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No quiere que las negociaciones con Irán tomen un “curso violento”, dice el presidente de EU

Europa Press /Agencia Reforma

Madrid / Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no quiere que las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear tomen un “curso violento”, después de que las autoridades del país asiático hayan rechazado las acusaciones vertidas desde Arabia Saudita por el inquilino de la Casa Blanca instando a Teherán a que “deje de promocionar el terrorismo”.
“Sólo hay dos cursos. No hay tres ni cuatro ni cinco, hay dos. Hay un amistoso y uno no amistoso, y el no amistoso es un curso violento, y yo no quiero eso. Lo diré por adelantado. No quiero eso, pero tienen que ponerse en marcha”, ha señalado esta vez desde Doha.
El mandatario estadunidense ha agradecido a las autoridades qataríes que estén “trabajando con nosotros muy estrechamente, con respecto a la negociación de un acuerdo con Irán”, asegurando que este “es el curso mucho más amistoso que se vería”, unas declaraciones recogidas por CNN.
El primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha declarado a la cadena de televisión estadunidense que ambos han mantenido una “discusión muy buena y muy productiva” al respecto.
Trump subrayó ayer que “quiere lograr un acuerdo con Irán” sobre su programa nuclear y ha recalcado que, para ello, Teherán “debe dejar de patrocinar el terrorismo, detener sus sangrientas guerras subsidiarias y detener de forma permanente y verificable su búsqueda de armas nucleares”, pese a las reiteradas negativas de las autoridades iraníes sobre que este sea un objetivo.
En respuesta, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha calificado de “engañosas” estas acusaciones y ha criticado las sanciones y “amenazas militares” de Washington, denunciando que “están intentando presentar a Irán como una amenaza a la seguridad regional”.
“Está intentando presentar a Irán como causa de la inseguridad”, señaló Araqchi. “Debemos preguntarnos quién ha matado a 60 mil personas en Gaza”, manifestó, en referencia a Israel, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.
Trump subrayó ayer que “quiere lograr un acuerdo con Irán” sobre su programa nuclear y ha recalcado que, para ello, es necesario que Teherán “deje de promocionar el terrorismo” y “detenga de forma permanente y verificable su búsqueda de arma nucleares”.
Así, ha reclamado “firmemente” a “todas las naciones” que “se unan” a Estados Unidos para “aplicar de forma total” las sanciones impuestas por Washington a Teherán. “También aplicamos sanciones secundarias, que en cierto modo son incluso más devastadoras”, ha explicado, entre críticas de Irán por estas medidas en medio de las conversaciones indirectas entre ambos países.
Los contactos entre Irán y Estados Unidos, que tuvieron su tercera etapa este sábado en Omán, son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes entre Teherán y las potencias mundiales –todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea–.

Trump firma en Qatar acuerdo para la venta de 160 aviones Boeing

El presidente estadunidense, Donald Trump, llegó a la capital de Qatar, Doha, para reunirse con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, donde mantuvieron una reunión para fortalecer las relaciones bilaterales de ambos países.
Doha y Washington firmaron pactos para fortalecer sus vínculos comerciales, que incluyen un acuerdo para la compra de 160 aviones del fabricante de Estados Unidos, Boeing por parte de Qatar Airways, por valor de más de 200 mil millones de dólares.
En materia de defensa, pactaron una serie de acuerdos para ampliar la cooperación entre ambos, incluida una carta de oferta y aceptación de vehículos aéreos no tripulados MQ-9B.
Este país representa un importante punto logístico-militar. Estados Unidos tiene allí su principal base en la región, una concesión que el año pasado amplió a 10 años más.
La visita del máximo mandatario llega en medio de la polémica por su posible aceptación de un Boeing 747-8 que reemplace el Air Force One, como regalo de la familia real qatarí.
Sin embargo, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo que la oferta de avión de lujo a Estados Unidos no es un regalo personal a Trump, sino transacción de gobierno a gobierno
La familia real del emirato está a punto de ofrecer a Washington un Boeing 747-8, estimado por los expertos en 400 millones de dólares y descrito por los medios estadunidenses como un “palacio en el cielo”.

Trump se reúne con las nuevas autoridades en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó ayer por iniciar una “normalización” de las relaciones con las nuevas autoridades de Siria tras mantener una reunión en Arabia Saudí con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, apenas un día después de anunciar la retirada de sanciones contra Damasco, en la que supone la primera reunión entre líderes de ambos países en un cuarto de siglo.
Trump ha indicado durante un discurso ante el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), apenas minutos después de su reunión con Al Shara en Riad, que Washington “está explorando una normalización de relaciones con el nuevo gobierno”, antes de confirmar que en el encuentro participaron por videoconferencia el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Avala Comité de la Cámara Baja de Estados Unidos el gravamen de 5% a las remesas

Staff /?Agencia Reforma

Washington / Cdmx

El Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló ayer el gravamen de 5 por ciento a las remesas que envían los migrantes al extranjero, como parte del proyecto de Ley Fiscal que se discutirá en el pleno y luego en el Senado.
A través de esta medida, el Gobierno de EU recaudará 2 mil 440 millones de dólares al año. Desde 2022, México es el segundo destino de las remesas migrantes en el mundo sólo detrás de la India y adelante de China.
El Comité dio luz verde al proyecto de Ley Fiscal de Jason Smith, congresista del Partido Republicano del presidente Do-nald Trump, con el que, ase-guraron, buscan terminar con “los abusos” de más de 11 millones de migrantes indocumentados.

Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México, con 40% de las remesas

El 40 por ciento de los recursos de las remesas, que llegaron el primer trimestre del año –14 mil 364 millones de dólares–, fueron para Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México, de acuerdo con el más ereciente informe del Banco de México.
Rechaza Sheinbaum impuesto

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intención de los republicanos de la Cámara de Representantes y celebró que en el Senado en México haya habido consenso de todo los partidos en contra de la medida impulsada por los republicanos.
“Ayer se planteó, creo que es el Senado, en una Comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5 por ciento. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no”, aseguró.
“Ayer envió una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo: ‘No, eso no. A ver ¿cómo van a gravar, si ya pagan impuestos los mexicanos allá?’
“Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos; incluso hay estados que ya gravan las remesas. Ahí todos dijeron: ‘No, a ver, eso no. No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria’.
“O sea, hay otras cosas, en la defensa de los mexicanos, y qué bueno que ahí estos partidos dijeron: ‘No, pues sí firmamos’, porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado”.
La mandataria leyó el acuerdo al que llegaron todos los partidos políticos contra esta medida
“Dice: ‘Desde el Senado de la República…expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes. Es relevante destacar que, en Estados Unidos, todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20 por ciento del ingreso laboral de los trabajadores migrantes que, reiteramos, ya tributado, abandona el país” .

Acuerdo unánime en el Senado

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó integrar un grupo plural de legisladores que viaje a Estados Unidos y se entreviste con congresistas para intentar frenar el impuesto de 5 por ciento a las remesas que envían los paisanos.
El coordinador de Morena, Adán Augusto López, formuló la propuesta y fue bien acogida por todos los grupos parlamentarios.
“Sería verdaderamente lamentable que se impusiera este impuesto o este gravamen a las remesas que los mexicanos envían a su país. Primero, porque es injusto que un ciudadano cualquiera pague una doble tributación. Ya pagan una todos los migrantes, porque cuando reciben el salario fruto de su trabajo ya lleva un descuento, un porcentaje”, argumentó.
En opinión del tabasqueño, “imponer un gravamen de esto sería tributariamente injusto, pero también es violatorio de los derechos humanos”
Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano respaldó la propuesta, pero se quejó de que los consulados en Estados Unidos no tienen suficiente presupuesto ni personal suficiente.
El diputado petista Reginaldo Sandoval advirtió que el impuesto representaba “un asunto de violación de derechos humanos y un acto de injusticia”.
Por el Verde Ecologista, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín alertó por los impactos “humanitarios y políticos” que acarrearía este impuesto.
“Si esta es una declaración política, este será el tono de las declaraciones”, previno.
El senador Miguel Márquez, del PAN, explicó que, de concretarse el impuesto, Guanajuato dejaría de percibir más de 282 millones de dólares.
La senadora emecista Alejandra Barrales saludó la propuesta del Congreso mexicano “porque creemos que son tiempos de unidad, son tiempos de diálogo y esta es la mejor herramienta con la que vamos a poder enfrentar y defender en los mejores términos a nuestros paisanos, a nuestros connacionales”.

Día del maestro y la maestra

Por Yulia Bonilla.

Tras asegurar que la movilización que llevará a cabo el 15 de mayo tendrá la participación de más de 200 mil docentes y sindicalistas de otros sectores, el secretario de la Sección IX de la Coordinadora Nacional deTrabajadores de laEducación (CNTE), Pedro Hernández, confrontó al Sindicato Nacional deTrabajadores delaEducación (SNTE) y retó al secretario del mismo, Alfonso Cepeda Salas, a contrastar fuerzas y poder de convocatoria. En entrevista con La Razón, Hernández Morales sostuvo que quienes participarán en la manifestación del próximo jueves están dispuestos a levantarse en huelga e instalarse en plantón indefinido en la capital del país, cuya duración, dijo, dependerá del tiempo que el gobierno tarde en dar respuesta a su demanda. En el marco de la descalificación hecha a la convocatoria de la CNTE por parte del secretario del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, que cuestionó la capacidad del magisterio disidente para protestar, Hernández Morales lo retó a mostrar su fuerza y llamar a sus sindicalizados a movilizarse, para demostrar que él es quien no tiene poder de convocatoria. Asimismo, reiteró su crítica al líder del sindicato por susdeclaraciones, las cuales calificó como “sobradas” y una provocación respecto a una acción en la que nunca se han levantado, es decir, la protesta y el paro indefinido por defender derechos laborales. “Nos parece pues no sólo irresponsable, sino una provocación que diga eso, que sólo ellos podrían hacerlo, cuando nunca han llamado a una movilización para exigir y defender los derechos de los trabajadores. Lo retamos a que el 15 de mayo convoque a, supuestamente, su mayoría que tiene en el SNTE, a alguna actividad, alguna concentración y pues no vamos a verque no es tal su convocatoria”, dijo el dirigente. Subrayó que a pesar de la cercanía que el secretario sindical y actual senador morenista tiene con el gobierno federal, no se ha traducido en representación ni exigencias del magisterio atendidas. “Ellos se sostienen porque tienen la toma de nota, porque tienen las cuotas sindicales, porque tienen una interlocución con el gobierno federal, pero no representan al conjunto delos trabajadores de la educación”, sostuvo. En cuanto a la movilización de este jueves en la capital, detalló que ya se cuenta confirmada la participación de 60 mil trabajadores de la sección de la CNTE en Chiapas, que entrarán en paro total; 80 mil en Oaxaca; 30 mil en Guerrero; 30 mil en la Ciudad de México, así como las que se integrarán desde Chiapas, Zacatecas y otras entidades. A las críticas sobr el impacto que su paro generará en miles de estudiantes que se quedarán sin clases, respondió que la huelga que iniciarán no sólo espara atender sus demandas gremiales sino también por conseguir mejor mobiliario, infraestructura escolar, becas e insumos requeridos en las aulas para los alumnos. Subrayó que el plazo para recibir una respuesta satisfactoria es incluso el mismo 15 de mayo, pero para ello requieren certeza de que se abrogará la reforma del ISSSTE de 2007 y que se les incrementará el salario, como una demanda central. “Yala pelota está en la cancha del gobierno. Que dure un día o 15 o un mes, no depende de nosotros, depende de las respuestas del gobierno”, dijo.

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Entre la estrategia y el miedo

Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pese a que no ha informado Estados Unidos del acuerdo que alcanzó con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, prevalece el respeto para su gobierno. Se queja al mismo tiempo que tengan acuerdos con miembros de una organización que clasificó como “terrorista”, cuando afirman que no negocian con terroristas. Pero igualmente, advierte que no debe utilizarse la clasificación de terrorista a un grupo del crimen organizado para intervenir en México. Y para rematar, censuró una iniciativa republicana en el Capitolio para gravar las remesas que extranjeros envían fuera de Estados Unidos.
La presidenta parece estar desorientada.
Es un asunto de soberanía estadunidense llegar a un acuerdo con quien considere conveniente para sus intereses, aunque no guste en México y cuestionemos su sistema de justicia. A Sheinbaum no le parece el arreglo con Guzmán López, cuya calidad de información debe ser tan valiosa para el gobierno de Donald Trump que alcanzó para garantizarle un santuario a ¡17 miembros de su familia!, incluida su madre y hermana, pero cuando esos mismos manejos se hicieron para condenar sin pruebas al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se montó en sus consecuencias para reforzar su narrativa.
¿Acaso tiene miedo la presidenta de lo que podría revelar Guzmán López a los fiscales estadounidenses?
Cuando vuelve a referirse a la clasificación de cárteles como terroristas, dejó de admitir, como lo hizo cuando se anunció la medida a principio de febrero, que se trataba de “una decisión autónoma” de Estados Unidos, aunque subrayó, como reiteró ayer, que no debería de ser una oportunidad “para invadir nuestra soberanía”.
El cambio de matiz se da en el contexto de establecer un Paralelo 28 a lo largo de más de mil kilómetros de frontera en California, Arizona y Nuevo México, el envío de buques de guerra frente a las costas mexicanas y los sobrevuelos espía sobre territorio mexicano, invadiendo el espacio aéreo, que lleva a la pregunta si la Presidenta tiene miedo que, en algún momento, Trump cumpla su amenaza de enviar una fuerza de expedición terrestre.
¿Acaso tiene miedo de que una acción extrema se encuentre ya en el terreno de los escenarios posibles?
Cuando cuestiona la iniciativa sobre las remesas y reta, “a ver, cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá”, esconde que en México pagan impuestos las remesas enviadas por quienes no sean familiares de primer grado y que se tienen que pagar impuestos sobre la renta, al declararlas, por ley, en Hacienda. La presidenta puede tener una preocupación legítima porque el 5 por ciento de impuestos propuesto a las remesas, significaría una caída de poco más de tres mil millones de dólares al año en ingresos, importante merma para la principal fuente de divisas y sustento del tejido social. Pero lo que diga ante esa decisión soberana en Washington, es irrelevante porque no les harán caso. La iniciativa pretende utilizar esos impuestos para fortalecer la seguridad en la frontera con México y está previsto que la voten el 26 de mayo. Si se descarrila o no se aprueba, será por razones domésticas, no por los lamentos mexicanos.
¿Acaso tiene miedo que la pérdida de esos recursos impactará en los programas sociales que afecten su popularidad y pongan en riesgo la hegemonía de Morena?
Su amalgama de reacciones a las decisiones y acciones en Estados Unidos le dio sentido a lo que en la prensa se comenzó a manejar desde este martes como una debilidad.
El columnista Salvador Camarena escribió en El Financiero: “Quién sabe quién convenció a la presidenta de que la mejor arma política para lidiar con un acontecer complejo es decir que no sabe de esto o de lo otro. Parecer desinformada tan a menudo, prácticamente diario, y no corregirlo, es un gran defecto”.
El político de oposición Germán Martínez apuntó en El Universal: “Palacio Nacional, que pide una y otra vez información a la Casa Blanca, a la DEA, al FBI, en cada caso presuntamente criminal, solo evidencia dos cosas: o bien es inepto para atrapar a los delincuentes, o bien simula una persecusión… (Pero) ya no puede hacerse pato en el combate al crimen”.
El excanciller Jorge Castañeda observó en el mismo diario: “Dolia Estévez tiene toda la razón cuando escribe que normalmente temas como los de la familia de Ovidio, el acuerdo de Ovidio y la revocación de la visa de la gobernadora de Baja California se avisan. No descarto que en los cuatro casos mencionados Sheinbaum haya sido informada con anticipación. Pero ha dicho que no. Más aún, en lo tocante a la gobernadora, pidió explicaciones, pero a toro pasado. Entonces una de dos: o no le avisan sus amigos en Washington (y no son tan amigos), o no nos dice la verdad (no sé qué gane mintiendo)”.
Definitivamente, no son buenos amigos los gobiernos de Sheinbaum y de Trump, aunque insista la presidenta en que pese a las desaveniencias, hay respeto. Los hechos muestran todo lo contrario, y la hostilidad y nivel de agresión contra México no se recuerda en tiempos de paz. La presidenta aparece todas las mañanas en Palacio Nacional y se le ven los estragos de las preocupaciones, con una retórica desarticulada que, en efecto, la hace ver desinformada. ¿O no vemos entre las sombras? Castañeda dice que no sabe qué ganaría mintiendo, pero hay otra ventana.
Si es una estrategia de pagar el costo de decir que no sabe nada para protegerse del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador porque, si supiera, tendría que defenderlo cuando el calor empiece a quemarlo, que hoy es una posibildad, ¿está construyendo una salida plausible? Después de todo, ella conoce la información de inteligencia sobre las vinculaciones de importantes personajes del régimen con el crimen organizado, algunos muy cercanos a López Obrador, y Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, le dijo hace 48 días lo que estaba por venir. Quizás no conocía la partitura pero escuchó la música de Washington. Esa sería una forma de mentir para ganar, como presidenta, en el mediano y largo plazo.

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Mercados de Acapulco

Plaza Álvarez

El primer mercado de Acapulco fue un tianguis de poner y quitar el mimo día por ocupar los alrededores de la parroquia a La Soledad y extenderse hasta la mitad de la plaza principal, Juan Álvarez. El trajín se iniciaba a las 5 de la mañana con la llegada de los comerciantes, cargando a lomo sus mercancía e incluso en famélicos pollinos. Alumbrados siempre con mecheros se petróleo.
Lo propios comerciantes habían diseñado la distribución de sus mercaderías. Las carnes de res y cerdo y las aves en la calle lateral del templo, presentados sobre hojas de plátano. Las frutas y legumbres eran exhibidas en petates sobre el piso, la leche era servida directamente de los picheles y guardadas las tortillas en gordos tecomates. Siempre presentes, los varilleros con sus mil y una chucherías.
La servidumbre de hospederías y casas ricas eran los primeros en llegar a las mesas de carnes atendidas por don Pablo Morales y don José Osorio. La de este último, cuya zahurda se localizaba en Obregón (Cuauhtémoc) y Aquiles Serdán, fue famosa por sus chicharrones carnositos y tronadores. Corría la primera década del siglo XX

Ojotones

Los productos más frescos del tianguis eran sin duda los peces hurtados minutos antes a la bahía. Montañas de ojotones a centavo la docena, convertidos (fritos con morisqueta y salsa verde) en boccato di cardenali . Lo siguen siendo hoy mismo.
Elfego Dorantes, un joven muy moreno dedicado a la pesca de ojotones, padecía una enfermedad que le hacía temblar los brazos y que por tal respondía al apodo de El Meneíto. El mismo solía burlarse de su mal para exaltar las virtudes de su mercancía: “¡Vale que los traigo muertos!”, presumía de sus cargamentos de ojotones.

La porracera

Recuerda el cronista Carlos Adame que la playa Terraplén (frente al hotel Las Hamacas) era clásica para la pesca de sardinas. Tal era la porracera (como era conocida la arribazón de cardúmenes) que niños y mujeres lograban grandes capturas utilizando canastos de mimbre.

El ciclón de 1912

El ciclón del 30 de octubre de 1912 se lleva consigo el mercado y buena parte de la ciudad. Vientos de más de 200 kilómetros hacer desaparecer las techumbres a una treintena de casas del barrio de La Candelaria, mismos vientos que le arrebatan a un hombre a sus dos hijas caminando tomados. Rescata sólo a una de ellas. Pocas palmeras quedan en pie y dos canoas amanecen en todo lo alto de los árboles del Zócalo.

Mercado Zaragoza

La administración municipal de don Samuel Muñúzuri López decide matar dos pájaros de un tito: dota al puerto de un mercado decente y le devuelve la dignidad a la plaza principal de Acapulco. Logrará tales propósitos corriendo el año cabalístico de 1913, el año de la Decena Trágica y del “hágase la luz en el puerto”. La ciudadanía opina sobre el nuevo centro de abasto, pero sin exigirlo así o asado, simplemente céntrico y limpio.
Hombre sencillo y sensible, don Samuel conoce el sentir de sus gobernados, además de saber escucharlos. El mercado proyectado se levantará en la plazuela Zaragoza, a una cuadra de la plaza Álvarez. Revela orgulloso que el gobernador del estado, José Inocente Lugo, le ha ofrecido todo su apoyo para la obra.
El mercado Zaragoza contaba con una nave única, un galerón abierto con columnas griegas y techo de teja. Se levantaba frente a la poderosa Casa Alzuyeta, de don Domingo Alzuyeta. Tenía a su lado izquierdo la tienda de don Francisco Escudero y Esponcedra, padre de los futuros mártires Francisco, Felipe y Juan, alcalde de Acapulco este último (hoy Milano) Tienda esta sitiada por un numeroso grupo de vendedores ambulantes, fijos y semifijos.
Las instalaciones del mercado contarán con sistema eléctrico , “para cuando llegara la electricidad”. Luego lueguito, en noviembre de ese año, vía una planta de luz propiedad del hispano Enrique Colina, a quien incluso los jotos aspiraban a tenerlo como suegro, vía Laurita, la dama más hermosa del puerto.

La carestía

La docena de ojotones encarecerá en la década de los 30 hasta alcanzar los 35 centavos la docena, lo mismo que los agujones. La leche bronca, sin bautizar, 15 centavos el litro. Una gallinita criolla se cotizaba en 12 centavos y 3 centavos un huevo colorado de rancho. La vara de manta cruda se cotizaba en 25 centavos y 10 centavos la boleada de calzado.
El litro de tractolina para estufas, 15 centavos y 20 centavos el de petróleo diáfano para candiles y quinqués. 20 centavos la cerveza y cinco centavos una gaseosa marca Trébol, elaborada por don Rafael Pintos . Y una copa de coñac francés, 50 centavos
Por lo que hace a los automóviles, un Ford 1934 se cotizaba en 3 mil pesos y un Chevrolet 1936 en 6 mil pesos. Una dejada de taxi, 50 centavos.

Presidente Flores

El presidente del Consejo Municipal de Acapulco, coronel Agustín Flores, impuesto por el gobernador y general Alberto F. Berber, sorprende y escandaliza a los porteños cuando, un día, al frente de un piquete de zapadores, arrasa hasta sus cimientos con el mercado Zaragoza.
–Era un adefesio que apestaba a mierda –fue la única y rotunda explicación ante miles de bocas abiertas y ojos cuadrados.
Aunque ello era absolutamente cierto, nadie en el puerto se lo creerá. Por el contrario, tomará cuerpo la versión de que el alcalde Flores había recibido un cañonazo de miles de pesos del comercio establecido, particularmente de la Casa Alzuyeta, para quitarles de enmedio tremendo cochinero.
Ya sin los malos olores del mercado, la plazoleta será llamada Juan R. Escudero, en honor del mártir que había nacido en ella. Al fondo, la Casa Alzuyeta, diseñada por el arquitecto francés Gustavo Eiffel, el mismo de la torre parisina, que reducía drásticamente la avenida Alvaro Obregón, más tarde Cuauhtémoc. El alcalde Alfonso Argudín Alcaráz la obsequiará a los colegios de ingenieros y arquitectos.

Plazoleta Escudero

La plazoleta Escudero albergará durante las décadas siguientes los famosos establecimientos comerciales La Divina, de don Antonio Schekaibán y doña Nabija Haddad, atendida por la prole integrada por Dolores, Antonio, Carlota, Roberto y Divina. Don José Saad no presumirá de originalidad con Los cedros de Líbano y el escritor libanés Aniceto Goraieb atenderá personalmente su empresa en la esquina con Roberto Posada.
Harán lo propio don Ramón Córdova de su negocio especializado en pieles de lagarto; don Casimiro Alvarez de su Gran Barata; don Chucho Ruiz de La Sucursal; don Pascual Aranaga de Aranaga y Cía y el Centro Mercantil; don Félix Muñúzuri en Las Tres B; don Pepe Martino en La Suiza, ultramarinos finos. Y en la angostura y la calle Cuauhtémoc, el siempre jovial don Pedro Kuri Jazbec, al frente de su popular establecimiento Driles y Casimires.
El asturiano Arturo García Mier Fernández (papá de Alicia, Orfelina, Etelvina, Arturo, Lastenia, Palmira, Lourdes Adamina y Marcia) innovará los tipos de su imprenta y papelería La Asturiana (hoy Woolworth). Ahí también la zapatería El Tigre, de don Moisés Cimes; el Bazar de Acapulco, de don Jesús Duque; El Delfín, de Abraham Charfén; El Faro, de don Alberto Fares; la ferretería Muñúzuri, la gasolinera de Pepe Polin Tapia y el sitio de autos Escudero.

El Parazal Fernández

Cuatro años más tarde de la demolición del Zaragoza –en el interín todo el centro de la ciudad será área comercial– el gobernador Rafael Catalán Calvo entrega un moderno mercado asentado en un predio conocido como Parazal Fernández (hoy Mercado de las Artesanías) propiedad de don Ignacio Fernández, cuyo nombre obedecía a sus numerosas hectáreas sembradas con zacate “pará”, hábitat, además, de miles de ranas. Tiempo atrás había formado parte de un mesón para arrieros , sobre la actual avenida 5 de Mayo.
Sucederá, sin embargo, que al nuevo mercado del Parazal no se le parará ni un alma, ni vendedores ni compradores, considerándose lejano y peligroso. El comentario del alcalde fuereño, como lo era Antioco Urióstegui, no se hará esperar: “¡pero que pinche gente tan remilgosa y güevona!”, rematado con un enérgico “¡Tengan su nuevo mercado!”.
El Mercado Central de Acapulco se incendia el 16 de julio de 2012, provocando la pérdida total en 48 establecimientos de la nave de ropa, sin ninguna víctima. A pedido del alcalde Luis Walton, el gobernador Ángel Aguirre Rivero lo reconstruirá con nuevas naves, mediante una inversión de 60 millones de pesos. .
El Parazal cumplirá con exceso su ciclo utilitario y será relevado 25 años más tarde por el mercado de Constituyentes, edificado en el gobierno del alcalde Heredia. Sobre parte de la superficie desocupada, el alcalde Israel Hernández construirá el mercado de artesanías, en cuyo estacionamiento se fundará el Tepito acapulqueño.

Alcaldes

Un inmueble concebido por el alcalde Ismael Valverde (1951-52) como mercado de zona, en Arteaga y Canal de Aireación, será habilitado como palacio municipal. Ello cuando el del centro resulte afectado por los sismos, despachando en él hasta nueve alcaldes. Luego será convertido en sede de la CAPAMA.

Presentan diagnóstico ambiental sobre Laguna Negra

Autoridades federales, estatales y municipales se reunieron en privado en las oficinas del Fonatur. Por su parte, vecinos de Puerto Marqués protestaron por un estancamiento de agua que está desde el huracán John, en septiembre de 2024 (imagen) Foto: Carlos Carbajal

Presentan autoridades un diagnóstico y un plan de acción para la Laguna Negra

La iniciativa incluye jornadas de limpieza del 9 al 12 de junio, un estudio hidrológico a cargo del IMTA y proyectos de restauración ecológica a largo plazo

Daniel Velázquez

Autoridades federales, estatales y municipales presentaron un diagnóstico y un plan de acción para la Laguna Negra de Puerto Marqués.
En una reunión privada en las oficinas de Fondo Nacional de Fomento al Turismo en la que participaron representantes de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado y el gobierno municipal de Acapulco.
En un escueto boletín de prensa se informó que en esa reunión “se presentó un diagnóstico ambiental y un plan de acción que incluye jornadas de limpieza del 9 al 12 de junio, un estudio hidrológico a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y proyectos de restauración ecológica a largo plazo”.
La limpieza de la Laguna Negra de Puerto Marqués fue uno de los acuerdos pactados con los comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués con la directora general del Fonatur, Lyndia Quiroz Zavala, en una reunión el miércoles de la semana pasada.
Entre las acciones que se programaron la semana pasada fueron visitas a la laguna para evaluar el entorno y la población de cocodrilos.
El Sur ha documentado que la Laguna Negra de Puerto Marqués se ha convertido en vertedero de desechos urbanos y de servicios de playa.
En enero de este año, en un recorrido por la calle Miguel Alemán, en Puerto Marqués, que corre paralela al margen de la Laguna Negra y el poblado se constató que al cuerpo lagunar arrojan diferentes tipos de desperdicios, principalmente desechos domésticos como envoltorios de alimentos, envases de PET de refrescos, aguas y jugos, restos de comida; pero también hay refrigeradores viejos, colchones, cascos de embarcaciones que ya no funcionan, escombros, hieleras, muebles, tinacos, láminas galvanizadas, televisiones, botes de pintura, envases de cerveza, platos de unicel, latas de aluminio, sillas y cunas.
En un tramo de un kilómetro que va desde la entrada del poblado, donde los vecinos intentan rellenar terrenos para ganar terreno en la laguna hasta la terminal de las camionetas Urvan.
La laguna se ha usado como basurero a cielo abierto, porque la la barda perimetral que delimita el manglar de la zona habitacional de Puerto Marqués está completamente dañada, la malla ciclónica que cercaba el terreno está colapsada y eso facilita que los vecinos arrojen sus desechos hacia la laguna.
La barda construida en el margen de la laguna es de aproximadamente 3 metros de alto, un metro y medio de concreto y un tramo de metro y medio de malla ciclónica y esa es la parte que está destruida y desde fuera se puede ver la infinidad de residuos acumulados dentro del manglar.
Todo el perímetro de la barda, del lado de la zona habitacional tiene una amplia banqueta que serviría como un paseo para contemplar la laguna, pero el manglar es un enorme basurero.
En la laguna hay árboles muertos a consecuencia del huracán Otis completamente secos y árboles que tienen retoños nuevos que sobreviven a la destrucción de la naturaleza y de los marquesanos.
La calle Miguel Alemán, paralela a la Laguna Negra de Puerto Marqués, sirve como estacionamiento para los camiones de excursionistas que visitan esta zona del puerto y por el tipo de desechos que se encuentran facilmente se infiere que los visitantes también contribuyen a la contaminación del cuerpo lagunar, hay restos de envases de refrescos, de cervezas y de alimentos.
En la laguna todavía se pueden apreciar aves sobre las ramas de los árboles, las cuales se posan bajo el sol, estiran sus alas y otras flotan sobre el agua.
De acuerdo con un informe de la Semarnat de 2008, las lagunas son “hábitats de crianza, alimentación o refugio de diversas especies de invertebrados, peces y aves, residentes o dependientes de estos hábitats en alguna fase de su ciclo de vida”.
“La importancia económica de las lagunas costeras y estuarios radica en que sostienen pesquerías, acuacultura, turismo y otras actividades productivas”.

Detienen a ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero por los 43

Chilpancingo e Iguala, Guerrero, 15 de mayo de 2025. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron una orden de aprehensión y arrestaron a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, de 79 años, acusada de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Este miércoles a las 8 de la mañana, una veintena de agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR llegaron al domicilio de la ex magistrada, en la calle Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, en el centro de la capital, para detenerla.

Familiares informaron que los agentes irrumpieron con violencia destrozando una puerta y rompiendo vidrios de las habitaciones.

La situación provocó crisis nerviosas a la ex funcionaria y a familiares presentes.

Los agentes federales solicitaron la intervención de paramédicos y una ambulancia del gobierno de Evelyn Salgado, que llegaron al domicilio.

Lambertina Galeana fue sacada de su domicilio y conducida a la ambulancia donde fue valorada y trasladada a la delegación de la FGR en Chilpancingo, cerca del Congreso del Estado.

Familiares informaron que la octogenaria fue arrestada con violencia lo que le provocó problemas de hipertensión debido a que padece de diabetes.

A la 1:50 de la tarde después de las diligencias y trámites judiciales, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue sacada por una puerta lateral de la delegación de la FGR en Chilpancingo en la misma ambulancia.

Fuertemente resguardada, a bordo de una ambulancia y seguida por vehículos oficiales fue conducida por la Autopista del Sol hacia la Ciudad de México, problemente a un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso).

El gabinete de Seguridad federal informó por la tarde que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y derivado del intercambio de información, elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR , junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional cumplimentaron una orden de aprehensión contra Lambertina “N”, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, en Guerrero.

Por labores de investigación de gabinete y campo realizadas en el municipio de Chilpancingo, se tuvo conocimiento de un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba una ex funcionaría pública estatal, que contaba con una orden de aprehensión, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó una orden de cateo para intervenir el inmueble.

Por lo anterior las fuerzas federales efectuaron un operativo donde fue detenida Lambertina “N”, ex funcionaria pública vinculada a los eventos ocurridos en Ayotzinapa en 2014.

A la ex magistrada se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Se informó que su detención está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Frente a esas instalaciones, en el área de cobertura de las cámaras, fueron atacados por policías y agentes de diversas corporaciones estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos.

Lambertina Galeana Marín fungió como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Guerrero en 2014, cuando el 26 de septiembre fueron desaparecidos los 43 normalistas.

Información federal indica que su detención está relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Además, que tenía a su cargo en ese momento a Javier Uribe Iturbe, empleado en el área de informática del TSJ del Estado, y a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento y soporte de cómputo del TSJ, adscrito al Distrito judicial de Hidalgo en Iguala.

Una carrera dentro del Poder Judicial estatal

Lambertina Galeana Marín tuvo una carrera que la llevó a ascender en el Poder Judicial de Guerrero. De mecanógrafa llegó a presidenta del TSJ en el 2014 con la recomendación del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Es hermana de la fundadora del PRD en Atoyac, Guadalupe Galeana Marín.

El 8 de julio de 2013, el entonces presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, solicitó licencia como magistrado y presidente del TSJ luego de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, postulado por el PRD, lo nombró secretario general de Gobierno.

Su periodo fue continuado, tras una votación de magistrados, por Alberto López Celis, quien solicitó licencia el 3 de febrero de 2014 y Lambertina Galeana Marín asumió la presidencia del TSJ.

En ese lapso ocurrió el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa, y tres civiles, así como la desaparición de otros 43 la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala por parte de criminales de Guerreros Unidos, policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, con la presencia de policías estatales y federales y efectivos del Ejército.

El trienio que asumió la magistrada, pero que se inició en el 2013 por Jesús Martínez Garnelo, vencía el 30 de abril de 2015, pero fue ratificada por otros siete meses.

Galeana Marín impulsó reformas para digitalizar el sistema de recaudación de ingresos y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

El 1 de noviembre del 2017 se jubiló como magistrada del Poder Judicial y fue sustituida por Norma Leticia Méndez Abarca.

Ocho años después del caso Ayotzinapa, en el gobierno de Andrés Manual López Obrador, en el 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), reveló en su informe que en el puente El Chipote a un costado del edificio del Palacio de Justicia de Iguala en la avenida Vicente Guerrero, patrullas con agentes de Policía Preventiva Municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula retuvieron al autobús Estrella de Oro 1531 y lo atacaron a balazos.

Los policías bajaron por la fuerza a unos 20 estudiantes que a la fecha permanecen desaparecidos.

En ese documento el GIEI confirmó la existencia de los videos.

“El GIEI investigó y confirmó que existían grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en las se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Dichas grabaciones estaban en poder de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero”.

La presidenta del TSJ declaró en ese momento que los videos nunca existieron.

Pero, el GIEI en su primer informe afirmó que la propia Galeana Marín le confirmó la presencia de los videos y que incluso les aseguró que los pondría a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para la investigación del caso de desaparición de los estudiantes.

El GIEI informó además que esa vasta evidencia visual, como los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala fueron mal procesados y que “de manera negligente” fueron borrados o destruidos.

El representante legal de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, ha insistido que ese material es fundamental para dar con los responsables de la desaparición de los normalistas.

En agosto del 2022, la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), reveló una causa penal para ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos militares del 27 Batallón de Infantería on sede en Iguala y funcionarios del gobierno estatal y federal.

En esa lista de indiciados estaba Lambertina Galeana Marín, el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco y el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez. En total eran 83 funcionarios federales y estatales y policías y militares, con órdenes de aprehensión, pero la PGR se desistió de las acusaciones.

Tras el desistimiento se dio la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal del caso Ayotzinapa, en septiembre de 2022.

La FGR había solicitado a un juez la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra del grupo de militares, de Lambertina Galeana, Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez. No obstante, este último fue detenido un mes después en el estado de Nayarit, acusado de delincuencia organizada por sus nexos con la organización criminal Guerrero Unidos.

Tras la detención de Lambertina, Urióstegui pide a la FGR actuar “conforme a derecho”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, llamó a las autoridades judiciales correspondientes a actuar conforme a derecho en torno a la detención de la ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TS), Lambertina Galeana Marín, ocurrida la mañana de este miércoles.

Urióstegui García consideró en entrevista que las autoridades deben actuar “conforme a derecho” y ser “responsables en la investigación”.

La detención de la ex magistrada ocurrió a las 9 de la mañana, en su domicilio en la colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo por agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

A pregunta sobre su postura sobre el caso, Urióstegui García consideró: “Ahí están las autoridades que se encargan de las investigaciones de los delitos, hacemos un llamado desde el Poder Legislativo para que las autoridades actúen conforme a derecho; hay leyes, procesos que tienen que cumplirse, pedimos que actúen conforme a toda responsabilidad”, dijo el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Consideró que el caso Ayotzinapa es un tema sensible por lo que la Fiscalía General de la República (FGR), debe desempeñar bien su función para que no haya dudas en las investigaciones.

“Reiteramos que la autoridad investigadora es la responsable, entiendo, la FGR, que está viendo este tema y desde el Congreso como presidente considero tiene que realizar su trabajo, siempre el tema sensible de los compañeros de Ayotzinapa es un tema demasiado sensible que nos tiene que unir, es un tema sentido”.

Importa la detención de Lambertina, pero el Ejército aún no entrega archivos: Tlachinollan

La detención por el caso Ayotzinapa de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, “es importante porque fue una funcionaria que tuvo conocimiento del contenido de los videos de las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, de donde se llevaron a un grupo de estudiantes”, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Sin embargo, aclaró que no significa que haya más apertura y voluntad para avanzar en el esclarecimiento del caso, puesto que se sigue protegiendo al Ejército, que se niega a entregar los 800 folios con información relevante del caso.

Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández recordó que se sabe que había por lo menos diez cámaras en el Palacio de Justicia, que pudieron haber captado lo que sucedió ahí esa noche de donde se llevaron a casi la mitad de los 43 estudiantes desaparecidos.

El director de Tlachinollan, organismo que da acompañamiento al movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que investigar qué pasó con esos videos.

“Obviamente la ex presidenta del TSJ tuvo una alta responsabilidad y se tiene que saber si de verdad destruyó los videos, y si fue así por qué, si se trataba de una evidencia tan importante”.

Explicó que Galeana Marín era la máxima autoridad en el estado en cuanto a la administración de justicia, y por tanto sabía que era un material muy importante y se requería conservarlo.

Pero si destruyó los videos fue para desaparecer la evidencia, “y eso habla de una complicidad para borrar cualquier indicio relacionado con la identificación del modus operandi de esa noche cuando desaparecieron a los 43 estudiantes”.

Indicó que por ello la detención de Galeana Marín será determinante, porque con la información que aporte se puede llegar a esclarecer qué pasó con los videos, o qué realmente motivó que estos videos se escondieran primero y después se destruyeran. “Se tiene que saber por qué se perdió esa información clave”.

Barrera Hernández declaró que Galeana Marín no era una ciudadana común y corriente, “fue una autoridad con un cargo muy alto y sabía de la alta responsabilidad que tenía para preservar estas evidencias, máxime que estamos hablando de uno de los casos emblemáticos de desaparición en nuestro país y no se puede pasar por alto esas actuaciones de autoridades que no están dimensionando la importancia que tienen estos videos”.

Opinó que aunque llega tarde esta actuación judicial, abre una oportunidad para saber qué realmente pasó. “Es importante que se aclare bien que pasó con esos videos y saber si tuvo conocimiento de su contenido para que se pueda avanzar en el paradero de los estudiantes”.

Pero aclaró que no ve que con la detención de la ex presidenta del TSJ haya más apertura en el caso, mayor interés o voluntad de las autoridades, “más bien, es la persistencia de las madres y padres que en todo momento en las reuniones que tuvieron con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron que se avance en todas las líneas de investigación”.

Dijo que lo mismo han insistido que se entreguen los archivos que tiene el Ejército mexicano.

“Con la detención de la ex presidenta del TSJ hay un avance, pero realmente el punto central que han planteado las madres y padres son los folios que solicitaron al ex presidente López Obrador y actualmente lo están solicitando a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Barrera Hernández declaró que en el caso del Ejército sigue detenido todo: “esto (la detención de Galeana Marín) no quiere decir que hay más apertura, se hablaría de una verdadera apertura si se accediera a los 800 folios del Ejército”.

“Esto es importante porque es parte de las líneas que se han planteado y se trata de pruebas y evidencias que se tienen que presentar, sobre todo para saber cómo se dio esa desaparición en ese lugar, porque de ahí se llevaron a un gran número de estudiantes”.

Pero reiteró que con todo y lo que se ha avanzado por la insistencia de las madres y padres para dar con el paradero de los estudiantes y con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “se ha visto que para seguir abonando en el paradero de los estudiantes, se tiene que adentrar a los 800 folios y ahí todavía no se ha podido”.

Insistió que es donde se ha estancado el avance de las investigaciones y no se ha sabido la participación del Ejército, “es decir, como participó, si por acción omisión o complicidad, por eso hay la necesidad de acceder a los documentos para salir de esa incertidumbre”.

Concluyó que las madres y padres han insistido y se lo han planteado a la presidenta Sheinbaum que el punto medular es ese; la entrega de los 800 folios en poder del Ejército.

Sobreviviente de la noche de Iguala muere en un hospital y abandonado por el gobierno

El maestro normalista de Ayotzinapa, Jonathan Maldonado Hernández, sobreviviente a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, falleció el martes de la semana pasada en un hospital privado de Toluca, Estado de México, en el abandono y falta de atención psicológica y psiquiátrica de las autoridades federales.

El deceso, lo dio a conocer el colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa, conformado por 23 egresados de la normal Raúl Isidro Burgos, entre los que se encuentra el diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano.

Mediante el oficio CNSCA/2025/004 fechado el 12 de mayo, denuncian el abandono por parte de las autoridades federales, quienes le habrían negado a Maldonado Hernández el apoyo psicológico y psiquiátrico mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Jonathan Maldonado, fue uno de los cerca de 20 estudiantes que resultó herido durante esos ataques perpetrados hace más de una década por sicarios de Guerreros Unidos y agentes policiacos. Perdió varios dedos de la mano derecha a causa de un balazo que recibió.

El colectivo, denuncia que a pesar de haber colaborado en las investigaciones del caso, Jonathan Maldonado “murió en el completo abandono por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento al caso, sumido en la desesperanza luchando contra la depresión y ansiedad durante muchos años, con el estigma de haber sobrevivido al ataque y con la marca del cinismo gubernamental en una de sus manos, quienes pregonan apoyar en público, pero en la realidad sólo hay abandono, revictimización e ignorancia de las autoridades”.

En el oficio dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación y familiares, denuncian que “a Jonathan Maldonado le fue negado el apoyo psicológico y psiquiátrico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 2014, nunca obtuvo ayuda médica ni la rehabilitación adecuada tras la pérdida de los dedos de su mano”.

Aunque no se dan detalles de la causa de su muerte y no se logró contactar a miembros de este colectivo, en el comunicado se indican que durante sus últimos días de vida Jonathan se encontraba internado en un hospital particular “pues la ayuda en instituciones de salud pública fue inexistente”.

Asimismo, denunciaron que, tras su muerte ocurrida el 6 de mayo, el gobierno de México se comprometió a apoyar con los gastos funerarios, “cosa que, hasta la redacción de este documento, no ha ocurrido”.

De acuerdo con esta información, Maldonado Hernández colaboró en las investigaciones del caso realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) como consta en las carpetas de investigación FED/SDHPDSC/OI-GRO/00020/2020 y FED/SDHPDSH/OI-GRO/00021/2020.

Así como los trabajos documentales realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se materializó en seis informes entregados al gobierno de México en el período de 2015 a 2023.

También colaboró en los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad para el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), en el periodo de Alejandro Encinas Rodríguez como subsecretario de Gobernación, lo que ayudó en la detención de policías municipales, estatales y federales, así como efectivos del Ejército, y miembros del crimen organizado.

Justifican que el comunicado se elaboró una semana después de su deceso fue por el “respeto” que en vida le tuvieron, a su coraje y tenacidad frente a la adversidad, y como una señal de admiración y buena voluntad para con su familia. “A pesar de haber sobrevivido aquella fatídica noche, en realidad, siempre estuvo desaparecido para las autoridades y sus instituciones”, reclamaron.

El documento es firmado por el encargado de prensa y propaganda del colectivo, Eduardo Maganda, del que se envió copia al subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina Padilla, a la comisionada de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, a la titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez Estrada y al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

Texto: Luis Daniel Nava, José Miguel Sánchez, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero

El Estado en cualquier momento puede revivir el proyecto de la presa La Parota, advierten

Ramón Gracida Gómez

El Estado mexicano tiene una “deuda” con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) de cancelar oficialmente la presa, porque “aunque los logren frenar los pueblos, siempre van a ser megaproyectos latentes, siempre van a ser proyectos que el Estado en cualquier momento puede revivir”, advirtió la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), María González Valencia.
El homicidio del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz es el más reciente de la lista de 18 integrantes del Mapder asesinados, 12 del Cecop y el resto de Oaxaca y Veracruz, desde su fundación en 2004, territorios que tienen en común que “hubo una disputa ahí por grupos criminales por los materiales pétreos de los ríos”.
La defensora del territorio criticó que el actual gobierno federal “está volviendo a la imposición de estos megaproyectos de muerte que son la construcción de presas; o sea, estos pueblos logran frenarlas, hay una especie como de impasse en el periodo de (Andrés Manuel) López Obrador”.
Pero “en este sexenio nuevamente están presentes los grandes embalses en el Plan Nacional Hídrico y eso sí nos parece realmente grave porque todas las lecciones de estos movimientos que han frenado tantos megaproyectos, que han defendido su territorio, que han mostrado que hay otras alternativas para generar electricidad o para abastecimiento de agua y que las represas no son una opción”.
La directora del Imdec, con sede en Guadalajara y acompañante de las luchas contra los proyectos de Jalisco, mencionó algunos reactivados después de que los pueblos ya los habían rechazado, como la presa de Las Cruces en Nayarit y otra en Zacatecas.
Aseveró que los proyectos de presas, “aunque los logren frenar los pueblos, siempre van a ser megaproyectos latentes, siempre van a ser proyectos que el Estado en cualquier momento puede revivir”.
Acotó: La Parota no aparece en el Plan Nacional Hídrico, en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad ni en el Plan México, “pero definitivamente una demanda de los pueblos de todas las luchas del Mapder es la cancelación oficial y definitiva de estos megaproyectos por parte del Estado mexicano”.
“En esta perspectiva hay una deuda con el Cecop, esa demanda la sigue haciendo el Cecop, la siguió haciendo durante todo el sexenio de López Obrador, de que oficialmente la presa La Parota fuera cancelada y no sucedió”.
Asimismo, agregó la integrante del Mapder, el Estado mexicano debe una “reparación integral de los daños” a los afectados de las presas.
Relató que el Mapder nació en 2004, cuando se efectuó el primer encuentro nacional en la comunidad de Aguacaliente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec durante la lucha del Cecop contra la presa La Parota y “en el marco de la lucha en México contra la construcción de grandes presas, de grandes embalses, ya sea presas hidroeléctricas o para el consumo de agua”.
En aquel año llegaron representantes de las luchas contra proyectos hidroeléctricos de varias partes del país, como Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
González Valencia afirmó que el movimiento ha sido “muy importante a nivel nacional que visibiliza, que visibilizó lo obsoleto de la construcción de las presas, de las represas, de los embalses, en el sentido ecológico, social, ambiental, económico, y sobre todo que genera a los ecosistemas, a los ríos, y genera pues grandes violaciones a los derechos humanos”.
Destacó que el Mapder frenó más de 10 “grandes embalses” como la presa La Parota, la presa Las Cruces en Nayarit, la presa de Pasos de la Reina en Oaxaca y la presa Arcediano en Jalisco.
Dijo que el asesinato de Suástegui Muñoz “es muy grave en el sentido que al final defender la tierra, el agua, los ríos, le cuesta la vida, o sea, Marco Antonio fue un gran compañero, un gran luchador, integrante del Cecop, fundador también del Mapder”.
Destacó que durante toda su lucha el vocero del Cecop “fue amenazado, hostigado, perseguido en todo momento, él y obviamente el movimiento del Cecop”, y rememoró sus tres detenciones, una de ellas en el penal de máxima de seguridad de Nayarit en 2014, la desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz en 2021, el robo de sus herramientas de su trabajo y la falta de protección por parte del gobierno.
Lamentó que la detención de “ese gran mega proyecto de muerte que era la presa La Parota” ha tenido costos “muy grandes”, puesto que el asesinato de Suástegui Muñoz forma parte de la lista de los 12 integrantes del Cecop ultimados, además de los tres que siguen detenidos.
Los 12 muertos del Cecop se integran a la lista de 18 integrantes del Mapder asesinados desde su fundación en 2004, los demás son cinco opositores al proyecto de Paso de la Reina en Oaxaca en 2021 y un luchador contra el proyecto hidroeléctrico El Naranjal en Veracruz en 2013.
La directora del Imdec, asociación que forma parte de la Red TDT, aseveró que “la defensa del agua, de los ríos, de la tierra y del territorio en este país pues cuesta la vida, y en todos los casos de estos compañeros que lamentablemente y cobardemente fueron asesinados, las presas no se construyeron”.
Se le mencionó que el proyecto de la presa La Parota parecía ya no estar tan presente, que ya habían pasado los años más álgidos, y González Valencia reviró: “los movimientos que defienden la tierra, y en este caso todas las luchas y los movimientos que son parte del Mapder, nunca han dejado de luchar”.
“Han tenido, digamos, momentos más álgidos o mediáticamente más visibles cuando las amenazas de la construcción de los megaproyectos han estado en su clímax, pero como te mencionaba, todas las luchas del Mapder lograron frenar la construcción de represas”.
Recordó que Suástegui Muñoz seguía activo como defensor del territorio y opositor a la privatización de las playas, “yo creo que Marco definitivamente para los intereses económicos y políticos pues siempre fue un enemigo, entonces jamás lo protegieron y siempre lo persiguieron”.
La integrante del Mapder anotó que cuando se formó el movimiento nacional contra las presas, los territorios “en ese entonces no estaban tan controlados por grupos criminales y los contextos campesinos e indígenas rurales en este país empezaron a ser mayormente controlados por la macrocriminalidad y eso también debilita a los movimientos”.
Suástegui Muñoz fue baleado en la calle Fragata de Yucatán, en la playa Icacos, el 18 de abril, al día siguiente, el Mapder emitió su posicionamiento exigiendo que se investigara y se castigara a los responsables del ataque; el Imdec también se pronunció en distintos comunicados por su asesinato consumado el 25 de abril, después de una semana de estar hospitalizado.

Presenta Evelyn su declaración patrimonial y llama a todos los funcionarios a hacerlo

Yee Trujillo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que entregó su declaración patrimonial el 5 de mayo, después de una reunión en la que pidió a titulares de dependencias hacerlo antes del lunes pasado y que revisará si ya cumplieron.
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Francisco González Sánchez, aseguró a los trabajadores que esto no causará que paguen más impuestos, afectará su bolsillo ni generará inseguridad o violencia, porque la información que entreguen estará completamente segura, encriptada, y no será compartida con el SAT.
Durante la Sesión Informativa de Gabinete transmitida en Facebook, reporteros preguntaron a la gobernadora sobre el programa federal para la construcción de un millón 100 mil viviendas para personas en pobreza moderada y extrema.
Se le recordó el problema del fraccionamiento El Mirador en Chilpancingo, donde los departamentos entregados por la Sedatu para damnificados tuvieron que ser reconstruidos, y se le preguntó cómo garantiza su gobierno que no se repita el modelo fallido.
La gobernadora afirmó que después de los huracanes Otis y John ha habido reuniones con Sedatu, Infonavit, Conavi y otras instituciones para supervisión: que las viviendas cuenten con servicios y condiciones de habitabilidad, que no se cometan errores del pasado “para salir del paso” ni corrupción, porque en sus recorridos ha encontrado a personas que aún protestan por daños ocurridos en las tormentas Ingrid, Manuel (2013), y el huracán Paulina (1997).
Dijo que las viviendas se entregarán en perfectas condiciones. Recordó que antes “para salir del paso” se construían prácticamente elefantes blancos, y como decía el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la madre de todos los males es la corrupción.
También destacó que hablar de transparencia es hablar de cómo se cuida el dinero del pueblo, de cómo se toman las decisiones públicas y se combate la corrupción no sólo con vigilancia, sino con disciplina, trabajo, ética y rendición de cuentas, e invitó nuevamente a todos los servidores públicos a presentar su declaración anual patrimonial y de intereses.
En este sentido, González Sánchez destacó que “en una acción sin precedentes” algunos de los liderazgos sindicales más numerosos y representativos se han sumado a la labor de rendición de cuentas y acciones de transparencia, y la declaración anual es una obligación legal, pero consideró que el mensaje no se ha transmitido de manera correcta porque todavía hay confusión con la declaración fiscal, y subrayó que las sanciones por incumplimiento no son para espantar a las personas.
Detalló que la dependencia no tiene obligación de entregarle la información al SAT y éste tampoco tiene atribuciones de pedírsela. Los trabajadores tienen mucho miedo de entregarla porque consideran que los hará pagar más impuestos, pero no es así, sino que se trata de poner su “grano de arena” en el combate a la corrupción.
Acentuó que casi el 90 por ciento de los servidores públicos entrega una declaración simplificada “con datos muy generales que le dan básicamente a todos”: nombre, CURP, RFC, comprobante de domicilio, datos de nacimiento, laborales, educativos y el ingreso total del ejercicio que declaran.
Sobre las auditorías dijo, sin dar detalles, que se han hecho sanciones y cree firmemente que el combate a la corrupción debe venir desde el origen, que es la prevención, para poder vigilar que los recursos públicos se utilicen de la manera adecuada.
Añadió que la ciudadanía demanda no sólo resultados sino claridad, honestidad y responsabilidad en cada acción del gobierno, y la confianza ciudadana y credibilidad institucional no se construyen con palabras sino con actos sustentados en procedimientos bien ejecutados, transparentes y auditables.
Afirmó que por lo menos dos veces al año se harán jornadas itinerantes para capacitar, compartir experiencias, resolver dudas y actualizar a entes y Ayuntamientos; el próximo mes el día 3 en las regiones Centro y Sierra, el 6 en la zona Norte y Tierra Caliente, el 10 en la Montaña, el 13 en Costa Grande, en 17 en Costa Chica y el 20 en Acapulco, en las que se prevé que participen 11 mil personas de los 85 gobiernos municipales, 23 secretarías y dependencias, y 55 entidades paraestatales.
Detalló que en estos se hablará de la modernización administrativa, auditorías, coordinación de los trabajos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), normatividad jurídica y se hará la entrega de un compendio de manuales anticorrupción y buen gobierno.
Expuso otras capacitaciones y asesorías realizadas desde octubre, entre ellas para procesos de entrega–recepción y del programa de fertilizante, para consolidar a la Secretaría como un órgano garante de la legalidad y la transparencia para “abatir actos de corrupción y orientar al aparato público hacia el óptimo cumplimiento de sus fines”.

Cierran comuneros me’phaa de Tilapa 8 horas la autopista en Chilpancingo para exigir tierras

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Indígenas me’ phaa (tlapanecos) de los Bienes Comunales de Tilapa, municipio de Malinaltepec, bloquearon durante más de ocho horas ayer los dos carriles de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco en el Parador del Marqués, al sur de la capital, para exigir al gobierno del estado la dotación de 600 hectáreas de tierras para resarcir las que han perdido por conflictos agrarios, y por daños ocasionados por las lluvias desde el 2013.
Más de 300 indígenas protestaron, además, por el engaño de que fueron víctimas por parte de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, quien el 6 de marzo pasado se comprometió a entregarles las tierras en 15 días pero no cumplió, de acuerdo con la denuncia de los inconformes.
Los manifestantes fueron encabezados por el comisariado de Bienes Comunales, Gelacio Ambrosio Santana y el comisario municipal, Félix Noé Galeana Flores.
El bloqueo que comenzó a las 10:40 de la mañana evidenció no sólo el incumpliendo de los acuerdos de funcionarios del gobierno estatal, sino la negligencia y descoordinación de las autoridades, situación que retardó la liberación de las dos importantes vías de comunicación del estado, provocando un colapso vial en las calles al sur de la capital, así como en la Autopista del Sol y la carretera federal donde se formaron filas de automóviles de varios kilómetros.
“Venimos a solicitar una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para la firma de la minuta y dar cumplimiento a los acuerdos establecidos el 6 de agosto del 2024”, informó en conferencia de prensa al inicio del bloqueo el comisariado de Bienes Comunales Ambrosio Santana.
Aclaró que pedían la reunión directamente con Salgado Pineda “porque la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega nos engañó. Se burló de nosotros, por eso el pueblo está indignado”, dijo.
Informó que el 6 de marzo pasado la funcionaria fue a reunirse con más de mil comuneros en Tilapa y se comprometió a entregar no las 600 hectáreas de tierras que piden, pero si 300 en un plazo de 15 días, e incluso aseguró que por iniciativa de la misma funcionaria les pidió que se integrara una comisión de 10 personas para darle seguimiento al asunto.
Sin embargo, el representante de los comuneros denunció que vencido ese plazo ya no les recibió las llamadas, “y se estuvo escondiendo”.
Ambrosio Santana informó que las tierras que piden se encuentran en el municipio de San Luis Acatlán, a unos 20 minutos de Tilapa y las quieren para compensar las que han perdido por conflictos agrarios y por daños ocasionados por las lluvias de Ingrid y Manuel en el 2013 y por John el año pasado.
Explicó que las tierras serán para 300 comuneros para la siembra de maíz y frijol.
Por su parte, el comisario municipal Galeana Flores informó que los comuneros pidieron inicialmente el 6 de agosto del 2024, 600 hectáreas al gobierno estatal, pero que la encargada de despacho les dijo el 6 de marzo pasado que podrían entregarles solamente 300 y aceptaron, pero como no cumplió en el plazo que ella misma les fijó, ahora exigen las 600 hectáreas.
“Anacleta nos dio 15 días para que nos resolviera y hasta la fecha ya llevamos dos meses y no tenemos ninguna respuesta, por eso el pueblo tomó la decisión de sentarnos a dialogar ahora directamente con la gobernadora exigiendo las 600 hectáreas”, insistió.
Una de las comuneras explicó que la molestia de los pobladores de Tilapa se generó porque el 6 de marzo “atendieron bien” a Anacleta López Vega durante su visita a Tilapa; “la recibimos con cadenas y ramos de flores y le matamos un chivo que guisamos en barbacoa, creímos en ella, pero nos vio la cara de tontos”, dijo.
En un boletín de prensa, el núcleo agrario reprochó la falta de “respuestas positivas, contundentes y concretas que resuelvan de facto la problemática que está relacionada con la urgente necesidad de disponer de tierras para una parte importante de nuestra población que está en situación de alto riesgo de acuerdo con dos dictámenes de Protección Civil”.
Los comuneros explican en su documento que la problemática de falta de tierras “se encuentra mezclada y agravada a partir del inicio del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE 1992).
Refieren que “la falta de pericia durante la medición de poligonales de linderos agrarios por parte del Registro Agrario Nacional (RAN), nos llevó a una serie de discrepancias con las comunidades vecinas manifiestas durante invasiones, lo cual incluye periodos de graves enfrentamientos armados, que el estado dice atenderá pero en realidad no sólo no los atienden, los congelan y los archivan, hasta que un nuevo y más grave conflicto aparece”.
A su llegada frente al hotel Parador del Marqués, los comuneros atravesaron las camionetas y vehículos en los que llegaron en los dos carriles de la Autopista del Sol y también en la carretera federal.
Asimismo, colgaron lonas, mantas y pancartas. En una lona se leyó: “Señora gobernadora exigimos solución inmediata a los acuerdos del 6 de agosto del 2024. La Cuarta Transformación engaña. Dra. Anacleta nos engaña”.
Durante más de ocho horas, (de las 10:40 de la mañana a las siete de la noche), los indígenas mantuvieron cerradas total y permanentemente la Autopista del Sol y la carretera federal, provocando un severo caos vial en las calles del sur de la ciudad, mientras que en la Autopista del Sol y en la carretera federal se formaron filas de automóviles, camiones de carga y autobuses de transporte público de más de cinco kilómetros.
Algunos automovilistas contaron que las filas de vehículos llegaban adelante del pueblo de Mazatlán al sur de la capital en la carretera federal y más adelante de la caseta de cobro de Palo Blanco.
Durante el bloqueo, los manifestantes sólo permitieron el paso a las ambulancias.
Desde las 11 y media de la mañana llegó al lugar del bloqueo el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, para dialogar con los inconformes, sin embargo lo rechazaron en por lo menos cuatro ocasiones, pues los comuneros exigían dialogar directamente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Mientras que aun cuando el bloqueo generó un severo caos vial desde los primeros minutos por el taponamiento de las dos importantes vías de salida y entrada a la capital, la funcionaria señalada de haber provocado el conflicto, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, llegó hasta a las 5 de la tarde para platicar con los inconformes.
La funcionaria se deslindó de los acuerdos que le reprochaban los comuneros, pues les dijo que un compromiso así solo podría asumirlo la gobernadora y les pidió que aceptaran la reunión que ya les había propuesto Rodríguez Cisneros para este 15 de mayo.
Fue hasta a las 7 de la noche cuando los representantes de los comuneros aceptaron firmar la minuta de acuerdos que establece la reunión con la gobernadora para este 15 de mayo a las 4 de la tarde en Casa Guerrero.
Los indígenas determinaron a esa hora trasladarse afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en donde pernoctarán y adelantaron que van a esperar aquí, en la capital, hasta la reunión de este jueves en la que estará la gobernadora Salgado Pineda y el procurador Agrario Víctor Suárez.
El comisariado dijo que acordaron mantenerse en la capital porque desconfían de los funcionarios, “definitivamente estos señores se cierran en apoyar a los campesinos y por eso estamos molestos y no nos vamos a ir hasta que nos den una respuesta positiva”.
Algunos comuneros advirtieron que este miércoles podrían regresar a bloquear la Autopista del Sol en el mismo lugar.
Piden el paso de rodillas y reportan un atropellado

El prolongado bloqueo provocó la desesperación de cientos de automovilistas y personas que, atrapados en medio del sofocante calor, buscaban abrirse paso, ya sea para salir o entrar a la capital.
Una mujer, cinco horas después de que empezó el bloqueo, acompañada de su hija suplicó hincada ante los manifestantes; “¿qué les cuesta?, déjennos pasar, por favor”. Le dijeron que pasara caminando, “¿y si dejo mi carro ahí ustedes me lo van a pagar?. Así como ustedes pelean sus derechos yo también necesito trabajar, que les cuesta, nomás abran un carril y ya”. Sin embargo los manifestantes se mantuvieron firmes.
“Vayan a protestarle a la casa de la gobernadora, ¿por qué a la gente? ¿Nosotros qué les hacemos a ustedes?, vayan a protestar a Gobernación”, insistió la mujer que estuvo varios minutos hincada.
La hija de la mujer que reclamaba que la dejaran pasar informó que vinieron desde Pachuca, Hidalgo, a ver a unos familiares a Buenavista, y que en ese momento se dirigían a la Ciudad de México. “Nosotros los entendemos, pero hay forma de resolver las cosas”, dijo ésta.
En la tarde se informó que derivado del bloqueo un hombre fue atropellado y mediante un video se vio que los mismos manifestantes lo subieron cargando a un vehículo particular que lo sacó de la zona, rumbo al centro de la capital.
Las cientos de personas que entraban o salían de la capital lo hacían transbordando el servicio de transporte público en ambos extremos. Algunos eran auxiliados por los mismos manifestantes.