“Alentador”, que la SCJN suspendiera el Plan B electoral: Florencio Salazar

Florencio Salazar en el taller de formación política en las oficinas del PAN en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Aurora Harrison

El ex secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, consideró “alentador” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya suspendido el Plan B de la reforma electoral, pues “eso significa que cumple con su papel fundamental, que es proteger la constitucionalidad”.
El sábado, en las oficinas del Comité Municipal del PAN en Acapulco, donde participó como ponente en el taller Formación política del ciudadano, que impartió a militantes de ese partido, Salazar Adame dijo que la suspensión es “una protección a la ley, que garantiza que el órgano electoral pueda operar como hasta ahora”.
Aunque reconoció que la decisión de la Corte no significa que por la vía administrativa el presidente Andrés Manuel López Obrador “no quiera acotarlos y esa es la tentación que estará en el ambiente, y ojalá que el gobierno federal, cosa que veo difícil, emita una declaración de respeto a la Suprema Corte y que el INE se mantenga como ha funcionado hasta ahora”.
Luego cuestionó que algunos asistentes a la marcha del 18 de marzo que convocó el presidente hayan prendido fuero a una imagen de la presidenta de la Corte, Norma Piña, lo que calificó de “muy riesgoso” y recordó cuando “los nazis pasaban a la acción directa, que es cuando se pierde todo elemento de tolerancia y se actúa de manera física contra los disidentes. Eso pasa cuando hay una masa de personas que no tienen más creencia que lo que les dicta el líder y eso es muy peligroso para la democracia, y para quienes disentimos lo que está haciendo el actual gobierno”.
Explicó que los ciudadanos tienen muchas alternativas, desde exigir a los poderes públicos que actúen conforme a la ley, que se ajusten a su espíritu, porque “las leyes son abstractas, son sujetas de interpretación para favorecer, siempre y cuando se trata de litigios personales a quien tiene derecho su parte, cuando son cuestiones que contravienen del interés de sus funciones, de instituciones u órganos públicos, garantizar la constitucionalidad”.
“Si el gobierno no acatara esas disposiciones en su letra y espíritu, los ciudadanos tienen recursos como los que empleó el presidente de la República, que es de la protesta social, actos de desobediencia civil, pero creo que la democracia no admite ninguna negociación que no sea su pleno funcionamiento”, puntualizó.
De la capacitación para los militantes panistas, les habló de que para ser ciudadanos deben ejercer plenamente todos sus derechos políticos y apartarse de algunas derivaciones ambiciosas, como “el ser súbdito que es la persona sometida al poder, el feligrés que persigue dogmáticamente a un líder y el idiota que es aquel ciudadano que decide no participar en política, ni en cosas que le interesen a la sociedad”.
“Lo que se trata es que haya conciencia de que el mejor régimen que podemos vivir es la democracia y que tenemos que conservarla, porque es la que da la posibilidad de alternancia de diferentes partidos políticos y que el ciudadano decida lo que quiere para su país, que no haya políticas autoritarias que puedan atentar contra órganos como el INE, porque significa atentar contra la democracia”, puntualizó el ex funcionario.
En tanto, el presidente del Comité Estatal del PAN, Eloy Salmerón, dijo que el partido este año trae un programa de capacitación en todo el estado, porque el INE vigila mucho la aplicación de los recursos y por ello “invitamos a Florencio Salazar, que tiene una trayectoria impresionante y experiencia política para hablar de liderazgo”.
Sobre la suspensión del Plan B, dijo que es una “excelente noticia, con eso la Suprema Corte y los ministros demuestran la independencia, que además está apegada a justicia y ven el atropello que intenta hacer Morena, a través de su mayoría en el Congreso de la Unión, de modificar la Constitución afectando al órgano electoral que ha permitido en los últimos años fortalecer la democracia en nuestro país y darle esa libertad de elegir a sus gobernantes”.

 

Alteraciones a la Ley 179 postergaban entrada en vigor de derechos de los pueblos indígenas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A nueve meses de la alteración al artículo segundo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, el Poder Legislativo no ha logrado aclarar qué fue lo que sucedió y mucho menos se han señalado a los responsables. Mientras tanto sigue su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la aprobación de esta legislación que se generó a partir de un cuestionado proceso de consulta.
La ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
El texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, y que posteriormente fue aprobado por unanimidad de los 41 diputados presentes establecía que lo “dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial, señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
La consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública debió iniciarse por la 62 legislatura ya que tenía un plazo de 12 meses para realizarla, pero se inició dos meses antes de que venciera el plazo, a mediados de febrero de 2022 y el dictamen se presentó ante el pleno el 12 de abril.
Organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron recurrentemente que la consulta que realizaba el Congreso era una simulación, además solo el 36 por ciento de las comunidades invitadas a participar aceptaron ser parte de este proceso.
Finalmente, el 12 de abril pasado se llevó ante el pleno un dictamen de una nueva ley, la 179 del para sustituir la 777 de Seguridad Pública. En el nuevo ordenamiento los diputados de la 63 legislatura suprimieron los artículos en los que se reglamentaba el qué es, cómo se rige, y como se conforma la policía comunitaria.
De esa forma el Congreso de Guerrero buscó sortear el vencimiento del plazo que estableció la Corte, debido a que la ley 777 quedaría sin validez a partir del 14 de abril, fecha límite para que el Poder Legislativo expidiera una nueva legislación a partir de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Además de que el Congreso de Guerrero realizó de manera exprés, en dos meses una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que le mandató la Corte, tras su aprobación por el pleno, el texto de uno de sus artículos transitorios fue alterado y esta legislación está nuevamente en un proceso de inconstitucionalidad.

 

Ignoró Fox a la Suprema Corte en la reforma de justicia: Román Palacios

* Se reunió con funcionarios y magistrados en la capital

 * En Chilpancingo promovió ante autoridades estatales, la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano * Algunas propuestas hechas por el Ejecutivo federal, como los juicios orales, son “inviables” porque para ello se requiere de “medios económicos muy grandes”, consideró

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * En una conferencia de prensa para promover en Guerrero la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Humberto Román Palacios, dijo ayer que el presidente Vicente Fox, por “protagonismo”, cometió una “descortesía” con la SCJN, al anunciar el paquete de iniciativas de reforma integral al sistema de justicia penal “sin antes haber consultado con los encargados de aplicar las leyes”.

El funcionario, que estuvo en la entidad para promover la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, dijo también que algunas propuestas hechas por el Ejecutivo federal, como los juicios orales, son “inviables” porque para ello se requiere de “medios económicos muy grandes”.

El ministro Román Palacios ofreció su conferencia de prensa en el salón de usos múltiples de la extensión del Instituto de la Judicatura Federal, de esta capital.

Al preguntarle su opinión con respecto al paquete de reformas sobre la materia que anunció el miércoles pasado el presidente Vicente Fox, el ministro Román Palacios dijo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocen el contenido de las propuestas, y es que opinó “a título personal” que el Ejecutivo Federal “ha cometido una descortesía porque no tuvo la amabilidad de preguntar a quiénes aplicamos las leyes y cómo debe de reformarse de manera integral la justicia”.

Incluso Román Palacios fue más allá -también a “título personal”-, y señaló que el presidente Vicente Fox evidenció un “protagonismo total” al presentar su iniciativa de reformas, porque –dijo- sus propuestas no pretenden corregir realmente las deficiencias en materia de justicia.

Antes, durante la conferencia de prensa, dijo que, por ejemplo, los juicios orales no son viables porque implican “medios económicos muy grandes”. Esta es una de las propuestas del presidente Vicente Fox que contiene el paquete de reformas, con el que se prevé, además, unificar a la Policía Federa Preventiva y a la Agencia Federal de Investigación, transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la federación, con mayor autonomía, y que el sistema procesal penal sea más transparente, equitativo, oral y público”.

Opinó sobre una ley de partidos para la aplicación de sanciones en casos como los desvíos de los recursos, de las prerrogativas y actos de corrupción de los dirigentes partidistas, y al respecto señaló que el tema no se prevé que se incluya en la Reforma Integral del Sistema de Impartición de Justicia, toda vez que las sanciones ya se encuentran previstas en leyes como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Indicó que falta que verdaderamente se apliquen las sanciones y los partidos cumplan con su deber de informar a los ciudadanos de sus actuaciones y de cómo ejercen los recursos, pues “el partido político vive porque los ciudadanos les damos dinero, y como consecuencia tenemos el derecho de exigir que sean transparentes y honestos”.

Durante la conferencia de prensa se informó que como parte de la Consulta se organizarán dos foros en Guerrero: uno que será del 1 al 4 de junio, en Chilpancingo, y otro del 7 al 11 de junio, en el puerto de Acapulco.

El funcionario indicó que lo que pretende la SCJN es consultar y recibir propuestas de todos los ciudadanos, pero principalmente de quienes tienen que ver con la impartición de justicia y quienes se dedican a litigar.

Como parte de la promoción de dicha consulta, por la mañana el ministro se reunió también con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte; con el procurador, Jesús Ramírez Guerrero, con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con los presidentes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con el del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, y con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.