A propuesta de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz (Comnapaz), el senador Armando Ríos Piter, promoverá una iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3 y 4, para que sean incluidos en los programas de estudios sobre paz en el país.
En conferencia de prensa en el Senado, Ríos Piter explicó que es preocupante que un estado como Guerrero, de donde es originario, “sigue ocupando los primeros espacios donde permea la violencia día con día, donde hoy la violencia se ha adueñado de muchos de los espacios territoriales de mi tierra”.
La propuesta es, dijo, que en la Constitución se reconozca la convivencia social como un derecho de todos. Ello, desde planes de estudios que promuevan desde la eduación básica la cultura de paz. Consideró que es obligación del Estado promover la pacificación del país, luego de las cifras alarmantes de muertos, desaparecidos y fosas clandestinas, que según la versión oficial, son en su mayoría, a consecuencia del crimen organizado.
Dijo que cualquier intento de paz debe comenzar por “prevención no por la reacción… El problema de esta terrible fragmentación que hoy tenemos, y no solamente del crimen organizado, sino la violencia intrafamiliar, los problemas que se viven día con día en el país”.
El presidente nacional de Comnapaz, Hiram Valdez, detalló que como organismo ciudadano han impulsado varias iniciativas en el Poder Legislativo, como la Ley de fomento a la Cultura de Paz: “México es el primer lugar en acoso escolar, y creemos firmemente que va a permitir combatir este tema”.
Puso como ejemplo que en los países de Japón, Alemania, Colombia y Bolivia no sólo se han implementado los estudios de paz en las escuelas y se elevó a rango constitucional el derecho, sino que hay centros especializados dedicados a la investigación de los caminos de pacificación de un país con índices violentos como México.
“Hoy México es el primer lugar en acoso escolar, y creemos firmemente que adherir al cultura de paz a la Constitución, va a permitir trabajar este tema. Eso también va a permitir cumplir con los acuerdos internacionales de la UNESCO, como la declaración de cultura de paz emitida por la UNESCO en 1999, en su artículo Quinto”, dijo.
Norman Bardavid, integrante de Comnapaz, opinó que hace unas semanas “los académicos pudieron darnos nota en relación a los números que ha llevado la guerra en nuestro país, y recomiendan que de los números oficiales lo multipliquemos por tres en relación a muertos y desaparecidos. Si lo hacemos, estamos hablando de más de medio millón de personas; medio millón de almas que se han perdido a través de una guerra de intereses”.
De acuerdo a Bardavid, la iniciativa pretende que se conozcan los orígenes de las violencias y se reconozca  “que todos venimos de la cultura de violencia porque es sistémica, transversal y transgeneracional, de ahí es de donde todos venimos, de ahí es de donde nos hemos formado y desde ahí es donde todas las estructuras”.
Consideró que al igual que el tema de género, la cultura de paz debe ser considerada como un estudio serio y ser considerada desde la constitución. “La paz se habla, se construye y se cultiva todos los días por cada uno de nosotros y esos dos pilares; uno es la educación”.
Ríos Piter promoverá la iniciativa ante la comisión Permanente del Senado.

El presidente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, declaró que ese partido va a hacer esfuerzos por sumar la mayoría de las fuerzas políticas, aún aquellas que no sean de izquierda, para lograr un “escenario óptimo” y haya “el mayor caudal de votos en el 2018” hacia Andrés Manuel López Obrador, aunque aclaró que las pláticas no son directamente con los partidos como institución.
El dirigente fue consultado antes de una reunión a puerta cerrada que tuvo la tarde de ayer, junto con el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña y el enlace con la dirigencia nacional, César Núñez Ramos, con integrantes de la Coordinadora Estatal Pro-AMLO formada por ex presidentes del PRD en Guerrero.
Mientras tanto, Rodríguez Saldaña, informó que en esa reunión propusieron a los integrantes del grupo Pro-AMLO reunirse con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, que encabezaz Andrés Manuel López Obrador, para que desde allá se dé la instrucción al Consejo Estatal de incluir candidatos externos.
Sandoval Ballesteros, quien junto con Rodríguez Saldaña y César Núñez, se disputan la candidatura para un escaño en la Cámara de Senadores, informó por otra parte que desconoce cuándo se aplicará la encuesta que incluye los tres y se darán a conocer los resultados para definir esa candidatura, porque dijo que son datos que tiene la dirección nacional.
“Nosotros sólo estamos esperando los resultados”, declaró.
Aseguró que en Guerrero no ocurrirán desacuerdos como en la Ciudad de México en donde el aspirante al gobierno capitalino, Ricardo Monreal, ha expresado su inconformidad por los resultados que favorecieron a Claudia Sheinbaum, “ (aquí) vamos a esperar los resultados de nuestro método y nos ceñiremos a ellos”.
Y con respecto a las declaraciones de la secretaria general del Comité Ejecutiva Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, quien culpó a Morena de que no se haya formalizado la alianza con el PRD, Sandoval Ballesteros declaró que las declaraciones de Beatriz Mojica siempre “han sido desafortunadas de principio a fin”.
Añadió que lo que se necesita en este momento es sumar. “Lo que necesitamos es generar el gran polo que cambie la historia de este país y vamos a hacer esfuerzos por sumar a las fuerzas de toda la izquierda”, dijo.
Explicó que por eso acudía a la reunión convocada por los integrantes de Pro AMLO (integrada por ex dirigentes del PRD). “Venimos a una reunión con un grupo de compañeros y hay otros grupos con los que hemos estado hablando, estableciendo diálogo con todos porque necesitamos elevar la mira, y ver por los intereses de la patria, antes que por los intereses individuales”, declaró.
Insistió en la necesidad de agotar todos los diálogos posibles y necesarios con los diferentes actores y liderazgos que se han pronunciado por cambiar este país y por el proyecto que encabeza López Obrador, “que son la mayoría absoluta en el estado de Guerrero, estamos dialogando con todos ellos”, aseguró.
Explicó que el éxito de los acuerdos dependerán de la altura de miras de todos los guerrerenses, “nosotros vamos a dialogar, esa es la cuestión”. Dijo que la idea es tener “el escenario óptimo para que haya el mayor caudal de votos para el cambio que se requiere en el 2018”.
A pregunta de un reportero en el sentido si en este escenario tiene pensado reunirse también con la secretaria general del CEN del PRD, Mojica Morga, Ballesteros matizó explicó que “primero vamos a reunirnos con los compañeros, e iremos tomando decisiones”, dijo en referencia a los miembros de la coordinadora Pro-AMLO.
Luego insistió que se están reuniendo con distintos liderazgos de distintos partidos que han expresado su apoyo a López Obrador.
Destacó: “las pláticas no solamente son con los partidos de izquierda, sino de otros partidos que han mostrado ahora su interés por apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pero aclaró que estas pláticas no son con los partidos como institución, sino con liderazgos de ellos.
A su vez, en consulta telefónica después de la reunión, el secretario general de Morena Rodríguez Saldaña, informó que propusieron a los integrantes del grupo Pro-AMLO reunirse con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para que desde allá se de la instrucción al Consejo Estatal para incluir candidatos externos.
Contó que uno de los acuerdos fue que el grupo Pro-AMLO que integran los ex presidentes del PRD tendrá reuniones regionales con los dirigentes de Morena para cohesionar las fuerzas y los grupos.
Agregó que las reuniones regionales entre el grupo Pro-AMLO y los dirigentes de Morena son para demostrar la fuerza que tienen los grupos democráticos en la entidad.
A pregunta expresa sobre si en la reunión se habló de los espacios de representación popular a los que aspira el grupo Pro-AMLO, Rodríguez Saldaña admitió que sí pero se negó a precisar qué espacios son los que buscan los perredistas y ex perredistas que integran este grupo, acotó que no son candidaturas sino las coordinaciones distritales, federales y locales y municipales las que va a definir en el próximo Consejo Estatal de Morena.
Agregó que las coordinaciones serán decisión del Consejo Estatal y en la reunión sugirió que los integrantes del grupo Pro-AMLO se reúnan con el CEN de Morena para que propongan nombres y la dirigencia nacional de la indicación al Consejo Estatal para que se permita nombrar a externos en las coordinaciones.
De si el CEE de Morena será un enlace entre el CEN y el grupo Pro-AMLO para establecer diálogo y acuerdos sobre las candidaturas, Rodríguez Saldaña dijo que el grupo Pro-AMLO puede ir sólo a reunirse con la dirigencia.
El Consejo Estatal de Morena está en sesión permanente desde el 20 de agosto y reanudará actividades después de la sesión del Consejo Nacional prevista para el 3 de septiembre.

La reunión cerrada

A pesar de que el dirigente de Morena declaró que el diálogo en las reuniones como la de ayer es para buscar “el escenario óptimo para que haya el mayor caudal de votos para el cambio que se requiere en el 2018”, lo que se vivió en ese encuentro fue una “rebatinga en buenos términos” por las candidaturas, según definió una fuente que estuvo en la reunión.
El cónclave comenzó a las 12 del día a puerta cerrada en el restaurante El Caminante, en la lateral sur-norte del bulevar Vicente Guerrero, cerca de la terminal de autobuses, y concluyó ya casi a las 4 de la tarde.
El ex presidente del Comité estatal del PRD, Misael Medrano Baza, fue el encargado de abrir y dar paso a los asistentes. Entraron en distintos momentos, el secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña; el enlace con la dirigencia Nacional, César Núñez Ramos, el dirigente estatal, Pablo Amílcar Sandoval, que llegó cerca de la una de la tarde cuando ya había comenzado la reunión, así como Iván Hernández Díaz integrante del comité municipal de Morena en Chilpancingo, y el representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Sergio Montes Carrillo.
De parte de la Coordinadora entraron el ex presidente del CEE del PRD, Félix Salgado Macedonio; el ex presidente del Consejo de ese mismo partido, Mauro García Medina; el también ex presidente del Consejo, Apolinar Segueda; el perredista Oscar Chávez; el ex alcalde de Iguala por el PRD, Antonio Jaimes Herrera; el ex alcalde de Zirándaro, José Luis Ramírez Mendoza, y el ex diputado local, Félix Bautista Matías.
Uno de los asistentes, reconoció que más que hablar del fortalecimiento de la alianza en apoyo a López Obrador, se habló de candidaturas, sobre todo para las presidencias municipales.
Dijo que fue evidente que los integrantes de la Coordinadora pretendieron apuntalar como aspirante para el municipio de Iguala a Jaimes Herrera, mientras que para Teloloapan al perredista Valentín Guzmán Soto. Reveló que también se hicieron comentarios para los municipios de Chilpancingo y Tlapa, pero que en estos casos no se habló de nombres.
“Pablo Amílcar fue prudente, dijo que hay que esperar los tiempos y la agenda y que esos aspectos los define la dirigencia nacional, que se deben respetar las instancias”, confió la fuente.
“Yo interpreté que Pablo les dijo que Morena no va a definir los tiempos conforme se mueva el PRD, porque Misael (Medrano Baza) proponía que habría que esperar hasta que los del PRD definan sus candidaturas para que Morena cache a los que no queden”, dijo el asistente a esta reunión.
Agregó que el dirigente de Morena les dijo que, sin embargo, todavía “está por explorarse en el camino la ruta de las candidaturas”.
Contó que el ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, les dijo a los dirigentes de Morena en su intervención que él sigue siendo del PRD pero que si se confirma la alianza con el PAN para 2018 inmediatamente renunciará y que va a apoyar a Andrés Manuel.
En general, la fuente explicó que no fue una reunión de acuerdos concretos, sino sólo para fijar posturas, fue, sintetizó, “una rebatinga de candidaturas en buenos términos”.
Contó que, incluso, uno de los asistentes, el ex perredista José Francisco García, les dijo en tono de reproche a quienes expresaron sus aspiraciones a las candidaturas, que él apoyó a Andrés Manuel en el 2006, también en el 2012 y que lo va a volver a apoyar en el 2018 sin esperar ninguna candidatura o cargo, porque lo importante es que gane, no las aspiraciones personales de quienes dicen apoyarlo.
La fuente agregó que al final Pablo Amílcar les prometió que va a hacer el planteamiento a la dirigencia nacional para que se dé a Guerrero un trato distinto a los demás, “que se le dé un trato más de análisis y de más diálogo”, informó.

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, afirmó que será tolerante y mantendrá el ánimo de diálogo ante las críticas de políticos, grupos de ciudadanos o la Iglesia a las acciones de su gobierno, en particular sobre el posible impuesto por la recolección de basura, no obstante que ya aclaró que no se aplicaría en la cabecera municipal, sino en algunas colonias como programa piloto.
Estimó que detrás de los ataques están las agendas político-electorales y de grupos que tratan de “sacarle raja política a un problema”, en lugar de buscar el diálogo para encontrar soluciones.
Por ejemplo, señaló el impuesto a la basura, del que a pesar de que está señalado en la Ley de Ingresos que aprobó el Congreso, y que en sesión de cabildo se fijó una cuota de 15 pesos mensuales, personajes de la vida política, incluso de su partido, lo primero que hicieron fue atacar el gobierno en lugar de dialogar para atender un problema tan grave como es la basura en la capital. Anunció que el plan piloto se echará a andar el día jueves.
Asimismo, indicó que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel Mendoza, ha criticado reiteradamente a su administración y ayer mismo, después de su tradicional conferencia matutina de los martes, dijo que lo llamaría para invitarlo a que conociera el trabajo que están desarrollando. “Si insiste, será su responsabilidad”, aclaró.
También indicó que hay temas polémicos como las remodelaciones de avenidas principales de la ciudad, Juan Álvarez y Miguel Alemán, dado que Chilpancingo es la peor ciudad del país en imagen urbana, donde buscan de mejorar los servicios.
Aclaró que de inicio sabían que iba a generar molestias y se reunió primero con los dueños de los bienes aledaños y estuvieron de acuerdo.
Quienes se inconformaron fueron 62 comerciantes que rentan los locales porque las obras van a afectar sus ventas, pero en reuniones posteriores han pedido que los trabajos se realicen con rapidez. “El asunto es delicado y complejo”.
Del problema de la basura, indicó que hay un programa para regular licencias y aportación de los vehículos conocidos como Basura jefa (particulares que recolectan la basura en domicilios en colonias), para regular el servicio y redundar en beneficios económicos. También están trabajando con 14 escuelas que funciones como centros de acopio de pet y aluminio.
Cuestionado sobre el robo de autos en la capital, aclaró que no se puede negar la violencia pero los afectados deben acudir a las instancias correspondientes a presentar la demanda, para que los hechos no queden en denuncia pública.
En la conferencia, también se le cuestionó sobre las observaciones de la Auditoría General y el tabulador de sueldo, que ofreció enviar por correo electrónico a la prensa.
Sobre el tabulador, aceptó que en la nómina hay trabajadores con la misma categoría que reciben salarios distintos, y ha planteado regular las percepciones para que sea más justo.
Finalmente insistió en el llamado a atender las diferencias con diputados y actores sociales con diálogo, “porque no se vale que el ciudadano no puede siempre criticar a la sociedad, hay corresponsabilidad que nos lleva a exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones”.

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Iván Pachuca Domínguez, informó que para el juicio de revocación de mandato que mujeres de Mártir de Cuilapan (Apango) presentaron contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez, no se tomará en cuenta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que existía violencia política y de género en su contra.
Y afirmó que el juicio será resuelto lo más pronto posible para evitar conflictos entre los pobladores de la cabecera municipal.
En conferencia de prensa en su oficina, el diputado panista adelantó también que a pesar de que la juicio de revocación de mandato lo presentaron mujeres, no significa que no se pueda configurar la violencia política y de género, como lo sentenció con anterioridad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“De entrada vamos a hacer un tema jurídico que sea rápido para nosotros no entrar en conflictos y no conflictuar (causar conflictos) a las personas o pobladores de Mártir de Cuilapan. Aquí hay un grupo de mujeres que denuncia a la alcaldesa bajo varias causales,  no quiere decir que porque son mujeres no sea violencia política. Eso entre las mismas mujeres puede existir”, señaló.
El pasado 9 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso local fue notificada que ciudadanas de Mártir de Cuilapan, encabezadas por Edita Ivón Nava Sánchez que es hija del ex presidente Crisóforo Nava, señalado por la alcaldesa de ser el promotor del movimiento en su contra, presentaron un juicio de revocación de mandato en contra de Felícitas Muñiz Gómez, por actos de corrupción y desvió de recursos.
Pachuca Domínguez reiteró que este miércoles se realizará la primera sesión de la Comisión Instructora en la que darán entrada a solicitud de juicio de revocación de mandato de la alcaldesa, y partir de mañana, la parte acusadora tendrá tres días hábiles para presentarse a ratificar la denuncia.
En caso de las la denuncia sea ratificada, la comisión sesionará el próximo miércoles, y comenzará a “escuchar” a ambas partes a fin de elaborar un dictamen, pero adelantó que será un trámite ágil, pues la comisión no realizará acciones de contraloría, como ocurrió en la pasada solicitud de juicio político en la Comisión de Examen Previo.
“La Comisión Instructora no es la Auditoría, que va a tener que ir a verificar si se hicieron  o no se hicieron las obras, si se hicieron o no los actos que se están denunciando. Nosotros nos haremos llegar de las pruebas. Si necesitamos tener alguna información de la auditoría, ya sea de la estatal o federal, la solicitaremos a la brevedad posible, y entonces emitiremos un juicio después de escuchar a ambas partes”, puntualizó.

Trabajadores del Ayuntamiento de Atoyac, manifestaron que desde el 8 de agosto que entraron en paro laboral, tras que desde el 15 de junio no les pagan su salario ni una parte del aguinaldo, ninguna autoridad del municipio se ha acercado a dialogar con ellos para resolver el conflicto. Al contrario, se han enterado que están contratando personal para despedirlos.
Una comisión de trabajadores en paro acudió a la capital, donde ofrecieron una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para exponer nuevamente la situación laboral en que viven.
A la conferencia acudieron el director de la Juventud, Moisés de Jesús Adame; la secretaria en Salud, Cristal Nayeli Mejía; el jefe de departamento de Alumbrado Público, Héctor Cipriano Castillo Serna; la secretaria en Desarrollo Social, Noroelia Pérez Pineda, y la auxiliar en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Atoyac (CAPASMA), Soraya Soberanis Méndez.
Los inconformes manifestaron que reprocharon que ningún funcionario municipal se ha acercado a dialogar con ellos, y que al contrario, hay contra ellos indiferencia, desprecios y amenazas, como el de despedirlos porque ya están contratando nuevo personal.
Abundaron que la incapacidad, la ignorancia y arrogancia del presidente municipal Dámaso Pérez Organés ha llevado a crear movimiento como el del domingo, donde diversas personas realizaron una marcha a favor del alcalde.
Indicaron que esta situación sólo deja al descubierto la falta de capacidad para resolver conflictos por parte de todos los integrantes del Ayuntamiento, y en especial del presidente, quien pretende crear un clima de encono y violencia entre los pobladores del municipio.
Llamaron a la población a levantar la voz en contra de esa administración que consideran “la peor” en la historia de Atoyac, para exigir al alcalde que reintegre cada peso que ha “despilfarrado en sus excesos y en los excesos de sus allegados”.
Por lo tanto exigieron su renuncia inmediata para beneficio del pueblo.
Además reiteraron que también piden la salida de la tesorera Maily Enid Ponce Manríquez, la oficial mayor Ana Betzy Arzeta Castro, y el encargado de nóminas Ulises de Jesús Gutiérrez.
Los trabajadores resaltaron que están en defensa de sus derechos laborales y en exigencia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y que por lo tanto el 23 de agosto interpusieron una queja ante Delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), por las violaciones a sus derechos fundamentales.
El 15 de junio el Ayuntamiento dejó de cubrir los salarios de unos 300 trabajadores, de los cuales 65 decidieron unirse a un paro laboral a partir del 8 de agosto, además les deben una parte del aguinaldo. La falta de pagos ha sido recurrente en esta administración, motivo por el que reprueban la administración de Pérez Organés.

Cuando hombres armados llegaron para tomar Pueblo Viejo el jueves de la semana pasada iban por el comisario. Los pobladores escucharon por radio que les pedían que los dejaran entrar por él. “No les va a pasar nada, pero déjennos entrar”, exigieron varias veces. Después se soltó la balacera, contó Julia una mujer de ese pueblo de la sierra de Tlacotepec, desplazada por la violencia de ese día.
Dijo que seis días después, desconocen cuántos muertos, cuántos desaparecidos y cuántos desplazados hay realmente, porque desde ese día muchos se “tiraron a perder al monte”.
La mujer dijo que no cree que sólo dos cuerpos se hayan encontrado cerca del pueblo, como lo informó la Secretaría de Seguridad Pública, “no creo que en tres días de balazos solamente hayan matado a dos y haya habido tres heridos, como lo dijo el gobierno”, dijo.
Julia responsabilizó al alcalde de Heliodoro Castillo, el priista Juan Pedro Salgado Román, de que las fuerzas federales y estatales llegaran tres días después a auxiliar a la población, pues dijo que le reportaron primero a él el ataque pero cuando le preguntaron del gobierno estatal, aseguró que no había pasado nada y que todo estaba tranquilo, “por eso se confiaron los del gobierno”, dijo.
Contó que el grupo que quiso entrar el jueves iba contra el comisario porque éste desde hace un mes promueve un grupo de autodefensa “y saben que la gente siembra mucho, la gente de allá se dedica a trabajar el campo, es muy trabajadora y produce mucho la droga, no le voy a negar, si no se dedica uno a eso la gente se muere de hambre”, reconoció.
Denunció que “a eso le está tirando” el grupo agresor: “quieren las tierras, son tierras buenas para producir eso. Pero la tierra produce no nada más porque sí, sino porque la gente es trabajadora”.
Siguió: “Las mujeres solas son bien luchonas, ellas mero se ponen a trabajar el campo.
La mujeres también siembran, porque no hay otra forma de hacerse de recursos, si no siembra eso, no come la gente, ahí le entran todos, no es cosa de espantarse, le entra toda la gente a sembrar eso, por eso no nos vamos a espantar, así se trabaja en la sierra”.
Contó que hace cinco años, el grupo que quería entrar ya estuvo en poder del pueblo, y que cuando entraron hace cinco años, sacaron a muchas familias, entre ellas a los Camacho, “los sacaron porque los Camacho no querían venderles, o no sé cómo estaría eso, pero yo me supongo que si ellos la trabajaban, estaban en su derecho de decidir a quiénes se las venían”.
Agregó que a todas las familias que sacaron les quemaron sus casas, “les hicieron bien feo”, a uno de ellos que era mi sobrino, lo mataron, le quitaron su oro, le saquearon su tienda. “Él era gente trabajadora, trabajaba las tierras y le vendía a ellos, a los Camacho y ellos los ayudaban”, dijo Julia.
Agregó que cuando el grupo agresor entró al pueblo “sacó a todos a la mala, hicieron lo mismo que están haciendo ahorita, se subieron a los cerros y comenzaban a tirar balazos a las casas, no se fijaban si había niños, no tenían miramiento. En esas balaceras mataron a mi sobrino y después sacaron a todas las familias”.
Pero dijo que los agresores solamente estuvieron en Pueblo Viejo un año porque los pueblos de los alrededores se unieron y fueron sacando a esa gente, “cuatro años se aplacaron, cuatro años estuvimos viviendo bien, y ahorita otra vez regresaron, ahora con el apoyo de El Teniente, estábamos contentos porque se supo que él estaba herido o muerto, pero resulta que no, es él, la gente dice que lo escucharon hablar por radio”.
Informó que Juan Castillo, El Teniente, es de Tecomazúchitl y que en los últimos meses ya controla casi todos los pueblos cercanos a Pueblo Viejo como Capulines, Barrales, El Frío.
Explicó que antes éstos eran pueblitos pacíficos, “pero ahorita ese hombre ya se metió y dejó a su gente, los que viven en esos pueblos ya no son los mismos habitantes, él lleva a su propia gente y la va dejando en los pueblos. Su gente obliga a la de los pueblos a que les vendan “ya sabe qué”. Los que aceptan se quedan, los que no, se van”.
Insistió en que en Pueblo Viejo están queriendo hacer lo mismo, pero que no han podido porque es el más grande, son aproximadamente 2 mil habitantes.
Explicó que fue esa gente la que desde el jueves como a las 12 del día empezó a tirarle al pueblo, “pero como vieron que la gente se metió a las casas y desde allí se amacizaron y con escopetas se defendieron, se atrincheraron en los cerros y desde allí empezaron a tirar a la cancha para espantarnos, después contra las casas”.
Dijo que como ya se estaba armando la Policía Comunitaria, “los comunitarios” les respondieron a los agresores, hombres y mujeres.
Agregó que la balacera que comenzó el mediodía del jueves se suspendió hasta en la noche, “pero lo más fuerte se vino el viernes, el tiroteo se cerró, y la gente comenzó a hablar a la Sedena, a la Marina, al 911, a muchas autoridades del gobierno pero por la tarde cortaron la línea de teléfono”.
Finalizó que del comisario municipal Tomás Lucena Barrera, nadie sabe nada desde el viernes.

En el primer semestre de 2017 se sumaron 97 quejas documentadas de violación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Guerreo, tres de ellas por privación de la vida contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR). El estado aparece en el lugar 18 de entre las 32 entidades.
De acuerdos con los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la CNDH, publicados en el portal electrónico de la Comisión, en todo el país se han presentado 4 mil 189 quejas contra autoridades federales, y la Ciudad de México ocupa el primer lugar con mil 564 quejas, seguida del Estado de México con 433, y Veracruz con 221 quejas.
Guerrero, con 97 quejas, aparece en el lugar 18 de los 32 estados. En el primer bimestre la base de datos tenía contabilizadas 40 quejas, y el estado ocupaba el décimo lugar. En 2016 hubo 184 quejas y Guerrero ocupó el lugar 18.
Las mayoría de las quejas, 21, son contra la Secretaría de la Defensa Nacional, entre éstas dos por privación de la vida; después aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social con 16 casos, cuatro por negligencia médica.
En el tercer lugar aparece la Policía Federal con 14 quejas, entre las que se destacan cinco por detención arbitraria, dos por tortura y una por omitir dar protección y auxilio.
El ISSSTE acumula 10 quejas, entre éstas una por negligencia. Después aparece la Secretaría de Marina con nueve quejas, tres de éstas por detención arbitraria. En el sexto lugar aparece la PGR con ocho quejas, una de ellas por privación de la vida.
La Fiscalía General de Guerrero aparece con cinco quejas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con tres, igual que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con dos quejas cada una.
Con una queja aparece el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa) y la Secretaría de Cultura (Secultura).

En Tlalchapa cerca de 300 vecinos marcharon la mañana de este martes para exigir la salida de la Marina y que no ingrese a realizar operativos porque, denuncian, han torturado, golpeado y robado a varias familias.
La marcha comenzó en la plaza principal y se dirigió hacia la salida de la cabecera municipal.
Los manifestantes exigieron que la Marina no entre más al municipio y que sea el Ejército el que se encargue de dar seguridad. “Fuera la Marina bienvenido el Ejército”, decían los manifestantes.
Señalaron que los efectivos de la Marina cuando entran a Tlalchapa se dedican a robar, extorsionar a la gente y a golpear a personas inocentes. La esposa de Samuel Sandoval Berrum denunció que él estaba trabajando cuando fue detenido por marinos en Tlalchapa y después fue puesto a disposición como un delincuente diciendo que lo habían detenido en el Estado de México.
En la marcha participó la ex alcaldesa Guadalupe Eguiluz Bautista y su esposo el ex dirigente perredista Martín Mora Aguirre, quienes a su vez son padres de la presidenta municipal Amalia Mora Eguiluz.
La gente dijo que en Tlalchapa no hay quejas por las acciones del Ejército, y por eso piden que los soldados ingresen a realizar labores de seguridad, pero que la Marina en cambio sólo entra a robar y destruir.
El grueso de la marcha estaba conformado por vecinos de de la comunidad Colonia Cuauhtémoc, municipio de Tlalchapa, se manifestaron principalmente ante la detención de cuatro personas el 1º de febrero, que fueron detenidos por elementos de la Marina y el pueblo afirma que son inocentes, y acusa a la corporación de que les sembró armas y droga.
Aseguran que la Marina no sólo falseó el lugar donde fueron detenidos sino que no llevaban armas ni droga, como se los imputaron, ante lo que exigen su inmediata liberación.
Según los familiares el miércoles 1º de febrero fueron detenidos en un puesto de control Rogelio Cedillo Sandoval, Samuel Sandoval Berrum, Miguel Ángel Aguilar Cedillo y Armando Aguilar Cedillo quienes se trasladaban en una camioneta pick up blanca.
Fue hasta el 2 de febrero cuando mediante una nota publicada en periódicos del Estado de México los familiares se enteraron de que los cuatro detenidos fueron presentados como miembros de la delincuencia organizada, y que la información señalaba que habían sido detenidos en el Estado de México con armas de grueso calibre y droga, así como uniformes camuflajeados.
De este caso los vecinos pidieron la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y del gobernador Héctor Astudillo Flores. Tuvieron una reunión con el gobernador, pero sólo los escuchó.