Vecinos de la calle José Azueta, en el centro, reclamaron que por las obras de remodelación del Zócalo las aguas negras se estancaron en esa vialidad.
En un recorrido desde la esquina de la calle Benito Juárez a la avenida Adolfo López Mateos, los locatarios señalaron que tras las lluvias aumentó la acumulación de agua en ese tramo que se encuentra en obras.
Los trabajos, que iniciaron hace más de un mes como parte de la segunda fase de la remodelación de las calles del Centro, fueron tomados en los primeros días como un “mal necesarios”, señalño el vecino Juventino Andraca porque, según comentarios del encargado, se daría amplitud a la calle “pero no se consideraron las lluvias y los problemas del sistema hidrosanitario de la zona”.
Vecinos manifestaron que caminar por la zona es casi imposible, “hay días que no ponen tablas para pasar entre los pozos que abren. Ahí está una coladera abierta y te puedes caer o allá está otro registro que también te puedes tropezar”.
Frente a la esquina de la calle La Paz, en la obra se observó un gran charco de agua verdosa, y los trabajadores explicaron que una tubería se había roto.

Vecinos de las calles Pachuca y Zimapán, de la colonia Progreso, se quejaron porque carecen del servicio de agua potable desde hace 15 días y tienen que comprar pipas.
Ayer en declaraciones a reporteros, el vecino Felipe Silva Almeda dijo que los colonos han hecho como 10 reportes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y “no hay una solución”.
Detalló que la autoridad sólo les dice que “falta una válvula y que no la pueden conseguir y nosotros no tenemos la culpa de la fuga que están reparando, debido a eso cerraron para que no se estuviera tirando el agua”.
“Dicen en la CAPAMA que no tienen una válvula, son más de dos semanas sin agua y no tenemos para el baño, lavar trastes, ropa, tenemos que andar comprando garrafones, pipas”, señaló el vecino de la calle Pachuca.
Explicó que en su caso tuvo que comprar cuatro pipas, cada una con un costo de 400 pesos.
Detalló que en su caso ya pagó el recibo del servicio, por ello el llamado a la CAPAMA es “que necesitamos el servicio para nuestras necesidades, tenemos niños, y más ahorita que hace mucho calor”.

Este lunes no se trabajó en la obra de remodelación y repavimentacion en la avenida Farallón, luego de que el sábado pasado se pararon labores antes de la hora de salida por el asesinato de un trabajador.
La obra en la avenida Farallón empezó en febrero, y en el inicio de la Semana Santa se terminó el carril que va de la avenida Cuauhtémoc a la glorieta de La Diana. Después de las vacaciones se empezó a abrir el carril contrario, en el que todavía se trabaja y sólo se ha colado un tramo de unos 50 metros.
Según dijeron el sábado los propios trabajadores, ese día se pretendía laborar hasta las 6 de la tarde, cuando el horario normal es hasta las 2, porque se pretendía avanzar en el colado del cemento hidráulico y cubrir la parte de la avenida donde ya se cambió la tubería.
Sin embargo, después de que le dispararon a uno de los trabajadores, la obra se detuvo y a las 11:30 de la mañana se retiraron todos. Incluso se llevaron el taladro hidráulico que había estado por la mañana rompiendo rocas que salieron durante la excavación para el cambio de tubería.
Ayer algunos trabajadores llegaron a laborar pero les avisaron que hasta el martes se continuaría la obra.
En el lugar solamente habían tubos y la manguera que se coloca para el cableado.
La falta de trabajadores se notó más a la hora y salida de las escuelas, debido a que la falta de señalización y semáforos coordinados ocasionó congestionamiento vial, al no haber nadie que evitara que los vehículos entrarán de la avenida Cuauhtémoc a La Diana y se encontraban de frente con los que subían.

Representantes de varias organizaciones productoras que integran el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, solicitaron al gobierno municipal la creación de un fideicomiso para obtener financiamiento para agricultores, pues reprocharon que el presupuesto para ese sector se redujo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Asociación Ganadera, ubicadas en el bulevar Vicente Guerrero, la presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Pilar Campos Tapia, reprochó que los gobiernos destinan más recursos para su imagen que a la producción de maíz, frijol, arroz, limón y el ganado.
Dijo que la exigencia del consejo es que el alcalde Evodio Velázquez, el secretario de Planeación, Víctor Gómez Zanabria, y el director de Desarrollo Rural, Iván Saldaña, se sienten a discutir con ellos las políticas públicas para el campo, y apoyar a los 10 mil productores a quienes se les entregan fertilizante y paquetes tecnológicos.
Abundó que la petición al gobierno es para que le apueste al turismo y también la alimentación de los guerrerenses; “el mayor recurso debe estar destinado a la producción en el campo, abrir caminos, que la gente pueda producir maíz, frijol, arroz y ajonjolí”.
“¿Cuánto se gasta el Ayuntamiento con las plantitas de la Costera, los foquitos? digo no puede ser tan importante ponerle las plantitas”, señaló, y mencionó que pidió información del presupuesto para el campo “porque no hay claridad, más que en un solo programa que se llama el Concurrente, que es de 800 mil pesos, y es ridículo”.
Campos Tapia agregó que los integrantes del consejo “estamos pugnando por la creación de un fideicomiso que permita traer recursos más fuertes para la zona rural, no hay otra solución más que crear un fideicomiso para poder acceder a créditos”.
Recordó que una de las críticas a los gobiernos “es que destinan más recursos para su imagen que para la producción en el campo, y eso lo vimos en un Ayuntamiento que abrió las puertas al presupuesto”.
Por su parte, Aureliano Trejo Añorve, representante de la Colina de San Antonio Sociedad de Producción local, dijo que hay reuniones con funcionarios “pero son de trámite para cuestiones menores o que les obliga la inercia del presupuesto, en este caso con la Concurrencia, en le que este año se asignaron 800 mil pesos que no son útiles”.
Agregó que hay problemas que él y los integrantes quieren plantear al alcalde Evodio Velázquez, porque “no hay sistemas de riego para la industria del limón, que los ganaderos puedan establecer fincas de forraje para los animales”.
Sostuvo que el rastro es importante porque “no sabemos qué estamos comiendo, no sabemos sin son reses enfermas o de mala calidad, hay problemas graves que no se están tocando porque no hay la respuesta del gobierno”.
En tanto, la representante de la Unión de Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras, Rosario Guerra, indicó que el área rural no sólo necesita paquetes tecnológicos o maquinaria, sino educación y agua potable, “porque es imposible que una localidad de donde se extrae el agua como Salsipuedes no tiene agua potable, necesita drenaje”.
Reprochó al alcalde que haya abandonado al Consejo Municipal, “estamos abandonados, sus representantes no van a las reuniones y no es posible que ahorita que hay elecciones de comisarios municipales vemos que hay representantes del alcalde que le han estado metiendo recursos, cuando eso no debe ser cuando hay elección”.
El delegado de los productores de limón, Feliciano Molina Dircio, dijo que este gobierno se ha alejado y no les ha dado la oportunidad de explicar las necesidades del campo, que se requieren sistemas de riego, la donación de un terreno por parte del municipio, además de una cámara fría para tener limón las 24 horas.
Estuvieron también en la conferencia el representante de la Asociación Ganadera, Miguel Villavicencio, y el presidente de RASA, Arturo Santiago Candelario.

Vecinos del poblado Paso Limonero protestaron afuera de las oficinas de la delegación municipal en esa zona, para exigir al gobierno municipal que no imponga a la oficial del Registro Civil, Purísima Concepción, que es propuesta de la síndica administrativa Teófila Platero Avilés.
Unos 50 vecinos, encabezados por el ex delegado Salustio Bernal Alarcón, protestaron con cartulinas en las que se leía: “no queremos cambio”, y “Nuestra opinión es la más importante”, asimismo pidieron a la autoridad municipal la ratificación de Gilberto Mata Peñaloza, a quien la regidora María de Jesús Antonio Reynoso propone.
Después de media hora de protesta, que empezó a las 9 de la mañana, al lugar acudió el director de Registro Civil, Ricardo Martínez Sánchez, para dialogar con los inconformes y que permitieran que se hiciera la entrega-recepción en el inmueble, pero los vecinos no quisieron.
El funcionario dijo que acudió también personal de Contraloría, Control Patrimonial y de Gobernación, y que se levantó un acta en la que se indicó que no se pudo realizar la entrega-recepción, en espera que los ciudadanos decidan retirar su protesta.
“Queremos que el presidente municipal se dé cuenta de que los ciudadanos estamos en contra de las decisiones que se tomaron al querer a remover a nuestro oficial de Registro Civil, y lo que estamos peleando es que se respete porque el domingo hubo una asamblea de 400 personas y se manifestaron a favor de que el ex oficial siga en funciones”, indicó Bernal Alarcón.
Explicó que hace un mes él y los vecinos hicieron una protesta en el Palacio Municipal para pedir la ratificación del oficial, y también entregaron firmas.
Aclaró que no hubo ningún acuerdo: “el acuerdo lo tomaron ellos sin la presencia de la regidora (María de Jesús) y lo que se habla aquí es que el síndico Ilich Lozano Herrera es el que provocó esta inconformidad y también los regidores”.
Salustio Bernal reprochó que las autoridades no hayan hecho “bien las cosas” porque no tomaron en cuenta las firmas de los ciudadanos, “porque no fueron 10 sino cientos y por ello estamos aquí para pedir la ratificación del oficial”.

Desde hace 36 años, la Secretaría de Marina (Semar) tiene “el control directo” de la isla La Roqueta.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 6 de noviembre de 1981, se indica que la isla La Roqueta quedaría bajo el control directo de las fuerzas marítimas.
Sin embargo en un segundo acuerdo emitido un año después, el 25 de noviembre de 1982, se establecieron las reglas para “ajustar” los proyectos de desarrollo turísticos en la ínsula para “acceder a un desarrollo integral y equilibrado, que contemple los requerimientos de la oferta turística y adecuada y racional utilización de las superficies de edificación respectivas”.
Integrantes del Comité Prodefensa de la Isla La Roqueta promueven desde el año pasado el decreto de la ínsula como Parque Marino, y señalaron que el gobierno estatal mantiene una postura “muy tibia” para que el trámite ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se concrete y Guerrero sea la primera entidad con un parque de esa categoría en el Pacífico.
Como lo informó El Sur en estas páginas, la semana pasada los ambientalistas dieron a conocer que el acceso al faro de la isla había sido prohibido por el grave deterioro que ponía en riesgo a los visitantes.
Posteriormente, el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, informó que la decisión de cerrar el atractivo turístico a los visitantes fue por seguridad, y añadió que la Semar carece de presupuesto para dar mantenimiento a la infraestructura; no obstante que habría reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de servicios turísticos para llegar a acuerdos y tareas que permitan recuperar el área y ofrecer servicios en mejores condiciones a los turistas y visitantes a la ínsula.
En los “considerandos” del acuerdo publicado en 1982 se puede leer: “se hace indispensable que la Secretaría de Marina tenga una acción completa y eficaz sobre la isla La Roqueta para permitir una mejor vigilancia en ella y de las costas de ese litoral, así como la ejecución de trabajos topohidrográficos, de investigación oceanográfica y de desarrollo integral de dicha isla”.
Entre los acuerdos de ese texto se detalla que la Semar “ejercerá sobre todo el territorio de dicha isla su autoridad, de conformidad con sus facultades, a través de las autoridades de la Armada”, además que “organizará los servicios necesarios para el control y gobierno de la mencionada isla, con entero apego al reglamento que para que tal objeto expedirá”.
También se establece que la Secretaría de Turismo elaboraría los planes y programas de la actividad turística, con el fin de integrar a la isla al proceso de planificación turística nacional y se dejó también la tarea de supervisar las obras de infraestructura, mejoramiento y rehabilitación.
Se puntualiza que las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de inmuebles federales, de zona federal marítimo terrestre o de las playas que otorgó la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas para fines turísticos, tendrían una vigencia de hasta 30 años.
Actualmente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene registrados a seis concesionarios en la isla.
En el acuerdo de noviembre de 1982 se establecen las normas a las cuales “se deberán ajustar los proyectos de Desarrollo Turístico en la Isla”, y deja a la Sectur federal como responsable de integrar un reglamento.
Y parte de que “considerando” que la isla “es susceptible de acceder a un desarrollo integral y equilibrado, que contemple los requerimientos de la oferta turística y la adecuada y racional utilización de las superficies de edificación respectivas”, e indica que “el acuerdo establece las normas a las cuales se deberán ajustar los proyectos de desarrollo turístico en la isla La Roqueta”.
“La Secretaría de Turismo conservará la facultad de supervisar en todo momento que las obras de infraestructura, mejoramiento y rehabilitación que en materia turística realicen los particulares en la isla, se adecúen a las disposiciones relativas del Plan de desarrollo Turístico, pudiendo hacer las observaciones y objeciones que considere pertinentes”, indica uno de los 14 acuerdos contenidos en el documento.
Se añade que con el propósito de conservar y aprovechar los recursos turísticos de la nación, “el Plan de Desarrollo Turístico de la isla comprende la creación de un acuario, granja ostrícola, jardín botánico submarino, orquidario e invernadero; considerando la creación de un parque nacional insular que incluya una zona de reserva de especies y aves marítimas”.
Otro artículo establece que con el objeto de que las obras de infraestructura, mejoramiento, rehabilitación y prestación de servicios en materia turística se ajusten al Plan de Desarrollo Turístico de la isla, la Secretaría de Turismo contará con una Comisión Mixta de Desarrollo Insular, renovable anualmente e integrada por representantes de los sectores Público, Privado y Social, presidida por el secretario de Turismo.

Nelson Mandela afirmaba que el hecho de tener que usar métodos pacíficos o violentos depende de la situación. La violencia sólo se justifica cuando los métodos pacíficos resultan insuficientes. Recordaba a Jesucristo quien, en su época, usaba la fuerza en ocasiones porque en situaciones concretas era el único lenguaje que podía usar.
Grandes ríos de tinta y enormes caudales de palabras han corrido respecto a los temas vinculados con la seguridad. Estrategias y acciones van y vienen sin que haya resultados positivos. La población se siente cada vez más desprotegida y sin la confianza para acudir a las instancias que, supuestamente, están para proporcionar seguridad y justicia.
Graves y grandes errores se han cometido en el diseño y ejecución de acciones cuyo propósito ha sido el dar al pueblo la seguridad que le garantiza la Constitución General de la Republica. Los programas federales, estatales y municipales han sido insuficientes e ineficientes. La violencia y el imperio de la no ley se vuelven cada vez más conocidos por las comunidades de la costa y de la sierra, de las ciudades, de los pueblos y del campo.
Pasa el tiempo y no sólo la seguridad pública no mejora; día con día se advierten señales del deterioro que en todos los ámbitos vive el estado, pese a que ello no hace mella en el optimismo que desde su arribo al poder manifiesta el gobernador Héctor Astudillo.
En ese contexto es que la semana pasada se dio a conocer un nuevo grupo de autodefensa, conformado por pobladores de diez comunidades de los municipios Eduardo Neri y Tepecuacuilco, el cual tiene como finalidad intentar detener la ola de asesinatos, asaltos y extorsiones que sufren en la región.
Esta modalidad, que ya lleva años en el estado, ha surgido al igual que en otras entidades del país, ante la ineficacia de las instituciones de seguridad pública, incluso en muchas ocasiones infiltradas y dominadas por los criminales.
La inseguridad orilla a los pobladores a buscar formas de resguardo ante la criminalidad sin freno, aunque desde luego se trata de mecanismos irregulares con todos los riesgos que ello implica, el principal, ser auspiciados o penetrados por los mismos grupos de delincuentes para darle cobertura a sus actividades.
Lo cierto es que la crisis en la materia ha derivado en que los organismos policiacos exhiban cuarteaduras en su estructura. Las corporaciones municipales de plano no le dan confianza ni a sus jefes, menos a la ciudadanía.
Y la policía estatal no va mucho mejor. El paro de hace una semana de los agentes del estado culminó con el cese de 176 de ellos. Los policías demandaban equipo, respeto a sus días de descanso y un bono de riesgo. El movimiento terminó por lo pronto, pero la inconformidad y el peligro en que cotidianamente realizan su trabajo persistirán y se agravarán, pese a que el gobierno asegure que son de los mejor pagados del país.
Entretanto, la cuenta de ejecuciones y demás atrocidades a cargo de los grupos enfrentados de criminales se incrementa sin cesar, e incluso quienes ejercen el periodismo están con creciente frecuencia entre las víctimas. El fin de semana fue baleada al salir de su centro de trabajo en Ometepec la locutora amuzga Marcela de Jesús Natalia, quien actualmente se encuentra hospitalizada en estado de gravedad.
El atentado ocurrió sin importar que hace unos días el gobierno de Guerrero anunció que instrumentaría protocolos de seguridad para los periodistas guerrerenses.
Tampoco tuvo ninguna solución favorable el secuestro, robo y amenazas a los reporteros que hace unos días cubrían los bloqueos de caminos en la región de Totolapan, cometido por una banda armada que por lo que se ve, no es molestada por los cercanos retenes militares.
Así, entre policías descontentos, mal equipados y desmotivados por batallas que casi nunca ganan, y organizaciones criminales cada vez más fuertes y de crueldad exacerbada que dominan territorios y caminos del estado, transcurre la vida en Guerrero.
Hay un ingrediente adicional que se convierte en causa y efecto para agravar el problema de la seguridad pública, es la comunicación. Estrictamente en este tema se incurre en el error de querer resolver un problema produciendo el efecto y el resultado exactamente contrario. En el intento de informar del equipamiento, refuerzo de recursos técnicos y humanos, se cae en lo que algunos especialistas llaman la mercadotecnia de la violencia. Por eso recomiendan que los temas vinculados a la seguridad pública deben tener resultados concretos, sin promoción y sin difusión. Exactamente lo contrario de lo que apetecen los políticos o gobernantes, intentar convertirlos en instrumentos de fama y reconocimiento.
A esta situación no se le ve el fin y no se le ve mejora alguna, no obstante el esfuerzo y su clasificación de prioridad.
La referencia a Mandela no significa una invitación al uso de métodos violentos, sino a la reflexión de la fortaleza de carácter que debe caracterizar al gobernante, especialmente cuando la debilidad institucional le obliga al sacrificio y la reflexión. Pero esos son temas, cuya densidad no es apta para la superficialidad imperante.