Cifra la SSPC en 48 los decesos por Otis en Acapulco y en 48 los desaparecidos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que según el corte de información proporcionada, suman 48 personas fallecidas a causa del huracán Otis.
Como parte del informe del día 12 de trabajos para la recuperación y atención a la población afectada por Otis, la Fiscalía General de Guerrero (FGR) precisó que 48 personas mantienen el estatus de no localizados.
Por parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y Guardia Nacional, en total han entregado 170 mil 905 despensas y 927 mil 415 litros de agua, además de que en el centro de acopio Mundo Imperial tienen disponibles 53 mil 603 despensas y 458 mil 160 listos para distribución.
Por medio de cinco comunitarias y 13 comedores comunitarios, han servido 293 mil 302 raciones de comida y con ocho máquinas tortilladoras se entregaron 55 mil 670 kilogramos de tortillas. A través de las plantas potabilizadoras han repartido 685 mil 400 litros de agua.
La Sedena ha llevado a cabo tres mil 812 consultas médicas y se realizaron 12 evacuaciones aéreas y una terrestre, en tanto que tres mil 659 personas fueron evacuadas por aerolíneas comerciales.
Hay un avance de 53% en la fase de limpieza de las avenidas Hermenegildo Galeana, Huehuetepec, Tecnológico, Gran Vía Coloso, Caletilla, López Mateos, La Candelaria, Almendros, Lomas del Mar y Huapinoles. Mantienen en operación nueve plantas de energía eléctrica, 14 unidades de maquinaria para remoción de lodo y escombro, 141 motosierras, 11 aviones y seis helicópteros.
Agregaron que se mantiene la operación de las sucursales de Banjercito para la disposición de efectivo y la organización de 15 mil paquetes con enseres domésticos para su distribución.
“Diez mil elementos de la Guardia Nacional apoyan la seguridad para el restablecimiento de los siguientes servicios: vías de comunicación, estaciones de gasolina, instituciones bancarias, centros comerciales, central de abastos, casetas de cobro entre otros”, mencionan.

Labores de la Marina

La Secretaría de Marina indica que cuenta con ocho mil 195 elementos desplegados y distribuyeron 60 mil 343 despensas y 458 mil 241 litros de agua. En tanto que repartieron dos mil 200 canastas básicas y dos mil 200 casilleros de huevo.
Con siete cocinas móviles se han entregado 14 mil 250 raciones de comida y dos máquinas tortilladoras se mantienen funcionando. Por su parte seis plantas potabilizadoras han producido 366 mil 593 litros de agua. Anunciaron el arribo de 27 mil 992 kilogramos de víveres a granel que se encuentran siendo organizados para despensas.
En total realizaron mil 630 consultas de urgencia, mil 641 curaciones y procedimientos menores, 11 cirugías, 51 hospitalizaciones, 152 sesiones de hemodiálisis, cuatro traslados por aire y ocho por tierra.
Los buques de la dependencia proporcionaron 178 mil 650 litros de diésel, 35 mil litros de turbosina y 80 mil 130 litros de gasolina. En tanto que 171.6 toneladas de escombros fueron recolectadas y limpiaron 31 mil 500 kilómetros de las vías de comunicación.
Llevan 25 vuelos de ambulancia, 233 transportes de despensa, 87 de logística y 26 de atención médica. Por medio de 28 vuelos comerciales se trasladaron dos mil 874 pasajeros y 48 embarcaciones fueron reflotadas.

Conagua atiende hospitales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva dos millones 005 mil litros de agua potable destinados a hospitales, mientras que para 41 colonias se entregaron un millón 065 mil litros y en refugios temporales se destinaron 90 mil litros de agua en total. Para las plantas potabilizadoras se repartieron 505 mil litros de agua.
Además de que llevan 11 mil 380 metros lineales de desazolve y realizaron la limpieza de 299 de visita en toda la zona costera. En el caso concreto de Coyuca de Benítez, mantienen dos plantas potabilizadoras, una en Espinalillo y otra en Yetla.
En las acciones del sector salud, 44% de las 110 unidades de primer nivel de atención se encuentran operando y se fortalecen 45 unidades médicas móviles repartidas entre Acapulco y Coyuca de Benítez.
Han llevado a cabo 21 mil 065 consultas médicas y 549 traslados médicos, además de brindarle alimentación y hospedaje a 356 familiares de pacientes que fueron trasladados a hospitales de Chilpancingo y Ciudad de México. Por su parte, 96 pacientes se encuentran hospitalizados y hay disponibilidad de 227 camas.

Censan 2 mil 673 Servidores de la Nación

La Secretaría de Bienestar cuenta con dos mil 673 Servidores de la Nación desplegados para realizar el censo de viviendas y comercios dañados, que hasta el momento cuenta con 172 mil 102 registros. Informaron que 485 jóvenes están inscritos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Por parte de Petróleos Mexicanos, 54 estaciones de servicio se mantienen en funcionamiento, mientras que el servicio de gas LP se encuentra completamente reestablecido por seis empresas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puntualiza que 10 mil 948 postes se restablecieron por el trabajo de dos mil 900 elementos, mientras que 113 plantas eléctricas se instalaron en instituciones y sitios públicos.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que la empresa Telcel opera 71.2% de las radio bases en Acapulco y brindará servicios gratuitos hasta el 10 de noviembre. En tanto que AT&T recuperó 33 sitios y 56 radio bases. Las señales de Televisa y Televisión Azteca operan a su totalidad.
Agregaron que vía terrestre se transportó a 25 mil 136 personas con destinos a Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad de México, mientras que mantienen 300 elementos y 150 máquinas en operación.
El gobierno del estado, en conjunto con el ayuntamiento de Acapulco, reportaró 61.81 kilómetros lineales de vías de comunicación limpias y siete millones 723 mil litros de agua entregados, así como 68 mil 150 raciones diarias de alimento en albergues y comedores comunitarios. Indican que 537 elementos de seguridad se encuentran desplegados.
El abastecimiento de agua potable en la red municipal tiene 60% de avance y siete refugios en Acapulco operan, mientras que cinco lo hacen en Coyuca de Benítez. En operación hay cuatro hospitales públicos y uno en Coyuca.
Por parte del Centro de Mando Secundario Asipona hay una fuerza de trabajo de 516 elementos de respuesta, dos vehículos aéreos no tripulados, nueve vehículos acuáticos de rescate, 83 vehículos terrestres, cinco ambulancias y dos binomios caninos.
“Se han retirado 40 postes, 225 árboles, 455 toneladas de escombro y cascajo, tres mil 986 toneladas de residuo vegetal, 814 toneladas de basura inorgánicas, 58 estructuras de los servicios públicos, 14 mil 200 metros lineales de caminos liberados y 240 mil litros de agua extraída”.

 

Entrega el Ejército despensas en las casas ya censadas por “servidores de la nación”

Soldados entregan una despensa y un casillero de huevo como parte de la ayuda a los damnificados del huracán Otis en la colonia Loma Bonita Foto: El Sur
Soldados entregan una despensa y un casillero de huevo como parte de los apoyos a los damnificados del huracán Otis en la colonia Loma Bonita. Foto: El Sur

Aurora Harrison

Elementos del Ejército entregaron despensas a personas afectadas por el huracán Otis, como parte del llamado Plan de Reconstrucción y Apoyo para Acapulco anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El sábado a las 5 de la tarde, soldados llevaron dos pipas con agua a la calle Plan de Ayutla, en la colonia Lázaro Cárdenas, que conecta a diferentes asentamientos ubicados en la parte alta de La Cima.
Después, las entregaron a las personas que ya fueron censadas por “Servidores de la Nación” de la Secretaría del Bienestar, y siguieron el domingo por la mañana.
Soldados del 56 Batallón de Infantería pasaron casa por casa de las que ya fueron censadas, para entregar una despensa y colocaron una calcomania con la leyenda Juntos pondremos de pie a Acapulco, que tiene 12 espacios, correspondientes a igual número de semanas en las que se entregarán víveres.
El domingo siguió la entrega de las despensas, que están compuestas por cinco litros de leche, un kilo de frijol, cinco paquetes de tortilla, pan blanco, una bolsa de lentejas, un paquete de papel higiénico, atún, pasta y jabón de baño.
El sábado entregaron despensas a personas afectadas por el huracán Otis en la avenida Ruiz Cortines, frente a la entrada de la Unidad Habitacional Fovissste y en la colonia Lázaro Cárdenas.
A las 9 de la mañana del sábado, en la avenida Ruiz Cortines se estacionó un tráiler y tres camiones, dos de ellos cargados uno de despensa y el otro de agua, que entregaron a las cientos de personas que se formaron para recibir los víveres.
A las personas le daban una caja que llevaba además de atún, arroz, frijol y sardina, también traía un bote de aceite y pasta para sopa.
Pese a que no quisieron decir cuántas toneladas de despensa entregaron, había formadas unas 300 personas, entre adultos mayores, mujeres y hombres de diferentes edades.
Conforme pasaban los minutos llegaban más personas a formarse y quienes caminaban o pasaban en su carro, también se detenían para formarse.
Este domingo, en la zona de la Costera, por el Malecón, había personas formadas porque asociaciones civiles estaban repartiendo despensas.
También hubo personas formadas en la Base Naval en espera de despensas, pero les dijeron que allí no las iban a entregar.

Denuncian campesinos de la Montaña que Servidores de la Nación los sacaron de un programa

 

Productores de maíz y frijol de comunidades de los municipios Tlapa y Alcozauca, denunciaron que también fueron excluidos del programa Producción para el Bienestar y pidieron la intervención de la delegación de la Secretaría del Bienestar para su inclusión.
Apenas la semana pasada campesinos de los municipios de Ayutla y Atlixtac denunciaron que los dejaron fuera de dicho programa.
En un oficio dirigido al delegado regional de los Programas del Bienestar, Julio Lázaro Bazán, el comisariado de Bienes Comunales, Gaudencio Casalez Hernández y el comisario municipal, Samuel Casalez Reyes de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, reportaron que 86 de sus compañeros campesinos fueron excluidos y solicitaron que los incluyan.
Informaron que los Servidores de la Nación no difundieron la convocatoria en su pueblo y el sábado se enteraron que se cerraba este 23 de octubre.
Dijeron que ayer cuando bajaron a la cabecera municipal a registrarse, a todos los productores de San Pedro Petlacala les dijeron que estaban fuera.
Los productores reclamaron a la dependencia federal que los incluya al programa, que “están en la disposición de cumplir con los requisitos que les requieran pero que les den tiempo para reunirlos”.
En su oficio pidieron que se cumpla con el slogan de “por el bien de todos primero los pobres”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

No les quiere paga el gobierno el salario del Servidor desaparecido, denuncian familiares

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Familiares del Servidor de la Nación Miguel Huerta Torres, privado de la libertad el pasado 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, reprocharon que no cuentan con el apoyo del gobierno del estado ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ni les dan avances de las investigaciones que realizan para localizarlo.
Además la Secretaría del Bienestar donde trabaja Miguel Huerta, no les quiere pagar los salarios del empleado a pesar de que ya hay una orden de un juez.
Un familiar informó, a condición de que no se revelara su nombre, que este lunes se cumplieron 6 meses de que un comando se llevó al Servidor de una reunión en la comisaría de Temaxcalapa, y la Fiscalía General del Estado no tiene avances.
Expuso que las autoridades no han comunicado nada relevante y por eso han estado buscando una reunión con la gobernadora, de quien dijo que está enterada desde los primeros días del secuestro.
Además de que les niega la audiencia, el gobierno del estado tampoco da acompañamiento o algún otro tipo de apoyo a la familia, denunció.
El olvido institucional lo sufren también de la Secretaría del Bienestar, ya que no han pagado los salarios de Miguel Huerta a pesar de que ya hay una orden judicial, dijo la fuente.
A su vez, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no los quiere reconocer como víctimas así que no les da el apoyo económico que les corresponde por ley, a sabiendas de que el trabajador del gobierno federal dejó a dos hijos menores de edad que dependían de él, informó.
“Todos nos dejaron solos, parece que ya nadie quiere que se toque el tema, por eso le pedimos a la gobernadora Evelyn que no ponga excusas, que nos atienda, ya son 6 meses y es la fecha que no nos ha recibido”, clamó.
Demandó a la Comisión de Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlos.
Y a la Secretaría del Bienestar que acate la orden que dio un juez del pago de los salarios.
Consideró que “sólo porque es hombre quieren hacer menos su caso buscando una justificación de su desaparición, como si no fuera importante. Él nunca hizo nada malo, ni se metía con nadie, y todos los que lo conocen, sobre todo los de la localidad donde vivía y fue privado de su libertad también lo saben”.
El día de la desaparición de Miguel Huerta los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberados la noche de ese 28 de febrero.

 

Preocupa a colectivo el nuevo censo de desaparecidos

 

Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia hicieron ayer volar papalotes con los rostros de desaparecidos en playa Suave en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ayer también marcharon Madres Igualtecas y hoy habrá asimismo una ma-nifestación en Chilpancingo. Según el Registro Nacional, van 212 personas desaparecidas este año que no han sido halladas y ayer hubo denuncias de los familiares del “servidor de la nación” desaparecido en una comunidad de Taxco Foto: Carlos Carbajal

Denuncian familiares de desaparecidos que AMLO busca reducir los casos por las elecciones

Se oponen al nuevo censo que hace unas semanas el presidente anunció con el argumento de tener cifras más confiables

Karina Contreras

Papalotes con los rostros de personas desaparecidas, que fueron elevados en la playa Suave por integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, cómo parte de las actividades del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora hoy 30 de agosto Foto: Carlos Carbajal

Diversos colectivos de familiares de desaparecidos señalaron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para un nuevo censo de personas desaparecidas tiene el objetivo de bajar las cifras debido a las próximas elecciones presidenciales.
Dijeron que no saben cuál es la metodología que se está utilizando y “ellos pueden decir lo que se les dé la gana para minimizar, más en este momento que hay próximas elecciones, para poder decir que han trabajado más contra la desaparición de personas forzadas”.
Hace unas semanas el presidente López Obrador anunció que se hará un nuevo censo “confiable” de las denuncias de las personas desaparecidas, porque considera que hace falta una actualización.
Para ello se apoyará en los Servidores de la Nación, los gobiernos del estado y las Fiscalías para tener certeza de cuántos desaparecidos hay realmente.
La madre de José Israel Martínez Retana, secuestrado y desaparecido el 13 agosto de 2017, Patricia Retana, señaló que con esa iniciativa el “presidente quiere volver a desaparecer a nuestros desaparecidos y eso no lo vamos a permitir. Para él nada más somos números, nuestros familiares nada más son número y eso no es, son personas”.
Insistió en que el presidente los quiere volver a desaparecer, “ya nos desaparecieron una vez y lo quieren volver a hacer”.
Por su parte, el integrante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Julio Mata, dijo que el censo que anunció el presidente ya lo están haciendo desde hace un mes, pero no saben cuál es la metodología y “pueden desaparecer a los desaparecidos, una desaparición administrativa”.
“Lo que buscarían tal vez es bajar el número de desapariciones. Tenemos más de 110 mil desapariciones en el país, a lo mejor digan son 90 o 70 mil. No sabemos lo que vaya a pasar, pero estamos atentos”.
Señaló que hay más de 50 mil cuerpos en el país sin identificar en los Semefos y un déficit enorme de médicos forenses que pueden hacer estudios de ADN.
Consideró que puede ser el doble o triple de las cifras oficiales de 110 mil desaparecidos porque hay gente que no denuncia porque el Ministerio Público está coludido con el crimen organizado. “Los policías estatales y municipales en un momento son los que andan uniformados y en otro momento son los que andan en la calle levantando a la gente. Hay un sinnúmero de desapariciones enorme”.
Agregó que las autoridades saben perfectamente dónde están los grupos delincuenciales, pero son “tolerados, por esos decimos que es responsabilidad del Estado por acción, omisión o complicidad”.
Este martes los colectivos llevaron a cabo una actividad de volar papalotes donde se encuentra el mirador de la Vía Rápida con el objetivo de visibilizar a sus familiares desaparecidos y se da a un día de que se conmemore el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La esposa de Vicente Suástegui Muñoz e integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Samantha Valeria Colón Morales, dijo que la actividad era para seguir pidiendo justicia y “visibilizando los rostros de nuestros familiares que tenemos desaparecidos”.
Añadió que es para “seguirse diciendo al gobierno que nos hacen falta en casa, que las familias siguen incompletas y seguimos buscando. Que no hagan caso omiso las dependencias que nos tienen que dar seguridad, las que son encargadas de buscarlas y que tienen que estar al frente para ver los casos de los desaparecidos”.
Colón Morales señaló que sus familiares sufrieron desaparición forzada por eso están pidiendo al Estado a sus familiares.
En la actividad participaron 15 personas quienes volaban los papalotes con el rostro de su familiar.

 

Tipificar como delito grave la desaparición de personas, plantean colectivos en iniciativa de ley

En la propuesta que está congelada en el Congreso local, proponen los familiares de las víctimas que se establezca un fondo estatal para localizarlas, además de que la CEBP sea una Comisión autónoma y sugieren que sean sancionados penal y administrativamente los servidores públicos “que realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un fondo estatal para las búsquedas, localización e identificación de personas desaparecidas; independencia y autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBP); creación de un Consejo Estatal Ciudadano, y que se consideren como delitos graves la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, son parte del contenido de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas que propusieron los colectivos de víctimas que está congelada en el Congreso local.
Asimismo, incluye la aplicación de sanciones penales y administrativas a los servidores públicos “que realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia”, y la reparación integral del daño a las víctimas.
La Iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, ingresó al Congreso local el 10 de noviembre del 2022 desde cuando los representantes de colectivos vienen exigiendo que se le dé trámite y han participado en reuniones con diputados locales para “actualizarla y enriquecerla” sin que se haya turnado a comisiones.
En la propuesta de iniciativa de ley se propone la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para “coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento entre las distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con la búsqueda de personas”.
El Sistema lo presidiría el secretario de Gobierno en turno y lo integrarían los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo Estatal Ciudadano, la titular de la Secretaría de Salud, del Servicio Médico Forense y del titular de la Dirección General de Servicios Periciales.
También se propone que la CEBP sea un órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión en el desempeño de sus funciones, y que forme parte del Sistema Estatal y Nacional de Búsqueda.
En la iniciativa se propone, asimismo, la creación del Consejo Estatal Ciudadano que sería integrado por dos familiares de personas desaparecidas en cada una de las ocho regiones del estado; dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, y un representante de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
Sus integrantes serían nombrados por la Secretaría General de Gobierno, previa consulta pública “y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de esta Ley y la Ley General”.
Se destaca en la propuesta que el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.
Además, se plantea que la CEBP deberá gestionar ante el gobierno federal la creación y operación de un Centro Regional de Identificación Humana.
También se establecen sanciones “en términos de lo dispuesto en las leyes aplicables” a los servidores públicos que incumplan con las solicitudes para la búsqueda de personas que sean requeridas por la citada Comisión.
En la propuesta se habla de la creación de un fondo estatal para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y que la o el titular del poder ejecutivo del estado deberá incluir los recursos para su financiamiento en el proyecto de presupuesto de egresos de cada año.
Refiere que dicho fondo no podrá ser menor al 0.030 por ciento del presupuesto anual estatal y que será administrado por la instancia que disponga la Comisión Estatal de Búsqueda en su propio reglamento interno.
En cuanto a las responsabilidades administrativas y los delitos, en el titulo tercero de las disposiciones generales señala que serán considerados delitos graves que atentan contra los derechos de la vida, la integridad, la salud, las garantías judiciales, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la personalidad jurídica de las víctimas directas, la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y serán aplicables las disposiciones señaladas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y demás leyes aplicables.
Refiere que estos delitos serán perseguidos de oficio “y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados”.
En el capítulo segundo relacionado con las responsabilidades administrativas se establece que las y los servidores públicos contemplados dentro de esta Ley que, con motivo de sus funciones y atribuciones, realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, “deberán ser investigados y sancionados conforme a la legislación penal y/o administrativa aplicable”.
En el capítulo tercero se incluye la obligación del Sistema Nacional y Estatal de Búsqueda, de la Fiscalía Especializada y el Servicio Médico Forense, para crear el registro estatal de personas desaparecidas; el registro estatal de fosas; el registro estatal de personas fallecidas no identificadas; el banco estatal de datos y herramientas necesarias para cumplir con su objetivo.
En cuanto a los derechos de las víctimas, el artículo 113 establece que la CEBP debe proporcionar a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General, las medidas de ayuda inmediata; ayuda, atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral y las medidas de no repetición.
“Los familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en La Ley General de Víctimas y la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, según corresponda”, se establece.
Asimismo, la propuesta de iniciativa contempla que la Fiscalía Especializada, en el ámbito de sus competencias, “debe establecer programas para la protección de las víctimas, los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos”.
También se incluye la Declaración Especial de Ausencia, mediante la cual los familiares y “otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público” podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo dispuesto en esta Ley General y las leyes aplicables.
“La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida”, se explica.
En cuanto a las medidas de reparación integral a las víctimas, en el artículo 136 señala que las víctimas de los delitos establecidos en la Ley General tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley Número 450 de Víctimas del Estado del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas de reparación integral incluyen la construcción de lugares o monumentos de memoria; una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; recuperación de escenarios de encuentro comunitario, y la recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas.

Acude la Comisión Nacional de Búsqueda a Puente Campuzano llamada por una familia

Funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, resguardados por elementos del Ejército Mexicano, realizaron una búsqueda individual en la comunidad de Puente Campuzano del municipio de Taxco.
Los enviados de la Comisión se detuvieron en la gasolinera ubicada frente al Instituto Tecnológico, en el Periférico Norte de Iguala, después de concluir su jornada de labores.
Los trabajos de ubicación y localización de personas no localizadas por parte del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue requerida por una familia ajena a los colectivos de personas desaparecidas, y que reportó a su familiar extraviado y que les dieron indicios de que pudieron haberlo visto en la comunidad de Puente Campuzano, en Taxco.
En la comunidad Puente Campuzano, se ubica el Pozo Meléndez, conocido también como la Boca del Diablo, que tiene una profundidad de 160 metros y era utilizado por grupos de la delincuencia organizada como tiradero de cuerpos y fue clausurado en los años noventas, sin embargo el Colectivo de los Otros Desaparecidos de Iguala, realizaron tres diligencias fallidas en diferentes fechas desde 2017.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del primero de enero de 1962 al 20 de agosto del 2023, incluye a 4 mil 137 personas desaparecidas en el Estado de Guerrero, y a nivel nacional se han reportado 292 mil 150 víctimas de dicho delito. (Redacción / Chilpancingo).

 

No les quiere paga el gobierno el salario del Servidor desaparecido, denuncian familiares

Familiares de Miguel Huerta Torres piden a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlo como víctima. Reprochan a la Fiscalía del estado que no les informe los avances de las investigaciones

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Familiares del Servidor de la Nación Miguel Huerta Torres, privado de la libertad el pasado 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, reprocharon que no cuentan con el apoyo del gobierno del estado ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ni les dan avances de las investigaciones que realizan para localizarlo.
Además la Secretaría del Bienestar donde trabaja Miguel Huerta, no les quiere pagar los salarios del empleado a pesar de que ya hay una orden de un juez.
Un familiar informó, a condición de que no se revelara su nombre, que este lunes se cumplieron 6 meses de que un comando se llevó al Servidor de una reunión en la comisaría de Temaxcalapa, y la Fiscalía General del Estado no tiene avances.
Expuso que las autoridades no han comunicado nada relevante y por eso han estado buscando una reunión con la gobernadora, de quien dijo que está enterada desde los primeros días del secuestro.
Además de que les niega la audiencia, el gobierno del estado tampoco da acompañamiento o algún otro tipo de apoyo a la familia, denunció.
El olvido institucional lo sufren también de la Secretaría del Bienestar, ya que no han pagado los salarios de Miguel Huerta a pesar de que ya hay una orden judicial, dijo la fuente.
A su vez, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no los quiere reconocer como víctimas así que no les da el apoyo económico que les corresponde por ley, a sabiendas de que el trabajador del gobierno federal dejó a dos hijos menores de edad que dependían de él, informó.
“Todos nos dejaron solos, parece que ya nadie quiere que se toque el tema, por eso le pedimos a la gobernadora Evelyn que no ponga excusas, que nos atienda, ya son 6 meses y es la fecha que no nos ha recibido”, clamó.
Demandó a la Comisión de Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlos.
Y a la Secretaría del Bienestar que acate la orden que dio un juez del pago de los salarios.
Consideró que “sólo porque es hombre quieren hacer menos su caso buscando una justificación de su desaparición, como si no fuera importante. Él nunca hizo nada malo, ni se metía con nadie, y todos los que lo conocen, sobre todo los de la localidad donde vivía y fue privado de su libertad también lo saben”.
El día de la desaparición de Miguel Huerta los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberados la noche de ese 28 de febrero.

Denuncian familiares la desaparición de un adulto de 85 años cerca del Ocotito

Familiares del señor Reynol Magaña Dionicio, de 85 años de edad, denunciaron ayer en conferencia de prensa su desaparición el pasado 16 de agosto entre las comunidades de Ocotito y Zoyatepec, municipio de Chilpancingo y pidieron la solidaridad de la sociedad para su localización.
Reyna Magaña Martínez, hija del desaparecido informó que el 16 de agosto su papá salió de las albercas Panorámica, ubicadas entre dichas comunidades, en donde estaba al cuidado de otro de sus hijos y desde entonces perdieron contacto con él.
Reconoció que su padre padece del alzheimer, pero que nunca se les había perdido
Informó que sus familiares han realizado búsquedas en caminos y poblados vecinos, pero hasta ayer no habían tenido éxito.
Reyna Magaña informó que la semana pasada vecinos de los poblados de Buenavista y de Rincón de la Vía, que se encuentran en el Valle del Ocotito les aseguraron que lo vieron, en el caso de Rincón de la Vía apenas el sábado pasado.
Derivado de ello pidieron a la solidaridad de la sociedad para que si lo llegan a localizar llamen a los teléfonos 7551363207 y 7551421211. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo)