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Pide el Tribunal más presupuesto para pagar salarios caídos a jueces y magistrados reinstalados




El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Edmundo Román Pinzón, llamó ayer al Ejecutivo y al Poder Legislativo para que autoricen una ampliación de presupuesto al Poder Judicial para solventar el pago de los salarios caídos de cinco jueces y dos magistrados que fueron reinstalados en 2005 y este año.
Dijo que los 38 millones de pesos de incremento al presupuesto de este año (255 millones 677 mil 148 pesos), en comparación con el anterior, no alcanzan a cubrir las necesidades del TSJ, debido a que el 90 por ciento se destina al pago de salarios de mil 265 empleados y 18 magistrados y el 10 por ciento se destina a las actividades operativas y jurisdiccionales, “las cuales crecen de manera proporcional al incremento de las funciones”, aseveró.
Román Pinzón hizo la petición en la lectura del informe anual de actividades del Poder Judicial, donde el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, pidió a los trabajadores del Poder Judicial involucrarse en el combate al narcotráfico asumiendo una actitud íntegra y recta en el momento de resolver los procesos judiciales.
Román Pinzón dijo que es grave el ambiente de inseguridad que se vive en la entidad y confió en que proyectistas, jueces y magistrados asimilen esta situación, que sean “cuidadosos y responsables en los procesos penales que enfrentan”.
Aseguró que la actividad jurisdiccional no puede disminuir o detenerse a pesar de la falta de presupuesto para operar y los tiempos de violencia que se viven en el estado, “ya que de la actuación judicial depende en gran medida la salvaguarda del Estado de derecho y la conservación del orden jurídico”, indicó.
Antes, Román Pinzón leyó un informe de actividades que fueron encabezadas por el ex presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez, –ya que él fue designado como presidente el 25 de abril y el 9 de mayo de este año– donde destacó la asistencia a los distintos actos oficiales y reuniones a las que fue invitado.
Las seis salas que integran el TSJ conocieron 5 mil 468 asuntos y resolvieron 5 mil 374 casos. Se interpusieron mil 91 demandas de juicio de amparo contra las resoluciones dictadas, de las cuales se concedieron 353, se negaron 467, se cancelaron 101 y 431 se encuentran en trámite.
En los 57 juzgados de primera instancia que se encuentran en 18 distritos judiciales se radicaron 5 mil 132 causas en materia penal, se libraron 2 mil 737 órdenes de aprehensión; se negaron mil 67 y emitieron 239 órdenes de reaprehensión.
Asimismo, se dictaron 2 mil 958 autos de formal prisión y 512 autos de libertad por falta de elementos para procesar.
Contra estas resoluciones se interpusieron 5 mil 258 demandas de juicio de amparo y se concedieron 324, se negaron 574 y se cancelaron 3 mil 985 demandas de amparo.
Por los delitos de homicidio, violación y secuestro fueron consignadas 616 averiguaciones previas, de las cuales se dictaron 370 sentencias definitivas, 87 de éstas fueron absolutorias y 283 condenatorias, destacó Román Pinzón en la lectura del informe.
El Consejo de la Judicatura recibió 199 quejas administrativas presentadas por litigantes en contra de jueces y secretarios de acuerdos, de las cuales resolvió 146 asuntos y se interpusieron 51 amparos en contra de las resoluciones, 21 fueron concedidos, 9 negados y 21 están en trámite.
Sobre el Fondo auxiliar para la administración de la Justicia, conformado por las multas, fianzas y consignaciones depositadas en los juzgados del Poder Judicial, sólo dijo que hasta el 31 de marzo de este año el monto asciende a 40 millones 538 mil 930 pesos y no aclaró cuánto se ha acumulado en abril y mayo de este año.
Román Pinzón aseguró que durante este año que fungirá como presidente del TSJ tratará de cambiar la mala imagen que tiene la sociedad y llamó a los trabajadores a cambiar la actitud, sobre todo el trato hacia los ciudadanos.
Consideró necesario para alcanzar este cambio el incremento al presupuesto del TSJ por lo que pidió al Ejecutivo y al Poder Legislativo una ampliación presupuestal porque el pago de los salarios caídos a los cinco jueces que fueron reinstalados el año pasado y los magistrados, Rufino Miranda Añorve y José Luis Bello Muñoz se tendrá que hacer con recursos del presupuesto actual y no se tenían considerados, aseveró.

Morlet: sin fundamento, que el TSJ decida no designar a otro presidente




El consejero de la Judicatura del Poder Judicial, Gustavo Morlet Berdejo informó este sábado que la semana pasada el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), “sin fundamento alguno” rechazó la solicitud que presentó el 12 de mayo donde pidió que en sesión extraordinaria se designara a un presidente sustituto debido a que la reelección del magistrado, Edmundo Román Pinzón fue ilegal.
Informó que el jueves 18 de mayo recibió el oficio 156 firmado por el secretario general de acuerdos del pleno, Raymundo Casarrubias Vázquez donde le notifican que su solicitud “es improcedente” debido a que la elección de Román Pinzón como presidente del TSJ “se llevó a cabo cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Constitución local y la ley orgánica del Poder Judicial del estado”.
El consejero insistió que esta acción es irregular por que el magistrado, Edmundo Román no debió ser electo como presidente pues al quedar sin efectos su primer nombramiento como magistrado automáticamente dejó de ser presidente.
“Es por eso que la presidenta suplente, Lambertina Galena Marín debió convocar a una sesión extraordinaria y designar un presidente sustituto para que cumpliera el periodo de un año por el cual fue nombrado en la primera ocasión el magistrado, Edmundo Román, es decir en abril como lo indica la ley orgánica del TSJ”, afirmó.
El consejero de la judicatura del TSJ señaló en entrevista en esta capital que tácitamente el oficio que le enviaron en respuesta a su solicitud donde le señalan “sin fundamento alguno” es que no tiene facultades para inconformarse por la segunda elección de Román Pinzón y que, insistió, es ilegal.
Dijo que él tiene facultades para inconformarse porque el magistrado, Edmundo Román también preside el Consejo de la Judicatura, “es por eso que su designación irregular me afecta y me otorga facultades para pedir que se restablezca la legalidad en el Poder Judicial del estado”, reiteró.
Lamentó que sólo haya recibido una notificación infundada y no se haya conocido bajo qué términos se analizó su propuesta o si hubo votos en contra de la decisión del pleno porque este acuerdo se dio el jueves de la semana pasada durante una sesión privada.

Ilegal, que Román Pinzón sea presidente del TSJ, dice consejero de la Judicatura




El consejero de la Judicatura del Poder Judicial del estado, Gustavo Morlet Berdejo pidió el viernes al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que convoquen una sesión extraordinaria para designar a un presidente “sustituto”, porque aseguró que la ratificación de Edmundo Román Pinzón como magistrado y como presidente fue ilegal y viola los preceptos de la Constitución local.
Llamó a los magistrados que integran el pleno del TSJ “a no manchar” la historia del Poder Judicial con un acto “a todas luces ilegal” y cumplir con los principios de objetividad, profesionalismo e “independencia”.
Lo anterior con base a un escrito con fecha del 11 de mayo que repartió un trabajador del TSJ a varios periódicos entre éstos El Sur, en el que Morlet señala que Román Pinzón cuando fue nombrado magistrado por segunda ocasión en una sesión del Congreso local celebrada hace 15 días, “tenía el mismo cargo, compareció, fungió y se le reconoció como presidente del TSJ, sin que el decreto 519 que lo acreditaba como magistrado desde el 17 de junio de 2005 haya dejado de surtir efectos”.
Afirma que el Poder Legislativo nombró “indebidamente” a Román Pinzón como magistrado por segunda vez, aunque no presentó renuncia a su primer cargo.
Menciona que a pesar de esas irregularidades, el Congreso local al aprobar el segundo nombramiento como magistrado anuló el primero y por consecuencia, Román Pinzón automáticamente dejó de ser presidente del TSJ.
Sin embargo, el Congreso del estado “indebida e ilegalmente” envió a Edmundo Román como presidente del TSJ el decreto 60 por el que se aprobó su segundo nombramiento como magistrado y también el decreto 59 que ordena la reinstalación como magistrado de José Luis Bello Muñoz, es decir “le reconocen la calidad de presidente cuando dejó de serlo al ser nombrado nuevamente magistrado”.
Ante eso, pide al pleno del TSJ que convoque a una reunión extraordinaria para que se designe a un presidente “sustituto” y anule cualquier acto jurídico que haya hecho Edmundo Román como presidente a partir del 4 de mayo, que es cuando se invalidó su primer nombramiento, “porque en ese momento dejó de ser presidente del Poder Judicial”.
En el documento el consejero señala que el procedimiento para elegirlo nuevamente como presidente del TSJ confirma sus señalamientos, “Ya que se ratificó por mayoría a Román Pinzón como presidente del TSJ el 9 de mayo de este año en sesión privada donde también tomó protesta, “situación que acredita que si tuvo que tomar protesta es porque dejó de ser presidente del TSJ”.

Vuelven a elegir al magistrado Román Pinzón como presidente del TJS




El magistrado Edmundo Román Pinzón ayer nuevamente en sesión privada fue electo, en esta ocasión por mayoría de votos y volvió a tomar protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y negó que desde que el 4 de mayo –fecha que volvió a tomar protesta como magistrado– hubiera vacío de poder “porque de facto yo seguía siendo el presidente”.
Sin embargo, dijo que por un lapso de 20 minutos dejó de ser presidente del TSJ, ya que primero se cumplió con el procedimiento de reinstalación de los dos magistrados, José Luis Bello Muñoz y Rufino Miranda Añorve y posteriormente se hizo la elección.
Lo anterior durante una sesión privada donde 17 magistrados votaron a favor de Román Pinzón y sólo Barreto Cedeño se manifestó en contra y expresó su inconformidad criticando este hecho al acusar al presidente del TSJ, electo por segunda ocasión, de no tener calidad como magistrado.
Luego, un grupo de magistrados que pidieron el anonimato reiteraron que este hecho sólo confirma “la intromisión” del Ejecutivo en la autonomía del Poder Judicial para “manejarlo a su modo”, así como “la sumisión” del Legislativo debido a que tomaron protesta a Edmundo Román Pinzón como magistrado sin concluir con el procedimiento de reinstalación de los ex magistrados, José Luis Bello Muñoz y Rufino Miranda Añorve que ordenó el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esto debido a que el presidente del TSJ –afirmaron las fuentes consultadas– dejó de tener calidad como magistrado desde el 25 de abril, fecha en que el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera envió un oficio sin número a la Oficialía Mayor del Congreso del estado con la propuesta de Torreblanca para nombrar nuevamente como magistrado junto a Alfonso Vélez Cabrera en acatamiento al fallo del PJF que ordenó anular el nombramiento como magistrado de Román Pinzón decretado en mayo del año pasado.
A pesar de que no tener la calidad moral como magistrado, Edmundo Román fue electo “por presiones” del Ejecutivo como presidente del TSJ en sesión privada de pleno el 25 de abril y el 1 de mayo tomó protesta oficial del cargo a pesar de que en el Congreso del estado se llevaba a cabo el proceso de aprobación de su nombramiento como magistrado que concluyó en la sesión legislativa del 4 de mayo, reveló el grupo de magistrados.
A la 1 de la tarde se convocó a una conferencia de prensa en la sede del TSJ, sin embargo la discusión en la sesión privada del pleno se prolongó dos horas más, fue entonces cuando el magistrado, Miguel Barreto Cedeño criticó la elección por segunda ocasión como presidente del TSJ de Edmundo Román y aseguró que éste no tenía calidad de magistrado.
Posteriormente a los reporteros se les indicó que se retiraran del área que ocupa las oficinas de la presidencia porque la conferencia sería en la parte baja, sin embargo esta acción fue para evitar las entrevistas con Barreto Cedeño y procurar que en lo posible Román Pinzón no hiciera declaraciones a la prensa, enseguida se volvió a llamar a los reporteros al mismo sitio y comenzó la entrevista.
Román Pinzón negó que el método para volver a ser electo como presidente del TSJ haya sido inmoral a pesar que previamente en actos públicos se seguía presentando como tal.
Agregó: “Esta sesión la dirigió la presidenta suplente, Lambertina Galeana Marín para cuidar esa suspicacia que están mencionando, porque no sé qué andan buscando, no van a encontrar ninguna ilegalidad, tan es así que esperamos restituir a los magistrados, José Luis Bello Muñoz y Rufino Miranda Añorve para que tuvieran todos la oportunidad de decidir libremente”.
Titubeante, en un principio dijo que el pleno del TSJ le había dado un voto de confianza para continuar en el cargo y luego reconoció que se trató de una elección donde fue designado por mayoría con 17 votos a favor y uno en contra.
Asimismo, negó que durante el lapso que transcurrió el proceso de aprobación de su nombramiento en el Congreso del estado haya existido vacío de poder en el TSJ, en respuesta señalo: “de facto continué (siendo presidente del Poder Judicial) hasta la primera sesión de pleno”.
El secretario general de acuerdos del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez intervino para precisar que Román Pinzón no dejó de ser presidente del TSJ, “hasta en tanto el pleno no dé cuenta del decreto del Congreso del estado que ordena la reinstalación de los dos magistrados y como simultáneamente se le dio nuevo nombramiento como siguió siendo el presidente”.
Mientras que Edmundo Román atajó: “Dejé de ser presidente del TSJ durante la sesión por un lapso de 20 minutos tiempo transcurrió para llegar al punto ocho del orden del día que marcaba la elección”.
En este sentido, informó que en la misma sesión privada tomó protesta nuevamente y descartó que se lleve a cabo otro acto protocolario donde estén presentes representantes de los dos poderes del estado.

El Congreso nombró al magistrado Román, no el gobierno: Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera negó este viernes que haya habido intromisión del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo en el Poder Legislativo, para que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón fuera electo como magistrado; dijo que fue “autónoma” la decisión que tomaron los diputados locales y que por tanto a la actual administración no le queda “más que respetarla”.
Rechazó que el enredo jurídico que ocasionó ese tema en la sesión de este jueves haya sido responsabilidad del gobierno, pues “nosotros damos nuestro punto de vista, fijamos una posición de lo que consideramos acerca del desempeño de los magistrados, esa es nuestra obligación, a eso nos faculta la ley, quien resuelve es el Congreso”.
Indicó que tampoco veía nada “extraño” en el documento que envió a los diputados para proponer a Román Pinzón, dijo que con éste “nosotros sólo ratificamos el nombramiento, porque es nuestra facultad”.
Consultado por reporteros este viernes al término del acto en que se conmemoró el 144 aniversario de la Batalla de Puebla, a preguntas sobre el procedimiento irregular en que se designó al actual presidente del TSJ como magistrado, Chavarría dijo que “ayer (el jueves) el Congreso local decidió sobre el asunto de los magistrados, ustedes saben que ahí hubo una discusión, hubo polémica, pero finalmente de manera mayoritaria, creo yo que el Congreso local decidió positivamente el asunto de los magistrados”.
Sobre si no es cuestionable el procedimiento, el funcionario contestó: “Hasta el día de ayer, él (Edmundo Román) era magistrado también, continuaba con su función de magistrado, él acudió ante la Comisión de Asuntos Políticos, para explicar la circunstancia que se había estado viviendo, y fueron los diputados que en el marco de su autonomía que les da un poder distinto, quienes resolvieron. Yo creo que hay que ser respetuosos de esta decisión”.
Enseguida el funcionario rechazó intromisión alguna de parte del gobernador en esa decisión, como afirmó el diputado del PRD, Ramiro Solorio en tribuna, y subrayó: “Nosotros ya hemos mencionado que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia, ni intención de inmiscuirse en la vida interna de los dos poderes Legislativo y Judicial. Son ellos quienes en el marco de una autonomía toman sus propias decisiones y nosotros como Poder Ejecutivo estamos obligados a respetar sus resoluciones”.
También desmintió a la diputada perredista Roassana Mora Patiño con relación a que hubo un albazo al Poder Legislativo y destacó que “hasta donde tengo información fue un tema que se discutió, que se debatió amplia y libremente, hubo algunos diputados, la minoría, que cuestionó el resolutivo, pero finalmente la democracia es así, finalmente la mayoría es la que toma la decisión”.
Cuando otro reportero preguntó si era valido que el mismo día en que fue designado Román Pinzón como presidente del TSJ, se propusiera al Congreso como magistrado y no como presidente, el funcionario atajó: “Los procedimientos hay que preguntárselos al Congreso local no es un asunto que le compete al Ejecutivo”.
Tras recordarle que dicho oficio llevaba estampada su firma, el funcionario justificó: “Nosotros le hacemos el requerimiento al Congreso local, pero finalmente ellos son los que toman la decisión”. Indicó que si enviaron ese documento “es porque tenemos la facultad de ratificar un nombramiento, no hay nada extraño en eso; lo que hicimos fue ratificar un nombramiento que ya se había mandado con anticipación, ahora el nombramiento como presidente pues es algo que le compete al Poder Judicial”.
Descartó que con ese documento y el visible apresuramiento de la propuesta, el gobierno estatal haya ocasionado un enredo jurídico “yo la cosa la veo muy desenredada, no la veo enredada; finalmente es el Congreso quien tomas las decisiones”.
Señaló que tampoco tiene que ver con un desconocimiento de la ley, pues “nosotros damos nuestro punto de vista, nosotros fijamos una posición, de lo que consideramos acerca del desempeño de los magistrados, esa es nuestra obligación, a eso nos faculta la ley, ya quien resuelve sobre el particular es el Congreso”.
A pregunta expresa, contestó que el gobierno del estado no está poniendo en riesgo la división de poderes al hacer esas propuestas.
“Yo no sé quién hable de eso, yo lo que estoy planteando (es) que hay una división de poderes, nosotros somos respetuosos del Poder Judicial, del Congreso local, ellos toman sus decisiones y nosotros como Ejecutivo, lo que nos toca solamente es respetar lo que ésta dos instancia decidan sobre los temas en Guerrero”, indicó.
Sostuvo que si hay la propuesta de mantener a Román Pinzón como magistrado es porque “fue un juez destacado, con virtudes, seguramente con cualidades, por eso ha de haber sido nombrado presidente del TSJ, pero un interés particular de defender a alguien a ultranza sea quien sea, pues no es actitud del gobierno”.
En otro momento, Chavarría se deslindó de las consecuencias económicas que trae consigo la reinstalación de los magistrados que no ratificó Torreblanca Galindo, pero que ganaron sus jucios ante la Superma Corte de Justicia. Su argumento es que el gobierno sólo está cumpliendo con la ley, “nosotros planteamos nuestro punto de vista legal en términos de si un magistrado debe o no continuar en el uso de su ejercicio, es una facultad del Ejecutivo y esto lo enviamos, pero finalmente es el Congreso local el que toma la decisión”.
Respecto al papel de la Consejería Jurídica en el sentido de que sus dictámenes han sido rechazados por las instancias judiciales federales, indicó: “Ese es otro asunto, nosotros vamos a ser respetuosos del procedimiento judicial que se siga, hay un resolutivo, el Congreso local lo evalúa y toma sus decisiones; nosotros solamente cumplimos con la parte que nos corresponde”.

Con procedimiento irregular el Congreso elige como magistrado al actual presidente del TSJ


Hugo Pacheco León Chilpancingo

La elección como magistrado en un procedimiento “irregular” del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, llevó a los diputados del PRD, Ramiro Solorio a lamentar la “sumisión” del Poder Legislativo al gobernador Zeferino Torreblanca.
Mientras que su compañera Rossana Mora Patiño lo calificó como un albazo y cuestionó: “¿Acaso creen que el pueblo de Guerrero votó por el mundo feliz en el que nada pasa, excepto la voluntad de un solo hombre? Este no es el cambio por el que votamos”.
Primero, los diputados aprobaron por unanimidad, reinstalar en sus cargos de magistrados numerarios a José Luis Bello Muñoz y Rufino Miranda Añorve, dando cumplimiento a la orden del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial federal, luego de que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no los quiso ratificar.
Luego, en un procedimiento fast track, el aún presidente del TSJ fue electo magistrado por mayoría con 36 votos a favor y siete en contra. Mientras que Alfonso Vélez fue electo con 24 voto a favor y cuatro en contra. Ambos sustituyeron a Bello y a Miranda, cuando fueron destituidos.
Posteriormente, el presidente de la Mesa directiva por el mes de mayo, Alejandro Luna del PRD tomó protesta a los dos magistrados electos. Mientras tanto, los diputados perredistas, Ramiro Solorio y Rossana Mora se salieron del recinto y volvieron a entrar después.
Cabe recordar que el 28 de abril, Edmundo Román ya había sido electo magistrado por el Congreso local y el 1 de mayo fue electo presidente del TSJE en sesión plenaria.
Todo porque sabedor de que cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados del partido que lo llevó al poder, el gobernador Zeferino Torreblanca, en su afán de agilizar el trámite, se adelantó a la decisión del Congreso local de acatar o no el fallo de Juzgado Primero de Distrito en la sesión de este jueves, y envió el miércoles su propuesta de magistrados para cubrir los dos puestos de tres vacantes que existen en el Poder Judicial estatal, para volver a proponer a Edmundo Román y asegurar su incorporación al TSJ en donde lo quiere como presidente, a pesar de que ya lo es.
Lo anterior, provocó un enredo jurídico que los diputados de la comisión de Asuntos Políticos presidido por el diputado del PRD, Ernesto Payán Cortinas, no pudieron explicar en tribuna, y sí en cambio, junto con su compañero perredista, Germán Farías Silvestre, tildaron de protagonistas a sus compañeros de partido, Ramiro Solorio y Rossana Mora.
Pero en la votación los diputados acataron la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca. No importó el procedimiento legislativo, ni cuestionaron la prisa del gobernador por tener a alguien afín en el TSJ, como antes ocurría con los gobernadores del PRI.
Edmundo aceptó que aun siendo magistrado presidente del TSJE sería electo magistrado
Antes de abordarse el asunto en la sesión de ayer, el propio presidente del TSJ llegó desde las 10 de la mañana al Congreso local acompañado de uno de sus colaboradores, entrevistado por El Sur, dijo que anteayer por la mañana el gobernador envió a la Comisión de Gobierno un oficio donde lo vuelve a proponer como magistrado junto al abogado Alfonso Vélez.
A pregunta expresa dijo que su elección de presidente quedaría anulada una vez que aprobara el punto de acuerdo por el que se dictamina el acatamiento, tal y como ocurrió por la tarde en la sesión. Es decir, que coincidió con el argumento de los perredistas, Ramiro Solorio y Rossana Mora.
Edmundo Román dijo que para ser nuevamente presidente del TSJ, debería iniciarse otro procedimiento para convocar al pleno a los magistrados, incluyendo a José Luis Bello y Rufino Miranda, para su elección.
Al respecto dijo que volverá a contender por la presidencia del Poder Judicial y que la correlación de fuerzas le es favorable por su trayectoria y por su amistad con Bello y Miranda, que antes fueron sus “superiores” cuanto estuvo como juez en Acapulco.
El apresuramiento revela intromisión del Ejecutivo: Solorio
El diputado de Convergencia, Mario Ramos del Carmen de Convergencia volvió a leer el currículum de Edmundo Román quien está en el TSJE desde 1985 en donde ha fungido como secretario de acuerdos y proyectista; se destaca que apenas hace un año fue nombrado magistrado, y ahora en esta precoz carrera judicial es proyectado por Torreblanca como el próximo presidente del Poder Judicial, con la complacencia de la mayoría de los diputados del PRD, PRI, PAN, Convergencia, PT y PVEM.
Para hablar en contra, el diputado del PRD, Ramiro Solorio dijo que estaba a discusión el procedimiento no la propuesta y su trayectoria. Por eso señaló que ahora no pueden elegir a Edmundo Román porque no ha dejado de ser magistrado ni presidente del TSJ y cuestionó de cómo el gobernador pudo saber que el Congreso local acataría la instrucción de reinstalar a los dos magistrados como lo ordenó el Juzgado Primero.
Consideró que el gobernador tampoco dio tiempo para notificar al Poder Judicial federal el acatamiento de su instrucción, lo que se aceptaba tácitamente que el Congreso local que Zeferino Torreblanca “pasa como un poder sumiso, supeditado al Ejecutivo para apurar procedimientos legislativos”
Y se preguntó: “¿Por qué no esperar la decisión de acatar una resolución del Poder Judicial y se permite que se transgreda la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Esto es una pifia”.
Acuso que el Congreso debe reivindicar sus facultades porque el dictamen no está fundamentado y está hecho con las “rodillas” y el costo para el pueblo de Guerrero es que se tiene que pagar los sueldos y prestaciones que los magistrados no ratificados tiene que cobrar, por no estar en el cargo.
Afirmó que “es evidente un apresuramiento del Ejecutivo y revela su intromisión en el Poder Legislativo al estar promoviendo aprobaciones de dictámenes fast track”.
A favor de su dictamen fue a tribuna el diputado del PRD, Ernesto Payán Cortinas quien dijo que la no ratificación fue de los diputados de la anterior Legislatura, y aceptó que el procedimiento fue el adecuado porque se publico la propuesta del gobernador.
Entonces le dijo a su compañero de partido, Ramiro Solorio “parece que hay otros intereses, el de dañar a la ciudadanía con protagonismo, más bien hay quienes quieren ser injerencistas del diputado. No nos íbamos a reunir el sábado para agotar el tiempo de la elección de los magistrados, para cumplir con el capricho del diputado (Ramiro Solorio), es puro protagonismo del diputado porque quiere llevar y conste que no digo nombre para que no intervenga por alusiones”.
–¡Ahhhhh! –gritaron divertidos diputados del PRI.
Como se esperaba, Ramiro Solorio pidió la palabra para alusiones, pero Alejandro Luna le respondió que no había sido nombrado.
Votamos no sólo por un cambio de personas, sino por nuevas formas de gobernar: Rossana
Alejando Luna le dio la palabra a la diputada Rossana Mora quien se dirigió al pueblo de Guerrero y a los medios de comunicación, “recordando que el pueblo votó por el cambio no sólo de personas, sino también en las formas de gobernar, de procurar justicia, de representar los intereses del pueblo”.
Explicó que el 27 de abril el pleno tomó conocimiento del nombramiento de Edmundo Román Pinzón como propuesta del gobernador como magistrado. Que el 28 de abril se publicó en los medios de comunicación las propuestas y al día siguiente, el 29 se recibieron “complacencias” por la misma.
Añadió que el 1 de mayo, “fecha ahora, triplemente histórica, tomó protesta como presidente del TSJE, y sorprendentemente el 3 de mayo se presentó a comparecer ante la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, el mismísimo presidente del TSJE, para ser evaluado como posible magistrado”.
Dijo que el plazo no estaba cerrado para que la ciudadanía hubiera aportado elementos de juicio, porque el plazo comenzó el 29 de abril y concluía el 3 de mayo a las 24 horas, “el día de hoy, en un albazo al Poder Legislativo, se pretende nombrar magistrado a alguien que fue parte de un procedimiento apresurado, que le dio ventaja sobre otros candidatos que también tendrían derechos de preferencia”.
Luego señaló: “Pero lo más grotesco, es que se pretende en este momento nombrar magistrado a alguien que fue parte del TSJ, porque Edmundo Román, es hoy y hasta el día de mañana (hoy viernes) que entrará en vigor el acuerdo que aprobamos en el punto anterior, al presidente del TSJE”.
Irónica la diputada Rossana Mora pregunto: “¿Cómo fortalecer al Poder Judicial con estas acciones? ¿Cómo actuar coordinados sin evidenciarnos (los diputados) como desconocedores de los procedimientos y fortalecer a los tres poderes a la vez? ¿Qué necesidad de exponer al Honorable Congreso del Estado a esta terrible irregularidad? ¿Acaso creen que el pueblo de Guerrero votó por el mundo feliz en el que nada pasa, excepto la voluntad de un solo hombre?”.
A modo de respuesta, la misma Rossana Mora reprochó: “Este no es el cambio por el que votamos. Defender los intereses del pueblo de Guerrero es nuestra tarea. Hay que construir un estado justo donde reine la ley, no la sumisión”.
El perredista Germán Farías repitió las descalificaciones de protagonistas a sus dos compañeros. Mientras que el priísta, Fermín Alvarado Arroyo quien iba a participar a favor de los magistrados, la suspendió para dar paso a las diferencias perredistas.
Al final la votación nominal en urna, le dio la razón a Ramiro Solorio y a Rossana Mora sobre la sumisión del Legislativo a las decisiones de Zeferino Torreblanca: 36 diputados votaron a favor de los dos magistrados y siete en contra.

Si el Congreso reinstala a ex magistrado, dejaré la presidencia del TSJ, dice Román Pinzón


Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón afirmó ayer que perdería el derecho de ser magistrado, cargo que ostenta desde el año pasado, en caso de que José Luis Bello Muñoz sea reinstalado por el Congreso local como lo ordenó el Poder Judicial de la Federación (PJF).
No obstante dijo que habrá que esperar para saber en qué términos viene la notificación del PJF y de qué forma el Congreso del estado va a cumplir el amparo otorgado a principios de abril a los ex magistrados del TSJ, Rufino Miranda Añorve y José Luis Bello Muñoz.
Entrevistado antes de la toma de protesta de Román como presidente del Poder Judicial, que se llevó a cabo en el salón de sesiones del pleno del Tribunal aseguró que hasta la fecha no ha llegado la notificación del PJF sobre el amparo que concedió a los ex magistrados, que en el caso de Bello Muñoz, fue él quien lo sustituyó a propuesta del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
Sin embargo, el secretario general de Acuerdos del pleno del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez contradijo la declaración de Román Pinzón al informar que esta notificación llegó al Poder Judicial desde el jueves de la semana pasada y depende del Congreso del estado dar cumplimiento con la reinstalación de los dos magistrados inhabilitados.
Durante el acto, la magistrada Lambertina Galena Marín tomó protesta como presidenta suplente del TSJ, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera en su mensaje deslindó al Ejecutivo de intervenir para que Román ocupe la presidencia del Poder Judicial y aseguró que esta fue decisión de los magistrados “en un ejercicio de libertad y autonomía”.
El funcionario estatal justificó la ausencia de Torreblanca a este acto, con la justificación de que el gobernador debía atender asuntos de similar importancia en Acapulco, y llamó a los integrantes del Tribunal a asumir con responsabilidad la parte que les corresponde en la nueva tarea del gobierno del estado que será combatir el narcomenudeo.
En tanto, Román Pinzón criticó la labor de los miembros del Consejo de la Judicatura como el ex presidente del Poder Judicial, Raúl Calvo Sánchez, Gustavo Morlet Berdejo y Virginia López Valencia, al mencionar que un nombramiento “no significa dormirse en los laureles de la placidez y el desenfado, ni tampoco una permanencia institucionalizada”.
Asimismo, a los exhortó a reemplazar las antiguas “poses elitistas” y mentalizarse como verdaderos servidores públicos cercanos al interés de la sociedad y anunció que redimensionará la función de esta instancia reguladora de la conducta y las actuaciones de los trabajadores del Poder Judicial.
Dijo que hasta el momento no ha solicitado auditar la administración del ex presidente del Tribunal, Raúl Calvo debido a que desconoce el estado financiero del Poder Judicial así como del fondo para la administración de Justicia.
Mencionó que como el PJF no ha notificado de manera oficial al Tribunal sobre el amparo que otorgó a magistrados destituidos, “vamos a esperar cómo viene el ordenamiento del segundo tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación y cómo va resolver el Poder Legislativo el cumplimiento del amparo”.
–¿Entonces, el TSJ no ha sido notificado sobre la reinstalación de Rufino Miranda y José Luis Bello?
–Hasta donde tengo entendido no, dijo Román Pinzón.
Afirmó que si Bello Muñoz llega a ser reinstalado en el cargo que él actualmente ocupa, dejará el cargo de presidente del TSJ, siempre y cuando “yo no mantenga el cargo de magistrado”.
Rechazó que su nombramiento como titular del Poder Judicial haya sido una decisión del Ejecutivo estatal, “somos demasiados magistrados para que alguien se deje influenciar por alguien, ¿no?”.
Dijo que siempre se habló de que hubo línea en el caso de su designación, “pero para acreditarlo ahí están los magistrados y nadie se opone”.

Fue decisión sólo del TSJ nombrar como presidente a un nuevo magistrado: Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El nombramiento del magistrado recién llegado Edmundo Román Pinzón es un asunto que sólo compete al Tribunal Superior de Justicia del estado, aseguró el secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera y deslindó al gobierno del estado de la decisión.
A pregunta expresa si el nombramiento no contraviene lo que ha pregonado el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que es privilegiar en esos cargos a quienes tienen carrera judicial, Chavarría atajó: “Es un asunto de los magistrados, nosotros solamente nos damos por enterados de sus decisiones, no es algo en lo que podamos influir…es un asunto que les compete a ellos”.
Cuando se le recordó que el gobernador había planteado que tenía que privilegiarse la carrera judicial, el funcionario citó que Torreblanca “ha estado insistiendo que en el nombramiento de magistrado se tomen en consideración esto, pero ya los magistrados están en libertad de nombrar al presidente que consideren más conveniente y más adecuado”.
Chavarría Barrera negó que el gobernador Torreblanca haya maniobrado para que el magistrado, Edmundo Román Pinzón, quien fuera designado como tal hace apenas un año, relevara como presidente del TSJ a Raúl Calvo Sánchez. Chavarría dijo que “el gobernador del estado ni quita, ni pone presidentes” y consideró que son “infundadas” las versiones porque “el Poder Judicial, es el que decide de manera autónoma a quién ocupará ese cargo, ellos (los magistrados) toman la decisión”.
En sesión privada, el pasado miércoles, Román Pinzón fue nombrado por unanimidad como presidente del TSJ, aún cuando apenas llegó a ocupar el cargo de magistrado hace un año, a propuesta del gobernador.
Fuentes del Poder Judicial revelaron hace días que para esa decisión, Torreblanca maniobró con el abogado veracruzano Raymundo Melgarejo para lograr que magistrados “a modo” relevaran a Calvo Sánchez.
Consultado al respecto, Chavarría negó esa versión e incluso descartó que haya habido presiones de parte del gobierno del estado hacia el ahora ex presidente del TSJ.
Agregó: “El gobernador no tiene candidatos, ni en el Poder judicial ni en el Congreso local…el Poder Judicial es un poder autónomo, ellos tomaron la decisión de nombrar al magistrado Edmundo Román Pinzón como nuevo presidente del TSJ a partir del 1 de mayo, con toda franqueza digo que ni sé cuales fueron las consideraciones”.
Después expuso que no podía abundar más sobre el caso de Edmundo Román, debido a que “no tengo mucha referencia sobre él, pero supongo que los magistrados valoraron su capacidad y experiencia para nombrarlo. En todo caso la respuesta la pueden dar ellos”.

Protestan trabajadores del TSJ; les descontaron dinero de su quincena

 Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) protestaron ayer afuera de las oficinas del presidente, Raúl Calvo Sánchez, para “pedir una explicación” sobre un descuento que aplicaron a su sueldo en esta quincena.

Cerca de la 1 de la tarde, y al grito de ¡Solución! unos 100 proyectistas, mecanógrafos, administrativos e intendentes se apostaron afuera de las oficinas del presidente del Tribunal Superior de Justicia para protestar por el descuento, indicó la dirigente sindical Lucía Ramírez Cordero.

Ramírez Cordero señaló que el descuento fue variable: “nos quitaron desde 70.80 pesos a 100, y sin recibir ninguna explicación”.

Luego Calvo Sánchez recibió a los trabajadores, a quienes les explicó que el descuento era producto de “un impuesto sobre la renta”; agregó que anteriormente ese dinero se destinaba para casos de previsión social, préstamos, actos funerarios pero que en la nueva Ley Federal se tiene que pagar ese impuesto.

Asimismo, Calvo Sánchez se comprometió con los trabajadores inconformes a gestionar un recurso adicional para que no resistiera tanto este descuento, por el que incluso también se dijo sorprendido.

El TSJ enviará al Congreso del estado su proyecto de presupuesto de egresos

Se busca garantizar un presupuesto fijo y suficiente para el poder judicial, dice el presidente Raúl Calvo al rendir su informe anual de labores

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

En su informe anual de labores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez, resaltó que el poder judicial “necesita” mayor presupuesto, debido a que los trabajadores reclaman mejores salarios y la actual infraestructura resulta “incomoda” para trabajar. Asimismo adelantó que al poder judicial le harán reformas, entre ellas propondrán el envío directo al Congreso del estado de su proyecto de presupuesto de egresos, “para garantizar un presupuesto fijo y suficiente”.

En sesión del TSJ ante magistrados, jueces, diputados locales, funcionarios de gobierno y con una protesta de reporteros que pidieron la presentación con vida del empresario y editor de la Revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, Calvo Sánchez comenzó a leer su informe de actividades, del que dijo que ese órgano celebró 22 sesiones en las que se emitieron 116 acuerdos.

Mencionó también que en ese periodo el pleno del TSJ, reinstaló a los magistrados Jesús Martínez Garnelo, Miguel Maya Manrique y a la juez María del Pilar León Flores, quienes habían sido inhabilitados en agosto de 2001 por el Congreso del estado, supuestamente por haber dejado libre a Carlos García Castro, “El Calilla”, miembro de la banda de secuestradores de Pedro Barragán González.

Calvo Sánchez destacó que la Secretaría General de Acuerdos elaboró 22 actas del pleno, instrumentó mil 189 acuerdos de  presidencia, elaboró 57 informes justificados de amparo; asimismo en las seis salas del TSJ se tramitaron un total de 5 mil 816 asuntos y se resolvieron 6 mil 126.

Indicó que los 57 jueces de primera instancia situados en los 18 distritos judiciales de la entidad, manejaron un total de 21 mil 144 asuntos judiciales, dictaron 6 mil 61 sentencias definitivas, 381 interlocutorias, y 3 mil 568 autos definitivos.

En cuanto a los jueces de paz, Calvo Sánchez apuntó que en materia civil manejaron mil 574 asuntos; de ellos resolvieron 934; en tanto que en materia penal solucionaron mil 262 casos de 2 mil 27 que recibieron.

Sobre el presupuesto de egresos aseguró que el TSJ ejerció en este año fiscal 145 millones 374 mil pesos; de ellos el 90 por ciento se aplicó a salarios, mientras que el 10 por ciento fue para cubrir las necesidades diarias.

En este apartado Calvo Sánchez resaltó que el poder judicial “necesita” de un mayor presupuesto, ya que “en muchos de los casos no contamos con locales propios ni adecuados para impartir justicia, la renta es elevada, así como el gasto por servicios públicos”.

Destacó que los servidores del poder judicial “reclaman salarios más acordes con su delicada responsabilidad de impartir justicia”. Añadió Calvo Sánchez que por la “falta de recursos económicos, se han                               conservado con mucho esfuerzo los inmuebles de los juzgados”.

Calvo Sánchez solicitó al gobierno del estado “apoyo presupuestal” para la construcción de un nuevo edificio del Poder Judicial del Estado en Iguala, para la Tercera Sala Penal y los juzgados de Primera Instancia; para la remodelación del edificio donde funcionará el juzgado Mixto de Primera Instancia en Tixtla; y también para la construcción del Centro de Readaptación Social en Chilapa.

En cuanto al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia –fianzas, consignaciones y multas–, el magistrado presidente apuntó que el ingreso que hubo hasta el 30 de abril de este año fue del 41 millones, 613 mil 732 pesos. Agregó que el                               poder judicial entregó “oportunamente” sus informes cuatrimestrales.

En su mensaje Calvo Sánchez dijo que el derecho ha reconocido la dignidad de todos, “pero el reconocimiento no es suficiente, para cambiar el curso de sus vidas”, y enfatizó que “es la hora de que un poder judicial donde se respeten las garantías constitucionales del juzgador, bajo un escenario de absoluta autonomía presupuestal”.

Por lo que adelantó que en los próximos meses el TSJ elaborará una reforma al poder judicial en materia de administración de justicia, mismo que tendrá como fin proponer al Congreso del estado “que las vacantes de magistrados que se generen sean cubiertas con los jueces de primera instancia”.

Asimismo dijo que propondrán el envío directo al Congreso local del presupuesto de egresos, con el fin de garantizar un                               porcentaje fijo “suficiente, para hacer frente a las crecientes necesidades materiales, humanas y tecnológicas”. Y es que el Ejecutivo estatal es quien diseña y envía el presupuesto de egresos al Congreso local para su aprobación.

La reforma abarcará también la ampliación de la facultad para presentar ante el Congreso del estado iniciativas de ley en las ramas del derecho sustantivo y adjetivo; y crear además mecanismos para la solución de conflictos sociales como la mediación de nuevas instancias y reglamentos emanados de los poderes públicos locales y de los ayuntamientos.

Luego pidió que los órganos del poder judicial se debe “incluir” en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque “estamos convencidos de que somos sujetos obligados a proporcionar información jurisdiccional y administrativa, dentro de los límites del derecho de terceros, y es que sin éste las viejas inercias del pasado pueden contribuir a la opacidad de la justicia”.

En su intervención, el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, se comprometió a dar a conocer al gobernador del estado, las peticiones que hizo Calvo Sánchez de apoyo presupuestal.

Precisó que el informe de actividades de Calvo Sánchez “es una oportunidad para subrayar que Guerrero cuenta con instituciones sólidas, este es un órgano jurisdiccional apegado a la ley, –insisitó– con agrado seré portavoz de los planteamientos ante el gobernador del estado”.

Al concluir las intervenciones reporteros extendieron una manta en la que pedían la presentación con vida del empresario y editor de la revista Mundo Político Leodegario Aguilera Lucas.

Al acto asistieron el Procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero; el subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJE, Antonio Nogueda Carvajal; el diputado local, Heriberto Noriega Cantú; la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Olimpia Godínez Viveros; el presidente municipal de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca; el comandante de la 35 zona militar; Audomaro Martínez; el director de la Policía Judicial, Leonel Coronel; el delegado estatal de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, entre otros.