Alina Navarrete Fernández / Alejandro Guerrero

Chilpancingo / Iguala

En la jornada del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Chilpancingo, integrantes de la CETEG bloquearon avenidas y en la región Norte tomaron la supervisión escolar 149, en Ixcapuzalco; mientras que en Iguala realizaron acciones de volanteo y difusión de su protesta en el hospital del ISSSTE y en el centro de la ciudad.
Los maestros cetegistas en Chilpancingo bloquearon la avenida Vicente Guerrero, frente a la Delegación de Servicios Educativos de la región Centro, a unos metros de la alameda central Francisco Granados, y la avenida Ruffo Figueroa, frente a la clínica del ISSSTE, en las inmediaciones de la glorieta Pleasant Hill.
Ambos cierres de la circulación vial comenzaron alrededor de las 11 de la mañana y concluyeron unas dos horas después. Mientras que, al mediodía, un grupo de cetegistas se trasladó a la central de autobuses ubicada en la lateral del bulevar Guerrero, donde se apoderaron de tres unidades de distintas empresas.
Los manifestantes indicaron que los autobuses serán utilizados para que maestros y trabajadores administrativos se trasladen a Ciudad de México, con el objetivo de reforzar las acciones de la CNTE.
Durante la protesta frente a la clínica del ISSSTE, los cetegistas colocaron pancartas en la barda de las instalaciones, con mensajes como “¡Sheinbaum y Morena cumplan su palabra! Regreso al sistema solidario de pensiones. No a las UMA, bancos buitres, CNTE-CETEG” y “las clínicas del ISSSTE son para morir, ¿dónde están las cuotas? Reformas beneficiaron a los bancos, CNTE-CETEG”.
En declaraciones, la líder Reyna Bello de Jesús reprochó que la presidenta Claudia Sheinbaum justifica la falta de respuesta a las demandas del magisterio disidente, con el argumento de que “no hay recursos”, pero pretende que los servicios de salud se sostengan a costa de los trabajadores.
Aseguró que “sí hay dinero”, ya que las 10 Afores más destacadas del país manejan millones de pesos, “que tienen los bancos de los ahorros de los trabajadores en México, es exigirle a esos bancos y a los diputados que se regrese al sistema solidario de pensiones”.
Informó que las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, suspenden clases de manera intermitente, para poder sumarse a las protestas que se realizan en el estado y el país; mientras que las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fueron cerradas por los propios trabajadores.
Aunque no proporcionó una cifra exacta, calculó que, por lo menos, unos 8 mil trabajadores administrativos participan de manera activa en el paro laboral; en tanto, que unos 2 mil maestros y trabajadores administrativos, de las escuelas de nivel básico, también se suman de manera intermitente, debido a los acuerdos establecidos en cada zona escolar para evitar afectar a los alumnos.

Mantienen las tomas en Iguala

En Iguala, la CETEG mantiene la toma “indefinida” de la delegación de la SEG, de la jefatura del sector 09 de Educación Preescolar, la supervisión del sector 13 de Educación Primaria y la Coordinación de Educación Física, todas con sede en esta ciudad.
Luego de realizar recorridos en algunas escuelas, para dar información a los padres de familia respecto al paro laboral, a las 11 de la mañana una comisión de unos 25 docentes, encabezados por el coordinador de la comisión política de esta fracción de la CETEG, Víctor Hidalgo Ramírez, se colocó en el acceso principal del hospital del ISSSTE, sin impedir el acceso o salida de trabajadores y derechohabientes.
Mientras unos mostraban una lona con las exigencias, en esta jornada de lucha y paro nacional, entre ellos, la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007 y el incremento salarial del 100 por ciento, otros repartieron volantes informativos entre los derechohabientes y trabajadores dentro de las instalaciones, así como con los que llegaban y choferes del transporte público que pasaban por la avenida Heroico Colegio Militar.

Para la 1 de la tarde y durante cerca de dos horas, la comisión se movilizó a la esquina de las calles Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, afuera del Palacio Municipal, donde repartieron volantes informativos a los peatones, así como a pasajeros y choferes del transporte público.
En las papeletas entregadas se informa de las razones del paro nacional y dicen a los padres de familia que “como maestros, no podemos enseñarles a sus hijos a que sean conformistas y que se resignen a que otros decidan por ellos. No seríamos buenos maestros”.
Ante ello, exigen también una jubilación y pensiones dignas, un salario que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias, atención eficiente en las clínicas de salud, con abasto suficiente de medicamentos, aparatos e infraestructura eficientes y suficientes para atender a todos los derechohabientes.
En declaraciones por teléfono, el encargado Víctor Hidalgo informó que este jueves se sumaron al paro nacional sus compañeros del municipio de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco), quienes tomaron las oficinas de la supervisión 149 de Educación Primaria, con sede en esa cabecera municipal, la cual pertenece al sector 15 de Teloloapan. Dijo que prevén que cada día se vayan sumando más escuelas y trabajadores al paro laboral.

Agencia Reforma

Washington / Ciudad de México

El pleno de la Cámara baja de Estados Unidos aprobó ayer el masivo plan fiscal y gastos del Presidente Donald Trump incluido un impuesto de 3.5 por ciento a los envíos de remesas al extranjero además de otras gigantescas inversiones en muros fronterizos y para deportación de indocumentados.
Por 215 votos a favor y 214 votos en contra, la mayoría republicana logró avalar el plan bautizado como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” que cristaliza las prioridades de gobierno de Trump, incluyendo un gasto histórico en medidas de seguridad fronteriza y control migratorio.
En una maratónica sesión de más de 24 horas, los republicanos recortaron el impuesto a las remesas de cinco por ciento que originalmente habían propuesto para dejarlo en 3.5 por ciento, luego del cabildeo de críticas de la industria de servicios financieros así como de diversos Gobiernos extranjeros incluyendo el de México.
Originalmente, el Comité Conjunto de Impuestos de la Cámara baja había calculado que el impuesto de 5 por ciento a las remesas lograría recaudar más de 22 mil millones de dólares entre 2025 y 2034 pero hasta el momento no se ha publicado una actualización del cálculo; el gravamen iniciaría a aplicarse en 2026.
Según el Banco Mundial, México es el segundo país de destino de las remesas después de la India.
El Presidente Donald Trump celebró que la Cámara baja aprobara el proyecto fiscal y urgió al Senado que igual lo avale “lo antes posible” para que él lo firme como una ley.
Tras calificarla como histórica, el Mandatario agradeció a los republicanos que impulsaron la reforma bajo el liderazgo de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

Se seguirá negociando con senadores de EU la eliminación del impuesto, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Gobierno mexicano seguirá trabajando para que no haya impuesto a remesas de Estados Unidos, y reconoció la disminución del gravamen del 5 al 3.5 por ciento que aprobó esta mañana en el Congreso estadounidense.
“La tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del cinco al 3.5 por ciento, de todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer, y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México”, expresó.
La presidenta agradeció a Esteban Moctezuma, Embajador de México en los Estados Unidos, y de senadores por el trabajo realizado para la disminución del gravamen.
“Esta mañana se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, falta que pase por el Senado, y el trabajo que hemos estado haciendo, agradecer al Embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron, y el trabajo que hemos hecho público”, reconoció.
Asimismo, Sheinbaum señaló que hablarán con senadores republicanos y demócratas para que el impuesto aprobado por el Congreso estadounidense no aplique a México, ya que existe un convenio binacional en el que se impide que el cobro del gravamen se aplique dos veces, aunque dijo que es “bueno” que se haya reducido por lo pronto, de 5 a 3.5 por ciento.
“Vamos a seguir hablando con los senadores republicanos y demócratas, de los dos partidos, explicando el porqué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en el País”, afirmó.
“México es el único que ha estado hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones de Estados Unidos, también los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes, y vamos a seguir trabajando en este tema para que no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto porque es discriminatorio, pero es bueno, por lo pronto, que haya bajado de 5 a 3.5 por ciento”, agregó.
La Presidenta reiteró que la aprobación del Congreso estadunidense aplica para todos los países y no exclusivamente para México, y acotó que para el País las remesas representan alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para otros países centroamericanos llega a ser hasta el 20%.

“Es un avance” la reducción de la tarifa, declara el embajador Esteban Moctezuma

El Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dijo que la reducción de 1.5 por ciento al gravamen a remesas es “un avance” para migrantes y sus familias.
En un breve mensaje, el funcionario festejó que el impuesto no sea de 5 por ciento, como se proyectó en un inicio, sino de 3.5 por ciento. “Buenas noticias sobre el cargo a las remesas”, publicó el Embajador en X.

No es una “buena noticia” para México, considera Marcelo Ebrard

Tras el anuncio de que envíos de remesas desde Estados Unidos a México sufrirán un impuesto de 3.5 por ciento, la Secretaría de Economía (SE) y el sector empresarial coincidieron en que no es una buena noticia, pese a que es una tarifa menor a la planteada.
Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, señaló que la medida incluso pone riesgo de reciprocidad de medidas por otros países.
“Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya, aún falta la batalla en el Senado.
“Ahora, estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero, porque desde el punto de vista ético, grabas a los más pobres y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países, respecto también a EU, pero vamos a ver qué sucede en el Senado. El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas, porque no es justo”, afirmó el funcionario tras participar en el México-Italia Foro Empresarial.
Además, comentó que el tema que no será parte de su agenda de trabajo durante su próximo viaje Washington D.C, pues corresponde a la Secretaría de Hacienda (SHCP).
“Lo lleva Hacienda con el Tesoro. Mañana me toca por los temas propiamente comerciales, acero-aluminio, el tema de la tarifa de fentanilo y migración”, acotó Ebrard.
En el marco de su participación en el Foro Empresarial México-Italia, Alejandro Malagón, presidente nacional de Concamin, aseguró que lejos de considerarse algo positivo por ser menos que 5 por ciento, el efecto es negativo.
En tanto, bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado advirtió que el impuesto de 3.5 por ciento a las remesas es un duro golpe a la economía.

Reportan cifra récord en inversión extranjera durante el primer trimestre

México registró un récord en la inversión extranjera durante el primer trimestre de este año, informó Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.
“El último dato es 21.4 miles de millones de dólares, es el más alto histórico que hayamos tenido: 21 mil 400 millones de dólares. Esto crece respecto a todos los años anteriores”, indicó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la inversión extranjera demuestra que hay confianza para invertir en el País. “El tema de los aranceles cambió mucho la economía mundial, pero los indicadores de la economía de México son muy buenos.

Agencia Reforma

Miami / Ciudad de México

Ayer por la mañana, la Jueza civil Lisa Walsh en Miami sentenció a Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra por su participación en un esquema de contratación ilegal en el Gobierno mexicano durante las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En una audiencia pública, la Jueza dictó que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares (unos 15 mil millones de pesos). Su esposa, Cristina Pereyra, debe pagar mil 740 millones de dólares (unos 33 mil millones de pesos) por haber participado, ambos, en recibir ganancias de los contratos de seguridad que se firmaron con el Gobierno, supuestamente para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en México.
En 2021, el Gobierno mexicano demandó a García Luna, su esposa y más de 50 personas y empresas en Miami, por haber comprado allí propiedades y hecho inversiones con millones de dólares que se pagaron en México con dinero del Gobierno federal. García Luna no respondió a la demanda. Su esposa sí lo hizo, pero no cumplió las órdenes de la Corte y fue declarada “en rebeldía” el 21 de febrero de 2024.
El juicio estaba programado para comenzar en abril, pero no sucedió, ya que las partes anunciaron que habían llegado a un “acuerdo preliminar”. Las partes eran otras empresas, algunos ex funcionarios de Gobierno y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes fueron socios de García Luna en estos negocios.
El 19 de mayo, los abogados que representan al Gobierno mexicano presentaron declaraciones para apoyar su solicitud de sentencia final, que habían presentado en abril.
Ayer por la mañana, la Jueza dio la razón al Gobierno mexicano y dictó sentencia contra el funcionario y su esposa. En la condena, la Jueza aplicó la Ley Rico, que regula actividades de crimen organizado y lavado de dinero en Estados Unidos.
La jueza confirmó que Pereyra participó en la malversación de 580 millones de dólares y García Luna lo hizo en desviar 249 millones. Aplicando la Ley Rico, a solicitud del Gobierno mexicano, dictó una sentencia final en contra de García Luna y Pereyra por tres veces el monto que habían demostrado los abogados del Gobierno.
Aunque este es un caso civil, al confirmarse esta sentencia podrían seguir acusaciones criminales contra García Luna y su esposa, tanto en México, donde ocurrió la malversación de fondos, como en Estados Unidos, donde se invirtió el dinero.

Recupera el gobierno de México 2.8 mdd de los desvíos imputados a García Luna

El Gobierno de México ha recuperado 2 millones 801 mil 672.72 dólares de los desvíos del erario que le imputan a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, a través de contratos a sus empresas de consultoría y seguridad.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que los activos fueron reintegrados, con base en 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente contra García Luna, su esposa y sus 5 empresas, como resultado de su omisión de comparecer en la demanda civil presentada en una Corte de Miami.
Los activos fueron recuperados como parte de la demanda civil presentada el 21 de septiembre de 2021 por la UIF contra García Luna y su esposa en la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami-Dade, con el propósito de recuperar 745.9 millones de dólares.
La demanda fue presentada contra un total de 8 personas físicas y 39 personas morales, incluidos los socios y supuestos prestanombres de García Luna, los empresarios Mauricio Weinberg Lopez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.
También contra el ex Subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, José Francisco Niembro González, y su esposa Martha Nieto Guerrero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que procederá a localizar bienes de los prestanombres de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, para ejecutar la sentencia de un juez de Florida que los condenó a pagar 2 mil 488 millones de dólares.
El organismo, que preside Pablo Gómez, dijo que no han detectado nuevos bienes del ex mando policiaco, su esposa y empresas, pero que continuará con la búsqueda.

“Tenemos que ver la letra chiquita” en la sentencia, dice Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, titular de la secretaría de Gobernación, calificó como una buena noticia la sentencia en contra del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, en una corte de Miami, en Estados Unidos.
Sin embargo, dijo que esperarán a conocer la “letra chiquita” para enterarse, por ejemplo, de los tiempos.

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El Poder Judicial es una élite altamente profesionalizada, conformada en gran medida por personas blancas; no hay cabida para las personas indígenas, pues han sido excluidas, invisibilizadas y, por lo tanto, la mayoría de los jueces son insensibles ante las realidades de los pueblos originarios, denuncia en entrevista con El Sur Eduardo Martínez Gutiérrez, director de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales.
Esta organización promueve la formación judicial de personas indígenas para ocupar espacios en el Poder Judicial y juzgar con perspectiva intercultural y antirracista.
Zapoteco originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, Eduardo y su equipo buscan que haya más jueces y juezas, magistradas y magistrados que hablen lenguas indígenas, pues en ese estado sólo dos jueces lo hacen, contra 33 por ciento de la población oaxaqueña –un millón 200 mil habitantes– que habla un idioma originario.
“Por lo tanto, 33 por ciento de los jueces y juezas debe ser hablante de lenguas indígenas”, enfatiza Martínez Gutiérrez. Y se tendrían que “reservar de 52 a 55 espacios para esta población”, propone.
“Creemos que, con eso, podríamos empezar a cambiar el sistema de justicia, volverlo más plural. Que existan personas más sensibles ante la realidad de las injusticias que viven los pueblos indígenas. Se requiere hacer un esquema en donde se forme exclusivamente a perfiles indígenas para que lleguen a ocupar esos cargos”, agrega.
–Esa falta de representación, ¿se repite en otras entidades del país, como Guerrero, vecino de Oaxaca?
–No hemos encontrado que algún Poder Judicial local desagregue los datos por grupo étnico. En el país ningún estado lo hace y en Oaxaca lo hicieron por un estudio específico de género que arrojó esos datos. Ni siquiera el Poder Judicial federal tiene esos datos como tal. Pero es una cuestión sistemática. Si en el estado con mayor población indígena y en donde el movimiento indígena es visible, es completamente invisible la presencia de personas indígenas en el Poder Judicial, no dudo que sea igual de invisible en otros lados.

Racismo, discriminación,
ignorancia e insensibilidad

La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales se percató de la falta de postulantes que hablan lengua indígena para el Poder Judicial a pesar de la diversidad lingüística que existe en México, donde se estima que más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena.
En los pueblos originarios hay más de 360 variantes lingüísticas. “Eso habla de una diversidad lingüística muy compleja, que implica también una diversidad cultural. Las personas hablan una lengua distinta y piensan de forma distinta”, contextualiza Eduardo.
Cuando los pueblos indígenas mantienen comunicación con el sistema de justicia, añade, enfrentan un choque lingüístico y, por lo tanto, un choque cultural y epistémico. “No hay forma de que el sistema de justicia se comunique con los pueblos y con las personas indígenas”, advierte.
Esto ha sometido a los pueblos durante mucho tiempo a numerosas violencias, lamenta, “y hemos encontrado de forma sistemática la violación de derechos lingüísticos de las personas indígenas”.
Cada seis meses, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales ingresa a los centros de detención y a los reclusorios para dialogar con las personas indígenas. “La situación que encontramos es sumamente difícil. En México existen 7 mil personas indígenas privadas de su libertad. De esa cantidad, más de 70 por ciento no tuvieron acceso a un intérprete durante su proceso judicial. Esas personas desconocen el estatus de su expediente judicial, los motivos de su detención, sus derechos y por lo tanto son susceptibles a actos de tortura”, expone.
Esta situación se debe a varios fenómenos, como el racismo y la discriminación, “que están arraigados profundamente en el sistema de justicia. Existe una tremenda insensibilidad por parte de los funcionarios judiciales, que además son ignorantes en temas de diversidad lingüística”.
Desconocen que las personas indígenas son hablantes de su propio idioma, que tienen una forma de pensar distinta y, por lo tanto, deben ser juzgados desde una perspectiva intercultural, con la presencia de un intérprete-traductor y al menos acompañados por un defensor, de acuerdo con la ley, con conocimiento de su lengua y su cultura.
“Esto desafortunadamente no pasa, por cuestiones presupuestales”, menciona Eduardo. “No existe en México una política pública en materia de interpretación y traducción. Desafortunadamente, las personas indígenas se enfrentan a un sistema de justicia en una lengua que no hablan y esto se debe a la insensibilidad de los funcionarios, fiscales y jueces. Como si ser hablante de una lengua indígena o no dominar el español fuera sinónimo de retraso mental”.
En este contexto de funcionarios que desconocen la diversidad lingüística y cultural, y que a través de sus sentencias reproducen estereotipos raciales, “los pueblos indígenas son vistos como salvajes, atrasados, incivilizados y se enfrenten a un sistema de justicia que es sumamente racista.
“Lo que hemos observado es que las personas que están en el sistema de justicia desconocen la diversidad y tratados de derechos humanos de pueblos indígenas. Obligan a que las personas indígenas renuncien a su derecho a un intérprete. Les dicen que el proceso va a tardar más porque no hay intérpretes y porque una audiencia con intérprete va a tener el doble de tiempo que una audiencia sin intérprete, porque lo que se dice en español se menciona en la lengua indígena”.

El PJ, “el espacio más clasista y
formalista que existe”

Para construir un sistema de justicia distinto al actual, antirracista e intercultural, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales propone que se garantice la llegada de personas indígenas a los espacios de toma de decisión. Por ejemplo, en el marco de la reforma judicial, no existió, como sí existe, por ejemplo, en el Poder Legislativo, una acción afirmativa que establezca un porcentaje de personas indígenas en estos espacios.
“La reforma judicial omitió completamente que haya un porcentaje de personas indígenas en el Poder Judicial. A nivel federal, no se desagregan los datos de pertenencia a un grupo étnico”, comenta Martínez Gutiérrez.
“A las personas que son juzgadoras se les divide por grupo etario y por género, hombres y mujeres. No existe un dato sobre si estas personas en el Poder Judicial son hablantes o no de una lengua indígena. Por lo tanto, existe una invisibilidad de las personas indígenas en el Poder Judicial”, subraya.
El estudio hecho en Oaxaca documenta que solamente dos jueces de los 160 con que cuenta Oaxaca hablan una lengua indígena. De los magistrados o magistradas, ninguno es hablante. A nivel federal, ningún ministro o ministra tampoco es hablante.
“De los ministros para abajo –señala Eduardo–, o de todos los cargos de jueces federales, magistrados de circuito, no tenemos información al respecto. El tema está completamente invisible a nivel federal.
“La reforma no lo contempló, pero las personas indígenas para llegar a esos espacios enfrentan muchísimas barreras. Si nos vamos a los datos, sólo 5 por ciento de la población universitaria en el país es hablante de una lengua originaria. Si acceden a maestrías y doctorados, va disminuyendo de forma gradual el número de personas indígenas.
“La segunda barrera a la que se van a enfrentar es la barrera económica: acceder a altos procesos de profesionalización. Tercero, las personas indígenas enfrentan barreras raciales en el sistema de justicia, que en el país es el espacio más clasista formalista que existe y excluye a las personas indígenas.
“La mayoría de los jueces federales, magistrados y ministros son blancos, lo que implica un tema de pigmentocracia. Estudios del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) arrojan que personas contratarían a personas indígenas solamente para cuestiones de limpieza, como mecánicos o para trabajos de obras, pero no como doctores, abogados u otras profesiones.
“Lamentablemente, aún tenemos arraigados estereotipos raciales en donde la alta profesionalización se relacionan con personas blancas”, remarca.
Al menos en Oaxaca, personas indígenas que están en el proceso electoral del Poder Judicial se enfrentan a estas mismas barreras económicas y raciales. “Otras personas que compiten por el mismo espacio han pasado por un alto proceso de formación, tienen mayores redes de apoyo y no enfrentan los estereotipos raciales”, dice Eduardo.
Dejar de ser el
eslabón más bajo

Cuenta el especialista de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales que en Oaxaca hay casos de jueces que son hablantes de lengua originaria pero han decidido invisibilizar su identidad indígena para no ser víctimas de discriminación y racismo en el Poder Judicial. “Si eso se vive en Oaxaca, seguramente se vive en Guerrero y a nivel federal”, afirma.
“Se inscribieron en el proceso –para la elección del próximo 1 de junio– personas que son hablantes de lengua indígena. Es visible la figura de Hugo Aguilar, que era subdirector en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Va para magistrado. Ser juzgador es una chamba completamente distinta. No basta con ser abogado, son muchos elementos que se requieren”, apunta Martínez Gutiérrez.
“En Oaxaca hemos detectado a gente que va a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la sala regional del mismo. Para jueces federales van dos personas que son hablantes de lengua indígena y una va para magistrado”.
La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales lanzará este año, con otras organizaciones, el proyecto de una escuela de alta formación judicial para personas indígenas, pensando en formar perfiles con una alta profesionalización de hablantes de lenguas indígenas para impulsarlos en 2027, cuando se va a renovar la otra mitad del Poder Judicial federal.
“Que sean hablantes pero que, además, conozcan derechos humanos, perspectiva intercultural y perspectiva antirracista, porque llegan personas hablantes en la Cámara de Diputados o de Senadores que desconocen esta perspectiva y a la hora de defender derechos de pueblos indígenas reproducen los estereotipos de género y racistas”, explica Eduardo. “Para que rompan completamente con los estereotipos que se dan todavía al interior del Poder Judicial”.
“En Oaxaca, la mayoría de personas indígenas dentro del Poder Judicial son secretarios judiciales o actuarios, que es el eslabón más bajo. Es un tema sistemático”, insiste.
“¿Pasará lo mismo en Guerrero? No hay que escarbarle mucho, si hubiera datos, veríamos lo mismo. Las pocas personas indígenas están en los espacios operativos y las personas no indígenas, blancas, están en los espacios de toma de decisión y encabezan los juzgados.
“Es una situación lamentable en el país y la reforma, de todo lo malo, al menos logró visibilizar un espacio que estaba completamente invisible y que es tan importante.
“Lo que nosotros estamos pensando –concluye Martínez Gutiérrez– es que la única forma para que las personas indígenas, puedan llegar a esos espacios, es que existan cuotas, acciones afirmativas, para compensar un poco. De otra forma, será complicado”.

Agencia Reforma

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no ha habido avances en el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Reprochó las movilizaciones del magisterio disidente, quienes emplazaron a la mandataria a una mesa directa antes de la cita acordada para hoy en instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
Luego de que el miércoles, la Coordinadora intentara impedir la conferencia mañanera pese a que ya estaba agendada la reunión, Sheinbaum señaló que la CNTE debe explicar si esa estrategia es parte de su movimiento o se trató de una provocación.
“Si el objetivo era que no hubiera mañanera, habría que ver si es provocación o es parte del movimiento y la propia CNTE tiene que decirlo”.
La Mandataria cuestionó dos incidentes de los maestros con youtubers afines a la 4T, a quienes impidieron grabar la protesta, a uno lo golpearon y a otro lo obligaron a borrar imágenes.
“Nunca es justificable eso”, condenó.
Sheinbaum destacó las coincidencias entre las críticas de la CNTE y las expresadas por figuras del conservadurismo, como el ex Presidente Felipe Calderón, quien reprobó que la conferencia matutina no se realizara de forma presencial.
“Los conservadores, incluido un ex Presidente, acusándonos de por qué no hicimos una mañanera como las normales, o sea, luego se juntan (los extremos) en sus argumentos”, señaló.
Sobre el fondo de las demandas, la Presidenta insistió en que su Gobierno está abierto a revisar temas como la desaparición del USICAMM, pero a través de un mecanismo participativo, no sólo mediante decisiones de líderes sindicales.
“A los maestros y las maestras siempre nuestro respeto y lo que podamos hacer por los maestros y las maestras siempre vamos a buscar las mejores condiciones y también consultando con los propios maestros.
“Lo que nosotros estamos planteando es que no acordemos con un grupo de maestros, sino que nos vayamos a preguntarle a todas y todos los maestros y que lo surja de esa discusión, es lo que vamos a proponer al Congreso.
“Lo que nosotros queremos es la participación colectiva, siempre lo hemos hecho”, dijo.

Pone la Segob en duda la reunión de Sheinbaum con la CNTE: “¿En estas condiciones se puede hacer?”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puso en duda la viabilidad de la reunión prevista para hoy viernes entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Tras comparecer durante más de tres horas a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recordó que el Gobierno federal ofreció la mesa, pero tras las manifestaciones del magisterio que afectan a la población y a los estudiantes, desconoce si ésta podrá llevarse a cabo.
“La pregunta es, ¿ellos quieren la mesa? La hemos estado nosotros ofreciendo, pero en estas condiciones pregunto también a ellos, a ustedes, había una oferta o hay una oferta de una reunión, pero en estas condiciones ¿se puede hacer, se debe hacer, afectando a la población, afectando a los niños que se quedan sin clases? No sé”, dijo.
La funcionaria federal advirtió al magisterio que no podrán darle todo lo que piden, como un aumento salarial del 100 por ciento; no obstante, pidió considerar otras ofertas, como el aumento del 10 por ciento ofrecido el 15 de mayo pasado y el congelamiento de la edad mínima de jubilación.
Adelantó que hay otras cosas que se pueden ir construyendo, por lo que reiteró el llamado al diálogo.
“Que tomen en cuenta un gran avance que significa el congelamiento de la edad mínima de jubilación. Se propuso mantener que la edad mínima 58 años esté para hombres, 56 para mujeres, evitando que aumente a 60 años, como está previsto en la ley, entonces, nosotros estamos con ofertas concretas que requieren los maestros y que la Presidenta nos ha instruido siéntense, lleguen a acuerdos, a buenos acuerdos que beneficien al magisterio nacional”, dijo.
Rodríguez indicó que no se cansarán de buscar el diálogo con la CNTE y anunció que estará en “sesión permanente” en la Secretaría de Gobernación para recibirlos de la mejor manera.
“Cuando nos sentamos, pues podemos llegar a acuerdos”, aseveró.
La Secretaria sostuvo que están conscientes de las molestias que las manifestaciones ocasionan a la ciudadanía; sin embargo, recordó que este no es un gobierno represor.
“Queremos hacer patentes que estamos conscientes de las molestias que ocasionan a la ciudadanía, pero también dijimos que el Gobierno de México no es un Gobierno represor y que nosotros seguimos extendiendo la mano para ir a sentarnos a la mesa y que los ofrecimientos que se han hecho hasta el momento sean tomados en cuenta”, reiteró.
Dijo que otro tema pendiente de dialogar con el magisterio son las reglas para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Extiende la CNTE
protestas en Cdmx

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) multiplicó los puntos de protesta en la Ciudad de México.
Este jueves, los docentes se dispersaron en las zonas centro, norte y sur de la capital.
La Sección 9, liderada por Pedro Hernández, bloqueó Montevideo, esquina con Insurgentes, Colonia Lindavista, al norte de la capital.
Esa misma sección tiene presencia en la Alcaldía Milpa Alta, en Plaza Cuicuilco, Alcaldía Tlalpan, así como a las afueras de la estación del Metro UAM, en Iztapalapa.
En la zona centro, los docentes bloquearon accesos a la Bolsa Mexicana de Valores, en Paseo de la Reforma, y también se plantaron en Reforma 222.

Llegan comerciantes
ambulantes de Puebla a
Cdmx para apoyar a la CNTE

Un nutrido contingente de Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) de Puebla llegó al Ángel de la Independencia para respaldar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su marcha hacia el Zócalo capitalino.
“Ellos también respaldan nuestra lucha, de manera recíproca. Respaldan la lucha de la UPVA 28 de octubre de Puebla”, dijo uno de los manifestantes desde un altavoz.
“Hay que luchar juntos”, añadió minutos después de bajarse de uno de los 10 vehículos, entre camiones de pasajeros y combis, que arribaron a la zona.
Los poblanos acusaron al Gobernador Alejandro Armenta de buscar destruir su colectivo2.
“En esta guerra, el gobierno despoja el pueblo de sus fuentes de trabajo, reduce o suprime los derechos y libertades”, indicó la Unión a través de un volante.

Inauguran asamblea de instituciones particulares de educación superior; asiste subsecretario de la SEP

Con presencia del Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva, fue inaugurada la asamblea de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se quejó de que con la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones, se pretende “cargar todas las pulgas” a la radio y televisión abiertas con una excesiva regulación.
“Debemos ir más por la autorregulación que cualquier regulación que pueda caer en la censura”, advirtió el presidente del organismo, José Antonio García Herrera.
El directivo participó ayer en la última etapa del conversatorio que organizó el Senado de la República para analizar la iniciativa.
Según dijo, con la propuesta asoma “un retroceso” que a nadie conviene.
“Hay cualquier regulación a la radio y televisión abiertas, todo lo demás, no está regulado. Al perro más flaco que se le carguen todas las pulgas: vamos a regular más a la radio y televisión”, dijo.
“Estamos teniendo un retroceso: debemos ser cuidadosos, porque la libertad de expresión es un elemento fundamental en cualquier democracia, y con una sobrerregulación de los contenidos de los medios atentamos en contra de la libertad de expresión y de la democracia”.
García Herrera cuestionó también que la iniciativa pretenda diferenciar “entre opinión e información”, un factor que, previno, atentaría contra la libertad de expresión.
“Esta regulación se burla de las audiencias, porque resulta tan paternalista que hay que cuidarla (a la audiencia) para que escuchen lo que quieren o no escuchar, pero el primer derecho de las audiencias es la pluralidad de los medios”, aclaró.
Katia D’Artigues, presidenta de Comunicación para la Inclusión, consideró que es necesario eliminar las barreras de acceso a las 23 millones de personas con discapacidad que hay en México.
“Una ley les afecta de manera directa si es exclusión”, observó.
En ese sentido, la periodista propuso incorporar de manera obligatoria a los contenidos no sólo subtítulos, sino interpretación de lenguajes de señas.
“La comunidad sorda merece tener opciones”, argumentó.
Después de sugerir que a la Procuraduría Federal del Consumidor se le dote de “más dientes”, D’Artigues dijo que los senadores “tienen una oportunidad histórica de garantizar derechos a las personas con discapacidad”.
Leopoldo Maldonado, director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, advirtió que el diseño institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es “preocupante”, pues se requiere independencia del órgano para garantizar los derechos de las audiencias y para que las concesiones no sean utilizadas como “moneda de cambio política”.
“Esta ley sigue siendo preocupante en términos de la concentración en una Agencia del Ejecutivo; si bien recibimos con beneplácito la propuesta de que se va a avanzar hacia un órgano colegiado.
“Se necesitan salvaguardas de independencia para garantizar derechos de usuarios, de los derechos de las audiencias, para que las concesiones no sean usadas como moneda de cambio política”, advirtió.

Ofrecen ajuste en Agencia de Transformación Digital

La polémica Agencia de Transformación Digital de la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones será reformulada, aseguró ayer el senador morenista Javier Corral.
Desahogada la última etapa del conversatorio al que convocó el Senado para revisar la iniciativa, prometió una “reconfiguración” de ese órgano, cuya concentración de poder en una sola persona suscitó fuertes críticas de oposición y especialistas.
“Va a ser una modificación muy importante, particularmente en el tema que más preocupó y más polémica levantó: la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ahí sí va a haber toda una reconfiguración de diseño del órgano”, dijo en entrevista.
Las modificaciones que podría resentir estarán orientadas, agregó el legislador, a “distribuir qué atribuciones van a ese órgano regulador, cuáles se mantienen en el sector de las comunicaciones y transportes del Ejecutivo; incluso, cuáles en la Secretaría de Gobernación (o en) la Procuraduría Federal del consumidor”.

Agencia Reforma

Ciudad de México

Veintidós menores de edad, de los cuales 16 son presuntas víctimas de explotación laboral, fueron rescatados en Cancún, Quintana Roo, por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional.
Durante cateos, autoridades detuvieron a dos hombres identificados como Julio “N” y Antonio “N”, quienes según las primeras investigaciones se encargaban de enganchar, mediante promesas de una vida mejor en Cancún, a los menores originarios del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, ya que estas personas son conocidas en el lugar.
De acuerdo con el reporte, luego de trabajos de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, fue posible constatar que niñas y niños de entre 10 y 14 años de edad se dedicaban a vender pozol, bebida que transportaban en pesados triciclos que empujaban durante jornadas laborales de 12 horas.
“Tras ubicar a los menores y los domicilios en los que habitaban, esta Representación Social solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de cateo para cuatro inmuebles ubicados en la Supermanzana 67, donde lograron rescatar a 16 menores, nueve femeninas y siete masculinos, además de seis niños de entre un mes y siete años, estos últimos hijos de los ahora detenidos”, detalló la FGE.
La Fiscalía estatal explicó que el modus operandi de los detenidos era ofrecerles trabajo bien pagado para después trasladarlos a Cancún.
“Eran sometidos a largas jornadas de trabajo, bajo el sol y dándoles sólo 100 pesos al día, aunque el monto de la venta de pozol era de entre mil 500 y 2 mil pesos; únicamente les daban dos comidas”, precisó.
Los menores explotados vivían en deplorables condiciones, apuntó, por lo que, junto con los seis hijos de los detenidos, fueron asegurados para su resguardo en la instancia correspondiente.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta relación en hechos constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Europa Press / DPA

Madrid / Berlín

Elías Rodríguez de 30 años y residente de Chicago, identificado cómo el sospechoso de matar a dos empleados de la Embajada de Israel en la capital de Estados Unidos, Washington, Yarón Lischinsky y Sarah Lynn Milgram, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, que pueden acarrear la pena de muerte.
La fiscal federal interina para el distrito de Washington, Jeanine Pirro, ha informado en una rueda de prensa que, además de los dos cargos de asesinato en primer grado, ha sido acusado de asesinato de funcionarios extranjeros, causar muerte con arma de fuego y disparar un arma de fuego en un delito violento.
Pirro ha explicado que el Departamento de Justicia está investigando el caso como un acto de terrorismo y un crimen de odio. “Agregaremos cargos adicionales a medida que la evidencia lo justifique. No toleraremos el anti-semitismo, especialmente en la capital del país”, ha manifestado.
El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Washington, Steven J. Jensen, ha dicho que están investigando la actividad en Internet del atacante, específicamente un supuesto manifiesto que está circulando por la red.
Uno de los dos trabajadores de la embajada israelí en Washington asesinado el miércoles por la noche tras un tiroteo cerca del Museo Judío tenía pasaporte alemán, según fuentes diplomáticas consultadas en Berlín.
Los dos empleados de la embajada fueron asesinados cerca del Museo Judío de la capital estadunidense. El presunto autor fue posteriormente detenido. Según la Policía estadunidense, tras su detención coreó un eslogan propalestino. La Oficina Federal de Investigación (FBI) está investigando el caso como posible delito de odio.
Tanto el presidente estadunidense, Donald Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, vincularon el ataque con un trasfondo antisemita a través de mensajes escritos en las redes sociales.
La Sociedad Germano-Israelí (DIG), con sede en Berlín, anunció que la víctima en cuestión era miembro fundador del foro juvenil de su organización hermana, que reúne a jóvenes israelíes y alemanes.
Por otro lado, la embajada de Israel en México lamentó con “profundo dolor” el asesinato de Yarón Lischinsky y Sarah Lynn Milgram, dos empleados de su representación en Estados Unidos.
“El atentado ocurrió durante un evento en el Museo Judío, un símbolo de cultura y patrimonio, y fue dirigido explícitamente contra representantes de Israel y contra la existencia misma del pueblo judío”, advirtió la Embajadora Einat Kranz Neiger.