Este miércoles, en audiencia de control judicial, el juez de Control y Enjuiciamiento Penal de los Distritos de Azueta y Montes de Oca, Vicente Guerrero Campos, multó con 50 días de salario mínimo equivalentes a 3 mil 774 pesos con 50 centavos al agente del Ministerio Público que lleva el caso del homicidio de la doctora Adela Rivas Obé, por no haber entregado en el plazo ordenado al defensor del imputado E A, un dato de prueba consistente en un video con el que no contaba el defensor del imputado en su carpeta de investigación y por el cual su cliente quedó vinculado a proceso.
La doctora Adela Rivas Obé desapareció el 22 de septiembre de 2016, después de que acudió al hospital del IMSS en Zihuatanejo, y su cuerpo fue hallado el 11 de octubre cerca de una playa en el mismo municipio. Días después fue detenido un imputado por el crimen.
El 6 de julio pasado, se repuso el proceso que mandató un juez federal a través de un amparo que otorgó a E. A. En esa audiencia se determinó que el inculpado llevaría su proceso en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en contra de la doctora Adela Rivas Obé, quien fue directora de micro zona de clínicas del IMSS en Petatlán, Zihuatanejo y La Unión.
La audiencia de control judicial que se llevó a cabo ayer fue porque durante la audiencia del 6 de julio que fue presidida por el juez de Control y Enjuiciamiento Penal, Andrés De la Rosa Peláez, el agente del MP, Pantaleón Loeza Santos, señaló como dato de prueba un video tomado de videocámaras de vigilancia con fecha 22 de septiembre de 2016 en el que supuestamente ubica entre las 12 y 13 horas de ese día, un vehículo Mazda 3 de cinco puertas con placas HBW9516 circulando por las inmediaciones de la clínica del Seguro Social de Zihuatanejo donde fue vista por última vez la doctora Adela Rivas.
También agregó en aquella audiencia que solicitó al administrador de Finanzas del estado en Zihuatanejo información sobre las placas del vehículo y que el informe fue que el propietario es E.A.
En el transcurso de la audiencia de ayer miércoles, se conoció que el defensor del imputado por medio del juez de Control y Enjuiciamiento Penal, solicitó en un plazo determinado, una copia de ese video y del documento emitido por un perito en la materia que corroborara su contenido pues esa información no viene en su carpeta de investigación, sin embargo, el plazo transcurrió y el agente del MP no entregó lo solicitado, sino que entregó 18 videos DVD y copia de un documento que no corrobora el dicho de la Fiscalía.
El defensor argumentó que al no recibir la información específica solicitada, se están violentado los derechos de su cliente, mientras que el agente del MP sostuvo que era el imputado quien no estaba teniendo una buena defensa técnica pues él cumplió entregado el video que está contenido en los 18 discos DVD “no son 18 videos, es un solo video en 18 discos que se obtuvieron de cuatro memorias USB”, precisó y enseguida entregó un solo disco DVD que aseguró que ahí contiene la información específica solicitada.
Enseguida, el defensor, el juez y el agente del MP se enfrascaron en un alegato sobre si existe o no tal video que aportó como dato de prueba en la audiencia del 6 de julio, por lo que Guerrero Campos dictó un receso para que el encargado del sistema de video del juzgado reprodujera la parte de dicha audiencia en la que habla del video en cuestión y luego se le volvió a pedir al agente que entregara a la defensa el video tal como se lo habían solicitado y él contestó que era lo que había hecho ya, al entregarle en la audiencia un solo disco compacto DVD con la información específica.
Al considerar que el agente del MP está faltando a los principios de lealtad y buena fe, el juez procedió a imponerle una multa de 50 días de salario mínimo equivalentes a 3 mil 774 pesos con 50 centavos por no haber cumplido con el mandato de entregar esa copia al defensor de imputado y también dio vista de que se le informe de esta actitud a su superior jerárquico, el fiscal Xavier Olea para que proceda según lo pertinente.
Enseguida, dictó un receso de dos horas para que el agente del MP entregara el video con la información requerida, pero éste argumentó que eso ya lo había hecho durante la presente audiencia y el juez le contestó que se pusiera de acuerdo con el defensor.
Tras el descanso, el agente del MP entregó de nueva cuenta el disco compacto al defensor quien pidió al juez que se reprodujera ahí mismo para corroborar que en el video se observara el vehículo Mazda 3 de cinco puertas y sus placas, que supuestamente el 22 de septiembre del 2016 daba vueltas por la clínica del IMSS donde fue vista por última vez la doctora y que de no ser así, se impusiera una sanción más severa contra el agente del MP, pero el juez rechazó la propuesta por considerar que se viciaría el proceso.
El defensor aceptó el disco compacto que le entregó el agente del MP y aunque no se reprodujo en la sala, insistió en que de no contener tal información, se le sancione de manera severa y se notifique al fiscal del estado para que no se sigan lesionando los derechos de su cliente.
Casi al final de la audiencia, el imputado hizo uso de la palabra para manifestar que durante su traslado del penal al juzgado y de regreso, los policías estatales que lo custodian le toman fotografías y que además, ahí en la sala estaban periodistas que también le toman fotografías y que él ha solicitado que sus datos personales se mantengan bajo reserva, por lo que pidió al juez que intervenga al respecto.
Guerrero Campos le contestó que desconoce el motivo por el que los policías estatales le toman fotografías, sin embargo, considera que es para que los uniformados informen a sus jefes superiores del estado físico con el que reciben al imputado al salir del penal y cómo lo reciben al salir del juzgado, pero se comprometió a pedir información sobre el por qué le toman fotografías.
De la presencia de periodistas en la sala, “en este caso, de un solo medio que está aquí en la audiencia, no se les puede coartar su derecho a la libertad de expresión, es una audiencia pública, sin embargo, los periodistas tienen prohibido grabar y tomar fotografías adentro de la sala, si lo hacen, pueden hacerse acreedores a las sanciones correspondientes; sin embargo, de la planta baja de este juzgado hacia afuera, no se les puede prohibir que tomen fotografías, pero si usted se siente lesionado en sus derechos, a través de su abogado puede proceder conforme usted considere”.

El juez es parcial: familiares de la víctima

En esta audiencia estuvieron presentes familiares de la doctora Adela Rivas; su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas, manifestó que el juez Guerrero Campos, “es parcial, es muy evidente la parcialidad con la que está actuando, que es uno de los principios básicos y máximos que tiene algún juez para impartir justicia, debe de haber imparcialidad y no la hay en este caso”.
A pregunta expresa, Rojas Rivas puntualizó, “en el sentido de que a la defensa le solapa cuestiones como por ejemplo, que se entreguen los oficios mal redactados, con copias simples, que eso sí él lo tome como una informalidad, que no importe, él dijo claramente, citándolo a él, dijo que eso es algo superfluo y que él no se iba a meter en esos detalles, entonces, está haciendo omisiones a favor de la defensa pero a nosotros esas formalidades sí nos las está achacando, como el hecho de que no se esté entregando el video con un dictamen que diga que es el video correspondiente a no sé qué y no sé cuál, eso a nosotros sí nos lo achaca pero a la defensa se lo permite las informalidades que comete”.
“Incluso ya ve que el mismo juez por iniciativa propia, pidió que se reprodujera el video de la audiencia del 6 de julio cuando ni siquiera la defensa solicitó eso, y ya ve que también en el momento en que se llevó a cabo esa audiencia él no estaba presente, cómo supo él, porque hasta alegó la hora, el minuto y el segundo exacto en el que el MP dio esa declaración del video cuando el mismo juez había reconocido que él no había estado en esa audiencia”.
Continuó, “cómo es posible que él no estuvo en esa audiencia pero sabe en qué momento aconteció esa declaración, es grave lo que está haciendo el juez, está cometiendo una injusticia y en este caso no nada más es con nuestro caso, estoy seguro que en muchos casos más está llevando a cabo el mismo procedimiento”.

El síndico, Miguel Ángel Hernández Gómez advirtió que podría haber otra contingencia por la basura, cuando en diciembre se termine el contrato con la empresa Lixus Ambiental, encargada de sanear el basurero de El Platanal, ubicado en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), donde actualmente Chilpancingo deposita sus desechos.
“Se debe prever este problema para que, saliendo una empresa entre otra”, dijo el funcionario, y agregó que el problema es que el Ayuntamiento no tiene dinero suficiente para seguir contratando empresas que saneen los predios.
Abundó que el Ayuntamiento de Chilpancingo gasta más de un millón 700 mil de pesos al mes en la recolección de basura, a falta de un tiradero.
Consultado al finalizar la segunda reunión de conformación del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural Sustentable de Comisarios Municipales en el auditorio del Ayuntamiento, dijo que el contrato que se tienen con la empresa se termina en diciembre.
Indicó que se deberá contratar a otra empresa para que continúe con los trabajos de compactación de los desechos, “hay lugar suficiente en Zumpango para seguir depositando más basura, pero no habrá quién la compacte”.

El representante de Plan Vivienda y Hogares Herso, Julián Urióstegui Carbajal informó que la empresa obtuvo el permiso de factibilidad para la construcción del fraccionamiento Jardines de Zinnia, porque el municipio tenía la capacidad de dotar el agua, pero el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena no cumplió con otorgar el servicio.
Por su parte, en una llamada a la redacción de El Sur, el presidente de desarrollo del asentamiento, Rufino Hernández Morales denunció que los trabajadores de la empresa Herso rompieron los sellos y siguieron construyendo las casas, pese a que el alcalde suplente, Jesús Tejada Vargas firmó un compromiso de clausurar las obras.
El martes, vecinos del fraccionamiento Jardines de Zinnia tomaron el Ayuntamiento de Chilpancingo y bloquearon  6 horas las avenidas Ignacio Ramírez y Juan Álvarez, en la entrada del paso a desnivel en el centro de la ciudad, para exigir al alcalde la construcción de un pozo profundo, servicios de recolección de basura y vigilancia de la Policía Municipal en el asentamiento.
Vía telefónica, Julián Urióstegui Carbajal aclaró que, por ley los servicios públicos los debe dar el municipio, y la empresa Hogares Herso cumple con todos los permisos, estudios, factibilidades y licencias, “de otra manera no estarían edificando viviendas en Chilpancingo”.
El representante de Plan Vivienda y Hogares Herso, indicó que el proyecto del fraccionamiento Jardines de Zinnia “es el más importante”, que tiene en Guerrero.
Contó que, “la red de agua dentro del desarrollo habitacional está al 100 por ciento, pero falta que la red de agua del municipio se conecte a la red interna, pero es la obligación del municipio proporcionarlo”.
Manifestó que el problema “tal vez” comenzó en marzo, cuando el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena ofreció construir un pozo profundo para el fraccionamiento, y compensar el desabasto de agua.
El alcalde con licencia se comprometió con los vecinos y con los encargados de la empresa constructora, pero no lo hizo.
El representante informó que la empresa obtuvo del municipio hace cuatro años la factibilidad de agua potable, “donde te dicen que el proyecto que se presentó es factible porque el municipio tiene la capacidad de dotar el agua, porque el municipio es el que da el servicio”.
Aseguró que, incluso, la empresa le reclamó al alcalde que no se conectara la red interna con la del municipio. Dijo que, para tratar de solventar el problema, el alcalde con licencia comenzó a pagar el agua que se llevaba en camiones pipa para suministrar al fraccionamiento, pero comenzó a retrasarse con los pagos.
El representante de Herso detalló que la empresa hizo una inversión de más de 500 millones de pesos, y “quien falló fue la administración de Leyva Mena”.
Por los sellos de clausura que el Ayuntamiento colocó el martes, consideró que se trató de un error porque la obra no está clausurada, y probablemente las autoridades revisaron y vieron que la empresa cumple con todos los permisos.
Urióstegui Carbajal aseveró que la empresa establecerá una mesa de trabajo con las autoridades estatales y municipales para ver cómo coadyuvar en la solución del problema de agua, “pero que quede claro que es responsabilidad del municipio”, reiteró.
Rufino Hernández Morales informó que pese a que el Ayuntamiento colocó sellos de clausura, los trabajadores los quitaron y reanudaron los trabajos, ante lo que las autoridades tendrían que proceder legalmente.
“Cómo es posible que los trabajadores violen los sellos, dónde está la determinación de la autoridad”, manifestó el colono.  (María Avilez Rodríguez  / Chilpancingo).

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