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No les han avisado nada a vecinos a manzana de El Mirador donde se demolerán 32 casas

Alfonso Marín Amezcua

Chilpancingo

El dirigente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), Gumaro Guerrero Gómez, aseguró que las 60 familias que habitan en el sitio aledaño a la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, donde serán demolidas 32 casas ante las afectaciones que presentan sus estructuras, no han sido notificadas de que tendrán que dejar sus viviendas.
El lunes pasado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello aseguró que la dependencia federal cuenta con “todos los elementos necesarios” para demoler al menos 32 viviendas de la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, declarada como zona inhabitable.
A causa de los daños en el predio, ese día acudió el doctor en estructuras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, para evaluar los daños y reconocer alguna otra zona de riesgo dentro del fraccionamiento.
En su diagnóstico, Arroyo Matus recomendó que los habitantes de manzanas aledañas a la 2-B, debían evacuar cuanto antes el fraccionamiento.
Consultado por teléfono, el dirigente de la Cocoarha, del que son miembros 107 familias que habitan el fraccionamiento, externó que no tienen información sobre la posible evacuación de las manzanas aledañas a la zona afectada.
“Solamente sabemos lo que hemos leído en los medios, que serán demolidas 32 viviendas en la manzana afectada, pero de una reubicación o evacuación no sabemos nada hasta el momento”, dijo.
De la manzana 1-A, donde habitan unas 60 familias, Guerrero Gómez externó que “prácticamente no cuentan con grandes problemas estructurales” en los edificios, y las casas no corren riesgo de derrumbarse.
Señaló que en el fraccionamiento se está avanzando con las pruebas hidrostáticas para la introducción del servicio de agua potable, y que en unos 10 días todo el predio cuente con el suministro.
El dirigente recordó que el doctor Arroyo Matus acudió al fraccionamiento el lunes pasado, “y nosotros permanecemos esperando el dictamen para conocer lo que ocurrirá en la manzana 2-B, pero el problema no es en nuestras viviendas”.
Reiteró que, por el momento no hay información oficial para una reubicación temporal o una evacuación, “pero habrá que ver lo que ocurre los días siguientes, y analizarlo con toda la gente porque es nuestra integridad”, concluyó.

Sigue parada la construcción de casas de damnificados en El Mirador, en la capital

Las obras para la construcción de viviendas para familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, siguen suspendidos debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) emitió una sanción porque la obra carece de un estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, un grupo de ingenieros civiles revisa las viviendas ya construidas y el terreno para verificar el riesgo, tras la denuncia de los beneficiarios de las casas ya entregadas ante la inestabilidad del suelo.
A dos años y medio de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, no han sido terminadas las mil 200 viviendas que se comprometió a construir la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para igual número de familias damnificadas, y por el contrario, las que ya fueron construidas están siendo valoradas por ingenieros encabezados por el universitario Roberto Arroyo Matus.
Consultados al respecto, los ingenieros se negaron a adelantar los resultados del trabajo, pues argumentaron que no están autorizados hasta que concluyan la revisión.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en espera de que se les asigne su casa, pues de las mil 200 viviendas que se comprometió a entregar allí la Sedatu, a las familias damnificadas, sólo unas 300 han sido reubicadas.
Sin embargo, tras la denuncia del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, en el sentido de que las familias beneficiadas con las casas corren riesgo por la inestabilidad del terreno, se comenzó una revisión de las casas y del terreno, pero aún no se ha concluido el trabajo.
La denuncia también motivó que la Profepa suspendiera la obra, debido a que no encontró que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó la suspensión de la entrega de viviendas a las familias damnificadas, según fuentes oficiales de la dependencia.
En estas circunstancias, a dos años y medio de la devastación ocasionada por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, el resto de las casas que se construyen en ese predio podrían no entregarse, pues se ha determinado que el suelo no es factible para la construcción, según insistió el dirigente de la APPG Chávez Adame.
Y es que el predio en el que se edifican las casas para las más de mil familias afectadas por los fenómenos de 2013, presenta deficiencias, y corren el riesgo de deslaves y grietas que afecten a las familias, por lo que las casas ya no serán entregadas en ese lugar.
Actualmente están habitando sólo unas 300 familias de las mil 200 que serían reubicas allí, según informó inicialmente la Sedatu.
El dirigente cuestionó, que si tardaron casi tres años en construir las viviendas, entonces qué tiempo requerirán ahora para iniciar desde cero las casas para cientos de familias que perdieron sus hogares.
Mientras tanto, los vecinos que ya habitan algunas de las casas informaron que no tienen conocimiento de cuál es el siguiente paso de las autoridades luego del anuncio sobre la inestabilidad del predio. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).