De 20 heridos y lesionados en la agresión de policías estatales en la carretera Tixtla-Chilpancingo el miércoles, cuatro estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen internados en una clínica privada de la capital, pero no han sido atendidos de forma adecuada, denunció el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos y de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
Detalló que el de mayor gravedad, Kevin Jordi Saldaña, con fractura maxilofacial a causa de artefacto de gas lacrimógeno que le estalló en el rostro, sigue esperando la operación de restauración facial, y sus compañeros temen que con el paso de los días tenga mayores complicaciones.
Sigue retrasando la PGR la integración del equipo que investigará los crímenes de Iguala, denuncian
Por otro lado, el representante de los papás, Melitón Ortega denunció que han pasado dos semanas del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los crímenes del 26 y 27 septiembre de 2014, y el gobierno federal sigue retrasando la integración del equipo que se incorporará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para recibir los expedientes para resolver el caso.
Aclaró que GIEI sólo entregará su plan de trabajo al grupo interdisciplinario que se integrará a la subprocuraduría de Derechos Humanos; en tanto, el proceso está “detenido”.
Indicó que una de las actividades inmediatas es la investigación, acciones de búsqueda y el tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el que insistió la Procuraduría General de la República (PGR) pese a las pruebas científicas que presentaron los expertos en el primer periodo, con las que descartaron la posibilidad de que los normalistas hayan sido quemados hasta las cenizas en ese lugar.
Precisó que los integrantes del GIEI están ahora en sus países de origen, pero desde allá dan seguimiento a todas las acciones de la PGR a través de un secretario técnico, y volverán los primeros días de diciembre a México.
Añadió que la preocupación de los padres de familia es que el mandado comenzó el 1 de noviembre y vence el 30 de abril, de ahí la urgencia de que comiencen cuanto antes la investigación, sin la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y responsable de la primera investigación, cuestionada por peritos independientes.
No buscarán al gobernador
Sobre relación con el gobierno estatal, ratificó que los padres no van a buscar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, ni van a suspender las acciones de protesta para exigir al gobierno federal que haga su trabajo.
En este tenor, pidió al gobernador que, si en verdad quiere evitar los bloqueos y las protestas de los padres de familia en la entidad “para resguardar el orden y la paz”, presione al gobierno federal para que dé resultados, que no mienta sobre el paradero de sus hijos ni ponga más obstáculos al trabajo del GIEI.
Aclaró que acciones como la protesta del sábado en la autopista del Sol no van a terminar, ni se van a detener antes las advertencias del uso de la fuerza pública.
Aseguró que está en manos del gobierno federal y de la PGR atender sus demandas, “no es la rebeldía ni necedad de los padres, pero es claro que no nos quiere decirnos la verdad”.
Recordó que los padres pidieron la permanencia indefinida del GIEI, hasta la conclusión de las investigaciones, pero el Estado mexicano se cerró y sólo accedieron a otro periodo de seis meses.
No obstante, afirmó que los padres van a insistir en su permanencia si, terminado su segundo periodo, las investigaciones no avanzan “todo depende de las autoridades, que contribuyan a dar la información para dar con el paradero de los estudiantes; si no hay solución seguiremos en acciones en la calle”, advirtió.