Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los cuerpos de cinco de siete desaparecidos durante la llamada guerra sucia o época de terrorismo de Estado que fueron exhumados del 5 al 8 de septiembre del 2023, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, serán entregados por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 6 de diciembre en Chilpancingo, informó ayer el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano.
Adelantó que después de que los familiares reciban los cuerpos los velarán y les rendirán un homenaje en la Alameda Francisco Granados Maldonado de la capital, en donde exigirán justicia y castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Cinco de los cuerpos fueron hallados en dos fosas clandestinas en medio de unos maizales cerca de la localidad de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, ellos son: el niño de 13 años, Pablo Rojas Terán, junto con su padre Francisco Rojas Nazario, además Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y Eduviges Zuvillaga Ortiz.
En tanto que en Las Desdichas, del mismo municipio, fueron encontrados en una fosa clandestina José Isabel Rojas Bernardino y Apolonio Hernández Bernardino.
Gervasio Serrano informó que el viernes 6 de diciembre van a recibir los cuerpos de José Isabel Rojas Bernardino, Apolonio Hernández Bernardino, Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y Pablo Rojas Terán.
Agregó que faltarán los restos de Eduviges Zuvillaga Ortiz y Francisco Rojas Nazario, debido a que aunque sus familiares ya los tienen plenamente identificados, faltan las pruebas genéticas para que se compruebe científicamente que son ellos.

“No están dándole la seriedad ni la relevancia a estos hechos”

La Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables que encabeza Estela Arroyo Castro también exige la exhumación del cuerpo de José Santos González Rojas, pero Gervasio Serrano informó que durante la búsqueda en la que fueron encontrados los siete, no fue posible localizar el octavo cuerpo, que igualmente habría sido sepultado en la misma zona.
El activista responsabilizó a las autoridades porque dijo que no han puesto especial atención a los crímenes de lesa humanidad, “no están dándole la seriedad ni la relevancia a estos hechos, tan es así que ni si quiera se le da continuidad, si no es por la presión de los colectivos y familiares ellos no hacen nada”.
Gervasio Serrano, demandó una audiencia urgente con personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación “que no nos ha querido recibir”.
Indicó que la dependencia federal es la responsable de concretar los apoyos para los funerales y los gastos que le corresponde al Estado mexicano “porque es el que cometió estos crímenes de lesa humanidad.
Exigió que el Estado mexicano ya no siga siendo omiso.
Estela Arroyo Casto, presidenta de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, dijo que después de esperar más de un año, les harán entrega pero no de todo a todo, añadió que esperaban que les entregaran los siete restos de sus compañeros “que fueron ejecutados por el Ejército mexicano”.
Agregó que van a recibir los cinco “porque hay causas mayores”, e informó que una de ellas es que una de las viudas se encuentra mal de salud “y quiere vivir este momento, por eso hacemos el llamado a las autoridades que están al frente de la identificación de los otros dos que faltan a que agilicen la identificación.

Autoridades comunitarias que gestionan  la construcción de 61.5 kilómetros de la carretera Alacatlatzala, Huehuetepec-Zitlaltepec, Ojo de pescado-Llano de las Flores, Chilixtlahuaca, Llano Perdido Chimalapa-Llano Grande Juárez, informaron que si no reciben atención pronta se reorganizarán para manifestarse en la Ciudad de México.
En denuncia telefónica el presidente del comité gestor de la carretera en mención, Miguel Santiago recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a construir la obra, y en su sexenio la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) asignó una bolsa de más 640 millones de pesos, que no se usaron en este proyecto.
Aunque en el sexenio pasado insistieron con gestiones y manifestaciones en la Ciudad de México y las giras del entonces presidente por el estado, añadió que  esta misma semana autoridades comunitarias y agrarias también fueron a la Ciudad de México a presentar la misma demanda de atención, en la nueva administración federal.
Dijo que este miércoles 27 de noviembre en la Ciudad de México, comisarios, delegados, comité de gestoría y población en general estuvieron en la Cámara de Diputados para pedir una audiencia con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del diputado federal Roberto Armando Albores Gleason, presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara de Diputados.
Pidieron que en la reunión esté la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha Gómez Castro, el diputado Armando Albores y la diputada Marelyn Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de diputados.
Esto, con la finalidad de crear una mesa de trabajo y seguimiento a la construcción de la ruta que plantearon, además de la rehabilitación de la carretera Tlapa-Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca.
Subrayó que son más de 40 comunidades indígenas involucradas de la región Montaña y Costa Chica.
Si no hay una respuesta favorable, aseguró que, a pesar del desgaste físico y económico que representa para los pueblos, volverán a la capital del país a exigir el cumplimiento de un compromiso institucional. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron la Delegación de Servicios Educativos de la Región Centro, para exigir que se pague el bono de Integración Educativa al personal de Educación Especial.
Por quinto día consecutivo, unos 50 manifestantes se concentraron en la avenida Vicente Guerrero, frente a la delegación, y cerraron de manera total el paso vehicular en esa vía, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.
En declaraciones, la secretaria de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales, de la sección 14 del SNTE, Adriana Organista García, dijo que los trabajadores administrativos y docentes del nivel de Educación Especial continúan en paro laboral, debido a que el personal cumple con esas funciones pero no cuenta con la clave correspondiente, por lo que no fue considerado en el pago del bono.
Afirmó que no ha habido una respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por lo que “nos mantenemos en pie de lucha”.
Indicó que la próxima semana, el paro laboral continuará y el personal de Educación Especial volverá a protestar en la delegación de la SEG de la región Centro, mientras que a partir del martes se sumarán a la movilización los trabajadores administrativos y docentes de otros niveles, por la falta de atención a sus demandas.
Por la tarde, los agremiados de la sección 14 del SNTE protestaron afuera del Congreso del Estado, antes de la comparecencia del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.
Los manifestantes cerraron el paso vehicular en la calle Trébol, frente a la sede del Legislativo; también portaban lonas y pancartas con mensajes como “solución a nuestras demandas” y “cambios de adscripción a psicólogos”.
Sin embargo, no fueron atendidos por ninguna autoridad de la SEG ni del Congreso del Estado.
La SEG emitió un comunicado, la tarde del jueves, en el que aseguró que ya se atendieron las demandas del personal de Educación Especial, pero los manifestantes afirmaron que ha habido mesas de diálogo con las autoridades sin tener resultados concretos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).