“No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y ahora se están muriendo”, dijo en 2011 el Comisariado de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín).
Desde ese entonces la comunidad inició el proceso organizativo en defensa de su tierra y territorio. Tres mil ochocientas son las personas que habitan la comunidad en la Montaña Alta de Guerrero; población que se alimenta de las hortalizas, del maíz que siembra, y que tiene en el café un sustento para su economía.
En 2010 cuando vieron a personas extrañas bajar de sus montañas supieron que algo no andaba bien. Un año después se percataron que esa exploración -sin su consentimiento- obedecía al interés de explotar oro, plata y zinc de las entrañas de su tierra.
Sin una consulta previa, libre e informada, el gobierno federal otorgó 44 concesiones a empresas mineras nacionales e internacionales en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, por lo que alrededor de 20 núcleos agrarios comenzaron a informarse y organizarse para saber frente a qué se encontraban y cómo podían combatir lo que se vislumbraba como un nuevo intento colonizador, por medio del Proyecto minero Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas.
“La defendemos porque aquí vivimos, de esta tierra nos alimentamos, aquí vivieron nuestros antepasados, bajo estas tierras tenemos enterrados a nuestros muertos. En los cerros hablamos con Mba’tsún (Abuela y Abuelo Fuego), Begóo (Padre Rayo y de la lluvia) y Kumbaa (Madre Tierra)”: son algunas de los argumentos que el pueblo me’phaa da para hacer saber que la batalla no es sólo legal sino por el respeto a su identidad y cosmovisión indígena.
La cerrazón, colusión de las autoridades estatales y federales con las empresas mineras, obligaron a la comunidad a alzar la voz en los tribunales federales, la lucha ha sido larga y nada fácil, sin embargo, hoy los coloca en el epicentro de la lucha indígena nacional contra la minería.

Juba Wajiín: la lucha por ser y vivir como hijas e hijos del fuego

El 28 de junio de 2017 la Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 a través de la cual Juba Wajiín obtuvo el amparo federal contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.
Este fallo inédito reconoce y garantiza los derechos colectivos de la comunidad y es la primera vez que a través de la vía judicial se le ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente una Declaratoria de Libertad de Terrenos a favor de la comunidad y no de las empresas.
Con ello se cancela la posibilidad de que cualquier empresa interesada pueda llegar y pedir concesiones mineras sobre esos lotes, y en todo caso, tendrá que hacerlo respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al territorio y a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia.
Este es el segundo amparo a favor de la comunidad indígena, quien a base de la convicción, perseverancia y organización comunitaria, han dicho no al despojo, saqueo y a la devastación.
La primer sentencia de amparo contra las concesiones mineras en su territorio fue notificada el 12 de febrero de 2014. La impugnación de aquella sentencia histórica llevó el caso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, en una maniobra estratégica las empresas se desistieron de sus títulos de concesión, lo que obligó a la SCJN sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.
El 24 de noviembre de 2015 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015”, en los que declaraba libres los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras sobre el territorio de Juba Wajiín.
Frente a este acto violatorio, la comunidad indígena interpuso el amparo el 11 de diciembre de 2015 en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo. Este fue interpuesto por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Sentencia y lucha histórica

La reciente sentencia histórica es un logro inédito para una comunidad indígena, y un reconocimiento a la lucha milenaria e incansable de la comunidad me’phaa; un reconocimiento también al Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio (CRAADT) de La Montaña y Costa Chica de Guerrero frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto, lo que además les impulsa a seguir organizándose local y regionalmente, pues este fallo no sólo beneficia a la comunidad de Juba Wajiín sino a otras comunidades de la región y del estado. De igual forma sienta un precedente para la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales de las comunidades indígenas.
Es de reconocer el trabajo y contenido de la sentencia, la cual no toca superficialmente la problemática que enfrentó el pueblo Me´phaa, sino que se mete a las entrañas y logra entender la demanda de los pueblos en lo tangible y lo no tangible.
En la sentencia se reconoce el derecho de la auto adscripción como criterio a seguir para determinar la identidad indígena y la protección especial de Juba Wajiín por parte del Estado; establece que el interés legítimo es suficiente para cuestionar la Declaratoria de Libertad de Terrenos, al aducir afectaciones a la esfera jurídica de Juba Wajiín como colectividad, respecto de la cual la norma protege determinados derechos.
La sentencia señala también la relación estrecha que existe entre el derecho a la consulta y los derechos a la libre determinación, integridad del territorio, a la protección para conservar su vida comunitaria como derechos de la comunidad de Juba Wajiín que deben ser protegidos.
Precisa que el derecho a la consulta debe garantizarse incluso en casos en que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo. Reconoce que el concepto de territorio que prevé el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT es más amplio que el concepto de propiedad sobre una tierra toda vez que comprende el uso y disfrute de los recursos naturales desde la cosmovisión de la comunidad. Establece que la relación que mantiene la comunidad de Juba Wajiín con su territorio no se da desde la concepción del desarrollo económico sino desde la cosmovisión comunitaria.
Establece también que la Declaratoria de libertad de terrenos es un acto real y actual que implica el inicio de un procedimiento tendente a otorgar concesiones mineras, entre otros.
Esos son algunos de los resultados de la lucha que se hermana con más de 20 núcleos agrarios en la Montaña y Costra Chica de Guerrero; la lucha de campesinos y campesinas que viven y se alimentan del campo y quienes con la imposición de proyectos extractivos -como la minería a cielo abierto- verían afectados no sólo su territorio y sino la vida misma.
En este caminar en defensa de su territorio, Juba Wajiín y demás pueblos de la región, pudieron palpar la voracidad de las empresas (muchas de ellas internacionales), y la política extractivista de gobernantes que privilegian los intereses económicos frente al bienestar de las comunidades indígenas.
Se percataron de cómo la Ley Minera busca ser utilizada como el principal instrumento para legalizar el despojo y saqueo de los territorios indígenas, por lo que a la fecha, las autoridades agrarias se continúan organizado para decir no a la explotación minera, realizando formalmente Actas de Asamblea.
Con esta sentencia se ratifica que los pueblos poseen integralmente su territorio y esta decisión judicial obliga al Estado mexicano a garantizar el respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Una vez más las y los dueños originarios de la tierra, evidenciaron que la razón y la ley les asiste, y que frente al daño, contaminación y destrucción: la organización y movilización comunitaria pueden tumbar las intenciones más atroces.
Desde la Montaña de Guerrero las lecciones que han dado los sabios y sabias del pueblo me’phaa han obligado a todo el aparato gubernamental a reconocer la capacidad y la fuerza que desde hace siglos mantiene viva y floreciente la resistencia comunitaria.
En la cultura me’phaa el rayo también representa a San Marcos, el héroe civilizador del maíz que ha forjado la identidad indoblegable de sus hijos e hijas, quienes en la cima de los cerros le rezan para que nazca el maíz.
El rayo como una potencia sagrada no sólo preña la tierra, también fulmina a los seres que causan mal a la comunidad.
En este amparo, la misma resolución de la jueza ayudó a que el rayo le asestara un golpe fulminante a las empresas mineras, a la Secretaría de Economía y a los intereses rapaces del gran capital.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México documentó 276 casos de personas fallecidas en Guerrero en el marco de los movimientos sociales atacados por el crimen organizado o que sugieron para defenderse del mismo, entre enero de 2013 y junio de 2017 a partir de reportes periodísticos.
En un escrito al que tuvo acceso El Sur se da cuenta de 149 civiles muertos, donde incluye a los hallados en fosas en Iguala, los campesinos ejecutados en un campo melonero en Ajuchitlán.
También enlista a 14 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocho de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), cinco del Frente Unido para la Seguridad (FUSDEG), tres de la Policía Comunitaria Tecampa-nera de Teloloapan, dos por disputas de tierras y dos derivados del enfrentamiento entre policías y maestros.
Asimismo incluye a 19 personas víctimas de acciones realizadas por la UPOEG: 10 presuntos integrantes del crimen organizado, siete civiles y dos policías. 21 fallecidos por acciones realizadas por el FUSDEG, cinco del crimen organizado y 16 ex integrantes de la organización; y 26 muertos derivados de enfrentamientos entre UPOEG y FUSDEG. Finalmente, 11 muertos en acciones realizadas por la CRAC: uno del crimen organizado, uno entre la misma organización y nueve policías. Más seis personas que murieron el 26 de septiembre en Iguala cuando desaparecieron 43 norma listas de Ayotzinapa.
Al respecto, el comisionado Jaime Martínez Veloz, señaló que en México se están muriendo los más pobres, y aceptó que institucionalmente “se le carga la mano” a los movimientos y a los luchadores sociales, en lugar de resolver problemas fundamentales de derechos humanos.
En consulta telefónica sobre la estadística, Martínez Veloz se remontó a 1994, a los acuerdos de San Andrés Larráizar entre el Estado y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y al cierre de las mesas de diálogo que dijo, tuvo consecuencias políticas, económicas y una fractura del tejido social, en detrimento de los pueblos originarios.
Señaló que mientras se implementaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cánada, durante 22 años los indígenas fueron excluidos de las partes sustantivas de las reformas estructurales que se hicieron en el país; no hubo fortalecimiento de la vida comunitaria, ni de sus atribuciones para poder establecer condiciones más equilibadas en cualquier proceso de negociación.
Precisó que en las mesas de diálogo de San Andrés, había seis temas de discusión: de derechos y cultura indígena; democracia y justicia; bienestar y desarrollo; los derechos de la mujer; la reconciliación en Chiapas y la firma de la paz. “Para cada tema había un procedimiento de construcción de acuerdos, no solo de sentarse y ponerse de acuerdo, en un día se permitía a las delegaciones consultar a las dependencias federales y a las comunidades indígenas a sus asambleas”. Así de noviembre de 1995 a febrero de 2016, “llegamos a la firma que se conocer como los acuerdos de San Andrés que abordó sólo el primer tema”.
En el tema de democracia y justicia, indicó que la delegación gubernamental recibió la instrucción de no opinar, porque en paralelo, las cúpulas partidarias estaban definiendo la reforma electoral que nos rige a la fecha.
En esa reforma definieron al árbitro y a los magistrados electorales, que se designaron por los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión, al grado que el tema indígena sigue siendo marginal en la representación política y de gobierno.
Denunció que nunca se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y contrario al impulso que recibieron las transnacionales, a los indígenas se les mantuvo en desventaja, y entonces “no existía un conjunto de factores que agravan sus condiciones, como la contaminación producida por la minería”, añadió.
Recordó que en el periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón, la minería a cielo abierto creció exponencialmente en los siguientes sexenios, al mismo tiempo que la delincuencia organizada se extendía y fortalecía en el país.
Estimó que la minería es una fuente de financiamiento para actividades ilícitas, ya sea para el pago de grupos de sicarios para protección o para desalojar territorios que pueden ser explotados, lo que tambián agravia a las comunidades.
En este contexto, señaló que los pueblos indígenas hacen lo que pueden para protegerse.
Recordó que en 2013 llegó a Ayutla para intervenir en el movimiento de los pueblos que se armaron por la seguridad y que luego se constituyeron en la UPOEG. Habían detenido a 54 personas y la intervención de funcionarios estatales y federales permitió que la población los entregara a los agentes de Ministerio Público, cuando se pretendía hacerles un juicio popular.
“Fui y revisé muchos temas, encontré que en Ayutla había más o menos 120 o 130 comunidades, y el Ramo 33 era de 134 millones de pesos, de los cuales 130 se iban a aplicar en la cabecera municipal y sólo 4 millones en las comunidades, eso habla de una actitud de exclusión en materia social, había un desequilirio tan grande y era evidente que el malestar de la población se estaba expresando”, dijo en referencia a cómo se distribuye el gasto federal paa estados y municipios.
En este escenario, concluyó que en México se están muriendo los más pobres, incluso los policías y soldados fallecidos en la guerra contra el narcotráfico porque también son pueblo.
Pero añadió que cuando políticos acusan a los movimientos ciudadanos de actuar en la ilegalidad o de estar implicados en la delincuencia “a ellos sí se les carga la mano”.