Es legal la próxima elección interna en el STAUAG, asevera el candidato único

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El candidato único a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Francisco Hernández Herrera, defendió la legalidad de los comicios para renovar el Comité Ejecutivo Central, verificados por el Centro de Registro y Certificación, de la Secretaría del Trabajo federal.
Consultado vía telefónica sobre la falta de representación de quienes se ostentan como dirigentes del STAUAG, aclaró que la elección no se definió en el Consejo General de Representantes, ni por el actual comité, sino por los nuevos requisitos señalados en la reformada Ley Federal del Trabajo.
El docente de la Facultad de Contaduría y Administración, en Acapulco, explicó que la convocatoria para integrar a la comisión electoral se emitió con las firmas del 33 por ciento de los trabajadores del STAUAG, a través de asambleas regionales.
Agregó que luego de que se instaló la Comisión Electoral, se lanzó la convocatoria de la elección.
Enfatizó que el 12 de septiembre, día del registro de las planillas, sólo se presentaron ellos y sus compañeros de planilla, pero pudieron acudir otros, pues no había impedimento alguno.
Dijo que el procedimiento de elección, que se aplica por primera vez en el sindicato, no es una anticipación al resultado de la demanda que presentó un grupo de opositores ante el Tribunal Laboral.
La demanda, que se resolvió este lunes, establece que el comité actual no tiene representatividad desde el 18 de diciembre de 2023. Eso indica que tampoco tenía facultades para implementar los mecanismos de la elección.
El candidato aseguró que recién se entera de la resolución, pero que para el proceso de renovación del comité del STAUAG se atendieron los nuevos requisitos que establece la legislación, que es supervisada por el Registro de Certificación, que es el organismo de regulación de la Secretaría del Trabajo. “No fue el CGR, no fue el STAUAG, son los mismos trabajadores (33 por ciento de los agremiados), porque así lo dice la misma ley”, ratificó.
Indicó que se recabaron las firmas para lanzar las convocatorias y llevar a cabo asambleas regionales virtuales, que a su vez lanzaron la convocatoria para integrar a la comisión electoral.
Aclaró que el proceso electoral se desarrolló en periodo de clases, que empiezan en agosto; que el 12 de septiembre fue el registro de planillas, la campaña termina el 15 de noviembre y las elecciones son el 5 de diciembre.
Informó sobre su próximo cierre de campaña, este 15 de noviembre, dentro de la UAG, a las 10 de la mañana.
En la página oficial del STAUAG no hay pronunciamientos sobre la resolución del Tribunal Laboral del estado, sobre la falta de legitimidad del CEC, que continuó operando después del 18 de diciembre, al término de la prórroga de su mandato en el cargo, sin llamar a nuevas elecciones.

 

Se toman el lunes y el miércoles de descanso por el natalicio de Juárez sindicalizados de la UAG

Con motivo del natalicio de Benito Juárez, unos 6 mil trabajadores de los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), descansaron el lunes y el miércoles.
Ayer, en la Rectoría y en las áreas administrativas sólo trabajaron funcionarios y personal de confianza, no así los trabajadores sindicalizados del STAUAG y tampoco del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero STTAISUAG.
Algunos maestros consultados de ambos sindicatos indicaron que el lunes descansaron porque así lo establece el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, esta disposición establece el 21 de marzo como día hábil, porque el día de descanso se recorrió al lunes 19, por los cambios a la Ley Federal de Trabajo para incentivar el turismo con los llamados “fines de semana largos”.
Los trabajadores de ambos sindicatos que pidieron no dar a conocer sus nombres coincidieron que “era antiético” tomarse dos días de descanso, sin embargo manifestaron que el contrato colectivo de trabajo que tienen con la UAG así lo establece.

Protesta de sindicalizados en el Palacio contra los descuentos salariales a empleados

Unos 80 trabajadores agremiados a la sección 56 del SUSPEG, así como supernumerarios, protestaron y tomaron por 10 minutos la entrada del Palacio Municipal, donde se quejaron del “arbitrario” descuento de 20 por ciento al salario de los empleados de lista de raya, y pidieron al alcalde Evodio Velázquez aumento salarial, la reinstalación de los despedidos y el pago del retroactivo en un solo depósito.
Los inconformes, encabezados por el ex secretario de Trabajo y Conflicto de la sección 56, Pedro Salazar Blas, llegaron a las 9 de la mañana y fueron atendidos a las 12 por funcionarios municipales. Tras dos horas de reunión se acordó otra mesa de trabajo para analizar las demandas y llegar a acuerdos.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, en declaraciones a las 10 de la mañana, después del abanderamiento a 45 escoltas, declaró que “no le veo sentido” a la protesta porque los que hacen las convocatoria no son los representantes sindicales, con quienes, informó, se firmó un acuerdo en el que se autorizó un aumento de 4.5 por ciento al salario.
Con cartulinas con mensajes como “Exigimos plaza de base para los trabajadores que tengan más de seis meses en el Ayuntamiento”; “Exigimos que el retroactivo sea pagado en una sola exhibición” y “Respeto a las conquistas sindicales”, los inconformes gritaron consignas como “queremos solución” y “que cumpla”.
Salazar Blas señaló que han sido despedidos mil 200 trabajadores y en este gobierno “corren a uno y meten a 10 y nunca se terminará este asunto, en esta administración han entrado más de mil empleados”, por ello pidió castigo a los funcionarios que nada más despiden y perjudican al Ayuntamiento porque luego el trabajador afectado demanda.
Abundó que el descuento de 20 y 30 por ciento es “anticonstitucional”, que la Ley Federal del Trabajo establece que no se debe de reducir el salario, “sin embargo el Ayuntamiento pisotea la ley al quitarle el salario a los trabajadores de lista de raya”, y explicó que otra de las quejas es que “el retroactivo lo quieran dar en paguitos”.
Salazar Blas le respondió a Meza Loeza que “todos los trabajadores tienen derecho a manifestarse, tenemos derecho de exigir, si me están pegando voy a protestar”.
Criticó que los líderes sindicales “andan preocupados por esta manifestación, de alguna manera hay algo oculto y se menciona que les dieron camionetas nuevecitas, hubo regalos y dádivas. Los beneficios siguen igual”.
El subsecretario de Asuntos Políticos y Religiosos, Felipe Kuri, y el director de Gobernación, Juan San Román, dialogaron con los inconformes y les pidieron una hora para que llegaran el director de Recursos Humanos, Cicerón Nájera, y el director de Asuntos Jurídicos, César Ramos, pero al ver que no llegaban, a las 11:40 de la mañana los manifestantes tomaron la entrada principal del Palacio Municipal e impidieron al paso a las personas. Después de 10 minutos llegaron los funcionarios.
Una comisión entró a la Secretaría General a dialogar y en la espera los demás gritaron consignas, incluso llegó el ex coordinador de Servicios Públicos de la administración pasada, Juan Torres Aburto, quien se sumo a la exigencia de solución a la demanda de los trabajadores y dijo: “Evodio los trabajadores que corriste también tienen familia” y “solución”.
Se le preguntó si estaba detrás del movimiento y Torres Aburto respondió que acudió al Palacio porque tenía una multa de un parquímetro que no sirve. Pero después, cuando salió la comisión a informar los resultados, los siguió y los exhortó a que sigan unidos.
Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos, César Ramos, explicó que se acordó otra mesa de trabajo el jueves para analizar “cuáles demandas son viables y que podamos canalizarlas dentro del marco jurídico”, y abundó que aquellos trabajadores que presentaron denuncias por despido se van a revisar porque son muchos laudos que tiene el municipio.
Abundó que los inconformes tienen una lista de personas que “tienen juicios laborales, otros piden su liquidación, otros su reinstalación y vamos a analizar la viabilidad”, porque, indicó, son otros los dirigentes que tienen la representatividad pero por “respeto al derecho de manifestarse vamos a atenderlos”.
Mientras que Salazar Blas informó a los trabajadores que se acordó con la autoridad la reinstalación de María Amparo León a sus labores como auxiliar administrativa, y “hemos avanzado algo con el apoyo de ustedes, también se entregó la relación con los compañeros dados de bajo y demanda se revisará el jueves”.
“Se han dado de baja a mil 200 trabajadores y estamos abogando por 40 compañeros, en lo que se hizo la relación y algunos que tienen demanda para que el próximo jueves nos reunamos con las autoridades”, puntualizó Salazar Blas, que advirtió que en caso de represalia volverán a manifestarse.

No tiene razón la protesta: Meza

De la protesta, Meza Loeza, quien fue entrevistado después del abanderamiento de 45 escoltas de preescolar, respondió: “no le pueden llamar un movimiento sindical si los representantes sindicales no lo están convocando. Es importante recalcar que a la base trabajadora que cuenta con un sindicato no fue afectada en nada, por el contrario, le hemos mejorado sus condiciones laborales”.
Abundó que desconocía si los trabajadores fueron enviados “pero el conocimiento que tengo es que no tiene razón de ser el movimiento, mucho menos el reclamo porque no han sido afectados, y si tienen alguna afectación están sus representantes que en todo momento han sacado la cara por ellos y han hecho los reclamos por ellos”.

Ya pagó utilidades casi 80% de las empresas en Acapulco

 

A dos días de que venza el plazo para el reparto de utilidades por parte de las empresas, entre 70 y 80 por ciento ya cumplió con esa obligación y en las dos procuradurías de la Defensa del Trabajo sólo se han presentado dos quejas.
Este 31 de mayo concluye el periodo para que los empresarios cumplan con el reparto de utilidades, pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo los patrones están obligados a hacer su declaración anual ante Hacienda y deben cumplir con esta obligación.
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero (FTEG) filial CTM, Antelmo Alvarado García, indicó que 80 por ciento de las empresas de Acapulco ya cumplieron y confió en que el resto lo haga en los próximos días.
Advirtió que de no hacerlo los sindicatos afectados presentarán emplazamientos a huelga por violaciones a los contratos colectivos.
En comparación con el año pasado, el cetemista opinó que el cumplimiento de los empresarios “mejoró” debido a que –por ejemplo– en 2005 hubo inconformidades de los trabajadores del hotel Avalon “que hasta manifestaciones hicieron porque la empresa se había declarado en quiebra”.
Mientras que en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, adscrita a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), ayer se presentó la primera queja contra la empresa Opticas Devlin por parte de la ex trabajadora Aracely Reyes Hernández, quien aseguró que laboró allí y se niegan a pagarle utilidades.
En la Procuraduría adscrita a la Segunda JLCA también se tiene registrada, desde el 22 de mayo, una queja de Cirilo Javier Viruel contra la empresa hotelera Organización Ideal SA de CV, la cual ya fue conciliada y después de enviar un oficio el trabajador recibió sus utilidades.
La Ley Federal del Trabajo establece que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente.
Indica que quedan exceptuadas de esta obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento; las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento; las empresas de industria extractiva de nueva creación, durante el periodo de exploración.
Además de las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Otros son el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, así como las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Industria y Comercio.