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Los capitalinos reclaman “paz y seguridad”, dice la Iglesia católica y se propone como mediadora

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Diócesis Chilpancingo-Chilapa, se ofreció como mediadora para resolver el conflicto de violencia que se vive en Chilpancingo.
“Nosotros como Iglesia, podemos también colaborar, principalmente en la prevención de la violencia e inseguridad y el acompañamiento a las víctimas, en el diálogo y en la animación de una sociedad civil responsable”, escribió en un comunicado que se difundió ayer a las 8 de la mañana en su página de Facebook.
Agregó que la situación de violencia e inseguridad puede “transformarse” con la contribución de distintas voluntades: asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, personas de buena voluntad, gobierno y sociedad.
En el escrito, la Diócesis hace suyo el reclamo de la sociedad de “tener un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad”, ante los hechos de violencia de los últimos días en Chilpancingo.
Escribió que esa violencia ha provocado “miedo e inseguridad, incertidumbre en la población y parálisis de la actividad capitalina”.
Pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, “usar todos los mecanismos a su disposición, para que esto sea una realidad en nuestra entidad”.
Hizo un llamado “fraterno a todas esas personas que han ocasionado este clima de inseguridad, para que buscando una solución pacífica a través del diálogo, cese la violencia”.
“La Iglesia tiene una misión que busca la verdad en todo tiempo y circunstancia a favor de una sociedad a la medida del hombre, de su dignidad y de su vocación; está interesada en considerar los valores con los cuales juzgar y orientar su praxis; su dimensión social está al servicio de la verdad, única garantía de libertad y de la posibilidad de un desarrollo humano integral”.
Añadió: “En relación a los recientes sucesos acaecidos en nuestra ciudad de Chilpancingo, nos sorprendieron los hechos de violencia, ocurridos el fin de semana pasado, los cuales provocaron miedo e inseguridad, provocando incertidumbre en la población y parálisis de la actividad capitalina”.
El comunicado, del que se responsabiliza el obispo José de Jesús González Hernández, argumenta que desde su toma de posesión en abril del 2022, “convoqué a todos a ser artífices de la paz, a poner nuestro granito de arena para construir, reconstruir nuestro tejido social”.
Añadió que la construcción de la paz con misericordia, “como eje transversal en nuestro Plan Diocesano de Pastoral en la Diócesis de Chilpancingo–Chilapa, ha llevado a esta Iglesia particular a tener un acercamiento con todas aquellas personas que provocan la violencia, para que, por medio de la fe, se les escuche y oriente a fin de construir la paz en nuestra Diócesis”.
Dice que con ello no han buscado otros intereses más que contribuir en la construcción de la paz en los pueblos que integran esta Iglesia Particular.
“Hacemos nuestro el reclamo de la sociedad en que vivimos, “tener un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad. Pedimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, usar todos los mecanismos a su disposición, para que esto sea una realidad en nuestra entidad”.
En el comunicado se convoca a “abrazar con nuestras oraciones a todas aquellas familias que por alguna situación de violencia se han visto lastimados con la pérdida de un ser querido”.
Pide que se lleve a cabo una jornada de oración por la paz en todas las parroquias de nuestra Diócesis “por el bien y pacificación de nuestro Estado”.

 

Pide Astudillo respeto a su cargo a familiares de desaparecidos que reclaman falta de resultados

Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, reclamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, la falta de resultados en la búsqueda de sus seres queridos. En respuesta, en reunión privada en Casa Guerrero, el Ejecutivo pidió respeto a su cargo en la interlocución y que no lo responsabilicen en cada ocasión.
Al salir de la reunión, los activistas hablaron del ríspido momento, y con un fragmento de grabación demostraron el llamado del Ejecutivo a respetar su investidura.
La activista Julia Alonso, de la asociación Ciencia Forense, dijo que el mandatario no se comprometió a dar presupuesto a la búsqueda e identificación de los cuerpos que están en los contenedores del Servicio Médico Forense (Semefo) y en las fosas comunes, pero se dijo ofendido ante los reclamos de una madre que alzó la voz.
Opinó que un servidor público, aun siendo el gobernador, no debe sentirse ofendido ante estas demandas ciudadanas. Consideró que el mayor insulto “es no saber qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, ese sí es un agravio”.
Reconoció que el gobierno del estado aceptó que Ciencia Forense tenga acceso a las morgues, y a la revisión de los análisis de genética. Añadió que quiere saber cómo están trabajando en los laboratorios del estado, porque sin dinero no importa que les dé ordenes de trabajo, no podrán hacer nada.
Insistió en que lo que necesita Guerrero es inversión en la Fiscalía General del Estado (FGE), para hacer la identificación de cuerpos depositados en el Semefo y en fosas comunes.
Dijo que en la entidad hay miles de personas desaparecidas y la Fiscalía sólo cuenta con dos peritos para hacer la identificación, “eso no es un compromiso con las víctimas”, recriminó.
Los desaparecidos no son tema prioritario para el gobierno

Del colectivo de familias de Acapulco, el señor Ciro Fuentes ratificó que el gobernador no garantizó que las búsquedas se van a hacer de manera efectiva. Aclaró que no salieron satisfechos, porque no asignó presupuesto a las acciones y confirmó que “los desaparecidos no son un tema prioritario para su gobierno”.
Denunció que sólo hay un cuadro básico de identificación de uno 751 registros de cuerpos de 2015 a la fecha, cuando el gobernador entró en funciones, pero no dicen qué pasa con los desparecidos de años anteriores. Estimó que hay alrededor de mil cuerpos depositados en la fosa común del panteón de Acapulco, sin protección ni protocolo para su preservación.
Mostró fotografías de las tumbas con bolsas de plástico rotas, y restos dispersos, que manipulan los sepultureros. Aclaró que no se ha hecho trabajo de identificación porque no hay dinero.
Aunque han tomado cientos de muestras genéticas a los familiares, no hay con qué contrastarlas, porque no hay cuadros genéticos de la mayoría de los cuerpos en las instalaciones del Semefo y en las fosas comunes.
Acudieron a la reunión el representante de Siempre Vivos de Chilapa, del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas, familiares de desaparecidos de Iguala y del colectivo de Acapulco.
Antes de la reunión con el gobernador y funcionarios del estado, los familiares indicaron que también tuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, con quien hablaron sobre el nombramiento del director ejecutivo que se encargará de la aplicación de la Ley de desaparecidos, Roberto Cabrera.
En un segundo momento, estuvieron el gobernador, el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe; la fiscal especial en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloina Sánchez Zamora; el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, y el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas.

Familiares expresaron su indignación y coraje: Centro Morelos

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández destacó que los familiares tuvieron la oportunidad de expresar su indignación y coraje ante la falta de resultados, que finalmente los funcionarios aceptaron.
Con el estado se programaron mesas de trabajo para que mañana se revisen las necesidades de despensas y becas para las familias que las necesitan, y en ocho días se reunirán con el secretario de Gobierno para programar la siguiente reunión con el gobernador.
Recordó que este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) recibió 19 millones de pesos, “y es indignante que hasta ese momento no se brinden los apoyos necesarios, que son parte de un derecho que las víctimas tienen”.
No obstante, aclararon que la demanda prioritaria es conocer dónde están sus familiares, que digan a quienes pertenecen los cuerpos depositados en las morgues y fosas comunes, y que la CEAV apoye con abogados a las familias para el seguimiento de sus procesos judiciales de investigación.
Más tarde, en un boletín de la FGE sobre “los acuerdos y compromisos” con los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas, la autoridad reconoce que tiene un registro de 751 cuerpos en los sistemas de refrigeración del Semefo, a los que les hacen estudios periciales con fines de identificación.
La enorme cantidad de restos humanos genera que “el proceso de conformación de archivos básicos con fines de identificación de cada cuerpo sea lento y gradual”, justifica.