La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda se casará con Rubén Hernández Fuentes, quien es actualmente su jefe de Gabinete.
El Palacio de Hierro ya registró la mesa de regalos 391532 con esos dos nombres para la boda del próximo sábado 14 de diciembre.
Los novios no quieren regalos, sólo piden dinero.
Rubén Hernández trabajó con los gobiernos del PRI y PRD, pero en 2021 se sumó al equipo de su suegro Félix Salgado Macedonio, cuando era candidato de Morena a la gubernatura.
El novio de Evelyn Salgado es hermano de Óscar Hernández Fuentes, director de Licitaciones de Desarrollo Urbano, señalado de beneficiar a empresas de sus amigos. (Agencia Reforma /?Ciudad de México).
El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodriguez Cisneros, en conferencia de prensa en el lobby del Congreso local, al termino de la comparecencia ante el pleno de la encargada de despacho de la Secretaria General de Gobierno, Anacleta López Vega Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que se atienden todos los problemas relacionados con la seguridad en Guerrero, y rechazó que prevalezcan focos de violencia en Teloloapan, Cuajinicuilapa y la región de Costa Grande.
En entrevista al término de la comparecencia de la encargada de despachó de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, Rodríguez Cisneros mencionó que se tiene garantizada la seguridad, y en municipios y regiones donde en semanas pasadas hubo hechos violentos ya se trabaja para que se reactiven todas las actividades.
Citó el caso de la Costa Grande, específicamente en los municipios de Tecpan, Atoyac y Benito Juárez, donde a finales de octubre un grupo armado identificado con las siglas GNG irrumpió y se enfrentó con el Ejército y Guardia Nacional. El saldo de la refriega y los días posteriores fue de 34 muertos, dos de ellos policías municipales y 21 detenidos, de los cuales 16 son originarios de Guatemala y uno de El Salvador.
“En Costa Grande, después de los hechos que ya conocen, se logró mantener la estabilidad, con el trabajo que se ha estado realizando de manera operativa, además que se tiene una comunicación importante con los presidentes municipales, ellos han colaborado mucho a que se reactive la actividad económica, escolar, y si no hubo desfile (del 20 de noviembre) ahí fue porque había una manifestación de municipios colindantes, pero si no hubiese estado esa situación se hubiera desarrollado el desfile en toda la región”.
En el municipio de Cuajinicuilapa, diversos hechos violentos ocurridos en septiembre ocasionaron que el alcalde, Hildeberto Salinas Mariche y la síndica solicitarán licencia a su cargo, lo que nunca se concretó porque no ratificaron su solicitud. Entre los hechos de violencia están el asesinato de transportistas, la desaparición del primer regidor, la quema de un vehículo y una vivienda de un funcionario municipal y el hallazgo de un cadáver desmembrado en un carretera.
Estos ocasionó que las clases fueran suspendidas y que en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, docentes de distintos niveles educativos de la región solicitaron garantías de seguridad.
“En Cuajinicuilapa ya está funcionando el gobierno municipal, hemos tenido diálogos constantes con el alcalde, ya está instituido el gobierno, están trabajando y nosotros estamos en ese acompañamiento… Es un atención integral pero va de manera gradual, ahí como es un asunto de percepción, cuando perciben, como pasó en Tecpan, de que está la presencia pues se comienza a reactivar el comercia y ya el secretario de Educación declaró que hará su parte para que se retomen las clases”, dijo Rodríguez Cisneros.
En Teloloapan, este miércoles se rumoró el cierre de una gasolinera y de diversos comercios por el tema de la inseguridad, lo cual fue desmentido por el funcionario estatal y dijo que “hay total presencia del Estado y se han hecho detenciones importantes, y se sigue trabajando para estabilizar esta zona, se han hecho muchos rumores, el día de ayer corrió información que se incendió una gasolinera, eso es falso, y estamos trabajando en ese sentido”.
A pregunta sobre su opinión del Operativo Enjambre, implementado en el Estado de México por autoridades federales, que ejecutó 14 órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y mandos policiacos por tener vínculos con grupos criminales, Rodríguez Cisneros aseguró que eso “envía el mensaje a políticos de Guerrero de que no deben de tener nexos con criminales”.
“Hay un cambio ya en el combate a la impunidad, es un mensaje y lo que tienen que hacer quienes hacemos vida política, es entender ese mensaje, quienes estén o que pretendan tener algún contacto con quienes estén involucrados en actividades ilícitas, el mensaje es fundamental es una postura del gobierno”, dijo el funcionario estatal y aseguró que la postura de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, es no pactar con criminales.
Diputados locales de Morena, PT y la priísta, Beatriz Vélez Núñez se toman la foto del recuerdo con el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, al término de su comparecencia ante el pleno Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso local, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, reveló que recurrió a un préstamo a corto plazo por 3 mil 100 millones de pesos para saldar compromisos de fin de año.
Al comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, Segura Estrada presentó una síntesis de su informe, en el que habló sobre la política financiera de la actual administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la cual centra sus esfuerzos en una gestión responsable del gasto público, “implementando medidas de austeridad y disciplina financiera para priorizar áreas clave como seguridad, salud, educación y obra pública”.
Agregó que la política financiera de la gobernador Evelyn Salgado Pineda es la eliminación de costos innecesarios, priorizando la asignación de recursos a salud, seguridad e infraestructura, que buscan fortalecer el desarrollo económico del estado.
En su primera participación, Segura Estrada informó que uno de los factores que complicaron la situación económica de Guerrero fue el impacto de los huracanes Otis y John, en 2023 y 2024. Para hacer frente a los daños provocados por Otis, se destinaron 125 millones 98 mil pesos, y la federación aportó otros 200 millones 720 mil pesos.
Como un logró, Seguro Estrada explicó a los diputados que a la mitad de la actual administración, la deuda pública del estado disminuyó en un 44.4 por ciento, lo que “demuestra avances en la estabilidad financiera”.
PAN: las deudas están ahorcando al estado
En sus intervenciones, la mayoría de los diputados centraron sus preguntas en los recursos destinado a apoyar a los afectados por Otis y John, y un par más criticó sobre la deuda estatal actual y la falta de pagos al sector salud y a los partidos políticos.
La diputada del PAN, Irene Montiel Servín, quien directamente sobre el estado actual de la deuda que tiene el estado, “ya que el gobierno insiste en que las finanzas están sanas, cuando en la realidad se recurren a deudas a corto plazo”.
Montiel Servín insistió que la excesiva deuda a corto plazo está “ahorcando” las finanzas del estado, y alertó que esas decisiones podrían “hipotecar el estado en un futuro”. En respuesta, el funcionario estatal explicó que los créditos bancarios tienen su origen en una deuda que se heredó de la pasada administración, que ascendía a 3 mil 351 millones de pesos: “es decir, no había con qué pagar aguinaldo y prestaciones, y además obligaciones por pagar a diversos proveedores, y es ahí que se tomó la decisión lógicamente de obtener créditos bancarios”.
Agregó que recibieron adeudos de administraciones pasadas por más de 27 mil millones de pesos por diversos conceptos, entre ellos ante al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), por 14 mil 200 millones de pesos, y al SAT por 5 mil 119 millones.
Fue por esas deudas que en los últimos tres años el gobierno estatal ha solicitado préstamos bancarios. El más reciente es por 3 mil 100 millones de pesos, con el cual se pagarán obligaciones de fin de año. Segura Estrada defendió la medida, y aseguró que el monto del préstamo está por debajo de los límites establecidos por la Ley de Disciplina Financiera.
Refirió que durante este año, de enero a octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó al gobierno de Guerrero alrededor de 2 mil 800 millones de pesos de las participaciones federales por las mencionadas deudas, las cuales “asfixian económicamente al estad”, porque dichas instituciones “se cobran a lo chino”.
Explicó que “por eso tomamos esa decisión como uno de los elementos, nosotros iniciamos la administración el 15 de octubre del 2021, cuando ingresamos en caja no había dinero, no había nada, teníamos compromisos en puerta que eran pagar sueldos, aguinaldos y prestaciones de fin de año”, justificó.
Sobre la deuda actual del gobierno estatal, la cual asciende a 3 mil 100 millones de pesos, explicó que esta “se obtuvo el 3 de noviembre y se contrató con tres bancos… estamos abajo de la posibilidad que nos permite la ley financiera, estamos aún todavía en un margen, sabemos que debemos de hacer ese esfuerzo de control para el manejo sano de las finanzas”.
“Ya nos actualizamos en el pago de prerrogativas”
El priista Victor Hugo Vega Hernández, cuestionó al titular de la Secretaría de Finanzas sobre el retraso constante que hay en el pago del financiamiento público hacía el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), con el que se paga las prerrogativas a los partidos políticos.
“¿Por qué razón el financiamiento de los partidos se ha demorado tanto? Es una estrategia para debilitar a los partidos políticos? ¿Por qué razón no se deja el financiamiento de partidos en participaciones federales, como se tenía antes establecido?”, preguntó Vega Hernández.
Segura Estrada respondió: “En cuanto a la razón del por qué el pago a los partidos políticos se ha retrasado, en verdad está se ha dado debido a los recortes con las retenciones de las participaciones y sobre todo porque este recurso está programado en la inversión estatal directa, es decir que depende de que haya la suficiencia presupuestal de recursos que se originan del ramo 28, y se pueda otorgar esto”.
“Hubo un desfasamiento que a la fecha ya estamos pagando, el recurso que les corresponde, inclusive se ha transferido el mes de noviembre el día de hoy y efectivamente ya estamos actualizados al día de hoy”.
A pesar de las críticas, el funcionario destacó que el gobierno estatal está comprometido con la estabilidad financiera del estado y con la atención de las prioridades más urgentes.
Apoyos para Otis
Sobre la asignación de presupuesto para la atención del huracán Otis, Segura Estrada informó que para las afectaciones, en el Fondo Estatal de Desastres Naturales fue de 125 millones 98 mil pesos, mientras que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 200 millones 720 mil pesos.
Cuando se le preguntó si la política de austeridad ha permitido generar algún ahorro, el funcionario respondió que no, pues la mayor parte de los recursos disponibles se utilizó para atender la contingencia provocada por el huracán John, cuya devastación se sintió en las ocho regiones de la entidad.
Para la atención de las afectaciones que provocó el huracán John, este 2024, Segura Estrada aseguró que la gobernadora ha sostenido reuniones con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para obtener un apoyo adicional para concluir el año, al reconocer que “hay muchas necesidades de apoyo”.
Agregó que como parte de la justicia social que emprendió el gobierno estatal, aplicaron este año un incremento salarial del 10 por ciento para el personal de base y del ocho para supernumerarios, que representó un egreso de 79 millones.
Respecto a la deuda pública directa de largo plazo, dijo, en tres años de administración han logrado una reducción histórica del 44.4 por ciento, disminuyéndola en 606 millones 474 mil pesos, quedando un monto activo de alrededor de 700 millones.
La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, informó que una vez que se reciba el informe de la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el municipio de Xalpatlahuac, el órgano jurisdiccional emitirá un acuerdo sobre el cumplimiento de la medida que ordenó la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Puntualizó que el análisis de cumplimiento de la medida es independiente a decisión del Grupo de Trabajo de negar la declaratoria de AVGM en el municipio.
La magistrada fue consultada vía telefónica sobre el informe del Grupo de Trabajo de la solicitud de la Declaratoria de la AVGM de Xalpatláhuac, que se presentó a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum) en el Sistema Estatal de Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por violencia política en razón de género.
En el informe publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guerrero, que se dio a conocer este lunes, el GT negó la declaración del mecanismo por violencia feminicida. Sólo dictó medidas que las autoridades civiles y comunitarias del municipio, con acompañamiento de los gobiernos estatal y federal, para atender la violencia política en razón de género.
Eugenio Alcaráz recordó que la medida de solicitud de Alerta de Violencia de género es de reparación integral, no sólo estaba dirigida a la entonces alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, como víctima de violencia política en razón de género por parte de autoridades comunitarias, sino para las mujeres del municipio.
Sostuvo que la sentencia indicó que la solicitud siguiera el procedimiento, y en su caso se emitiera la declaratoria de Alerta en el municipio de Xalpatláhuac.
Como órgano electoral, informó que le han dado seguimiento al procedimiento acerca del cumplimiento de la medida, pero todavía no reciben el informe de la solicitud.
Estimó que el informe llegará en los próximos días, y cuando ocurra, como órgano jurisdiccional revisarán cada paso del procedimiento, para determinar si se cumplió con los requisitos de medida establecida en la sentencia.
Subrayó que el análisis será del cumplimiento de la sentencia, no si la decisión del GT fue adecuada o no.
Recordó que “la medida es medida complementaria y preventiva, no sólo para la (ex) presidenta, sino para todas las mujeres del municipio, y lo que señala, es que se realizará la solicitud, se iniciará el procedimiento y se determinará en su caso declararla o no”.
Ponentes del conversatorio “La violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito local” llevado acabo en el Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La alcaldesa de Juchitán, la panista Ana Lenis Reséndiz Javier, reveló que durante la campaña como autoridad electa fue hostigada por personas armadas, al grado que llegó a tener 14 agentes de la Guardia Nacional para su seguridad, durante el Conversatorio de Mujeres Afromexicanas organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
La ex candidata de Morena a la alcaldía de Marquelia, Marben de la Cruz Santiago, en la mesa, señaló que también se sintió amenazada y solicitó medidas cautelares en los días anteriores a la elección del 2 de junio.
Añadió que además del contexto de violencia contra actores políticos del proceso electoral, todas las candidatas afrodescendientes sufrieron violencia política en razón de género por ser mujeres, negras, jóvenes y pobres.
En el auditorio del Tribunal Electoral del Estado, particularmente Reséndiz Javier señaló que los competidores hombres utilizaron distintos estereotipos machistas para desprestigiarla en redes sociales, con palabras altisonantes, y en medios locales la acusaron a ella y a su esposo de ser narcotraficantes, de pagar bautizos, bodas, construcciones, como si manejaran muchos recursos.
Aclaró que tuvo miedo pero se defendió y cuidó un triunfo que había ganado. Incluso, en dos meses que va de su gobierno demostró sensibilidad y capacidad para encabezar el ayuntamiento. Sólo lamentó que la población machista, hombres y mujeres siga usando sustantivos discriminatorios por sus características físicas.
“No se reconoce que como mujeres somos capaces de sacar adelante el municipio. En dos meses hemos hecho más que ellos, y les cuesta trabajo aceptarlo. Ahora dicen, salió buena la gallina, y molesta”.
De las amenazas, informó que cuando mataron al alcalde electo de Copala, Salvador Villalba Flores, comenzó a recibir comentarios: “lo mismo le va a pasar a la presidenta electa de Juchitán”, “retírate porque sabemos que tiene un hijo”, “porque eres tú o eres tu esposo”.
Incluso pensó en dejar de pelear por su triunfo, con un margen muy cerrado de 19 votos, pero su hijo la animó a continuar,“por las niñas y las mujeres”, le dijo.
Añadió que “no debo nada, pero me sentía mal, porque de tener siete agentes de la Guardia Nacional (en la campaña), me mandan otros, 14 en total. No es fácil tener 14 hombres cuidándote. No podía salir ni a la puerta de la casa”.
Consideró que la seguridad federal la sacó a flote, porque “hubo muchos compañeros que perdieron la vida, y sus familias siguen en duelo”.
Reconoció en Marben de la Cruz, una aliada a pesar de que pertenecen a partidos distintos, como compañeras en la 63 legislatura local, la anterior, le decían: “ver más negras en espacios de poder, conforta”.
En su intervención, De la Cruz señaló que a las mujeres siempre tienen que demostrar el doble o triple de los hombres, explicar por qué tienen derecho a ocupar los espacios de poder.
Subrayó que independiente de su activismo, las mujeres son representantes populares por las luchas de optas mujeres por las acciones afirmativas, nada fue gratis, “es triste y se sigue viviendo actualmente”.
La representante del pueblo afroamericano en el IEPC, Mijane Jiménez Salinas, confirmó que Juchitán es un pueblo muy machista, del que salió amenazada una vez, después de impartir un taller.
De su historia, compartió que fue candidata a diputada federal en 2015, y en 2022, y toleró comentarios misóginos y acoso sexual, para poder participar en los actos políticos de los hombres, que sí tenían una red fuerte de apoyo en el patriarcado.
Fue promotora del reconoci-miento de la identidad afro en la encuesta intercensal del Inegi hace 10 años, y sigue luchando contra los estereotipos hacia las mujeres afros, hipersexualizadas, que ha sido también un obstáculo para acceder a la participación política.
“Tenemos una crisis de falta de reconocimiento de nuestras propias luchas, es más fácil reconocer al varón, que la triple carga de las mujeres para lograr una acción afirmativa”, denunció.
De todo el trabajo que han es-tado realizando en comunidad, des-tacó que en un foro nacional de pueblos negros este año, los demás hablaban de usurpación de candida-turas afros, que no pasó en Guerrero.
“No, porque tiene que ver con esta falta de información que tienen los pueblos en materia de derecho político electoral. Resultado de la difusión que existe esta figura que no llega por magia, sino por sentencias y por un proceso de consultas”.
La diputada Citlali Téllez Castillo fue denunciada el pasado 9 de noviembre ante la Comisión de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena por Félix Santana Ángeles, queja que fue publicada apenas este miércoles en estados electrónicos de la Comisión, tres semanas después de que la legisladora se paseó en una camioneta Cybertruck de Tesla por Chilpancingo.
La queja presentada contra la diputada es por “supuestas faltas a los Documentos Básicos de Morena” y está en prevención, pues la Comisión observó “que no cumple o cumple de manera deficiente” con los requisitos que establece el órgano intrapartidista” y dio un plazo de tres días para atender sus observaciones: “esto es del 26 al 28 de noviembre del año en curso, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a la parte actora de que de no hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la prevención no cumple lo solicitado, el recurso de queja se desechará de plano”.
La Comisión pidió a Santana Ángeles que acredite su militancia en Morena; que presente domicilio, correo electrónico y número telefónico personales de la diputada; que señale “de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), concisa y precisa qué acto y/o hecho es objeto de impugnación y/o denuncia, ya que del escrito se desprende una serie de acontecimientos de los cuales no se tiene certeza de cuál sería la causal de nulidad que le afecta su esfera jurídica”.
Otra de las peticiones que hace la Comisión a Félix Santana es que precise “los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían la esfera jurídica del promovente, relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha presuntamente violados y que aporte las pruebas para acreditar su veracidad y de forma correcta y al momento de la interposición de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta como medios de convicción
sustenta sus dichos”.
La Comisión sugirió al interesado aportar pruebas documentales públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías.
En estrados electrónicos se lee que el segundo apellido de la diputada está errado, se lee Carrillo en lugar de Castillo.
El miércoles 6 de noviembre Téllez Castillo se paseò por las calles de Chilpancingo en una camioneta Tesla Cybertruck, valuada en 2 millones 599 mil 900 pesos en su versión más costosa, y publicó videos en su cuenta de Instagram. Ante las críticas que recibió, la diputada justificó que el vehículo no es de su propiedad sino de un empresario, amigo suyo, originario de Tlacotepec.
Frivolidades
En otro asunto la CNHJ de Morena declaró improcedente por frívola la queja de Ángel Basurto Ortega Méndez que buscaba la dirigencia nacional de Morena por la acción afirmativa indígena o bajo la perspectiva pluricultural.
En el oficio, disponible en los estrados electrónicos de la Comisión, se lee que de las pruebas aportadas por el morenista “no se desprende el mínimo indicio que sea suficiente para acreditar la veracidad de los hechos que afirma y que manifiesta le causan agravio, pues únicamente se limita a aportar medios por los cuales acredita su personalidad para promover su queja, así como su trayectoria política la cual no tiene relación con los agravios que pretende hacer valer. Por lo que esta Comisión de Justicia estima que dichos medios probatorios no son los necesarios, idóneos ni pertinentes para alcanzar a fondo la controversia planteada, con independencia del valor y alcance demostrativo que se le confiera para verificar los hechos que son materia de impugnación”.
Los comisionados señalaron que el agravio expuesto por Ortega Méndez fue que las respuestas que dieron la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional no le fueron favorables a su demanda, “es por este motivo la inexistencia del agravio, ya que como lo dice la parte actora la Comisión Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional , sí rindieron su contestación aunque no fue favorable para la parte actora, el agravio de la queja principal fue subsanada con los informes de las autoridades responsables”.
La consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Dora Luz Morales Leyva, la presidenta del organismo, Fabiola Matildes Gama, el titular de la Fepade, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, y la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Delia Eugenio Alcaraz, en el conservatorio “La violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito local” Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que se firmó otro acuerdo de apoyo financiero con el gobierno del estado para obtener los recursos de gastos de cierre fiscal, del que sólo queda un pendiente; la Secretaría de Finanzas y Administración se comprometió a entregarlo en unos días.
Consultada en el conservatorio de Mujeres Afromexicanas sobre la situación de alto riesgo que señaló el INE para el IEPC de Guerrero por los problemas presupuestales, confirmó que todo el año estuvieron haciendo ajuste al programa de gastos, pero ya están cerrando el ejercicio fiscal “bien”.
Confió que en los próximos días estarán recibiendo recursos de operación necesarios para los compromisos laborales de fin de año.
Del financiamiento público a partidos políticos, particularmente de actividades ordinarias, que es parte del presupuesto del IEPC, indicó que ya se les entregó lo correspondiente a noviembre. Esperan que llegue diciembre para recibir el último mes.
Recordó que desde 2022 han tenido este problema de recortes y retrasos en la entrega de las ministraciones del presupuesto.
Aclaró que en el presupuesto base de este año la reducción fue poca. El problema fue en el proceso electoral, donde recibieron 42 millones de pesos menos de lo que habían solicitado.
Indicó que hubo ajustes en la organización y preparación del proceso electoral de diputados y ayuntamientos 2023-2024.
Sin embargo, añadió que “este año estamos saliendo bien, gracias a todos estos ajustes, pero también poco a poco se fue entregando el dinero. Vamos a cerrar bien con la última ministración”.
Sobre el planteamiento del presidente de la bancada del PRI en el Congreso local, Alejandro Bravo Abarca, de promover que los recursos del IEPC y las partidas de partidos políticos sean entregados por la federación, en lugar del gobierno del estado, Matildes Gama explicó que la fuente del financiamiento de las prerrogativas de partidos se dejó en la partida de Inversión Estatal Directa, que recaba mediante impuestos el gobierno del estado y por eso los retrasos. Reconoció que el problema se revise en el Congreso local, donde finalmente aprueban el presupuesto.
Apoyará MC propuesta de presu-puesto del IEPC para 2025: Bernal
La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Gabriela Bernal Reséndiz, informó que van respaldar al IEPC en su propuesta de presupuesto para 2025, pero también aclaró, es consciente de la circunstancia que pasa el estado luego de ser azotado por dos huracanes, Otis y John.
Bernal Reséndiz fue consultada por teléfono para conocer su postura sobre la propuesta presupuestal que hizo el IEPC para 2025, que asciende a 399 millones 716 mil 420 pesos. Este año, con una elección de alcaldes, diputados y presidentes municipales su presupuesto fue de 395 millones 566 mil 389 pesos.
“Respaldamos la propuesta del Instituto, el financiamiento público para todos los partidos es fundamental para poder fortalecer la democracia y eso nos permite garantizar la equidad en la contienda electoral”.
La dirigente estatal de MC dijo que entiende la circunstancia que vive el estado por el impacto de los huracanes de 2023 y de este año, “pero es vital para los partidos políticos que el financiamiento público se entregue de manera oportuna”.
Agregó que entiende por qué se dieron los retrasos en las aportaciones del estado al IEPC, y confió en que eso no suceda otra vez: “queremos que se garantice el financiamiento porque esto fortalece la participación política de las mujeres, de los jóvenes y sobre todo fortalece nuestra democracia”.
A pregunta sobre si los diputados de MC van a respaldar la propuesta presupuestal del IEPC para 2025, Bernal Reséndiz dijo que ya ha conversado con los diputados y que ellos entienden la importancia de que el órgano electoral cuente con los recursos suficientes: “vamos a defender el presupuesto pero entendemos la circunstancia atípica que vive nuestro estado después de ser azotado por dos huracanes, entre Otis y John entendemos que hay circunstancias que impiden que se cumpla a cabalidad”.
Recordó que el presupuesto que se asigna al IEPC es Inversión Estatal Directa (IED), “dependemos de la recaudación de impuestos y evidentemente ha bajado en Acapulco, que es el municipio donde mayor ingresos reflejaba, por ser IED también complica la ministración de recursos”. (Daniel Velázquez).
La comisaria de Bienes Comunales de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, Asunción Ramos Ponce durante su participación en el conversatorio “Violencia de Género en las experiencias de las mujeres indígenas y afromexicanas” Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En el conversatorio Violencia de Género en las experiencias de las mujeres indígenas y afromexicanas, dos ponentes indígenas y una afromexicana denunciaron no sólo la violencia intrafamiliar y en los ámbitos donde se desenvuelven como activistas, sino la institucional que les pone obstáculos para que se desarrollen como profesionistas.
El encuentro se realizó en un salón del Palacio de la Cultura, ubicado en el zócalo de la capital y fue organizado por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebró el 25 de noviembre.
Las ponentes fueron la comi-sariada de Bienes Comunales de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, la ñu ssavi Asunción Ramos Ponce; la coordinadora propietaria de la zona me’phaa del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, Inés Gatica Dircio, y la defensora de los derechos de las mujeres Afromexicanas, Ana María Morales Mayoral.
Asunción Ramos Ponce, quien también fue integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), habló de las violencias que sufren las mujeres de las comunidades indígenas, mismas con las que tuvo contacto a partir de su participación en esa institución comunitaria.
“Los detenidos que llegaban para ser reeducados eran acusados algunos por errores graves otros por errores menores, pero la mayoría por ejercer violencia física y verbal contra sus mujeres”, dijo.
Contó que a pesar de que fue respetada por sus compañeros de la CRAC y la apoya su esposo, se en-teró de la grave situación de vio-lencia que se vive en las comuni-dades indígenas de la Costa Chica y la Montaña por los casos que tuvo que atender, además, como promo-tora de salud de Cuanacaxtitlán.
Ana María Morales Mayoral, defensora afromexicana, narró su experiencia; “Cuando viví en Aca-pulco me sentía y me veía igual que todos; con el mismo color de piel y de cabello, pero qué pasó cuando me mudé a otra ciudad para estudiar la secundaria, fueron los tres años con más violencia que viví”.
Contó que entonces sufría casi a diario discriminación de sus propios compañeros, desde los múltiples apodos que le impusieron, como Marimar, La Negra Tomasa, o le exigían que se sentara hasta atrás del salón porque con su cabello no los dejaba ver.
“Esos son los momentos más difíciles porque no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir y lo que haces es hacerte invisible para que te dejen de atacar o no ser objeto de burlas”.
Explicó que tuvo que cambiar para agradarles a sus compañeros y una de las cosas que hizo fue que se amarró y se peinó bien su “hermoso” cabello, a pesar de que ahora sabe que ese no era el problema, sino que el problema eran sus compañeros que no la dejaban integrarse.
Contó que después de la secun-daria tuvo que dejar de estudiar dos años, temerosa de la violencia que volvería a sufrir a esa edad y en el siguiente nivel escolar, a pesar de que “ama a la escuela”. Agregó que para continuar sus estudios tuvo que regresar a Acapulco.
Pero indicó que aún ahora sigue sufriendo los microrracismos que padecen todas las mujeres afromexicanas, “que son palabras y actitudes que nosotras normalizamos como personas afrodescendientes, como cuando se burlan y te dicen: ‘ríete para que salgas en la foto, para qué te pones bronceador si ya estás bien bronceada, es que las costeñas son bien arrechas’, o cuando te dicen, ‘¿oyes con esas caderotas y no pudiste parir un hijo?’”.
Añadió que lo más grave es cuando les niegan un trabajo por su color de piel o de cabello.
Inés Gatica Dircio, igual que la ponente anterior, contó que ha sufrido maltrato por ser indígena Me’phaa, pero en su caso doblemente por ser madre soltera.
Añadió que por ser madre soltera se vio en la necesidad de salir de su comunidad, El Camalote, municipio de Ayutla, para buscar trabajo y mantener a sus hijos.
A través de una traductora, ex-plicó que ha sufrido la discrimina-ción en todas las ciudades a donde ha ido a buscar empleo, incluso, ahora en sus actividades como coordinadora de la zona Me’phaa, en el Consejo Comunitario de Ayutla, ha sido discriminada por no hablar bien el español.
“A pesar de que yo como me’phaa soy una mujer importante y el trabajo que tengo no lo gané gratis, fue a través de la lucha y del apoyo que he dado a las comuni-dades, por eso estoy aquí y quiero levantar la voz y decir que también nosotras las mujeres indígenas sabemos y tenemos la capacidad de dirigir”.
Una de las asistentes, al final del conversatorio, denunció que las indígenas y afromexicanas no sólo sufren violencia en sus casas con sus parejas, o donde se desenvuelven como activistas, sino también por las instituciones que les niegan espacios para desempeñarse como profe-sionistas o para expresarse.
El delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero, informó que con la reforma en materia indígena se plantea una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Explicó que el objetivo es, sobre todo, garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas y agregó que espacios como este abren la posibilidad de que se vayan abriendo espacios.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, colocaron una ofrenda floral y realizaron un mitin ayer en el cruce de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, donde fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
El homenaje fue con motivo de cumplirse 10 años y dos meses de los ataques a los estudiantes de esa normal y la desaparición de los 43.
Durante el mitin, uno de los dirigentes estudiantiles exigió justicia y reprochó que aún no se sepa el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, a pesar de que el ahora expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con el movimiento de los padres de que en su gobierno se conocería la verdad.
El orador criticó que en la actual administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se haya designado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a Omar García Harfuch, uno de los que, dijo, participó en la construcción de la “verdad histórica”, cuando fungía como coordinador de la Policía Federal en Guerrero.
Esta vez no asistieron los padres de los normalistas desaparecidos, participaron unos 40 estudiantes para conmemorar los 122 meses de la desaparición de sus 43 compañeros.
Antes, los estudiantes colocaron una corona de flores en el sitio donde fue encontrado desollado del rostro la mañana del 27 de septiembre del 2014 el estudiante Julio César Mondragón Fontes.
Enseguida se trasladaron en dos autobuses de la Estrella de Oro a la estela donde fallecieron Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, donde realizaron el mitin.
Ahí, los oradores insistieron en que fue el Estado el responsable de los ataques y la desaparición de sus 43 compañeros, en complicidad con la delincuencia organizada.
Reprocharon que por eso no se ha resuelto el caso ni encontrado a sus compañeros, a pesar de que así se los prometió López Obrador.
Durante el mitin ninguno de los oradores hizo mención o fijó una postura respecto al caso de la detención el viernes pasado del presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos, Alejandro Palacios Benítez, El Cholo Palacios, vinculado al caso Ayotzinapa.
Como cada mes, volvieron a insistir en que el caso se esclarezca y se presente con vida a sus 43 compañeros desaparecidos.
Otro de los oradores denunció que ahora el Estado pretende desaparecer las normales rurales y privatizar la educación, luego de que se ha anunciado el recorte presupuestal para algunas normales rurales del país, como la de Amilcingo, Morelos y de San Marcos, Zacatecas.
Operativo de la Policia del Estado en calles principales de Teloloapan para darle confianza al comercio que tiene temor de abrir por los hechos de violencia Foto: Israel Flores
Una mujer que había sido reportada como desaparecida en una denuncia formal, fue localizada este miércoles a orilla de la carretera federal en Teloloapan, asesinada con impactos de bala.
Ayer, el comercio mostró mayor temor para abrir. El ambiente en Teloloapan con el incremento de la violencia, provocó que cerraran tres de las cuatro gasolineras que tiene y solamente una estaba dando servicio, lo cual provocó filas de más de 300 metros.
Pero la Fiscalía del Estado había emitido la alerta Violeta por la desaparición de Mitzi Brandy Carrera Bailón. De acuerdo con el reporte, no se conocía su paradero desde el pasado lunes. Es una mujer de 23 años de edad.
Sin embargo, aproximadamente a las 9 de la mañana, se reportó la localización de un cuerpo a orilla de la carretera federal, el cuerpo fue abandonado cerca de la escuela primaria Redención Proletaria.
Más tarde se confirmó que se trataba de la mujer que estaba desaparecida.
Ante los hechos de violencia y las balaceras que han ocurrido en la localidad, algunos negocios no han abierto. Además de que tres escuelas anunciaron el cierre de sus actividades por lo que queda del año 2024, lo cual a su vez paralizó el comercio que se ubica alrededor de estas instituciones.
La Policia del Estado en compañía de la Guardia Nacional y el Ejército incrementaron los operativos en la cabecera municipal, con filtros de revisión.
También, como parte de la campaña de atención invernal, repartieron cobertores a personas en situación de calle.
La intención de la Policia del Estado fue brindar tranquilidad al comercio que se mantiene abierto. (Israel Flores / Ciudad Altami-rano).
