El sociólogo noruego Johan Galtung, experto en resolución de conflictos y en construcción de paz, elabora una explicación sobre las violencias a través de su teoría del “triángulo de la violencia”, diversificada en tres tipos: la directa, la estructural y la simbólica o cultural. 1) La violencia directa es aquella que se ejerce directamente a una persona. Es visible, física o psicológica. Hay un perpetrador y una víctima. En este tipo de violencia se integran: discriminación, maltrato físico o psicológico, humillación, acoso, bullying, tortura y asesinato. 2) La violencia estructural es aquella que puede expresarse de manera indirecta, es invisible. Como ejemplo la injusticia social. Está formada por las estructuras que impiden la satisfacción de necesidades básicas. Esta ocurre cuando las personas son condicionadas para ser sujetos de derechos, lo que no les permite su desarrollo integral, como las leyes de segregación racial, las condiciones sociales injustas generadoras de desigualdad social o económica, el acceso desigual a la educación o a la salud.
3) La tercera violencia corresponde a la cultural, que legitima el uso de la violencia directa y estructural mediante actitudes, prejuicios y conductas tales como el racismo, la homofobia, la misoginia, la discriminación y otras más. La cultura de la violencia normaliza las diferentes formas de violencia en la sociedad, lo mismo que violencias institucionales, sistémicas, sociales y familiares. Las personas no se percatan de sus situaciones de violencia y las replican porque no las comprenden como tales.
Sólo la violencia directa es visible a primera vista. Tanto la violencia estructural como la cultural se han hecho invisibles y sólo se reconocen con la mediación del análisis de los conflictos. Según Galtung, la violencia corresponde a una mala gestión de los conflictos, que pudieran haberse resuelto de manera pacífica a través del diálogo o los consensos. De esta manera las violencias directas, como las que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país (secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, desplazamiento forzado y demás) sólo pueden ser explicadas satisfactoriamente a través del análisis estructural y cultural, como resultados de una gestión violenta de los conflictos.
Desde la visión de Galtung, en nuestro país hay respuestas a las violencias directas desde las fuerzas armadas y policiacas; y a las violencias estructurales desde algunas políticas públicas de los gobiernos federal y estatales. Lo que sí no vemos son las respuestas a las violencias culturales a las que los gobiernos y la sociedad civil, contando con un gran potencial podrían colaborar de una manera amplia, masiva e integral.
Estas violencias culturales se transmiten mediante tradiciones y costumbres llenas de ideas distorsionadas, actitudes, sentimientos y conductas, aparentemente inocuas o sanas, que circulan campantemente a la vista de todos. Aparecen como normales y nadie se pregunta sobre sus efectos dañinos y violentos. Están ahí, como soportes y justificadoras de las violencias directas y estructurales, con un efecto devastador. Así, aparecen como socialmente aceptables, pensamientos, actitudes e ideas generadoras de violencias como la discriminación, la marginación, la exclusión, el machismo, la resignación social, el manejo violento de las emociones y sentimientos, los prejuicios, el infantilismo y el paternalismo político, que van juntos.
Las ideologías dominantes, tales como el individualismo, el inmediatismo y el consumismo permean ideas que activan procesos violentos en la sociedad y discapacitan para la solidaridad, la empatía, la organización y movilización para causas justas. No sabemos ser solidarios ni sabemos protestar cuando las autoridades no responden a tiempo a las necesidades de la población. Si la gente tiene desconfianza en las autoridades suelen protestar generando daños y violentando a terceros. Sucede cada vez que hay desaparecidos y con la protesta mediante bloqueos exigiendo apoyos gubernamentales. No sabemos protestar de manera pacífica o no violenta porque no ejercitamos la paciencia histórica que, a la larga, da mejores resultados.
La escuela pública tendría que contar con un programa orientado a contrarrestar la violencia cultural o, dicho de otra forma, a construir una cultura de paz. Lo mismo hay que decir de la universidad pública. La escuela y la universidad privada tendrían que hacer otro tanto. Y los medios de comunicación con su gran potencial, transmitiendo información con un enfoque de construcción de paz.
La familia mexicana tiene un inmenso potencial que puede ser abordado desde las instituciones públicas, privadas y sociales. Ahí necesitan ser modificados prejuicios dañinos hacia las mujeres y los niños. Pensamientos, emociones y sentimientos no violentos pueden generar un modelo pacificador de familia que contribuya inmensamente al bien del país. Otro tanto hay que decir de las iglesias, de la iniciativa privada, de las organizaciones y redes de la sociedad civil, ya feministas, ambientalistas, campesinas y sindicales.
Las transformaciones políticas y económicas necesitan un sustento cultural, que podemos construir entre todos los actores públicos, privados y sociales. Sin atender la violencia cultural, la respuesta a las demás violencias puede revertirse a largo plazo. Necesitamos una cultura de paz, con sentimientos y pensamientos de paz, para que la paz sea estable y duradera. La cultura de paz es fundamental para una paz sostenible.

Hay un avance en la estrategia federal de seguridad que la presidenta Sheinbaum ha definido en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia; uso de inteligencia e investigación; fortalecer a la Guardia Nacional, y garantizar la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. A esta estrategia se ha añadido explícitamente el uso de inteligencia e investigación, lo que significa un avance. Pero esto no significa un avance suficiente, debido a que no se abordan todas las causas de la violencia ni la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales ha significado hasta ahora, garantía de que haya avances en el tema de seguridad.
Una cosa vemos en la realidad del país. En diversas regiones hay una muy visible ingobernabilidad, en las que el Estado ha permitido que los cárteles de la droga y las demás organizaciones criminales estén sembrando el terror en los pueblos y en las ciudades. Guerrero, Chiapas, Guanajuato y Sinaloa, hoy por hoy, se han convertido en zonas de guerra entre cárteles y entre éstos y las fuerzas federales. En el sexenio pasado, al igual que los sexenios anteriores, el panista y el priísta, no hicieron bien sus cálculos para prometer la paz y en lugar de que la violencia y la inseguridad se hayan reducido, ahora vemos que se han incrementado.
Hay que hablar claro: hasta ahora la estrategia gubernamental ha fracasado, eso es lo que observamos en la vida cotidiana. Las organizaciones criminales han avanzado en el control de territorios, en ocasiones, tan amplios que son regiones enteras. En el estado de Guerrero hay regiones en las que la economía está bajo su control. La extorsión se ha vuelto el pan de cada día en las ciudades y en el campo; en los mercados y en el comercio informal, la cuota para sobrevivir es obligada. Se incendian comercios y vehículos para convencer a sus dueños de que pagar las cuotas les conviene para sobrevivir.
Hasta los presupuestos de los gobiernos municipales, las instituciones más vulnerables del Estado mexicano están en riesgo ante los delincuentes. Los municipios carecen de la fortaleza institucional y económica, por lo que suelen ser sometidos a la fuerza para que permitan a las organizaciones criminales adueñarse de la economía de la gente. ¿Cuáles son las razones que el Estado mexicano tiene para mantener en condiciones tan frágiles a los municipios, que no cuentan con la fortaleza necesaria para lidiar con los criminales? Las policías municipales están para llorar, han perdido la confianza de la población y no tienen la capacidad para prevenir el delito ni para proteger a la población.
Hasta ahora, desde el sexenio de Felipe Calderón, pasando por el de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos han mantenido una actitud de desconfianza hacia la sociedad, en el sentido de que han puesto toda su confianza en el Ejército, en la Marina, en la Guardia Nacional y en las policías estatales y municipales. Los resultados de esta confianza sólo en las fuerzas armadas y en las policías no han sido satisfactorios. Miramos que ellas solo sirven de “apagafuegos” cuando se “calientan” las plazas de las organizaciones criminales y, además, colaboran para cuidar la escena del crimen de los asesinados.
Mientras la estrategia gubernamental no incluya a la sociedad, los resultados seguirán siendo los mismos. Han creído los gobiernos que ellos lo pueden hacer todo y han mostrado sus fracasos. Los gobiernos por sí solos no han podido hasta ahora, ni podrán en el futuro mejorar las condiciones de seguridad. En la sociedad hay un gran potencial que puede ayudar a hacer un camino, un largo camino, no solo hacia la seguridad pública, sino hacia la paz.
Pensemos en las instituciones sociales que tienen capacidad para colaborar en el camino hacia la paz. La primera de ellas es la familia, seguida por la escuela, por la universidad y por los medios de comunicación. Una de las grandes causas de la violencia está en la subcultura de violencia y de muerte de nuestro pueblo, causa que no se ha atendido hasta ahora para construir una cultura de paz. La subcultura de la violencia y de la muerte permea de manera invisible o visible en estas instituciones en diferentes formas y alcanza a las instituciones públicas, privadas y sociales. Es la cultura de la indiferencia, del individualismo y de la desinformación. Carecemos de una estrategia cultural que respalde la estrategia política (militar y policiaca) de seguridad y de construcción de paz. Hay que entender que, sin una estrategia cultural, las demás estrategias son inoperantes a la larga.
Otras instituciones que tienen capacidad para contribuir en los temas de seguridad y de construcción de paz, son las que producen riqueza. A través del mundo empresarial se puede buscar la mejor distribución de la riqueza, incluyendo el desarrollo de capacidades para la producción y comercialización. A esto hay que añadir que se requiere un nuevo modelo de economía, diferente al modelo neoliberal, y para que esto suceda se requiere un amplio apoyo al campo y el apoyo a la construcción de modelos de economía social y solidaria, desde abajo. Cierto es que se requieren decisiones gubernamentales para mantener la rectoría del Estado de la economía, pero si no construimos la economía desde abajo, pueden generarse mayores desigualdades, las que suelen ser generadoras de nuevas violencias.
Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que se reconozca que la participación social es indispensable, de manera que podamos mirar la salida de este túnel de oscura violencia en el que nos vemos desde hace tiempo? Si tenemos un déficit de confianza, ¿qué hacer para que los gobiernos confíen en las capacidades de la sociedad y ésta confíe en que los gobiernos están empeñados en acompañar a las ciudades y a las comunidades del campo a recuperar la seguridad perdida, mediante la escucha y la inclusión? ¿O es que el ejército llegó para quedarse en las calles porque a los ciudadanos nos han arrebatado la capacidad de sentirnos seguros en la vida cotidiana? ¿Hasta cuándo continuaremos con acciones que atizan la polarización social construida sobre desconfianzas mutuas, sobre descalificaciones e insultos? Si la delincuencia ya está infiltrada en la política, ¿qué hay que hacer para que no continue influyendo para que las decisiones políticas le favorezcan? Si no examinamos detenidamente estas cuestiones, jamás podremos llegar a ningún lado deseable.

Los grandes huracanes que han afectado a Acapulco y a algunas regiones del estado de Guerrero nos han dejado lecciones que, hasta ahora, nos hemos negado a aprender. Paulina (1997), Ingrid (huracán) y Manuel (tormenta tropical) (2013), Otis (2023) y John (2024), han dejado en nuestra ciudad y en algunas otras regiones sus huellas mortíferas a su paso. Es previsible que, a futuro, los huracanes sean más frecuentes y más atroces, debido a las condiciones demográficas y geográficas de las costas guerrerenses.
Para afrontar las atrocidades que, a futuro, provengan de los huracanes, tenemos que prepararnos. La cultura de la prevención no se improvisa. Tenemos que pensar en cambios culturales que se manifiesten en actitudes, en saberes y en habilidades de la población, aparejados con los necesarios cambios en las políticas gubernamentales. Hasta ahora, la prevención no la hemos traducido en los hechos ni en acciones sociales ni gubernamentales. Para que esto suceda tenemos que comenzar con la gran herramienta de la educación que abre caminos a las transformaciones culturales que necesitamos en nuestro contexto de vulnerabilidad ante los huracanes. Si los cambios no son sostenidos en una cultura que le corresponda, seguiremos navegando contra la corriente ante cualquier amenaza que provenga del mar.
Propongo algunos de los cambios que han de generarse desde la dimensión cultural, no sólo en la costa de Guerrero, sino en todo el país y en todas partes.
El primer cambio tendría que ser la adaptación a la crisis climática científicamente comprobada. Hay una visión diferente si miramos los desastres de hoy desde la perspectiva de la crisis climática que tiene una característica básica: esta crisis es antrópica, es decir, está generada por actividades humanas que la inducen o propician. Hay que revolucionar las conciencias para que esta crisis disminuya o, al menos, se frene y que en lugar de que seamos parte del problema nos convirtamos en parte de la solución a esta crisis.
La prevención tiene que ser una tarea fundamental para que podamos dar respuestas estratégicas. No podemos continuar, como hasta ahora lo hemos hecho, atendiendo las emergencias sólo con dinero, con despensas, con medicinas y con los demás recursos materiales. Si la crisis climática está modificando la dinámica de los huracanes, es necesario acompañar los tiempos de la emergencia con una visión estratégica, mirando a lo lejos y adaptándonos a las circunstancias de la crisis climática que ya está en curso.
La prevención se hace cultura cuando atendemos todos los problemas que padecemos desde esa perspectiva. Así, tenemos que atender también la situación permanente de las violencias y de la inseguridad con una visión preventiva. En el país tenemos, desde hace años, una grave crisis que amenaza a las personas, a las comunidades y al país entero, en la cual los cárteles de la droga y las mafias delincuenciales han estado haciendo graves daños a la población a través de sus dinámicas económicas y políticas. ¿Cómo pensar en la prevención en este tema, así como pensamos la prevención ante los desastres cuando todos tenemos que intervenir? También el grave problema de la pobreza extrema que se expresa en pobreza de capacidades y en pobreza alimentaria. La prevención es decisiva para dar solución a las crisis que nos amenazan.
La adaptación a la crisis climática implica una actitud social y política en la que todos tenemos que participar. Hay que repensar las políticas públicas ante los desastres, las normas relacionadas con los desarrollos urbanos, con la construcción de carreteras y de puentes. También hay que repensar el impacto de la cultura consumista e individualista que prevalece por todas partes. Así mismo, hay que repensar el potencial de la población debidamente organizada mediante el fortalecimiento del tejido social que puede aportar tantas cosas en este tema. En este sentido, es elemental escucharnos los unos a los otros para dar una solución de largo alcance a la crisis climática. En otras palabras, se necesita democratizar este tema.
Para atender la crisis climática se necesita, también, modificar el sistema económico y de producción, egoísta, explotador y depredador, que hemos aceptado, ya que este sistema implica una dinámica perversa de depredación de los recursos naturales y de explotación de los grupos humanos, dinámica que, con las inmensas capacidades tecnológicas actuales, nos conduce aceleradamente al desastre ecológico. Eso ha sucedido en Acapulco al permitir los desarrollos inmobiliarios en humedales y pantanos cercanos a la laguna de Tres Palos, y en el caótico crecimiento de la mancha urbana en los cerros que rodean la ciudad. Estamos hablando de la necesidad de cambios globales ante una crisis que es, también, global. El modelo económico que sigue vigente, requiere cambios profundos. El neoliberalismo no se vence por decreto, sino con transformaciones macro y microeconómicas y con una nueva cultura ecológica y solidaria. Así es que hay que modificar la cultura dominante que justifica y legitima la depredación de la Tierra.
Pero ha habido un tercer factor de esta crisis climática, expresada en la precaria calidad humana que ya es insostenible, la que no nos permite desear ni buscar un mejor futuro. Tanto en lo personal como en lo colectivo, no reconocemos lo perverso del sistema económico que nos tiene atrapados en esta crisis climática. Y no nos detenemos a pensar sobre las consecuencias y la necesidad de superar esta situación. ¿Qué nos hace falta? ¿Acaso no tenemos la sensibilidad, la conciencia y la calidad humana que necesitamos todos para hacer frente a la crisis climática? Es cierto que no estamos educados para un cambio cultural que modifique conocimientos, criterios, actitudes, sentimientos y habilidades ante la realidad social y ecológica. No hemos sido entrenados para la solidaridad como actitud fundamental: ante el prójimo que sufre, ante la sociedad, ante el mundo y ante la Tierra. La solidaridad desde arriba y desde abajo es fundamental.
El humanismo ha ido desapareciendo con la imposición de un antropocentrismo tecnocrático. Este sistema de vida tiene en su centro una visión tecnocrática del ser humano desvinculado de su entorno. Hemos puesto en el centro los derechos humanos descartando los derechos de todos los seres vivos, los derechos de la Tierra, que los hace posibles. Un humanismo verdadero, que nos hace verdaderos seres humanos está vinculado a la cultura del cuidado y de la solidaridad. Una cosa es vivir sobre la Tierra y otra, muy diferente, es vivir con la Tierra. Se nos ha hecho fácil la explotación desmedida de los recursos naturales con una mirada mercantilista, cuando no miramos la Tierra como nuestra casa, nuestra casa común.
A fin de cuentas, necesitamos un cambio cultural para afrontar la crisis climática que nos seguirá amenazando en adelante. Un cambio del individualismo a la solidaridad, de la depredación al cuidado, de la exclusión a la inclusión de derechos, del consumismo al consumo responsable, entre otras actitudes. Un cambio que incluya los derechos humanos y los derechos del planeta, como condición para que los primeros tengan su verdadero sentido.

El viernes pasado fue develada una escultura, una hermosa escultura, realizada por Aza Evans en la playa Tamarindos, junto a la Costera, por iniciativa de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos. He podido hacer un acompañamiento pastoral a este colectivo desde sus comienzos y, por esa razón, he podido ponderar los grandes esfuerzos que han hecho a lo largo de estos años para encontrar a sus desaparecidos, como su objetivo central. A lo largo de este tiempo, las familias han desarrollado una serie de tareas necesarias para encontrar a sus desaparecidos.
Han ido a los cerros de Acapulco y a otros sitios en los cuales se presume que pueden encontrar sus restos, provistos de picos, palas y varillas. Además, han buscado el apoyo de las instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades relacionadas con las búsquedas, muchas veces sin los resultados que quisieran. Ponen su atención en las familias que llegan a pedirles auxilio, acompañándolas para hacer la denuncia y demás trámites legales necesarios para que las autoridades tomen sus casos, investiguen y hagan lo que toca para resolverlos.
Además, han buscado el apoyo jurídico necesario apoyados en organismos de la sociedad civil para mantener su lucha respaldada por las leyes vigentes. Otra cosa muy valiosa que han hecho está en buscar el apoyo psicosocial que necesitan para ponerle límites al dolor, a la rabia y a las enfermedades que suelen asomarse ante tanto sufrimiento. Han aprendido a cuidar su salud emocional y espiritual para mantenerse en las mejores condiciones de salud para mantener su lucha. Se han esforzado en temas de autocuidado y de contención emocional para mantener la lucidez necesaria para seguir buscando a sus desaparecidos.
Como podemos ver, el ritmo de vida de este colectivo, así como el de las decenas de colectivos que hay en Guerrero y en el país, es muy compleja. La búsqueda de sus desaparecidos expone a las familias a muchos riesgos. Riesgos como el ser estigmatizadas, discriminadas e incomprendidas por la misma gente que carece de empatía, de sensibilidad y de compasión. También viven expuestas a las diferentes formas de revictimización y de corrupción de parte de las burocracias gubernamentales comodinas que carecen del sentido de responsabilidad para atender sus casos. Aún más, viven expuestas al costo económico de sostener a sus familias y de sus búsquedas que, en ocasiones, suele ser demasiado pesado.
La desaparición de un familiar cambia tantas cosas en las familias, tales como la perspectiva de la vida en adelante. Les cambia la vida como nunca se imaginaron. Sucede que muchas familias de desaparecidos se resisten a agruparse en colectivos debido a una crisis de impotencia y abandono. Llegan a pensar que ya no tienen salida posible y sólo se conforman con sobrevivir debido al miedo y a la impotencia. Deciden con tanto dolor no buscar a sus desaparecidos debido a la desconfianza a sus mismos vecinos y en las instituciones encargadas de apoyarlas para hacer sus búsquedas y su autoestima se derrumba. Sin esperanzas, renuncian a recuperar su dignidad y se van hundiendo en la desesperanza.
Por eso, la escultura de Aza Evans colocada junto a la Costera, puede significar la necesaria esperanza que respalda la lucha de los colectivos para continuar sus esfuerzos, a pesar de las adversidades, para encontrar a sus desaparecidos. La esperanza es una actitud espiritual fundamental, tan necesaria para afrontar el dolor y las adversidades que se encuentren en el camino. Según la descripción de la autora de la escultura, ésta está representada en una “figura femenina con expresión serena y determinada, y una postura erguida y firme … que representa la inquebrantable voluntad y la fuerza de carácter de aquellas personas que siguen buscando a sus seres queridos a pesar de las dificultades y el paso del tiempo”.
Además de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, hay otras dos organizaciones de víctimas de desaparición en Acapulco: Memoria, Verdad y Justicia; y también Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, que hacen esfuerzos inmensos en esa tarea. Estas organizaciones viven fortalecidas por la esperanza, de la cual dan testimonio ante todos los ciudadanos que vivimos desesperanzados. La esperanza respalda la lucha, la organización, la movilización y la misma conciencia que tanta falta nos hace a todos para caminar hacia la utopía de la justicia y de la paz. La esperanza es la que moviliza y nos hace pensar en formas nuevas de vida y de lucha, inspira caminos no violentos para resolver conflictos y a empujar al país hacia adelante.
Sin esperanza, nuestra imaginación se oscurece y perdemos la creatividad para imaginarnos el mundo que necesitamos y deseamos y fácilmente olvidamos las utopías. Sin esperanza perdemos la memoria y nos exponemos a cometer los mismos errores del pasado y sin memoria olvidamos nuestras raíces, nuestras dolencias nacionales y nuestra identidad. Y sin esperanza nos extraviamos en los odios y las divisiones del pasado, del cual no corregimos ni aprendemos a caminar juntos. Nuestros pueblos y nuestros gobiernos necesitan esperanza para caminar de la mano hacia adelante.
Todos, todos, gobiernos y sociedad hemos cometido errores en este camino, no hemos sabido reconocer que si no caminamos juntos no hay salida que valga. La delantera le corresponde a la esperanza, que es tan diferente de las expectativas facciones de organizaciones políticas, de la delincuencia organizada, de organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado mexicano, La esperanza no corresponde a expectativas facciosas alimentadas de abusos, discriminaciones e injusticias. Sólo la esperanza nos muestra el sendero hacia la paz porque abraza al país entero sin abandonar a nadie a su suerte. Eso es lo que están haciendo ya los colectivos de familias de desaparecidos. Nos están marcando ya una ruta hacia la paz.

El derecho humano al acceso a la justicia está garantizado en la Constitución, con la contribución de los tres poderes del Estado mexicano, cuando cada poder cumple su parte para que el acceso a la justicia sea garantizado y efectivo.
En nuestro país hay un inmenso rezago en el tema de justicia, expresado en los altísimos índices de impunidad. Es un problema estructural o sistémico, pues las instituciones que tienen a su cargo la procuración (las fiscalías) y la administración (Poder Judicial) no gozan de buena salud debido al alto índice de corrupción. Si la intención de la reforma judicial estuvo en abrir las puertas para que el derecho humano a la justicia fuera más eficaz, como lo dice la Constitución: justicia pronta y expedita, ahora hay que ir por la reforma a las fiscalías, federal y estatales.
Pero si la intención de la reforma judicial estaba en el control de los tres poderes de la unión por una facción política, es evidente que nada se hará para tocar la corrupción que hay en las fiscalías y, por supuesto, en los ministerios públicos. Hay una muy amplia desconfianza para denunciar los delitos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, 9 de cada 10 delitos cometidos no se denuncian. Buena parte de las razones por las que las personas no lo hacen son atribuibles a la falta de capacidades de las instituciones encargadas de procurar la justicia.
Según una evaluación de México Evalúa, en el año 2022 el nivel de impunidad subió al 96.3 por ciento, y sólo el 4.3 por ciento de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a ser vinculados a proceso. Y siguen las cifras. De cada 100 delitos que se cometen en el país, solo 6.4 se denuncian debido a la baja confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público y las fiscalías estatales.
Así las cosas, la reforma del Poder Judicial debería poner su mirada en la necesidad de abrir un camino para que el derecho humano a la justicia de los ciudadanos se vuelva transparente y efectivo. Esta reforma ha sido vista por muchos como un juego de poder al interior de las instituciones del Estado mexicano, que no está prevista para beneficio de los ciudadanos en un tema tan prioritario como el acceso a la justicia.
El problema está en que un ciudadano lo piensa mil veces antes de determinar poner una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que no lo percibe como confiable. La percepción es que están más al servicio del poder político que de los ciudadanos. Una expresión muy común es aquélla que se refiere a la colusión de las fiscalías y de los ministerios públicos como instituciones con la delincuencia organizada en estos últimos años. La gente suele decir “son los mismos”.
Por esta razón, urge una reforma que teme en cuenta las debilidades de las fiscalías para que funcionen adecuadamente para cumplir con su finalidad de acompañar a los ciudadanos que son vulnerados en una acción que constituya un delito para procurar la justicia para todos. Ya veremos si hay un verdadero interés en los gobiernos federal y estatales para que los ciudadanos tengamos una justicia pronta y expedita.
Y sigo pensando que necesitamos también de los mecanismos de justicia transicional para saltar a mejores condiciones de justicia para todos los ciudadanos. Mecanismos como comisiones de la verdad independientes, como amnistías, como la no repetición de los delitos, como la reparación de los daños para que la justicia esté al alcance de todos, sobre todo de los pobres y abandonados a su suerte. Con los estragos que ha estado generando la delincuencia organizada, necesitamos medidas que tengan capacidad para que los mexicanos confiemos en las instituciones de procuración y de administración de justicia.

En Acapulco hay un alto déficit de espacios públicos para que la población se encuentre. Hay escasos espacios para el deporte, para la diversión, para el esparcimiento, para el arte o para la promoción cultural. Estos espacios son fundamentales para socializar, para fortalecer las relaciones comunitarias, para la reconstrucción del tejido social y, en último término, para abrir caminos hacia la construcción de la paz. La población de esta ciudad, ya sea del centro urbano o las periferias carece de espacios físicos de encuentro como parques y jardines públicos orientados a fortalecer sus relaciones en las colonias y en grandes zonas urbanas.
Y la tentación permanente de las autoridades ha sido la de privatizar o vender los escasos espacios públicos con que la ciudad aún cuenta. Hay que recordar el caso del parque Papagayo allá por el año 1992 cuando el gobernador José Francisco Ruiz Massieu pretendió entregar a una empresa una parte para construir un supermercado. Por fortuna surgieron iniciativas sociales y ambientalistas que impidieron que fuera arrebatado a la ciudad una parte de su principal parque.
También hay que recordar que en el año 2011 hubo el intento de la empresa que tenía concesionado el Jardín del Puerto, allá junto al malecón de la ciudad, para construir una plancha de concreto con el fin de convertir esa área verde en un estacionamiento. Este proyecto generó una inconformidad ciudadana que pudo evitar en ese momento que le arrebataran un espacio público con vocación social. Hay que decir también que esa área está aún abandonada por las autoridades que la administran.
Ahora, el 30 de agosto pasado, la Administración del Sistema Portuario Nacional Acapulco (Asipona), un organismo Público Descentralizado adscrito a la Secretaría de Marina, emitió una convocatoria para la licitación del proyecto de construcción y operación de un centro comercial en el espacio del Jardín del Puerto, lo que significa que ese espacio será ocupado por un negocio privado y dejará de ser un espacio público habilitado para responder a necesidades sociales y culturales. Una vez más, va la burra al trigo. Sólo piensan en negocios y no en las necesidades de la población de esta ciudad. Si bien este proyecto se trata de una concesión con una finalidad de negocios, no estará disponible para la comunidad acapulqueña.
Hay dos grandes necesidades inaplazables de la población acapulqueña que no se han considerado de manera suficiente por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Son necesidades que requieren de una pronta atención, sobre todo para hacer un camino que conduzca a la paz en nuestra ciudad. Una es la necesidad de reconstruir el tejido social y la otra, la necesidad de una cultura de paz.
El predio del Jardín del Puerto puede ser acondicionado para atender, en parte, estas necesidades. Si este espacio público se dispusiera para que fuera un lugar de encuentro de la población acapulqueña que ha estado tan pulverizada desde el tiempo en el que el frenético crecimiento de la ciudad se fue forjando en el siglo pasado, respondiendo a intereses económicos y políticos que no permitieron que la población acapulqueña construyera una identidad propia. Recordemos que las campañas electorales de ese oscuro pasado, tanto el PRI como el PRD las desarrollaban a partir de invasiones de tanta gente que necesitaba un predio para construir viviendas. Así, el interés político y partidista utilizaba la necesidad de vivienda para lucrar en su búsqueda del poder.
Estamos tan dispersos todos los sectores sociales, mientras que las colonias populares no cuentan con espacios públicos suficientes para fortalecer los lazos comunitarios que se necesitan para reducir los destrozos de las violencias, sobre todo, aquélla originada, desde hace casi dos décadas, por la delincuencia organizada. Este espacio de encuentro, generador de vínculos y de esparcimiento en el centro de nuestra ciudad, ayudaría tanto a mejorar las condiciones de vida social en la ciudad.
La segunda necesidad a la que puede ayudar el Jardín del Puerto como espacio público accesible a la población, sería la construcción de una cultura de paz, que hoy más que nunca urge en nuestra ciudad. Desde los tres órdenes de gobierno y desde la sociedad civil debería haber múltiples iniciativas orientadas a generar nuevas actitudes, mentalidades y habilidades en la población ante la ciudad, que en su conjunto aporten para la construcción de la cultura de paz. Por ejemplo, necesitamos actitudes de solidaridad, de sinergias, de colaboración, de confianza, de reflexión, de fascinación ante la belleza y de servicio a la comunidad.
Y también necesitamos generar habilidades para la paz, como el desarrollo de las artes que abren camino a sensibilidades fundamentales para construir la paz, como la empatía, la espiritualidad, la compasión y la atención a quienes sufren. El espacio público del Jardín del Puerto puede convertirse en un instrumento de alto potencial para que los acapulqueños soñemos un Acapulco sin violencias y promovamos aquéllas utopías que hemos perdido debido a que nuestra problemática cotidiana nos apega a la realidad que no deja lugar a la imaginación y a la creatividad para construir un mundo nuevo para esta ciudad.
Hay que concluir con un llamado a las autoridades para que piensen en esta ciudad y ubiquen de manera suficiente nuestras necesidades. Que no crean que poner más negocios es la salida. Hay que apoyar los negocios que se perdieron en el huracán Otis, en la medida en que sea posible. Pero hay que atender las necesidades sociales como las que he destacado ahora para construir un Acapulco mejor que el del pasado. El pasado tuvo sus errores y sus éxitos, pero nuestra salida no está en el pasado sino en el futuro, reconstruyendo nuestra ciudad con una orientación hacia la fraternidad.
Pero también la sociedad civil tiene una grande responsabilidad para que esto pueda suceder. Necesitamos elaborar iniciativas ciudadanas para reconstruir nuestra ciudad hacia horizontes que nos conduzcan a la paz. ¿Qué podríamos hacer en relación al espacio, hasta ahora público, del Jardín del Puerto?

Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas cada 30 de agosto, que desde el año 2011 hace visible este doloroso tema, fui invitado por el colectivo Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos a participar en un conversatorio sobre los derechos de las víctimas de ese delito. Ahora quiero hacer algunas consideraciones sobre dos temas relacionados con las familias que viven buscando a sus desaparecidos.
El primero tiene que ver con los derechos conculcados de los desaparecidos, como víctimas directas, y de sus familias, como víctimas indirectas. Hay una larga lista de derechos humanos de las víctimas directas (los desaparecidos) e indirectas (sus familiares y amigos) que nos son garantizados ni prevenidos ni atendidos, pero ahora sólo me quiero referir a aquellos de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Me refiero a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños. Por fortuna, en nuestro país, crece el número de familias que se han estado agrupando en colectivos para organizar las búsquedas con la conciencia de estos derechos delante de la sociedad y del Estado mexicano.
Pero por otro lado, hay un inmenso número de familias que tienen familiares desaparecidos que desconoce este derecho por diversas razones. Guardan silencio, se encierran en su miedo, no pueden levantar su voz ni ante los amigos ni ante la autoridad. Viven su dolor de manera oculta; es más, no quieren dar a conocer el drama profundo en el que viven y se resignan en sus miedos y en su desesperanza. Ni siquiera quieren saber de sus derechos por el contexto de desconfianza hacia las autoridades. Ni se atreven a denunciar ni a hacer pública su situación. Se conforman con sobrevivir. Suele ser muy complicado convencerlas para que se dejen ayudar por los colectivos de familiares de desaparecidos porque han perdido toda esperanza para encontrar a sus familiares.
¿Quién es el responsable de buscar la verdad y encontrarla para cada caso de desaparición? Para eso está el Estado por medio de sus instituciones. Para eso está la investigación documental y de campo. Para eso están los análisis y los diagnósticos del contexto de las desapariciones. Al parecer, hay una discapacidad crónica de las instituciones del Estado para hacer este trabajo debido a carencia de personal competente y capacitado y a carencia del presupuesto necesario para investigar los muchos miles de casos rezagados.
Ante esta situación, los colectivos han puesto sobre sus espaldas tareas de investigación, buscando información de campo, incluso haciendo llamados a los delincuentes para obtener información que les ayude a hacer sus búsquedas en vida o sin vida en fosas clandestinas.
En cuanto a la justicia como derecho, hay que afirmar que también está pendiente. Si no hay verdad, tampoco hay justicia. El clima de alta impunidad que prevalece en el país hace pensar que hay una imposible justicia. Al respecto, tenemos que decir que al principio de este sexenio que está por terminar, hubo una gran propuesta para establecer algunos mecanismos de justicia transicional, que en algunos países se han desarrollado, adaptadas a las condiciones de cada nación.
Cuando se han violentado los derechos humanos de mil maneras y de manera multitudinaria después de periodos de conflicto, represión o violencia a gran escala, como en el caso de México, hay países que han recurrido a los mecanismos propios de la justicia transicional, para abatir los rezagos en esa materia, con cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta propuesta no fue aceptada por el gobierno federal y ahora tenemos que padecer mayores niveles de impunidad que entre los factores que la explican están los tres poderes de la federación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que no hacen bien su trabajo.
Otro gran derecho que tienen las víctimas de desaparición es la reparación de los daños. Este es otro pendiente. Es doloroso mirar a mujeres con picos y palas haciendo excavaciones en el campo, buscando cuerpos de desaparecidos, cuando esta es una responsabilidad del Estado que, al menos pone vigilancia y apoya con algunas medidas estas acciones de las familias.
El segundo tema que quiero tocar, relacionado con los derechos de las víctimas de desaparición, es la discapacidad institucional del Estado para responder a las necesidades y a los derechos de las víctimas de las violencias. Hasta ahora el Estado no ha querido medir el impacto real de esta gran herida social que sigue multiplicando las víctimas de tantas violencias (desplazamiento forzado, desaparecidos, homicidios, extorsiones, cobro de piso, feminicidios, comercio de órganos, trata de personas, etc.). Hay un dolor que crece en el país y el Estado no tiene las condiciones institucionales necesarias para responder a ese dolor con medidas proporcionales.
En el caso de las víctimas de desaparición se hace necesario un fortalecimiento institucional jurídicamente competente. De hecho, hay instituciones que tienen que atender el problema de las desapariciones, que no tienen la fortaleza institucional con personal competente y presupuesto suficiente. Así la respuesta debiera estar al nivel de una Secretaría de Estado. A esta altura debiera estar su respuesta. Y no vemos que haya una voluntad política ni políticas públicas encaminadas a sanar esta herida nacional de tantos miles de víctimas directas e indirectas.
Contamos con instituciones estatales como la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense. A la par están las instituciones federales como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Todo este entramado institucional no ha sido capaz de dar resultados sustanciales que respondan a los derechos de las víctimas de desaparición porque no ha habido la voluntad política necesaria para afrontar el dolor, la rabia, el sufrimiento de miles de familias que sufren al tener sillas vacías en la mesa de su casa.
Para terminar, quiero decir que, si este dolor nacional encarnado en miles de familias de este país, no se atiende para responder a estos derechos, el país puede encaminarse a mayores niveles de violencia en todas sus formas. Hay que atender situaciones de salud integral (mental, emocional, espiritual y física) de personas, de familias y de comunidades. Y, a su vez, hay que atender todos los demás derechos que tienen. Las violencias se han combatido como si fueran sólo un asunto policiaco, cuando es un problema de salud pública en el que se requiere la reconstrucción de la sociedad y también la reconstrucción del Estado para que sea competente en la garantía de los derechos de quienes sufren los estragos de las violencias que permean amplias regiones del país.
Se necesita un alineamiento del Estado, de la sociedad, de las comunidades, de las organizaciones (colectivos de víctimas, sociales, empresariales, universitarias, educativas y religiosas) para construir la paz como el gran tema que nos puede abrir un camino de reconciliación social y política. Si no ponemos a las víctimas en el centro del interés del país, no tendremos salida digna para nadie.
Hay que reconocer que las víctimas de las violencias aún no son prioridad, ni para los gobiernos estatal y federal, ni para la sociedad misma. Eso lo pagaremos con creces a futuro, pues las secuelas de esta negligencia van a ser muy atroces. Por esto es necesario poner a las víctimas en el centro para la sanación de esa herida nacional, con verdad y con justicia. Y, desde luego, eso pasa por la ruta del reconocimiento y la garantía de sus derechos y por las capacidades institucionales del Estado para responder a dichos derechos. Y para que esto suceda, se necesita una tremenda voluntad política del gobierno que viene.

Se hacen cálculos del costo económico de los destrozos del huracán Otis en Acapulco. Costo que tienen que cubrir las empresas, las aseguradoras, los gobiernos y las familias, según de lo que se trate. Se calcula que en cinco años podremos salir del “hoyo” en la economía local relacionado con el huracán. Aún visualizamos que muchos negocios están estancados por carencia de créditos y por otras razones.
Al menos, pueden hacerse cálculos por las pérdidas ocasionadas por el huracán, en cuanto a costos y tiempos. En cambio, ¿pueden hacerse cálculos sobre lo que están costando, en términos económicos, los negocios de la delincuencia organizada al lado de todo el gasto público, privado y social que implica afrontar los costos de la violencia? Hay algunos cálculos que pueden servirnos de referencia.
En el último informe del Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz hay algunos datos que deberían hacernos pensar acerca del costo económico de la violencia en el país y, particularmente en Guerrero. ¿Como se mide este impacto? El informe lo establece en los siguientes términos: “El impacto económico de la violencia se define como el gasto y el efecto económico relacionados con contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia. Comprende el costo económico de la violencia (tanto directo como indirecto) más un efecto multiplicador”.
¿Cómo se calculan estos costos? Se incluyen los costos de los homicidios, de los delitos de violencia, los crímenes de la delincuencia organizada, el miedo, los costos de protección, el gasto de las fuerzas armadas, el gasto de seguridad pública y los gastos del sistema judicial y del sistema penitenciario.
En estos términos, en 2023, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (245 mil millones de dólares). Esto equivale al 19.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de México o 37 mil 430 pesos por persona. Esto equivale a casi dos meses y medio de ingresos para el trabajador mexicano promedio. En lo que toca al estado de Guerrero, este costo llega al 45.2 % del producto interno bruto estatal.
Ahora, volviendo al impacto sobre la economía local de Acapulco y la del estado de Guerrero, donde las bandas de la delincuencia se pelean territorios y, aun, regiones muy amplias de nuestra geografía. Estos grupos viven buscando dinero para agrandar sus negocios ilegales. Para comenzar, el imperio económico de las drogas sigue fuerte, porque este sigue siendo el negocio de negocios, que sostiene una planta laboral inmensa.
El crimen organizado tiene atrapada la economía legal por todas partes. Tienen en sus manos una “economía negra” que tiende sus tentáculos en todos los sectores económicos. Controlan el transporte público en todas sus formas y la economía informal. También sangran a la economía formal, desde los pequeños negocios familiares hasta las grandes empresas trasnacionales, mediante la extorsión y el cobro de piso. Hasta los vendedores de los mercados públicos tienen que pagar sus cuotas para poder vender sus mercancías del campo.
En sus manos está el control del comercio de armas, la trata de personas con fines laborales y sexuales, lo mismo que el control de las migraciones. Y sigue una larga lista de negocios en los que han metido sus manos. Le arrancan dinero a los gobiernos, a las empresas y a los pueblos. Se alimentan de dinero público, privado y social. Y saben cómo “lavar esos dineros sucios”.
En fin, estamos ante una economía ilegal que tiene un gran peso en el país y tiene una responsabilidad mayor en el desarrollo económico y social de país. Y también en el desarrollo político. Tiene las manos metidas por todas partes y no hay quien se las amarre. ¿Quién le amarra las manos a los delincuentes cuando van a cobrar su cuota a los comerciantes indígenas y campesinos que venden sus productos en los mercados locales? ¿O cuando cobran a choferes del transporte público o a comerciantes ambulantes? La economía de las familias, de los pobres y de las clases medias se ha estado desangrando desde hace muchos años y no hay quien detenga esa feroz hemorragia. Nuestros gobiernos han renunciado a su responsabilidad de proteger la economía legal y de defender a las familias de los atracos de los delincuentes.
Si el Otis nos dejó un gran daño económico que tardaremos varios años en reponernos, un mayor daño está significando el atraco de la delincuencia organizada a la economía social, privada y pública. ¡Cuántos años nos faltan para que la economía no se nos escape de las manos y le permitamos a los delincuentes crecer en el control de la economía, que es una base fundamental para el desarrollo del país! Así como vamos, tardaremos varias décadas.
¿Qué hay que hacer?

Por lo que hemos visto hasta ahora, cuando las autoridades hablan de la paz solo están pensando en la seguridad pública. De hecho, hay una regulación de esta seguridad en los ámbitos municipal, estatal y federal, lo mismo que se tienen las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública que se requiere en las ciudades, en los pueblos y en el medio rural. De esta manera reducen la construcción de la paz al concepto de seguridad pública. Ciertamente, la seguridad pública es necesaria y es fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero no es lo mismo construir la paz y construir un sistema de seguridad pública.
En razón de esto, las autoridades entienden que la seguridad pública tiene que estar a cargo de las instituciones públicas de seguridad, como las diversas corporaciones policiacas, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, quienes son los protagonistas fundamentales de esta seguridad, tan necesaria y tan básica. Por eso, la estrategia gubernamental se reduce a las vías policiacas y militares. Y sistemáticamente, las autoridades han excluido a la sociedad, a la que se le asigna sólo la tarea de denunciar arbitrariedades y delitos.
Pero los ciudadanos no solo aspiramos a la seguridad pública sino también queremos dar pasos hacia la seguridad humana, el mejor camino para la construcción de la paz. En nuestros contextos, en los que las organizaciones criminales se han adueñado de amplios territorios, hemos visto que la seguridad pública no está dando los resultados que se buscan. Es más, en algunos lugares las instituciones que se ocupan de la seguridad pública han sido cooptadas o sometidas a los intereses de los criminales. En otras palabras, está muy lejos el día en el que ésta pueda ser garantizada de manera suficiente. La presencia del crimen organizado en los territorios, debilita la garantía de muchos derechos debido a que la seguridad pública carece de una visión integral de los derechos humanos, que la seguridad humana si considera.
¿Qué podemos decir acerca de la seguridad humana? Es algo así como un modelo de seguridad que se centra en la seguridad de los individuos y no en la seguridad de los estados o naciones. Se basa en la idea de que todos deberían tener derecho a vivir libres de miedo y de miseria. Abarca una amplia gama de componentes como los políticos, económicos, alimentarios, sanitarios, medioambientales, comunitarios y de seguridad personal. La seguridad humana tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad global abordando las necesidades y los derechos de los individuos y las comunidades.
La seguridad humana se desarrolla en la medida en que se incluyen todos los derechos humanos, destacando algunos de ellos como el derecho a vivir sin miedo y sin violencia, el derecho al trabajo y al salario digno, el derecho a la salud, etc. La seguridad humana busca reducir la vulnerabilidad global abordando las necesidades y los derechos de los individuos y de las comunidades.
La seguridad humana busca sobre todo la prevención, poniendo las condiciones necesarias para que todos los derechos sean previstos, garantizados y respetados. En este sentido, la seguridad humana pone las condiciones para que la paz sea posible. La prevención se orienta a desentrañar las causas profundas de las fragilidades y de los riesgos fortaleciendo las capacidades locales de resiliencia y de cohesión social para hacer valer la dignidad de cada persona y de cada comunidad y de los derechos humanos que estén en riesgo.
La seguridad humana fortalece a las personas y a las comunidades ante los riesgos propios de la pobreza extrema, de los desastres naturales, de las violencias, de los conflictos y de los grupos de poder legales e ilegales. Fomenta el desarrollo de comunidades sostenibles y resilientes, facilitando a las personas para que tengan acceso a necesidades básicas como atención médica, alimentos, agua, educación y empleo. En fin, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades y de los pueblos.
De modo que la seguridad pública ni basta ni es suficiente para recuperar la paz que necesitamos en México. Militares y policías tienen sus tareas específicas en torno a la seguridad pública, pero no tienen la capacidad suficiente para la construcción de la paz. Dan su propio aporte que tiene sus propios límites. Por eso, los gobiernos, todos los gobiernos, municipales, estatales y federales debieran pensar que la estrategia actual de seguridad supone integrar a víctimas de las violencias, universidades, empresas, iglesias, ambientalistas, feministas y demás grupos de la sociedad civil a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz gubernamental de la que han sido excluidos hasta ahora.
Todos hemos sido responsables de las condiciones de violencia que padecemos y necesitamos diseñar un proceso y colaborar para convertirnos todos en constructores de paz. Juntos, gobiernos y sociedad, en el camino para lograr la seguridad humana que abre las puertas para la construcción de la paz que, sabemos, es posible. Es necesario cambiar el paradigma de la construcción de la paz, abriendo un proceso desde la seguridad pública hasta la seguridad humana.