La “masacre” que dejó 28 muertos en el penal de Acapulco es resultado de la impunidad, la corrupción y la simulación de las autoridades, sostuvo el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien además dijo que sospecha que están mintiendo en cuanto a sus secuelas, pues “en la lógica no me entra eso de que solamente hubo tres heridos”, y sostuvo que “de seguro hay verdades más profundas”.
Salvador Rangel fue entrevistado en esta cabecera municipal antes del Encuentro Provincial de Pastoral de los obispos de la provincia de Acapulco que agrupa a la arquidiócesis con sede en ese municipio más las diócesis de Ciudad Altamirano, Chilpancingo-Chilapa y Tlapa, en la que hablarán este martes y miércoles de la “paz con misericordia” y la atención a las víctimas de la violencia.
El prelado criticó asimismo que la policía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es una “simulación” y que la operación contra el robo de vehículos que desplegaron en avenidas de Acapulco fue solamente para “la fotografía”.
También declaró que las autoridades están fallando en la atención a los desplazados de la violencia y que en la guerra que se está dando entre los cárteles, las víctimas son los que viven totalmente en la pobreza y en la miseria por la inequidad social y económica que provoca el mismo gobierno.
Salvador Rangel, declaró que la masacre en el penal de Acapulco en la que, según las autoridades, hubo 28 muertos y tres heridos, es el resultado del hacinamiento en las cárceles, “y de la gran violencia y delincuencia que se está viviendo en el país”.
Dijo que se le hace “muy raro” que siempre en las batallas hay más heridos que muertos, “y en Acapulco, milagrosamente, hay una excepción, hay más muertos que heridos, solamente tres heridos. Yo no lo creo”.
–¿Usted cree que hubo más muertos?
–No, tuvo que haber algo más. A mí en la lógica no me entra eso de que solamente tres heridos, y que se hayan asesinado unos contra otros. Ni que fuera la guerra de Masada (primera guerra Judeo-Romana en la que la fortaleza de las tropas del imperio romano condujo a un suicidio colectivo de sus adversarios al advertir que la derrota era inminente).
“El gran problema es la corrupción, vemos como los custodios están implicados, cómo es posible (que pase) en una cárcel a las 4 de la mañana, donde hay puertas de seguridad de un lado a otro ¿Quién las abrió?, ¿por orden de quién? Para mí, básicamente, es la corrupción y la impunidad que se está viviendo en México a todos niveles.
–¿Merece algo más que un reclamo o una condena en contra de las autoridades por estas masacres que ocurren en un lugar que debería ser el más seguro? Además la CNDH desde hace seis años viene realizando observaciones en materia penitenciaria que no se han corregido.
–Yo pienso que echarle toda la culpa a la autoridad no es justo, porque ellos son los responsables de la seguridad y del orden, pero también debemos ser conscientes que hay una corrupción en la sociedad, el tejido social está fallando, los valores nos están fallando. Yo pudiera decir que si el niño es risueño y le hacen cosquillas, pues así sale peor la cosa”.
Sin embargo el obispo reconoció que, ciertamente, a la autoridad ya se le había indicado de la situación que se vive en los penales “y es grande la responsabilidad de parte de ella, pero ojalá que los mismos ciudadanos podamos aportar otras ideas, porque el hacinamiento de las cárceles no es únicamente de Guerrero, creo que en todo México están las cárceles súper llenas”.
Agregó: “yo no estoy de acuerdo en la simulación, como que hacen algo pero de hecho, el problema está por debajo”.
Alertó que en Guerrero se debe estar muy atento a lo que está pasando, “porque Guerrero sigue siendo la ventana del mundo, “todo mundo nos está vigilando, cualquier cosa que sucede el mundo se entera”, dijo.
–¿El gobierno justifica la masacre diciendo que eran delincuentes y que por eso se mataron , es válida la justificación?
–Es la razón que están dando. De seguro hay verdades más profundas, porque las instituciones, el gobierno, tienen ese arte de darnos verdades a medias o mentiras envueltas en verdades.
Salvador Rangel añadió que no se debe juzgar a los internos como malos, “porque yo me preguntaría, ¿a dónde están los malos, adentro o afuera? Por ejemplo ciertas clases sociopolíticas que traen carros de lujos, blindados, hacen viajes en aviones al extranjero, ¿pero con dinero de quién?, ¿cómo adquirieron ese dinero? Yo estoy seguro que todos esos excesos van con las manos manchadas.

Los carros robados están en la sierra, no en las ciudades, dice

Después, sin pregunta de por medio declaró: “yo sé que la junta de gobernadores, (la Conago), hizo una policía para ver el problema de los carros robados, y esta policía fue a dar a Acapulco, y tengo entendido que en tres días recogieron alrededor de 13 carros en Acapulco, y para mí esas acciones son, más bien, de fotografía para darse a conocer”.
Contó que precisamente uno de los días que estuvo la policía de la Conago en Acapulco él fue a la Sierra acompañado de dos religiosas a quienes pidió que contaran todos los carros que no tenían placas, “y en manos de media hora, las monjitas contaron 100, ellos (los de la Conago) saben dónde está el problema, entonces ¿por qué esa simulación?, ¿por qué aparecer en la foto?, ¿por qué aparecer dando la impresión de que las cosas están bien, cuando no lo están?”.

La pobreza, origen de la violencia

El obispo de Chilpancingo argumentó que el problema de la violencia es el 57 o 60 por ciento de los 120 millones de habitantes de México que viven totalmente en la pobreza y en la miseria, “la necesidad muchas veces hace que la gente rompa la ley o rompa lo establecido”.
Puso como ejemplo a la Sierra de Guerrero en donde la gente siembra la amapola porque dijo que no tiene otra opción, “si nosotros les quitamos la amapola en la Sierra, la gente se muere de hambre”.
También contó que se ha reunido con los familiares de los desaparecidos, sobre todo con los de Iguala “y yo veo que la mayoría de los familiares son súper pobres, y esa es la razón de que sus hijos hayan delinquido o desaparecido, porque no tienen otra opción y es el único camino que encuentran”.
Se quejó de la inequidad social y la inequidad económica, “tenemos muy pocos ricos y muchísimos pobres, y de allí las consecuencias que estamos viviendo”.
Añadió que “al perro flaco se le cargan mas las pulgas”, y que la gente pobre no tiene con qué defenderse, no tiene quien abogue por él, “salen rápido (de la cárcel) los que tienen medios económicos o tienen influencia económica o política, mientras los pobres siguen metidos en la cárcel”.

El gobierno ha incumplido con los desplazados

Salvador Rangel denunció que los desplazados por la violencia son otro problema que se vive en Guerrero por la pugna entre los cárteles de la droga, “la gente se está saliendo de sus comunidades, de por sí viven en la pobreza y luego viene el desarraigo de sus tierras, de sus casitas o de lo que hayan tenido”.
Dijo que los responsables de mantener el orden, son las instituciones gubernamentales en sus tres niveles, y que en ese sentido “creo que están fallando”.

Se reúnen los cuatro obispos en Zumpango  para buscar la “paz con misericordia”

La reunión de los obispos a puerta cerrada comenzó a las 4 de la tarde en la parroquia de Santiago Apóstol de esta población. Participan los obispos de las cuatro diócesis, los vicarios generales, los vicarios de pastoral, los responsables de cada comisión y dimensión, y este miércoles emitirán sus conclusiones.
La reunión se realiza cada seis meses para deliberar sobre diversos temas que atañan a sus obispados y esta vez que la sede le tocó a la diócesis de Chilpancingo el tema será la búsqueda de la “paz con misericordia”. Además van a analizar en cada una de las diócesis qué se está haciendo a favor de la paz, a favor de la misericordia, la atención a las víctimas y la atención a los victimarios, contó el obispo.
“La realidad ya la conocemos, sabemos lo que está sucediendo en Guerrero, desgraciadamente los asesinatos van a la alza”, dijo de entrada Salvador Rangel.
Adelantó que en el tema de la “paz con misericordia”, se nutrirán de las experiencias de todos los representantes de las diócesis de Guerrero, y que de ellas saldrá la decisión de cuál será el camino que van a sugerir no solamente a los católicos o a los cristianos, sino a todo mundo.
“Estamos insistiendo en la atención a las víctimas, queremos ver qué estamos haciendo por las víctimas. También educar para la paz, porque esto no se va a cambiar de un momento a otro, la paz se debe ir creando desde el hogar, desde la escuela, desde los ámbitos de gobierno y desde la iglesia, para ir haciendo a la sociedad menos belicosa y más pacífica”, explicó.

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que 13 reos del área de máxima seguridad del penal de Las Cruces, en Acapulco, fueron trasladados a otros reclusorios del país “porque era necesario”.
A cinco días de la riña que dejó 28 presos muertos, cinco de ellos decapitados, el gobernador confirmó sin precisar la fecha que fueron trasladados 13 reos del área de máxima seguridad.
Esta declaración se da un día después de que el vocero estatal en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, había asegurado que no se había realizado ningún traslado de reos a otro penal, aunque el mismo gobernador en el noticiario Despierta con Carlos Loret de Mola el viernes pasado dio conocer que el mismo día de la riña fueron trasladados “varios” reclusos.
“Se trasladaron 13 personas, que fue necesario trasladarlas, han sido los únicos trasladados”, agregó ayer.
Consultado al concluir el acto de capacitación a la estructura de los mil 200 comedores comunitarios para reacción inmediata ante contingencias ambientales, realizado en el Sexto Batallón de Infantería, susbrayó que no podía dar más datos sobre los traslados.
Al principio el gobernador no quería dar declaraciones para no “interrumpir” al secretario federal, pero ante la insistencia contestó cuando abordaba su camioneta.
“Por su puesto yo no puedo asumir una comunicación de cuándo, cómo … porque no es conveniente”, agregó.
Astudillo Flores dijo que es importante que en los hechos registrados la semana pasada, no hubo ningún reo fugado.
“De tal manera en una serie de comentarios es importante que el gobernador vuelva a precisar”, comentó.
Dijo que los informes dados a conocer sobre los hechos ocurridos en Acapulco, son los “reales”, por lo que no hay ningún informe paralelo que se esté ocultando actualmente sobre el tema.
El gobernador se retiró del lugar sin dar más declaraciones sobre otros temas y dio por concluida la consulta cuando se le insistió si serán trasladados más reos.
Tampoco detalló en qué penales se encuentran los 13 reos que fueron trasladados de la cárcel de Las Cruces en Acapulco.

El Congreso local aprobó un paquete de leyes y reformas a la legislación local en materia anticorrupción, para concluir la homologación a la federal, entre las que destacan la autonomía de la Fiscalía para que ya no sea representante jurídico del gobierno estatal en juicio, pero no se eliminó el fuero.
El Congreso ya había aprobado las reformas constitucionales en materia anticorrupción. Ayer se aprobó el paquete de leyes del sistema anticorrupción, para cumplir con lo que mandata la Constitución de la República a los estados, de hacer las adecuaciones correspondientes para el Sistema Estatal Anticorrupción.
En las reformas aprobadas se le quitan al fiscal general del estado facultades, como su carácter de representante de los guerrerenses en juicio y del gobierno del estado en juicio. Esa responsabilidad ahora la tiene el gobernador. La puede ejercer a través del consejero jurídico.
La argumentación para quitar estas facultades al fiscal, es porque su naturaleza es de un órgano autónomo y al tenerlas se convierte en representante del Estado. Ahora sólo se dedicará a su función de ser parte de la seguridad pública y la persecución de los delitos.
En el paquete de leyes, también se acotó la posibilidad de que los servidores públicos hagan contrataciones a empresas de familiares directos de hasta cuarta “línea”. Sin embargo no se prevé ningún candado para la practica de prestanombres de las empresas.
Otra modificación fue el nombre a la Auditoría General del Estado (AGE) por Auditoría Superior del Estado (ASE), para homologarla con el órgano fiscalizador federal.
De acuerdo a las leyes aprobadas ayer, la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizaran fiscalizaciones conjuntas que antes estaban permitidas por la ley federal pero la local tenía limitantes, además de que el órgano local estará obligado a entregar informes más recurrentes al Congreso local.
Se establecieron también bases para la coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa.
En la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado se establecen los principios, directrices y competencias que rigen la actuación de los servidores públicos; sus faltas administrativas graves y no graves; las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades.
Se aprobó también como parte del paquete la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado en la que se apunta que está garantizado que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en el estado.
También se aprobaron las Leyes Orgánicas del Tribunal de Justicia Administrativa, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del Código Penal, de la Leyes Orgánica de la Fiscalía General del Estado y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero.
En este paquete de reformas, no se incluyó la eliminación del fuero, por lo que los diputados de Movimiento Ciudadano votaron en contra el primer dictamen de reforma constitucional al igual que la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, aunque esta última votó en contra todas las leyes y reformas.
El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja recordó que en 12 estados del país ha eliminado el fuero.

Otros temas

Ayer inició el trámite legislativo de la propuesta de organizaciones sociales encabezadas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),  de reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos, presentada y respaldada por el PRD, MC, PT y Morena.
En su intervención, el coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja, festejó que por primera vez, los partidos de izquierda hayan propuesto de manera conjunta una iniciativa ciudadana a la que no se le realizaron modificaciones.
Mientras que la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez dijo que hasta ahora los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos solo son declarativos y que con la reforma que impulsan pretenden que sean ejercidos a través de su autodeterminación.
Dijo que “el origen genuino de la CRAC, la prevalencia en su función a pesar del desdén gubernativo, además de su identidad y la larga tradición de lucha por su verdadero reconocimiento, convierten a esta institución comunitaria en la idónea para elevarla a ese nivel, así como la nueva figura del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria”.
La propuesta es de la CRAC-PC, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan).
A la que la diputada de Morena calificó como una iniciativa “de vanguardia, una iniciativa de avanzada y progresista, que el poder Legislativo debe conceder para saldar la deuda histórica que se tiene con nuestros hermanos indígenas”.
El pleno también aprobó el exhorto de la diputada perredista Yuridia Melchor Sánchez, al presidente Enrique Peña Nieto, para que instruya al secretario de Salud a que se amplíen los recursos del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica del actual ejercicio fiscal 2017, al estado de Guerrero, por lo menos a la cantidad que destinó para 2016, para poder garantizar la prestación de los servicios de salud a las poblaciones “que se están viendo afectadas por la disminución presupuestaria, siendo las comunidades de Cruz Fandango, Cerro Azul, San Martincito, Almolonga y Buena Vista, pertenecientes al municipio de Alcozauca de Guerrero” en la región de la Montaña.
Los diputados exhortaron a los ayuntamientos para que atiendan las contingencias, incendios y desastres naturales que se presenten.
La diputada perredista Eloísa Hernández Valle planteó exhorto al presidente de la República para que requiera al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que se resuelva el conflicto laboral y falta de operación optima de la Ciudad de las Mujeres en el municipio de Tlapa.
Y en una tercera sesión, el pleno del Congreso local modificó la fecha de comparecencia, ante Comisiones, del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, para el día miércoles 19 y no el viernes 14.

El Congreso local aprobó un acuerdo para condenar los hechos violentos que dejaron 28 reos asesinados en el penal de Las Cruces en Acapulco, y un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores para que se investiguen y sancionen a los responsables y brinden atención “inmediata” a las víctimas.
Por separado, la fracción del PRD presentó una propuesta para llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública del Pedro Almazán Cervantes y al subsecretario de Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, mientras que MC pidió que también se llame al secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame. Las propuestas fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política.
Mientras que la representación de Morena en el Congreso pidió al gobernador que separe de sus cargos a los funcionarios que fueron responsables directos.
El diputado priista Cuauhtémoc Salgado Romero, presentó a nombre de la fracción priista la propuesta por la que condenan “enérgicamente” los hechos ocurridos en el penal de Las Cruces.
En la misma propuesta, exhortan al gobernador Héctor Astudillo Flores para que instruya a Pedro Almazán y solicite al fiscal del estado Javier Olea Peláez  y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis. para que “investiguen, recaben y procesen la información y oportunamente procedan al fincamiento de responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables”.
También le piden al gobernador que solicite al comisionado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAM) para que otorgue las medidas de ayuda inmediata a los familiares de los reos asesinados.
Le pidieron a Astudillo flores que instruya al secretario de Seguridad Pública para que aplique las medidas para que las cárceles del estado y en especial el de Acapulco cumplan con los requerimientos establecidos en los lineamientos y recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
Salgado Romero reconoció que la ley apunta que la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a los inculpados y sentenciados recluidos en los centros de reinserción social, son obligación de la federación y los estados.
La propuesta fue aprobada por unanimidad y se incluyó una adición del diputado del PT, Fredy García Guevara, en la que propone que el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddhum) “se aboque a realizar las quejas correspondientes y procedimientos contra servidores públicos que hayan tenido responsabilidad en los hechos”.

Ingobernable el penal de Las Cruces: PRD

La propuesta del PRD consiste en una solicitud al gobernador para que de su “anuencia”, para que comparezcan ante el pleno del poder Legislativo el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Sistema Penitenciario Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández.
La propuesta presentada por la coordinadora de los diputados perredistas Erika Alcaraz Sosa, plantea que deberán dar un informe pormenorizado de los hechos “que motivaron la riña” en el penal de Las Cruces, así como de la situación administrativa, jurídica y técnica de los demás centros penitenciarios del estado.
Solicitó que su propuesta fuera enviada a la Junta de Coordinación Política, que es la que puede emitir los llamados a comparecer.
Según la propuesta la comparecencia deberá realizarse en la Sala de Plenos el jueves 20 de julio a las 10 de la mañana.
En su argumentación, la diputada lamentó lo ocurrido el 7 de julio, porque Guerrero “fue, una vez más, foco de todos los medios de comunicación nacional e internacional”.
La diputada perredista habló de un “último reporte” de presuntamente 34 reos asesinados y decenas de heridos.
El hecho violento del jueves pasado, dijo que mostró que existe “una carencia de autoridad por parte de los funcionarios y guardias responsables de la cárcel”.
Al penal de Las Cruces, lo calificó como ingobernable, porque al interior han ocurrido muertes, fugas, riñas y motines, donde también han encontrado sexoservidoras, drogas, animales exóticos y enseres domésticos prohibidos para los reclusos, dijo la perredista.
Recordó que en los últimos seis años, trece directores han pasado por el cargo, y que “la mayoría fueron destituidos y en investigación, uno asesinado, otro prófugo; sin embargo ninguno en prisión”.
La masacre en el penal, afirmó “solo es muestra de la opacidad y fractura de la promesa de orden y justicia que se prometió con este nuevo gobierno”.
Consideró también que el sistema penitenciario representa “la punta de la crisis de justicia” en el estado y que “la masacre” es resultado de la debilidad institucional del gobierno del estado, responsable de los penales.

Que comparezca Florencio

Por su parte el coordinador de los diputados de MC. Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta para citar a comparecer ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Seguridad Pública, al secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame y a Almazán Cervantes, también para que expliquen la situación de los centros penitenciarios.
Pero principalmente, dijo que deben explicar las medidas para atender los informes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las condiciones de los penales, así como los hechos de violencia ocurridos en el penal de Las Cruces en Acapulco.
El diputado recordó que el 18 de agosto del año pasado la CNDH presentó el informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende y son responsabilidad del gobierno del estado  y de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el cual se realiza un diagnóstico sobre la situación de las personas que se encuentran en los lugares de detención. La intención del informe fue prevenir situaciones de riesgo.
Recordó también que el 22 de septiembre de 2016, el pleno de este Congreso del Estado, exhortó al gobernador y al fiscal para que cumplieran las propuestas especificadas en el informe.

Se confirma el Estado fallido: Morena

La diputada de Morena María de Jesús Cisneros exigió al gobierno del estado una “seria investigación, deslinde de responsabilidades y castigo a los responsables”.
Dijo que lo ocurrido en el penal es una constancia “de que estamos frente a un Estado fallido, que no quiere ni puede controlar lo que ocurre en el fracasado sistema penitenciario en el estado, consintiendo que en los penales de Guerrero existan autogobiernos”.
Los hechos, dijo que desacreditan completamente al gobierno del estado ante la ausencia de un sistema de reinserción social, “significa que quienes son procesados o purgan una condena en estas cárceles carecen de métodos, procedimientos, protocolos o sistema que los lleve a la sana reincorporación a la sociedad”.
Dijo que a Morena le preocupa las reformas del gobierno de la República a través de las cuales “se busca la liberación de recluidos que aún no están en condiciones de volver a convivir en sociedad, ya que estas reformas traen consigo que 21 ilícitos ya no sean considerados graves y no ameriten prisión e incluso hace dos días las Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una contradicción de tesis con la cual el delito de portación de arma gozará de libertad provisional, podrán portar un AK-47, conocido como cuerno de chivo y no ameritará prisión si no es usado con violencia, lo que resulta absurdo y preocupante”.
Pidió al gobernador que separe de sus cargos al secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández.

El gobierno del estado “ha sido un obstáculo” para conocer qué ocurrió el jueves pasado cuando 28 reos fueron asesinados y otros tres resultaron heridos en el penal de Las Cruces, señaló la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga.
Además solicitó una investigación exhaustiva y la separación del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y del secretario de seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
En un posicionamiento de diez puntos, la ex candidata a la gubernatura del estado sostuvo que para saber qué pasó realmente es fundamental atender el exhorto que hizo la ONU para que se realice una investigación exhaustiva, “ante la presunción de que el número de víctimas sea mayor, o se hayan fugado cabecillas del narcotráfico”, y llamó a llegar al fondo en la investigación y la sanción del hecho.
La secretaria general del PRD dijo que “se pretende minimizar el grave problema que ocurrió en el penal de Las Cruces en pasado 6 de julio” y que el gobierno del estado considera que con la destitución del director del penal y el encarcelamiento de tres custodios, se hace justicia a las familias de los reclusos asesinados.
Además señaló que el origen de la tragedia “va más allá de la responsabilidad de los custodios y el director del penal cesado.  Tiene que ver con la corrupción por acción o por omisión de los mandos superiores en los órdenes de gobierno estatal y federal”.
Mojica Morga dijo que el PRD exige una investigación exhaustiva a toda la cadena de mando en sistema de Prevención y Readaptación, por lo cual deben ser separados del cargo el Secretario de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno.
Lamentó la omisión del gobierno federal en Guerrero que “naufraga en una espiral de violencia, la suma de muertos ya rebasa las cuatro mil vidas humanas, sin que la autoridad federal haga caso a la demanda de que asuma el control total de la seguridad en un Estado Fallido como es Guerrero.
Esta inacción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del presidente Enrique Peña Nieto, “condenan a los guerrerenses a más violencia”.
Criticó el colapso del sistema carcelario del país durante el actual gobierno federal que ha dejado “saldos de centenares de muertos” y descubierto que el control en los penales lo ejercen los delincuentes “en virtud de una posible colusión entre autoridades estatales y el disimulo de la federación”.
Afirmó que las masacres de en los penales de Topo Chico en Nuevo León, el 6 de abril pasado; la del penal de la Cruces; la fuga masiva de 29 reos en Ciudad Victoria, el 23 de marzo pasado. así como las dos fugas de El Chapo, “son algunas de las expresiones más visibles de una crisis que se vive en este importante eslabón de la cadena de justicia”.
La perredista señaló que la escalada de violencia que vive el país, tiene como origen la impunidad. La disfuncionalidad de la Procuración y Administración de Justicia, la penetración de la delincuencia de los cuerpos policiacos y los sistemas de readaptación sociales en las entidades, no permiten ver una solución en el corto plazo.
“A lo largo de estos años  se han documentado graves irregularidades en los mal llamado Centros de Readaptación Social como la sobrepoblación carcelaria, violaciones a los derechos humanos de los reclusos, venta de drogas y la operación de bandas delincuenciales al interior de las cárceles”.
También exhorta a los ciudadanos a no “convertirnos en espectadores pasivos,  presas del miedo y la desconfianza a las autoridades que no hacen su trabajo”.

Mariana Labastida

La locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec, Marcela de Jesús Natalia, ya fue dada de alta, después de la agresión a balazos que sufrió el 3 de junio al salir de las instalaciones de la estación de radio donde trabaja. Sin embargo se desconoce donde continúa su recuperación.
Marcela de Jesús, según dijo el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, ya podría caminar y hablar.
La locutora que fue herida en el antebrazo y la cara, fue operada a finales de junio en la Ciudad de México para reconstruirle la mandíbula. Después de la cirugía regresó a Acapulco para continuar su recuperación en el hospital general del IMSS, así lo informó su esposo Mario Martínez Bautista, un día después de haber regresado.
El vocero de Seguridad Pública, Roberto Álvarez Heredia indicó que la locutora dejó el hospital días después de haber regresado. Indicó que se desconoce dónde está actualmente.
Solamente que es acompañada por policías estatales como lo indican las medidas cautelares que determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De la Peña Pintos comentó que le informaron que al ser dada de alta caminaba y hablaba, y que continuará su atención médica en consultas programadas.
Marcela de Jesús fue agredida el 3 de junio, cuando salía de su turno como locutora en RTG a las 9:30 de la mañana.
Por la agresión, el 15 de junio, fue detenido en Oaxaca Irving “N”, joven de 21 años originario de Ometepec, a quien el 21 de junio le dictaron prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de homicidio y se dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.

Trabajadores del Comedor Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, de la comunidad de Pueblo Villa Guerrero, municipio de Juan R. Escudero, demandaron apoyo para llevar agua a su comunidad.
“La necesidad que tenemos en el pueblo es del agua potable porque no tenemos, todo el año estamos comprando agua de pozo, y esa es nuestra necesidad más grande”, comentó una de las cocineras.
Al terminar el acto protocolario de conclusión de la capacitación a la estructura de los mil 200 comedores comunitarios que atenderán el problema de la pobreza alimentaria en Guerrero, integrantes del comedor comunitario de Pueblo Villa Guerrero dieron a conocer que solicitaron el apoyo del gobierno federal y del estado para llevar agua potable a su comunidad.
En declaraciones a reporteros, una de las cocineras explicó que desde hace cuatro años están trabajando en el proyecto de comedores comunitarios, pero hace dos se les dio un único apoyo de mil 200 pesos.
Explicó que se les dijo que si participaban en este proyecto federal, su comunidad sería beneficiada con más proyectos que necesitaran, por lo que entre 30 y 40 personas decidieron incluirse.
“Lo que necesitamos, por que al inicio cuando comenzamos con el comedor comunitario nos dijeron que a través del comedor iban a venir varios apoyos y proyectos entonces nosotros con la necesidad y la escasez del agua, pues decidimos tomar el comedor y trabajar en unión todo el pueblo”, relató.
Explicó que la comunidad tiene un serio problema de agua que debe ser atendido por las autoridades, pero que a pesar de presentar documentos en las dependencias estatales, federales y municipales, ninguna les ha resuelto.
“Hemos metido solicitudes y solicitudes aquí con el gobierno con Sedesol con diferentes dependencias y no tenemos respuesta hoy entregamos otra y nos pidieron esperar”, agregó.
Agregó que la comunidad ubicada en Juan R Escudero cuenta con más de 700 habitantes y desde siempre han sufrido de la escasez del agua potable para su vida cotidiana.