Señalan deficiente registro del Estado de casos de violencia hacia las mujeres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La violencia hacia las mujeres no ha disminuido, pero las instituciones pueden manipular cifras, separando los asesinatos en homicidios dolosos y feminicidios, y excluyendo las muertes culposas, que también deben ser investigadas bajo protocolos especiales antes de descartar un crimen, denunció la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar.
Consultada vía telefónica sobre el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, que reporta en Guerrero diez víctimas de homicidio dolosos de mujeres y un feminicidio en noviembre, de un total anual de 108 víctimas de homicidios dolosos y 13 feminicidios.
Reyna Aguilar denunció que si las instituciones clasificaran como delitos de feminicidios los homicidios dolosos y culposos (fuera de accidentes viales), la cantidad se triplicaría. Ante el reclamo constante de las organizaciones feministas, desde la administración anterior sólo agregaron a las fichas policiacas de los casos, la leyenda que los casos se investigarían bajo el protocolo de feminicidio, a modo de justificación. Ahora sabe que “algunos casos” son turnados a la Fiscalía Especializada en feminicidios.
A partir de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Guerrero, en 2017, la Agcvim realiza un monitoreo de feminicidios en los medios de comunicación, que le permite decir que la violencia no ha disminuido, no obstante que no todas las muertes dolosas ni culposas son publicadas por la prensa impresa y digital.
“El SESNSP quiere disfrazar y juega con las cifras. Tampoco veo que la violencia se reduzca, a pesar de que estamos con dos AVG (en 2020 se aprobó la segunda por Agravio Comparado). Lo que observamos es más demanda de las mujeres pidiendo justicia”.
De los datos oficiales resaltó el de sobrevivientes de violencia familiar, a quienes la FGE debe evaluar el grado de riesgo en que se encuentran las mujeres, y en su caso, emitidas medidas cautelares. Además de tener georreferencias de los casos para que haya políticas públicas adecuadas para diferentes áreas. La estadística señala 3 mil 175 delitos por violencia familiar de enero a noviembre de este año, y 251 mil 159 el país.
“No basta emitir medidas, sino darles seguimiento y eso no lo hacen, monitorear a las víctimas”.
Reconoció la intención del gobierno del estado, de impulsar acciones para levantar algunas medidas de las Alertas de Violencia de Género, que informó la directora Estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres, Yenedith Barrientos Santiago,
También como integrarte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Alerta de Género por violencia feminicida, que evalúa los informes de trabajo que envía el gobierno del estado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), Reyna Aguilar dijo que estarán muy pendientes del reporte y del seguimiento que haya a las medidas.
Confirmó que la entrega de un diagnóstico de modalidades de violencias elaborado por una institución como es la UNAM, podría hacer posible el levantamiento de la primera medida de la alerta por violencia feminicida.
“Hay rumores de que en un municipio se va a levantar la Alerta, y no es así de simple, todas las demás acciones deben tener seguimiento y sostenerse en el tiempo”.
Asimismo, señaló la importancia de que haya una georreferencias de las violencias, para que en las regiones se hagan acciones a la medida, conforme a las necesidades que se requieran y que sean compatibles a lo que está ocurriendo en cada parte del estado”.
Recordó que los indicadores también revelan que, con las fiestas de fin de año suben las violencias, por las reuniones familiares y mayor consumo de alcohol.

 

 

Pide el rector de la UAG al secretario de Finanzas apoyo para los pagos de noviembre, diciembre y los aguinaldos

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, se reunió con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, para solicitarle recursos y pagar la segunda quincena de noviembre, la nómina de diciembre y el aguinaldo de los más de 6 mil trabajadores académicos y administrativos.
La reunión se llevó a cabo en Casa Guerrero. En declaraciones, Saldaña Almazán dijo que el gobernador Héctor Astudillo Flores le indicó que debía discutir con Apreza Patrón sobre los 200 millones de pesos que la universidad necesita para poder solventar los gastos de fin de año.
Dijo que Apreza Patrón mostró disposición, al igual que Astudillo Flores, para tratar “tres asuntos fundamentales”, el primero fue la entrega de 40 millones de pesos del recurso estatal, que corresponde al subsidio ordinario para pagar la segunda quincena de noviembre; el segundo fue la transferencia de cerca de 18 millones de pesos del programa federal del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 para obras, y el tercero fue “la presión” que representan los gastos por el aguinaldo de los trabajadores y las quincenas de noviembre.
Señaló que los recursos del FAM deben ejercerse antes de que cierre el año fiscal, ya que corresponden a 2017, y serán destinados los campus en la cabecera municipal de Huamuxtitlán y en Acapulco, en Llano Largo; así como en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la región Tierra Caliente, para concluir las obras que están pendientes en las instalaciones.
Puntualizó que los recursos del FAM fueron recibidos por el gobierno estatal y Apreza Patrón se comprometió a transferirlos a la cuenta de la universidad durante la tarde de ayer. Mientras que los 40 millones de pesos para el pago de la segunda quincena de noviembre serán depositados en el transcurso de la semana; además de que continuarán las gestiones para solventar los gastos de diciembre.
Declaró que los resultados de la reunión con Apreza Patrón se los informará a los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), la suplente Elsa Patricia Chabelas Reyes, y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González.
Por otra parte, con respecto a la denuncia de los defraudados de la caja de ahorro del STTAISUAG, quienes informaron que los ex responsables, Felipe Alonso Alonso y Eric Manrique Catalán, se presentaron en sus centros de trabajo de manera normal a 11 meses del millonario fraude, Saldaña Almazán dijo que los dos universitarios, al igual que el ex presidente Guadalupe Gutiérrez Campos, fueron dados de baja y “hasta donde sé no están cobrando”.
Aseguró que ignora porqué se presentaron en sus centros de trabajo y que averiguará la situación, debido a que el STTAISUAG inició un procero jurídico y uno civil en contra de los tres ex responsables de la caja de ahorro, por lo que no están habilitados para laborar.
Dijo que cuando supo del fraude en la Caja de Ahorro, consideró la posibilidad de suspenderle el manejo del ahorro al STTAISUAG, por ello pidió que se hiciera la auditoría, cuyos resultados también evidenciaron que algunos universitarios tienen adeudos. Añadió que a pesar de que a la Administración Central no le corresponde resolver el pago a los defraudados, sí apoyará en las gestiones pertinentes para garantizar que reciban lo que les corresponde.

El anuncio de toque de queda es para estorbar las votaciones de noviembre, dice el PRD

El presidente del Consejo Político del PRD, Higinio Torres Lucena, denunció que detrás el anuncio del toque de queda que hizo el presidente del Concejo Municipal de Tixtla, Raúl Vega Astudillo, hay el interés de atemorizar a los ciudadanos para que no salgan a votar el próximo 29 de noviembre.
En una llamada a El?Sur, Torres Lucena informó que el toque de queda en Tixtla es anticonstitucional, porque, aseguró, el Consejo Municipal no está facultado para ello.
El lunes, en conferencia de prensa, Raúl Vega Astudillo informó que el gobierno municipal llama a la población a no salir después de las 9 de la noche, por la presencia de un grupo de la delincuencia organizada en ese lugar.
El 12 de octubre, el síndico Pedro Santos Bartolo reveló que había toque de queda ciudadano, porque entre ocho y 10 personas habían sido raptadas, pero extraoficialmente se habla de 15.
Al respecto, Torres Lucena declaró que el Consejo Municipal no puede declarar un toque de queda pues para ello se necesita la intervención del gobierno del estado y de la federación.
Comentó que se debió notificar mediante oficio a los senadores y diputados federales, pues insistió en que una decisión como esa no puede darse de manera unilateral.
Indicó que no se pueden aplicar medidas que contravengan a los derechos de la población, como un toque de queda, además, dijo que la inseguridad es un asunto generalizado y no exclusiva de Tixtla, e insistió en que se pretende generar miedo entre los habitantes de Tixtla para que no salgan a votar en la elección extraordinaria que ordenó el TEE.