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Provoca Otis alza de la violencia sexual en las zonas afectadas, denuncian feministas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones feministas denunciaron que, así como la pandemia aumentó la violencia contra las infancias y las mujeres, el impacto del huracán Otis provocó el incremento de la violencia sexual en las zonas afectadas, en un pronunciamiento por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre.
En el escrito distribuido por línea por la Red Feminista de Acapulco, Guerreras del Mar, Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Sorenas, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, y ocho organizaciones más, señalaron la importancia de analizar tambien las emergencias por desastres naturales con una perspectiva de género, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, jóvenes y niñas, “a menudo son las que generan resiliencia en sus comunidades”.
Recordaron que en la pandemia, la UNICEF alertó sobre el incremento de la violencia hacia niñas y mujeres, por el confinamiento en casa, por la brecha de desigualdad de género, más visible cuando hay riesgos para la población en general.
Acapulco, afectado por Otis, ya presenta altos índices de violencia sexual, “así que la incomunicación, la falta de luz y otros servicios básicos, tras el paso del meteoro, han provocado un aumento en la violencia sexual en las zonas afectadas”.
Informaron que tienen testimonios de personas que sufrieron agresiones sexuales, durante las prolongadas penumbras que envolvieron a Acapulco por más de dos semanas, y a la fecha, parte de la ciudad de la ciudad sigue sin servicio, y las calles plagadas de escombros y basura son peligrosas para transitar.
Lo anterior, aunado a la negación e insuficiencia de servicios, debido a la situación caótica que enfrentan algunos hospitales y centros de salud en Acapulco y municipios afectados.
En este escenario, relanzaron la campaña Aborto legal, seguro y gratuito, para atender la violencia sexual, para que el estado garantice los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a métodos anticonceptivos e interrupción de embarazo no deseados. “El acceso a estos servicios puede ser vital para la salud y el bienestar de las mujeres”.
Indicaron que en esta campaña participan promotoras y acompañantes capacitadas para responder a las solicitudes de las mujeres, niñas y adolescentes, que implica “”detección, canalización y acompañamiento a los servicios de salud pública y aborto autogestivo o, en caso de ser necesario, coordinar las derivaciones a Ciudad de México, donde nuestras organizaciones aliadas siempre nos apoyan para la atención integral y de urgencia”.
Enfatizan que las promotoras y acompañantes son parte de la misma población afectada por la devastación del huracán, que viven en colonias populares como Renacimiento, La Cima, Pie de la Cuesta, que conecta con Coyuca de Benitez. “A pesar de haber perdido nuestros hogar, encontramos la fuerza para brindar apoyo a otras personas. Este compromiso refuerza el significado de la campaña, resaltando la resiliencia y solidaridad en medio de la adversidad”.
Advirtieron que no hay planes emergentes de las instituciones, para atender de manera inmediata la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, en medio de la crisis desencadenada por el huracán Otis.
Instaron a las autoridades de Salud, y especialmente a los Sistemas de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tanto en los ámbitos estatal como municipal, a promover con mayor contundencia acciones dirigidas a la población más vulnerable.
Recordaron que Guerrero tiene dos alertas de violencia de género, por violencia feminicida y agravio comparado, por no bridar servicios integrales a las víctimas de la violencia sexual. “Lamentablemente, ambas enfrentan procesos lentos y poco efectivos para abordar las diversas formas de violencia que experimentan las mujeres en el estado, pero es la segunda la que muestra menos avances”.
Concluyeros que la reconstrucción de las zonas afectadas, como Acapulco, Coyuca y demás comunidades afectadas, no puede realizarse sin una visión basada en la perspectiva de género, los derechos humanos y un enfoque sustentable. “Es crucial considerar a quienes habitamos y convivimos diariamente en estos espacios, garantizando nuestro acceso a los servicios básicos. Además, es fundamental que los planes de prevención de riesgos y contingencia reciban una atención adecuada al contexto de la zona costera, una reconstrucción de la infraestructura que incluya la reconstrucción de la ciudadanía y sobre todo la vida de las mujeres, niñas y jóvenes”.

Urgen a armonizar leyes estatales con tratados internacionales sobre violencia hacia mujeres y niñas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos propuso diversas reformas sobre violencia sexual, para armonizar cinco leyes estatales con los tratados internacionales, en el marco de la Iniciativa Spotlight México para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La presidenta de la Comisión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, señaló en la sexual es la violencia que más se ha incrementado en Guerrero en los últimos años, al pasar de 27 por ciento, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, al 40. 9 por ciento en 2021.
Asimismo, indicó que la ENDIREH 2021, indica que casi la mitad de las mujeres de este país -49.7 por ciento- con 15 años o más experimentan al menos una vez a lo largo de su vida violencia sexual; 12.6 porciento de éstas lo hace durante su infancia.
Requirió que el paquete se dictamine lo antes posible, después de que fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El programa Spotlight México, que promueven la ONU y la Unión Europea,  se implementó en mayo de 2019  para varias ciudades de tres entidades del país, incluido Guerrero, con Chilpancingo. Tiene una duración de cuatro años que ya se agotaron, pero el periodo se amplió a diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Mosso Hernández recordó que el año pasado el Congreso firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia sexual, que se ejerce contra las mujeres y las niñas.

Los agravantes

El paquete de iniciativas propone introducir agravantes a la violencia sexual que se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección: mujeres, niñas, niños o adolescentes, y cuando se trate de mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Además de eliminar “el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, para introducir el concepto de “naturaleza sexual” en los términos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de reconocer como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual el entorno escolar y establecer la oficiosidad en  la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la Perspectiva de Género y el enfoque de Derechos Humanos en las medidas de reparación del daño para las víctimas de la violencia sexual.
Explícitamente, incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención, en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, en las medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y sicosocial.
Que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Finalmente, que se reconozca a hijos de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas, sujetas a la protección del sistema estatal, para garantizarles atención especial, integral, y atención en casos de violencia sexual.

Piden a Aidé un informe sobre la atención a embarazadas

En segunda lectura, nueve diputados aprobaron dos exhortos, uno para que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, realice diagnóstico que permita considerar los recursos materiales y humanos, así como con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a las mujeres embarazadas.
El otro para el Consejo Estatal de Salud Mental y contra las adicciones, establezca el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental en Guerrero, ambos propuestos por la Comision de Salud.
Asimismo, se aprobó la adhesión del poder legislativo de Guerrero al primer acuerdo del Congreso de Morelos, donde exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, a que implemente un programa presupuestal para la captación de agua de lluvia y ecotecnias; además, que modifique las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua), a fin de que incorpore a los municipios de baja, muy baja y media marginación.
En la correspondencia, el Con-greso de Morelos envió otra solicitud de adhesión a otro exhorto al gobierno federal para que garantice la adecuada prestación de los servicios, entrega de medicamentos e insumos a los derechohabientes del ISSSTE en todas los estados turnada a la Comisión de Salud.
También se informó que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), envió al Congreso informes de dos recomendaciones no aceptadas o no atendidas por los sujetos obligados, una dirigida al Ayuntamiento de Tixtla. De la segunda no se precisó en la sesión. Las dos se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos.
Dieron cuenta de que la Secre-taría de Gobernación respondió a una solicitud de diputados locales sobre el establecimiento de acciones estratégicas y asignación de recursos para la conservación del hábitat del jaguar en Guerrero.
Autoridades del comisariado de San Vicente Zoyatlán de Juárez, de Alcozauca, pidieron la intervención de los diputados para que se atiendan sus demandas de obra pública, que incluye puente vehicular, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El diputado Héctor Apreza Patrón remitió a la mesa Directiva una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre Comunicación Social.
En el único punto de la sección de intervenciones, el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez se congratuló con la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, que señaló “las fallas y atropellos” que cometió el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, al aprobar el Plan B de las reformas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tener la mayoría y ejercerla, no es un argumento ni justifica violar las normas internas del Poder Legislativo, y mucho menos la Constitución”, expresó.
Criticó que el Congreso de la Unión desdeñó “el análisis y deliberación entre pares, de las reformas electorales regresivas que impulsó Morena”, y lo calificó como negación al quehacer parlamentario.
Alertó que con un plan C “se transgreden la Constitución y la ley electoral, cuando desde los espacios del Estado y el propio Poder Ejecutivo, para hacer campaña a favor de sus corcholatas y pedir el voto de las mexicanas y mexicanos, sin importarles que ello constituye la comisión de un delito electoral”.

Califica activista de confusa la campaña en redes sociales contra la violencia sexual

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La coordinadora del Observatorio de Violencias Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, denunció que al igual que en la administración anterior, el actual gobierno no atiende las medidas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
En denuncia telefónica, señaló una campaña en redes sociales, sobre la violación con algunos datos del problema, aparentemente dirigida a los agresores.
Explicó que la octava de 13 medidas pendientes de atención, señala la realización de una campaña de comunicación social que permee en la población sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la interrupción legal del embarazo, y la prevención del abuso sexual infantil por parte de personas cercanas a la víctima.
Además, deberá contar con enfoque intercultural y utilizar medios de difusión pertinentes para la población indígena, afromexicana, adolescente y con discapacidad. Sus contenidos deben llevar información de las instancias de atención a las mujeres y niñas victimas de violencia sexual y visibilizar la responsabilidad y sanción para el agresor.
Cuestionó los mensajes de la campaña en redes sociales sobre la violación que dicen, “no insistas, Hacks para evitar una violación: presiones o chantajees a las mujeres por sexo, no emborraches o drogues a mujeres, no te involucres con mujeres menores de edad”, entre otros.
Los mensajes van acompañados con los siguientes datos: 8 de 9 delitos en México se cometen contra mujeres; 97.3 por ciento de los casos de violación no se denuncian.
Gutiérrez Sotelo denunció que es confuso a quién están dirigidos estos mensajes, tampoco deja clara la responsabilidad del agresor, no tienen pertinencia cultural ni menciona las instancias a las que pueden acudir las víctimas.
Si la intención es llegar al agresor, estimó que “tendría que hablar claramente de los delitos en que incurren al abusar de las víctimas porque no los van a sensibilizar con cifras. Aparte estas cifras no reflejan nada, mucha violencia sexual está naturalizada”.
Como sociedad civil, añadió que cada vez reciben más informes de relaciones de adultos con menores de edad, presuntamente consensuadas, “el sugar daddy es un asunto celebrado, me parece que justo si estamos tratando de desnaturalizar estas conductas, las campañas deben tener pertinencia cultural y otros medios de difusión”.
Cuando se decretó la alerta por agravio comparado del 5 de junio de 2020, recordó que tenía un plazo de cumplimiento de 18 meses que venció el 5 de diciembre de 2021, y ninguna autoridad del gobierno del estado: con ocho medidas, la Fiscalía general del Estado con tres, el Congreso local como el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso local con una cada cual, presentó resultados.
Para el primero de junio de 2022, indicó que la Secretaría de Gobernación y Conavim actualizaron las dos declaratorias de violencia de género, para levantar sólo una medida en la de Agravio Comparado, la del Congreso local con la reforma de despenalización del aborto del 20 de mayo del mismo año.
Sin embargo, la Alerta de Agravio Comparado se mantiene el mismo número de medidas porque se agregó otra más para la reparación del daño dirigida al poder judicial, la FGE y la Comisión Estatal de Víctimas
Aclaró que la alerta de agravio comparado recibió otro plazo de cumplimiento, ahora de 12 de meses para atender las medidas, y no hay información de que el gobierno haya entregado un informe de acciones de los primeros seis que concluyeron en diciembre de 2022.
Como promovente de la Alerta aseguró que el gobierno añadió que tampoco el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento de la alerta se ha reunido para revisar el seguimiento de la implementación de la declaratoria.

 

Demandan ONG y víctimas que se ratifique la condena a los soldados que violaron a Valentina Rosendo

 

Representantes de organismos de derechos humanos y víctimas de tortura sexual exigieron que se ratifique la sentencia a los dos militares que violaron a la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú, luego de que los soldados interpusieron un recurso de apelación.
En conferencia ayer en Chilpancingo el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Alan García dijo que la sentencia de 19 años de prisión emitida por una juez federal en contra de dos militares que violaron a Valentina Rosendo Cantú, “es relevante e histórica” y marca un “precedente importantísimo” en el país para evitar la impunidad. Los Organismos no Gubernamentales (ONG) que lo acompañaron pidieron que se ratifique.
En la conferencia de prensa estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de la Asociación por lo Justo, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Valentina Rosendo Cantú dijo que esperaba muchos años más de cárcel para los militares que la atacaron sexualmente, y no solamente los 19 que les impusieron, pero se siente satisfecha porque la sentencia marca un precedente para otras mujeres que han sido víctimas de tortura sexual.
Inés Fernández Ortega, otra víctima de tortura sexual por militares en 2002, dijo que espera que también en su caso se emita una sentencia similar a la de Valentina contra sus agresores.
El 1 de junio la juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, Iliana Fabricia Contreras Perales emitió la sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por violación y tortura sexual contra la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú ocurrida en 2002.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, organismo que dio seguimiento y acompaño jurídico al caso, declaró que la sentencia decretada desde un estado azotado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos impone límites a los abusos militares, y se establece un referente en beneficio de las mujeres víctimas de tortura sexual en el país, donde impera la impunidad y el Ejército era intocable ante sus acciones letales.

Las luchas de las guerrerenses son referentes y vitales, dice una vícima de San Salvador Atenco

La conferencia de prensa para hablar de la sentencia fue en un salón del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, en donde Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual de San Salvador Atenco, Estado de México, dijo que los casos de Valentina e Inés Fernández son referentes y vitales para que otras mujeres emprendieran su lucha por la justicia.
Mencionó el caso de las 25 mujeres detenidas y torturadas en 2006 en San Salvador Atenco que son acompañadas por cuatro organizaciones convocantes, y 17 agrupaciones solidarias que iniciaron la campaña Rompiendo el Silencio, “porque entendimos que lo que nos ocurrió no fue un hecho aislado, y nos llenó de esperanza y fortaleza”.
Por su parte, Inés Fernández Ortega, indígena me’ phaa de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, quien también fue violada sexualmente por militares en 2002, pidió que en su caso también se haga justicia y que los militares que la agredieron acaben en la cárcel.
Solicitó a los asistentes que la acompañen en el proceso y que no la dejen sola, “para que mi caso llegue a la justicia”.
Valentina Rosendo hizo una reseña de todo lo que ha vivido en los 16 años de su lucha en busca de justicia, desde que en el 2002 fue violada por militares en su comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, pueblo que abandonó y tuvo que aprender el español para poder buscar justicia.
Dijo que por todo lo que ha pasado esperaba muchos más años de cárcel para los militares que la atacaron, y no solamente 19, pero aún así se siente satisfecha porque significa una base de esperanza para otras generaciones de mujeres que también han sido víctimas, e igual que ella buscan justicia.
Se quejó de que en México el gobierno nunca la escuchó, y por el contrario siempre la tachó de “mujer mentirosa”, que no quería a los militares en su comunidad porque siembra amapola. También denunció que fue víctima de hostigamiento y amenazas y por eso tuvo que buscar justicia fuera del país, “porque aquí en México no hay castigo para los militares violadores”.
Dijo que por eso hay muchas mujeres asesinadas y violadas, porque no se investiga ni castiga a los culpables, “no hay ningún hombre en la cárcel” y en seguida demandó a la juez que no libere a los militares que la violaron para que sirva de escarmiento a otros victimarios, pero también por la seguridad de ella.
Anunció que seguirá la lucha para que se haga justicia en otros casos como el de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco y el de Inés Fernández Ortega.
Abel Barrera mencionó que Valentina tuvo que salir del estado “porque si no aquí la mataban”, incluso en Chilpancingo en una ocasión quisieron quitarle a su hija.

La violación sexual se ha intensificado y convertido en un patrón coercitivo de amenaza hacia las mujeres: Centro Prodh

Por su parte, Gabriela Carrión, abogada del Centro Prodh, dijo que a partir del testimonio de Valentina Rosendo muchas mujeres han roto el silencio y citó que de 100 entrevistas de Amnistía Internacional en el país, 72 reconocieron haber sido víctimas de violencia sexual y a raíz de los casos de Valentina e Inés Fernández 100 mujeres se han acercado a ese organismo para denunciar lo que les pasó.
Contó que se han encontrado que son más frecuentes los casos de violación tumultuaria que las agresiones se cometen, incluso frente a sus familiares como padres e hijos, y que también la violencia se comete contra mujeres embarazadas. Dijo que la violación sexual se ha intensificado y convertido en un patrón coercitivo de amenaza hacia las mujeres.
Mientras tanto las investigaciones son nulas y a siete años de la reforma judicial no hay acciones mínimas para frenar los casos de tortura sexual, expuso.
Dijo que la sentencia por el caso de Valentina Rosendo es un primer paso para que todas las mujeres que han sido víctimas busquen justicia y haya un alto a la impunidad.
Calificó la sentencia como “relevante e histórica”, que marca un “precedente importantísimo” porque es un reconocimiento negado hace muchos años y finalmente tuvo una sanción.
Por su parte María Corina denunció que en México no hay voluntad de investigar cuando son los militares los implicados en las violaciones graves a los derechos humanos, y puso como ejemplo los casos de Valentina e Inés, “que son un precedente importante para que se sigan investigando los casos de tortura sexual cometidos en contra de las mujeres en México”.
María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio explicó que la de Valentina Rosendo es una sentencia histórica porque materializa los estándares o criterios para juzgar con perspectiva de género la tortura sexual, para que la palabra de las víctimas sea fundamental para lograr la justicia. Agregó que por ello las mujeres reconocen la lucha de Valentina y de Inés.
En un boletín Tlachinollan dijo que la investigación por la violación de Valentina inició ante la justicia militar en México, donde la denuncia interpuesta no prosperó. “Por ello, luego de un largo proceso ante el Sistema Interamericano, el 31 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia contra el Estado mexicano.
Añadió que este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se ordenó investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.
“Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la corte en 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar (CJM), estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles”.
Sin embargo cuestionó que a pesar de ese avance la reforma sigue siendo insuficiente y, por el contrario, en diciembre de 2017 el Ejecutivo federal publicó la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual da mayores facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, poniendo en riesgo el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Tlachinollan agregó en su boletín que además de abordar la responsabilidad de los militares, la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a la violencia sexual como un acto de tortura, lo que implica que “una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales”.
Agregó que el tribunal concluye que la violación sexual en el presente caso implicó una violación a la integridad personal de Rosendo Cantú, constituyendo un acto de tortura.
Tlachinollan consideró que la sentencia judicial dictada por la jueza Contreras a favor de Valentina Rosendo confirma el razonamiento y la jurisprudencia asentada por el tribunal interamericano, al señalar que la violación sexual es un medio especial de tortura, pues impacta en la dignidad de las mujeres.
Sin embargo, manifestó que los sentenciados Armando Pérez Abarca y Nemesio Sierra García apelaron esa resolución y los expedientes fueron remitidos ante el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, y que el magistrado José Luis Arroyo Alcántar de este Tribunal resolverá sobre el recurso.
Concluyó que para las organizaciones participantes la lucha de Valentina y la sentencia que ha logrado sientan un precedente muy relevante para la exigencia de justicia de las mujeres de Atenco y para las demás sobrevivientes de tortura sexual en México.
Dijo que los organismos que han acompañado a Valentina Rosendo hacen un llamado respetuoso al magistrado José Luis Arroyo Alcántar, para que resuelva “conforme a derecho y de manera imparcial, tomando en cuenta todas y cada una de las pruebas que obran en la causa penal 62/2013”.
Consideró que esta “es una oportunidad histórica para seguir demostrando al mundo que México cumple con sus obligaciones internacionales, y que sí es posible garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de tortura sexual”.