que sí hay problemas, y que reconoce que el principal de los guerrerenses es mejorar la seguridad y disminuir la inseguridad.
Propuso que si en el país el principal problema tiene que ver con la seguridad, “entonces el próximo gobierno del país tiene que invertir más en seguridad, tenemos que invertir más y animar para que existan más hombres y mujeres que tomen la decisión de incorporarse a las policías”.
Insistió en que el Mando Único debe “prevalecer, fortalecerse, armarse y aprobarse” en el Congreso de la Unión, para que haya 32 policías estatales, “esa es, sin duda, una prioridad para tener mayor confianza en las policías de Guerrero”, dijo.
Añadió que su opinión es una sola policía en el estado, lo que es un pendiente, “porque es la manera de actuar con mayor confianza en las instituciones”.
Informó que recientemente se dieron a conocer datos respecto a los indicadores delincuenciales, y que sin duda el 2017 fue un año muy difícil para todo el país, porque crecieron los indicadores, pero Guerrero “los contuvo” y no crecieron.
Admitió que no es satisfactorio, “porque de por sí los números que tenemos son escandalosos y son muy indignos en el trabajo que se tiene que hacer, pero vale la pena reconocer que en los últimos meses hay estados que han crecido el 300 por ciento en sus indicadores delincuenciales y otros que han pasado de no tener la situación crítica como la de Guerrero y hoy viven circunstancias que no se imaginaron vivir”.
Consideró que el problema “es parte de la vida nacional”, pero que el compromiso de Guerrero es hacer que todas estas personas que están en las filas de la delincuencia “limiten sus acciones, detenerlos y procesarlos”.
Asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Alberto López Celis, el senador Esteban Albarrán Mendoza, el comandante del Mando Especial Iguala y representante del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza.
Además el representante del comandante de la Octava Región Naval, Eduardo Ledesma Baroa, José Ramón López Luna, así como el secretario de gobierno Florencio Salazar Adame, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, y el presidente municipal de La Unión, Aviud Rosas Ruiz.
Formación del nuevo Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, antes de la presentación oficial que hizo el gobernador del estado, Héctor Astudillo, abalado por las SEDENA y MARINA Foto: Eric Chavelas Hernández.
Al poner en funcionamiento el Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, que se hará cargo de la seguridad en la Zona Económica Especial de la región Costa Grande, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que en las condiciones de violencia que vive el país, el pendiente es que el Congreso de la Unión apruebe el Mando Único de la Policía, para que haya más confianza en esa institución.
Celebró que en las estadísticas ya no se coloque a Guerrero como el único estado en donde la inseguridad “brilla de manera crítica”. Dijo que los indicadores que recientemente se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expresan que 2017 fue un año muy difícil para todo el país, pero que Guerrero contuvo y no creció la violencia.
Añadió que si en el país el principal problema tiene que ver con la seguridad, “entonces el próximo gobierno del país tiene que invertir más en seguridad”.
Astudillo Flores acompañado por los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, funcionarios de su gabinete, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina, así como del titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de las Zonas Económicas Especiales del gobierno federal, Sergio Segreste Ríos, encabezó la mañana de este martes en la Universidad Policial del Estado (Unipol) el abanderamiento y pase de revista de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar.
El tercer grupo especial en esta administración y no disminuye la violencia
Este es el tercer grupo especial que se integra en lo que va de la administración de Astudillo Flores, sin que los índices de violencia hayan disminuido, pero en su discurso dijo que los indicadores recientes del Inegi revelaron que la violencia en la entidad “se contuvo”.
El primer agrupacimiento especial que surgió en 2016 fue la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) y en octubre de 2017 se integró el Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro.
Ahora con el Grupo de Operaciones Especiales Jaguar se integran 200 nuevos elementos y para hacer espectacular su exhibición los agentes fueron presentados con camuflaje, armamento, uniforme y equipo nuevo. Todos de negro y pintados con franjas negras y blancas del rostro.
“Por el grado de adiestramiento especializado que recibió, esta nueva unidad de élite, al igual que las otras unidades especiales que se han conformado en la Policía Estatal durante esta administración, será capaz de afrontar con un alto grado de eficacia cualquier misión de carácter táctico operativo que le sea encomendada”, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes durante su presentación.
Dijo que el cuerpo policiaco se creó con la finalidad de cumplir los compromisos contraídos con la federación al firmarse el 16 de febrero el Convenio Específico de Vigilancia y Seguridad para el desarrollo de la Zona Económica Especial en el municipio de La Unión.
En teoría el nuevo grupo hará operaciones especiales de patrullaje y vigilancia tanto en zonas urbanas como rurales, intercepción y registro de vehículos que participen en actividades ilícitas, detención de células delictivas, inspección y registro de casas de criminales, así como enfrentar a grupos delictivos generadores de violencia a cualquier hora del día, en todo tipo de terreno y condición atmosférica.
Almazán informó que los 200 policías estatales son de nuevo ingreso, y que además de haber recibido la capacitación habitual del curso de formación inicial que prevé el programa rector de profesionalización policial, recibieron un adestramiento táctico operativo especial “acorde con la problemática del estado”.
Dijo que tendrán la misión de reducir los niveles de violencia y garantizar el libre desarrollo de la Zona Económica Especial en la región de la Costa Grande.
Pero que, en ocasiones, “por necesidades públicas”, algunos podrán ser empleados de manera temporal en otras regiones del estado que resulte indispensable, “como lo es hoy el caso de Chilpancingo donde últimamente se han cometido arteras y cobardes agresiones en contra de conductores y ciudadanos indefensos que hacen uso del transporte público, hechos que condenamos enérgicamente y nos solidarizamos con el dolor de las familias afectadas”, resaltó el funcionario.
Después del pase de revista y del abanderamiento los nuevos agentes hicieron una exhibición de sus habilidades y destrezas adquiridas en la etapa de entrenamiento en la explanada de la Unipol, como el uso del bastón (macana), defensa personal, asalto a vehículos y rapel.
El titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de las Zonas Económicas Especiales del Gobierno federal, Sergio Segreste dijo que estas iniciativas van encaminadas a demostrar que existe seguridad pública en el estado, y que propicia la confianza para que puedan venir inversiones y desarrollarse la economía estatal.
“Estas medidas de seguridad son necesarias en el estado de Guerrero, y hay que impulsarlas para que la ciudadanía pueda vivir en tranquilidad y en paz”, dijo.
Añadió que las zonas económicas son un proyecto que va a permitir que se puedan instalar en Guerrero inversiones importantes para que existan fuentes de trabajo e impulso social y económico, principalmente en la Costa Grande en donde se ha declarado ya una Zona Económica Especial junto al vecino estado de Michoacán.
Urge el Mando Único
En su intervención el gobernador Astudillo Flores expresó que Guerrero se encuentra en medio de un asunto de inseguridad muy complejo en todo el país, pero celebró que ya no se coloque a la entidad como el único estado en donde la inseguridad “brilla de manera crítica”.
Agregó que sí hay problemas, y que reconoce que el principal de los guerrerenses es mejorar la seguridad y disminuir la inseguridad.
Propuso que si en el país el principal problema tiene que ver con la seguridad, “entonces el próximo gobierno del país tiene que invertir más en seguridad, tenemos que invertir más y animar para que existan más hombres y mujeres que tomen la decisión de incorporarse a las policías”.
Insistió en que el Mando Único debe “prevalecer, fortalecerse, armarse y aprobarse” en el Congreso de la Unión, para que haya 32 policías estatales, “esa es, sin duda, una prioridad para tener mayor confianza en las policías de Guerrero”, dijo.
Añadió que su opinión es una sola policía en el estado, lo que es un pendiente, “porque es la manera de actuar con mayor confianza en las instituciones”.
Informó que recientemente se dieron a conocer datos respecto a los indicadores delincuenciales, y que sin duda el 2017 fue un año muy difícil para todo el país, porque crecieron los indicadores, pero Guerrero “los contuvo” y no crecieron.
Admitió que no es satisfactorio, “porque de por sí los números que tenemos son escandalosos y son muy indignos en el trabajo que se tiene que hacer, pero vale la pena reconocer que en los últimos meses hay estados que han crecido el 300 por ciento en sus indicadores delincuenciales y otros que han pasado de no tener la situación crítica como la de Guerrero y hoy viven circunstancias que no se imaginaron vivir”.
Consideró que el problema “es parte de la vida nacional”, pero que el compromiso de Guerrero es hacer que todas estas personas que están en las filas de la delincuencia “limiten sus acciones, detenerlos y procesarlos”.
Asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Alberto López Celis, el senador Esteban Albarrán Mendoza, el comandante del Mando Especial Iguala y representante del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza.
Además el representante del comandante de la Octava Región Naval, Eduardo Ledesma Baroa, José Ramón López Luna, así como el secretario de gobierno Florencio Salazar Adame, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, y el presidente municipal de La Unión, Aviud Rosas Ruiz.
La Policía Comunitaria de Tlacotepec demandó la presencia de la estatal para combatir la violencia de un grupo delictivo al que responsabiliza de asesinatos, asaltos y cobro de cuotas. Denunció que desde hace dos meses no llega el trasporte público ni las pipas con gasolina y gas ni las camionetas que surten productos básicos. En la imagen, agentes comunitarios y vecinos, tras una conferencia de prensa en el Palacio Municipal de la cabecera del municipio Heliodoro Castillo Foto: Lenin Ocampo Torres
Exige seguridad de Xochipala a Filo de Caballos la comunitaria de Tlacotepec al gobernador
Debido a la violencia, desde hace dos meses no pasa el transporte público a esta área de la sierra ni pipas con gasolina y gas ni camionetas que surten los productos básicos, denuncia el coordinador, Humberto Moreno Catalán. Si no se resuelve el problema se hará “una incursión armada” en ese corredor, con la policía Tecampanera y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, dice. Demanda que no se envíe al Ejército a la cabecera
Zacarías Cervantes
Tlacotepec
La Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec) emplazó ayer al gobernador Héctor Astudillo Flores a que garantice la seguridad en el corredor de Xochipala (municipio de Eduardo Neri) a Filo de Caballos (municipio de Leonardo Bravo), en donde debido a la violencia e inseguridad desde hace dos meses no pueden pasar hacia Tlacotepec las Urvan que prestan el servicio de transporte público, las pipas de gasolina, los camiones de gas doméstico y las camionetas que surten de productos básicos a esa cabecera municipal y a los pueblos vecinos.
En conferencia de prensa al mediodía de este viernes en la explanada del Palacio Municipal el coordinador de esta policía, Humberto Moreno Catalán declaró que esa corporación está dispuesta a coordinarse con los tres órdenes de gobierno para lograr la seguridad en ese corredor. Incluso dijo que también se coordinarían con la recién creada Policía Ciudadana de Autodefensa de Leonardo Bravo y Eduardo Neri pero ésta tiene que deslindarse del crimen organizado.
Frente al Palacio Municipal ayer se concentraron unos 200 policías comunitarios y unos 300 vecinos de la cabecera municipal y de varias localidades de esta área de la sierra, e igual que los habitantes de la comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri han denunciado los ataques, el asedio y las amenazas de un grupo delictivo de Tlacotepec, los de esta cabecera municipal también denunciaron la violencia que sufren de un grupo de Filo de Caballos.
En la conferencia de prensa familias desplazadas de Corralitos, Leonardo Bravo, en donde el 9 de junio ocurrió un enfrentamiento que dejó tres muertos, dos casas atacadas a balazos, dos vehículos y tres viviendas incendiadas, denunciaron que fueron integrantes del grupo delictivo de Filo de Caballos los que mataron al comisario Antonio Cruz Maldonado.
También informaron que en Tlacotepec hay unas 50 familias (aproximadamente 300 ciudadanos) desplazadas de varios pueblos que han sido atacados o amenazados por ese grupo delictivo.
“Tenemos gente que se está chingando, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de enfermedades por falta de médicos”
En la conferencia el coordinador de la policía comunitaria, Moreno Catalán leyó un comunicado dirigido al gobernador Héctor Astudillo. Antes, dijo: “que mis palabras no lleguen a su mente ni a su estómago, sino que lleguen a su corazón porque tenemos gente que se está chingando, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de enfermedades por falta de médicos”.
Al final de su lectura también le pidió al mandatario que ya no le mande mensajes ni lo busque a través de su hijo ni de su primo Mario Moreno Arcos, el secretario de Desarrollo Social, sino que cumpla la palabra que empeñó en una plática con él al inicio de su administración, en el sentido de que la seguridad en la sierra sería la prioridad de su gobierno.
El documento leído dice que la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo ha preservado el orden y la paz en 63 de 64 comunidades, así como en 209 de los 216 anexos y la cabecera municipal de Tlacotepec, “donde hemos erradicado el robo, la extorsión, el abigeato y la violencia en general”.
Destaca que desde que se creó esa policía “no ha existido un solo secuestro, ni un solo asesinato en nuestra geografía”.
Sin embargo se dicen “preocupados por la injerencia de la delincuencia organizada en la nueva Policía Ciudadana de los pueblos de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, ya que nuestros transportistas y comerciantes han sufrido asaltos, robo de vehículos y mercancías, así como asesinatos y cobro de cuotas e intimidación a todos los maestros, doctores y pobladores que van a la capital a hacer sus diligencias”.
Frente a este problema el pronunciamiento plantea que está abierta a la coordinación y cooperación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Pedimos a la Policía Ciudadana de los pueblos de Eduardo Neri y Leonardo Bravo el libre tránsito y que paren las cuotas a transportistas y comerciantes, así como robos y asesinatos a pobladores de General Heliodoro Castillo”.
Ofrece, asimismo, su disposición a coordinarse con la nueva Policía Ciudadana que recientemente se creó en Filo de Caballos y se presentó el miércoles en Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, “siempre y cuando se deslinden de la delincuencia organizada”.
Informa que “a petición de los desplazados de Corralitos”, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo brindará el apoyo a los vecinos para reinstalarlos en su comunidad, “y brindaremos seguridad en su comunidad para recobrar la paz y la armonía”.
Después advierte: “La Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo en coordinación con la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón coordinaremos una incursión armada en el corredor Xochipala-Filo de Caballos si continúan los robos, extorsiones y asesinatos de nuestros pobladores.
El documento termina con la exigencia a las autoridades de gobierno a que “garanticen el libre tránsito a las empresas que dotan de alimentos y medicina a las 64 comunidades, 126 anexos y a la cabecera municipal de nuestro municipio”.
Los pobladores de Tlacotepec denunciaron que desde hace dos meses el servicio de transporte, los camiones distribuidores de productos básicos y los que transportan gasolina y gas doméstico a los pueblos del municipio de Heliodoro Castillo suspendieron evitan la ruta Chilpancingo-Xochipala-Filo de Caballos-Tlacotepec por temor a la violencia e inseguridad en el corredor Xochipala-Filo de Caballos.
Denunciaron que en ese tramo son asaltados, robados, asesinados o tienen que pagar cuota a un grupo delictivo.
Dijeron que desde hace dos meses todos los camiones distribuidores de servicios, los médicos y maestros que trabajan en las comunidades de Heliodoro Castillo tienen que dar vuelta por Iguala y entrar por Apaxtla de Castrejón, y por esa ruta se hacen de 6 a 7 horas, mientras que por Filo de Caballos el tiempo es de 2 a 2 horas y media, lo que repercute en el encarecimiento de los productos de la canasta básica.
Humberto Moreno Catalán advirtió que frente a este problema, “podrán vernos muertos, pero nunca rendidos o humillados” y demandó al gobernador que voltee sus ojos a Heliodoro Castillo “y a la pinche masacre que le están dando con la privación de los alimentos, de sus doctores, de sus maestros. Ya estamos hasta la madre de tanta vejación que han hecho con nuestro municipio”.
Recalcó que los pobladores ya no pueden seguir aguantando más, “hemos soportado hasta este momento y hemos pedido a nuestra gente que se abstenga de tomar las armas e ir a pelear, pero en ti Héctor Antonio Astudillo está la solución”, dijo en su mensaje dirigido al gobernador.
Le pidió que no mande gobierno (soldados) a Tlacotepec, “porque aquí estamos en paz, aquí nomás vienen a amedrentar a la gente, ponlos en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos para que liberen el acceso a nuestro municipio, voltea tus ojos, ya no podemos soportar más”.
Mencionó que en una reunión en Casa Guerrero cuando comenzaba su gobierno le preguntó al gobernador cuál era su prioridad en Heliodoro Castillo, y él le dijo que la seguridad y el bienestar de su gente, “y hoy no te exijo, te pido, te suplico respuestas para esta gente”.
Insistió que no les mande al Ejército, “¿a qué los vas a mandar, a cortar amapola?, cabrón ya no hay porque siembras amapola y nacen guachos (soldados), ¿a qué vas a mandar a tu gobierno?, aquí estamos en paz, ¿dónde has sabido que en Tlacotepec se están matando?, aquí vivimos tranquilos”, aseguró.
Le pidió que en todo caso vaya a dar soluciones donde hay problemas, “porque de aquí para delante ya no respondo, si se tiene que hacer algo se va a hacer, por mi gente hasta la muerte. Tú como gobernador y primera autoridad del estado haznos llegar esta paz y la tranquilidad que tanto anhelamos y tanto necesitamos”.
Aclaró que no tiene ningún problema con las autoridades, ni antecedentes penales, “a menos que me los quieras sembrar, pero no hay problema aquí estoy presente con toda mi gente que respalda y lucha por la seguridad de su municipio”.
Reclamó que el gobierno ha dicho que tiene cubierta la seguridad en toda la sierra, en donde está el gobierno federal, “¿pero entonces qué está pasando con Polixtepec, qué está pasando con Corralitos?”.
Enseguida familias desplazadas de Corralitos refugiadas en Tlacotepec denunciaron que el 9 de junio durante el enfrentamiento, fueron integrantes del grupo delictivo de Filo de Caballos quienes sacaron de su casa y mataron al comisario municipal Antonio Cruz Maldonado.
Sin embargo las familias no supieron explicar qué fue realmente lo que pasó ni cómo comenzaron y se desarrollaron los hechos de violencia.
Desde septiembre del año pasado cuando comenzó la violencia en los pueblos de Polixtepec, Izotepec y Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, y a partir del 9 de junio pasado en Corralitos y Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, así como en Las Palmas y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, los pobladores cercanos a Filo de Caballos acusan a un grupo delictivo de Tlacotepec de atacar y amenazar a los pobladores de esa zona, mientras que los de las comunidades de Heliodoro Castillo denuncian al que dicen que opera en Filo de Caballos.
Ayer solamente se vio un filtro de revisión de unos 10 militares en Corralitos y una patrulla de la Policía Estatal con seis agentes en Casa Verde donde está el entronque de la carretera federal México-Acapulco y la carretera que va a Filo de Caballos. Desde este punto hasta Tlacotepec se pasa por los tres municipios pero no se vio más presencia de soldados ni policías estatales a 11 días de que detonó la violencia en este corredor, a pesar de que el problema está latente por las amenazas entre la recién creada policía ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri y ahora de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo.
La Fiscalía de Guerrero indaga la posible implicación de los grupos criminales de Los Rojos y Los Ardillos en el asesinato de Alfredo Tlaltempa Palacios, secretario de Seguridad Pública de Zitlala, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Entrevistado tras la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el mandatario estatal dijo que el jefe policiaco fue asesinado cuando estaba fuera de sus horas de servicio e incluso no estaba uniformado.
“Esa es una región que, por supuesto, esa no es excusa, de las que tenemos registradas de la mayor delicadeza y peligrosidad. Allí hay dos grupos que frecuentemente se encuentran”, comentó.
“No quiero criminalizar al responsable de la Policía, no estaba uniformado, no estaba en horas de trabajo y se está haciendo una investigación por parte de la Fiscalía, allí hay una confrontación entre los conocidos como Rojos y Ardillos muy fuerte y sin duda, sin que yo pueda afirmarlo, las líneas de investigación son precisamente estos dos grupos”.
–¿Él era investigado?, se le cuestionó.
–La Fiscalía seguramente tiene los elementos.
Astudillo afirmó que se quedó “corto” cuando en el pasado reciente advirtió el riesgo de que se expandiera la violencia político electoral, en virtud de que ahora los criminales parecen más decididos y asesinan a los contendientes a un cargo de elección.
“Yo creo que me quedé corto, porque la situación se ha ido a los estados y se presenta lamentablemente, reiteradamente, en el tema del ámbito electoral; ha sido un paso desafortunado en donde se han perdido muchas vidas y en donde yo creo que la delincuencia se ha envalentonado, se mete con facilidad y le quita la vida a quien cree que no le va a servir”, expresó. (Agencia Reforma).
En la asamblea de ayer del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala la secretaria general, Adriana Bahena Cruz lamentó que a más de un año del compromiso de la creación del centro comunitario de Ciudad Víctima, el gobernador Héctor Astudillo Flores “no se ha querido” acercar a las familias de las víctimas de desaparición, a pesar de las precarias condiciones en las que se reúnen.
El 18 de octubre de 2016 el gobernador en compañía del entonces comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Antonio Hernández Barros (actual abogado del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva), inauguraron Ciudad Víctima, un espacio en el que se planteó la creación de un centro comunitarios para dar atención integral a las víctimas de delitos en el estado.
A un año y siete meses del ofrecimiento las familias de víctimas de desaparición siguen celebrando sus asambleas en precarias condiciones, en bodegas que quedaron abandonadas, y en esta temporada de calor resguardados bajo la sombra de un enorme árbol donde las familias hacen sus trámites.
En declaraciones ayer Bahena Cruz expuso que “a más que molesta estoy triste, porque desafortunadamente el acercamiento que se ha buscado con el gobernador él no ha querido, porque esa es la palabra, no se ha querido acercar a las familias de las víctimas”, y mencionó que fue público el compromiso que hizo con la asociación.
Dijo que no son un grupo de choque, “sería fácil para nosotros irnos a plantar a Casa Guerrero, para que sea él quien le dé la cara a la gente y les diga por qué no ha querido seguir dándole el avance a este proyecto que nadie se ha atrevido hacer para lograr la restauración del tejido social, y que debería ser él uno de los principales interesados que abrazara y empujara este proyecto”.
Indicó que esperarán un acercamiento con el gobernador “o si no obligaremos a que el acercamiento se dé”.
Bahena Cruz informó que ayer concluyó la caravana de atención integral de la CEAV, en la que se revisaron los apoyos alimentarios a las familias y se les dio atención médica, jurídica y psicológica.
Detalló que esta caravana sirvió para dar de alta en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) a varios integrantes del colectivo, por lo que en esta caravana se notificó a las familias de sus números de registro para que puedan tener acceso a los apoyos de alimentación.
Puntualizó que antes de esta caravana tenían un registro de 920 víctimas directas e indirectas, y con esta campaña que concluyó ayer se dieron de alta otras 100.
Familiares de víctimas de desaparición en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y activistas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que renuncie a la gubernatura de Guerrero, si no es capaz de resolver los crímenes y la violencia.
A las 2 de la tarde los familiares de los desaparecidos, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otros activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, e hicieron un mitin en el que se solidarizaron con las madres y padres de familia de los jóvenes.
Campos Adame dijo que la manifestación fue en la víspera del Día de las Madres para reivindicar a las mujeres que luchan por la vida de sus hijos, “desde el momento en que se da a luz está en riesgo la vida, hoy nos ha convocado la solidaridad con esas madres que llevan tres años luchando”, dijo de las madres de los 43 normalistas.
Mencionó que durante la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, las madres de familia se movilizaron al lado de sus hijos, Hermelinda López y Dorotea Jacobo murieron en la masacre del 30 de diciembre, “cada una de las compañeras o madres dieron una lucha ejemplar, gracias a ellas tenemos una universidad disque autónoma, hoy los que la dirigen la han entregado poco a poco al Estado”, expresó en referencia al rector Javier Saldaña Almazán y el Grupo Universidad Guerrero y sus vínculos con el PRI y el gobernador.
Manifestó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa unió a las madres que piden en las calles la presentación con vida de sus hijos, y “queremos decirle fuerte a Astudillo (el gobernador) que estamos cansados de que sigan apareciendo cuerpos en la carreteras, de las persecuciones, si no es capaz de parar los secuestros y las muertes que renuncie”.
Por su parte Olivares Hernández dijo que el mitin fue para solidarizarse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer una comisión protestó en la Ciudad de México y otra acudió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso no se cierre hasta que los encuentren y los devuelvan con vida.
“Vamos a cumplir 44 meses sin que el gobierno federal tenga la voluntad de encontrarlos, le exigimos a Astudillo que si no es capaz de solucionar” la violencia e inseguridad “renuncie”, y que el gobierno elabore estrategias particulares en contra de los delitos para mejorar la situación en el estado.
Puntualizó que este 10 de mayo las madres de familia no van a celebrar de la misma forma, como los hijos de los desaparecidos no festejaron el 30 de abril el Día del Niño.
Los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a la exigencia de que el gobernador demuestre que puede solucionar los crímenes en Guerrero o bien, se retire porque su promesa de orden y paz está lejos de la realidad, prueba de ello son los constantes asesinatos y desapariciones en las que las víctimas son criminalizadas por las autoridades de manera irresponsable.
Antes de retirarse los manifestantes corearon las consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos” e “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.
