En el Día Internacional del Detenido-Desaparecido el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exhortó a los colectivos de familiares de desaparecidos a mantenerse unidos y juntos exijan presentación con vida, derecho a la verdad y a la justicia.
En un boletín el Centro Morelos dio muestra de solidaridad a la exigencia de la presentación de los familiares desaparecidos.
Añadió que la lucha que las familias emprenden desde que desaparece un familiar va más allá de lidiar con un gobierno impune, que las víctimas directas e indirectas de desaparición se enfrentan a la discriminación, criminalización, insensibilidad y revictimización ante un gobierno omiso que inmoviliza las leyes que protegen a las víctimas, con trámites burocráticos que no dan resultados, como el caso de la Ley General de Víctimas.
“No es novedad que el estado de Guerrero sea una de las entidades donde se han dado desapariciones forzadas desde la Guerra Sucia que infundió el terror y fracturó al movimiento social que luchaba por defender sus derechos”, resaltó.
Actualmente la desaparición sigue presente modificándose con nuevas estrategias para seguir logrando el mismo resultado de miedo y psicosis en el país entero.
Indicó que los grupos de la delincuencia organizada aparentemente son los responsables de miles de desapariciones, que la omisión e impunidad del estado mexicano para combatir este problema que va a la alza lo convierte en cómplice.
“Sólo en Chilapa se tienen registrados 100 casos de desapariciones, 16 de ellos como desapariciones forzadas, ninguno de los casos tiene avances en la investigación de los expedientes, las familias aglutinadas en el colectivo Siempre Vivos han tenido que buscar en los cerros fosas clandestinas ante la desesperación de no tener indicios sobre el paradero de sus desaparecidos, y a pesar de ello nadie ha encontrado a su desaparecido”, informó. (Beatriz García / Chilpancingo).

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado y en el país, Guadalupe Gutiérrez Narciso denunció que los gobiernos federal y estatal han evadido su responsabilidad de garantizar a las víctimas de desaparición y a sus familiares su derecho a conocer la verdad, encontrar a sus desaparecidos, pero sobre todo les han negado el derecho a la justicia.
Dijo que sin los recursos necesarios y enfrentando los riesgos que implica son los familiares de las víctimas los que tienen que hacer las investigaciones y han logrado encontrar a algunos de sus desaparecidos, mientras que el gobierno a pesar de que cuenta con un presupuesto para ellos no les apoya ni para sus gastos, mucho menos para que sobrevivan los hijos de las víctimas, y por el contrario los revictimizan y los criminalizan.
Entrevistada en el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, la presidenta de ese colectivo que tiene su sede en Chilpancingo señaló que el de los familiares de desaparecidos “es un dolor y un agravio que cada día crece, a pesar de que nuestra voz se levanta más fuerte y seguimos uniéndonos en colectivos las personas que buscan a sus hijos y que exigen justicia”.
Gutiérrez Narciso informó que el colectivo de Chilpancingo cuenta con un registro de 300 desaparecidos, registrados en varios estados del país.
“Esto es para que el gobierno se preocupara tantito, para que el gobernador Héctor Astudillo Flores prestara oídos a las víctimas, pero ha hecho caso omiso, hemos tenido reuniones con él, y sí, nos ha escuchado, pero no hay una respuesta, no vemos un compromiso real con las víctimas y eso nos agravia cada día”, se quejó Gutiérrez Narciso.
Agregó que el gobernador no quiere hablar de este problema como tampoco de la violencia porque atrae la atención de los organismos internacionales que vienen a asustarle al turismo, “y eso nos da mucho coraje, que el gobernador no ponga interés en solucionar el grave problema de los desaparecidos”.
Demandó al gobernador un plan de trabajo en favor de las víctimas y sus familiares, “que se ponga a trabajar, que tenga tantita sensibilidad, si fuera su hijo el que estuviera desaparecido o asesinado ¿Qué haría?”, preguntó la madre de Josué Molina Rodríguez quien se encuentra desaparecido desde el 4 de junio del 2014. Ese día hombres armados lo levantaron en la calle Heroico Colegio Militar cerca de la Escuela Secundaria Técnica número 30 Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces Guadalupe Gutiérrez no sabe del paradero de su hijo.
“Le pedimos que se ponga en nuestros zapatos, llevamos años buscando a nuestras víctimas y no tenemos ningún avance, en la Fiscalía General del Estado (FGE) siempre argumentan que no tienen recursos y que no hay ni para su transporte. Eso nos molesta porque sabemos que sí hay miles de millones de pesos del presupuesto para las víctimas”.
La presidenta del colectivo exigió a la FGE que dé a conocer el informe de todos los perfiles genéticos y ADN de todos los cuerpos que están siendo trasladados al Cementerio Forense Estatal. Se quejó que en muchas ocasiones le han pedido esa información porque los familiares aglutinados en los colectivos tienen el derecho a saber qué están haciendo con esos cadáveres, y si en verdad les están practicando los estudios.
“No podemos permitir que se sigan burlando de nuestros cadáveres, también tienen un derecho igual que el ser humano, por eso exigimos que se nos dé una información, que no solamente nos digan que sí cuentan con los ADN y la cadena de custodia. Queremos hechos, que nos informen por escrito, y no solamente nos digan de palabra”.
Exigió que la FGE investigue todos los casos que se han denunciado y que cuentan con carpetas de investigación. Declaró que hay un caso de un adolescente de 14 años que recientemente se lo llevaron “y no es posible que a pesar de que se presentó la denuncia no se esté investigando”. Aseguró que ni siquiera la Alerta Ámber se activó.
Manifestó que también en el caso de la desaparición de su hijo no existe ningún avance en las investigaciones, y que ni siquiera está segura que se esté investigando.
Gutiérrez Narciso se quejó que la actitud negligente de las autoridades es un agravio más y revictimización para los familiares de las víctimas y denunció que si la FGE se queja de que no cuenta con recursos para investigar y buscar a sus familiares, menos el gobierno cumple con el apoyo a los familiares de las víctimas.

A siete días de los ataques del grupo criminal que encabeza Juan Castillo Gómez El Teniente, a Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, más de cien familias de un total de 228 han abandonado esa comunidad, y 30 de ellas se refugian en Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, 20 en Chilpancingo y el resto se encuentran dispersas en poblaciones de la Costa Grande hacia donde fueron desplazados.
Vía telefónica, Lucía, una de las mujeres desplazadas, denunció que los militares que llegaron a Pueblo Viejo, en vez de apoyar a la población y detener a los integrantes del grupo delincuencial, se encuentran realizando saqueos en las casas que están quedando solas, mientras que los pistoleros que atacaron a la población se encuentran replegados en los cerros y en algunas comunidades cercanas.
“Nosotros salimos como los peores bandidos, caminamos por barrancas hasta llegar a la comunidad de La Vuelta del Sur. Llegamos todos raspados, mojados, huyendo de esa gente que entró balaceando las casas. No sabemos qué es lo que quiere”, dijo la mujer quien contó que ella salió el viernes por la noche con su madre y sus hijos pequeños, en total fueron 12 los de su familia que abandonó el pueblo.
Con la familia de Lucía, también salieron otras dos familias de Pueblo Viejo en la sierra de Tlacotepec; una de siete integrantes y otra de seis.
Dijo que su preocupación ahora es que el mediodía de ayer martes pudo tener contacto con una de las familias que se quedaron en el pueblo y le dijeron que los soldados se están metiendo a las casas que se quedaron solas, “las están saqueando y robando, nos dijeron que se están metiendo hasta en las tiendas y sacando todo lo que pueden”, dijo en tono preocupado.
Dijo que de la casa de uno de sus hermanos los militares se llevaron una pantalla, ropa y hasta zapatos.
Se quejó que ahora resultó peor que llegaran los soldados, “nomás a eso fueron a robar, porque esos es lo que andan haciendo en las casas solas. No están protegiendo al pueblo, llegaron a saquearlo, con esto hasta ya estamos pensando que llegó para apoyar a la gente que nos atacó”, declaró.
Dijo que no les está sirviendo de mucho que hayan llegado los militares y que por eso a pesar de la presencia de los militares, se siguen saliendo las familias, “porque ya no confían en los soldados”.
Otra mujer de las que ya abandonaron Pueblo Viejo, y que se encuentra refugiada en Chichihualco vía telefónica, informó que del jueves a este miércoles más de 100 familias han abandonado ese pueblo. Dijo que 30 familias están refugiadas en Chichihualco, 20 en Chilpancingo y el resto en poblaciones de la Costa Grande.
Demandó a los gobiernos estatal y municipal que apoyen a las familias que se encuentran en esa cabecera municipal con un albergue y alimentos aunque sea para sus hijos menores, “pues no nos venimos por nuestra voluntad, salimos porque el gobierno no nos dio protección”.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que se destruyeron más de 3 toneladas de droga, semillas y productos químicos que fueron asegurados en la campaña permanente de combate al cultivo ilegal de enervantes en la comunidad de Xocomanatlán, en la zona serrana de Chilpancingo.
La noche de ayer en un boletín de prensa y según información de la Procuraduría General de la República (PGR), al mediodía de ayer agentes, peritos y agentes del Ministerio Público (MP) Federal en coordinación con militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incineraron casi 790 kilos y 94 plantas de mariguana, 1.7 kilos de semilla de la misma droga, 2203 plantas de amapola y 11 kilos de semilla de la flor de la “que se extrae la goma que sirve como base para la fabricación de heroína, estupefaciente que tiene amplia demanda en el mercado de Estados Unidos”.
Además la fuerzas de seguridad federales destruyeron una cantidad mínima de clorohidrato de cocaína, 1.1 kilo de goma de opio, 4.7 kilos de esta droga y más de 2 kilos de diacetil morfina, y “2.5 toneladas de diversos objetos que les fueron asegurados a grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona serrana del estado”. (Redacción /Chilpancingo).