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Arrestan en Azueta a tres personas con 463 kilos de mariguana

 

 Brenda Escobar Zihuatanejo

Agentes del Grupo Morteros del Ejército Mexicano, con sede en Zacatula, municipio de La Unión, detuvieron ayer a tres individuos que a bordo de una camioneta transportaban 463 kilos de mariguana empaquetada.

Fuentes del Ministerio Público de la Federación informaron que los detenidos Rafael López Martínez, Guadalupe Pacheco Orozco y Rodrigo López García fueron sorprendidos por militares que hacían recorrido de rutina sobre el tramo Limón-la Estancia, en el municipio de La Unión.

Los presuntos narcotraficantes circulaban a bordo de una camioneta Cheyenne color rojo, sin placas de circulación, y la droga empaquetada era una entrega, aunque se desconocía aún a quién se la llevarían.

Los tres detenidos, el enervante y el vehículo quedaron a disposición del agente del MPF, Fernando Nicolás Rojas.

No hay evidencias de que el narco esté infiltrado en la PJE: Nogueda Carvajal

 

 Ninguna denuncia concreta contra Montiel López en Guerrero, dice el subprocurador. Pide al Congreso precisar los delitos que debe investigar

 El subprocurador de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal, informó el viernes que no existen evidencias de que el narcotráfico tenga infiltrada a la Policía Judicial de Guerrero como ocurrió en Morelos, sin embargo el director de la corporación, Ricardo Leonel Coronel, encabezó reuniones con comandantes como parte de un proceso de revisión de quienes integran ese cuerpo policiaco.

El subprocurador Nogueda Carvajal informó, asimismo, que aquí no existen denuncias concretas por delitos que presuntamente cometió el ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos, Agustín Montiel López, preso por vínculos con el narcotraficante El Azul, del cártel de Juárez y demandó al Congreso local –que el jueves aprobó un exhorto para investigar a Montiel– que precise los delitos por los cuales debe indagar la dependencia.

“Que se sustente para que a partir de ahí tengamos algunas líneas de investigación y creo que pudiera ser posible investigar algunas cosas. Sin embargo señaló que será hasta después de que se analice el punto de acuerdo cuando se sabrá qué es lo que se debe investigar. “Pero creo que sí es posible investigar algunas cosas”, insistió el funcionario.

Sin embargo señaló que por el momento personalmente no tiene conocimiento de que el ex jefe policiaco de Morelos y Guerrero tenga alguna denuncia en su contra por algún delito.

Señaló que en lo que corresponde a posibles delitos contra la salud que pudiera haber cometido en esta entidad Montiel López, en donde de acuerdo a la PGR, tenía establecida una ruta para el tráfico de estupefacientes que pasaba incluso por Chilpancingo, es una investigación que corresponde a la federación.

Con respecto a los señalamientos de homicidios, tortura y vejaciones a los presos de los penales que habría hecho el ex jefe policiaco en esta entidad, Nogueda Carvajal señaló que esto “ocurrió hace varios años y hasta ahora no conozco una averiguación que esté abierta en este sentido. Se está hablando de que hubo casos de tortura pero ocurrió hace muchos años y si existieron habría que ver primero qué delitos y si es todavía es posible perseguir estos delitos”.

El subprocurador Nogueda también informó que en Guerrero no existen sospechas de que la Policía Judicial esté infiltrada por el narcotráfico como ocurrió en Morelos, aunque admitió que “si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar” y en ese sentido informó que el jueves de la semana pasada el director de la corporación, Ricardo Leonel Coronel, inició reuniones con los comandantes como parte de un proceso de revisión de los agentes del cuerpo policiaco.

Sin embargo dijo que no se puede iniciar una investigación formal “porque no existen sospechas de que haya elementos vinculados con el narcotráfico, lo que procede es hacer las recomendaciones para que se conduzcan dentro de la ley”.

Que el perredista Cuauhtémoc Sandoval señale de qué se va a investigar al gobernador

También se le preguntó al funcionario si es posible una investigación para comprobar los posibles vínculos de algunos ex jefes policiacos con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul, que incluya al gobernador René Juárez, como lo declaró el consejero nacional del PRD, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.

Al respecto señaló que el perredista “debe ser más responsable en sus declaraciones, porque si él dice que se le investigue (al gobernador) que señale de qué se le va a investigar”.

Nogueda agregó que desconoce si los dos ex directores de la Policía Judicial (hoy Policía Ministerial) están vinculados con El Azul, porque las investigaciones del caso son competencia de la PGR.

“Yo desconozco si los dos ex directores de la PJE estén siendo investigados por la SIEDO y no tengo información de si están relacionados con él (El Azul), las investigaciones las realiza la SIEDO. Si hubiera algo de eso sería de carácter federal”, insistió.

Nogueda Carvajal informó en otro tema que la Procuraduría está en espera de la respuesta del Congreso con respecto a la situación del ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio para que pueda actuar legalmente en su contra por la masacre de cinco indígenas en Escalerilla Laguna, municipio de Zapotitlán Tablas.

“Nosotros hicimos una solicitud al Congreso y esperamos que nos dé una respuesta. Necesitamos que el Congreso nos haga la notificación formal de cómo quedó la situación del presidente para saber qué vamos a hacer legalmente”.

Por lo que corresponde a la averiguación previa dijo que una copia fue enviada al Congreso para solicitar el juicio de procedencia “para que se nos permita ejercitar la acción penal, por eso necesitamos que nos den la respuesta para que sepamos legalmente qué hacer. Después haríamos hacer llegar al juez correspondiente la averiguación previa para obtener la orden de aprehensión”, explicó.

Se niega el gobernador a hacer declaracionitis sobre el caso Montiel-Estrada Cajigal y Ahumada

 

 Adalberto Valle

El gobernador René Juárez Cisneros prefirió no hacer “mayores comentarios” sobre los casos de su par en Morelos –a quien relacionan con el narcotráfico en aquella entidad– y su posible vínculo con el empresario Carlos Ahumada, a quien ha asegurado no conocer.

René Juárez dijo estar abierto a cualquier investigación sobre lo anterior. “A mí absolutamente no se me ha requerido ninguna información de ninguna instancia porque nosotros no hemos cometido ningún delito, ningún ilícito, pero si hay alguna inquietud o alguna preocupación que procedan ante las instancias correspondientes”.

–El jefe policiaco Agustín Montiel fue detenido en Morelos y tiene un pasado relacionado con Guerrero…

–Yo creo que todos conocemos cuál es esa circunstancia. Yo soy respetuoso de otras instancias de gobierno. No tengo mayor comentario.

–¿Qué opinión tiene sobre lo que pasa en Morelos, donde al gobernador Sergio Estrada Cajigal lo involucran con el narcotráfico?

–Yo no opino de ese asunto. Soy respetuoso del pueblo y de las autoridades morelenses. Lo que sí puedo decir, es que en mi caso como gobernador he sido perfectamente claro, en hacer un llamado a todos los responsables de alguna área o dependencia del gobierno del estado, a que se ajusten todos estrictamente a derecho.

Recalcó que cualquier desvío de recursos o en su conducta de los funcionarios es responsabilidad “absoluta y plena” de quien los cometa.

“Yo, gobernador del estado he expresado siempre mi disposición con todas las instancias del gobierno federal llámese como se llame, a contribuir como gobernador siempre, para que se pueda desarrollar cualquier trabajo en el que tenga que ver el gobierno federal en el estado de Guerrero”.

–El líder nacional del PRD Leonel Godoy pidió, como ellos ya asumieron su responsabilidad con el caso Ahumada, que ahora el gobernador de Guerrero, el gobernador de Quintana Roo (Joaquín Hendricks) y el gobernador del estado de México (Agustín Montiel), aclaren si tienen alguna relación.

–Yo no tengo por qué andarle contestando a nadie. Si yo me pusiera a contestarle específicamente a todos los que hacen algún comentario en referencia a mi gobierno o a mi persona, pues bueno me dedicaría           mejor a contestar, pero yo no tengo ningún problema. Ya nos dejemos de este tipo de declaracionitis innecesarias. Si hay alguna inquietud que procedan y ya así de fácil, pero yo no voy a estar cayendo en dimes y diretes.

Decomisan más de 441 kilos de mariguana y nueve de semilla en Ahuacuotzingo

 

 Catean la AFI y el Ejército dos viviendas en Xitopontla

Policías de la Procuraduría General de la República decomisaron 441 kilos 320 gramos de mariguana, nueve kilos 180 gramos de semilla de mariguana y tres kilos 400 gramos de semilla de amapola, como resultado de una operación en la localidad de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, en cumplimiento de la orden de cateo otorgada por el juez primero de Distrito.

Según se informa en un boletín de prensa, policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), adscritos a la Delegación estatal Guerrero, en coordinación con militares del Ejército Mexicano encontraron la droga en el interior de dos viviendas abandonadas en las inmediaciones de la población de Xitopontla. La operación se hizo bajo la supervisión del representante social de la federación.

En una nota informativa publicada en El Sur, el 8 de abril, se indica que militares y policías de la AFI esperaban la orden de cateo para entrar a las dos viviendas, las cuales ya estaban sitiadas.

También se encontraban en el lugar el visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Hipólito Lugo Cortés, acompañado de personal de la dependencia porque les notificaron que los militares y agentes de la AFI, al llegar a la localidad, cometieron abusos en contra de los pobladores.

En el boletín se indica que la droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la averiguación previa número 28/CHCS/2004.

PGR: vigila AFI dos casas donde se almacena mariguana, en Ahuacuotzingo

 

 Trasladan al lugar a personal de Codehum por supuestas denuncias de abuso contra pobladores por parte de agentes y militares. En otra operación, soldados descubrieron un laboratorio clandestino para procesar opio en Tlacotepec, donde detuvieron a una persona

Militares y personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) esperaban, la tarde de ayer, una orden de cateo para entrar a cuando menos dos viviendas de la localidad de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, pues se supone que sirven para almacenar mariguana.

Mientras que el visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, indicó que personal del organismo se encuentra en la localidad, pues recibieron quejas de que los agentes de la AFI habían cometido abusos contra algunos pobladores.

Por otra parte, en la delegación de la PGR se informó que en otra operación, personal del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR) descubrieron y destruyeron, la tarde del martes, un laboratorio clandestino para procesar opio en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, donde detuvieron a una persona.

La tarde de ayer, a través de la dirección de Comunicación Social de la PGR se confirmó la presencia de militares y agentes de la AFI en la localidad de Xitopontla, donde despliegan una operación para el decomiso de un importante cargamento de mariguana.

La autoridades militares y de la PGR suponen que la droga se encuentra almacenada en dos viviendas de la localidad, y por ello la tarde de ayer esperaban que un juez federal liberara la orden de cateo para entrar a las casas que se encuentran sitiadas por los militares y agentes de la AFI.

El visitador general de la Codehum señaló que en ese organismo les notificaron que los militares y agentes de la AFI al llegar a la localidad cometieron atropellos en contra de la población, y que debido a ello se trasladó personal de la Comisión al lugar.

El laboratorio

La delegación de la PGR informó ayer que en cumplimiento a la orden de cateo 07/2004, emitida por el juez Primero de Distrito con sede en esta capital, desmanteló un laboratorio clandestino para procesar goma de opio, en la población de Tlacotepec.

Los agentes federales, quienes contaron con el apoyo de militares, aseguraron en el mismo lugar 120 litros de extracto de goma de opio, 30 kilogramos de terrones de goma de opio y 12 kilos 440 gramos de mariguana en greña. Asimismo, detuvieron a Cándido Salgado Blanco.

Los efectivos de la AFI en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, desmantelaron el laboratorio en la calle Calvario sin número, en el poblado de Tlacotepec, donde aseguraron dos tinas metálicas y dos de plástico que contenían el estupefaciente, una báscula metálica, cuatro prensas, cuatro varillas y cuatro barretas metálicas, además de un tambo de 200 litros con acetato de etilo, entre otros productos químicos y herramientas para procesar la droga.

El enervante, los utensilios y el detenido fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa número 27/CHCS/2004.

Presenta la PGJE a posibles autores de cinco homicidios ligados a venta de drogas

 

 La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), presentó ayer a los cuatro posibles responsables de cinco homicidios cometidos en la ciudad por supuestos conflictos de venta de droga. Entre los asesinatos se encuentra la ejecución del comandante judicial, Reynaldo Lozano Cruz, y la de los hermanos José Ariel y Julio César Arizmendi Millán, sobrinos del comisario priísta de El Treinta, Abel Arizmendi Flores, también asesinado.

Notas periodísticas en torno a los tres casos señalan que Lozano Cruz, y los hermanos Arizmendi Millán fueron ejecutados con disparos en la cabeza, con una pistola calibre 9 milímetros. Según las investigaciones de la Policía Judicial, en el caso de Lozano Cruz y Julio César Arizmendi, existe la similitud de que sus agresores fueron hombres, quienes se les acercaron con una cubeta donde llevaban las pistolas escondidas.

En conferencia de prensa, el fiscal para delitos graves, Fernando Monreal Leyva presentó sólo a tres de los cuatro detenidos.

A Fidel Castañeda Albines, José Sánchez Gama y Ricardo Navarrete Campos, y sostuvo que todas esas muertes están relacionadas con la “venta de drogas”, pues los detenidos manifestaron que los problemas se debían a “bandas rivales”.

Sobre la cuarta persona, indicó que se trata de Miguel Camarillo Balcazar El Cazamañas, quien fue detenido el miércoles y encerrado en la cárcel por estar relacionado en el asesinato de Jesús Alberto Molina Castro, cometido en 2002, en el poblado de La Sabana, según la causa penal 77-1/2003, que se encuentra en el juzgado séptimo penal.

Monreal Leyva afirmó que la detención de Camarillo Balcazar permitió relacionar las ejecuciones con los asesinatos realizados por los tres presentados.

El funcionario señaló que Miguel Camarillo aceptó haber matado a José Ariel Arizmendi, en el poblado de Lomas de San Juan, el 5 de marzo de 2001, por órdenes de dos hombres de los que se reservó a dar sus nombres.

Según Monreal Leyva, los detenidos aceptaron su culpa, pues recibieron fuertes cantidades de dinero para ejecutar también a Julio César Arizmendi, a Reynaldo Lozano y a Felipe Harinsson Rodríguez.

Explicó que Castañeda Albines, Navarrete Campos y José Sánchez, se encuentran a disposición del Ministerio Público de la colonia Emiliano Zapata, para que dentro del término legal, se vea su situación jurídica.

En el caso de Reynaldo Lozano, Fernando Monreal explicó que los detenidos revelaron en su declaración ministerial una serie de hechos que hacen probable su participación en la ejecución del comandante el viernes 25 de abril de 2003.

Aclaró que se determinará si son consignados por ese delito, o nada más por los homicidios de los hermanos Arizmendi Millán, los que aceptaron haber cometido.

Del caso de Reynaldo Lozano, declaró que Miguel Camarillo les aseguró haber estado presente cuando dos personas estuvieron hablando sobre la ejecución del comandante judicial, porque el comandante, les hizo “una mala jugada a una de estas personas y que por lo tanto, decidieron matarlo”.

Aseguró a reporteros que en el caso del comandante judicial tampoco descartan la posibilidad de que su muerte fue por problemas de drogas.

Monreal Leyva aclaró que en las declaraciones no encontró indicios de que “exista un cártel” en la colonia Emiliano Zapata.

La PGR no tiene pruebas de que autoridades y dirigentes protegen a los narcos: Rodríguez

* Las ejecuciones, por el mercado negro de armas, dice el delegado

 * No hay elementos para atraer la investigación del atentado contra el ex comandante Peredo, indica

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, admitió ayer que sólo son “evidencias” las que existen con respecto a que hay autoridades municipales y dirigentes sociales que protegen el narcotráfico, pero señaló que la dependencia carece de pruebas para inculpar a alguien en particular.

En conferencia de prensa Rodríguez Calderón dijo también que todavía no hay elementos para que la PGR atraiga el caso del atentado que sufrió en Acapulco el ex comandante de la Policía Judicial del estado, Federico Peredo Jiménez.

El funcionario federal, señaló en otro tema que las ejecuciones y los asesinatos que se han registrado en los últimos días en esta entidad “no son casuales”, pues en esta entidad el problema del mercado negro de armas es grave y admitió que la violación a la Ley General de Armas de Fuego es uno de los delitos que ocupan el primer lugar.

A pregunta del reportero con respecto a la declaración del comandante de la Novena Región Militar, Mario López Gutiérrez, quien dijo en días pasados que existen comisarios municipales y dirigentes de organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos que en algunas comunidades protegen el narcotráfico, Rodríguez Calderón indicó que “no tenemos datos concretos o alguna denuncia en particular”.

Dijo que no existen documentos o pruebas y que “jurídicamente no hay elementos para poder imputar a alguien”. Indicó que lo que hay por ahora sólo son “evidencias de algún tipo de relación de gente que tiene una conducta ilícita con gentes que salen en su defensa”.

Y luego añadió que con ello “no pretendo contradecir al comandante de la Novena Región Militar Mario López, pues si lo declaró es porque tiene datos”.

Y cuando al delegado de la PGR se le preguntó cuáles son esas evidencias de las que habló, dijo que por ejemplo en la última operación en Alpoyecanzingo, municipio de Ahuacuotzingo, “nos llamó la atención que a pesar de que el operativo se realizó por disposición de un juez federal, cumpliendo los requisitos formales y con actas de cateo, algunas autoridades municipales presentaron algunas demandas ante la Comisión de Derechos Humanos por supuestas violaciones a sus derechos”.

Incluso señaló que acción se justificó con el decomiso de más de 6 toneladas de mariguana.

En esa ocasión quien encabezó al comisario de Alpoyecanzingo fue el síndico municipal, Florencio Casarrubias Díaz, sin embargo el delegado de la PGR evadió acusarlo directamente.

Por otra parte, Rodríguez Calderón informó que aún no hay elementos para que la PGR atraiga el caso del atentado que sufrió el ex comandante de la Policía Judicial del Estado, Federico Peredo Jiménez o para investigarlo a él directamente por las denuncias de desaparición forzada de personas, por sus presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes, por extorsión o por tortura.

Indicó que por el momento las investigaciones seguirán a cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado porque se trata de un homicidio, sin embargo añadió que si en el transcurso de estas investigaciones se llegaran a encontrar delitos que deban ser investigados por la federación, la PGR atraería el caso.

Rodríguez Calderón atribuyó, asimismo, las ejecuciones y asesinatos que se han dado en los últimos días en esta entidad al problema del mercado negro de armas.

Dijo que en esta entidad el mercado negro de armas es uno de los delitos más recurrentes y admitió que por ello “no son casuales” las constantes ejecuciones y asesinatos que se registran en esta entidad.

El funcionario federal reconoció que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), el programa permanente de desarme en el que participa el Ejército y acciones similares de ayuntamientos como el de Acapulco no han sido suficientes para disminuir la alta incidencia de violación a la Ley General de Armas de Fuego.

Informó que actualmente la PGR levanta un registro de armas que se recogen mensualmente y cuántas personas son detenidas por este ilícito, pero también anunció que próximamente se realizarán “operativos especiales” para atacar esta problemática.

Informó que en estas acciones participarán corporaciones policiacas federales, estatales y municipales.

El delegado de la PGR reconoció que la campaña de despistolización que recientemente iniciaron las autoridades municipales de Acapulco “son importantes porque desmotivan a la gente para la portación de armas de fuego.

Dijo que en Guerrero el Ejército también lleva a cabo el programa de intercambio de armas por despensas, sin embargo dijo desconocer sus resultados.

Rodríguez Calderón dijo que “es prácticamente imposible” poner policías en toda la frontera norte y sur para impedir el ingreso ilegal de armas que después entran al mercado negro de estados como Guerrero en donde, insistió, es una de las entidades en donde este delito es recurrente.

Decomisan en febrero, 6.6 toneladas de mariguana, 2.9 de cocaína y 1.2 de goma de opio

 

 * Informa la PGR de los resultados en Guerrero

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * En operaciones realizadas por el Ejército, así como por corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, durante febrero fueron decomisados más de 6 mil 500 kilos de mariguana y más de 2 mil 900 kilos de cocaína, y fueron detenidas 37 personas, según el informe mensual de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

En una conferencia de prensa la mañana de ayer en las instalaciones de la dependencia federal, el delegado, José Alberto Rodríguez Calderón, informó que como consecuencia de las denuncias anónimas fueron decomisados 36.29 gramos de cocaína y que seis personas fueron detenidas en Chilpancingo y Acapulco, mismas que fueron consignadas ante el juez federal.

Mientras tanto mediante el programa Control de Drogas en el que participa el Ejército mexicano, en cuatro operaciones localizaron en febrero pasado, 5 mil 350 kilos de mariguana, 2 mil 870 kilos de cocaína, mil 256 kilos de goma de opio y 17 kilos de semilla de mariguana y fueron detenidas seis personas.

El delegado también dio a conocer los resultados obtenidos por la Policía Federal Preventiva (PFP), que son el decomiso de 944.2 kilos de mariguana, de un tráiler y la detención de dos personas en tres operaciones en febrero.

Por su parte, la Policía Judicial del Estado decomisó 2.6 kilos de mariguana y 488.3 gramos de cocaína y detuvo a 13 personas en nueve operaciones.

Los resultados de la Policía Municipal de Chilpancingo, dijo que son el decomiso de 319.3 kilos de mariguana, 13 cápsulas de asenlix (psicotrópico) y 15 personas fueron detenidas.

Rodríguez Calderón informó que los resultados de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) son el decomiso de 254.4 kilos           de mariguana.

En general dijo que la AFI ejecutó 12 aprehensiones, dos reaprehensiones.

Asimismo indicó que en el programa de ataque a la piratería se decomisaron dos 32 mil 809 discos compactos, 5 mil 597 audiocasetes, 4 mil 870 DVD y 2 mil 825 videos VHS.

Nada se hace contra el narcomenudeo, denuncian síndicos de la Costa Grande

* Propone Lima Gómez plantear el asunto a la PGR

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo           * Síndicos de la Costa Grande denunciaron que no se hace nada para combatir el narcomenudeo en los municipios de esta región y demandaron más efectividad por parte de las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno.

Ayer viernes, en la reunión de Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en un salón del hotel Riviera Beach en Ixtapa, los síndicos de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez; de Atoyac de Álvarez, Juan Méndez Mejía y de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez, así como el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Petatlán,           Pedro Mateos Ariza, denunciaron la proliferación del narcomenudeo.

Por su parte, el presidente municipal de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, destacó que la queja más común de los azuetenses “radica en que más tarda la policía en detener a un delincuente que las siguientes instancias del proceso en dejarlo en libertad (…) Delatar o denunciar a un delincuente es más peligroso que callar, de nada sirve profesionalizar a nuestros policías si en el momento de la aplicación de la justicia hay una especie de tolerancia”.

Expuso al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez, que en el municipio de Zihuatanejo el gobierno planea una vigilancia con cámaras de circuito cerrado en los puntos más problemáticos y solicitó apoyo para reforzar este programa con el C-4.

Más adelante, y luego de que Lima Gómez dio una extensa explicación de los objetivos generales de esta reunión, habló el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Petatlán, Pedro Mateos Ariza, quien denunció que en la cabecera municipal, los policías judiciales no combaten el narcomenudeo, sino que “esperan a que salgan los consumidores de comprar la droga y les quitan el dinero”.

El síndico de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez, refirió que “en muchas reuniones como ésta” ha denunciado la proliferación de casas donde se vende droga, “y no hay la suficiente voluntad de combatir al narcomenudeo”.

Habló de su preocupación como padre de familia y como funcionario ante los vendedores de droga que destruyen a los niños y jóvenes de la región, y urgió a las autoridades policiacas que se aplique todo el peso de la ley, “el narcomenudeo no va a ser fácil erradicarlo porque son pacas de dinero las que reparten y las reparten a los que gobiernan; se los digo porque lo estamos viviendo, y si estamos aquí, es porque es preocupación de todos y hay que entrarle, caiga quien caiga”.

El síndico de Atoyac de Álvarez, Juan Méndez Mejía, expuso que los presupuestos para los municipios en Seguridad Pública son raquíticos y que los presidentes municipales, en lugar de adquirir mejores equipos para combatir la delincuencia, “lo usan para pagar la luz de las calles”.

De Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez, opinó que una de las primeras garantías que deben ofrecer los tres niveles de gobierno a las familias es el empleo “para que de esa manera se vaya acabando la delincuencia y la inseguridad”.

Luego de escuchar las participaciones, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima, propuso hacer un acercamiento con la Procuraduría General de la República para referirle a esta dependencia federal el asunto del narcomenudeo y que se creen unidades mixtas del combate a los vendedores de droga en los municipios con mayor incidencia en la Costa Grande.

Estuvieron en esta reunión el comandante de la 27 Zona Militar, Osvaldo Fernando Canto Gutiérrez; el comandante del 19 Batallón de Infantería, Pedro Aguilar Medicina; los alcaldes de Tecpan de Galeana, Jesús Orbe Torres; de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves; de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto.

Los síndicos de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez; de Atoyac de Álvarez, Juan Muñiz Mejía; de Tecpan de Galeana, Juana Guerrero; de Petatlán, Jacinto Segura Vega; de La Unión, Tobías Barragán Farías; de Coahuayutla, Ignacio Torres Blázquez y el vicepresidente del Consejo Ciudadano de la PGR, Javier Ibáñez Reyes.