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La PGR se precipitó al vincular a policías de Petatlán con las ejecuciones, dice Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, anunció ayer que en la sesión extraordinaria que tendrá en próximos días el grupo Coordinación Guerrero (integrado por las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno), se hará el deslinde de responsabilidades de los grupos policiales, para evitar que después de cualquier hecho violentos haya afirmaciones “precipitadas” como la que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) –en un comunicado oficial el pasado martes–, al vincular a la policía de Petatlán con las ejecuciones de Coyuquilla Norte.
“Yo no estoy haciendo una defensa de nadie, simplemente creo que no se puede, de manera irresponsable y sin sustento, empañar la imagen de cualquier corporación policiaca, ahora si se tienen los elementos para hacerlo, pues que se actúe en consecuencia, yo lo que quiero es que no quede en declaración”, dijo.
En entrevista con reporteros, luego de tomar protesta al nuevo director estatal de Gobernación, Chavarría consideró –sobre la vinculación de los policías de Petatlán con las los ejecutados del domingo– que esa información “no es conveniente, porque no hay sustento para señalar que haya habido alguna relación o complicidad de la policía en estas cinco ejecuciones; sin embargo, se está investigando”.
Dijo que lejos de considerar que hubo un exceso en su información, la de la Procuraduría “fue una declaración precipitada; no creo que tenga los elementos hasta este momento y si los tiene, lo que se plantea es que se presenten las pruebas y que se actúe en consecuencia, pero nosotros ya hemos deslindado esa responsabilidad”.
Acerca de si notaba que dicha dependencia estaba justificado su incapacidad para atender el problema de violencia que vive Guerrero, contestó: “ustedes saben que la PGR se mueve con mucho hermetismo, ya saben cómo manejan estos asuntos, son atraídos por ellos a través de la SIEDO, lo manejan siempre con mucha discreción y yo se los digo con toda la franqueza, hay ocasiones en que ni siquiera tenemos acceso a esta información. Entonces la fuente que pudiese informar de ello es la PGR”.
–Y no es extraño que siendo herméticos en esta ocasión hayan difundido esos datos que incluso pueden ser pruebas ministeriales –se le inquirió.
–Quien señala tiene la obligación de comprobar ¿no? –respondió.
Sobre si el gobierno del estado va pedir una explicación a la PGR, porque ya una vez el titular de esa dependencia Daniel Cabeza de Vaca vinculó a los policías de Acapulco que participaron en la balacera de La Garita, con los grupos de delincuencia organizada, Chavarría contestó: “vamos a tocar este tema también en el grupo de Coordinación Guerrero, el de las corporaciones policiacas y vamos a hacer el deslinde de responsabilidades en la próxima sesión extraordinaria que tendremos”.
Recordó que la del viernes sólo fue una reunión en la que sólo se dio información al Consejo Estatal de Seguridad y se compartió a los medios de comunicación los resultados del programa de México Seguro en su primera etapa.
“Como ya no se llevó a cabo esta sesión privada del grupo Coordinación Guerrero es muy posible que se convoque a una sesión extraordinaria, para abordar los temas con profundidad”, adelantó.
Señaló que todavía no se tienen las causas del por qué ejecutaron a los cinco comerciantes; dijo que “hay una línea de investigación de que van a interrogar a la sexta persona que permanece con vida, para ver si a través de él se pueden recabar algunos datos, pero no tenemos más datos”.
A pregunta de un reportero acerca de que los familiares de los ejecutados en Coyuquilla deslindaron a éstos de nexos con grupos de la delincuencia organizada, Chavarría indicó que “los familiares muchas veces desconocen las actividades de algún miembro de la familia”.
“No se descarta (que pertenezcan al crimen organizado), pero tampoco podemos señalar que estaban vinculados a la actividad delictiva. Por eso se está llevando cabo la investigación, respeto mucho la declaración de los familiares, pero tenemos que esperar los resultados de las investigaciones”, aseveró.
Destacó que “por la forma en que fueron ejecutados, hay indicios de que puede ser personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada pero falta que se haga la investigación”.
Chavarría retomó el tema de los retenes y los filtros del México Seguro, mencionó que éstos se encuentran funcionando, pero reconoció que “tal vez haga falta un rediseño o tal vez se necesita modificar la estrategia de lo que se está haciendo. Esto a la luz de los nuevos acontecimientos”.
“Una cosa sí es cierta, no hemos estado cruzados de brazos, no hemos sido negligentes, estamos activos, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo y a pesar de eso no hemos tenido los resultados que quisiéramos, pero esperamos que pronto los tengamos”, señaló.
Negó que las cifras que presentaron en Acapulco, indiquen que el gobierno del estado y la federación estén dando palos de ciego, “se nota una disminución de los índices delictivos, aunque tenemos un fenómeno nuevo que es un asunto muy difícil de combatir; ojalá que de vez en cuando se pusieran en los zapatos de quienes estamos en esta circunstancia, porque no es un asunto tan sencillo”.
“Hay una circunstancia de la delincuencia organizada que se ha vivido en otros estados; lamentablemente se está expresando en Guerrero con más fuerza a la que estábamos acostumbrados; esto nos preocupa, estamos haciendo lo que nos corresponde, pero en algunos estados en donde se ha alcanzado la fase superior del programa México Seguro, que tiene que ver con el patrullaje del Ejército mexicano, en las calles, aún no se ha impedido que continúan las ejecuciones”, resaltó.
Agregó que eso además, “es muy difícil, sobre todo cuando las agrupaciones delictivas están en una confrontación; es muy complicado frenar este tipo de cosas, estamos haciendo lo que humanamente es posible, y tratar de salvaguardar la seguridad de la inmensa mayoría de la gente, pero de los que están involucrados en estas actividades es muy complicado”.
Se investiga si el ejecutado de Tlapa tiene que ver con el narco
Sobre el caso de un ejecutado en Tlapa, Chavarría aseguró que se están haciendo las investigaciones correspondientes, “todavía no se tiene el sustento para decir que sea algo relacionado con ola de violencia que estamos viviendo en Acapulco, la Costa Grande y de alguna manera en Tierra Caliente”.
Señaló que por las características que presentaba el cuerpo, se podía deducir que detrás de ese crimen está la delincuencia organizada, “pero falta que se haga la investigación correspondiente”. Dijo que esperaba que en el transcurso de ayer jueves hubiera algún reporte de la Procuraduría de Justicia.

Irresponsable, vincular a la policía de Petatlán con los ejecutados, dice su jefe



Brenda Escobar Zihuatanejo

El director municipal de Seguridad Pública de Petatlán, Evencio Hernández Hernández, manifestó que es una irresponsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) vincular a esta corporación con los cinco ejecutados en la madrugada del domingo 30 en Coyuquilla Norte.
Entrevistado vía telefónica, el jefe policiaco dijo que está sorprendido de las declaraciones del delegado de la PGR, José Martín Godoy Castro, “no sé en qué se basa para decir ese tipo de cosas, porque eso no se vale, nosotros ni siquiera conocíamos a los detenidos”.
En el comunicado de la PGR publicado ayer miércoles, se indica que “Blanca Patricia Salas Rodríguez, de 36 años de edad, hermana de Jorge Salas Rodríguez –uno de los cinco asesinados–, dijo que tenía conocimiento, por comentarios de José Luis González Puentes, hijastro del único sobreviviente, que habían salido de la cárcel, ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero, por vender supuestamente “fayuca”.
El boletín agrega que “antes de que se cortara la llamada, escuchó que dijo que iban saliendo de la cárcel al mismo tiempo que decía, “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo”, y que supone que posiblemente se trataba de los mismos policías quienes anteriormente lo habían detenido”.
Al respecto, el director municipal de Seguridad Pública, Evencio Hernández, atajó: “en primer lugar, nosotros a estas personas ni las conocíamos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, a mí me sorprende el porqué se quieren quitar la barra la policía federal en este caso, porque mire, nosotros los pusimos a disposición del agente del MP federal de Zihuatanejo”.
Luego explicó cómo fue la detención de los seis individuos el viernes 28. Dijo que ese día, en la comandancia recibieron una llamada de auxilio de un trabajador de un diario local, “hablaba que lo habían defraudado con unas bocinas, la policía acudió al llamado como acude al llamado de cualquier ciudadano, se tomó a bien detener a las personas, se trajeron a la comandancia, le pagaron el dinero a la persona que supuestamente reclamaba que sus bocinas no le sirvieron”.
Precisó: “ellos le dijeron claro que eran tipo Pionner las bocinas que les vendían, más no le dijeron que eran Pionner, le aclararon en mi presencia a esta persona y le regresaron su dinero, incluso él dijo que no tenía nada en su contra; le estaban regresando su dinero y la prueba está en que no declaró en contra de ellos ni mucho menos… nada”.
Agregó: “como no era nuestra competencia asignarles una multa administrativa, cumplimos con nuestro deber poniéndolos a disposición del agente del MP federal, eso fue lo que nosotros hicimos y es lo que le puedo informar, hasta ahí”.
Dijo que la policía preventiva de Petatlán trasladó a los seis detenidos al MP federal, “de ahí en adelante no tuvimos ya ningún conocimiento más, qué es lo que pasó, quiénes lo levantaron, por qué los levantaron; quién haya sido desconocemos por total”.
Dijo: “tengo entendido que hay una persona que está viva, que vio cuando los levantaron, él debe de saber qué tipo de gente fue, yo escuché en la prensa que esta persona estaba declarando en TV Azteca, que dos Cherokee color gris se acercaron a sus compañeros y los levantaron y se los llevaron, entonces, no habla de la policía, habla de dos Cherokees gris, con personas uniformadas camufladas –parece que decía–, se los levantaron y se los llevaron”.
Hernández se deslindó del caso: “allí qué tiene que ver la policía; en ese caso, para qué chingaos los hubiera puesto a disposición si aquí los teníamos nosotros en nuestras manos, la prueba está en que los detuvimos”.
Agregó que “el señalamiento de la PGR es delicado, porque la policía no tiene que ver absolutamente nada en cuanto a esta situación que pasó, porque a ellos se les puso a disposición y fueron a los que entregaron, yo desconozco si los sacaron de ahí o los detuvieron fuera, yo me apego a lo que está persona que está viva declaró”.
Insistió que eso sería absurdo, “sería muy infantil de parte mía mandar a la policía a detenerlos después de que aquí los tuve conmigo, pues no le veo el caso, desconozco porqué la PGR quiera vincular a la policía de Petatlán; desconozco la actitud de ellos, no sé cuál será su finalidad de involucrar a la policía en ese tipo de situación”.
El jefe policiaco manifestó la policía preventiva solicitará a la PGR, “que nos los demuestren con hechos si nosotros tenemos que ver ahí, que nos aclaren en base a qué dicen ese tipo de cosas, porque esto no se vale”.
Reiteró, “es una acusación que están haciendo muy seria y no somos mochos, no somos la mona de los cerillos para nada más aceptar las acusaciones de cualquier persona; en este caso tendríamos que defendernos, si es necesario, que nos lo comprueben, que nos justifiquen el porqué, quién les hace pensar que nosotros los fuimos a levantar”.
–¿Pudo haber sido elementos de esa corporación (la AFI) quienes ejecutaron a esas personas? –se le preguntó.
–Desconozco totalmente si fueron ellos o si tienen que ver o no, a mi no me consta; yo no estuve en el lugar cuando esto sucedió, yo no puedo atestiguarle nada porque no me consta ni puedo decirle “ellos fueron o quizá fueron ellos”, desconozco quiénes pudieron haber cometido ese tipo de atropello.
“Lo que sí me queda claro es que esto que hicieron es inhumano, yo como ser humano y como hombre, no se me hace de hombres esta chingadera que hicieron, quien la haya hecho, fue algo inhumano”, dijo.
Sostuvo que a su juicio personal, “estas personas eran inocentes, yo le voy a ser honesto; los tuve en frente de mí y en ningún momento vi que tuvieran vínculos con alguna banda organizada o narcotráfico; luego se ve a la gente cuando tiene problemas, yo los vi muy tranquilos, incluso no estaban ni nerviosos cuando les dijimos que los íbamos a poner a disposición del MP federal”.
Recordó que “sólo hicieron una llamada, quizá con un familiar porque traían celulares, es lo que le puedo informar, porque en cuanto a lo demás que me pregunta, desconozco quién pudo haber sido el autor de este crimen”.

Vincula la PGR a la policía de Petatlán con los cinco ejecutados



Zacarías Cervantes Chilpancingo

foto En un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) que circuló ayer por la tarde en el que se recogen declaraciones de algunos de los familiares de los detenidos, se responsabiliza a los policías municipales de Petatlán en el caso de los cinco ejecutados de Coyuquilla Norte de este municipio, al señalar que uno de los detenidos, cuando hablaba con un familiar, le informó que acababan de salir de la cárcel pero después, antes de que se cortara la comunicación, dijo: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo”, al parecer en referencia al grupo policiaco que los detuvo.
En tanto, el delegado de la PGR en Guerrero, José Martín Godoy Castro, confirmó que los ejecutados la madrugada del domingo 30 de abril, habían sido liberados a las 7 de la noche del sábado 29 porque el Ministerio Público federal no obtuvo la querella de la Secretaría de Hacienda por la mercancía ilegal que poseían.
Entrevistado ayer en sus oficinas de la dependencia federal, informó que los seis comerciantes, quienes vendían bocinas de procedencia extranjera y que carecían de los documentos correspondientes, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal a las 11 de la noche del viernes 28 de abril por la policía municipal de Petatlán, que los había detenido.
Explicó que como la Secretaría de Hacienda no emitió la querella en su contra y que como en este tipo de delitos se procede sólo con denuncia de por medio por parte de esta dependencia, el Ministerio Público federal resolvió ponerlos en libertad; sin embargo, informó que las 44 cajas de bocinas que tenían en su poder sí quedaron a disposición del Ministerio Público.
Dijo que los seis detenidos se retiraron a las 7 de la noche de las instalaciones de la PGR en donde estuvieron sólo en calidad de presentados “y posteriormente, al día siguiente, a las 6 o 7 de la mañana, se tuvo conocimiento de la existencia de los cuerpos de estas personas en Coyuquilla y el Ministerio Público acudió al lugar y se percató que correspondían a las personas que un día antes habían estado puestas a disposición del Ministerio Público de la federación”.
Agregó que con respecto a las investigaciones de la ejecución de estas cinco personas corresponde investigar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Informó que a partir de ayer los familiares de los cinco ejecutados comenzaron a reconocer los cuerpos y que confirmaron que éstos corresponden a los de José Guadalupe Salazar de 37 años de edad, Miguel Ángel Huerta Castrejón de 34 años, Salvador Medina Olivares de 32 años, José Luis Valenzuela Barrón de 34 años y Jorge Salazar Rodríguez de 44 años de edad. En tanto que la sexta persona que logró escapar del grupo de hombres armados es Eduardo Rocha López.
–En algunos medios se destaca que es mucha casualidad que el Ministerio Público liberara a estas personas y en menos de 12 horas aparecieran ejecutadas, ¿que opinión le merece?
–El único comentario que le puedo hacer es que simple y sencillamente fueron liberadas porque se les resolvió su situación jurídica en términos de lo que la ley marca, y así ocurrió a las 7 de la noche y extraoficialmente tenemos conocimiento que después de que estas personas se retiraron del lugar, incluso se comunicaron con sus familiares.
“Ya los familiares han estado declarando ante algunos medios de comunicación en Zihuatanejo, que después de que estas personas estuvieron con nosotros ellos se estuvieron comunicando con sus familiares”, indicó.
–¿Ustedes no investigaron si tenían antecedentes penales?
–A nivel nacional los checamos, nosotros tenemos un sistema que nos da la información a nivel nacional y por lo que respecta a competencia federal no encontramos ningún mandamiento judicial pendiente de cumplimentar.
“De tal forma que contrario a lo que refirieron los medios de comunicación en el sentido de que existe ahí algo inexplicable, quiero hacer referencia de que tenemos un expediente y una resolución jurídicamente bien resuelta y hasta ahí lo que compete a la intervención de la PGR”, indicó el funcionario federal.
Mientras tanto por la tarde la delegación de la PGR circuló un boletín que señala que este 2 de mayo, a las 2 de la mañana “se presentaron ante el Ministerio Público del fuero común familiares de los ejecutados quienes los identificaron”.
Agrega que en el caso de Miguel Ángel Huerta Soto, de 21 años, hijo de Miguel Ángel Huerta Castrellón, señaló que por dicho del hijo de Eduardo Rocha López –sobreviviente– su papá le comentó que él se había retirado del grupo y que observó cuando gente armada los detuvo y se los llevó a bordo de una camioneta blanca.
En tanto que Marta Angélica Pérez Salazar, de 40 años, hermana de José Guadalupe Salazar, afirmó que habló por teléfono con Salvador Medina Olivares “en donde le comentó que habían salido de la cárcel ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero y que volvió a decir: ‘ahí vienen otra vez’, posiblemente refiriéndose a los que los habían detenido anteriormente, desconociendo quiénes fueron los probables responsables de su muerte”.
El comunicado señala que por su parte Blanca Patricia Salas Rodríguez, de 36 años de edad, hermana de Jorge Salas Rodríguez, dijo que tenía conocimiento, por comentarios de José Luis González Puentes, hijastro del único sobreviviente, que habían salido de la cárcel, ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero, por vender supuestamente “fayuca”.
El comunicado oficial agrega también que antes de que se cortara la llamada, escuchó que dijo que iban saliendo de la cárcel al mismo tiempo que decía: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo” y que supone que posiblemente se trataba de los mismos elementos quienes anteriormente lo habían detenido.

Vigilan las 3 toneladas de cocaína ante la versión de que se “extraviaría” en la PGR



Jorge Nava

Las 3 toneladas de cocaína decomisada por marinos el sábado que fueron llevadas a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) la madrugada del lunes, fue vigilada por marinos y policías ante la versión de que pudiera ser “extraviada” por agentes de esa dependencia federal.
De las investigaciones del caso en la PGR indicaron desconocerlas porque dijeron que es la Subdelegación de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) quien la lleva.
Los 3 mil kilos de cocaína los decomisó un grupo de la Fuerza de Reacción Anfibia de Infantería de Marina, el sábado por la mañana, y detuvo a Reynaldo Sánchez Velázquez y Luis Alberto Rodas Villegas, originarios de Mazatlán, Sinaloa; y a José María López López, de Ciudad Hidalgo, Chiapas, quienes la transportaban en una embarcación menor que navegaba al sureste del puerto.
En tanto, la PGR indicó que la droga estará 1 o 2 días en lo que se hacen los trámites legales para que la Contraloría de la misma dependencia acuda a destruirla.
Asimismo, declararon que de los detenidos la SIEDO los trasladó al Distrito Federal donde probablemente sean puestos a disposición de un juez federal que podría determinar en dos meses si remite el caso a un similar de Acapulco para que continúe el proceso por incompetencia.
Según fuentes, entre las 5 y 6 de la mañana la droga fue trasportada por los marinos a las instalaciones de la subdelegación de la PGR ubicadas en la calle Mar Mediterráneo, sin embargo a las 10 de la mañana sus mandos ordenaron que regresaran ante la versión de que en esa dependencia federal “suele hacer perdedizas las cosas”.
La vigilancia de los marinos continuó durante la tarde de ayer y permanecía al cierre de la edición de este diario.

Desecha el Congreso pedir explicación a la PGR sobre los 5 ejecutados en Coyuquilla



Hugo Pacheco León Chilpancingo

Porque de último momento les llegó un boletín, ayer sin respetar el orden del día los diputados del PRD decidieron retirar un punto de acuerdo para requerir a la Procuraduría General de la República (PGR) que de manera inmediata explicara al Congreso sobre la consignación de Eduardo Rocha López, José Guadalupe Salazar, Miguel Ángel Huerta Castrejón, Salvador Medina Olivares, José Luis Valenzuela Barrón y Jorge Salas Rodríguez, quienes la madrugada del 30 de abril fueron ejecutados en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán.
Eran las 7 y media de la noche cuando el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y coordinador de la fracción del PRD, Carlos Reyes, recibió de un trabajador de su oficina de Comunicación Social un boletín de la PGR.
El perredista llamó de inmediato al oficial mayor del Congreso, José Luis Barroso, quien se encontraba dirigiendo la sesión con el presidente en turno por el mes de mayo, Alejandro Luna del PRD, y le entregó la copia del boletín de la PGR y ordenó abortar el tema agendado en el orden del día.
Minutos después, Alejandro Luna informó se suspendía el punto de acuerdo que abordaría la fracción del PRD porque había llegado una respuesta de la PGR y ordenó distribuir a los diputados copia del documento de la dependencia federal, aunque a los reporteros de la fuente no les dieron nada, y sin más terminó la sesión.
Al terminar la sesión el priísta Fermín Alvarado consideró que así son de arbitrarios los diputados del PRD, pero no protestó por la suspensión del tema a pesar de que el orden del día ya se había aprobado.
El coordinador de la bancada del PRI, Abraham Ponce Guadarrama sólo dijo: “Nos agarraron por sorpresa, ni tiempo nos dieron de nada”.
En tanto, Carlos Reyes aceptó que la respuesta de la PGR “es insuficiente” y que será analizada por la fracción del PRD y posteriormente, si amerita el caso fijarán una postura, pero negó que hayan retirado el tema del orden del día por temor a la narcoviolencia.
Del contenido del boletín de prensa de la PGR, el perredista sólo dijo que es una explicación sobre la detención de los ejecutados y no abundó más.
Regresa a comisiones un exhorto al gobernador para que explique sobre el presupuesto a Seguridad Pública
En la sesión que empezó a las 4 de la tarde, sólo se leyó el punto de acuerdo que presentó el diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, pero que no discutió ni aprobó, luego de que decidieron pasarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen, para lo cual tienen 10 días para hacerlo, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo y luego decidirán si lo vuelven a presentar ante el pleno.
La Comisión de Seguridad la preside Humberto Calvo Memije; el propio Raymundo García de la cual es el secretario, y los vocales, Marcos Salazar Rodríguez del PT, Jaime Torreblanca García del PRD y Francisco Rodríguez Otero del PAN.
El punto de acuerdo que presentó la Comisión de Seguridad y que se regresó a comisiones, exhortaba al gobernador Zeferino Torreblanca para que “proporcione una explicación detallada y pormenorizada de los recursos ya aprobados” que serían utilizados en capacitación e incremento salarial de las policías del estado.
En el mismo punto le pedían a Zeferino Torreblanca y a los alcaldes de Guerrero, que diseñen y apliquen un programa de coordinación entre sus respectivos cuerpos policíacos, con el objetivo de erradicar la inseguridad, la violencia y la delincuencia en Guerrero y que los recursos del ramo 33 Fondo 4 sean aplicados estrictamente para la seguridad pública en los municipios.
Además, le pedían que solicitara el apoyo del gobierno federal en el combate a la inseguridad y la violencia que se vive en el estado, bajo el esquema del programa México Seguro.
En la lectura, Raymundo García dio a conocer que “la situación de inseguridad y violencia no ha disminuido, y por el contrario, suman ya 66 los asuntos relevantes que consternado al estado y a sus habitantes” y que estos delitos están relacionados con delitos federales.
Pero sostienen que “la actuación de los responsables de la procuración de Justicia (Eduardo Murueta Urrutia) y de la Seguridad Pública (Heriberto Salinas Altés), merecen todo nuestro reconocimiento, respeto y apoyo”.
Agregan: “No recomendamos su relevo ni lo consideramos conveniente, debido a que la delincuencia y el hampa tradicionalmente aprovechan esos cambios para cometer mayores ilícitos y la sociedad misma reciente estos movimientos con incertidumbre”.
Pero en el mismo punto de acuerdo, Raymundo García dijo que los de los encargados de los respectivos despachos no han sido los esperados “por la falta de una oportuna recepción de recursos para contratar y capacitar al personal a su cargo y para la adquisición de los equipos y armamento suficiente y adecuarlo”.
El tema de la violencia era lo sustancial de la sesión de ayer, el resto de los asuntos tratados fueron proyectos de reformas de ley que fueron turnados a comisiones para su trámite. Los diputados, hicieron mutis, afuera en las calles la violencia continúa.

Vincula la PGR a la policía de Petatlán con las ejecuciones de Coyuquilla


Zacarías Cervantes Chilpancingo

En un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) que circuló ayer por la tarde en el que se recogen declaraciones de algunos de los familiares de los detenidos, se responsabiliza a los policías municipales de Petatlán en el caso de los cinco ejecutados de Coyuquilla Norte de este municipio, al señalar que uno de los detenidos, cuando hablaba con un familiar, le informó que acababan de salir de la cárcel pero después, antes de que se cortara la comunicación, dijo: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo”, al parecer en referencia al grupo policiaco que los detuvo.
En tanto, el delegado de la PGR en Guerrero, José Martín Godoy Castro, confirmó que los ejecutados la madrugada del domingo 30 de abril, habían sido liberados a las 7 de la noche del sábado 29 porque el Ministerio Público federal no obtuvo la querella de la Secretaría de Hacienda por la mercancía ilegal que poseían.
Entrevistado ayer en sus oficinas de la dependencia federal, informó que los seis comerciantes, quienes vendían bocinas de procedencia extranjera y que carecían de los documentos correspondientes, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal a las 11 de la noche del viernes 28 de abril por la policía municipal de Petatlán, que los había detenido.
Explicó que como la Secretaría de Hacienda no emitió la querella en su contra y que como en este tipo de delitos se procede sólo con denuncia de por medio por parte de esta dependencia, el Ministerio Público federal resolvió ponerlos en libertad; sin embargo, informó que las 44 cajas de bocinas que tenían en su poder sí quedaron a disposición del Ministerio Público.
Dijo que los seis detenidos se retiraron a las 7 de la noche de las instalaciones de la PGR en donde estuvieron sólo en calidad de presentados “y posteriormente, al día siguiente, a las 6 o 7 de la mañana, se tuvo conocimiento de la existencia de los cuerpos de estas personas en Coyuquilla y el Ministerio Público acudió al lugar y se percató que correspondían a las personas que un día antes habían estado puestas a disposición del Ministerio Público de la federación”.
Agregó que con respecto a las investigaciones de la ejecución de estas cinco personas corresponde investigar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Informó que a partir de ayer los familiares de los cinco ejecutados comenzaron a reconocer los cuerpos y que confirmaron que éstos corresponden a los de José Guadalupe Salazar de 37 años de edad, Miguel Ángel Huerta Castrejón de 34 años, Salvador Medina Olivares de 32 años, José Luis Valenzuela Barrón de 34 años y Jorge Salazar Rodríguez de 44 años de edad. En tanto que la sexta persona que logró escapar del grupo de hombres armados es Eduardo Rocha López.
–En algunos medios se destaca que es mucha casualidad que el Ministerio Público liberara a estas personas y en menos de 12 horas aparecieran ejecutadas, ¿que opinión le merece?
–El único comentario que le puedo hacer es que simple y sencillamente fueron liberadas porque se les resolvió su situación jurídica en términos de lo que la ley marca, y así ocurrió a las 7 de la noche y extraoficialmente tenemos conocimiento que después de que estas personas se retiraron del lugar, incluso se comunicaron con sus familiares.
“Ya los familiares han estado declarando ante algunos medios de comunicación en Zihuatanejo, que después de que estas personas estuvieron con nosotros ellos se estuvieron comunicando con sus familiares”, indicó.
–¿Ustedes no investigaron si tenían antecedentes penales?
–A nivel nacional los checamos, nosotros tenemos un sistema que nos da la información a nivel nacional y por lo que respecta a competencia federal no encontramos ningún mandamiento judicial pendiente de cumplimentar.
“De tal forma que contrario a lo que refirieron los medios de comunicación en el sentido de que existe ahí algo inexplicable, quiero hacer referencia de que tenemos un expediente y una resolución jurídicamente bien resuelta y hasta ahí lo que compete a la intervención de la PGR”, indicó el funcionario federal.
Mientras tanto por la tarde la delegación de la PGR circuló un boletín que señala que este 2 de mayo, a las 2 de la mañana “se presentaron ante el Ministerio Público del fuero común familiares de los ejecutados quienes los identificaron”.
Agrega que en el caso de Miguel Ángel Huerta Soto, de 21 años, hijo de Miguel Ángel Huerta Castrellón, señaló que por dicho del hijo de Eduardo Rocha López –sobreviviente– su papá le comentó que él se había retirado del grupo y que observó cuando gente armada los detuvo y se los llevó a bordo de una camioneta blanca.
En tanto que Marta Angélica Pérez Salazar, de 40 años, hermana de José Guadalupe Salazar, afirmó que habló por teléfono con Salvador Medina Olivares “en donde le comentó que habían salido de la cárcel ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero y que volvió a decir: ‘ahí vienen otra vez’, posiblemente refiriéndose a los que los habían detenido anteriormente, desconociendo quiénes fueron los probables responsables de su muerte”.
El comunicado señala que por su parte Blanca Patricia Salas Rodríguez, de 36 años de edad, hermana de Jorge Salas Rodríguez, dijo que tenía conocimiento, por comentarios de José Luis González Puentes, hijastro del único sobreviviente, que habían salido de la cárcel, ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero, por vender supuestamente “fayuca”.
El comunicado oficial agrega también que antes de que se cortara la llamada, escuchó que dijo que iban saliendo de la cárcel al mismo tiempo que decía: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo” y que supone que posiblemente se trataba de los mismos elementos quienes anteriormente lo habían detenido.

Los cinco ejecutados en Coyuquilla habían estado un día antes en manos de la PGR en Zihuatanejo

Brenda Escobar Petatlán

Cinco individuos fueron ejecutados con armas de grueso calibre muy cerca de la plaza principal de la comunidad de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, en la madrugada del domingo 30. Dos días antes, el viernes 28, estos hombres fueron vistos en esta cabecera municipal, vendiendo bocinas de calidad; incluso fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), pero más tarde dejados en libertad.
Los cinco cuerpos –cuatro de ellos desnudos–, tenían huellas visibles de tortura, estaban atados de pies y manos y los ojos y la boca tapados con cinta industrial color gris, además de varios balazos.
Ayer lunes, el titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común, Raciel García González, informó que todavía ninguno de los cadáveres había sido identificado ni reclamado, y seguían en la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense.
En la madrugada del domingo, en la calle Fernando Montes de Oca, casi esquina con Nicolás Bravo, en la comunidad de Coyuquilla Norte, cerca de la plaza principal del poblado, vecinos de los alrededores, escucharon fuertes detonaciones de armas de fuego y más tarde, encontraron los cadáveres de cinco desconocidos, cuatro de ellos estaban desnudos y con el tiro de gracia.
Uno de los cuerpos quedó boca abajo, sobre el camellón derecho, hacia el lado oriente. Era moreno oscuro; estaba desnudo y no tenía el escroto (la piel que cubre los testículos); tenía cinta adhesiva industrial color gris alrededor de los ojos y un tatuaje de la virgen de Guadalupe y de una mujer en el brazo derecho.
Sus manos estaban atadas hacia la espalda con un cordón y en los pies tenía calcetas blancas y pedazos de la cinta gris.
En la calle, de costado izquierdo quedó un hombre de tez blanca, cubierto de los ojos y la boca con cinta gris; tenía puesta una bermuda color caqui y se le apreciaba un boxer color verde; tenía puestos calcetas y zapatos color negro.
Tenía un tatuaje de la Virgen de Guadalupe en el brazo derecho; las manos atadas a la espalda con un cordón y los pies con cinta gris, un poco más arriba de los tobillos.
Junto a este cadáver estaba uno al que no se le apreciaron muchas características porque los vecinos lo taparon con un pedazo de tela, pero se observó que estaba desnudo y las piernas quebradas, posiblemente porque fue atropellado antes de morir. Estos dos cadáveres estaban sobre dos bolsas de plástico color negro y un charco de sangre.
A menos de tres metros de estos dos cuerpos, sobre la carretera, quedó desnudo y boca arriba otro individuo que tenía cinta gris en la boca, pero le quedó abierta y tenía en ella el tobillo izquierdo de su compañero que quedó bocarriba, fuera del camellón.
Este último cadáver, de piel morena, cabello corto y lacio, tenía varios tatuajes, uno en el abdomen, con letras grandes decía “Barrón”; en el brazo derecho una calavera con penacho azteca; en el pecho, el escudo nacional; en el pectoral izquierdo una cruz en cuya base decía “Nico”; en el costado derecho, una mujer y casi en la base del cuello una leyenda que no se pudo leer, pero que abarca de izquierda a derecha.
Los cinco tenían varios disparos, incluyendo el tiro de gracia, así como huellas visibles de que fueron torturados.
En el lugar, horas más tarde, el agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común, encontró 45 casquillos percutidos de diversos calibres tales como 7.62; mini 14; 38 súper; .223 y 45 súper.
Todos eran del norte
El sábado 29 diarios locales informaron sobre la detención de seis hombres por el delito de comercialización de artículos de dudosa procedencia. Se trató de Eduardo Rocha López, de 35 años de edad; José Guadalupe Salazar, de 37 años; Miguel Ángel Huerta Castrillol, de 34 años; Salvador Medina Olivares, de 32 años; José Luis Valenzuela Barrón, de 34 años; y/o Jorge Salas Rodríguez, de 40 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal por la dirección municipal de Seguridad Pública de Petatlán.
También quedó a disposición del MP federal una camioneta Chevrolet tipo Van, color guinda, con placas del estado de Coahuila, según consta en la puesta a disposición 009/2006, firmada por el titular del área, Evencio Hernández Hernández, por la que se integró la averiguación AP/PGR/Z/52/2006, firmada de recibido el viernes 28 de abril.
Todos dijeron que son originarios de Durango y Torreón, Coahuila. Las seis personas que fueron remitidas al MP federal, junto con una mujer de nombre Brenda Judith Murba Mercado –la cual fue dejada en libertad antes del envío al MP federal porque presuntamente era sexoservidora–, ese viernes 28 por la mañana, andaban vendiendo bocinas supuestamente de buena marca.
La mercancía se la ofrecieron a un trabajador de un diario local que luego de descubrir que fue estafado, acudió a la policía preventiva para denunciarlos; al poco rato, les dieron alcance en el poblado de San Jeronimito, en el mismo municipio, pues ya venían rumbo a Zihuatanejo y los detuvieron para obligarlos a que devolvieran el dinero al cliente que los denunció.
Los seis individuos fueron remitidos al MP federal, que más tarde los dejó en libertad y la madrugada del domingo aparecieron muertos y con el tiro de gracia, pero sólo cinco de ellos; las autoridades desconocen el paradero del sexto individuo.
Ayer lunes, el titular del MP del fuero común, Raciel García González, dio a conocer que nadie ha reclamado los cuerpos y que éstos permanecen como desconocidos.
A pregunta expresa, rechazó que se trate del grupo de sicarios conocidos como los Zetas, como trascendió en rumores, “lo único que le puedo decir es lo que se sabe hasta ahora, que fueron detenidos por la policía preventiva de Petatlán por andar vendiendo productos de dudosa procedencia y que por ese motivo fueron puestos a disposición del MP federal donde los dejaron en libertad, pero desconozco los términos en que los liberaron”.
También dijo que hasta ayer no había una explicación de los asesinatos y por qué los dejaron abandonados en medio de la comunidad de Coyuquilla Norte, “se supone que andaban vendiendo bocinas, por eso se está haciendo la investigación y estamos esperando el resultado de la investigación del comandante de la Policía Ministerial; mientras, no se puede decir que estuvieran relacionados con otro tipo de ilícitos”.

Atenderán PGR y el estado a víctimas de violencia intrafamiliar y drogadicción


Jorge Nava

El subprocrador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Álvarez Ledesma, informó el jueves que en Guerrero son “gravísimos” los números de casos de víctimas de violencia intrafamiliar y de fármaco dependencia.
En reunión privada de este jueves en una oficina de la Casa de Atención a las Víctimas del Delitos de esa misma institución, ubicada en el fraccionamiento Marroquín, el funcionario federal dijo que trataron precisamente la visita al alcalde Félix Salgado, y al gobernador del estado, Zeferino Toerreblanca Galindo, para firmar un convenio de colaboración que les permita atender a la víctimas de esos problemas.
Al concluir la reunión, Álvarez Ledesma indicó que esos problemas sociales, en Guerrero, es “gravísimo”, en particular en Acapulco, dijo.
Señaló que después de esa firma –que no precisó la fecha– se inaugurará la casa con todos los servicios, porque mencionó que actualmente carece de algunos para la atención tanto de víctimas de delitos federales como del fuero común.
A preguntas de reporteros sobre las víctimas de secuestro, el funcionario observó que por ese delito sigue siendo un problema a nivel federal.
Planteó que hay un número considerable de personas que son atendidas por esa causa; abundó que la primer causa por la que atienden a una víctima por delitos federales, es por negligencia médica.

Atrae la PGR el caso de la persecución de la PIM a presuntos narcos en Chilpancingo: Murueta


Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR), atrajo las investigaciones de la persecución del miércoles en esta capital, la cual terminó en un enfrentamiento a balazos en el kilómetro 196 del tramo Zumpango-Casa Verde sobre la carretera federal México-Acapulco entre cuatro hombres armados con rifles AK-47 que viajaban en una camioneta blanca de lujo y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), informó el procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.
En este caso no hubo heridos, ni detenidos, sólo daños materiales debido a que la camioneta Chevrolet tipo Equinox presenta más de 20 impactos de bala que presuntamente hicieron de adentro hacia fuera los hombres que lograron burlar a las autoridades al ser rescatados por un convoy de tres camionetas, según la versión del director de la PIM, Erit Montufar Mendoza.
Consultado vía telefónica, Murueta señaló brevemente que las investigaciones del caso de la persecución lo atrajo la PGR, es por eso que no puedo dar información al respecto, indicó.
Por otra parte, dijo que hasta el momento ningún alcalde ha presentado denuncia penal en contra de elementos policiacos que presuntamente están involucrados con actividades ilícitas en relación a las queja del alcalde de Arcelia, Nicanor Adame Serrano, quien aseguró que autoridades de la PGR en este municipio están coludidos con el narcotráfico y la negativa del presidente municipal de Zirandaro para que opere en ese municipio la policía del estado.
En este sentido, Murueta dijo que en el caso del alcalde de Arcelia que denuncia vínculos de funcionarios federales con el narco, la PGR es la instancia a la que le compete investigar este hecho.
Mientras que en el segundo caso, señaló que de manera oficial no lo conoce y reiteró su llamado a los elementos policiacos, así como a los funcionarios públicos para que se conduzcan con apego a la legalidad para evitar que la sociedad desconfíe de las autoridades, indicó.

No compete a la PGR sino a la PGJE investigar el ataque a policías: delegado

Jorge Nava

De los hechos ocurridos el miércoles en dos regiones del estado donde varios delincuentes dispararon contra policías y mataron a uno, el delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Martín Godoy Castro declaró que los casos los tiene la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Abundó que la fiscalía federal sólo apoya con recorridos de vigilancia por las zonas de conflicto, “pero son temas que están radicados en el fuero común”.
–¿Fue un ataque de la delincuencia organizada? –se le inquirió.
–No tengo elementos para afirmarlo; la Procuraduría de Justicia del estado es la que lleva las investigaciones.
A pregunta sobre los avances en los casos donde delincuentes usan granadas de fragmentación, el funcionario no respondió porque sus empleados le pasaron una llamada.
El funcionario acudió a Acapulco a una reunión para ver lo de la inauguración y el convenio con el gobierno del estado y municipal sobre la Casa de Atención a las Víctimas del Delitos.
Uno de los hechos violentos ocurrió en Chilpancingo donde individuos armados dispararon contra policías, el otro en Tecpan de Galeana, sicarios mataron a un policía e hirieron a cinco con fúsil de asalto AK-47.