Cada persona mira la vida desde donde está. Eso quiere decir que todas las miradas tienen sus propios límites a partir de sus ubicaciones, desde el lugar que ocupa cada uno en el país. Los indígenas tienen su propia mirada, lo mismo que los campesinos. Desde Palacio Nacional hay otra mirada, también desde el Ejército Mexicano o desde el Congreso de la Unión. Quienes tienen el poder económico en el país, tienen también su particular mirada. Desde las universidades hay otra mirada diferente y lo mismo hay que decir desde las empresas o desde las iglesias. Los académicos y los intelectuales miran el país de manera diferente. Y, ahora, quiero incluir la mirada peculiar de las víctimas, de todas las víctimas de todas las violencias, que miran su realidad y miran al país desde su experiencia de víctimas.
Es imprescindible reconocer que las víctimas se han estado multiplicando de manera exponencial en medio de las sombras de nuestro país porque siguen abandonadas a su suerte. La mirada de las víctimas no parece importarle ni a los gobiernos ni a la sociedad en su conjunto. La gran mayoría vive abandonada a su suerte. Las familias desplazadas, los colectivos de familias de desaparecidos, los cientos de miles de desaparecidos. Y, ¿qué decir de quienes viven sometidos a la extorsión y al cobro de piso frecuente? No le importan a nadie. Tienen que tragarse su mirada, con tanto dolor.
Todas estas miradas son parciales porque están situadas desde lugares diferentes. Al país lo miramos según nos va en la vida. Hay miradas optimistas y las hay pesimistas, miradas lúcidas y miradas oscuras, miradas más subjetivas y otras más objetivas. Todas las miradas se complementan si es que se entrecruzan y encuentran convergencias. Mirar desde arriba y mirar desde abajo sirve para mirar mejor. Pero las miradas desde abajo son las que abren caminos para dialogar, para escucharse y para resolver los problemas.
La mayoría de las víctimas, ha visto un sexenio perdido. Las madres buscadoras de sus desaparecidos no han encontrado eco a su dolor, porque el gobierno federal no les ha prestado atención, la atención que necesitan para buscar a sus familiares desaparecidos, para hacer justicia y para mitigar su dolor. Es más, en ocasiones han sido estigmatizadas y despreciadas. Institucionalmente, los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales no están preparados para atenderlas en sus necesidades inmediatas ni en sus necesidades estratégicas. Ellas necesitan miradas empáticas, que aún no se han dado hasta ahora, tan necesarias para dar cumplimiento a la Ley General de Víctimas. Necesitan verdad, justicia y reparación de los daños.
Los muchos miles de víctimas del delito son tantas, que las autoridades ya no son capaces de dimensionar sus derechos humanos conculcados. Y por esa razón ellas responden, simplemente, evadiendo sus responsabilidades. De hecho, nunca ha sido la empatía con los que sufren, un requisito para gobernar, y la política siempre ha sido, para muchos, una oportunidad para buscar otros intereses, siendo solo un pretexto para acrecentar el poder político y los privilegios económicos. Esto sucede en absolutamente todos los partidos políticos, que están más ocupados en acumular o retener su poder, que en atender el sufrimiento de pueblos enteros que nos son escuchados ni considerados porque no les importan.
Los gobiernos no miran el dolor de las víctimas porque les incomoda y porque prefieren no enfocar su atención hacia ellas. El reclamo de las víctimas es una denuncia de la discapacidad de las instituciones gubernamentales. Es más, éstas no tienen capacidad, hasta ahora, para afrontar tanto dolor, tanta rabia y tanta desesperanza acumulados desde hace muchos años, desde la guerra de Calderón hasta nuestros días. Tendría que inventarse una Secretaría de Estado en el gobierno federal para hacerse cargo de atender a las necesidades de las víctimas. Y otro tanto en los gobiernos estatales y municipales para cumplir sus responsabilidades hacia las víctimas. De no atenderse estas necesidades –justicia, verdad, reparación de los daños y no repetición– padeceremos las consecuencias en el futuro inmediato y mediato, con mayores índices de violencia.
Y en la sociedad no cantamos mal las rancheras, cuando carecemos de empatía, somos indolentes e insolidarios con las víctimas individuales y colectivas. Nos parecemos al avestruz que esconde la cabeza cuando vive bajo amenazas y no busca salidas a los contextos tan violentos que tenemos actualmente en Acapulco y en todo el estado de Guerrero.
Necesitamos cruzar nuestras miradas con las víctimas: mirarlas y dejarnos mirar por ellas. Por ese camino puede darse una salida digna, a la vez, empática y solidaria para hacer nuestra parte para la construcción de la paz en nuestro país. Los colectivos de víctimas que se han levantado en el país nos están mostrando el camino para la paz. Es necesario acompañarlas para que nuestros gobiernos lo hagan también.

 

Hace algunos años tuve la oportunidad de leer el libro de Guillermo Valdés Castellanos Historia del narcotráfico en México, buscando entender el origen y el desarrollo de este asunto, cuyo manejo ha causado tan graves daños al país. Entendí que el narcotráfico entró a la política de la mano de policías y políticos en el ámbito de los municipios y, paulatinamente, se fue expandiendo hacia otros ámbitos como el estatal y federal y hacia otros poderes como el Legislativo y Judicial.

Por diversas circunstancias históricas, el narcotráfico fue evolucionando en cuanto a su producción, sus rutas de comercialización y su consumo. Y así, nos volvimos un país consumidor. Pero no solo eso. Cuando el narcotráfico llenó los mercados nacionales y se abrió a rutas internacionales se abriría una diversificación de la delincuencia organizada, una de cuyas más importantes líneas comerciales seguiría siendo el narcotráfico, pero se abrirían de manera estructural otras vertientes de la delincuencia, siempre al amparo del poder político. Así se desarrollaron otras vertientes de la delincuencia organizada, tales como la trata de personas (mujeres y niños), el secuestro, el tráfico de migrantes, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el contrabando de mercancías, entre otras.

Es cierto que la delincuencia organizada hoy tiene un contexto y un poder internacional de mucho peso, lo que quiere decir que se necesita un abordaje internacional para que cada nación haga su parte para ir disminuyendo el poder económico y político que ha acumulado desde hace muchos años. México tiene ahora una oportunidad a partir de las elecciones de ayer domingo. Uno de los más graves desafíos está en desmontar a las mafias delincuenciales del poder político en las que se han encaramado con tanta astucia, por sumisión, colusión u omisión.

En la medida en que los electores participemos de manera razonada en la jornada electoral, podemos transmitir un mensaje muy claro y certero: no vamos a permitir que nuestros procesos electorales como el que ya ha concluido con la jornada del día de ayer, sigan a merced de los capos de la delincuencia. Y que, en definitiva, ya no deseamos estar a su arbitrio. Somos los ciudadanos quienes tenemos que asumir ese desafío que está ahora en el corazón de nuestro sistema político. Hay que hacer limpieza en los espacios de la política, tanto en los gubernamentales, como el Poder Judicial, los congresos y los gobiernos locales, estatales y el federal; como en los partidos políticos y en todas partes donde se juegue el bien común.

Una votación copiosa hablaría de que aborrecemos el crimen, venga de donde venga, y de que queremos la paz, con la participación ciudadana y de todos los poderes de la República. Y, ahora que la elección ya ha pasado, se requiere continuar con la participación orientada a desmontar el “Estado mafioso” encaramado en el Estado constitucional. Un camino a seguir estaría en el fortalecimiento institucional de los municipios, que han estado a la deriva ante las poderosas capacidades criminales. Por ahí podríamos comenzar los ciudadanos de a pie. La participación ciudadana puede darse desde los partidos políticos, pero, sobre todo, desde la sociedad civil, sin fines partidistas. Urge rescatar a los municipios, que son los más cercanos a las necesidades de los ciudadanos.

Si ha sido en el ámbito municipal en el que se han dado la mayoría de las agresiones (amenazas y asesinatos, sobre todo) a aspirantes, a precandidatos y a candidatos en el pasado proceso electoral, es necesario que pongamos nuestra atención en la parte más vulnerable del sistema político. Los gobiernos municipales han estado abandonados a su suerte y requieren una fortaleza mayor para que, al igual que los gobiernos estatales y el gobierno federal interactúen de manera equitativa.

Eso sí, los gobiernos municipales requieren de la confianza de los ciudadanos que, a su vez, requieren de la confianza de los gobiernos municipales. Hay que abrir un camino para eso, para recuperar la confianza recíproca, que fortalezca a los gobiernos municipales y a la sociedad misma. Los gobiernos municipales tienen que aprender a creer en los ciudadanos y en sus organizaciones, entendiendo sus iniciativas como oportunidades para arraigarse en la población y para activar programas de gobierno.

Hay que comenzar con una escucha atenta, mediante una actitud de empatía para abrir caminos de interlocución recíproca. Así pueden sacudirse las estratagemas de los delincuentes, que son aliados para robar, para destruir y para los negocios sucios. Las comunidades locales son las mejores aliadas que, cuando se sienten tomadas en cuenta en proyectos comunitarios, tienen gran capacidad de respuesta.

El voto depositado el día de ayer puede ser el comienzo de una responsabilización ciudadana en la marcha del país y, sobre todo, del municipio que, de manera generalizada está siendo doblegado por el poder destructor de la delincuencia organizada. Votar puede significar un punto de quiebre para la vida de los municipios si es que los ciudadanos nos atrevemos a lograrlo.

 

 

Ya está cercana la jornada electoral con la que culmina este proceso político encaminado al relevo de gobernantes. Ahora me quiero preguntar, ¿qué estamos ganando en nuestro México después de este larguísimo proceso que se ha dado, primero entre aspirantes, después entre precandidatos y, por último, entre candidatos para esta contienda electoral? ¿Vale este proceso lo que debiera valer? Sin duda, hemos tenido de todo.
Por un lado, partidos políticos no confiables, todos. Candidatos mediocres con aspiraciones populacheras. Retrocesos legislativos como la reelección. Polarizaciones. Carencia de propuestas acordes a la realidad del país. Por otro lado, hay necesidades sentidas en la población en temas como la seguridad y la paz, el cambio climático, las víctimas de las violencias, el campo, la salud y la educación, entre otros, que urgen cambios de fondo. Hay también en el ámbito de la sociedad, organizaciones que desean aportar al país en diversos ámbitos. Y no deja de haber militantes y simpatizantes en todos los partidos políticos y sin partido, muchos ciudadanos que se interesan en escuchar, en dialogar, en aportar al país.
Ahora quiero dar relevancia al asunto del poder en la política, que se construye, precisamente para regularlo hacia el bien común. El poder es una realidad presente donde hay familias, grupos, comunidades, pueblos y naciones. El problema está en la manera de regularlo y desarrollarlo para el beneficio de unos o de todos. Este es un tema que tiene un perfil propio en nuestro sistema político mexicano. De hecho, la democracia propone un uso del poder en favor del pueblo, en favor de todos, de las mayorías y de las minorías.
Parte fundamental de nuestro sistema político es la manera como se procesa el poder en México desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Hemos vivido con una herencia autoritaria que aún no hemos podido superar, porque el mismo sistema, en cuanto tal, que tiene como actores fundamentales a los partidos políticos, tiene un perfil autoritario. Esta es una herencia cultural que es transmitida por todos los partidos y se va enfocando al poder como un absoluto. Lo que importa es el poder, como sea y para lo que sea. Lo importante es conquistarlo y conservarlo. Lo demás, no importa mucho. Varían las formas y los estilos, de un partido a otro, de un gobernante a otro, pero en el fondo, se trata de lo mismo. El gen del autoritarismo está en el sistema político como tal. Este autoritarismo se ha manifestado en los gobiernos del PRI, del PAN y de Morena a través del presidencialismo, como un poder sobre todo poder.
En las campañas y en los debates se han hecho visibles los modos partidistas enfocados para conseguir o retener el poder con toda clase de medidas. Por un lado, la política se ha hecho pragmática y se ha desarrollado con una carencia de ideologías. Parece que ya no la necesitan. Candidatos brincan sin ningún pudor de un partido a otro, pues ya no importa el pensamiento ni las convicciones. Es lo mismo buscar el poder desde cualquier partido porque se realiza con los mismos medios: ataques, medias verdades, mentiras, noticias falsas y encuestas amañadas han sido los medios elegidos para hacer las campañas. De estos medios no se desprende nada bueno para la sociedad, sino más de lo mismo.
No hemos visto el desarrollo de propuestas precisas para abrir paso a los temas que son de interés público. No nos han mostrado una visión del país que queremos. No ha crecido la confianza en la política. La palabra, la idea y el diálogo han sido los grandes ausentes pues han sido sustituidas por la estridencia de los ataques.
Si el sistema político tiene sus complicaciones que no le permiten buscar el bien común, porque tiene una orientación fundamental para conquistar o retener el poder, los ciudadanos tenemos también nuestros lados débiles. Quizá no somos conscientes de que le damos culto al poder cuando queremos que quienes están encumbrados en el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, resuelvan nuestros problemas como por arte de magia. Carecemos de la autoestima social necesaria para convertirnos en interlocutores y actores sociales competentes para influir en las decisiones políticas de los gobiernos.
Seguimos padeciendo de una enfermedad política cuando tenemos ciudadanos débiles y políticos poderosos, lo que da como resultado el infantilismo ciudadano que no nos permite afrontar con responsabilidad las situaciones que padecemos porque la partidocracia tiene el control de todo: de la política, de la economía, de la educación y de la cultura. Los ciudadanos vivimos con un aire de impotencia que se ha normalizado.
El voto, por ejemplo, tendría que significar que tenemos la capacidad para tomar el control del poder político en las manos. Sabemos que aún es solo una aspiración que el sistema político no puede permitir pues sería contradecirse a sí mismo. Pero si la jornada electoral que tendremos el próximo domingo la orientamos en el sentido de un empoderamiento ciudadano que nos vaya ayudando a tomar el control del poder político en las manos de los ciudadanos y, justo por eso, a participar en las decisiones que tienen que ver con la seguridad, con la paz, con la justicia y con la fraternidad.
Para que esto suceda, los ciudadanos tenemos que continuar participando en la política, vigilando a los gobernantes elegidos para que se apeguen a la ley cumpliendo sus responsabilidades. La jornada electoral es la culminación del proceso electoral, pero es el inicio de otro proceso tan importante como el primero: quienes son elegidos gobiernan escuchando a los ciudadanos y atendiendo a sus necesidades. De esta manera, estos se hacen capaces de controlar el poder para el servicio del pueblo. Ojalá demos un paso más en este sentido.

El caso del obispo emérito de Chilpancingo- Chilapa, Salvador Rangel Mendoza ha puesto sobre la mesa el doloroso tema de las víctimas de las violencias, con sus contextos nacional y locales. El primer estamento de este contexto está en los muchos miles de víctimas de la violencia que se han dado desde la “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón hasta el actual gobierno morenista. Víctimas visibles e invisibles, víctimas identificadas como personas, familias, comunidades y hasta regiones; víctimas directas e indirectas, víctimas de secuestro, desplazamiento forzado, extorsión, desaparición forzada y asesinadas. También podemos referirnos a víctimas de instituciones y víctimas sistémicas.
El segundo estamento de este contexto está en la sociedad misma, que se ha mostrado indiferente ante la situación de las víctimas, indolente ante su dolor y conformista ante el futuro del país. Una sociedad que vive de lamentos pero que no se abre camino hacia su responsabilización social; una sociedad que evade sistemáticamente la realidad y se conforma con quejas, repartiendo culpas por todos lados. Sólo sabe juzgar a las víctimas y lanzar estigmatizaciones por todas partes. Una sociedad que se refugia en el miedo y en su sentimiento de impotencia, cuando prefiere no mirar de frente a las víctimas y prefiere señalarlas y revictimizarlas. Este es el nivel que hace más difícil la vida de las víctimas.
El tercer estamento está en los gobiernos, todos los gobiernos, municipales, estatales y federales, de todos los partidos políticos, que están manifestado como entienden sus responsabilidades políticas en relación con las víctimas. Se ha dado un perfil político en los gobiernos que los hace semejantes entre ellos. Al menos en este tema, todos han sido iguales. Desde que se promulgó la Ley General de Víctimas, allá por el año 2013, y las posteriores legislaciones relacionadas con las víctimas de las violencias, en las que se han definido las responsabilidades del Estado y los derechos de las víctimas, se han dado algunos avances que, para mi modo de ver, han sido mínimos.
Si las víctimas en nuestro país representan el sector más vulnerable, han padecido permanentemente actitudes de desprecio desde los ámbitos gubernamentales, los que no han sido capaces de ponderar de manera empática el dolor que sufren. Un caso que se ha hecho tan normal es el de las familias de los desaparecidos que tienen que soportar la confrontación cotidiana de las autoridades, que no les reconocen sus derechos e incumplen con sus responsabilidades. El tema de las víctimas no es un asunto periférico u opcional, sino un asunto central para el país. El futuro de México pasa por el trato social y público que demos a las víctimas, en garantizares verdad y justicia, en mejorar sus condiciones de vida y en acompañarlas para que sanen su dolor.
Los gobiernos no han entendido que el dolor que padecen las víctimas, dolor que no es atendido con la calidad que se merece, lo tendremos que pagar en el futuro. En la medida en la que el dolor crece y se desarrolla por la incapacidad de los gobiernos, en esa medida se multiplica y pone en riesgo al país. Una víctima a la que no se le respetan sus derechos y que no recibe el trato que necesita puede convertirse en el futuro en generadora de más víctimas. En la medida en que las víctimas reciben la atención y el cuidado que necesitan y se respetan sus derechos, en esa medida se realiza una acción preventiva de nuevas violencias.
El Estado ha venido manifestando desprecio a las víctimas en la medida en la que no ha asumido la responsabilidad institucional que le haga competente para dar respuestas suficientes a esta herida nacional. Las respuestas que ha dado el Estado en los últimos veinte años no han resuelto nada porque no tiene la capacidad institucional para atender a los muchos miles de víctimas: tienen escasos presupuestos y personal incompetente y la operación institucional para responder a los derechos de las víctimas muestran un verdadero desprecio hacia ellas.
En fin, las víctimas no les importan a los gobiernos que se dedican a revictimizar y a confrontar sus demandas. Es penoso que las víctimas de desaparición forzada tengan que asumir las responsabilidades de los gobiernos, buscando a sus familiares, vivos o muertos, con picos y palas, en el servicio forense, en prisiones y en hospitales, o cavando en fosas clandestinas.
El caso Rangel, aún cuando no conocemos lo sucedido, representa una víctima más que refleja lo que es el modus operandi social y gubernamental. Tenemos una sociedad enferma que en lugar de moverse a la solidaridad con los que sufren, va por el camino fácil de la indiferencia, y un poder público abusivo, cuyos niveles de corrupción permanecen y, lo que ha sido peor, se ha estado manifestando su vínculo oscuro con la delincuencia organizada.
Si deseamos un futuro mejor se necesita dar un trato diferente a las víctimas de las violencias, a todas, a las que están tipificadas en la ley y necesitan la garantía de sus derechos: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Ojalá que el siguiente gobierno federal se atreva a poner en marcha los mecanismos de justicia transicional para salir del foso abierto por los victimarios, entre los cuales tenemos que mencionar a las bandas criminales y a políticos que utilizan el poder público para todo, menos para dar la cara por las víctimas de las violencias.

Un proceso electoral de gran importancia se está desarrollando en México, en el que están en juego la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, varias gubernaturas, los congresos locales y las presidencias municipales. De esta elección dependerá, en gran parte, el futuro de nuestro país. Por ello, es fundamental y una gran responsabilidad política y social de todos los actores institucionales, nacionales y locales que este proceso tenga los mejores resultados que garanticen un paso adelante para la democracia y para el desarrollo del país.
Las campañas electorales son la oportunidad que tienen los candidatos y sus partidos políticos para presentar sus ideas, sus argumentos, sus propuestas y, aun, sus proyectos de nación, de manera que el electorado escuche, compare y razone las diferencias que estén plasmadas en la propaganda de los partidos políticos. Así, los ciudadanos tenemos la posibilidad de estar informados, de razonar y decidir el voto, de acuerdo con los criterios que cada quien considere necesarios.
Hay que reconocer que los partidos propagan sus ideas y sus propuestas de gobierno. Esto es un acierto. Pero, a la hora de la verdad, las ideas y los argumentos no suelen ser lo más contundente de las campañas, sino el tejido emocional de su discurso. Este tejido es muy legítimo porque es parte de la comunicación humana. El problema está en que entran en juego las descargas viscerales como la parte más destructiva y violenta del ser humano. Y así, entran en juego en los procesos electorales el discurso, las actitudes y las acciones que provienen del odio, del desprecio, del insulto, de la provocación, de las mentiras y falsedades. Y la violencia política se suma a las demás violencias que tenemos en el país.
Cuando la razón se apaga y las vísceras hablan, significa que suspendemos lo genuinamente humano y nos enfocamos en el monstruo que llevamos dentro. Le damos cuerda a lo peor de lo humano, esa parte que destruye todo lo que toca. Esta violencia de carácter político electoral tiene efectos destructivos para el país pues es parte de la violencia institucional y cultural que tanto daño está haciendo a México. A la par de las violencias de la delincuencia organizada que han estado generando y desarrollando una devastación social, esta violencia política y electoral produce desconfianza hacia las instituciones políticas.
El lenguaje visceral lo distorsiona todo. Mata la confianza y deteriora la unidad nacional, tan indispensables para afrontar los graves problemas que sufre la sociedad, tales como la inseguridad, las múltiples violencias, las desigualdades y la pobreza extrema. Distorsiona el lenguaje mismo que, en lugar de comunicar, desinforma, y en lugar de comunicar ideas y propuestas, siembra rencores que harán daño a las generaciones venideras. Hemos heredado un sistema político que contiene vicios ya muy conocidos que se sintetizan en la corrupción pública y en la impunidad.
Necesitamos transitar hacia una democracia civilizada, sustentada en el respeto de las diferencias y en la tolerancia a la pluralidad de opiniones y de corrientes políticas. No podemos pensar en una sociedad uniforme ni en una política facciosa. Es deseable una democracia en la que la búsqueda del poder se desarrolle a partir de relaciones sociales y políticas orientadas hacia la amistad social y la fraternidad. Es muy necesaria la rehabilitación de la política, superando polarizaciones tales como el individualismo, el inmediatismo y cualquier clase de exclusión.
De esta manera, las campañas electorales pueden tomar otro tono, otro estilo. Para que esto suceda, tenemos que recuperar la lucidez de la razón y del sentido común. La pasión es buena y necesaria, pero tiene que estar bajo el control de la razón o, al menos, tiene que haber un equilibrio entre lo pasional, sobre todo si es visceral, y lo racional. Si no hay control de lo visceral, se manifiesta una gran debilidad de la razón, de la misma actividad política y, por supuesto, de la democracia.

 

Se ha hecho costumbre, tanto entre los ciudadanos como entre los políticos y gobernantes la horrible costumbre de decir que “somos más los buenos que los malos” ante los estragos de las violencias, como si se tratara de un exorcismo para aplacar o aniquilar a aquéllos a los que se consideran malos. Y hay algo aún peor, cuando estas calificaciones se desplazan al ámbito propiamente político partidista con esa visión excluyente, creyendo que los buenos somos nosotros y los malos son los demás. Y así se van configurando dos mundos contrapuestos: el de los buenos y el de los malos. Malos son quienes no piensan como nosotros o no tienen nuestra filiación política. O aquéllos que tienen diferencias en las opiniones en este mundo tan plural. Esta descalificación es excluyente y rompe con la vida social y política.
Hay una ideología detrás de esta mentalidad de “los buenos y los malos”; una ideología que moraliza todo. Esa calificación moralizante es la que nos está haciendo tanto daño y nos está polarizando. ¿Con qué derecho moralizamos las diferencias? ¿Qué no está por delante el derecho a ser diferentes y, por lo mismo, a pensar diferente? Es la ideología del pensamiento único la que se va imponiendo como ideología dominante que oculta la realidad, fragmenta la sociedad y rompe el tejido social.
Hablar de buenos y malos como una manera de ver la realidad, implica prejuicios que nos impiden conocerla tal cual es y nos impiden también aceptarla como es. No nos permite construir una actitud responsable hacia ella para transformarla de acuerdo con el bien común. Con los prejuicios moralizantes desubicamos nuestra mirada y nuestra manera de mirar a los demás porque visualizamos un mundo imaginario, a la medida de nuestros prejuicios. Hablar de buenos y malos, nos lleva a apreciar a los que consideramos buenos y a despreciar, rechazar e, incluso, a insultar a quienes consideramos malos.
Hay un hecho: la realidad es mucho más que una idea, una ideología del mundo que deseamos. La ideología que moraliza todo nos impide conocer la realidad y, por lo mismo, hacer análisis y diagnósticos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la gente de nuestro país. La ideología de “los buenos y los malos” nos hace incapaces de transformar la realidad social porque la esconde detrás de ese prejuicio. Tampoco nos permite encontrarnos debido a la descalificación moral que daña las relaciones. Y tampoco nos permite escucharnos y dialogar, cosa indispensable para el desarrollo, el progreso y la democracia.
¿Cuál es el papel de la ideología? Según Marx, tiene dos papeles: ocultar la injusticia y la explotación y justificar un camino para superarlas. Un papel negativo y otro positivo. Ahora, en este caso se trata de una ideología estructurada como tal, como la del marxismo o la del liberalismo económico. Pero todos vivimos con una ideología implícita aún cuando no esté estructurada. En este sentido, no existe neutralidad ideológica. Todos tenemos nuestras ideas, aun cuando no estén estructuradas: y por hoy me refiero a esas ideas relacionadas con “los buenos y los malos” que se va construyendo en el ámbito nacional para mirar el contexto de violencia y para mirar también la polarización como efecto de la política.
Esta ideología de “los buenos y los malos” es una trampa conservadora porque nos impide el acceso a la realidad tal como es y, por lo mismo, esa realidad no puede ser transformada en el sentido de la justicia y de la paz. Esa mirada ideológica oculta intereses, a veces legítimos y a veces ilegítimos, confesados o no confesados. Intereses de poder, sobre todo.
En cuanto hablamos de los buenos (nosotros) y los malos (los delincuentes), nadie gana nada porque no corresponde a la realidad. Conozco a personas que están en los grupos delincuenciales por la fuerza y por razones de la pobreza extrema en la que viven. Muchos de ellos han sido anteriormente víctimas de la pobreza o de la delincuencia y no merecen ser descalificados como malos. Y conozco también a quienes, desde el poder se han estado calificando a sí mismos como buenos y siguen siendo embusteros y corruptos.
Además, la calificación moral no sirve para nada, más que para descalificar, despreciar, insultar y odiar. Además, hay que hacer una distinción al analizar a los actores de la violencia. Por un lado, están los “capos”, los jefes; vamos, los dueños de los grupos criminales, quienes toman las decisiones para comercializar las drogas, para asesinar, para cometer estragos en los territorios y para todas sus fechorías. Por otro lado, están los “trabajadores”, los narcomenudistas, los sicarios, los halcones y demás, que no tienen las mismas responsabilidades que los jefes. Y, además, está la base social que está en los territorios ocupados por las bandas criminales, que tienen que obedecer a los jefes. No podemos meter en el mismo saco a todos si somos serios en el análisis.
Por otro lado, si nos vamos al ámbito político donde también se da la calificación de buenos y malos por asuntos de poder. Hay filias y fobias relacionadas con la conquista del poder o para retenerlo. Mientras que un partido se califica como el de los buenos, descalifica a quienes están en otro partido como los malos utilizando diversos calificativos de manera despectiva y hasta insultante. Y se da vía a la polarización política que deriva también en polarización social. Y la consecuencia está en un contexto lleno de descalificaciones, de desprecios, de rechazos, de conflictos innecesarios y hasta de odios, y nuestra cultura política se va convirtiendo en espacio de rivalidades entre gobiernos y oposiciones, que frenan el desarrollo y enferman el sendero hacia la democracia.
Hablar de buenos y de malos para calificar y descalificar no nos lleva a ninguna parte. Sólo genera un estéril desgaste social y político. Es más, esta tendencia no corresponde a las posibilidades de las ciencias sociales. Sería mejor que abandonáramos esta tendencia moralizante, volviéndonos más responsables para reconocer la realidad sin adjetivos morales para poder entendernos y dialogar sobre el presente y el futuro del país.

Polémica ha sido la intervención de los obispos de las cuatro diócesis guerrerenses ante los patrones de la delincuencia organizada en Guerrero. Particularmente con aquéllos que tienen su área de influencia en las regiones de la Tierra Caliente, de la Sierra, del Norte y del Centro del estado de Guerrero. Ya antes, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza lo había hecho, a título personal. En los ambientes políticos y sociales ha sido vista de diferentes formas, ya de aprobación o de desaprobación. Y en el ámbito de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha encontrado una manifestación de respaldo esta búsqueda episcopal orientada a reducir los efectos de las acciones violentas que se dan en la confrontación entre grupos o bandas y en los abusos graves hacia la población.
La Iglesia católica en Colombia tiene una vasta experiencia en este tema. La situación de conflictos armados en este país ha sido larga, desde los años 60 del siglo pasado, y ha sido también extremadamente compleja. Grupos civiles armados de los más diversos han estado en el escenario colombiano. En primer lugar, han estado las formaciones guerrilleras con un perfil ideológico y político (FARC y ELN) que pretendían una transformación del país por la vía de las armas. En segundo lugar, han estado los cárteles de narcotraficantes con sus ejércitos armados para el negocio de las drogas y, en tercer lugar, los paramilitares al servicio de los terratenientes y los grandes ganaderos del país.
En estas condiciones, desde el año de 1987 la Iglesia ya participaba en conversaciones entre las guerrillas y el gobierno nacional como mediadora y con la exigencia de los derechos humanos de ambas partes. Y así, tiene que hacer un largo camino de aprendizaje, buscando la creación y la promoción de una cultura de reconciliación y paz, en donde los ciudadanos se sientan partícipes del proceso. En el año 1995 la Iglesia colombiana creó la Comisión de Conciliación Nacional con la que ha buscado moderar y sistematizar su acción, ya no siendo negociadora o representante, sino facilitadora y conciliadora.
Estos encuentros con los grupos civiles armados –ya sean guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares– fueron denominados como diálogos pastorales, con la intencionalidad de facilitar el encuentro entre las partes en conflicto y con los gobiernos. Con el nombre de diálogos pastorales se quiere señalar que esta acción de la Iglesia, representada por sus pastores (obispos y sacerdotes) es eso, una acción de carácter pastoral, aunque tenga resonancias e impactos políticos como todo lo que hace la Iglesia en la esfera pública. En un principio, estos diálogos no fueron bien vistos por los actores políticos, pero paulatinamente, fueron mostrando resultados en la disminución de las violencias y en sus efectos relacionados con las comunidades y con la sociedad colombiana. Estos diálogos han sido una contribución para llegar a los actuales procesos de paz que se están llevando a cabo en los diversos territorios de Colombia.
Es cierto que los conflictos armados entre los cárteles de las drogas, las bandas de la delincuencia organizada y los ejércitos regulares en México, son muy diferentes a los colombianos. Sin embargo, esa experiencia sudamericana puede ayudarnos a buscar caminos en los cuales las iglesias puedan aportar acciones o estrategias para la pacificación del país y para construir una cultura de paz.
Para comenzar, es necesario contar con un análisis, un diagnóstico y una visión adecuada para México. En un artículo anterior, yo señalaba la diferencia entre la llamada pax narca y la paz con justicia. La paz con justicia implica transformaciones estructurales, económicas, políticas y culturales, sobre todo, como condiciones necesarias para que todos los mexicanos tengamos las condiciones necesarias para una vida digna. Esta es la visión estratégica, tan necesaria cuando hablamos de construcción de paz. Jamás podemos resignarnos a la pax narca que las organizaciones criminales deciden y establecen de acuerdo con sus propios intereses.
Sin embargo, cuando obispos y sacerdotes, teniendo la capacidad para acercarse de manera pastoral, a quienes toman decisiones violentas, con el fin de reducir el sufrimiento de la población, buscan caminos para proteger a las comunidades de los abusos del poder armado de los criminales. Es un esfuerzo pastoral en la medida en que se apela a la conciencia moral de las organizaciones criminales y de quienes toman las decisiones en ellas, para que éstas hagan el menor daño a la gente. Hasta aquí se puede llegar con esta pax narca, por ahora. Pero quizá algún día cambien las condiciones en el país para que puedan abrirse los mecanismos de justicia transicional que den paso a la paz con justicia.
Hay que tomar en cuenta que, en el mundo de la delincuencia organizada podemos distinguir varias esferas muy diferenciadas. La primera, es la de los “patrones”, los dueños, quienes toman las decisiones, como “empresarios” en sus negocios ilícitos. Otra esfera es la que está formada por sus “trabajadores”, como narcomenudistas, halcones, sicarios y demás, que cumplen las órdenes de los dueños de las organizaciones. Y hay una tercera esfera, formada por la base social de los territorios que tienen controlados o de los segmentos de la economía que tienen secuestrados, como el comercio ambulante, los trasportistas, etc. La responsabilidad de los actores de cada esfera es diferente y necesita ser diferenciada. Y casa esfera tiene sus propias necesidades. De esta manera, la Iglesia tiene que acercarse a cada una de estas esferas de manera diferente para cumplir con su misión pastoral.
Y las víctimas, ¿dónde quedan en una intervención pastoral con los victimarios? Precisamente esta acción pastoral orientada hacia las organizaciones criminales se plantea para reducir los niveles de victimización. Y en cada intervención hay una obligación moral de ponerse del lado de las víctimas, atendiendo a sus necesidades, ya sean personas, familias, comunidades o territorios. Para que esto suceda se requiere un hondo análisis de las situaciones, un discernimiento pastoral y una estrategia orientada hacia la paz con justicia que implica una necesaria trasformación social. Compleja tarea para los obispos de las diócesis guerrerenses si quieren avanzar en este camino de pacificación.

Académicos, políticos, activistas y otros actores sociales hablan de la construcción de la paz. Es un tema de moda para algunos, mientras que otros lo asumen con convicciones profundas. El caso es que en nuestros contextos de violencia en Guerrero el tema es imprescindible, puesto que vivimos en una situación de emergencia en medio de crisis generadas por las diferentes formas de violencia en las comunidades, en las instituciones y, de manera diferenciada, en todas las regiones del estado.
La cuestión está en qué entiende cada quien por construcción de paz. Hay perspectivas diferentes de comprensión. Las hay políticas, económicas, culturales, estéticas y hasta espirituales. Creo que todas son legítimas en la medida en que no sean excluyentes ni acabadas. El camino que tenemos que andar en México es muy largo, dadas las condiciones sistémicas que han tomado las violencias. Por ello, la construcción de la paz es un tema interdisciplinario que vincula diferentes visiones y estrategias. Nadie tiene la perspectiva absoluta. Hay un lugar para todos y cada uno en este tema.
Lo que quiero señalar ahora es que en cualquier visión y cualquier perspectiva tiene que haber un centro de gravedad. En el tema de la construcción de la paz, las víctimas tienen la primacía, en cuanto que sufren los estragos de las violencias. Su dignidad humana ha resultado deteriorada por los impactos de cualquiera de las violencias. De esta dignidad conculcada se desprenden todos sus derechos violentados, desde los derechos individuales hasta los derechos de los pueblos. Las víctimas son personas, comunidades afectadas y regiones enteras que requieren de una intervención humanitaria que ayude a su restauración y a la recuperación de sus derechos.
Por eso, desde cualquier perspectiva, ya sea gubernamental, económica, psicosocial, espiritual o profesional, la construcción de la paz incluye a las víctimas, no como un elemento periférico, sino como el centro de la atención. Para la construcción de la paz, primero son las víctimas, de manera que ellas debieran ser las primeras beneficiadas en los procesos de restauración social.
La orientación de la atención a las víctimas tiene que fundamentarse en su dignidad. La violencia arrebata a las personas derechos y recursos fundamentales. Como víctimas han perdido recursos, como los materiales –patrimonio– o psicosociales –relaciones con amigos, familiares, vecinos y comunidades. Pierden su autoestima, su esperanza y la confianza de los demás. Pierden relaciones, pierden patrimonio, pierden opciones y pierden potencialidades que no les permiten afrontar y superar de diversas maneras las violencias. En este sentido, la gran tarea ante las víctimas está en ayudarles a incrementar sus recursos para que cesen los procesos de victimización y se conviertan en agentes de transformación social y de cambio. Ellas necesitan apoyo para convertirse en constructoras de paz, como un estilo de vida y de presencia en sus contextos.
De esta forma, cualquier estrategia de construcción de paz tiene que poner en el centro a las víctimas para que se conviertan en constructoras de paz. El caso es que la concepción gubernamental está muy alejada de este principio y suele ser revictimizadora. En lugar del indispensable apoyo y de la necesaria consideración hacia las víctimas, las autoridades estatales y las federales las han abandonado a su suerte. Tenemos el caso de los colectivos de familiares de desaparecidos, que sólo han recibido migajas gubernamentales para remediar algunas de sus muchas necesidades en cuanto víctimas. Y no digamos los desplazados de la Sierra que viven en el abandono oficial, sin protección y sin justicia. Y si hablamos de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones y del cobro de piso, hablamos de miles y miles de víctimas.
Las autoridades no se han dado la oportunidad de mirar a las víctimas con aprecio y compasión, de responder a sus más elementales demandas. No se han dado la oportunidad de reconocer su dignidad herida y de hacerles sentir que no están solas. No han podido dotarlas de los recursos jurídicos, psicosociales y económicos que necesitan para que se conviertan en agentes de cambio social, al lado de los organismos gubernamentales. Más bien, las consideran como una carga insoportable con la que tienen que lidiar. En los sistemas de seguridad y de justicia no se les considera como aliadas sino como un fardo indeseable.
De hecho, el tamaño de las instituciones relacionadas con las víctimas de desaparición es tan mínimo en personal, en presupuesto y en capacidades, que suelen ser más testimoniales que eficaces. Las instituciones que tienen responsabilidades en el tema de las desapariciones son las siguientes: las estatales, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, y el Servicio Médico Forense. En cuanto a las federales tenemos a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Esto manifiesta el desinterés gubernamental para atender esta gran herida nacional, conformada por el gran mundo de víctimas, que requiere sanación y justicia. Si esta gran herida nacional no se atiende, la nación tendrá que pagar los resultados posteriores. Por poner un caso, la propuesta de una Ley en materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, que adecue, adapte y vincule a sus necesidades, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no ha logrado el interés en el Congreso local.
Por otra parte, la sociedad aún no ha mirado con simpatía a las víctimas. Las estigmatiza con una mirada inquisitiva y con sospechas de que son víctimas porque “en algo malo andaban”. Por esta evasión, pagaremos el precio de nuestra insolidaridad, porque víctimas que no son atendidas corren el riesgo de convertirse en victimarios. Las espirales de violencias continuarán por otra generación más.
El tema de las víctimas es social y es político. Si las seguimos ignorando o abandonando, un día no soportaremos las consecuencias. En la política tienen que ponerse al centro. Ante el inminente proceso electoral, el tema de las víctimas tiene que ponerse al centro como parte de una estrategia de construcción de paz. Tanto con una visión de prevención como con una visión de sanación integral. En los ámbitos federal y estatal, las víctimas debieran ser integradas en la estrategia gubernamental y social de construcción de paz.

El éxito inmediato y a corto plazo del presidente salvadoreño Nayib Bukele para reducir la delincuencia centrada en las pandillas, le ha hecho posible ganar las elecciones con el 85 por ciento del electorado, al grado de que ya se habla del “modelo Bukele” para afrontar la delincuencia en otros países de América Latina. Asombra tanto que el enfoque fundamental del proceso electoral que le dio el triunfo ha sido el de la seguridad pública marginando otros temas como los económicos, las inversiones y la seguridad social. El avasallamiento con su política contra las pandillas ha generado la simpatía de la mayoría del electorado salvadoreño, que le ha dado su voto de confianza.
¿Cuál ha sido el precio que se ha tenido que pagar? Desde 2022 se aprobó un estado de excepción desde el Congreso, que se ha estado renovando desde ese tiempo, con el despliegue masivo de las fuerzas del orden y las detenciones y persecuciones arbitrarias a lo largo y ancho del país, alcanzando el encarcelamiento de más de 60 mil presuntos miembros de las pandillas con un alto costo en la violación de los derechos humanos.
¿Qué podemos decir del “modelo Bukele” de combate a la amplia delincuencia y a los excesos de las pandillas? En primer lugar, se trata de una mano dura y autoritaria que, a corto plazo, da los resultados esperados por la población, a costa de medidas drásticas que no respetan los derechos humanos. Es cierto que la población espera resultados de su gobierno, pero no a costa de subordinar la Constitución y las leyes del país centroamericano a las decisiones políticas del gobierno. Es impresionante la baja de los homicidios y el control gubernamental de los territorios en El Salvador en tan poco tiempo, pero puede preverse que vendrán otras complicaciones sociales debido al estilo autoritario de gobernar.
En el caso de México, es lamentable el crecimiento de la delincuencia en sus más variadas formas, en los últimos años. No miramos con buenos ojos el “modelo Bukele” de El Salvador porque la mano dura y autoritaria no resuelve los problemas a la larga. La mano dura suele complicar las cosas porque la realidad no es tan simple, sino compleja. Lo que necesitamos es una mano firme y sostenida que no se finque en el autoritarismo, sino en la democracia. Necesitamos que la grave situación que estamos viviendo en Guerrero y en otros estados del país tenga una respuesta democrática. Y en este caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una respuesta democrática y no autoritaria, a una mano firme y no a una mano dura?
La respuesta democrática consiste en que el gobierno afronte al crimen organizado con la participación de todos. De todos los ciudadanos, de todas las instituciones, de todos los organismos gubernamentales. Esto significa que el tema de la seguridad y de la paz se convierta en un tema transversal desde el gobierno, desde la sociedad y desde los ciudadanos. Esto quiere decir que a todo lo que hace el gobierno y lo que hacemos los ciudadanos le demos un enfoque de construcción de paz y de seguridad. Cada secretaría de estado, cada gobierno estatal y todos los gobiernos municipales tendría que aplicar dicho enfoque, con la colaboración de los ciudadanos, que tendrían que ser escuchados durante el camino.
Una de las fortalezas de la delincuencia en México es que está superorganizada y la gran debilidad de los gobiernos y de los ciudadanos es que estamos pulverizados. Mientras que los delincuentes hacen sus alianzas para desarrollar sus negocios, los gobiernos buscan intereses facciosos y los ciudadanos estamos fragmentados. De esta manera no es posible detener los crímenes.
¿Por qué no se hace una consulta nacional sobre este tema? Nos haría mucho bien escucharnos y coordinar todos los esfuerzos para mantener una mano firme que sostenga el esfuerzo de todos, encabezados por los gobiernos, cada uno en su propio ámbito. Necesitamos mirar la mano firme de los gobiernos porque se han vuelto invisibles. Pueden hacerse visibles si se apoyan en la población de cada zona y de cada región. Necesitamos que los gobiernos escuchen a los ciudadanos, porque muchos no nos sentimos escuchados. Se necesita la democracia para el tema de la seguridad y de la construcción de la paz. Y de la democracia en materia de seguridad tenemos que buscar la transformación social del país, porque la seguridad implica nuevas relaciones económicas, políticas y culturales e, incluso, internacionales.

 

Es conocido el maléfico control que la delincuencia organizada tiene en el transporte público en Guerrero. En cada región los transportistas viven amenazados de diferentes formas. Los delincuentes suelen extorsionarlos, les cobran piso, los amenazan, controlan muchas rutas, queman unidades del transporte público, asesinan a sus conductores e imponen sus reglas de manera brutal. También suelen movilizarlos o desmovilizarlos de manera forzada para promover sus intereses, según sus conveniencias en tiempos y territorios.
En días pasados vivimos en Acapulco una crisis generada por la desmovilización del transporte público, en la que pudimos dimensionar el poder de la delincuencia sobre la sociedad y sobre los gobiernos. Por las amenazas de la delincuencia, los transportistas decidieron parar, generando una desmovilización del transporte público, que duró casi una semana. Sí, la delincuencia organizada ha ido acumulando poder en la medida en que se ha enquistado en el gobierno, en la sociedad y en los territorios.
Es cierto que la Guardia Nacional ha estado resguardando la seguridad en esta ciudad desde el huracán Otis, pero lo que pudo hacer durante esta crisis fue sustituir a los transportistas en sus tareas, convirtiendo sus vehículos y los vehículos de las policías locales en transportes de pasajeros. La solución no la tenía la Guardia Nacional ni las policías locales o estatales, simplemente porque la solución es de carácter político.
Sabemos que tanto en el ámbito federal está establecida la Mesa de coordinación para la construcción de la paz y en el ámbito estatal está, a su vez, la Mesa de coordinación para la construcción de la paz correspondiente, que son los espacios políticos específicos que atienden los temas de la seguridad y de la violencia. Son espacios de información, de análisis y de toma de decisiones políticas relacionadas con estos temas, en los que los gobiernos federal y estatal proyectan sus respuestas ante las violencias que se desarrollan en el país y en el estado de Guerrero.
Acapulco vivió su propia crisis desde la desmovilización del transporte público; a la vez que cada ciudad y cada región tienen sus propias crisis a partir de sus propios contextos. Hay crisis de seguridad en la Sierra, en la Tierra Caliente, en las zonas Centro y Norte y también en las costas. Y, ¿qué hace la sociedad ante las crisis? Aguantarse y enojarse cada día más. Y, ¿qué hacen los gobiernos ante las crisis? Intervenir para apagarlas como si fueran bomberos con los aparatos de seguridad, ya policiacas o militares. Y así, han estado definiendo sus tareas como “apaga-crisis”, algo que condena a la sociedad a vivir siempre al borde de las crisis.
Si la delincuencia organizada está enquistada en los gobiernos, en la sociedad y en los territorios y va generando crisis, una tras otra, no puede ser abordada sólo desde los gobiernos, como hasta ahora ha sido, sino también desde la sociedad y desde los territorios. De esta forma, los gobiernos solos no han podido ni podrán manejar estas crisis, de manera proporcional, según sus dimensiones. Lo vimos ahora, cuando los elementos de la Guardia Nacional están ubicados en cada esquina de esta ciudad, su contribución no fue ni suficiente ni proporcional a la crisis que tuvimos. Sí, necesitamos a la Guardia Nacional, pero su recurso no es suficiente ni decisivo.
Los gobiernos anteriores y los actuales no han considerado la contribución de los ciudadanos, de las comunidades, de los pueblos y de las organizaciones. Han creído que ellos pueden, y han mostrado que no han podido por una razón. Sin la sociedad, los gobiernos seguirán fracasando. Las Mesas de coordinación para la construcción de la paz, la federal y la estatal, atienden los problemas sólo desde los gobiernos y no han considerado la contribución de la sociedad y han tenido actitudes de desprecio hacia las organizaciones sociales y hacia las comunidades. Un ejemplo: el que hayan tomado la Casa de la Cultura para construir un cuartel de la Guardia Nacional muestra un desprecio a la cultura y el arte como ámbitos necesarios para la construcción de la paz. ¿O creen que solo quienes utilizan las armas (policías y militares) pueden hacerlo? Es penosa esta actitud autoritaria que prolongará por tiempo indefinido la inseguridad y la violencia en el país.
Tenemos que pensar en una ruta social para la construcción de la paz, vinculada a la ruta política, para abrir caminos, de manera creativa, no sólo para lograr mayor seguridad pública sino enfocándonos verdaderamente hacia la paz.
Ya no queremos vivir así, de crisis en crisis, porque nos enferman y van socavando el alma de México, ya que la normalidad se ha convertido en vivir en el miedo, en la desconfianza y en la zozobra. Sabemos que la delincuencia siempre le ha apostado a cultivar el miedo en la población mediante sus artimañas, al grado de que ya vivimos colectivamente enfermos de miedo y hasta de terror.
¿Por qué no abrir un horizonte democrático para la construcción de paz? Un horizonte que cuente con la participación de todos; con todas las voces, con la diversidad de voces. Porque la democracia no sólo consiste en elegir a nuestros representantes, sino en participar en las decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestro país. Vemos que los gobiernos no escuchan, ni saben ni quieren escuchar. La escucha es una base fundamental del camino hacia la democracia para entrar en un fecundo diálogo entre todos.
Por esta vía democrática, aunque haya dos estrategias, una política y otra social, vinculadas entre sí y escuchándose recíprocamente, podríamos encontrar un sendero que permitiera avanzar para mejorar las condiciones necesarias para la paz. Es necesaria una ampliación de fondo de la estrategia gubernamental, pues se basa sustancialmente en un concepto militar y policiaco de la construcción de la paz, que es demasiado restringido, para dar paso a un concepto integral de la misma.