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Denuncian vecinos de Sabanillas que el MP intentó quitarles una indemnización




Campesinos de la comunidad de Sabanillas afectados por la Autopista del Sol y que cobraron su indemnización denunciaron que el auxiliar del Ministerio Público de Costa Azul, Germán Robles Abarca, intentó despojarlos de un porcentaje de su dinero.
Señalaron que el agente les dijo que estaban demandados por otro campesino que no fue favorecido con el pago del gobierno del estado.
Macrino Olea Vinalay explicó que el líder cenecista de Sabanillas, Miguel Vinalay Dorantes, amenazó con demandar a los pobladores que recibieron el pago que entregó el martes el gobernador Zeferino Torreblanca, debido a que a él no lo incluyeron en la lista de afectados por la construcción de la autopista.
Indicó que Miguel Vinalay presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Costa Azul, donde el agente auxiliar Germán Robles Abarca le dio entrada y envió citatorios a todos los señalados por Vinalay Dorantes, pero con la intención de resolver el problema de manera conciliatoria.
Macrino Olea y otros inconformes acudieron ayer a la Coordinación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde no se formalizó la queja porque desde ahí llamaron al agente del MP auxiliar, Germán Robles, para indicarle que un Ministerio Público no es la instancia para dirimir un problema entre campesinos.
Los campesinos informaron que después de la llamada el agente del MP les explicó que los citatorios quedaban sin efecto y no había ningún problema.
Agregaron que el documento que les envió el MP de Costa Azul era para obligarlos a entregar un porcentaje de lo cobrado a Miguel Vinalay, “quien pretende cobrar dinero que no le corresponde porque el verdadero afectado por la autopista fue su padre Martín Vinalay y no él”.
Calificaron la acción como de “vivales” y aseguraron que al recibir la llamada de la Codehum el MP reculó y aceptó que el caso debe dirimirse ante una autoridad agraria.
Macrino Olea dijo que Miguel Vinalay nunca dio las cooperaciones para pagar los trabajos de topografía y los avalúos para defender su derecho a ser indemnizados por las afectaciones que dejó la construcción de la Autopista del Sol hace 14 años, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) nunca quiso pagar.
El campesino señaló que Miguel Vinalay se coludió con el agente del MP para despojarlos de su dinero.

Fue quemado vivo el hombre calcinado en un basurero de Zihuatanejo, informa el MP

 

El agente del Ministerio Público del fuero común, Raciel González García informó ayer que todavía no ha sido identificado el cuerpo calcinado que se encontró en un basurero clandestino en la mañana del domingo 14.
Dijo que de acuerdo al resultado de la necropsia, la muerte de esta persona se debió a la intensidad de las quemaduras de tercer grado que recibió en el cuerpo, es decir, “que lo quemaron vivo, porque no se encontraron lesiones producidas por arma de fuego, arma blanca o contusiones”.
La mañana de domingo 14, en un basurero clandestino que se ubica en la carretera conocida como Camino Viejo a La Unión, arriba de la colonia Las Mesas, fue encontrado un cuerpo de sexo masculino, que según González, tuvo 1.80 metros de estatura, tenía 8.5 de tamaño del pie y posiblemente pesó unos 80 kilos.
Agregó que ya se solicitó a los peritos de la Procuraduría de Justicia un dictamen de reconstrucción facial, “para visualizar cómo era su rostro y en base a eso hacer un retrato hablado para difundirlo a través de los medios de comunicación”; dijo que el cadáver pudiera ser identificado por los dos molares inferiores que tiene.
A pregunta expresa, el fiscal manifestó que en los últimos 15 días no ha habido ninguna denuncia o acta levantada en esa oficina por desaparición de persona, “y nadie ha venido a decirnos que su familiar no aparece, por eso no sabemos de quién pudiera tratarse”.
Sobre la denuncia que los policías preventivos recibieron el sábado 13 por la noche, de que un hombre que iba en bicicleta cerca del hotel Posada Real en Ixtapa fue levantado por cuatro individuos y se lo llevaron en una camioneta color blanca y que pudiera tratarse del cuerpo calcinado, González dijo que desconoce ese hecho.
Añadió que la policía municipal no le reportó ese incidente y que supo de él por lo publicado en los periódicos, “por eso ya le pedí al comandante de la Policía Ministerial que investigue y estoy en la espera de su informe”.

 


Denuncian favoritismo del MP en un caso de violencia intrafamiliar en Acapulco



Cristina Sierra Rosas

La señora Guadalupe Morales Mascada denunció el influyentismo en el Ministerio Público de su esposo Abel Menera Acevedo y las nulas garantías individuales de las mujeres abandonadas por parte de la Secretaría de la Mujer que descuida los casos de maltrato intrafamiliar.
Declaró que es víctima de maltrato por parte de Menera Acevedo, quien además le quitó a sus dos hijas menores
En visita en la redacción de El Sur y con golpes visibles en su cuerpo, la madre de familia llegó acompañada de sus parientes, quienes denunciaron recientes y anteriores agresiones de parte del cónyuge Abel Menera. Aunado al maltrato físico, Morales sufre porque no ha podido ver a sus hijas de nueve y tres años.“Los mismos maestros de la escuela donde asisten mis hijas me niegan el derecho de verlas”, aseguró.
Relató que la separación con Menera Acevedo se dio hace tres años, “pero era una relación cordial y nos dividíamos el tiempo para atender a nuestras hijas”. Fue, dijo, hasta hace dos meses “cuando sacó a las dos niñas de la casa y para evitar que yo las recuperara no las envió a la escuela y a la guardería por más de un mes”, enfatizó.
Ante tales circunstancias Morales Mascada acudió a la delegación de la Secretaría de la Mujer para presentar una denuncia, “pero el proceso es lento y a tres meses de haber denunciado a mi esposo aún no tengo respuesta”, se quejó.
Denunció públicamente que este miércoles llegó de su trabajo a su hogar, en la unidad habitacional El Coloso, y su esposo entró a tirar cosas y la agredió físicamente. Al momento de salir de casa, Menera Acevedo involucró en la violencia física a una de sus hijas que estaba presente, y al retirarse “dejó su vehículo fuera del departamento y ahí llevaba a mi hija de tres años, corrí a abrazarla y su papá arrancó el carro y me llevó arrastrando mientras jaloneabamos a la niña para quedarnos con ella”, explicó.
El influyentismo de Menera Acevedo se hizo patente cuando llamó al policía Jaime Valente Cruz, quien se la llevó detenida a los separos del Ministerio Público del Coloso a pesar de que ella le insistía que era la agredida. “Y él llegó al MP para acusarme”, añadió.
El policía Jaime Valente la hostigó y la acusó de estar drogada y “me dijo que con lo sucedido iba a perder a mis hijas”, anotó. Ya en los separos, Abel Menera levantó su denuncia de manera formal, hasta que después de dos horas llegaron familiares de Morales Mascada, quienes obligaron al MP para que también detuvieran al esposo porque supuestamente ambos habían protagonizado una riña y sólo una de las partes estaba detenida.
Guadalupe Morales denunció a su esposo de tener influencias con la titular de MP del Coloso, Luz Elena Hernández Vázquez y también con policías judiciales, pues explicó que no era la primera vez que recibía agresiones de su marido y al final resultaba la culpable.
Lamentó que para que ella pudiera salir libre fue obligada a otorgar el perdón y ahora no puede denunciar a su esposo por agresiones. “Ya se hizo de todo, y no nos hacen caso”, se quejó y explicó que hace dos meses entabló juicio civil para que le devuelvan a sus hijas.
En Acapulco no existen garantías para una mujer separada y las autoridades se han ensañado en mi caso, puntualizó y agregó que “él sabe que tiene perdido el juicio y por eso ahora me está agrediendo”.
Finalmente y por medio de El Sur hizo un llamado a las autoridades, en especial a la Secretaría de la Mujer para que la apoyen a recuperar a sus hijas y se aplique la ley contra la violencia intrafamiliar.
El mensaje para el procurador Eduardo Murueta es “ que ponga más atención porque los policías no realizan su trabajo y sólo utilizan el poder para beneficio de sus amigos”.

Rencillas personales, motivo del asesinato del dueño de una discoteca en Zihuatanejo: MP

Brenda Escobar/Zihuatanejo

El titular del Ministerio Público del fuero común de este municipio, Raciel García González, informó que una de las probables causas del asesinato a balazos del propietario de la discoteca Black Bull, Saúl Nava López, la madrugada del domingo 23, sea por rencillas personales, dada –según el MP–, la conducta agresiva que tenía.

Ayer martes, entrevistado sobre el avance de las investigaciones de este caso, donde también perdió la vida el taxista Jesús Carbajal Coliente, el fiscal informó que el detenido que presentó la Policía Ministerial el día de los hechos, como la persona que presuntamente habló con el asesino de Nava López, fue dejado en libertad la noche del lunes, porque no estaba relacionado con el ilícito.

García dijo que por las investigaciones, el propietario de la discoteca tuvo una vida muy conflictiva, “hay comentarios de que esta persona solía agarrarse a golpes con sus clientes y que los trataba mal; también supimos que era prestamista y que anteriormente estuvo relacionado en actividades ilícitas, pero no podemos determinar todavía si eran de narcotráfico, eso no me toca a mí decirlo, hasta que haya resultados de la investigación que lleva a cabo la Policía Ministerial”.

Añadió: “lo que sí podemos establecer es que el asesinato pudiera derivarse de algún resentimiento por parte de alguna que persona que fue maltratada por el empresario, alguna especie como de venganza, aunque no podemos establecer todavía de qué tipo”.

Coludidos con el narco, el MP y el jefe de la AFI en Tierra Caliente, denuncia el alcalde de Arcelia

Israel Flores Ciudad Altamirano

El presidente municipal de Arcelia, Nicanor Adame Serrano, pidió ayer, en una reunión de seguridad regional, que se firme una carta dirigida al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, solicitando la destitución del agente de Ministerio Público federal y del comandante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con sede en Coyuca de Catalán, porque están coludidos con el narcotráfico.

“Lo digo con ese valor, a nosotros no nos van a engañar, ellos saben quiénes son los que reparten la droga y no hacen nada, todo parece indicar que están coludidos con el narcotráfico”, señaló Adame Serrano.

Los presidentes de Arcelia, Tlapehuala, Tlalchapa, Ajuchitlán y Pungarabato, más los jefes policiacos, incluyendo el de Coyuca de Catalán, estuvieron un una reunión extraordinaria convocada por alcalde Víctor Mojica Wences, coordinador de seguridad en la región.

La intención fue hacer un frente contra la delincuencia y reaccionar contra los hechos ocurridos en la comunidad de Los Limones, en donde fue asesinado el director de seguridad de Pungarabato.

Durante la reunión, el presidente de Arcelia tomó la palabra y solicitó que se exija la salida inmediata del agente del Ministerio Público federal y del comandante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

“De no pedir la salida de ellos, entonces seríamos cómplices”, señaló Adame, y destacó que el grupo policiaco federal, no dan confianza a la ciudadanía en cuanto a su trabajo.

Asimismo se solidarizó con el presidente de Pungarabato, al advertir de la necesidad de hacer un solo frente en contra de la delincuencia organizada, y dijo que los hechos ocurridos contra Fidel Arellano, no fueron aislados, sino que es necesaria la acción pronta parea evitar que se sigan dando.

Comandantes de las corporaciones policiacas preventivas, coincidieron en que es necesario que se investigue a los ministerios públicos tanto federal como del común, porque están soltando a los delincuentes sin analizar sus antecedentes penales, y salen muy pronto.

Quedó pendiente para el próximo martes, una reunión de seguridad, en donde pedirán la presencia de todos los alcaldes de la región, para tomar acuerdos, incluyendo la elaboración de una carta de denuncia en contra de cuerpos policíacos y agencias del ministerio público tanto del federal como del común.

Comparece ante el MP el dirigente del PAN en Cruz Grande que difamó a priísta

Karenine Trigo / Cruz Grande

El presidente del PAN en Cruz Grande, René Portillo Betancourt compareció ante el Ministerio Público porque fue acusado por el ex candidato del PRI a la alcaldía, Fulgencio Garibo Onofre, de haberlo difamado en el municipio, al afirmar que el priísta recibió 2 millones de pesos por dejarse ganar por el actual alcalde perredista Margarito Genchi Casiano en la elección del 2 de octubre de 2005.

Después de la conciliación ante el agente auxiliar del Ministerio Publico, Fernando Falcón, el también ex candidato a presidente municipal por el blanquiazul se retiró sin dar declaraciones.

En tanto, Garibo dijo que el llamado de ayer fue para advertir a Falcón que si siguen sus comentarios “vamos a proceder legalmente para comprobar ante la instancia pertinente”.

Demandan en el MP a funcionarios de CFE y a ex autoridades ejidales de La Sabana

Los acusan de fraude por 35 millones de pesos

 

Pagaron la indemnización por el tendido de líneas de alta tensión en su ejido, a quienes no les correspondía cobrar. Otra vez la CFE entra a sus tierras sin permiso para abrir un camino que forma parte del proyecto La Parota, dicen

 Karina Contreras  

Ejidatarios                   de La Sabana demandaron penalmente ante la agencia del Ministerio Público (MP) de Renacimiento a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las ex autoridades ejidales por el delito de fraude de alrededor de 35 millones de pesos por el pago de indemnización en el tendido de líneas de alta tensión en ese ejido y la construcción de la torre, informó el presidente del Comité de Defensa de ese ejido, José Carlos Hernández Godoy.

En una conferencia de prensa en el Zócalo, Hernández Godoy precisó que la demanda contra la paraestatal y las ex autoridades ejidales ya fue ratificada, quedó registrada bajo la averiguación Tab/R/AM/114/2004 en el MP de Renacimiento, y se dio por la imposibilidad de obtener vía el diálogo o mediante un arreglo satisfactorio la recuperación del pago que indebidamente que los inculpados recibieron.

Los demandados son el ex comisariado ejidal Higinio Salazar Ozuna, Ubaldo Muñoz del Carmen, Alejandro Arciniega Palma, Alejandro Espinoza Palma, Gaspar Zequeida Ozuna, Leonor Rodríguez Barrios. Los funcionarios de la empresa Miguel A. González Ortiz, Héctor Guadarrama Salazar, Guillermo González Pérez, José Trinidad Fuentes Pinzón, todos ellos por el delito de fraude y daños contra los ejidatarios, pues cobraron la indemnización si entregarla a los dueños de las parcelas.

Hernández Godoy explicó que la CFE alegaba a su favor que los ejidatarios no tenían documentación de que son dueños, pero ahora los ejidatarios tienen un certificado agrario de Procede con lo cual comprueban que son los dueños donde tienen las torres de luz, y exigen que se les pague.

El dirigente acusó a la CFE que pagó a otras personas que nada tenían que ver con las parcelas, mientras a los dueños se les hizo a un lado y no les han entregado el dinero.

Calculó que la empresa debe alrededor de 35 millones de pesos a los ejidatario, considerando el monto real de la afectación, es decir el tiempo que han operado las torres, sin pagar a los verdaderos dueños cuando les está generando recursos.

Hernández Godoy acusó que la CFE sigue cometiendo los mismos errores, pues ya entró al ejido derribando árboles sin el permiso de los campesinos. Explicó que la paraestatal hace unos días comenzó a derribar árboles para abrir brechas de lo que será un camino que llevará a la infraestructura de la hidroeléctrica La Parota, que se pretende construir en Guerrero, pero –insistió– a los dueños de las tierras no se les ha pedido permiso.

Finalmente, Godoy Hernández pidió el diálogo con funcionarios de                   la CFE, que resuelvan el problema para que paguen a los ejidatarios, porque de lo contrario llevarán a cabo movilizaciones en las oficinas de supervisión de obras de Costa Azul y en las oficinas de La Parota, en ésta última para que explique porqué se han metido al ejido sin permiso.

Explica la demanda ante el MP contra 26 desalojados del predio de Metlapil

Los policías tienen derechos, por eso metimos la denuncia: López Rosas

Magdalena Cisneros El alcalde Alberto López Rosas dijo que el Ayuntamiento presentó la denuncia en el MP contra los 26 detenidos en el desalojo en Metlapil, porque “cada policía es un ser humano que tiene sus derechos garantizados, no puedo impedir que al verse lesionados, agredidos, actúen como personas agraviadas; están en su derecho y espero que esta etapa se supere”.

Consultado después de la entrega de camionetas Pick up a policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, López Rosas insistió que apoyarán estas acciones si el gobierno municipal es requerido por la autoridad competente.

“En ese sentido, el gobierno municipal se deslinda de la forma en que se planeó la operación, sólo fuimos en apoyo y seguiremos actuando aunque no seamos los responsables directamente, siempre y cuando haya una denuncia formal”, indicó.

Ayer por la mañana, Alberto López Rosas entregó 25 camionetas Pick up a la Secretaría de Protección y Vialidad, con un costo de 3 millones 200 mil pesos, además                   anunció que en unas semanas darán los uniformes a los policías y que ya está en trámite la adquisición de armamento –para el cual ya se depositaron 5 millones de pesos– para “estar a nivel y combatir la delincuencia”.

A los policías que estuvieron en la explanada de la dependencia pidió estricto cumplimiento a los principios de disciplina, porque en una dependencia donde está como principio fundamental la disciplina y se rompe “se vulnera la autoridad y no hay quien garantice a la sociedad su seguridad y tranquilidad”.

Precisó que así como exige disciplina también cuida que los policías no sean sujetos de acciones arbitrarias o de excesos, “por lo mismo sabremos que se buscarán equilibrios para que sus derechos estén garantizados”.

En declaraciones con reporteros, indicó que luego del exhorto del síndico Fernando Donoso a policías para que denuncien si les venden uniformes, se designará una persona de la sindicatura para vigilar la entrega de los uniformes y reporte cualquier anomalía.

Por su parte, Valenzuela Valdés explicó que las camionetas aumentarán el número que tiene la dependencia, pues actualmente hay 60 vehículos, además de 35 que están en reparación y seis que serán dados de baja.

Al acto asistieron el síndico procurador Fernando Donoso Pérez; los secretarios de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdés; Finanzas, Fernando Aragón Gómez; el secretario Francisco Javier Larequi Radilla; el subsecretario de Finanzas, Adrián Alarcón; el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracián, y el presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Muñuzuri.

No se retractará el Invisur de la denuncia ante el MP en contra de los precaristas

“Nos recibían con piedras y machetes”: López Salgado

Asegura el delegado que se avisó en dos ocasiones a los invasores que debían salir del predio en Metlapil

Karina Contreras El delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, dijo que “de ninguna manera” se va a retractar de la denuncia que interpuso por despojo contra los paracaidistas del predio de Metlapil, pues tiene que servir como “precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos como su modus vivendis”.

En declaraciones telefónicas, López Salgado, informó que ayer acudió a la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo para ampliar las declaraciones, y “perfeccionar” su denuncia por ese delito, la cual está bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

A las 5 de la madrugada del martes, unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del Estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad de Invisur, ubicado en el poblado de Metlapil.

El desalojo violento dejó 26 detenidos, nueve heridos y una niña desaparecida, además de ocho golpeados, según informaron ambos bandos. El enfrentamiento duró una hora y hubo golpes, gases lacrimógenos y macanazos.

Se le preguntó si se justifica la violencia ejercida en el desalojo de los precaristas a lo que López Salgado respondió: “nosotros acudimos a notificar al predio en dos ocasiones, y fuimos recibidos de manera violenta con machetes y piedras. Se comportaron de manera agresiva y retadores”.

Dijo que “no va haber perdón” contra los invasores y se aplicará la ley contra los infractores “para que sirva como precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos su modus vivendi”.

Al preguntarle si no es algo raro que en 19 horas le hayan dado entrada y ejecución a su demanda en el MP, cuando hay varios predios invadidos a los que la dependencia no les hace caso, el funcionario dijo que “no puedo opinar por los demás. Yo puedo decir que siempre he encontrado un buen trato (del MP) y de los más rápidos cuando he pedido el apoyo”.

Al cuestionar nuevamente sobre la veracidad de la posesión del predio de Metlapil por el Invisur, dado que los paracaidistas señalaron que sobre éste tiene intereses Manuel Añorve Baños, el funcionario respondió: “En la agencia del MP están todos los antecedentes que confirman que es propiedad de Invisur, y por eso solicitaba que se actuara contra los invasores”.

–¿No participa ni como prestanombres?, se le inquirió.

–Está es una institución muy seria. Las escrituras están en el Registro de Propiedad, y sólo así le dieron trámite a la demanda. Los comentarios (de que Manuel Añorve tiene interés en el predio) son puras historias para justificar una acción ilegal.

López Salgado dijo que se aplicará la ley así como se hizo con las agresiones de los colonos del Frente Popular Tierra Digna: “No habrá tolerancia, no se permitirá que la gente abuse de la tolerancia del gobierno de René Juárez Cisneros”, dijo.

Sobre las manifestaciones de protesta anunciadas por los desalojados, López Salgado dijo que “pueden protestar ante las instancias que gusten, incluso, en Invisur, siempre y cuando no afecten a terceros”. Insistió que el terreno de Metlapil es una reserva territorial del gobierno del estado para casas de interés social, y no se puede lotificar “para cualquier gente”.

Denuncia el Invisur ante el MP la invasión del terreno en Metlapil

 No se puede regularizar el predio porque está destinado como reserva territorial, asegura el delegado del instituto, López Salgado

 Karina Contreras El delegado de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur),                 Alejandro López Salgado, presentó una denuncia por el delito de “despojo contra quien resulte responsable” por la invasión a un predio en propiedad del instituto, ubicado en Metlapil, ante la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojos.

El funcionario descartó una regularización de ese predio, porque está pidiendo al MP que “haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur”.

Entrevistado ayer al finalizar una reunión con habitantes de la colonia ex Campo de Tiro, López Salgado informó que la denuncia fue interpuesta ayer a las 10 de la mañana en la quinta agencia del MP y quedó bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

El 29 de abril alrededor de 500 familias invadieron un predio de 10 hectáreas –14 hectáreas, dice el delegado– que pertenece al gobierno del estado, y fundaron la colonia Unidad Democrática.

El predio ocupado por los paracaidistas se encuentra a orillas de la carretera que lleva a Costa Chica, en la entrada al pueblo de Metlapil y a unos 20 minutos del poblado de Tres Palos y, según los colonos, del mismo terreno se quería apropiar el ex diputado Manuel Añorve Baños.

López Salgado dijo que los invasores se han posesionado de manera ilegal del predio el cual está destinado como reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad y que éste es patrimonio de Invisur en Metlapil.

Explicó que esos terrenos fueron adquiridos por esa dependencia a través de una donación del Fideicomiso Acapulco, y 11 hectáreas de 25 fueron “cedidos, donados o pagados, no sé cual sea el termino” a la familia Niño, como parte de la indemnización del gobernador René Juárez Cisneros para solucionar el conflicto que se generó en el Cerro del Tigre.

Informó el funcionario que a la dependencia le quedaron las 14 hectáreas que fueron invadidas el 29 de abril, por lo que interpuso la demanda por despojo contra quien resulte responsable, pues por el “momento desconoce quién es el responsable”.

López Salgado descartó que vaya haber una regularización como lo piden los colonos, “pues se está pidiendo al MP que haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur. No sé si van hacer desalojados, reubicados, lo que queremos es que el MP se haga garante del estado de derecho y reintegre la propiedad al Invisur”.

Sobre los señalamientos de que el ex diputado federal priísta se quiera quedar con el predio dijo: “No hay fundamentos, pues están destinados por el gobernador para el desarrollo de unidades habitacionales”.

“ No hay posibilidades de que se han vendidos                 a particulares como terrenos lotificados, pues están en resguardo por el Invisur y están destinados para el desarrollo urbano de Acapulco”, precisó.

Finalmente López Salgado dijo que como organismo regularizador no se avalan las invasiones de predios de particulares o del estado, por lo que van actuar “con firmeza en la aplicación de las leyes”.