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Demanda el vocero del Cecop a Sheinbaum cancelación definitiva del proyecto La Parota

Ramón Gracida Gómez

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, demandó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota, la dotación de agua en las localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la expulsión de las gravilleras del río Papagayo y la construcción de un puente en la comunidad de Cacahuatepec.
Resaltó que votaron por la candidata morenista, “entonces nosotros también vamos a ejercer nuestro derecho de exigencia, nosotros no dimos un cheque en blanco al votar por Claudia Sheinbaum, nosotros le vamos a fijar bien clara nuestra postura”.
Reiteró que el proyecto hidroeléctrico de La Parota no está cancelada, “ésa es otra de las inconformidades que tenemos con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se nos dijo que nos iban a cancelar, que nos iban a dar un papel, con un decreto firmado y sellado desde la Presidencia de la República, en donde nos iban a decir que La Parota se cancelaba”.
Suástegui Muñoz afirmó en entrevista con El Sur a orilla del río Papagayo que la presa está suspendida, no “por voluntad propia del gobierno, está suspendida porque aquí hay una oposición real, gente aglutinada al Cecop”.
Añadió que el mandatario federal no pudo lograr resultados en los temas de inseguridad y la escasez de agua, “y es un reto que ahora va a enfrentar” Sheinbaum Pardo, la primera mujer en la historia del país que va a ser presidenta, enfatizó Suástegui Muñoz.
“Primero, le vamos a exigir que cumpla lo que no cumplió el presidente, que nos cancele la presa inmediatamente en el primer año de su gobierno, ése será el reto número uno del Cecop con Claudia Sheinbaum, que nos dé por escrito la cancelación de la presa”.
Segundo, añadió Suástegui Muñoz, la futura mandataria federal tiene la obligación junto con los gobiernos municipal y estatal de llevar agua a las comunidades de Cacahuatepec, “cómo es posible que hace 60 años vinieron, se llevaron el agua a través del pozo Ranney, de la bocatoma Papagayo II, ubicada entre Aguacaliente y Salsipuedes, 30, 40 kilómetros para darle agua a los ricos, a la zona Dorada, al Acapulco empresarial, al hotelero, pero no le dan agua a las comunidades”.
Con la imagen de fondo de un hombre cruzando caminando el río Papagayo y la amenaza de lluvia, el vocero del Cecop declaró que la tercera demanda es la construcción de un puente que conecte el embarcadero de El Fraile con la comunidad de Cacahuatepec, cabecera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El gobierno de Abelina López Rodríguez impulsa la construcción de un puente en El Carrizo, pero el Cecop está en contra porque representaría edificar una vía en donde se iba a hacer la tercera represa del proyecto de La Parota, la primera iba a ser en el cerro de Los Mayos y la Hierbabuena, con más de 200 metros de altura, y la segunda en el cerro de Los Hilamos con 50 metros de altura.
La cuarta solicitud del Cecop es la expulsión de las gravilleras, “que le están haciendo un daño terrible al río Papagayo” porque socavan el caudal y el material que extraen lo exportan, comentó.
Recordó que en elecciones pasadas, los integrantes del Cecop escribieron en las boletas electorales el no a La Parota y esta vez participaron en el cierre de campaña del ahora senador reelecto Félix Salgado Macedonio, precisamente en Cacahuatepec el 26 de mayo pasado.
Agregó que libremente votaron por Morena, “pero si este partido no responde a las exigencias y a las necesidades del pueblo, en seis años veríamos que a Morena le puede pasar lo mismo que le ha venido pasando al PRI, al PAN y posiblemente le pase lo que sucedió al PRD, que desaparezca del mapa político”.
Señaló que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda “nos ha dejado abandonados, el gobierno de Abelina (López Rodríguez) nos ha venido a robar el agua y a robar el dinero que estaba destinado para darle agua a las comunidades más marginadas”.

 

Reciben láminas para sus techos 300 familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Ramón Gracida Gómez

Los techos volaron y casas enteras fueron destruidas por la fuerza del huracán Otis en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde este viernes, 300 familias de distintos poblados recibieron 3 mil láminas donadas por fundaciones, organizaciones y particulares, a través del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
El vocero del movimiento, Marco Antonio Suástegui Muñoz, expuso que a más de un mes del meteoro del 25 de octubre, “la gente sigue viviendo entre láminas retorcidas, entre palapas, entre lonas que pudieron rescatar”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que la situación en los bienes comunales “está muy, muy mal, porque no hay intervención de las autoridades”.
A las 12 de la tarde, Suástegui Muñoz llegó en su camioneta azul, guiando al camión que traía las 3 mil láminas, al paraje conocido como El Fraile. La cita era a las 9 de la mañana, pero el camión se descompuso y se retrasó tres horas. Todos los vecinos aguantaron y esperaron.
Los hombres se pusieron guantes en las manos para cargar las láminas y evitar cortaduras por lo filoso del material, “con mucho cuidado porque corta”, conminó Suástegui Muñoz. Las personas que no traían guantes usaban pedazos de prendas para no cortarse.
A la orilla del río Papagayo, las pangas transportaron las láminas, que fueron acomodadas de forma horizontal en las pequeñas embarcaciones de madera. La corriente del río parecía crecida, Suástegui Muñoz organizó a los comuneros para cruzar el Papagayo, sin el riesgo de que pudiera hundirse o volcarse la panga, que se balanceaba con el peso de las láminas y de las propias personas.
Las maniobras para cruzar una parte de las 3 mil láminas en el río Papagayo tardó alrededor de una hora, mientras hombres y mujeres esperaron pacientemente la ayuda y unos tres niños nadaban para refrescarse.
Del otro lado del río, en la comunidad Cacahuatepec, otro grupo de hombres recibió las láminas y se las llevaron sobre sus hombros o cabezas hacia sus casas. Acabaron empapados de sudor, por el fuerte calor que hacía. “Por eso se necesita un puente aquí”, indicó el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Especificó a El Sur que las comunidades que recibieron láminas son El Rincón, Espinalillo, El Campanario, Parotas, Amatillo y Salsipuedes, con 10 familias beneficiadas cada una; además de El Carrizo, Hilamos, Rancho Las Marías y Parotillas, con 15 familias cada una; El Cantón y La Concepción, con 20 familias cada una; Cacahuatepec, Huamuchitos y Cruces de Cacahuatepec, con 25 familias; y Apalani sumó 30 familias.
Indicó que estas láminas provienen de donaciones de la organización alemana Misereor, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), las organizaciones Cinco pesos dos peces y Cadena, así como Citibanamex.
En total, son alrededor de 300 familias de 20 comunidades las que recibieron láminas ayer, pero faltan por visitar 27 más, acotó, entre ellas Tasajeras, Las Chanecas, El Bejuco, El Arenal, La Arena, Cabeza de Tigre, Apanhuac, Barrio Nuevo de los Muertos, San Isidro Gallinero, Pochotlaxco, Garrapata, Arroyo Verde, San José, Las Ollitas, San Antonio, Cerro de Piedra, Atamarindillo, Las Minas, El Progreso de Cacahuatepec, San Juan Grande y San Juan Chico.
“Tenemos registradas mil 500 familias afectadas. Nosotros vamos a cubrir a 300 el día de hoy, imagínate cuántas hacen falta”, dijo el vocero del Cecop y criticó que “el gobierno dice que no pasó nada, por eso me da risa y me da mucho coraje, porque la gente sigue viviendo entre láminas retorcidas, entre palapas, entre lonas que pudieron rescatar”.
Durante sus recorridos en las comunidades, comentó Suástegui Muñoz, el Cecop ha registrado una pérdida del 100 por ciento del cultivo de maíz, jamaica, ajonjolí y el 50 por ciento del limón y palma de coco. Son cerca de 40 mil hectáreas afectadas por el Otis, indicó.
Luego del cruce de láminas, se entregó otra parte en El Fraile. Rodeado de unas 50 personas, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, contó que después de hablar con Suástegui Muñoz sobre la difícil situación que se vivía en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el organismo que representa lanzó la convocatoria de ayuda “para amigos solidarios de México, muchas personas, académicos, estudiantes, organismos de derechos humanos”.
Es un donativo “de muchos amigos y amigas que no conocen, pero que sepan que no están solos, que hay mucha gente que está con ustedes, que si la autoridad no viene, que sepan que la sociedad no los va a dejar”, arengó y generó aplausos de los comuneros.
El donativo fue de alrededor de 280 mil pesos, que sirvieron para comprar 3 mil láminas, “sabemos que no son suficientes, pero es la primera entrega de 3 mil láminas”, aseguró Abel Barrera.
Señaló que mucha gente del municipio necesita ayuda, “pero no quiere decir que por eso no existen las comunidades rurales de Acapulco. Vemos que sí vino un censo de parte de los ‘Servidores de la Nación’, pero vemos que hay fallas en el censo, no todos están adentro”.
Contó que el subsecretario de Agricultura federal, Víctor Suárez, le adelantó que los productores inscritos en los programas de producción y fertilizante del Bienestar, van a recibir 7 mil 500 pesos, y también habrá un programa emergente de siembra de frijol, en la temporada de otoño-invierno.
Comentó que se va a traer más maíz, como ya se entregó hace unas semanas, pero la intención de este viernes fue “que puedan cubrir su techo, que puedan tener un lugar digno para descansar, para que haya sombra”.
Dijo que la situación en Cacahuatepec “está muy, muy mal, porque no hay intervención de las autoridades, pero con mayor razón voy a pedir a los compañeros de las organizaciones que nos acuerpemos” para ayudar a las familias del Acapulco rural.
Después de su discurso, de unos 10 minutos, Abel Barrera y Suástegui Muñoz ayudaron a organizar la entrega de láminas a las familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. A las 3 de la tarde continuaban repartiendo el material para las viviendas.

No ha detenido del todo la CFE la construcción de la presa La Parota, dicen organizaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los gobiernos federal y estatal, no han parado por completo las actividades de la construcción de la presa La Parota, se establece en el informe que entregó el lunes pasado la coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El documento señala que antes que detenerse los trabajos en la presa, “por el contrario, parecen seguir avanzado, ya que la CFE y el gobierno del Estado de Guerrero han hecho diversas manifestaciones de continuar con su construcción y han realizado actividades para promover su realización, como es la publicación de convocatorias de licitaciones públicas internacionales en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que empresas se sumen a la construcción”.
Las agrupaciones advierten que “se siguen poniendo en peligro los derechos, territorios, viviendas y tradiciones” de comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero.
También denuncian que desde 2003, cuando se intensificaron las acciones, se han cometido abusos a derechos humanos, a los derechos indígenas, a la tierra y el territorio, a la vida digna; asimismo, señala que se han cometido acciones de intimidación y amenazas, criminalización, y detenciones arbitrarias y agresiones contra los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
El proyecto de La Parota, en Guerrero, es uno de los 60 casos que organismos ambientalistas, de derechos humanos y organizaciones sociales incluyeron en su informe México: Empresas y Derechos Humanos, entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y se encuentra en el apartado Energía (hidroeléctricas y eólica).
El informe menciona que la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde 1976, cuando se hicieron los primeros estudios técnicos, pero que es a partir de 2003 cuando la presa comienza a tomar mayor relevancia, “tanto por el nivel de insistencia por parte de la CFE, como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del CECOP”.
Se denuncia que a raíz de la lucha en contra del proyecto, varios de los integrantes del Consejo han sido sujetos de amenazas y criminalizaciones de diversos tipos, como los casos de Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de la Cruz Dorantes Zamora y Julián Blanco Cisneros. Los dos primeros fueron acusados “injustamente” de delitos que no cometieron, y se evidenció “el uso faccioso” del sistema penal para incriminarlos.
En el caso de Suástegui, denuncian que al ser detenido fue trasladado “de manera ilegal” a un reclusorio de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, “siendo que el delito por el que se le acusaba no aludía a que se le trasladará a un reclusorio con esas características, por lo que varias organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron y exigieron justicia para Marco”.
En el caso de Julián Blanco Cisneros, denuncian que fue víctima de agresiones directas de soldados del Ejército, quienes lo amenazaron de muerte a él y a su familia, “a tal punto que fue incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los organismos advierten que, ante la falta de una debida actualización de los riesgos, el gobierno le retiró las medidas otorgadas con dicho mecanismo, pese a que continúan las amenazas en su contra.
Refieren que, en la criminalización de los miembros del Cecop se han visto implicados tanto elementos de fuerzas de seguridad como el Poder Judicial del estado, “ya sea en detenciones ilegales como en la construcción de delitos en contra de los integrantes del Consejo”.
El documento advierte que los ataques contra los miembros del Cecop siguen latentes, debido a su oposición al proyecto. “Especialmente Julián Blanco ha expresado que le siguen llamando y dirigiendo amenazas en su contra y de su familia, inclusive de muerte, refiriéndole principalmente que se aleje de las actividades del CECOP”.
Aseguran que se ha intentado un diálogo con la CFE y parte de las comunidades afectadas, “pero no se han derivado resultados concluyentes”.
El documento recuerda que las actividades de defensa de las comunidades inician desde la creación del Cecop, en 2003, para promover una estrategia de defensa jurídica que inicio con el conocimiento de las afectaciones, además informa que el Cecop ha promovido la impugnación de las asambleas agrarias en las que la CFE había incurrido en diversas irregularidades, por lo que en el año del 2007, “se lograron nulificar 4 asambleas que se habían celebrado de esta forma por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 41, que conoció del caso”.
Desde ese momento, la CFE ha intentado continuar con la construcción y ejecución del proyecto, pero la CECOP también ha promovido que no se haga efectivo.

La reacción del gobierno del estado frente a la construcción de la presa ha sido ambigua, señalan

Mientras tanto, las organizaciones se quejan que la reacción del gobierno estatal “ha sido ambigua”, dado que en los espacios de diálogo que ha abierto con los ejidatarios y comuneros opositores a La Parota, ha expresado su compromiso de no impulsar desde el gobierno estatal el proyecto, “sin embargo, reiteradamente se negó a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec, documento que dejaría registro de su compromiso a respetar la decisión de los comuneros y a no promover ninguna acción que pueda detonar la reactivación del proyecto hidroeléctrico”.
Se menciona que en la construcción de la presa se han visto envueltas principalmente la CFE y el gobierno del Estado, así como el gobierno federal, “quienes han apoyado el actuar de la Comisión en todo momento, teniendo un carácter débil ante las exigencias de las comunidades y por el contrario, brindando las facilidades para la continuación del proyecto”.