Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.
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No buscará la PGR restos en fosas de Iguala en vacaciones; familiares de desaparecidos sí, advierten
Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron ayer que peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) suspenderán las excavaciones en fosas clandestinas, ante el periodo vacacional, y las reanudarán hasta el 5 de enero, aunque advirtieron que ellos no suspenderán sus salidas a buscar posibles entierros clandestinos.
Durante la asamblea que cada martes se lleva a cabo en el sótano de la parroquia de San Gerardo, al sur de la ciudad, los familiares de desaparecidos informaron que el Estado mexicano no había otorgado, hasta ayer, las medidas cautelares que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el respaldo de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país, como Idheas y Red de Enlaces Nacionales, había solicitado en un primer momento para 13 familiares del equipo de búsqueda de fosas clandestinas.
Ayer, el familiar de una víctima de desaparición forzada informó que en un segundo envío al Estado mexicano las solicitudes de medidas cautelares para familiares que buscan a sus desaparecidos en fosas de Iguala se incrementaron a 39, ya que en ésta se incluyen el equipo de buscadores de entierros clandestinos y familiares de desaparecidos que han recibido algún tipo de amenaza por buscar a su familiar ausente.
La fuente consultada confirmó que ante el periodo de vacaciones y la ausencia de peritos y antropólogos, la PGR suspenderá las excavaciones y exhumaciones, en su caso, de cuerpos de fosas clandestinas, que reiniciarían el 5 de enero.
Sin embargo, a pregunta realizada, informó los familiares de víctimas de desaparición forzada no abandonarán su trabajo de búsqueda de entierros clandestinos en cerros de Iguala, Taxco y Cocula, para que a su regreso la PGR realice los trabajos de excavación y exhumación de los cuerpos que sean hallados.
Desde el 23 de noviembre de 2014, los familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado más de 80 fosas clandestinas de las que la PGR ha recuperado 116 cuerpos, el último, de una mujer, el 17 de diciembre en el ejido Tijeritas, al norte de la ciudad, y de los cuales la PGR ha identificado y entregado 15 a sus familiares en poco más de un año.
Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco
Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.