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Denuncia Protección y Vialidad por daños y lesiones a los 26 detenidos en Metlapil

Tres patrullas y dos camiones de traslado fuereon atacados: Salgado

 Los presos no están incomunicados, pues los vio la presidenta del PRD, Beatriz González Hurtado, dice el delegado de la PGJE Efrén Suástegui

 Jorge Nava Dos días después del desalojo de colonos que tomaron un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) integró una denuncia contra los 26 detenidos por los presuntos delito de lesiones y daños.

El jefe del Departamento, José Salgado Sotelo, explicó que la mañana de ayer acudieron policías a declarar al Ministerio Público contra los detenidos la madrugada del martes en el desalojo.

Dijo que desconocía en ese momento los nombres de los policías, pero agregó que en el caso de los daños, era porque tres patrullas y dos camiones de traslado de policías, resultaron dañadas ese día.

El funcionario recomendó consultar al respecto al director operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández, quien argumentó que no tenía los nombres de los policías de esa corporación que resultaron heridos porque los tenía la guardia.

En la guardia, se dijo que los policías son Juan Ignacio Coronado, Cristóbal Cisneros, Rufino Urías y Leonardo Nava Bello.

Un día después de los hechos, la SPV, informó del “desalojo” en su boletín diario, en el que destaca que el agente determinador de la quinta agencia del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, le solicitó a esa dependencia el apoyo de la policía municipal, “para llevar a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en el poblado de Metlapil”.

Se indica que en esa acción participó la Policía Preventiva municipal, con cinco comandantes de sector, 100 policías y ocho vehículos, que iban al mando del capitán Humberto Hernández García, jefe operativo de esa corporación.

Se explica que por la Policía Preventiva del estado participaron 200 policías y once vehículos que iban al mando subsecretario de Seguridad Pública del estado, capitán César Gallegos y Torre. En el caso de la Policía Ministerial, se precisó que participaron 100 policías y 20 vehículos, que iban al mando del coordinador ministerial, Alfredo Camacho Millán.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que participaron 12 agentes del Ministerio Público y diez vehículos a cargo del fiscal regional, Efrén Suástegui Mayo; mientras que por Invisur se aclaró que fueron 25 empleados de esa dependencia, con dos vehículos al mando del delegado Alejandro López Salgado.

Según la dependencia, en la operación, resultaron lesionados los policías preventivos municipales, Juan Ignacio Coronado Gonzaga, quien presentó una herida en el lado derecho del rostro; Cristóbal Cisneros Martínez, con una herida en la boca; Rufino Urías Rodríguez, terminó con una herida en la rodilla derecha y Leobardo Nava Bello, que presentó una herida en el pómulo izquierdo y otra en la mandíbula.

La dependencia informó que con daños quedaron cinco vehículos, dos tipo Cherokee, dos camiones de traslado de policías y una camioneta tipo Silverado.

Se agrega en el boletín que dicha diligencia inició a las 4 y media de la mañana, en la que se “desalojaron a 200 personas, aproximadamente”.

Se indica que finalizó a las 6 y media de la mañana del martes, con 26 detenidos. Asimismo que se aseguraron once automóviles y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público del fuero común Sector Central y asuntos especiales.

En el párrafo final del boletín se añade que a las 7 y media, se presentó en esa dependencia la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, acompañada de la regidora municipal, Alejandrina Javier Santiago, sin abundar con qué objetivo.

Por su parte, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, declaró que los 26 detenidos, se encontraban en los separos de la Policía Ministerial adscrita al Ministerio Público del Sector Central, porque en ese lugar tienen cerca peritos y médicos legistas.

Aclaró que no hay menores de edad detenidos y que hoy jueves se vence de 5 a 7 de la mañana la situación jurídica de los 26 detenidos, con relación a la averiguación previa Tab/V/073/2004, que presentó el Invisur contra los que tomaron su terreno.

Negó que mantuviera incomunicados a los detenidos, como fueron las denuncias de los familiares en la protesta y de su abogado, Alvaro Díaz Castro, pues argumentó que el martes acudió al medio día la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, para que precisamente se les brindara atención médica a los heridos y otros hablaran con sus familiares.

Agregó que los familiares no podían estar entrando constantemente a hablar con los detenidos porque “no se encontraban en un día de campo”.

El funcionario mantuvo la postura de que no fue un desalojo de los colonos que ocuparon el predio de Invisur, pues aclaró que fue una restitución al propietario de ese predio, que no es de los colonos.

Agregó que éstos presentaron una posición violenta cuando se les pidió que salieran del predio, por lo que actuaron las diversas corporaciones policiacas.

Efrén Suástegui añadió que no ha habido presión por parte de nadie en este caso. Con respecto a la presidenta local del PRD, afirmó que no es la primera vez que tratan estas cuestiones por invasión de predios, y que ella sabe que “la ley es la ley”.

Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos

Están incomunicados, dice uno de sus abogados

 Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.

Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.

Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.

Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.

La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.

En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.

Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.

Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.

En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.

Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.

Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.

El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.

Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.

No se retractará el Invisur de la denuncia ante el MP en contra de los precaristas

“Nos recibían con piedras y machetes”: López Salgado

 Asegura el delegado que se avisó en dos ocasiones a los invasores que debían salir del predio en Metlapil

 Karina Contreras

El delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, dijo que “de ninguna manera” se va a retractar de la denuncia que interpuso por despojo contra los paracaidistas del predio de Metlapil, pues tiene que servir como “precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos como su modus vivendis”.

En declaraciones telefónicas, López Salgado, informó que ayer acudió a la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo para ampliar las declaraciones, y “perfeccionar” su denuncia por ese delito, la cual está bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

A las 5 de la madrugada del martes, unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del Estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad de Invisur, ubicado en el poblado de Metlapil.

El desalojo violento dejó 26 detenidos, nueve heridos y una niña desaparecida, además de ocho golpeados, según informaron ambos bandos. El enfrentamiento duró una hora y hubo golpes, gases lacrimógenos y macanazos.

Se le preguntó si se justifica la violencia ejercida en el desalojo de los precaristas a lo que López Salgado respondió: “nosotros acudimos a notificar al predio en dos ocasiones, y fuimos recibidos de manera violenta con machetes y piedras. Se comportaron de manera agresiva y retadores”.

Dijo que “no va haber perdón” contra los invasores y se aplicará la ley contra los infractores “para que sirva como precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos su modus vivendi”.

Al preguntarle si no es algo raro que en 19 horas le hayan dado entrada y ejecución a su demanda en el MP, cuando hay varios predios invadidos a los que la dependencia no les hace caso, el funcionario dijo que “no puedo opinar por los demás. Yo puedo decir que siempre he encontrado un buen trato (del MP) y de los más rápidos cuando he pedido el apoyo”.

Al cuestionar nuevamente sobre la veracidad de la posesión del predio de Metlapil por el Invisur, dado que los paracaidistas señalaron que sobre éste tiene intereses Manuel Añorve Baños, el funcionario respondió: “En la agencia del MP están todos los antecedentes que confirman que es propiedad de Invisur, y por eso solicitaba que se actuara contra los invasores”.

–¿No participa ni como prestanombres?, se le inquirió.

–Está es una institución muy seria. Las escrituras están en el Registro de Propiedad, y sólo así le dieron trámite a la demanda. Los comentarios (de que Manuel Añorve tiene interés en el predio) son puras historias para justificar una acción ilegal.

López Salgado dijo que se aplicará la ley así como se hizo con las agresiones de los colonos del Frente Popular Tierra Digna: “No habrá tolerancia, no se permitirá que la gente abuse de la tolerancia del gobierno de René Juárez Cisneros”, dijo.

Sobre las manifestaciones de protesta anunciadas por los desalojados, López Salgado dijo que “pueden protestar ante las instancias que gusten, incluso, en Invisur, siempre y cuando no afecten a terceros”. Insistió que el terreno de Metlapil es una reserva territorial del gobierno del estado para casas de interés social, y no se puede lotificar “para cualquier gente”.

Desalojan con gases lacrimógenos y macanazos a los ocupantes del predio en Metlapil

 

 Reportan los precaristas nueve lesionados, 26 detenidos y una niña desaparecida, y los policías ocho golpeados. Casi una hora duró el enfrentamiento que comenzó con la entrada al terreno de cientos de motorizados y judiciales del estado y preventivos del municipio de Acapulco. A los golpes, los colonos respondieron con pedradas, dicen desalojados

 Karina Contreras, Jorge Nava y Roxana Ibarra

Por una orden del Ministerio Público, la madrugada de ayer unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil donde el domingo ya había unas 500 familias.

El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, informó que el desalojo es parte de las acciones “para combatir el delito de despojo que se ha convertido en el modus vivendi de algunas personas”.

El abogado de los detenidos, el perredista Alvaro Díaz Castro denunció que durante el desalojo hubo nueve precaristas lesionados, entre éstos una adolescente embarazada, y una niña desaparecida de 5 años. Las corporaciones policiacas, por su parte, reportaron ocho agentes con diversas lesiones, cuatro de ellos policías del estado y cuatro municipales, así como varias patrullas con daños.

El fiscal especial para la Atención de Delitos Graves, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Monreal Leyva informó que hubo 26 detenidos que están a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica en 48 horas. Sin embargo, el boletín oficial de la Procuraduría sobre estos hechos, sólo reconoce a 25 personas detenidas.

Entre los detenidos que se encuentran en los separos está el dirigente perredista de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, suplente de la diputada local del PRD, Yolanda Villaseñor Landa. En el Sector Central del MP se encontraban 21 de los detenidos, y otros cinco en los separos de la Policía Ministerial (Judicial) de Renacimiento.

El abogado Díaz Castro señaló que entre los 26 detenidos se encuentra el caso de Severo Chapín Abarca, quien era atendido de fuertes lesiones en la Cruz Roja, de donde fue sacado por la fuerza por agentes de la Policía Ministerial para llevarlo a los separos. Por la tarde, se quejó de que el delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo, no permite que Chapín Abarca regrese a la Cruz Roja para ser atendido por las lesiones que tiene en la cabeza y el cuerpo.

La señora Gloria Vargas García, dijo a El Sur que los policías golpearon a su hija Edith Ramírez Vargas, de 16 años, que cuenta con tres meses de embarazo y que por los golpes que recibió presentó un sangrado vaginal.

Según versiones de los ocupantes del predio y de los policías, ambos grupos se enfrentaron durante más de una hora. Del lado de los precaristas la versión indica que se defendieron a pedradas contra los policías cuando éstos llegaron a desalojarlos a golpes con macanas y rociando gases lacrimógenos.

El director de Seguridad Pública del estado, Víctor Hugo Peña López –al mando de 200 antimotines que vigilaban el lugar– aseguró que los policías “conminaron” a los colonos a que desocuparan el predio, pero en lugar de hacerlo “lanzaron piedras y varillas”, y fue cuando tuvo que “entrar” la Policía Judicial.

Según dijo, en la operación de desalojo participaron 150 policías del estado, 80 judiciales, y 120 preventivos. En la PGJE se informó que también participaron 12 agentes del Ministerio Público de diferentes agencias de la ciudad.

No fue orden de desalojo, sólo una inspección ocular, dice el fiscal Monreal

Funcionarios del departamento Jurídico del Invisur informaron a El Sur que el desalojo, ocurrido a las 5 de la mañana de este martes, fue ordenado a raíz de la denuncia Tab/V/073/2004 que presentó el lunes el delegado de ese Instituto, Alejandro López Salgado, por el delito de despojo contra quien resultara responsable, por la invasión a un predio en propiedad de la dependencia.

En un comunicado de prensa de la PGJE, el procurador Ramírez Guerrero explicó que el MP especializado en Despojos “en uso de sus facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, dio inicio a la averiguación previa TAB/V/073/04 y acudió al lugar de los hechos, con el propósito de realizar el desahogo de la diligencia”.

Ramírez Guerrero advirtió que “acciones delictivas como el despojo que se han convertido en un negocio lucrativo para algunas personas, se seguirán combatiendo enérgicamente por la dependencia a su cargo”.

Asimismo, el procurador exhortó “a los guerrerenses a no dejarse engañar, porque este es un delito de los considerados como graves, que alcanza una penalidad mínima de siete y una máxima de 18 años.

Sin embargo, por la tarde, el fiscal Monreal Leyva negó que se haya tratado de una orden de desalojo, y que los policías sólo acudieron “como apoyo” a una inspección ocular para integrarla a la averiguación que se abrió por la demanda del Invisur.

El delegado López Salgado pidió en la demanda que había presentado ante la Quinta Agencia del Ministerio Público especializada en despojos, la recuperación del predio para ser reintegrado a Invisur, pues está destinado para reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad.

Los colonos comenzaron la agresión, dice el delegado de la PGJE

Ayer por la tarde, un grupo de desalojados presentó la queja número Crac/100/04/2004 en la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en contra el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, de agentes de la Policía Ministerial del Estado, y de agentes de la Policía Preventiva municipal, por violación a los derechos humanos, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte.

Por su parte, el fiscal Monreal Leyva negó que hubiera enfrentamiento y responsabilizó a los colonos de comenzar la agresión.

Indicó que en el momento en que se hacía “la diligencia de inspección ocular”, encontraron en el predio “a mucha gente posesionada en el mismo”. Agregó que los invitaron “a que desalojaran el lugar”, y los colonos comenzaron con la agresión.

Del predio, indicó que quedó a disposición del Invisur, que es el propietario.

Verifica la Codehum la violencia contra los colonos

Por la tarde, acudió a los separos del Sector Central de la Policía Judicial, el coordinador regional de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, donde al concluir su visita a los detenidos habló con algunos de sus familiares sobre el estado en el que se encontraban.

Declaró a reporteros que encontró sólo a 18 detenidos, de los cuales a cinco tienen lesiones en diversas partes del cuerpo, sin atención médica por parte del Ministerio Público. Advirtió que por ello podría fincarse alguna responsabilidad porque el MP debe de verificar en qué condiciones se encuentran los apresados.

Agregó que al encontrarlos en ese estado llamó a la Cruz Roja para que en ese momento fueran atendidos en algún hospital de la ciudad.

Navarrete Magdaleno dijo que quiso verificar la violencia que ejerció la policía contra los desalojados, y señaló que ésta no se justifica.

Más tarde, Navarrete acudió al hospital general del IMSS Vicente Guerrero, y al Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, para tomar la declaración a los lesionados por la queja que presentaron sus familiares. Sin embargo, en el módulo de información de la sala de urgencias del Vicente Guerrero no encontró registrado ninguno de los nombres que tenía en su lista de presuntos lesionados.

En el Donato G. Alarcón le informaron que atendieron a Edith Ramírez y Maricela Marcos, pero que ya habían abandonado el lugar. Dijo que pedirá por escrito el informe de las condiciones de salud en las que se encontró a la lesionadas. De la visita, a la que lo acompañó su secretaria Patricia Delgado Rojas, señaló que levantará una constancia.

Agregó que harán intervenir al Ministerio Público adscrito a la Codehum para que en caso de que los policías acusados tengan culpa, respondan de manera legal.

Indicó que la médico legista adscrita a la Comisión, María Soledad Nava Arango, hará un examen médico a los lesionados detenidos en los separos para tener la valoración médica, y que toda la información se integrará al expediente.

Dijo que se pedirá por escrito la versión de los hechos al secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Lima Gómez, al director de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, y al delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Critica el PRD la violencia en Metlapil; exige que se investigue la propiedad

 

 Adalberto Valle Sánchez

La dirigencia municipal del PRD en Acapulco exigió a las autoridades que investiguen la propiedad del predio de Metlapil, luego de que la madrugada de ayer fueron desalojadas cerca de 500 familias que el jueves anterior habían ocupado al lugar.

La presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del partido, Beatriz González Hurtado, criticó el uso de violencia por parte de los policías del estado durante la movilización y se dijo extrañada por la celeridad en la resolución de la demanda que puso el Invisur en el Ministerio Público especializado, que avaló el desalojo.

González Hurtado no aceptó que todas las personas sean simpatizantes o militantes del PRD. “No podríamos asegurarlo”, dijo.

Luego de que los paracaidistas se establecieron en ese sitio, el delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, puso una denuncia por el delito de despojo ante la Quinta Agencia del Ministerio Público –con registro TAB/V/073/2004– y rechazó la regularización del predio de 10 hectáreas, ubicado por el rumbo de Tres Palos.

Beatriz González dijo que la regidora del PRD Alejandrina Javier Santiago recibió una llamada a las 5 de la madrugada del martes, en la que le informaron que tres horas antes unos 200 policías del estado comenzaron el desalojo de manera violenta.

“Estuvimos en el lugar como a las 6 de la mañana (junto a la regidora) y vimos el gran operativo al mando del delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Efrén Suástegui Mayo”, señaló la dirigente perredista.

Agregó que al parecer el terreno pertenece a Santiago Niño, quien habitaba en el Cerro del Tigre. “Incluso hay un letrero que dice Rancho El Tigre. Por eso se tiene que investigar el estado del predio”.

Lamentó que la fuerza pública haya actuado de manera violenta al detener a “varios ancianos, mujeres y niños. De lo que pude ver, eran como 30 heridos, algunos con la cabeza rajada”.

Por último, resaltó “la gran eficiencia” en el Ministerio Público para acelerar el proceso luego de la denuncia del delegado del Invisur, “cuando sabemos que hay trámites que se tardan hasta años, éste lo hicieron muy rápido”.

Denuncia el Invisur ante el MP la invasión del terreno en Metlapil

 

 No se puede regularizar el predio porque está destinado como reserva territorial, asegura el delegado del instituto, López Salgado

 Karina Contreras

El delegado de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur),   Alejandro López Salgado, presentó una denuncia por el delito de “despojo contra quien resulte responsable” por la invasión a un predio en propiedad del instituto, ubicado en Metlapil, ante la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojos.

El funcionario descartó una regularización de ese predio, porque está pidiendo al MP que “haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur”.

Entrevistado ayer al finalizar una reunión con habitantes de la colonia ex Campo de Tiro, López Salgado informó que la denuncia fue interpuesta ayer a las 10 de la mañana en la quinta agencia del MP y quedó bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

El 29 de abril alrededor de 500 familias invadieron un predio de 10 hectáreas –14 hectáreas, dice el delegado– que pertenece al gobierno del estado, y fundaron la colonia Unidad Democrática.

El predio ocupado por los paracaidistas se encuentra a orillas de la carretera que lleva a Costa Chica, en la entrada al pueblo de Metlapil y a unos 20 minutos del poblado de Tres Palos y, según los colonos, del mismo terreno se quería apropiar el ex diputado Manuel Añorve Baños.

López Salgado dijo que los invasores se han posesionado de manera ilegal del predio el cual está destinado como reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad y que éste es patrimonio de Invisur en Metlapil.

Explicó que esos terrenos fueron adquiridos por esa dependencia a través de una donación del Fideicomiso Acapulco, y 11 hectáreas de 25 fueron “cedidos, donados o pagados, no sé cual sea el termino” a la familia Niño, como parte de la indemnización del gobernador René Juárez Cisneros para solucionar el conflicto que se generó en el Cerro del Tigre.

Informó el funcionario que a la dependencia le quedaron las 14 hectáreas que fueron invadidas el 29 de abril, por lo que interpuso la demanda por despojo contra quien resulte responsable, pues por el “momento desconoce quién es el responsable”.

López Salgado descartó que vaya haber una regularización como lo piden los colonos, “pues se está pidiendo al MP que haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur. No sé si van hacer desalojados, reubicados, lo que queremos es que el MP se haga garante del estado de derecho y reintegre la propiedad al Invisur”.

Sobre los señalamientos de que el ex diputado federal priísta se quiera quedar con el predio dijo: “No hay fundamentos, pues están destinados por el gobernador para el desarrollo de unidades habitacionales”.

“ No hay posibilidades de que se han vendidos                 a particulares como terrenos lotificados, pues están en resguardo por el Invisur y están destinados para el desarrollo urbano de Acapulco”, precisó.

Finalmente López Salgado dijo que como organismo regularizador no se avalan las invasiones de predios de particulares o del estado, por lo que van actuar “con firmeza en la aplicación de las leyes”.

Marchan y toman las oficinas de Invisur, colonos de la ex Campo de Tiro

Exigen la liberación de su dirigente

 Karina Contreras

Habitantes de la colonia irregular ex Campo de Tiro efectuaron una marcha y, posteriormente, tomaron las oficinas de la delegación del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para exigir la liberación del dirigente de ese asentamiento, Martín Juárez Brito, quien fue detenido el viernes por judiciales del estado por el delito de despojo en agravio de la empresa Club para Casa y Pesca A.C., dueña del predio ubicado en la carretera a Pie de la Cuesta.

Los inconformes salieron a las 9 de la mañana de la colonia y llegaron alrededor de las 11 a las oficinas del Invisur, el cual fue desalojado por los trabajadores por la puerta de atrás, luego de las amenazas de los quejosos de no dejar salir a nadie.

Luego de tres horas de protestas, los colonos fueron avisados que una comisión sería recibida por el delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, y por el representante legal de los dueños del predio, Miguel Ángel Ocampo.

La reunión fue en un restaurante y ahí el apoderado legal, Miguel Ángel Ocampo, informó que apenas en ese día “se había enterado de que detuvieron a nuestro amigo Martín. No estaba enterado de nada”. “No sé que paso, pues nosotros estamos en la mejor disposición de negociar, y nada más estamos atorados en la contratación”, dijo.

Durante una hora estuvieron hablando y se acordó con el dirigente Héctor Ponce Radilla, que este jueves se firmará el convenio de venta de los predios, a partir de ahí se desistirán de la demanda contra Martín Juárez Brito.

Antes de esta reunión, los colonos efectuaron una marcha ocupando un carril de la avenida Cuauhtémoc, mientras gritaban consignas como: “ No que no, si que si, ya volvimos a salir”. “Preso político, libertad”. “De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a Martín, cueste lo que cueste”, entre otras. Al frente llevaban una manta, en la cual se leía su única petición: “Exigimos la libertad inmediata de Martín Juárez Brito. Frente Popular Tierra Digna”.

El dirigente del Frente Popular, Héctor Radilla Ponce, en declaraciones a la prensa, exigió la liberación de Martín Juárez Brito y acusó a los dueños del predio de estar violando los acuerdos a los que habían llegado, entre los que estaban, precisamente, el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los dirigentes.

“Nos quieren dar un albazo, pues se habían comprometido a la regularización y están lentos lo que está provocando estos problemas”, expresó.

Informó que el dirigente fue detenido por judiciales el viernes pasado,  alrededor de las 2 de la tarde, y recluido en el Cereso de Acapulco por el delito de despojo del predio de tres hectáreas, en donde está asentada la colonia irregular desde hace trece años.

Ponce Radilla dijo que están buscando la regularización mediante el diálogo, mientras los dueños reprimen a los dirigentes. Durante la protesta exigió la presencia del delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, para que les informara porqué se dio la detención del líder de colonias, pues están a punto de firmar el convenio, y de “buenas a primeras rompen el diálogo”.

Explicó que la lucha que ellos mantienen es por la vivienda para las familias que lo necesitan, por lo cual no ven dónde está el delito. “Es un luchador social que lo quieren involucrar en el delito de despojo”, dijo.

A las dos de la tarde, se les informó de la reunión con el apoderado legal del predio, con López Salgado y una comisión para buscar el desistimiento de la demanda. Al finalizar la reunión, los colonos permanecieron 90 minutos en las oficinas de Invisur, a las 4:30 de la tarde desocuparon el inmueble.

Marchan y toman las oficinas de Invisur, colonos de la ex Campo de Tiro

Exigen la liberación de su dirigente

 Karina Contreras Habitantes de la colonia irregular ex Campo de Tiro efectuaron una marcha y, posteriormente, tomaron las oficinas de la delegación del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para exigir la liberación del dirigente de ese asentamiento, Martín Juárez Brito, quien fue detenido el viernes por judiciales del estado por el delito de despojo en agravio de la empresa Club para Casa y Pesca A.C., dueña del predio ubicado en la carretera a Pie de la Cuesta.

Los inconformes salieron a las 9 de la mañana de la colonia y llegaron alrededor de las 11 a las oficinas del Invisur, el cual fue desalojado por los trabajadores por la puerta de atrás, luego de las amenazas de los quejosos de no dejar salir a nadie.

Luego de tres horas de protestas, los colonos fueron avisados que una comisión sería recibida por el delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, y por el representante legal de los dueños del predio, Miguel Ángel Ocampo.

La reunión fue en un restaurante y ahí el apoderado legal, Miguel Ángel Ocampo, informó que apenas en ese día “se había enterado de que detuvieron a nuestro amigo Martín. No estaba enterado de nada”. “No sé que paso, pues nosotros estamos en la mejor disposición de negociar, y nada más estamos atorados en la contratación”, dijo.

Durante una hora estuvieron hablando y se acordó con el dirigente Héctor Ponce Radilla, que este jueves se firmará el convenio de venta de los predios, a partir de ahí se desistirán de la demanda contra Martín Juárez Brito.

Antes de esta reunión, los colonos efectuaron una marcha ocupando un carril de la avenida Cuauhtémoc, mientras gritaban consignas como: “ No que no, si que si, ya volvimos a salir”. “Preso político, libertad”. “De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a Martín, cueste lo que cueste”, entre otras. Al frente llevaban una manta, en la cual se leía su única petición: “Exigimos la libertad inmediata de Martín Juárez Brito. Frente Popular Tierra Digna”.

El dirigente del Frente Popular, Héctor Radilla Ponce, en declaraciones a la prensa, exigió la liberación de Martín Juárez Brito y acusó a los dueños del predio de estar violando los acuerdos a los que habían llegado, entre los que estaban, precisamente, el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los dirigentes.

“Nos quieren dar un albazo, pues se habían comprometido a la regularización y están lentos lo que está provocando estos problemas”, expresó.

Informó que el dirigente fue detenido por judiciales el viernes pasado,                 alrededor de las 2 de la tarde, y recluido en el Cereso de Acapulco por el delito de despojo del predio de tres hectáreas, en donde está asentada la colonia irregular desde hace trece años.

Ponce Radilla dijo que están buscando la regularización mediante el diálogo, mientras los dueños reprimen a los dirigentes. Durante la protesta exigió la presencia del delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, para que les informara porqué se dio la detención del líder de colonias, pues están a punto de firmar el convenio, y de “buenas a primeras rompen el diálogo”.

Explicó que la lucha que ellos mantienen es por la vivienda para las familias que lo necesitan, por lo cual no ven dónde está el delito. “Es un luchador social que lo quieren involucrar en el delito de despojo”, dijo.

A las dos de la tarde, se les informó de la reunión con el apoderado legal del predio, con López Salgado y una comisión para buscar el desistimiento de la demanda. Al finalizar la reunión, los colonos permanecieron 90 minutos en las oficinas de Invisur, a las 4:30 de la tarde desocuparon el inmueble.

Invaden 500 familias un terreno de 10 hectáreas propiedad del gobierno del estado

 

 Acusan a Manuel Añorve de pretender apoderarse de este predio

 Karina Contreras

Alrededor de 500 familias que “carecen de vivienda” invadieron un predio de 10 hectáreas que pertenece al gobierno del estado, donde formaron la colonia irregular “Unidad Democrática”. Los colonos manifestaron que no pretenden quedarse con el terreno de manera gratuita, pues están dispuesto a pagarle al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) un precio justo y con facilidades de pago.

El predio se encuentra a orillas de la carretera que lleva a Costa Chica – exactamente en la entrada al pueblo de Metlapil y a unos 20  minutos de Tres Palos–, fue invadido, en la noche del jueves 29 de abril, por cerca de 500 familias que rentaban o vivían con algún familiar, según informaron.

A tres días de la posesión del predio, los colonos ya comenzaron a levantar sus viviendas con barrotes que ha sido regalados por los campesinos de los pueblos aledaños, pero por el momento colocaron, provisionalmente, sábanas como techo y hamacas para dormir.

Asimismo, instalaron una cocina colectiva y hasta dos puestos de fritangas. En cuanto a la energía eléctrica, los colonos la toman de una bajada que hicieron de un poste cercano y de un pozo artesanal que está en el lugar, se abastecen de agua.

El predio originalmente de 20 hectáreas –el cual está totalmente plano–, quedó como propiedad agrícola, después de que fue fundado el ejido de Tres Palos; posteriormente, y luego de la tragedia del Paulina, el fideicomiso que formó el cantante de opera español, Placido Domingo, adquirió el terreno para construir una unidad habitacional para los afectados del huracán.

Por algún motivo, según manifestaron los colonos, y mediante un “trueque” con el gobierno del estado, se designó otro predio para la construcción de casas para los damnificados, y el terreno pasó a manos del gobierno del estado.

Según Juan Carlos –uno de los ocupantes– dijo que ellos tomaron el predio por la falta de una política de vivienda del gobierno del Estado, el cual no les ha proporcionado alternativas a las miles de familias que carecen de una. Precisó que el Invisur, que es la encargada de generar espacios para vivienda, lo único que ha hecho es vender y revender el mismo lote.

Aseguró que ese predio es del gobierno del estado y por eso decidieron tomarlo, pues se enteraron que “a través de argucias pretenden apropiárselo unos políticos, entre ellos, el ex diputado federal y exalcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, quien ahora es el coordinador de la campaña del candidato a gobernador, Héctor Astudillo Flores”.

Adelantó que –seguramente– el gobierno no va aceptar la titularidad del terreno, pues no le conviene a sus intereses ni a los que se lo quieren “agandallar”. Juan Carlos agregó que saben que ese terreno es del gobierno, pues el gobernador René Juárez Cisneros, para encubrir una “injusticia que cometió con la familia Niño”, les proporcionó la mitad de ese terreno, 10 hectáreas, a Santiago Niño, donde instaló el rancho “El Tigre”.

Reconoció que cuando se enteraron de que políticos se lo querían “agandallar” decidieron invadirlo, pues hay una inmensa demanda de vivienda de miles de familias que viven con algún pariente o rentan, mientras esas tierras estaban en calidad de “ociosas y como paso de delincuentes”.

Los colonos manifestaron que van hacer un asentamiento,en el cual se cuente con áreas verdes, centros de salud y andadores. Los ocupantes del asentamiento irregular son de la parte alta del Valle de La Sabana, de la Nicolás Bravo, Metlapil, 10 de abril, Tres Palos, Manantiales y Mártir de Cuilapan.

Los ocupantes del predio manifestaron que no quieren violencia, por lo que exhortaron al gobierno del estado a iniciar un diálogo para atender la necesidad de vivienda de miles de familia que no tienen un techo.

Asimismo, advirtieron que en ningún momento los intenten desalojar con violencia, pues no se quieren ver envueltos en un enfrentamiento, porque los que están ahí no son “ningún Cristo” sino hombres que se van a defender. “No vamos a poner la otra mejilla, porque si nos golpean vamos a reaccionar y defendernos”, agregó.

Manifestaron que esperan que les regularicen el predio, pues están dispuestos a pagar siempre y cuando no se quiera lucrar con la necesidad del pueblo.

Firman convenio el Invisur y el Frente Popular Tierra Digna de Coyuca

Acuerdan el pago de 7 mil pesos por lote a la propietaria del predio invadido

 Karina Contreras

El director general de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato, y el dirigente del Frente Popular Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla,  firmaron un convenio para que los habitantes de la colonia Tierra Digna paguen 7 mil pesos por cada lote que ocupan en dicho asentamiento, y así puedan ser regularizados.

Lo anterior lo dieron a conocer en una conferencia de prensa en donde también estuvo el delegado de Invisur, Alejandro Salgado López, la dueña del predio invadido, Elizabeth Gómez Chino y su representante legal, Carlos Carvajal.

El acuerdo entre los involucrados consiste en que las 296 familias que invadieron el predio de Gómez Chino –que consta de 5.5 hectáreas– pagarán 7 mil pesos por cada uno de los lotes de 120 metros cuadrados.

Como se recordará, en los primeros días de febrero unos 200 habitantes de la colonia irregular Tierra Digna mantuvieron secuestrados por casi 12 horas a los empleados de Invisur, e incluso, golpearon a algunos empleados para exigir la solución inmediata a la regularización de los predios que ocupan.

El director general de Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato, informó que luego de reanudar las negociaciones con dicho Frente, se logró la firma del convenio para que los colonos paguen el predio invadido, y señaló que con esto serán beneficiadas 296 familias.

El funcionario manifestó que con esta firma queda solucionada “en un cien por ciento”, el problema que tenían con el Frente Popular Tierra Digna, y dijo que “con este convenio se liberan las tensiones que se ha tenido en Invisur”, reconoció el funcionario.

Castrejón Lobato adelantó que también se tienen avances en la firma de convenios con otras colonias irregulares, como Ampliación La Mira, el ex Cici en Renacimiento, Barranca de La Laja, Fraccionamiento Playas II, y el fraccionamiento Rubén Jaramillo, ya que, dijo, “por órdenes del gobernador, René Juárez Cisneros, se tiene que buscar el bienestar social”.

Añadió que “se tiene que buscar el diálogo y la concertación entre los involucrados, y evitar cualquier acción que cause desorden”.

También informó que otro convenio en que ya se trabaja, es el del predio donde se encuentra la colonia ex Campo de Tiro, y que ya se habla con los dueños “para que vendan”, e insistió que con la regularización de estos predios invadidos se verán beneficiados mil 960 familias.

“Pero además –dijo Castrejón Lobato– hay otro convenio con funcionarios del Infonavit, para regularizar 5 mil terrenos que están en predios que les pertenecen”, y dijo que para este año se tiene estimado regularizar 7 mil predios.

Cuando se le dijo que muchos de ellos están en zonas de alto riesgo, el funcionario aseguró que esos “no serán regularizados”. Sobre la denuncia penal que tiene personal de Invisur, manifestó que “todavía no ha sido retirado” y que apenas se está en pláticas, pero no descartó que se retire dicha denuncia.

Por su parte, el dirigente del Frente de Defensa Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, se mostró conforme con el acuerdo, ya que manifestó que con esto se benefician más de 250 familias de escasos recursos económicos.

Ponce Radilla dijo que lo que se logró “es en base a la lucha social” que han emprendido para tener un terreno donde vivir, y               que “lamentablemente” han llegado a los golpes.

Dijo que “no justifica las invasiones ni el daño a terceros”, pero el problema de vivienda “es nacional”, y hay una necesidad de los ciudadanos de tener un lugar donde vivir.