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Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles


El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.

Exige justicia el Centro Morelos

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

 

Acuerda la Policía Tecampanera de Teloloapan reforzar sus retenes y cerrar los comercios si sigue la violencia

 

 


Policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan acordaron en una asamblea la tarde de ayer con comerciantes, transportistas y vecinos en general, reforzar los retenes y la vigilancia en la cabecera municipal, tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados.
Advirtieron a los gobiernos estatal y federal del cierre de tiendas de autoservicio, cadenas comerciales, la central de autobuses y el Palacio Municipal en caso de que se den nuevos hechos de violencia.
Exigen al estado y la federación la detención de los delincuentes que se adjudicaron la muerte de los tres herreros en cartulinas que dejaron junto a sus restos, y de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.
Del señalamiento que vincula a los comunitarios con el grupo delictivo Guerreros Unidos –al que se le adjudican los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala-, uno de los coordinadores de la Tecampanera afirmó que esa organización está conformada por comerciantes, profesores, transportistas, campesinos y gente de Teloloapan que ha sido víctima de la delincuencia organizada.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer dijo que los señalamientos en las cartulinas son con la intención de “distraer al gobierno” y confundir a la población.
Agregó que la petición del grupo criminal La Familia Michoacana a las autoridades que no se metan “es un franco desafío a las autoridades y dan a entender que son intocables, que ellos mandan”.
Ayer después de la 1 de la tarde en la base de los comunitarios instalada en la entrada a la cabecera municipal en la carretera Iguala-Teloloapan, cerca del retén militar, hubo una asamblea con los pobladores que apoyan a la Tecampanera, en la cual se definieron acuerdos a unas horas del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totolpetec.
Minutos después de las 4 de la tarde, al término de la reunión, uno de los coordinadores dio a conocer los acuerdos, destacando que continuarán su movimiento y no dejarán las armas.
Dio a conocer que a partir de ayer reforzarían la seguridad y la vigilancia en los retenes de la cabecera municipal, harán recorridos en vehículos y a pie en brechas y cerros para buscar a los delincuentes, “para ya no permitir que sucesos cobardes y lamentables como los que ocurrieron sigan pasando”.
Instalarán mesas de diálogo con el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño para que sea él el intermediario con los gobiernos estatal y federal para que en Teloloapan haya mayor seguridad.
Dijo que la exigencia sigue siendo que se detenga y castigue a los líderes de La Familia Michoacana y que se dé con los delincuentes que se adjudicaron el asesinato de los tres herreros, que según las cartulinas que dejaron junto a sus restos son Flaco y Pelayo.
Declaró que la advertencia de los comunitarios es que en caso de que se den nuevos hecho de violencia del grupo criminal, tomarán el Ayuntamiento y cerrarán tiendas de autoservicio y cadenas comerciales como Súper Che, Oxxo, Elektra, Coppel, Aurrera y la central de autobuses.
Otro contacto de la misma organización dijo que esta acción sería a partir de este día, pero no fue confirmado.
Dieron a conocer que hasta ayer no había soldados de la Marina ni policías federales que solicitaron para reforzar la vigilancia.

Sepultan a los tres herreros

Integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron que ayer a las 5 de la tarde familiares y amigos sepultaron a los tres herreros: Eduardo de 66 años, su hijo Juan Gregorio de 26 y su empleado Antonio de unos 30 años.
Los tres eran vecinos de la colonia Fovissste de la cabecera municipal de Teloloapan y fueron sepultados en el panteón municipal de la colonia Mexicapan, al norte de la cabecera municipal.
Los tres herreros fueron secuestrados la tarde del viernes 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, cuando colocaban el techado en la cancha de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, trabajo por el que habían sido contratados por el gobierno municipal.
La mañana de este domingo sus cuerpos fueron hallados desmembrados en la entrada a la comunidad de La Unión, municipio de Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.

En una evaluación de sus 100 días, ofrece Astudillo una “reingeniería” de la seguridad para el estado

La violencia que golpea al estado está ligada a los grupos delictivos que se dedican a la siembra y trasiego de amapola y mariguana, y también con el aumento en el consumo de heroína en Estados Unidos, reiteró ayer el gobernador Héctor As-tudillo en un acto realizado por los primeroas cien días de su gobierno.
Anunció que “en los próximos días” se abrirá un proceso para convocar, seleccionar, admitir y contratar a 3 mil nuevos agentes de la Policía Estatal y el desarrollo de “una reingeniería institucional a fondo de la seguridad en Guerrero”.
Destacó que su estrategia es lograr la mayor coordinación interinstitucional posible con el gobierno federal, y que apoya la iniciativa de la Conferencia Nacional de Gobernadores de establecer una Policía Estatal Única.
Subrayó que tiene claro que recuperar la seguridad “no es sólo asunto de patrullas y policías, sino que exige condiciones dignas de vida y oportunidades de progreso para nuestra gente. El desarrollo social está ligado ampliamente a reforzar la seguridad pública”.
A las 11 de la mañana, unos mil miembros de la clase política guerrerense se dieron cita en el salón de la República de Casa Guerrero, para escuchar el mini informe gubernamental.
Astudillo Flores recordó que se comprometió “a luchar para recuperar la gobernabilidad, construir una mejor seguridad pública, asegurar un buen gobierno y generar condiciones propicias para el crecimiento económico y el desarrollo social”.
Manifestó que “quiero decirles, con total franqueza, que la situación en la que encontramos a Guerrero al arranque del gobierno superó cualquier pronóstico pesimista”.
“En el arranque de la administración, Guerrero no tenía ni paz ni orden”, planteó.
Explicó que “encontramos una administración completamente paralizada, con insuficiente capacidad para ejecutar programas o ejercer el gasto público”, con “las arcas del estado vacías, sin recursos para pagar sueldos y aguinaldos, y muy marcadamente con serios pendientes a los pensionados y jubilados”.
“Y tristemente, encontramos una sociedad sin esperanza, lastimada por la violencia, viviendo un profundo miedo y que, con justa razón, miraba con desconfianza y recelo a cualquier autoridad”, expuso.
A continuación señaló que “corrupción, impunidad, abuso, incompetencia, son palabras presentes en el ánimo social y que surgen en publicaciones y estudios frecuentes”, ante lo cual “una opción era sobrellevar los conflictos” y otra “observar que el tiempo acabara con las esperanzas y con las muy reducidas expectativas de la gente”.
Dijo que esas eran “las opciones más fáciles, los caminos más cortos”.
Ante ello, “siempre pensé que el primer paso era regresar a la normalidad, entendida por el solo hecho de que el gobierno existiera, operara, resolviera y estuviera presente en cualquier región de Guerrero”, pues el estado “vivió las consecuencias de un manejo inadecuado de los conflictos y del reclamo social, que puso a la entidad en serio riesgo de ingobernabilidad”.
Ante esa situación, en los primeros cien días de su gobierno “logramos un cambio de rumbo con tres objetivos muy claros: uno, fortalecer las capacidades institucionales del gobierno; dos, encauzar los problemas para fortalecer la gobernabilidad, atendiendo responsable y eficazmente los conflictos; y tres, establecer las bases de nuevas relaciones con las organizaciones sociales, a fin de consolidar un estado confiable y en paz”.
Aseguró que “con ello, en estos primeros cien días hemos avanzado de manera positiva” y “al día de hoy podemos decir categóricamente: hay gobierno, que ha tomado en sus manos la conducción en la búsqueda de la solución de los conflictos y que atiende las demandas sociales”.
Recordó que la tarea fundamental de todo gobierno democrático es brindar seguridad pública y proteger la vida, integridad y patrimonio de las personas, pero “lamentablemente, en Guerrero esa función primordial no se ha cumplido a cabalidad”.

Anuncia diez acciones

Reconoció que los problemas en materia de seguridad que enfrenta Guerrero están muy arraigados, y son añejos y complejos.
Afirmó que “la violencia está ligada a los grupos delictivos que se dedican a la siembra y trasiego de amapola y mariguana. Y sin duda se relaciona también con el aumento en el consumo de la heroína en los Estados Unidos”.
Por otra parte, informó que el gobierno enfrenta laudos laborales en su contra por más de mil 600 millones de pesos, así como pagos pendientes a proveedores y prestadores de bienes y servicios por 2 mil 500 millones de pesos.
Anunció diez acciones concretas para desarrollar en los meses siguientes.
1. Instalar el Instituto Estatal del Emprendedor.
2. Apoyar con 65 millones de pesos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
3. En mayo deberá operar el Acabús.
4. La obra del Macrotúnel que opera con normalidad debe seguir hasta su culminación.
5. El lanzamiento de la convocatoria para contratar a 3 mil nuevos policías estatales.
6. En los próximos días se lanzará el Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción.
7. El próximo 6 de junio entrará en operación el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
8. En los próximos meses operará el programa de obra pública para todo el estado con una inversión de más de 8 mil millones de pesos.
9. En los primeros días del mes de marzo se presentará el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
10. Fertilizante gratis para el campo.
Al acto asistieron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), los diputados de la 61 Legislatura del Congreso local, los comandantes de la Marina y del Ejército, los senadores, los diputados federales y locales, los alcaldes y los secretarios de despacho, así como empleados y directivos de medios de comunicación afines al gobierno astudillista.
Se proyectó un video de casi 20 minutos en el que se enumeraron las accciones emprendias por las secretarías.
Luego se anunció el discurso del gobernador Héctor Astudillo, quien al saludar a su esposa Mercedes Calvo recibió una amplia ovación de reconocimiento.
De inmediato Héctor Astudillo dijo que compartiría los primeros pasos que ha dado “en el largo camino hacia la paz, la justicia y el desarrollo en Guerrero”, y señaló que su primera acción fue realizar un diagnóstico del estado.
Señalo que la mitad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Subsidio para la Policía Acreditable para el año 2015 no se habían ejercido al finalizar el gobierno anterior de Rogelio Ortega Martínez.
Por eso expresó su profundo agradecimiento del pueblo de Guerrero al presidente Enrique Peña Nieto por su apoyo y respaldo, lo que le generó un gran aplauso.
El gobernador agradeció también al gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Goberna-ción, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
Igualmente agradeció el apoyo a la procuradora Arely Gómez; al director del Cisen, Eugenio Ímaz; al comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, y al comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos.

“Buen gobierno”

En materia de “Buen gobierno”, Héctor Astudillo aseguró que tiene un buen manejo de los recursos públicos, porque prácticamente recibió en quiebra el gobierno, con un déficit histórico mayor a los 18 mil 400 millones de pesos.
Además de “una profunda crisis financiera” en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Para aeste problema, dijo, con el apoyo del presidente Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibió mil 210 millones de pesos de recursos extraordinario y 600 millones de anticipos.
Dio a conocer que logró una recuperación de fondos federales por más de mil 200 millones de pesos, pero que la pobreza y la desigualdad se explican por la corrupción que ha permitido desviar recursos, los cuales deberían aplicarse en programas sociales que beneficien a los que menos tienen.
Pasó entonces a dar datos de la situación que se vive en Guerrero, y dijo que de acuerdo con el INEGI, el estado ocupa “el deshonroso” primer lugar a nivel nacional en corrupción respecto al manejo de recursos, servicios públicos y trámites, y que 9 de cada 10 guerrerenses piensa que la corrupción en la entidad es muy frecuente. Y que sólo 3 de cada 10 habitantes confía en las instituciones locales.
En desarrollo económico, dio a conocer que hay tres señales que le permiten ver este año con mejores perspectivas, primero el compromiso del presidente Peña Nieto con el estado, con la firma del Acuerdo por un Guerrero Incluyente y Próspero, que promoverá la inversión más grande en la historia del estado, 40 mil millones de pesos.
La segunda señal de reactivación económica es la recuperación de la industria turística, porque en diciembre, los destinos de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco alcanzaron una ocupación hotelera del 97 por ciento.
Ademas anunció que luego de muchas conversaciones y acuerdos alcanzados, el Abierto Mexicano de Tenis se queda en Acapulco, y que se van a recuperar eventos como el Festival Acapulco, el Campeonato Mundial de Clavados, el Torneo de Golf “Lorena Ochoa en Ixtapa” y los conciertos en las grutas de Cacahuamilpa.
Además, señaló que en los próximos días se realizará en Acapulco la Convención Nacional Bancaria.
También anunció que en este año de 2016 llegarán 18 cruceros y se confirman 33 para la siguiente temporada, y que se buscarán más vuelos directos.
“Ya se ha logrado un vuelo adicional de Houston a Acapulco, y dos nuevos vuelos con las rutas Chicago-Zihuatanejo y México-Zihuatanejo”, dijo.
Señaló que en lo que va de su gobierno han visitado Guerrero más de 2 millones de turistas, con una derrama económica mayor a los 5 mil millones de pesos.
Insistio que recuperará en este año, más de 900 millones de pesos en transferencias federales para proyectos de obra pública. Y que se han rehabilitado por completo el muelle de Zihuatanejo en tiempo récord, y la escénica de Acapulco y se entregó el circuito vial de Puerto Marqués.
Y recordó que firmó el convenio con la federación para la Zona Económica Especial en la vecina Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En desarrollo social, explicó que en estos primeros cien días se han dado a la tarea de reordenar las áreas encargadas de la política social y cumplieron con los pagos del Programa de Apoyo a más de 2 mil 500 adultos mayores y con la entrega de becas a más de 8 mil estudiantes de todos los niveles.
Dijo que en 100 días se ejercieron casi 30 millones de pesos de manera transparente y ordenada en diversos programas y acciones, y se reanudó la atención a víctimas de violencia en todo el estado.
Sostuvo que la tarea es recuperar la gobernabilidad, hacer valer la ley y garantizar la justicia y el orden.

Otra de las mujeres asesinadas en Iguala era de Acapulco y llegó a trabajar

Este martes fue identificado y reclamado por sus familiares el cuerpo de la segunda mujer encontrada el viernes en un basurero clandestino en la colonia Las Parotas, al poniente de Iguala.
La víctima se llamaba Abigail García Prudenció, de 20 años, era originaria del puerto de Acapulco y según sus familiares trabajaba de recepcionista, aunque no informaron de que empresa o negocio y hace unos 15 días había llegado a trabajar a Iguala.
La mañana del viernes, el cuerpo de la mujer fue hallado con dos balazos en la cara en un basurero clandestino de la colonia Las Parotas, al poniente de la ciudad, cerca de la zona de hallazgo de fosas.
Ese mismo día fue hallado el cuerpo de quien fue identificada como Delfina Mendoza Martínez, de 37 años, quien era mesera y había trabajado en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, hace unos 20 días llegó a Iguala, era vecina de la colonia La Libertad de Acapulco y originaria de la comunidad de San Sebastián Ixcapa, Jamiltepec, Oaxaca.

Hallan a un joven ejecutado a balazos, desollado y torturado en Chilpancingo

Ayer fue encontrado un joven ejecutado a balazos, desollado, degollado y con las manos atadas con una cuerda hacia atrás, en la calle principal de la colonia Lomas de Chilpancingo, al oriente de la capital.
Según fuentes ministeriales, a las 7:50 de la mañana recibieron una llamada anónima que reportó que en la orilla de la calle estaba el cuerpo de un hombre asesinado.
La víctima de entre 25 y 30 años vestía un pantalón de mezclilla y no tenía playera, al lado del cuerpo encontraron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros y otro de 38 súper.
El cuerpo estaba al lado de una cruz de otro muerto, se le apreciaba una herida en el cuello y estaba desollado del rostro, además tenía varios impactos de bala.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, estatal y ministeriales quienes acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) elaboraban las diligencias correspondientes.
El cuerpo no fue identificado y fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo)  para hacer la necropsia de ley.
Por otra parte, la tarde de ayer murió el otro hombre que fue atacado a balazos el pasado miércoles en la colonia PPS mientras recibía atención médica.
Según fuentes ministeriales, el miércoles a las 7:15 de la mañana una llamada telefónica dio aviso de una balacera en la colonia PPS, al poniente de la ciudad.
Testigos informaron que los dos hombres atacados eran vecinos de la colonia Héroes de Guerrero y se dirigían al Servicio Médico Forense (Semefo) para reclamar el cuerpo del joven que fue asesinado el pasado martes cerca del cuartel de la Policía Estatal ubicado al norte de la capital.
Cuando los dos hombres caminaban por la calle República del San Salvador de la colonia PPS fueron atacados a balazos por sujetos armados que iban a bordo de un vehículo blanco.
Cipriano Flores Nieto de 55 años murió en el ataque, mientras que Miguel Alonso Calvo quedó herido y sus familiares lo trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón para recibir atención pero la tarde ayer falleció por causa de las heridas de bala que tenía en el cuerpo.
En lo que va de diciembre en la capital 12 personas han sido asesinadas, de acuerdo con un recuento de lo publicado en El Sur.

El 17 solicitará Zeferino la Operación Conjunta contra el narco en Guerrero




El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo anunció ayer que el miércoles 17 de enero solicitará al gobierno federal una operación policiaca similar a la que se aplica en Michoacán y Tijuana en contra del crimen organizado, para empezar a recuperar en Guerrero el espacio geográfico y garantizar además seguridad y paz en los ciudadanos.
Indicó que su gobierno no descarta que autoridades, sobre todo agentes del Ministerio Público y jueces, estén siendo amenazados por la delincuencia organizada al no ceder a sus presiones.
Consultado por reporteros después de que comió con locatarios del mercado Benito Juárez de esta capital, a pregunta expresa de si ya se está definiendo en Guerrero alguna operación similar a la que recientemente decidió aplicar la federación en Tijuana, después de Michoacán, Torreblanca adelantó que hará la petición el próximo 17 de enero.
Detalló que eso será durante la reunión que junto con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Heriberto Salinas Altés sostendrán con el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el secretario del Consejo de Seguridad Pública nacional, Roberto Campa Cifrián.
Especificó que ahí plantearán que “también queremos ser apoyados por la federación, que queremos coordinarnos con los municipios y queremos atención al igual que las otras entidades federativas para recuperar confianza, trabajo y paz, que requerimos en Guerrero”.
Respecto a que si no se aceleró esa reunión, por el anuncio del presidente Felipe Calderón el miércoles de que está decidido a recuperar toda región de México que esté amenazada, Torreblanca insistió en que la asamblea está programada para dentro de 13 días.
“Entiendo que lo que ellos están haciendo es primero recoger todo el balance de cada secretaría o de cada dependencia, para posteriormente empezar a actuar, tienen que dar nombramientos, tiene que empezar a fortalecer la coordinación, conocer quiénes están trabajando en los estados”, afirmó.
Dijo que en tanto llega la fecha, el Grupo Coordinación Guerrero estará sesionando “lo acabamos de hacer hace una par de días, para hacer un balance, ustedes van a conocer el balance del 2007, estamos insistiendo, hay trabajo hoy en las regiones del estado para que todas las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno trabajemos de manera coordinada”.
Luego anunció que a las próximas reuniones se va a reincorporar el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón e invitarán al Poder Legislativo, pues “regularmente venían operando los grupos de coordinación, exclusivamente con el Poder Ejecutivo de las diferentes dependencias del nivel federal y estatal. Hoy lo que buscamos es que participen porque hay una interrelación necesaria de trabajo en órdenes de aprehensión, en investigaciones en cateos y finalmente no podemos estarle echándole la pelota una dependencia a la otra”.
Cuando un reportero preguntó que si fue precipitado que se haya filtrado información en el diario Milenio, de que iba aplicarse en la entidad una operación similar a la de Michoacán, a principios de enero, el mandatario dijo que aún cuando no es experto en el tema “no importa que los delincuentes sepa que va a venir; el primer interés de un gobierno es recuperar el espacio geográfico, garantizar seguridad y después tendrá que venir un trabajo de inteligencia, de investigación para aprehender a los grandes capos y a los delincuentes”.
Respecto a que el periódico de circulación nacional Excelsior reveló que en Michoacán, hay municipios controlados por el narco y que incluso ellos quitan y ponen autoridades, Torreblanca afirmó: “No puedo meter las manos en la lumbre y no puedo dejar de reconocer que la delincuencia organizada ha penetrado en todos los niveles y que ha penetrado y ha involucrado inclusive a autoridades de todos los órdenes”.
“Yo no puedo decir que en Guerrero estemos exentos, pero también no puedo afirmarlos categóricamente, pero tampoco decir que aquí no pasa nada; desde luego que tiene que haber, hay corrupción, sigue habiendo corrupción y es interés del gobierno seguir acotándola”, indicó.
Sobre si se da una situación similar a las amenazas de muerte que reciben autoridades de Michoacán por la delincuencia organizada por no ceder a sus presiones, el gobernador dijo que “sabemos, yo no quisiera comentarlo extraoficialmente, porque tiene que haber una denuncia oficial, sino se convertiría en un simple trascendido de mi parte, pero no estoy ajeno a esta posibilidad a que algunos agentes del MP, algunos jueces, etcétera pueden ser amenazados, cooptados o presionados por los grupos delincuenciales en cualquiera de sus manifestaciones”.
Abundó que “no tiene nada más que ver con lo que se conoce como el crimen organizado, relacionado con el narco, puede haber también otras presiones de otra naturaleza como siempre han existido”.

Piden luchadores sociales que la UAG se defina frente a La Parota y el narcotráfico




En la ceremonia luctuosa por el 46 aniversario de la masacre del 30 de diciembre de 1960, dirigentes y luchadores sociales coincidieron en demandar que en estos momentos “difíciles” que vive el país por la imposición de la “antidemocracia” y por el “riesgo” que representa en Guerrero el gobierno de Zeferino Torreblanca, la UAG se coloque del lado del pueblo y defienda los intereses de los guerrerenses en reciprocidad con el movimiento popular que le dio origen.
Pidieron que la institución tome una posición ante casos como el de la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota y ante problemas como el narcotráfico, asimismo que retome la lucha por la democracia en Guerrero.
Aunque esta vez la ceremonia luctuosa fue organizada de manera conjunta entre la dirigencia estatal del PRD y la administración central de la UAG, se realizó en dos fases; la primera en la que intervinieron los oradores considerados “oficiales”, como el rector de la UAG, Arturo Contreras Gómez, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y los dirigentes de los sindicatos de la institución. En tanto que en la segunda, que fue denominada por los maestros de ceremonias, como “tribuna libre” estuvieron quienes participaron en el movimiento de 1960 y dirigentes de organizaciones sociales.
Las críticas a las autoridades de la UAG y hacia el gobierno estatal de Zeferino Torreblanca Galindo se plantearon en ambas fases; a las primeras porque no han respondido a las expectativas que se plantearon los estudiantes y los integrantes de la sociedad que participaron en el movimiento de 1960 que culminó con la masacre del 30 de diciembre de 1960, y al segundo porque tampoco ha respondido a las “esperanzas de democracia y de cambio” que esperaban los guerrerenses, señaló el luchador social Pablo Sandoval Cruz.
El acto comenzó a las 9 de la mañana en el Monumento a los Caídos que se encuentra en la Alameda Granados Maldonado, frente al Edificio Docente de la UAG que alberga las preparatorias 1 y 9, a donde, como pocas veces, acudieron el rector de la UAG, Arturo Contreras Gómez, el presidente municipal, Mario Moreno Arcos y el presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, quienes montaron guardia de honor y después tuvieron a su disposición sillas para que permanecieran cómodos durante la ceremonia (otros años la organización no ha llegado a eso).
También montaron guardia de honor el presidente de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso local (a quien no se le ha visto en otros años), Fernando Pineda Ménez, el ex dirigente estudiantil de 1960 Jorge Vielma Eras, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG, José María Hernández Navarrete, así como el dirigente del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Alejandro Morales Palma; el secretario general de la administración central de la UAG, Román Ibarra Flores, el luchador social Pablo Sandoval Cruz, el ex magistrado Eulalio Alfaro Castro.
En esta ocasión hubo también más presencia que en otros años (más de 100 asistentes), pues acudieron ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) que se encuentran en plantón afuera de la coordinación estatal desde hace casi un mes, en demanda de su reinstalación, así como integrantes de organizaciones sociales como del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Frente de Defensa Popular (FDP).
Uno de los primeros oradores, fue el secretario general del STAUAG, José María Hernández, dijo que la UAG tiene un compromiso con la sociedad y con el movimiento de 1960 que fue el origen de lo que hoy es la institución y convocó a las autoridades universitarias y al otro sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia a sentar las bases para la transformación académica de la UAG y hacerla respetable y un orgullo de la sociedad guerrerense, e incluso pidió a los sectores de la UAG a que dentro de un año en esta misma ceremonia “rindamos cuentas de este compromiso”.
Después reclamó la falta de compromiso de la UAG con la sociedad, sobre todo ahora que “hay autoridades estatales con un ejercicio discrecional del poder, porque no sujetan sus acciones a las leyes y al derecho”.
Ante ello demandó que la Universidad “no guarde silencio nunca de estas cosas” y planteó que la institución asuma una posición y fije una postura con respecto a dos temas; el de la presa hidroeléctrica de La Parota, “que es un proyecto importante pero también de rapiña” y que afecta a los habitantes de la zona en donde pretende construirse la presa. El otro asunto del que el dirigente sindical señaló que debe asumir una postura la UAG es ante el problema del narcotráfico, porque insistió que “la UAG no debe guardar silencio nunca ante los problemas que se viven en Guerrero”.
Mientras tanto el dirigente del STTAISUAG, Alejandro Morales Palma, luego de una remembranza de lo que fue el movimiento del 60 y su impacto en lo que hoy es la UAG, demandó al rector Arturo Contreras que atienda los dos emplazamientos a huelga que tiene ese sindicato por diversas demandas, para honrar la memoria de quienes lucharon por la autonomía.
Por su parte el alcalde Moreno Arcos, propuso que el movimiento de 1960 deje de ser exclusivo de la Universidad y pase a ser parte de las fechas históricas de Chilpancingo, “porque no sólo murieron universitarios, sino que mucha gente del pueblo ofreció su vida”.
Anunció que a partir de este año, la autoridad municipal retomará esta fecha no sólo como una gesta de los universitarios sino como una lucha de todo un pueblo”.
En su intervención el rector de la UAG, Arturo Contreras Gómez, defendió a la institución y dijo que ésta representa una alternativa ante el proyecto neoliberal que está poniendo en riesgo la educación en todo el país.
Después agradeció a los diputados locales y federales y al gobierno estatal por el apoyo a la institución para lograr un mayor presupuesto y porque “no permitieron que el presupuesto destinado a la educación fuera disminuido”. Y en el caso del gobernador Zeferino Torreblanca señalo que “hoy como nunca se puso al frente de su Universidad para que le autorizaran un mayor presupuesto”.
Señaló en ese sentido que “hoy las formas de lucha no son enfrentándonos, sino que tenemos que demostrar que tenemos conocimientos y presentar proyectos para lograr mayores recursos y para que la Universidad sea reconocida”.
El gobierno de Zeferino, inteligente pero no tan pulcro
En lo que fue la “tribuna libre” uno de los ex dirigentes estudiantiles del movimiento del 60, Felipe Molina Mazón, criticó que las actuales autoridades universitarias y del gobierno del estado no hayan cumplido con las expectativas de quienes en ese movimiento lucharon por la autonomía universitaria y por democratizar la vida pública del estado.
Y denunció que en el actual gobierno “democrático” se continúan repitiendo vicios como el hecho de entregar bonos de a 100 mil pesos por parte del gobierno del estado a los diputados locales para obtener sumisión y estos, incluso, voten en contra de de que los 100 millones autorizados para gestoría se destinen para útiles escolares de los niños de escasos recursos del estado.
La mención provocó que el presidente de la Comisión de Educación, Fernando Pineda se escurriera por entre los asistentes y sin despedirse de los invitados especiales abandonara el acto.
Después se anunció la intervención del presidente del Comité estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, pero de inmediato se escuchó una leve rechifla de desaprobación lo que provocó que en su lugar interviniera el secretario general, Guillermo Sánchez Nava, quien reconoció que las demandas del movimiento de 1960 no se han alcanzado plenamente.
Reclamó que estas demandas se cumplan sobre todo en el ámbito nacional, “en donde vivimos una situación difícil, puesto que el 2 de julio se impuso la antidemocracia”.
Posteriormente el luchador social Pablo Sandoval Cruz recordó de entrada al tres veces rector Rosalío Wences Reza y su proyecto Universidad Pueblo y señaló que “ojalá que las actuales autoridades universitarias comprendieran que el mejor homenaje es poniendo en práctica su proyecto”.
Señaló que uno de los actos de la UAG es ser “paladín y defensora” de las luchas sociales, dijo que sobre todo ahora “que corremos un gran peligro en Guerrero” porque tenemos a un Ejecutivo muy inteligente pero no tan pulcro porque quiere aprovecharse de las riquezas del estado para entregárselas a los extranjeros.
Citó por ejemplo el proyecto del gobernador para aprovecharse de los recursos minerales de Mezcala entregándolos a empresas extranjeras, sin que haya informado a los guerrerenses; la venta de las costas guerrerenses a jubilados de Estados Unidos. Dijo que también forma parte de su proyecto neoliberal la construcción de la carretera Iguala-Ciudad Guzmán, y otra que va directo del Puerto Lázaro Cárdenas hacia Estados Unidos que pretende ser una supercarretera y se preguntó si esta no forma parte del Plan Puebla Panamá.
Pero lo más grave dijo que es el apoyo que está dando Zeferino Torreblanca a la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota sin el consentimiento de la población que se verá afectada, sin que esté claro todavía quién va a financiar el proyecto pues señaló que existen divisas extranjeras y que esto es una “traición a la patria” y violatorio de la Constitución, puesto que ésta prohíbe la enajenación de las riquezas mexicanas a extranjeros.
Sandoval Cruz advirtió que el gobernador Zeferino Torreblanca, si insiste con expropiar los bienes del estado para entregárselos a los extranjeros no llegará ni al tercer año de su gobierno.
Y luego demandó que en esta lucha la UAG se ponga del lado del pueblo y que defienda los intereses de los guerrerenses, “que las autoridades (de la UAG) no se vendan por unos cuantos millones de pesos que el gobierno les ofrezca, porque podemos ser una Universidad pobre pero también de excelencia si se manejan los recursos con pulcritud y no hay rateros que se llevan el dinero”.
Pero cuestionó que como van a alcanzar los recursos “si hay ahí un personaje que lleva ya 16 años manejando los recursos y sabe todo el manejo para llevárselos”, indicó en referencia al contador Fausto Solís Leyva, quien en esta administración nuevamente es el encargado de las finanzas de la UAG.
Para cuando comenzó a hablar Sandoval Cruz ya el rector y el presidente municipal se habían retirado y sólo se quedaron algunos universitarios organizadores del evento así como integrantes de las organizaciones sociales.
También intervino uno de los trabajadores despedidos del INEGI que denunció que el gobierno federal les ha negado el derecho a tener un trabajo digno, a organizarse en un sindicato, a tener prestaciones laborales y el derecho de huelga.
En esta ocasión llegó casi dos horas después de iniciado el acto el ex dirigente estudiantil Jesús Araujo Hernández, quien nuevamente rememoró el movimiento que terminó con la masacre del 30 de diciembre de 1960 y dio origen a la Universidad Autónoma de Guerrero.

El nexo de García Jaimes con el narco, “suposiciones no comprobadas”: Félix



Daniel Velázquez Olea

El alcalde Félix Salgado Macedonio dijo que la información publicada en la revista Proceso, respecto a la presunta vinculación del ex secretario de Protección y Vialidad, Genaro García Jaimes, con un cártel del narcotráfico, “son suposiciones no comprobadas”.
Entrevistado la mañana de ayer, después de arrancar el programa de limpieza de canales pluviales, el alcalde comentó que no duda que haya policías vinculados con el narcotráfico y que por eso espera que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue y detenga a quienes estén involucrados en actividades ilícitas.
“Niego categóricamente cualquier vinculación con cualquier grupo de narcotraficantes”, enfatizó.
En su edición de esta semana, la revista Proceso publica una nota en donde se menciona que los integrantes del equipo de seguridad que acompañaban a García Jaimes no estaban registrados en la nómina del Ayuntamiento de Acapulco y que usaban vehículos que no pertenecían al gobierno municipal.
En entrevista, el alcalde aseguró que no conocía a las personas que se señala en la publicación, pero confirmó que sí existió ese grupo: “Ustedes lo veían y decían que porqué andaba tan resguardado” García Jaimes, aunque negó que usaran vehículos ajenos al Ayuntamiento.
Dijo que no sabía quiénes integraban el grupo especial que formó su ex secretario de Seguridad Pública, “es su gente”, y sólo mencionó que se formaba con los directores de las diferentes corporaciones policiacas.
Salgado Macedonio sostuvo que en el enfrentamiento en La Garita el 27 de enero, no hubo ejecuciones por parte de policías municipales, “todos lo vimos por televisión y ahora que le quieran dar otro giro, otro enfoque, bueno pues eso ya es otro asunto”.
Insistió en que si se descubre a agentes involucrados con el narcotráfico, que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) “se los lleven”.
“Yo quiero que haya un saneamiento en los cuerpos policíacos, sin dudar que estén infiltrados, sin dudar que pueda haber (policías) que puedan estar al servicio de un grupo o de otro grupo”, insistió.
Más adelante, Salgado Macedonio reiteró que el aumento del 10 por ciento al salario de los policías está condicionado a que éstos acepten el turno de 12 horas, porque se requieren de más agentes para la seguridad del municipio, “yo les pago más y ellos trabajan más”.
Está detenido el Plan Parcial de Punta Diamante
Por otro lado, el alcalde informó que “de momento”, el Plan Parcial de Desarrollo de Punta Diamante y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) no serán aprobados, porque antes se llevarán a cabo estudios de impacto ambiental en la zona de Diamante.
“Se ha construido muchísisima vivienda alrededor de la laguna de Tres Palos, cuando llueva en exceso vamos a tener problemas por que construyeron sobre humedales, con licencias que les otorgó la administración pasada. Pero la culpa me la van a echar a mí, junto con la demanda de servicios de agua, drenaje y todas esas cosas”, señaló.
Ayer por la mañana, Félix Salgado dio el banderazo de inicio del programa de limpieza de canales pluviales, con el objetivo de que las presas gavión estén desasolvadas antes de la temporada de lluvias.
A pregunta expresa, el alcalde aseguró que en el desfile del Día del Trabajo no estaba prevista la presencia del gobernador, y explicó que él no presidió el desfile porque recibió una invitación de los secretarios generales de las tres secciones del SUSPEG a que marchara junto a ellos.
Al acto lo acompañaron la síndica, María Antonieta Guzmán Vizairo; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquelao de la Cruz Piza; y los directores de Saneamiento Básico, Ecología, y la Policía Ecológica, José Salgado Benítez, Raúl López López y Agripino Cortés Moreno.

Detiene la Policía Ministerial en posesión de droga a dos hombres en la Zapata

 Llevaban cuatro kilos de mariguana, 400 gramos de semilla de ese mismo enervante, cuatro bolsas pequeñas con 80 gramos, y 50 bolsitas de crack

 Jorge Nava

La Policía Ministerial adscrita en la colonia Emiliano Zapata detuvo ayer a dos hombres a quienes les encontraron diversas cantidades de droga.

José Manuel Garibo y Rodolfo Navarro Moreno, fueron detenidos a las 5 de la mañana de ayer en la calle principal de la colonia Coral, cuando transportaban en un cartón cuatro kilos de mariguana, 400 gramos de semilla de ese mismo enervante, cuatro bolsas pequeñas que en total contenían 80 gramos de mariguana, y 50 bolsitas de crack, informó el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría de Justicia, Fernando Monreal Leyva.

Según el funcionario, los detenidos se comportaron sospechosos cuando se encontraron con los policías ministeriales que al observar esa actitud, marcaron el alto y procedieron a revisarlos.

Agregó que esto fue cerca del Centro de Readaptación Social de esta ciudad, ubicado en la periferia de la ciudad.

José Manuel Garibo dijo que es empleado, pero que la falta de más ingresos lo obligó a dedicarse a esta actividad. El detenido señaló a Rodolfo Moreno como la persona que se encarga de distribuir la droga.

José Manuel indicó que en el caso de la mariguana la adquiere de distribuidores de la Costa Chica, sin revelar nombres.

Rodolfo Moreno negó que se dedicara a esa actividad; sólo reconoció que es adicto a las drogas.

Ambos detenidos fueron certificados por el médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Después el coordinador de la Policía Ministerial en la colonia Emiliano Zapata, Humberto Velázquez Delgado, los entregó al Ministerio Público Federal.

Detuvo la Marina una lancha para traficar droga en el río de Papanoa

 

 Mónica Martínez García El comandante de la Octava Zona Naval, Néstor Evencio Yee Amador, informó de la detención de una embarcación de las llamadas good fast –que se utilizan para la comercialización ilegal de droga– hace unos días en el área del río de Papanoa; la embarcación se encontraba vacía pero fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Consultado al finalizar una conferencia de prensa en la Capitanía de Puerto para anunciar los festejos del Día de la Marina, el comandante rechazó que Guerrero sea uno de los puntos críticos para el tráfico de drogas vía marítima.

“Esa es una actividad que se ve por todos lados del país, como parte de ese tráfico en el mar. Guerrero tiene unas costas con cierta selectividad para efectuarlo, pero no podría decirles que es un aspecto crítico para el estado, es más bien para el país al grado de considerarse asunto de seguridad nacional”, recalcó.

Yee Amador precisó que la embarcación detenida pertenece a las que se conocen como good fast, que utilizan “los que efectúan esos ilícitos del sur del continente (Americano) hacia acá”.