El manejo que el Senado y la Cámara de Diputados dieron a la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3 contra la corrupción ha sido vergonzoso y confirma la idea de que la clase política asume la corrupción como un componente esencial del sistema político que, sin la corrupción, se derrumba. Esta iniciativa ciudadana buscaba incorporar en la legislación la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, definir reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos. Lo que los legisladores sacaron es una ley a modo, sin dientes, que sustancialmente no cambia nada y mantiene las cosas igual.
¿Qué puede esperarse, en este tema, de la clase política que se resiste a eliminar la corrupción como política pública? Eso ha sido, en realidad, una política pública que es transversal en la mayoría de las instituciones del Estado. Es un modo de operar de los gobiernos y un estilo de relación que se establece con la sociedad. Ellos no van a dar un paso para cambiar esta manera de gobernar y de administrar que les ha dado muchos privilegios y ventajas.
En un discurso que dirigió a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el papa Francisco les decía, entre otras cosas que “el corrupto no percibe su corrupción”. Dijo que es como el mal aliento: “difícilmente quien lo tiene se da cuenta, son los otros quienes se percatan y deben decirlo. Por tal motivo, difícilmente el corrupto podrá salir de su estado” a través de su conciencia. “La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado”. En ese sentido, en una visita a Nápoles que realizó el 21 de marzo de 2015, decía que “la corrupción apesta, la sociedad corrupta apesta, como apesta un animal muerto, y un cristiano que deja entrar adentro suyo a la corrupción no es un cristiano, apesta”.
En días pasados, el gobernador Astudillo reconocía como “muy grave” la situación de la delincuencia en Guerrero. Esto es realmente un avance, el que se reconozca el tamaño de este flagelo que está haciendo tanto daño en nuestra región. Donde el gobernador se quedó corto fue en la afirmación de que la estrategia gubernamental no ha fallado, sino que son tantos los delincuentes a perseguir que no se dan a basto. Es claro que entiende por estrategia la encabezada por militares y policías.
Este es el problema. La delincuencia no es sólo un problema policiaco. Es también un problema político. Y el factor político de la delincuencia está ahí, donde incomoda a los políticos y donde no hacen su trabajo: en la corrupción y en su hermana la impunidad. El gobierno interviene con una estrategia insuficiente, que no da resultados porque la delincuencia se ha desarrollado desde décadas al amparo de la corrupción pública. Hay que repetirlo: la corrupción que tanto protegen los legisladores sigue haciendo estragos en el país. Sigue cultivando la desconfianza hacia las instituciones, refuerza la cultura de la corrupción en la misma sociedad y mantiene las prácticas corruptas al amparo de la impunidad.
Es deseable que las organizaciones ciudadanas que impulsaron la Ley 3 de 3 no se arredren ante esta resistencia del corrupto sistema político. Creo que esta lucha ha servido para hacer conciencia entre los ciudadanos y sus organizaciones para fortalecer este esfuerzo. Porque los corruptos no dejarán de serlo por su propia voluntad. Es la sociedad la que puede hacer avanzar el tema de la lucha contra la corrupción puesto que es la que la padece en mayor grado. Hay que reconocer que para que la corrupción se dé, se necesita una relación entre un ciudadano y un funcionario público. Este es otro campo de intervención: cambiar la mentalidad corrupta que persiste en la sociedad que, en muchas ocasiones, participa y promueve acciones corruptas.
Lo que es claro es que tenemos un sistema político corrupto y corruptor que tiene que ser transformado. Y los ciudadanos somos quienes tenemos que empujar los esfuerzos para que esto suceda. La corrupción ya no tiene que ser una política pública no escrita. Tiene que reducirse al máximo para que la política ya no apeste. Y para que avancemos hacia la paz.

Al conflicto que sostiene con la Iglesia católica por la propuesta de los matrimonios igualitarios, el gobierno de Enrique Peña Nieto sumó otro la semana pasada con los empresarios por la iniciativa de ley anticorrupción. Ambos sectores, que acostumbran entenderse a la perfección con el poder político, están sublevados de una manera que no se recuerda en la historia reciente del país. A lo anterior debe sumarse el movimiento magisterial contra la reforma educativa, que viene de tres años atrás y frente al cual el gobierno federal ha mostrado insensibilidad y cerrazón.
Sin embargo, es previsible que al cabo del actual periodo de fricciones la Iglesia y la cúpula empresarial abandonen su actitud rebelde y regresen al orden anterior, porque ni el clero ni los empresarios se distinguen por promover cambios ni por apoyar a quienes los promueven. Pero entre tanto el doble enfrentamiento es una realidad y, por razones diferentes, encarna una inconformidad no menos importante que la de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación porque refleja, también, una división en las filas del régimen político en el preámbulo de las elecciones presidenciales del 2018.
Importa especialmente el choque entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y los empresarios porque se daba por hecho que el sector privado era el más contento con la agenda de reformas desarrollada por el PRI a su regreso al poder, y que seguiría estándolo sin que se avistara un motivo de disgusto. Pero este motivo apareció en la figura de la ley anticorrupción, derivada de la iniciativa conocida como “ley 3 de 3”, que nació en meses recientes en el ámbito empresarial para obligar a los candidatos de todos los partidos a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses como una forma de combatir la corrupción.
Convertida en proyecto de reformas legales para imponer esas obligaciones a los funcionarios públicos y legisladores, los tres preceptos encontraron en el Congreso el rechazo del PRI y del PVEM. Es evidente que el primero en oponerse a ese compromiso de transparencia iba a ser Peña Nieto, pues la iniciativa surgió en el contexto del escándalo y los cuestionamientos que el Presidente recibió por la irregular forma en que se hizo (o su esposa, como dijo) de la espaciosa y opulenta “casa blanca” de Lomas de Chapultepec. Después de ese episodio, era y es impensable que Peña Nieto aceptara verse comprometido a dar explicaciones, y es obvio que de Los Pinos salió la orden de boicotear el proyecto para adoptar un sistema nacional anticorrupción.
Los senadores y diputados del PRI y del PVEM hicieron algo más que bloquear la iniciativa: revirtieron su sentido original, liberaron de obligaciones a los funcionarios y se las impusieron a los empresarios y a cualquier ciudadano que entre presupuestalmente en contacto con el gobierno. Se negaron, pues, a que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses de los funcionarios. Fue una venganza contra los empresarios.
En el siguiente acto, los empresarios, encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), protagonizaron el día 16 una protesta inimaginable en el Ángel de la Independencia para manifestar su condena al contenido aprobado por los senadores. “No más corruptos impunes en nuestro país. Hoy México es muy diferente al de hace décadas. Nuestro país es más democrático. La sociedad cada vez juega un papel más activo”, dijo ahí Gustavo de Hoyos, presidente del organismo, frente a 300 representantes de los patrones de todo el país.
En un hecho inédito y casi sin disimulo, el dirigente empresarial llamó corrupto al gobierno de Peña Nieto y agitó banderas reservadas a los partidos de oposición, sobre todo de la oposición de izquierda. En ese discurso pronunciado por el líder de la Coparmex en el monumento de Paseo de la Reforma, está contenida la inconformidad contra el presidente y contra el PRI. Al enojo del presidente por la audacia de los empresarios de pretender fiscalizar y amarrarle las manos al gobierno, los empresarios respondieron con su propio enojo. Es una división entre viejos y muy conocidos aliados, cuyos efectos en las próximas elecciones presidenciales todavía se desconocen. La Iglesia ha dicho que el PRI perdió en los recientes comicios locales por la iniciativa de Peña Nieto para conceder legalidad a los matrimonios entre homosexuales, lo que considera una traición, hipótesis indemostrable pero que recoge el resentimiento del clero. Los empresarios también se sienten traicionados.
Lo más importante de todo esto es la constatación de que el enojo que el presidente Peña Nieto arrastra desde la irrupción del escándalo de la “casa blanca” no parece terminar y lo hace tomar decisiones impulsivas que sólo acarrean más problemas, a él y al país. Los muertos ocurridos ayer en los enfrentamientos entre la Policía Federal y la sección 22 de la CNTE de Oaxaca son una consecuencia de la intolerancia que se apoderó del gobierno federal como reflejo del estado de ánimo presidencial. Pero es peligroso para la estabilidad política y el orden institucional y democrático que las ya cercanas elecciones presidenciales se realicen con un presidente enojado, cuyas emociones e intereses no pueden ser puestos en el centro del interés gubernamental.

Se va Basave de la presidencia del PRD

El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, renunció a ese cargo apenas ocho meses después de haber sido designado. Si, como declaró, al PRD le fue bien en las elecciones del 5 de junio, no habría motivos para su renuncia. Explicó que la ingobernabilidad interna y la cultura política del PRD obstaculizaron su gestión, y sostuvo que en su decisión nada tuvieron que ver los resultados electorales. Seguramente todo eso contó para su renuncia, pero el principal factor parece haber sido el peso aplastante que ejerció sobre él la corriente Nueva Izquierda, cuyo dirigente superior, Jesús Ortega, le hizo sentir el viernes quiénes son los verdaderos dueños del partido al adelantarse al propio Basave en el anuncio de su renuncia. Pero ya se sabía que el PRD es ingobernable y que se encuentra secuestrado por Nueva Izquierda, a la cual debe acreditarse la agonía de ese partido.

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El líder de Grupo Guerrero, David Jiménez Rumbo, y el de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Sebastián de la Rosa Peláez, coincidieron en que, tras la renuncia de Agustín Basave a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, debería renovarse la dirigencia estatal del partido, que encabeza Celestino Cesáreo Guzmán.
En tanto, el líder de la Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), Víctor Aguirre Alcaide, dijo que la dimisión de Basave “mete en crisis” al partido; y el líder de Democracia Social, Raymundo García Gutiérrez, externó su rechazo a que sea Beatriz Mojica Morga quien asuma las riendas del PRD, postura que compartió Jiménez Rumbo.
El sábado en conferencia de prensa Agustín Basave informó que presentó su renuncia al cargo por razones que “tienen que ver fundamentalmente con la gobernabilidad interna del PRD”; por lo que la secretaria General del partido Beatriz Mojica Morga suena para ocupar la presidencia interina.
Consultado al respecto, el diputado federal y líder de Grupo Guerrero, David Jiménez, dijo que “lo que no se dijo en su momento” es que Basave fue electo solamente para sacar adelante el proceso electoral del 5 de junio y que la decisión de permanecer o renunciar a la presidencia, dependería de los resultados.
Indicó que sería prudente que tanto Beatriz Mojica y como el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Celestino Cesáreo, a quien acusó de estar más preocupado por fortalecer su corriente, Alternativa Democrática de Guerrero (ADG), que en el crecimiento del partido, también presenten sus renuncias.
“Deben renunciar los dos (Basave y Mojica Morga) y por supuesto debe renunciar Celestino Cesáreo, que él empiece a valorar su salida, ha hecho el peor papel que se puede hacer en la dirigencia. Es un vil burócrata, no está interesado en hacer partido, está interesado en fortalecer su corriente. Hago un llamado nada amigable, hago un llamado enérgico para que Celestino presente su renuncia”.
De la posibilidad de que Mojica Morga quede al frente del partido, Jiménez Rumbo dijo que “es una mujer que no sabe nada”, que ha sido candidata en varias ocasiones, sin resultados positivos, “una perdedora no puede estar al frente de un partido que lo que busca es ganar”.
Por su parte, el líder de CODUC y diputado local, Sebastián de la Rosa, manifestó que es necesario que todo el CEN sea renovado y consideró que lo mismo debería pasar en los comités estatales, incluido el de Guerrero.
Consideró sana la renuncia de Basave, de quien dijo es un personaje socialdemócrata y por esa razón consideró que no puede estar al frente de un partido de izquierda, “creo que Agustín Basave es un intelectual mexicano, muy responsable, y se dio cuenta de que el PRD necesita mucho más que la posibilidad de un intelectual”.
Celebró que Mojica Morga pueda quedar al frente del partido, sin embargo consideró que, en caso de que se concrete, ella debe asumir la presidencia sólo para convocar a un inmediato proceso de renovación, que debería ocurrir en no más de tres meses.
Explicó que quien resulte electo no debe concluir el periodo de Basave, sino iniciar uno nuevo, encaminado a unificar a las izquierdas y fortalecer al partido para el proceso electoral de 2018.
Por su cuenta, el líder de la UIG y actual secretario de Desarrollo Social del gobierno de Acapulco, Víctor Aguirre, consideró que la renuncia del líder nacional del partido “mete en una crisis” al PRD en Guerrero y todo el país.
Expresó que esa renuncia confirma que el partido “no tiene claridad de la ruta que se requiere para 2018”, y aseguró que “el modelo que implementa” Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega y a quien Basave acusó de adelantar su dimisión, no es la adecuada.
Dijo que si se cumple el estatuto, quien debe quedar al frente es Beatriz Mojica, como interina, responsable de la presidencia o comisionada, sin embargo comentó que es un tema que debe analizarse.
Explicó que es necesario un movimiento para reorientar la ruta del partido rumbo a las elecciones de 2018, a fin de evitar más alianzas con el PAN y buscar a los partidos de izquierda.
Además, precisó que este movimiento deberá también restarle poder a Nueva Izquierda, pues recordó que ha causado la renuncia de varias figuras perredistas, como el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas.
“Morena se está nutriendo con votos del PRD, no tiene ejemplares y eminentes personajes. Morena crece por la inconformidad que generan Los Chuchos, por la inconformidad del partido. Nos cuesta demasiado, es muy costoso para 2018, que esa corriente hegemónica siga haciendo y deshaciendo”.
Por último, el líder de Democracia Social y diputado local, Raymundo García, lamentó la renuncia de Agustín Basave; aunque recordó que previo al proceso electoral advirtió que podría dejar el cargo, por lo que dijo que no estaba sorprendido de esa decisión.
Criticó que el líder nacional de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, haya adelantado la noticia pese a que había un acuerdo de que no se divulgaría esa información y que sería el propio Basave el que lo diera a conocer en los medios.
“Pudo renunciar antes, pero se espero y fue acordado por cúpula, por los dirigentes nacionales. Jesús (Ortega) no cumplió su palabra y lo sacó a luz pública, no se le puede confiar nada a Ortega, aprovecha cualquier situación para llamar la atención”.
Por ello llamó a los perredistas a que estén inconformes con el actuar de Nueva Izquierda, a que lo manifiesten en la próxima elección de consejeros nacionales y así quitarle fuerza a esa expresión que, aseguró, cree que el partido le pertenece.
De la posibilidad de que Mojica Morga quede al frente del partido, dijo que eso es lo que desea Nueva Izquierda, pero manifestó su rechazo a que la ex candidata a gobernadora asuma las riendas del perredismo y dijo que Democracia Social apoyará al fundador Pablo Gómez.

El presidente municipal de Acapulco e integrante de Nueva Mayoría, Evodio Velázquez Aguirre, declaró que el PRD no se detiene con la salida de Agustín Basave de la dirigencia nacional y que va a esperar que los dirigentes determinen la ruta que seguirá.
De la insinuación que hizo Basave, de que Jesús Ortega lo obligó a su renuncia, el alcalde respondió que desconoce esa situación. Sin embargo, celebró que la ex candidata a gobernadora de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, actual secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, esté en la posibilidad de quedar como presidenta interina.
“La salida de Basave es una decisión personal, que respeto como militante del partido, creo que hoy el partido no se detiene, no puede ni debe, debe de asumir una parte de depender de cualquier figura política, creo que hemos construido un partido fuerte”, dijo el alcalde.
Agustín Basave presentó su renuncia a la presidencia nacional de partido, y dijo que la razón “tienen que ver fundamentalmente con la gobernabilidad interna del PRD”.
El alcalde dijo que el PRD es y seguirá siendo el más importante de la izquierda mexicana, y por ello los dirigentes del Consejo Nacional tienen que determinar con claridad la ruta y lo que se determine se pueda llevar a cabo. “Creo que hay en el juego una guerrerense, quien con determinación ha venido participando, que es la secretaria general”.
Detalló que Guerrero está bien representando con la posibilidad de que Beatriz Mojica quede como presidenta interina, en lo que se determina la ruta del partido y “hoy Guerrero está bien representado, y los perredistas de Guerrero nos sentimos muy bien”.
Respecto a la insinuación que hizo Agustín Basave, de que Jesús Ortega lo obligó adelantar su dimisión, declaró: “No lo sé, no he hablado con él, sé solamente lo que he leído y es una decisión personal, que respeto como alcalde, pero tengo mi propia responsabilidad que es con todos los acapulqueños, sean de mi partido o no de mi partido, la mejor bandera que puedo tener para poder ayudar al PRD, que es hacer un buen gobierno”.

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, consideró que sigue siendo un desafío para todos los que tienen una responsabilidad, los datos dados a conocer en el Foro Económico Mundial Latinoamerica que coloca a Acapulco y Chilpancingo entre las 14 ciudades más violentas de América Latina.
El prelado católico respondió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que no se trata de quien dice la verdad más objetiva, respecto a los datos de la violencia, sino lo que hace cada quien para cumplir desde el ámbito de sus responsabilidades.
También se refirió a la Ley anti corrupción aprobada por el Congreso de la Unión con el voto mayoritario del PRI y sus aliados, y que de último momento incluyó la obigación a los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, y que no obliga a los funcionarios de gobierno a hacer pública su declaración patrimonial, el arzobispo dijo que se debe de seguir exigiendo que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En conferencia de prensa, consultado respecto al reporte presentado por el instituto brasileño Igarapé en el Foro Económico Mundial Latinoamerica, que coloca a Acapulco y Chilpancingo en el quinto y noveno lugar, respectivamente, entre las ciudades más violentas en América Latina, el arzobispo dijo que es un desafío para todos los que tienen responsabilidades dentro del estado.
“Que se nos señalen como una ciudad violencia, a Acapulco y Chilpancingo, no es más que otro dato de señalamiento a la violencia que está exacerbada en la ciudad y que nos seguirá desafiando a todos los que tenemos responsabilidades dentro de Acapulco, Chilpancingo y de Guerrero”, manifestó Garfias Merlos.
De lo dicho por el gobernador, Héctor Astudillo, de no “sobreadjetivizar” las cifras de la violencia, luego de que Garfias Merlos dijo que Guerrero es el “nuevo epicentro de la violencia en México”, el arzobispo expuso que es una realidad que “ahí está, los datos y las cifras”, que el problema no es quién dice la verdad más objetiva, sino cómo se responde ante los hechos.
“Lo importante es cómo hacemos todos para responder desde nuestras responsabilidades a esta realidad, espero que el gobernador, la Cámara de diputados, las instituciones y organizaciones, la Iglesia, todos juntos colaboremos y hagamos la parte que nos toca, para que podamos contrarrestar estas señales de violencia que tenemos en nuestro estado”.
Garfias Merlos reiteró que el llamado es a la unidad, y buscar mejores formas para atender “por un lado las consecuencias que tiene la violencia, y por el otro, la manera de contrarrestarla y generar mejores condiciones de confianza y seguridad”.
Agregó que lo importante en el proceso de transformación, es ser “lo más objetivo” en el conocimiento de la realidad ante la violencia, para que las personas sientan la necesidad de ir cambiando la situación.
Respecto a la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley General deResponsabilidades Administrativas, que contiene la Ley 3de3 para servidores públicos, acotada, y que obliga a los empresarios a que presenten sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal, el arzobispo dijo que es importante que se siga alentando, impulsando y exigiendo la transparencia, que por posiciones políticas se haya rechazado no implica que no se exija rendición de cuentas.
“Lo importante es que se siga exigiendo y como parte de una medida para todos aquellos que ejerzan cargos públicos, y para todo ciudadano, tenga esta exigencia de transparencia”, aseguró.
En su comunicado dominical, el arzobispo reiteró su llamado al gobierno y a los maestros a que se abran al diálogo, “dejar de lado la cerrazón”. Enfatizó que por encima de intereses partidistas, económicos y políticos se anteponga el bien común, “la racionalidad, la imposición de la ley y el autoritarismo no ayudan a que se resuelva este conflicto, que no favorece a la paz y el desarrollo del estado y del país”.
Recordó que desde 2010, los obispos señalaron que México vive una “emergencia educativa”, que hay un fracaso en el esfuerzo por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y dar un sentimiento a la propia vida, lo cual se explica con el reduccionismo antropológico, que concibe la educación en función de la producción, competitividad y mercado”.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, informó que aunque el Congreso de la Unión rechazó lo fundamental de la Ley 3de3, en el ámbito local hay posibilidades de obligar al gobernador, diputados, alcaldes, ediles y funcionarios a hacer pública su declaración fiscal, de intereses y patrimonial.
En un comunicado, el diputado dijo que en la iniciativa de Ley An-ticorrupción que MC presentó el 19 de abril en el Congreso, se proponen estas obligaciones a servidores y representantes populares, y anunció que insistirá en su aprobación.
El pasado miércoles, el Senado aprobó la Ley General de Respon-sabilidades Administrativas, con modificaciones propuestas por el PRI y PVEM, que establecen que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses se harán públicas, siempre y cuando no se ponga en riesgo a los servidores públicos, es decir, serán opcionales.
En el Senado, los guerrerenses René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, del PRI, votaron en contra de la Ley 3de3, mientras que el perredista Armando Ríos Piter lo hizo a favor.
El viernes, la Cámara de Diputados aprobó la Ley que envió el Senado, y entre los legisladores que la avalaron y que se opusieron a respetar la propuesta original, se encuentran los guerrerenses Julieta Fernández Márquez, Salomón Majul González, Verónica Muñoz Parra, Silvia Rivera Carbajal, Ricardo Taja Ramírez y Beatriz Vélez Núñez, todos del PRI, y Arturo Álvarez Angli, del PVEM.
Mejía Berdeja criticó la decisión de los senadores y diputados, pues aseguró que la ley aprobada no obedece a la exigencia de la sociedad, de imponer medidas que permitan combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y políticos “deshonestos”.
“El temor de los corruptos quedó evidenciado en las reformas de última hora, en donde se establecieron mecanismos que más que combatir la corrupción, son disuasivos para frenar el impulso de una democracia más participativa, las adecuaciones de la Ley 3de3, perecieran más una reprimenda para los empresarios y la ciudadanía que cobijaron la iniciativa”, criticó.
Ante la posibilidad de que en Guerrero “los detractores de la transparencia” argumenten que la Ley General de Responsabilidades no prevé el carácter obligatorio para la presentación de esas tres declaraciones, Mejía recordó que las leyes generales son una plataforma mínima, desde la cual las entidades puedan dar sus propias normas tomando en cuenta su realidad social.
“De ahí que sea jurídicamente viable retomar la legítima exigencia de la ciudadanía, para incorporarla la obligación de los Servidores Públicos de cumplir con el 3de3 en Guerrero, como una medida para frenar la corrupción que ha socavado las instituciones de la entidad”.