Roban sicarios nueve urnas en Tlapa y vecinos retienen al alcalde de Zapotitlán

Las votaciones en la región Montaña fue sólo con incidentes considerados menores al inicio de la jornada electoral, pero en Ahuatepec Pueblo, en Tlapa, hombres armados se robaron nueve urnas.
Primero pobladores de la comunidad de Tamaloya retuvieron 4 horas y media al alcalde priista de Zapotitlán Tablas, Teodelfo Pérez García, cuando presuntamente repartía dinero con un grupo de personas armadas.
Fuentes oficiales informaron que el priista fue retenido a la 1 de la madrugada y liberado alrededor de las 5:30, porque supuestamente repartía apoyos a cambio de votos para la candidata del PRI, Florentina Avilés Sierra.
En mayo Pérez García fue retenido y obligado a caminar descalzo por pobladores porque no entregó el fertilizante.
Después del cierre de las casillas (que fue a las 6 de la tarde), hombres armados se llevaron 9 urnas y dejaron sólo la de senadores.
La sección es la 2575 básica y contigua en la comunidad de Ahuatepec Pueblo, cuya tendencia era a favor del Partido del Trabajo en lo municipal.
La instalación de casillas fue tardía en la ciudad pues algunas iniciaron la recepción de votos alrededor de las 10 de la mañana, cuando estaba programada a las 8. (Carmen González Benicio y Antonia Ramírez / Tlapa).

 

Mueren un hombre y dos mujeres al volcarse el domingo en Zapotitlán

Un hombre y dos mujeres murieron al volcarse la camioneta en la que viajaban en Zapotitlán, otro hombre quedó herido y fue enviado a un hospital.
El hecho fue el domingo como a las 8 de la noche en la comunidad El Lucerito en Zapotitlán Tablas, la familia viajaba en una camioneta Eco Sport y el conductor perdió el control y el vehículo se fue a un barranco.
Según los datos la familia venía de la Ciudad de México a una visita familiar  a la comunidad de San Pedro Huitzapula del municipio de Atlixtac.
En el lugar murió Fortunato Nava Hernández, Carmen Méndez Mejía y Alejandra Hernández Fabián, el hombre herido fue identificado como Abel Nava Martínez y fue auxiliado por la Policía Municipal de Zapotitlán y trasladado al hospital básico comunitario del lugar. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Acaban su paro trabajadores de IMSS en Tlapa; les pagarán salarios y viáticos en 15 días

Trabajadores de la unidad médica urbana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Prospera de Tlapa, concluyeron su paro laboral el jueves 27 de abril, tras acordar con sus superiores los pagos de sus salarios y viáticos.
Este viernes se reincorporaron a sus labores y, de manera escueta se supo que en 15 días les pagarán los honorarios y viáticos pendientes, así como la reparación de las camionetas y camiones que usan para atender a pacientes en las comunidades.
Los 10 trabajadores que se negaron a identificarse por miedo a represalias, sólo dijeron que su paro, iniciado el lunes 24 de abril, era porque no les habían pagado salarios ni viáticos desde octubre de 2016.
La unidad médica se encuentra dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (Cdi).
Recientemente, la Secretaria de Salud del estado informó que IMSS-Prospera atenderá con sus unidades móviles a 11 municipios, ante los recortes al presupuesto en 2017, entre los que están Malinaltepec, Atlixtac, Olinalá, Zapotitlán, Acatepec, Metlatónoc, Alcozauca e Iliatenco.
Derechohabientes na savi, me’phaa y nahuas se inconformaron y exigieron atención e información luego de que suspendieron el programa de caravanas de la Salud sin avisarles. (Antonia Ramírez / Tlapa).

Acusan al cura de Zapotitlán y Acatepec de matar a golpes a un indígena en 1995

 

 El párroco Adrián Ramírez Ventura ha señalado por golpear a campesinos, cobrar tarifas elevadas por servicios religiosos y emborracharse antes de oficiar misa, y aún así el gobierno estatal no ha procedido a expulsarlo del pueblo, denuncia ex alcalde en un documento

 Zacarías Cervantes Chilpancingo A pesar de que el sacerdote que oficia en Zapotitlán Tablas y Acatepec, Adrián Ramírez Ventura, ha sido acusado de golpear a indígenas, e incluso en 1995 uno de ellos falleció por los golpes, y que el cabildo y las autoridades comunales que fungían ese periodo acordaron expulsarlo, a la fecha el ministro sigue oficiando en ambos municipios.

Las irregularidades y atropellos que ha cometido el clérigo datan de 1993, cuando llegó a los municipios de Zapotitlán y Acatepec, según se detalla en una minuta de acuerdos que firmaron en 1996 los integrantes del cabildo, presidido por Antonio González García, así como representantes de Bienes Comunales y 172 “principales” del municipio de Acatepec.

En dicho documento se señala que en octubre de 1995, el sacerdote Ramírez Ventura golpeó “salvajemente” al campesino Rafael Santiago Marcelino, quien posteriormente falleció a consecuencia de los golpes en la comunidad de El Llano, municipio de Acatepec.

Se indica que, también en estado de ebriedad, golpeó “salvajemente” en 1996 al indígena Angelito Toribio, en la comunidad de Barranca Piña, también de ese municipio.

El clérigo es acusado, asimismo, por el ex presidente municipal Antonio González de tener una adeudo con la comuna que presidió en el trienio de 1993 a 1996, de 8 mil pesos.

Según el ex alcalde, el sacerdote pidió el dinero prestado para el obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro, para una supuesta obra, pero dijo que el recurso nunca fue devuelto.

Otras de las quejas en contra del párroco es que desde el púlpito agrede verbalmente a las autoridades municipales y a sus propios feligreses, a quienes califica de “ignorantes pendejos”.

Debido a ello, los integrantes del cabildo, presidido por González García, así como las autoridades comunales y 172 “principales” de los pueblos acordaron expulsarlo de su demarcación en marzo de 1996, pero el párroco sigue en la región y cometiendo arbitrariedades, dijo González García.

El la minuta de acuerdos se señala que el clérigo Ramírez Ventura, cuando visita las localidades, “antes de oficiar misa se embriaga con los fiscales, mayordomos y con los principales, y ya en estado de embriaguez pierde totalmente el sentido y en forma descontrolada lanza una serie de improperios, insultos, palabras obscenas, y en ocasiones ha llegado hasta a golpear a los fiscales, principales o mayordomos”.

En el documento se agrega que en 1994, el religioso agredió verbalmente e intentó golpear al entonces presidente municipal Antonio González García, pero que intervino la Policía Municipal.

Otro de los señalamientos es que Ramírez Ventura no tiene una tarifa fija por sus servicios, pues las misas, los bautizos y confirmaciones “las cobra a su antojo”, desde 30 y hasta 200 pesos, “aunque a veces sólo balbucea palabras que no se entienden por su estado de embriaguez”.

El ex alcalde González García informó que ya en el 2000, Ramírez Ventura provocó un conato de violencia al tratar de apropiarse por la fuerza del templo mayor de Acatepec, mientras que en 2002 corrió a los misioneros Clariteanos que hacen trabajo social en las comunidades de ese municipio.

“Estos misioneros entraron en conflicto con el señalado sacerdote y con el obispo de Tlapa, pero la gente de las comunidades luchó porque los misioneros se quedaran en las localidades de Yerba Santa y Plan de Gatica”, dijo el ex alcalde.

Indicó que a pesar de que estas denuncias se presentaron en su momento ante el gobierno estatal, ante el obispo Alejo Zavala, a la Secretaría de Gobernación y ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “nuestros documentos fueron a dar al cesto de la basura, el gobierno no quiere un enfrentamiento con el obispado de La Montaña, por lo que la gente de Acatepec ha tenido que tragarse su coraje e indignación”.

La violencia en Zapotitlán no comenzó con Silvino Mosso dice el PAN

 

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El delegado estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez Otero, exigió a la Procuraduría General de Justicia llevar a cabo una investigación seria sobre los crímenes de campesinos en el municipio de Zapotitlán Tablas, “porque la violencia en esa zona no inició en la administración del ex presidente Silvino Mosso Porfirio y tampoco terminó después de presentar su renuncia definitiva al cargo”.

Indicó que el ex alcalde panista de Zapotitlán, no ha sido notificado de manera oficial si tiene una orden de aprehensión, a pesar de que se encuentra localizable, refirió el dirigente panista, por ello recordó que recientemente estuvo en el Congreso del Estado.

Lo anterior durante una conferencia de prensa en la sede estatal de Acción Nacional para anunciar el comienzo del proceso de elección de aspirantes a candidato a gobernador por ese partido, en el cual podrán participar miembros activos, adherentes y simpatizantes.

“Este es el primer paso para la conformación de una alianza”, consideró el secretario de la delegación, Cornelio García Villanueva.

Al respecto, Rodríguez Otero consideró como un buen esfuerzo el llamado que hizo el aspirante a candidato por el PRD, Armando Chavarría para conformar una alianza opositora.

Sin embargo consideró que también debe existir voluntad de Chavarría Barrera para que en lugar de que nosotros nos sumemos a su proyecto, “él se pueda sumar al nuestro”.

Sobre la situación jurídica del ex alcalde de Zapotitlán Tablas, el delegado estatal del PAN, quien estuvo acompañado por la diputada, Porfiria Sandoval y el secretario de la delegación, exigió a la PGJE que investigue a los responsables de los crímenes perpetrados en esa zona desde los años anteriores a la administración del ex edil impugnado.

“Ese es un reclamo del PAN, porque se demostró que la violencia no se terminó con la renuncia de Silvino Mosso”, indicó y rechazó nuevamente que esté negociando inmunidad para el ex alcalde panista a cambio de avalar las propuestas que el PRI cabildea entre los demás representantes de partido para nombrar al fiscal especial para delitos electorales.

Dijo que ese tema es “sólo” responsabilidad de la fracción de su partido y lamentó que el gobernador, René Juárez Cisneros no haya presentado a la terna ante el Congreso con oportunidad, “de lo contrario ya sabríamos quien sería” el fiscal especial para delitos electorales, consideró.

Sobre el escrito que presentó el PAN ante el Consejo Estatal Electoral para que se investigue el origen de los recursos de la precampaña de Héctor Astudillo, Rodríguez Otero aseguró que el senador priísta aceptó su irregularidad y “eso quedó demostrado” con el anuncio de que retirará sus spots en radio y televisión.

“Todo tiene un límite”, dicen comuneros de Zapotitlán a los gobiernos federal y estatal

Se niegan a resolver por la vía pacífica el litigio con Acatepec, dicen

La Procuraduría Agraria pretende ejecutar “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a sus vecinos se les otorgó 60 por ciento del terreno en disputa, denuncian en Chilpancingo

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo “Todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”, dijeron comuneros de este municipio que denunciaron ayer que los gobiernos estatal y federal se niegan a resolver por la vía pacífica el conflicto agrario con sus vecinos de Acatepec con quienes disputan mil 800 hectáreas .

Asimismo acusaron que la Procuraduría Agraria pretende ejecutar, “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a Acatepec se le otorgó 60 por ciento del terreno en disputa.

En conferencia de prensa, cuatro comuneros, encabezados por Mardonio Pérez Merino, informaron que por la mañana acudieron a las oficinas de la Procuraduría Agraria para entregar un escrito, en el que solicitaban la expedición de una convocatoria para renovar los órganos de representación y vigilancia comunal de Zapotitlán Tablas.

Pero el subdelegado jurídico de la dependencia federal los remitió a la ciudad de Tlapa, con el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Miguel Bello, para hacer el trámite.

“Estamos cansados de que se burlen de nosotros y nos traigan dando vueltas”, expresó Ludovico Vázquez García, otro comunero inconforme, quien aseguró que “todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”.

Señalaron que las autoridades estatales y federales son responsables de que ese municipio atraviese por dos conflictos al no intervenir a tiempo para la solución de los problemas. El primero, netamente agrario, que de no resolverse a tiempo –aseguran– podría desencadenar un enfrentamiento entre comuneros de Acatepec y Zapotitlán.

El otro, de carácter político, que continúa cobrando vidas a raiz de la disputa por el control entre las organizaciones sociales afines al PRI, LARSEZ y Antorcha Campesina, y que hasta el momento el saldo es de por lo menos una docena de muertos y un alcalde panista con licencia buscando a toda costa inmunidad.

Hasta el momento, 55 de 101 comuneros de Zapotitlán han desconocido al presidente de los Bienes Comunales de ese municipio, y reiteraron que de igual forma el convenio suscrito entre supuestos comuneros de Zapotitlán y Acatepec es “una farsa”, pues nunca se tomó en cuenta la opinión de la mayoría.

“Todo tiene un límite”, dicen comuneros de Zapotitlán a los gobiernos federal y estatal

Se niegan a resolver por la vía pacífica el litigio con Acatepec, dicen

 La Procuraduría Agraria pretende ejecutar “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a sus vecinos se les otorgó 60 por ciento del terreno en disputa, denuncian en Chilpancingo

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

“Todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”, dijeron comuneros de este municipio que denunciaron ayer que los gobiernos estatal y federal se niegan a resolver por la vía pacífica el conflicto agrario con sus vecinos de Acatepec con quienes disputan mil 800 hectáreas .

Asimismo acusaron que la Procuraduría Agraria pretende ejecutar, “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a Acatepec se le otorgó 60 por ciento del terreno en disputa.

En conferencia de prensa, cuatro comuneros, encabezados por Mardonio Pérez Merino, informaron que por la mañana acudieron a las oficinas de la Procuraduría Agraria para entregar un escrito, en el que solicitaban la expedición de una convocatoria para renovar los órganos de representación y vigilancia comunal de Zapotitlán Tablas.

Pero el subdelegado jurídico de la dependencia federal los remitió a la ciudad de Tlapa, con el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Miguel Bello, para hacer el trámite.

“Estamos cansados de que se burlen de nosotros y nos traigan dando vueltas”, expresó Ludovico Vázquez García, otro comunero inconforme, quien aseguró que “todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”.

Señalaron que las autoridades estatales y federales son responsables de que ese municipio atraviese por dos conflictos al no intervenir a tiempo para la solución de los problemas. El primero, netamente agrario, que de no resolverse a tiempo –aseguran– podría desencadenar un enfrentamiento entre comuneros de Acatepec y Zapotitlán.

El otro, de carácter político, que continúa cobrando vidas a raiz de la disputa por el control entre las organizaciones sociales afines al PRI, LARSEZ y Antorcha Campesina, y que hasta el momento el saldo es de por lo menos una docena de muertos y un alcalde panista con licencia buscando a toda costa inmunidad.

Hasta el momento, 55 de 101 comuneros de Zapotitlán han desconocido al presidente de los Bienes Comunales de ese municipio, y reiteraron que de igual forma el convenio suscrito entre supuestos comuneros de Zapotitlán y Acatepec es “una farsa”, pues nunca se tomó en cuenta la opinión de la mayoría.

“Irregular”, la reunión del ex alcalde de Zapotitlán y el procurador de Justicia

Opinión de Jiménez Rumbo y Félix Bautista

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo Diputados de oposición calificaron de “irregular” la reunión del pasado miércoles entre el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y el alcalde panista con licencia de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio.

En la reunión también estuvieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo; el coordinador del PAN, Max Tejeda Martínez y el delegado estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero en el Congreso del Estado, por lo que los diputados de oposición señalaron que dicho encuentro “es una muestra de que en Guerrero la justicia se aplica con criterio político”.

El coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo aseveró que “resulta grave” que se haya llevado a cabo una reunión de este tipo, cuando el alcalde panista, quien solicitó licencia para ser investigado por el crimen de cinco miembros de la LARSEZ el año pasado, está sometido a un proceso judicial.

Por su parte, el diputado por Convergencia consideró que en la reunión “posiblemente” hicieron una reflexión sobre la situación jurídica del alcalde indiciado y adelantó que solicitarán información a los diputados, Juan José Castro y Max Tejeda para que expliquen a los integrantes de la Comisión de Gobierno el motivo del encuentro.

Consultado al término de la reunión que sostuvo el diputado David Jiménez con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, quien enfrenta un proceso de juicio político, el coordinador perredista aseguró que “causa suspicacia” la reunión furtiva realizada el miércoles pasado y dijo que esperaran escuchar la versión de los diputados involucrados para tomar una decisión.

En caso de comprobarse que estuvieron reunidos el procurador de Justicia y el alcalde con licencia de Zapotitlán en las instalaciones del Congreso y ante diputados, “quedará una muestra de que en Guerrero se continúa aplicando la justicia bajo el criterio político y no jurídico”, expresó Matías Bautista al término de la sesión de ayer.

Por otra parte, fuentes del Congreso afirmaron que el coordinador priísta, intensificó esta semana el cabildeo entre los coordinadores de fracción y representantes de partido para que acepten su propuesta para ocupar el cargo de fiscal especial para delitos electorales.

La misma fuente dijo que Castro Justo promueve al actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ex procurador de justicia, Miguel Barreto Cedeño para ocupar el cargo. Sin embargo, el cabildeo se lleva a cabo al margen de la legalidad ya que el término legal para nombrar al fiscal especial para delitos electorales ya prescribió.

Con base a la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, aprobada por el Congreso del Estado, el tercer artículo transitorio señala que el gobernador, René Juárez Cisneros tenía como plazo un mes a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una terna al Congreso local y que el pleno designara al fiscal especializado en la atención de los delitos electorales.

La nueva ley orgánica de la PGJ entró en vigor el pasado 13 de febrero y el plazo para la presentación de la terna ante el Congreso local concluyó en el mes de marzo.

En la reunión del miércoles trascendió que se negoció el aval de los diputados del PAN a la propuesta del diputado del PRI Juan José Castro Justo, a cambio de inmunidad para el alcalde panista con licencia, Silvino Mosso Porfirio.

No hay orden de aprehensión a Mosso, a cuatro días de solicitada, trasciende

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

A cuatro días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez penal de Tlapa una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, por su presunta participación en homicidio múltiple, el juzgado aún no la ha expedido, trascendió ayer en la Procuraduría.

Además de la tardanza en la expedición de la orden de aprehensión, de lo que no se ha dado explicación, también sin justificación el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió este miércoles en una oficina del Congreso del Estado con el alcalde Mosso Porfirio, con los coordinadores de los diputados del PRI y del PAN, Juan José Castro Justo y Max Tejeda Martínez, así como el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero. Este encuentro dio lugar a sospechas de una probable búsqueda de impunidad para el ex alcalde.

La solicitud al juez penal que lleva la causa se hizo el lunes, informó ese día el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal.

Sin embargo hasta ayer la orden de aprehensión no se había liberado, por lo que los ex funcionarios municipales aún no podrán ser detenidos por la muerte de cinco indígenas, miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), la noche del 11 de mayo del año pasado.

La orden de aprehensión contra los funcionarios municipales panistas fue solicitada luego de que diputados del Congreso local aprobaron hace dos semanas las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde, el síndico y el regidor.

La PGJE había pedido el desafuero de los tres funcionarios municipales, luego de que son señalados por su presunta participación en el asesinato de cinco indígenas, en la comunidad de Escalerilla Laguna.

Los cinco indígenas fueron asesinados con machetes, palos, barretas por policías municipales y miembros de Antorcha Campesina que acudieron a rescatar al alcalde Silvino Mosso Porfirio, quien había sido retenido por miembros de la LARSEZ cuando pretendía interceder para liberar a tres antorchistas que fueron detenidos por un comisario que pertenece a la LARSEZ.

A pesar de que la Procuraduría solicitó al juez la orden de aprehensión, trascendió que inmediatamente después de que el Congreso local aprobó las renuncias del alcalde, el síndico y el regidor, éstos fueron amparados por la justicia federal, lo que fue negado el 5 de mayo por el alcalde, quien dijo, incluso que estaba en manos de la Procuraduría de Justicia.

Pero la Procuraduría envió un escrito al juez penal de Tlapa el lunes en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Escalerilla Laguna, porque considera que los tres ex funcionarios municipales son responsables por el delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas.

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que son señalados como participantes en la muerte de los cinco indígenas. Contra ellos ya existe orden de aprehensión, pero a casi un año de los hechos de violencia, la Policía Judicial (Ministerial) no ha ejecutado las detenciones.

“Irregular”, la reunión del ex alcalde de Zapotitlán y el procurador de Justicia

Opinión de Jiménez Rumbo y Félix Bautista

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Diputados de oposición calificaron de “irregular” la reunión del pasado miércoles entre el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y el alcalde panista con licencia de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio.

En la reunión también estuvieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo; el coordinador del PAN, Max Tejeda Martínez y el delegado estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero en el Congreso del Estado, por lo que los diputados de oposición señalaron que dicho encuentro “es una muestra de que en Guerrero la justicia se aplica con criterio político”.

El coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo aseveró que “resulta grave” que se haya llevado a cabo una reunión de este tipo, cuando el alcalde panista, quien solicitó licencia para ser investigado por el crimen de cinco miembros de la LARSEZ el año pasado, está sometido a un proceso judicial.

Por su parte, el diputado por Convergencia consideró que en la reunión “posiblemente” hicieron una reflexión sobre la situación jurídica del alcalde indiciado y adelantó que solicitarán información a los diputados, Juan José Castro y Max Tejeda para que expliquen a los integrantes de la Comisión de Gobierno el motivo del encuentro.

Consultado al término de la reunión que sostuvo el diputado David Jiménez con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, quien enfrenta un proceso de juicio político, el coordinador perredista aseguró que “causa suspicacia” la reunión furtiva realizada el miércoles pasado y dijo que esperaran escuchar la versión de los diputados involucrados para tomar una decisión.

En caso de comprobarse que estuvieron reunidos el procurador de Justicia y el alcalde con licencia de Zapotitlán en las instalaciones del Congreso y ante diputados, “quedará una muestra de que en Guerrero se continúa aplicando la justicia bajo el criterio político y no jurídico”, expresó Matías Bautista al término de la sesión de ayer.

Por otra parte, fuentes del Congreso afirmaron que el coordinador priísta, intensificó esta semana el cabildeo entre los coordinadores de fracción y representantes de partido para que acepten su propuesta para ocupar el cargo de fiscal especial para delitos electorales.

La misma fuente dijo que Castro Justo promueve al actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ex procurador de justicia, Miguel Barreto Cedeño para ocupar el cargo. Sin embargo, el cabildeo se lleva a cabo al margen de la legalidad ya que el término legal para nombrar al fiscal especial para delitos electorales ya prescribió.

Con base a la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, aprobada por el Congreso del Estado, el tercer artículo transitorio señala que el gobernador, René Juárez Cisneros tenía como plazo un mes a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una terna al Congreso local y que el pleno designara al fiscal especializado en la atención de los delitos electorales.

La nueva ley orgánica de la PGJ entró en vigor el pasado 13 de febrero y el plazo para la presentación de la terna ante el Congreso local concluyó en el mes de marzo.

En la reunión del miércoles trascendió que se negoció el aval de los diputados del PAN a la propuesta del diputado del PRI Juan José Castro Justo, a cambio de inmunidad para el alcalde panista con licencia, Silvino Mosso Porfirio.