Un adulto mayor fue asesinado por presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM), en un ataque a balazos a la comunidad Las Mesas, en la sierra del municipio de Petatlán, la madrugada del sábado 11.
Habitantes de esa localidad denunciaron que esa madrugada, a las 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo, fueron despertados por las fuertes detonaciones de los balazos y que este hecho causó terror entre los vecinos, principalmente en mujeres, niños y adultos mayores que a esa hora buscaron refugio debajo de sus camas y otros más corrieron hacia el monte para ponerse a salvo de los disparos.
La comunidad Las Mesas se ubica en la sierra oriente del municipio de Petatlán y está en el corredor de la ruta Santa Rosa-El Durazno; las principales actividades económicas de la población son la agricultura y la ganadería.
Uno de los pobladores, vía telefónica, dijo que la víctima fatal de este ataque fue un adulto mayor que vivía casi a las afueras de la comunidad y que fue asesinado de manera muy cruel; agregó que en el momento del ataque, algunos vecinos pidieron ayuda por teléfono a funcionarios del gobierno del estado para que los militares que están en la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la entrada a Santa Rosa, subieran a apoyarlos pero que ese día del ataque pasaron más de 12 horas y no llegaban.
Comentó que vecinos de Santa Rosa dieron aviso a los militares que están en la entrada al poblado, pero que les respondieron que no están autorizados para salir de noche, “por eso llegaron acá hasta 12 horas después de que pasó todo y por la mañana del sábado y hoy domingo todavía, algunas familias empezaron a salirse a dejar sus casas porque tienen miedo”.
“La gente está empezando a salirse y otros están enojados y dispuestos a enfrentarse con ellos porque dicen que lo que están haciendo es terrorismo, lo que quieren es meter miedo a los pueblos, para que se salgan y ellos adueñarse de todo lo que dejen y que los que se queden, que se pongan sumisos para empezarles a cobrar cuota como lo hacen en Tierra Caliente donde hasta a los que trabajan de peones les cobran 50 pesos por trabajar y si no, los matan”.
El vecino atribuyó esta agresión a una represalia por parte del grupo delincuencial, ya que hacía apenas tres días, es decir, el miércoles de la semana pasada, que las autoridades locales de esa comunidad y de ese ejido, acudieron a una reunión en Santa Rosa con funcionarios del gobierno del estado donde pidieron de manera urgente una BOM en ese poblado porque es un lugar estratégico para que los delincuentes puedan llegar hacia Petatlán y a Santa Rosa.
“Nosotros somos una comunidad de gente que no se mete en problemas y que no hace el mal a nadie, al contrario, la mayoría de las familias que viven aquí, si no es que todos, somos familias católicas que hemos hecho procesiones por las calles de la comunidad para orar por la paz de la región y la paz del mundo; hacemos rosarios, ofrecemos misas por la paz porque si no hay paz, no se puede hacer nada”.
Dijo que lo que pasó en Las Mesas, debería de ser una situación que debe preocupar a los habitantes de Petatlán y de Zihuatanejo, “porque este grupo está metiéndose y si no lo para el gobierno, entonces la gente de allá van a empezar a sentir lo que nosotros estamos sintiendo acá de este lado y lo que siente toda la población de la Tierra Caliente donde este grupo ha hecho tanto daño”.
“Nos sentimos solos, como despreciados por la demás gente, como si nosotros no valiéramos como personas, aunque vivimos en la sierra, nos damos cuenta de lo que pasa y nos da tristeza que nadie, ni los políticos, esos que luego suben a vernos para que les demos el voto porque quieren ser gobernadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, nadie alza la voz para pedirle al gobierno que detenga a esos delincuentes y dejen de hacer tanto daño”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador, “le exigimos que ya paren a La Familia Michoacana, que ya no sigan matando, extorsionando, desplazando comunidades enteras, tenemos derecho a vivir en paz, no somos gente de guerra, somos gente de paz, gente de trabajo, que detengan a esos que no quieren trabajar honradamente”. (Redacción).
Este martes, habitantes de la comunidad La Calera de Santa Lucía, en la sierra del municipio de Petatlán, denunciaron que ocurrió un nuevo enfrentamiento entre civiles de esa zona con integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM) y que hay muertos de éste, pues en esta ocasión también participó el Ejército para combatirlo.
El domingo 29, los vecinos denunciaron que los sicarios del mencionado grupo delincuencial atacaron las comunidades El Manguito y Loma Baya.
En las inmediaciones de esa última localidad, ese día dejaron a tres campesinos muertos, como respuesta al asesinato de tres de sus integrantes el sábado en El Parotal, según las denuncias.
El lunes 30, cuando una célula de ese grupo delincuencial se enfrentaba a balazos con habitantes de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Tecpan, de manera casi simultánea ocurría un enfrentamiento entre otra célula de La Familia Michoacana con habitantes de Loma Baya, El Manguito y La Calera de Santa Lucía, pero no hubo reporte de heridos o muertos, aunque trascendió extraoficialmente que sí hubo.
Ayer martes por la noche, de nueva cuenta en esa misma zona, los habitantes denunciaron que ocurrió otro enfrentamiento durante la tarde y cuando éste ocurría, llegó el Ejército para enfrentar a los sicarios y que hubo varias bajas de parte del grupo delincuencial. (Redacción / Chilpancingo).
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que todas las instancias de seguridad preparan la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en El Parotal, en la sierra de Petatlán, donde se dio un enfrentamiento en el cual el jefe de la Unidad de las Fuerzas Especiales, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública y tres presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana resultaron muertos, y los pobladores retuvieron a 32 policías estatales.
Abordada por reporteros alrededor de la una de la tarde, cuando llegaba a una actividad del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el Zócalo de Chilpancingo, Salgado Pineda dijo que el suceso fue tema de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por la mañana, por lo tanto, mandos de secretarías de Defensa Nacional (Sedena), y de la Armada de México, así como la Guardia Nacional, ya estaban al tanto de los hechos.
“Van a tener una Base de Operaciones Mixtas ahí en El Parotal y donde sea necesario, ya están en camino todas las dependencias involucradas”.
La gobernadora dijo que este problema se atendió “de manera puntual”, con una “actuación rápida”, pues en su administración “la seguridad es lo prioritario, vamos a estar muy al pendiente de toda la seguridad”.
Los hechos se dieron el sábado y los policías retenidos fueron liberados el domingo, cuando el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, acudieron a El Parotal, como demandaron los pueblos.
Sobre el asesinato de los agentes en activo, la gobernadora respondió que la Fiscalía General del Estado realiza la investigación y la misma dependencia dará a conocer todas las líneas del caso.
Por otro lado, en la entrega de marcas a 23 empresas artesanales, acreditadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la gobernadora destacó que el programa benefició a 500 familias de distintos municipios, en la primera etapa.
Destacó el enfoque integral del programa para el fortalecimiento de economías de empresas comunitarias y medio ambiente, y la exposición de huipiles, sombreros y máscaras. Agregó que seguirá usando la vestimenta tradicional aunque la critiquen.
Estuvieron en el evento, en representación del comisionado del INPI, Adelfo Regino Montes, el delegado, Manuel Vázquez Quintero, el delegado del gobierno Federal Iván Hernández Díaz, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raymundo Casarrubias.
Policías estatales retenidos en El Parotal en la sierra de Petatlán en la región de la Costa Grande Foto: redes
Brenda Escobar / redacción
Santa Rosa de Lima
Cinco hombres, entre ellos tres civiles presuntamente integrantes del grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana, un policía estatal y un marino en activo que recientemente había sido nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron asesinados el sábado por la tarde en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Los cinco hombres iban en un convoy de la Policía Estatal que ese sábado llegó a El Parotal, y según denuncias de pobladores del lugar, allanaron casas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor. Dijeron que por eso, además de los cinco muertos, 32 policías estatales fueron desarmados y retenidos durante más 17 horas.
Este domingo por la mañana, fueron liberados 32 policías estatales que horas antes, es decir, el sábado 28, habían sido retenidos por pobladores de esa comunidad de la sierra de Petatlán, que descubrieron que entre los efectivos policiacos iban presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, y mencionaron a La Familia Michoacana, a quienes asesinaron junto con un policía estatal y un marino.
Los policías fueron liberados luego de que el domingo por la mañana, funcionarios del gobierno del estado acudieron a esa localidad a dialogar con los habitantes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que los pobladores dijeron que hubo un “enfrentamiento” entre policías estatales y civiles armados, mientras que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que fue un ataque directo a la Policía del Estado.
Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, acudieron ayer domingo a El Parotal para dialogar con los habitantes y pedirles que dejaran en libertad a los policías estatales que un día anterior habían ingresado a la comunidad junto con tres civiles.
Después, vecinos informaron que le pidieron a Reynoso Núñez que se coloque un módulo o cuartel del Ejército o de la Marina en ese pueblo o en Las Mesas para dar seguridad a la población de toda esa parte de la sierra del municipio de Petatlán así como evitar en lo sucesivo que la Policía del Estado ingrese en esa zona, “porque no nos vamos a hacer responsables” de lo que les pase.
Por su parte, el funcionario estatal les pidió que confíen en la Fiscalía General del Estado y que dejen que esa dependencia haga su trabajo de investigación para que se esclarezca lo ocurrido, y les solicitó que interpongan la denuncia correspondiente, razón por lo que en esta misma semana subirá una unidad móvil del Ministerio Público del fuero común a ese pueblo.
Versión de los habitantes
Pobladores de El Parotal denunciaron que el sábado 28, a las 3 de la tarde, uniformados a bordo de cinco patrullas de la Policía Estatal números 547, 268, 682, 687 y una más que no llevaba numeración, llegaron a la comunidad y allanaron específicamente algunas viviendas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor.
Agregaron que notaron que algo no estaba bien en lo que estaban haciendo los policías desde el momento en que notaron que a dos de las patrullas les habían alterado la numeración con cinta negra y que en uno de estos vehículos viajaban tres hombres que en ningún momento se bajaron de la unidad y los tenían con aire acondicionado.
Los habitantes dijeron que ante estas observaciones, los pobladores se organizaron para impedir que los policías con los civiles salieran de la comunidad y exigieron que se identificaran pues reconocieron a dos de los tres civiles, pues eran personas que vivían en la región y aseguraron que éstos tenían nexos con el grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana. Los vecinos quisieron bajarlos de la patrulla, pero todos los policías los protegieron y cortaron cartucho para amagar a las personas.
Asimismo, se supo que enseguida de eso, hubo un enfrentamiento y los tres civiles murieron, al igual que un policía estatal y un marino de apellido Téllez, quien iba al mando del convoy de uniformados estatales.
Los habitantes retuvieron al resto de los policías y señalaron que a las únicas personas a las que se los entregarían serían a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, “para que sepan qué es lo que anda haciendo la policía del estado”.
Bloqueo en Santa Rosa de Lima
Luego de que ese mismo sábado por la tarde-noche se corrió la voz de lo ocurrido en El Parotal, habitantes de comunidades de esa región de la sierra de Petatlán y vecinos de la localidad Santa Rosa de Lima, que pertenece a Tecpan de Galeana, se reunieron en la entrada de este último poblado para impedir la entrada de cualquier otra autoridad que no fuera la gobernadora o el secretario general de Gobierno.
Se conoció que poco después de las 8 de la noche, llegó a Santa Rosa un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado, que consiguieron convencer a los manifestantes de que les permitieran el paso para ir a hacer las primeras diligencias de lo ocurrido. Los ministeriales llegaron a El Parotal.
Pero fue este domingo, a las 8 de la mañana, cuando los secretarios Marcial Reynoso y Méndez Gómez llegaron a Santa Rosa, en la comunidad vecina, Coyuquilla Norte, había cuando menos unas 10 patrullas de la Secretaría de Marina-Armada de México, también vehículos del Ejército, en tanto que frente a la entrada a Santa Rosa, justo frente al arco, varias patrullas de la Policía Estatal se mantenían estacionadas.
Aproximadamente una hora después de su llegada, trabajadores de la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense de Zihuatanejo trasladaron hacia aquél puerto los cadáveres de los tres civiles, del policía estatal y del marino muertos en El Parotal, escoltados por policías estatales, marinos y militares.
Se conoció que el marino muerto, de apellido Téllez, hacía menos de una semana que había tomado el cargo de jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública e iba al mando del convoy que llegó a El Parotal.
Poco después, fueron bajando las patrullas con los policías retenidos; al momento de pasar por donde estaba el grupo de habitantes debajo del arco, éstos les gritaban a los uniformados, “¡ahí viene pura Familia Michoacana!, “¡ahorita ya vienen a gusto, contentos!”, “¡llegan a esconderse a las otras patrullas, los culos!”, “¡puro delincuente con charola!”, “¡véanlos cómo se pasean con su placa y con su uniforme!”
Al poco rato, bajaron los dos secretarios, quienes hicieron una breve parada en el arco de Santa Rosa para despedirse de la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García y del presidente del comité de caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés; Ludwig Marcial declinó a dar declaraciones, se subió a su camioneta y se retiró.
Luego de que ambos servidores públicos se retiraron junto con los policías estatales, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló la zona algunos minutos y también se retiró.
Funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública implicado
Después de que se fueron los dos secretarios así como los policías retenidos y los otros elementos estatales , habitantes de El Parotal que bajaron a Santa Rosa manifestaron que del sábado al domingo, tuvieron tiempo suficiente para hablar con los policías estatales que estuvieron en su custodia.
Una de las vecinas dijo que entre los 32 policías, iban cinco policías mujeres, una de ellas les comentó que apenas tenía una semana de haber ingresado a la corporación y que ella recibió indicaciones de que se alistara porque el sábado saldrían muy temprano a la Costa Grande, pero que no sabía a qué o para qué, que al igual que otros de sus compañeros, sólo obedeció una orden, “la mujer se puso a llorar porque dijo que ella tenía familia, hijos”.
Agregó que una de las uniformadas se identificó como comandante de nombre Blanca Estela N., a quien le revisaron su teléfono celular y encontraron conversaciones de ella en un grupo de Whatsapp denominado “Salvador Granados” y les llamó la atención que quien le dio las indicaciones para que atendiera a los individuos que llevaban con ellos fue un contacto que tiene registrado como “subsecretario Irving; estuvimos investigando y resulta que ese tal Irving es el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y ella no lo negó”.
La campesina dijo que en esa conversación, el contacto “subsecretario Irving” le da la orden de pasar por uno de los individuos al hotel Fiesta Americana en Acapulco y que en otro chat, la comandante se pone en contacto con esa persona, quien le pregunta si irá vestido de civil, “y ella le dice que no, que ya tiene uniformes y hasta balaclavas”, que es un accesorio para la zona de la cabeza y el cuello, que se caracteriza por cubrir la cabeza, cuello, boca y nariz y sólo deja espacio exclusivo para los ojos, es una prenda muy usada por los cuerpos policiacos.
“Ella pasó por ese hombre, es uno de los muertos, todavía traía en la muñeca la pulsera del hotel, una de color blanco”.
Agregó que dos de los tres civiles que iban con los policías fueron reconocidos por la misma gente de El Parotal “porque vivían por aquí en la región, sabemos quiénes son sus familias y sabemos que tienen contacto con el grupo de la Familia Michoacana” y que murieron “porque los policías los protegieron, siempre los protegieron, le cortaron cartucho a la gente que les pedía que los bajaran de la camioneta donde los llevaban”.
Otra vecina de El Parotal aseguró que en esa reunión, “uno de los que iban con el secretario Ludwig, dijo que ahora los policías iban a pasar de ser agresores a víctimas porque el pueblo los retuvo; en esa reunión se le dijo al secretario Ludwig que queríamos que se hiciera algo por el proceder de los policías y sólo dijo que dejáramos a la Fiscalía que hiciera su trabajo y que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen un consejo de honor o algo así que es el que iba a intervenir”.
Agregó que hay un plazo para que Marcial Reynoso resuelva las demandas y peticiones que los habitantes le hicieron.
Este domingo por la tarde, habitantes de la comunidad La Calera de Santa Lucía en la sierra oriente del municipio de Petatlán, denunciaron que hombres armados identificados como integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM), agredieron a balazos a esa localidad y en el poblado cercano conocido como El Manguito, asesinaron a dos campesinos.
Versiones extraoficiales señalan que el asesinato de los dos campesinos que fueron torturados en El Manguito, fue una venganza de la FM por la muerte de tres de sus integrantes en El Parotal, localizada a unos 20 kilómetros . “Les quieren meter miedo a la gente de los pueblos”, dijo una de las fuentes de la localidad.
De acuerdo con información proporcionada vía telefónica por una de las habitantes, a las 4 de la tarde de ayer, hombres armados entraron a la comunidad y dispararon a las viviendas cuando la mayoría de los pobladores se encontraba participando de un convivio en un domicilio particular, “les dispararon y la gente se echó a correr, había mujeres, niños”.
Asimismo, los pobladores denunciaron que en la comunidad siguiente, en las inmediaciones de El Manguito, quedaron los cuerpos de dos vecinos que trabajaban en una huerta, “les hicieron feo, a uno le sacaron los intestinos y a los dos los balaceraron en la cabeza”.
Comentó que hasta las 8 de la noche de ayer domingo, ninguna autoridad había acudido a proporcionarles ayuda ni a hacer la diligencia correspondiente para el levantamiento de los dos cuerpos pese a que hicieron llamados de auxilio. (Redacción con información de Agencia Reforma)
Matan pobladores de El Parotal a dos policías estatales y tres civiles; los acusan de agresiones
También retienen en esa comunidad de la sierra de Petatlán más de 17 horas a 32 agentes estatales que iban en el convoy con los cinco, entre éstos el jefe de Fuerzas Especiales de la SSP. Según vecinos, la violencia se desató cuando reconocieron entre los uniformados a dos hombres que identifican como parte de La Familia Michoacana. Los secretarios de Gobierno y de Seguridad acuden a la comunidad y logran la liberación de los elementos
Brenda Escobar / redacción
Santa Rosa de Lima
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, dialoga con habitantes de El Parotal que tenían retenidos a policías estatales Foto: Gobierno del estado
Cinco hombres, entre ellos tres civiles presuntamente integrantes del grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana, un policía estatal y un marino en activo que recientemente había sido nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron asesinados el sábado por la tarde en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Los cinco hombres iban en un convoy de la Policía Estatal que ese sábado llegó a El Parotal, y según denuncias de pobladores del lugar, allanaron casas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor. Dijeron que por eso, además de los cinco muertos, 32 policías estatales fueron desarmados y retenidos durante más 17 horas.
Policías estatales retenidos en El Parotal en la sierra de Petatlán en la región de la Costa Grande Foto: redes
Este domingo por la mañana, fueron liberados 32 policías estatales que horas antes, es decir, el sábado 28, habían sido retenidos por pobladores de esa comunidad de la sierra de Petatlán, que descubrieron que entre los efectivos policiacos iban presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, y mencionaron a La Familia Michoacana, a quienes asesinaron junto con un policía estatal y un marino.
Los policías fueron liberados luego de que el domingo por la mañana, funcionarios del gobierno del estado acudieron a esa localidad a dialogar con los habitantes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que los pobladores dijeron que hubo un “enfrentamiento” entre policías estatales y civiles armados, mientras que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que fue un ataque directo a la Policía del Estado.
Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, acudieron ayer domingo a El Parotal para dialogar con los habitantes y pedirles que dejaran en libertad a los policías estatales que un día anterior habían ingresado a la comunidad junto con tres civiles.
Después, vecinos informaron que le pidieron a Reynoso Núñez que se coloque un módulo o cuartel del Ejército o de la Marina en ese pueblo o en Las Mesas para dar seguridad a la población de toda esa parte de la sierra del municipio de Petatlán así como evitar en lo sucesivo que la Policía del Estado ingrese en esa zona, “porque no nos vamos a hacer responsables” de lo que les pase.
Por su parte, el funcionario estatal les pidió que confíen en la Fiscalía General del Estado y que dejen que esa dependencia haga su trabajo de investigación para que se esclarezca lo ocurrido, y les solicitó que interpongan la denuncia correspondiente, razón por lo que en esta misma semana subirá una unidad móvil del Ministerio Público del fuero común a ese pueblo.
Versión de los habitantes
Pobladores de El Parotal denunciaron que el sábado 28, a las 3 de la tarde, uniformados a bordo de cinco patrullas de la Policía Estatal números 547, 268, 682, 687 y una más que no llevaba numeración, llegaron a la comunidad y allanaron específicamente algunas viviendas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor.
Agregaron que notaron que algo no estaba bien en lo que estaban haciendo los policías desde el momento en que notaron que a dos de las patrullas les habían alterado la numeración con cinta negra y que en uno de estos vehículos viajaban tres hombres que en ningún momento se bajaron de la unidad y los tenían con aire acondicionado.
Los habitantes dijeron que ante estas observaciones, los pobladores se organizaron para impedir que los policías con los civiles salieran de la comunidad y exigieron que se identificaran pues reconocieron a dos de los tres civiles, pues eran personas que vivían en la región y aseguraron que éstos tenían nexos con el grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana. Los vecinos quisieron bajarlos de la patrulla, pero todos los policías los protegieron y cortaron cartucho para amagar a las personas.
Asimismo, se supo que enseguida de eso, hubo un enfrentamiento y los tres civiles murieron, al igual que un policía estatal y un marino de apellido Téllez, quien iba al mando del convoy de uniformados estatales.
Los habitantes retuvieron al resto de los policías y señalaron que a las únicas personas a las que se los entregarían serían a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, “para que sepan qué es lo que anda haciendo la policía del estado”.
Bloqueo en Santa Rosa de Lima
Luego de que ese mismo sábado por la tarde-noche se corrió la voz de lo ocurrido en El Parotal, habitantes de comunidades de esa región de la sierra de Petatlán y vecinos de la localidad Santa Rosa de Lima, que pertenece a Tecpan de Galeana, se reunieron en la entrada de este último poblado para impedir la entrada de cualquier otra autoridad que no fuera la gobernadora o el secretario general de Gobierno.
Se conoció que poco después de las 8 de la noche, llegó a Santa Rosa un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado, que consiguieron convencer a los manifestantes de que les permitieran el paso para ir a hacer las primeras diligencias de lo ocurrido. Los ministeriales llegaron a El Parotal.
Pero fue este domingo, a las 8 de la mañana, cuando los secretarios Marcial Reynoso y Méndez Gómez llegaron a Santa Rosa, en la comunidad vecina, Coyuquilla Norte, había cuando menos unas 10 patrullas de la Secretaría de Marina-Armada de México, también vehículos del Ejército, en tanto que frente a la entrada a Santa Rosa, justo frente al arco, varias patrullas de la Policía Estatal se mantenían estacionadas.
Aproximadamente una hora después de su llegada, trabajadores de la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense de Zihuatanejo trasladaron hacia aquél puerto los cadáveres de los tres civiles, del policía estatal y del marino muertos en El Parotal, escoltados por policías estatales, marinos y militares.
Se conoció que el marino muerto, de apellido Téllez, hacía menos de una semana que había tomado el cargo de jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública e iba al mando del convoy que llegó a El Parotal.
Poco después, fueron bajando las patrullas con los policías retenidos; al momento de pasar por donde estaba el grupo de habitantes debajo del arco, éstos les gritaban a los uniformados, “¡ahí viene pura Familia Michoacana!, “¡ahorita ya vienen a gusto, contentos!”, “¡llegan a esconderse a las otras patrullas, los culos!”, “¡puro delincuente con charola!”, “¡véanlos cómo se pasean con su placa y con su uniforme!”
Al poco rato, bajaron los dos secretarios, quienes hicieron una breve parada en el arco de Santa Rosa para despedirse de la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García y del presidente del comité de caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés; Ludwig Marcial declinó a dar declaraciones, se subió a su camioneta y se retiró.
Luego de que ambos servidores públicos se retiraron junto con los policías estatales, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló la zona algunos minutos y también se retiró.
Funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública implicado
Después de que se fueron los dos secretarios así como los policías retenidos y los otros elementos estatales , habitantes de El Parotal que bajaron a Santa Rosa manifestaron que del sábado al domingo, tuvieron tiempo suficiente para hablar con los policías estatales que estuvieron en su custodia.
Una de las vecinas dijo que entre los 32 policías, iban cinco policías mujeres, una de ellas les comentó que apenas tenía una semana de haber ingresado a la corporación y que ella recibió indicaciones de que se alistara porque el sábado saldrían muy temprano a la Costa Grande, pero que no sabía a qué o para qué, que al igual que otros de sus compañeros, sólo obedeció una orden, “la mujer se puso a llorar porque dijo que ella tenía familia, hijos”.
Agregó que una de las uniformadas se identificó como comandante de nombre Blanca Estela N., a quien le revisaron su teléfono celular y encontraron conversaciones de ella en un grupo de Whatsapp denominado “Salvador Granados” y les llamó la atención que quien le dio las indicaciones para que atendiera a los individuos que llevaban con ellos fue un contacto que tiene registrado como “subsecretario Irving; estuvimos investigando y resulta que ese tal Irving es el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y ella no lo negó”.
La campesina dijo que en esa conversación, el contacto “subsecretario Irving” le da la orden de pasar por uno de los individuos al hotel Fiesta Americana en Acapulco y que en otro chat, la comandante se pone en contacto con esa persona, quien le pregunta si irá vestido de civil, “y ella le dice que no, que ya tiene uniformes y hasta balaclavas”, que es un accesorio para la zona de la cabeza y el cuello, que se caracteriza por cubrir la cabeza, cuello, boca y nariz y sólo deja espacio exclusivo para los ojos, es una prenda muy usada por los cuerpos policiacos.
“Ella pasó por ese hombre, es uno de los muertos, todavía traía en la muñeca la pulsera del hotel, una de color blanco”.
Agregó que dos de los tres civiles que iban con los policías fueron reconocidos por la misma gente de El Parotal “porque vivían por aquí en la región, sabemos quiénes son sus familias y sabemos que tienen contacto con el grupo de la Familia Michoacana” y que murieron “porque los policías los protegieron, siempre los protegieron, le cortaron cartucho a la gente que les pedía que los bajaran de la camioneta donde los llevaban”.
Otra vecina de El Parotal aseguró que en esa reunión, “uno de los que iban con el secretario Ludwig, dijo que ahora los policías iban a pasar de ser agresores a víctimas porque el pueblo los retuvo; en esa reunión se le dijo al secretario Ludwig que queríamos que se hiciera algo por el proceder de los policías y sólo dijo que dejáramos a la Fiscalía que hiciera su trabajo y que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen un consejo de honor o algo así que es el que iba a intervenir”.
Agregó que hay un plazo para que Marcial Reynoso resuelva las demandas y peticiones que los habitantes le hicieron.
Fiscalía General del Estado
En una ficha de la Fiscalía General del Estado (FGE) se informó la madrugada de ayer que un enfrentamiento entre la Policía Estatal y civiles armados en localidad de El Parotal, municipio Petatlán, dejó dos agentes y tres civiles muertos, también indicó que 32 policías estaban retenidos por los pobladores, que más tarde fueron liberados.
La madrugada de ayer en una ficha de la FGE se confirmó que elementos de la Policía del Estado estaban retenidos en la localidad de El Parotal, municipio de Petatlán, se precisó que personal perteneciente a la coordinación de zona de Tecpan, Atoyac y Zihuatanejo, se trasladó a la localidad de Santa Rosa, municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero, que es por donde se accede a dicho asentamiento.
Indicó que al llegar a Santa Rosa, el personal de la Fiscalía observó que el acceso que comunica hacia El Parotal estaba bloqueado por un contingente de 50 personas, que señalaron que se debía a los abusos de autoridad de la Policía Estatal.
Afirmó que la población denunció que los policías estatales han actuado de forma arbitraria violentando sus derechos humanos, porque ingresaban a sus domicilios sin orden de cateo, golpeando a los testigos y sin importar que había niños.
De acuerdo con la ficha, los pobladores de Santa Rosa permitieron el acceso a El Parotal al personal de la Fiscalía que llegó a las 9 de la noche a la localidad, donde se encontraban cinco patrullas de la Policía Estatal y 32 elementos retenidos.
Se informó que había una “una multitud de aproximadamente 100 personas, que estaban alteradas, y quienes manifestaron “que en el interior de una patrulla de la Policía Estatal” había cinco cuerpos sin vida, de los cuales dos eran policías estatales y tres civiles, “resultado del enfrentamiento”.
Fue un ataque directo: Ludwig
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que fue un ataque a la Policía Estatal lo que sucedió en la sierra de Petatlán.
En breves declaraciones a las 7 de la noche del domingo, indicó que la información que tenía en ese momento era que fue un “ataque directo” a la Policía Estatal, “no hay elementos que nos digan que haya habido un enfrentamiento”.
Incluso mencionó que durante la reunión con habitantes de El Parotal no mencionaron que los policías dispararon.
A pregunta expresa de los señalamientos de pobladores que los civiles eran integrantes de la Familia Michoacana, el funcionario estatal mencionó que no tenía en ese momento “elementos para decir si eran de un grupo delincuencial”, que la información que tenía era que los hombres habían denunciado con anterioridad que habían sido despojados de una propiedad.
Indicó que entiende que por eso iban con los policías pero que se revisa qué fue lo que ocurrió, por qué el mando policiaco tomó esa decisión de llevarlos en la camioneta, si pidió permiso o lo hizo por sí solo.
Detalló que hay dos investigaciones en curso, una que es interna de la Secretaría de Seguridad Pública para conocer qué sucedió y la de la Fiscalía General del Estado que desde el sábado llegó al poblado y que es independiente.
Soldados del Ejércto, entre ellos un boina verde, que fungen como guaruras de la fiscal Sandra Luz Valdovinos,quienes intimidaron, e incluso el que porta el arma M4 con lanzagranadas empujó al fotoreportero José Luis de la Cruz, por tomar esta y otras imágenes Foto: José Luis de la Cruz
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Petatlán y productor de aguacate, Víctor Espino Cortés, dio a conocer que desde la semana pasada hay un acuerdo de paz entre los habitantes de esa región y el grupo delincuencial que impera en esa zona, el cual fue pactado “desde arriba, lo malo fue que no estuvo presente nadie del gobierno del estado y ni tampoco medios de comunicación para que se diera a conocer”.
Ayer martes, vía telefónica, Espino Cortés informó de dicho acuerdo de paz, luego que desde hace poco más de seis años en la zona serrana del municipio de Petatlán y la que colinda con el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, se vivía un clima de violencia e inseguridad que provocó el desplazamiento forzado de cientos de familias que fueron obligadas a dejar sus propiedades para proteger sus vidas.
En diciembre del 2018, habitantes de la zona oriente de la sierra de Petatlán, así como de los ejidos San Antonio de las Texas y El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, se organizaron para conformar la UPOEG en Petatlán, para hacer frente a las agresiones del grupo de la delincuencia organizada que impera en toda esa región y que a decir de los agraviados, había venido cometiendo asesinatos, secuestros, extorsión y abigeato, entre otros ilícitos, los cuales en su momento denunciaron ante las autoridades con señalamientos directos, pero hasta la fecha no hay ninguna persona detenida.
En noviembre del año pasado, el entonces secretario general de Gobierno y actual senador de la República, Saúl López Sollano, visitó a los habitantes de la sierra oriental de Petatlán en la comunidad El Porvenir para conocer su situación e iniciar el trabajo de pacificación y un día antes de reunirse con ellos, estuvo en la sierra poniente del mismo municipio, “platicando con aquellos”, según trascendió extraoficialmente en esa ocasión.
López Sollano es conocido en esta región porque en julio de 2013, cuando se desempeñaba como coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, participó en las negociaciones entre un grupo de autodefensas que en ese entonces colocaron un retén en Rancho Alegre del Llano, en Tecpan y los habitantes de los pueblos de la zona poniente de ese municipio que se inconformaron contra ese grupo con un bloqueo de 38 horas a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo desde Los Laureles hasta Santa Rosa de Lima y Coyuquilla Norte.
Días antes de que López Sollano dejara el cargo en el gobierno estatal para suplir en el senado a Félix Salgado Macedonio, Víctor Espino declaró sobre la preocupación de los habitantes de esa región, en el sentido de que al dejar el puesto, ningún funcionario del gobierno del estado le daría seguimiento a la pacificación en esa zona.
Sin embargo, ayer martes, Espino Cortés, dio a conocer que ya hay un acuerdo de no agresión, pero que los habitantes de la sierra oriente de Petatlán no fueron tomados en cuenta, sino que lo supieron “porque luego todo se sabe, que arreglaron según los jefes desde arriba”.
“Pero está bien mientras sea paz, pero por otro lado, no hay nada que sustente eso, no hay un documento, no se le avisó a los medios, no se tomó en cuenta al gobierno, cuando realmente nosotros con el gobierno anduvimos en chinga ahí, haciendo reuniones y de alguna u otra forma buscándole solución a las cosas, a nosotros nos hicieron a un lado y platicaron los jefes”.
Dijo, “pero quedan los acuerdos muy oscuros, entonces, lo bueno hubiera sido que se hubiera hecho como el acuerdo que se hizo con San Luis, en julio del 2013, que se hizo un documento, que los medios estuvieron presentes y los medios le dieron difusión a la gente y entonces la gente sabe, se entera y así, el que la riegue pues sabe que hay consecuencias, porque se sabe y cuando no se sabe ni qué, pues nomás no pasa nada, nomás sigue la guerra, no se sabe quién incumple ni nada, queda muy suelto”.
A pregunta, Espino Cortés sostuvo que “aquí todo se sabe y aunque a uno no lo llamen ni nada, uno como quiera se entera de todo lo que está pasando, y ahorita de una u otra forma creo que apadrinaron de más arriba, pero el detalle es que son mañosos unos y otros, los padrinos pues y mi punto de vista es que hubiera sido que se tomara en cuenta al gobierno, porque de alguna u otra forma don Saúl vino, anduvo haciendo reuniones con la gente, de una u otra forma anduvo buscándole, fue a verlos a allá, a Petatlán y ahí anduvo”.
“Mi punto de vista es que se hubiera llamado al gobierno, a los medios de comunicación, no para presumir, sino para que se entere la gente, es que lo que es derecho no tiene chuecura y es lo único, pero de lo demás, pues sí, hay un acuerdo de un respeto y ya, cada quien puede regresar a sus lugares de origen y si no se sienten con mucha confianza pueden vender lo que dejaron en cada lado, recoger sus casas, venderlas, ponerles precio”.
Agregó que otro de los acuerdos fue que “si alguien hace un mal, que mate a alguien o hace un mal, el mismo pueblo tiene la obligación de agarrarlo y correrlo o dependiendo de los acuerdos que haya en cada pueblo”.
Sostuvo que con estos acuerdos, incluso los habitantes de la comunidad serrana La Finca de Gildardo, quienes fueron atacados a balazos por civiles armados el 31 de octubre del año pasado y les dieron cinco días de plazo para que abandonaran la localidad, pueden regresar si ellos lo decidieran, “esa gente y la de Zihuaquio y todo, era la misma línea, con eso ya se arregla todo, hasta allá, hasta Tierra Caliente”.
Comentó que “la ventaja es que todo el mundo ya está contento porque de alguna u otra forma ya hay ese acuerdo y yo digo que sí ayudaron mucho las reuniones que hizo don Saúl, eso vino a facilitar todas las cosas y estuvieron apretando desde arriba sabrá Dios con quién y se dieron las cosas y está bien, por nuestra parte estamos contentos porque ahora sí vamos a poder trabajar y sacar adelante a la sierra”.
“Queremos darle las gracias a la gobernadora Evelyn Salgado, porque después de varios años en guerra, ahorita la gente ya va a poder regresar a trabajar y es ahora que necesitamos el apoyo, principalmente con los caminos que están acabados y ya con este acuerdo de paz, ya pueden enviar doctores y medicinas para los centros de salud y también maestros para las escuelas, necesitamos también que acá haya mejor comunicación con el internet porque es muy necesario para nuestros niños y jóvenes”, dijo.
Integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande esperan en la entrada a la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, a las autoridades del Ejército, Marina y Gendarmería, que integrarán la Guardia Nacional con las que tuvieron un diálogo ayer . Foto: Brenda Escobar
En la reunión con representantes del gobierno del estado y de la fuerzas armadas que integrarán la Guardia Nacional: Ejército, Marina y Policía Federal división Gendarmería, integrantes de la Policía Ciudadana de cinco municipios limítrofes de las regiones Tierra Caliente y Costa Grande manifestaron que no se van a desarmar, y que mantendrán retenes con armas de grueso calibre en la sierra de Petatlán para contrarrestar la violencia de la delincuencia organizada.
Los funcionarios coincidieron en indicarles que ninguno estaba facultado para autorizarles tal situación que está fuera de la ley, pero les respondieron que “nos atenemos a las consecuencias porque se trata de defender nuestras propias vidas y la de nuestras familias”.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa y duró poco más de 4 horas y media.
El lunes vecinos e integrantes de esta nueva Policía Ciudadana bloquearon 8 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, donde exigieron la intervención de la Guardia Nacional para detener la violencia que viven en la zona serrana.
Ese lunes en la noche fueron atendidos por el delegado regional de Gobierno con sede en Tecpan de Galeana, Juan Méndez Nogueda, y un representante de la Policía Federal Preventiva división Caminos, quienes se comprometieron a que este martes tendrían una reunión con representantes de la Guardia Nacional, integrada por la Marina, el Ejército y la Policía Federal división Gendarmería, así como funcionarios federales, estatales y municipales relacionados con la seguridad.
Aunque la hora acordada para la reunión este martes fue a las 10 de la mañana, los integrantes de la Policía Ciudadana volvieron a bloquear de manera intermitente la carretera nacional desde las 6 de la mañana dando el paso a los vehículos cada 15 minutos, pero la dejaron libre a las 9, cuando llegaban los funcionarios.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad de Santa Rosa, fue coordinada por el delegado de Gobierno, Juan Méndez Nogueda, y estuvieron el delegado de la Dirección Gobernación estatal con sede en Tecpan, Virgilio Abarca Sánchez, la síndica procuradora de Tecpan, Magna Guadalupe Ríos Caro, el agente titular del Ministerio Público federal en Zihuatanejo, José Virgilio Teutle Mendoza, el inspector de la Policía Federal de Caminos en Tecpan, Héctor Peña Nicolás, el coordinador regional de Seguridad Pública estatal en la Costa Grande, Pedro Castro Muñoz, y el representante de la delegación estatal de Gobernación, Juan Moreno Barrios.
También estuvo el coordinador regional de la Marina Guardia Nacional, Jorge Daniel Bernal Lara, el titular del Ministerio Público del fuero común de Tecpan, Agustín Peña Fajardo, el inspector de la Policía Militar, Gustavo Chacala y el suboficial de la Policía Federal Gendarmería, Said Ruiz Flores.
De la Policía Ciudadana, que se informó está adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), llevaron la batuta Guillermo Díaz Espino, Víctor Espino Cortés e Ignacio Chávez Arreola.
Acudieron 36 comunidades de la sierra de Petatlán y dos ejidos de Coyuca de Catalán, informan
Durante la exposición de los motivos por los que se formó la autodefensa, Ignacio Chávez dijo que en esos momentos se encontraban representando a 36 comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y a dos ejidos limítrofes del municipio de Coyuca de Catalán, El Durazno y San Antonio de las Tejas, conformados “por muchas comunidades”.
Informó que un grupo de la delincuencia organizada asentado en la parte poniente de la sierra de Petatlán, desde hace meses asesina, secuestra, desaparece personas, roba ganado, quema ranchos, cobra piso, y envenena alimentos para provocarles la muerte a los habitantes de esas comunidades, entre otros ilícitos, sin que las autoridades los detengan.
Expuso que debido a lo grave de la situación de inseguridad decenas de familias han tenido que dejar sus comunidades “sólo con la ropa que traen puesta”, para poder salvaguardar sus vidas.
Apuntó que a consecuencia de las localidades abandonadas sólo en este año se han perdido “más de cien toneladas de aguacate y más de cien toneladas de manzanas orgánicas”, que son parte de los productos que cultivan en la parte alta de la sierra.
Dijo que el lunes en Santa Rosa recibieron una amenaza del jefe del grupo delincuencial en el sentido de que si las mujeres de esa zona de la sierra acudían este martes a la cabecera municipal de Petatlán a cobrar el dinero de un programa de gobierno, las matarían a ellas y a sus niños.
Enseguida pidió a los funcionarios que escucharan los testimonios de las víctimas de los criminales, que han asesinado a unos 26 habitantes de la sierra, según el registro que ellos llevan.
Algunos vecinos de la sierra expusieron a llanto abierto, cómo por presuntas órdenes del jefe criminal les han matado a sus hijos porque se negaron a formar parte de la organización criminal, y cómo ellos han tenido que huir dejando atrás su patrimonio producto de muchos años de trabajo.
Otros contaron cómo los delincuentes han llegado a sus casas y les quitan las tejas para llevárselas, uno más dijo que mataron a sus hermanos porque se negó a pagarles una cuota de 100 mil pesos que le exigían.
Otro contó que su hermano fue sacado de su casa y desde hace un mes se desconoce su paradero, a algunos más les han robado su ganado y los sicarios se han quedado con sus tierras y sus casas.
Coincidieron en que se cansaron de ser víctimas de todos esos abusos y se organizaron para defender sus vidas, ya que las corporaciones policiacas pese a que conocen la inseguridad que se vive en la sierra, no han intervenido para detener al jefe criminal, del cual dieron detalles de dónde puede ser localizado, al tiempo que consideraron inverosímil que no haya podido ser detenido, “no estamos diciendo que estén coludidos, pero no han podido acabar con esta inseguridad”.
Uno de los campesinos expresó que con la inseguridad que se vive en la sierra, principalmente en el ejido El Durazno, el jefe criminal tiene la vista puesta en que toda esa zona “se quede sola” para explotar los recursos maderables de ese núcleo agrario, que cuenta con 1 millón de metros cúbicos de madera en rollo, la cual “vendida en Papanoa cuesta mil 700 pesos el metro cúbico, estamos hablando de miles de millones de pesos que piensa sacar si se queda con toda nuestra madera, por eso anda matando a la gente”.
También expusieron que en la sierra hay comunidades que ya no tienen maestros ni doctores, y las pocas familias que quedan allá han preferido mandar a otros lugares a sus hijos varones para que no sean obligados a integrarse al grupo criminal.
Uno de los campesinos se dolió de la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), contó que desde hace un año que le mataron a su hijo ha dado vueltas en la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán y no han girado una orden de aprehensión en contra de los autores intelectuales y materiales del asesinato. Lamentó que hay justicia sólo para quienes tienen el dinero para conseguirla.
Otro señaló que requieren de nueva cuenta los documentos de sus tierras y demostrar que son los legítimos dueños, pues al salir de sus lugares de origen no tuvieron posibilidad de traérselos consigo.
Tienen que poner la denuncia, responden las autoridades y ofrecen un módulo móvil del MP en Santa Rosa
Los funcionarios dijeron que para que puedan intervenir en los homicidios tienen que poner una denuncia ante la Fiscalía General, y en ese punto durante varios minutos se enfrascaron en un intercambio de comentarios respecto a la ineficiencia de los agentes del Ministerio Público para procurar justicia pronta y expedita.
Luego, el delegado Juan Méndez informó que se autorizó que durante dos días a partir de este miércoles un módulo móvil del MP estará en Santa Rosa para registrar todas las denuncias por homicidio y demás delitos por los cuales se sientan agraviados.
Asimismo, también por dos días estará un módulo con servidores públicos del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria atendiéndolos en esta localidad para que puedan recuperar sus documentos.
Enseguida Méndez Nogueda les pidió que fijaran su postura respecto a su decisión de conformar una Policía Ciudadana, pues indicó que aunque estén adheridos a la UPOEG carecen de legalidad, ya que las policías comunitarias consideradas en la Ley 701 sólo son para un territorio especial del estado (la Costa Chica-Montaña donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –CRAC-), “y ustedes están fuera de ese territorio”.
Uno de los representantes comentó que lo que buscan es coordinarse con la Guardia Nacional para hacer frente al grupo delincuencial que tiene asolada esa región.
Expuso que están cansados de la inseguridad en la que viven y que sólo tienen dos propuestas: trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, “porque nosotros sí sabemos y conocemos por dónde se mueve esa gente”, o que los dejen hacerle frente ellos mismos, “nosotros ya nos conformamos como Policía Ciudadana y retroceder significa la muerte”.
Pidieron que además de buscar una coordinación con la Guardia Nacional se revise la situación legal de los policías municipales de Petatlán, pues aseguraron que esa corporación no sirve a los intereses del pueblo, sino a los del grupo criminal, al tiempo que consideraron que policías que no estén acreditados ni evaluados por los exámenes de control de confianza no pueden trabajar como tales.
Admitieron que quizás ellos como Policía Ciudadana no están constituidos de manera legítima, por lo que pidieron que sean asesorados para poder defender sus vidas, las de sus familias y su patrimonio.
Este viernes tendrán una reunión con asesores jurídicos del gobierno federal en las oficinas de la Policía Federal en Acapulco, según acordaron.
El coordinador de la eventual Guardia Nacional dijo entender como ciudadano y como militar la situación de inseguridad que están padeciendo, pero que no pueden coordinarse con ellos como Policía Ciudadana pues esa figura no está en la nueva ley de la Guardia Nacional, pero ofreció que “como ciudadanos” sí se pueden coordinar aportando información sobre los lugares en dónde encontrar al grupo criminal para combatirlo.
La respuesta que obtuvo fue que no van a dejar las armas, sino que harán retenes de vigilancia en la sierra, “con el mismo calibre de armas que trae esa gente, ellos traen rifles AK-47, AR-15, calibre 50”, y que están dispuestos a atenerse a las consecuencias, “lo que estamos pidiendo es que ustedes nos ayuden y nosotros ayudarlos para que ya se acabe toda esta violencia”, y acordaron que mientras resuelven la situación legal, “como ciudadanos” aportarán información a la Guardia Nacional para que acuda a la sierra a combatir a los hombres armados, “vamos a buscar la legalidad, pero mientras tanto, nos vamos a defender”.
Enseguida los funcionarios aseguraron que seguirán reuniéndose con ellos para darle seguimiento al tema de inseguridad en la sierra de la Costa Grande y la Tierra Caliente.
Hoy se cumplen seis años de la desaparición de dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Ayer, en entrevista, la hija de Eva, Coral Rojas Alarcón demandó que se atienda a las víctimas de la violencia, “los gobiernos federal y estatal tienen que definir un protocolo de atención a familiares de víctimas, y de búsqueda de un desaparecido”.
Dijo que, a pesar de las constantes desapariciones en el estado, no hay un protocolo para revisar los casos, ni para apoyar a los familiares de las víctimas, e informó que la investigación del caso de los ecologistas, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene ningún avance, “no hay nada, sigue como desde el principio”.
En la desaparición de su madre está documentado que participaron soldados del Ejército, policías ministeriales y municipales, lo que, advierte, es preocupante y una muestra de la impunidad que impera en el sistema de justicia.
Es inoperante comisión de atención a víctimas, sin presupuesto
La abogada, hija de la principal impulsora del estudio del jaguar en la sierra de Petatlán, se quejó de que se formó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) sin presupuesto, “sólo para que cobre el comisionado, porque las víctimas no tienen apoyo, ni económico ni jurídico”.
Consideró grave la falta de apoyo del gobierno a las víctimas de la violencia, porque, “cada día hay más desaparecidos, todos tenemos un familiar desaparecido o conocemos a alguien con un desaparecido”.
Eva Alarcón y Marcial Bautista son dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra, que fueron desaparecidos con la intervención, documentada, de soldados del Ejército y policías ministeriales.
Coral Rojas reprochó que se creó una comisión de atención a víctimas de la violencia, pero sin presupuesto, “se hizo sólo para que gane un salario el comisionado, pero las víctimas andan buscando ayuda para los pasajes, para la atención jurídica. No tienen cómo hacer los trámites y cuando piden ayuda (al gobierno del estado) les responden que no hay presupuesto, que sólo gana el comisionado”.
“No hay atención sicológica, económica, jurídica, o sea que la Comisión de Atención a Víctimas no funciona, el Estado está rebasado por la violencia”, advirtió.
Dijo que “quizás la violencia no se puede parar, pero se puede amortiguar mediante la atención física, sicológica y económica de las familias de las víctimas”.
Informó que cuando hay apoyo a las víctimas de la violencia, sus representantes legales son pagados por el gobierno del estado, “y eso no funciona porque no se pelean con su jefe”, ante lo que demandó abogados independientes.
La defensa del bosque
La defensa de los bosques y de lucha contra grupos caciquiles y paramilitares en la zona de la sierra de Petatlán está documentada en El Sur desde el 19 de febrero de 1998, cuando campesinos de 15 localidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán pararon la salida de la madera en la ruta Santa Rosa-El Durazno, bloqueando el paso de los camiones cargados con troncos.
La explotación de los bosques estaba a cargo de los ejidos de esta región, organizados en la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, y su principal compradora era la empresa estadunidense Boise Cascade.
Marcial Bautista y Eva Alarcón fueron desaparecidos la madrugada del 7 de diciembre del 2011 cerca del poblado de Rodesia, entre los pueblos de Petatlán y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, por hombres armados que contaron con la protección de soldados del Ejército y de la Policía Ministerial.
Según testimonios, los hombres armados se desplazaban en una camioneta que detuvo el autobús de pasajeros de la línea Futura que viajaba con destino a la ciudad de México, pero que haría escala en Chilpancingo. Tras interrogar a los pasajeros obligaron a descender a Eva Alarcón y a Marcial Bautista. Desde entonces no se sabe de ellos.
De acuerdo con los pasajeros del autobús que salió de Petatlán rumbo a la Ciudad de México, en el trayecto se toparon con un retén del Ejército donde un militar subió para preguntar si entre los pasajeros se encontraba Marcial Bautista, nadie respondió y ante el silencio de los viajeros el militar bajó del autobús.
Los testigos comentaron que, kilómetros más adelante, cruzando un puente vieron una camioneta atravesada que impidió el paso del autobús. Al detenerse se dieron cuenta de que en la orilla de la carretera había otras camionetas entre las que había civiles fuertemente armados acompañados de agentes de la Policía Ministerial, entre ellos el comandante Espinoza Palma.
Cuando el autobús se detuvo, inmediatamente subieron varias personas armadas que identificaron a Marcial, obligándolo a bajarse. En ese instante Eva Alarcón, quien iba en uno de los últimos asientos reaccionó y gritó a quienes se llevaban a Marcial que ella lo acompañaría, y también se bajó del autobús en un intento de evitar que se lo llevaran.
Varios años antes, los dirigentes de la Organización se habían dedicado a la gestión y al cuidado, conservación y manejo sustentable de los bosques, por lo que habían recibido amenazas de integrantes del crimen organizado.
La defensa de sus bosques los llevó a denunciar los atropellos cometidos por el Ejército y los trabajos ilícitos en que se encuentran involucrados elementos de las corporaciones policiacas.
Incluso, ante las amenazas en su contra, el l4 de agosto de 2011 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) solicitó a las autoridades estatales otorgar medidas de protección para Eva Alarcón. El 5 de diciembre, dos días antes de la privación de su libertad, la coordinadora de la Organización había reiterado su solicitud.
Desde la desaparición de los dos dirigentes ecologistas, sus hijas, Coral Rojas y Victoria Bautista iniciaron una intensa búsqueda. Demandaron de todas las formas a las autoridades estatales que agilizaran la investigación de los defensores del medio ambiente.
Más por el trabajo de las jóvenes que por la participación del gobierno, el 27 de diciembre del 2012 fue detenido el comandante de la Policía Ministerial, adscrito a Tecpan, Cesáreo Espinoza Palma El Ganso, acusado de presunta participación en la desaparición de los ecologistas.
Ese día, la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, informó mediante un comunicado de prensa que el jefe policiaco y uno de sus acompañantes, José Jhony López Galván El Güero, fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindan su declaración ministerial sobre esos hechos.
Cesáreo Espinoza era buscado luego de que diversos testimonios lo señalaron de ser uno de los que estaban en el retén la madrugada en que los delincuentes se llevaron a los dos ecologistas.
El 14 de diciembre de 2011 fueron detenidos 28 policías municipales de Tecpan para que declararan sobre los hechos, pero sólo fueron retenidos 48 horas, y el 16 de diciembre fueron puestos en libertad. Los agentes municipales declararon ante un Ministerio Público federal en torno a su función, lo que hacían en ese momento, dónde estaban, qué hicieron el 7 de diciembre, pues testigos declararon que había policías municipales en el lugar de donde fueron levantados los dos ecologistas.
En cuanto al señalamiento en contra de soldados del Ejército, el 12 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que aseguró que ninguno de sus agentes participó en el rapto de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Pese a los testimonios y la detención de dos de los presuntos implicados, el caso de la desaparición de los dos ecologistas no ha sido esclarecido ni ellos han sido localizados.
* Les beneficia una reforma, dicen presos políticos
Aurelio Peláez * Este martes, dos integrantes de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fueron liberados, luego de permanecer cuatro años en prisión.
Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres, dos de los ocho campesinos ecologistas presos, que fueron detenidos por el Ejército en el ejido La Botella con motivo de la defensa de los bosques, recibieron el beneficio de la libertad por una modificación a la ley de armas y tras haber alcanzado el beneficio de la ley de reducción de penas. Tenían una sentencia de 10 años de prisión.
Por medio de un comunicado, el presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, Alfredo García Torres –también ecologista– contó que este martes “salieron libres nuestros compañeros ecologistas… después de cumplir cuatro años con ocho días en esta prisión por el delito de portación de armas. Aunque fueron sentenciados a 10 años, con la reforma de la ley de armas se les redujo la pena a cuatro años, y así obtuvieron su libertad”.
Agregó que “esperamos que se apliquen los mismos beneficios a los compañeros que traen (sentencia por) portación de armas y de acuerdo a la reducción de penas ya alcanzan el beneficio. También invitamos a las organizaciones para ver las sentencias de los compañeros y que soliciten su libertad”.
Otros campesinos ecologistas que están presos son originarios del ejido Los Fresnos. Hace cuatro años fueron detenidos por efectivos del 19 Batallón del Ejército sin orden de aprehensión.
Informó que hasta antes de la liberación de este martes, había ocho campesinos ecologistas presos, acusados de diversos delitos a raíz de su participación en defensa de los bosques de la sierra, y agregó que el comité de presos era integrado por 12 personas.
A la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán pertenecen también los conocidos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, liberados hace dos años y a quienes se inculpó por delitos relacionados con la portación de armas y el cultivo de drogas.
Piden que se resuelva el conflicto de la escuela Leyva Mancilla de Acapulco
El Comité de Presos Políticos manifestó además su solidaridad con los padres de familia y alumnos de la escuela Baltazar R. Leyva Mancilla, de Acapulco, en la que existe un conflicto entre maestros institucionales y de la CETEG.
Ahí, los maestros institucionales no reconocen al supervisor de la zona 60, Cipriano Gutiérrez Niño, un cetegista, lo que provocó que ambos grupos den clases, unos fuera y otros dentro de la escuela. Dentro, los institucionales son apoyados por la directora Dalia de los Santos Lugardo.
En su carta, el comité de presos pide a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), “que intervenga y se hagan cumplidas las demandas, que se cumpla lo que les prometieron la licenciada Dominga Chávez, Max Arturo López Hernández, Martín Ramírez Hernández, que en esta semana se cambiaría toda la plantilla de la escuela y hasta ahora no lo han hecho. Los niños siguen en la calle, arriesgando su vida, sólo con la ilusión de aprender a leer y superarse, pero desgraciadamente no les quieren dar la oportunidad. También les decimos a los padres de familia que dialoguen con las autoridades esta semana, y si no se llega a ningún acuerdo se convoque a todas las organizaciones sociales y se decida qué seguimiento se le dará”.
