Integrantes de la Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig) se reunieron con el subsecretario de Auditoría y representante del gobierno del estado ante el Fideicomiso Pago (Fipago), Arturo Latabán López, para demandar la modificación al artículo octavo transitorio de la ley del Fideicomiso, que incluiría a casi 40 mil defraudados de Productos Amor en el programa de pagos.
Al término de la reunión privada que duró casi dos horas y media, se consultó a los 30 defraudados y a sus representantes legales, quienes también denunciaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores nuevamente los dejó plantados.
El representante de Adafig en la región Centro, Miguel Rodríguez Arteaga reprochó que Astudillo Flores envió a representantes, cuando él iba a presidir directamente esta reunión, según habían sabido.
A la reunión también acudieron representantes de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), de Administración y Finanzas, y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Abundó que la reunión fue porque se ha visto lento el seguimiento del gobierno del estado al caso de los defraudados.
“Nosotros hicimos el planteamiento de que si no vemos, por parte del gobernador, el impulso a la iniciativa de ley para la modificación el artículo octavo transitorio de la Ley de Fipago… todos los defraudados de 52 municipios vamos… a paralizar el estado”, detalló.
Agregó que, en la campaña para ser gobernador, Astudillo Flores les prometió que los iba a apoyar; por eso acordaron seguir sus peticiones por una vía pacífica, pero no hay avances.
Resaltó que el acuerdo fue que en menos de 60 días les tienen que gestionar una reunión directa con el gobernador, con el fiscal general Javier Olea Peláez, con los diputados federales, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el subsecretario de Gobernación federal, René Juárez Cisneros.
Será hasta este jueves cuando les entreguen la minuta de acuerdos firmada con cada una de sus demandas para atender a los defraudados de Productos Amor, casi 40 mil familias, de las cuales 17 mil 500 interpusieron una demanda en la FGE, y sólo han ratificado 10 mil 500, por lo que les urge reunirse con el fiscal.
El representante legal, Jaime Alvarado indicó que estas mesas de trabajo son urgentes, para aprovechar el próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, para que se suba al pleno la iniciativa y pueda ser aprobada.

