Rosalía León González quien hasta hace poco trabajaba en la Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, denunció que fue despedida injustificadamente de su trabajo y exigió que la reinstalen como recepcionista en el módulo de Vida Libre de Violencia.
Informó que espera que le den respuesta a los oficios de intervención que entregó en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) región Montaña, a la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz y a la diputada y presidenta de la comisión de Equidad de Género del Congreso local, Yuridia Melchor Sánchez.
También solicitó la intervención de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y que espera resultados, pues de no ser así presentará una demanda laboral.
Narró que fue contratada como recepcionista en la Ciudad de las Mujeres el 7 de enero de 2016, luego de que ahí hizo sus prácticas profesionales. Aseguró que acataba todas las órdenes de trabajo, incluso las que no le correspondían, como alimentar la base de datos y “filtrar” el número de casos que atendía cada abogada o psicóloga del módulo, pues hay una persona contratada para ese trabajo.
Sin embargo fue despedida el 13 de mayo por la directora, Nayeli Ávila Carrera, luego de una supuesta reunión entre abogadas y psicólogas del módulo, quienes presuntamente se quejaron de que la base de datos no estaba actualizada y los números estaban mal, pero dijo que ella preguntó a sus compañeras y éstas le dijeron que no se había hecho ninguna reunión.
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Obtienen dos miembros de los Topos Azteca de Atoyac una certificación internacional
Dos integrantes de la brigada internacional de rescate Topos Azteca y de la Subdirección de Protección Civil asignados a la comunidad de El Paraíso, municipio de Atoyac, obtuvieron una certificación internacional en San Blas, Nayarit, pues aprobaron el curso que impartieron instructores de la milicia francesa.
En San Blas, Nayarit, sólo el 75 por ciento de los participantes provenientes de varios puntos de la República, aprobaron la evaluación para la certificación mundial.
El subdirector de Protección Civil asignado a la comunidad de El Paraíso, Miguel Ángel Castillo Zepeda destacó que la experiencia no fue fácil por el perfil militar de los instructores franceses.
Explicó que en el grupo que lo acompañó, uno de los jóvenes resultó con una lesión en el brazo, por lo que la situación se tornó aún más difícil.
Precisó que “se logró la certificación, que consistió en un arduo trabajo de preparación en un terreno real, se usó un hotel abandonado para elevar el nivel de la experiencia y desempeño”.
Castillo Zepeda abundó que fueron 120 horas seguidas de instrucción teórica y práctica, por lo que no todo los participantes lograron aprobar.
Indicó que por las condiciones en que las que trabajan en la comunidad de El Paraíso, es primordial estar certificados, “estamos atravesados por tres ríos y es importante tener los conocimientos para enfrentar este tipo de situaciones”.
Señaló que por esa razón el curso tiene mucha importancia, “las condiciones donde estuvimos fueron muy apegadas a la realidad, fue un hotel abandonado a punto de colapsar, donde teníamos riesgo de que el edificio se nos viniera abajo, 100 por ciento real, incluso la alimentación, las condiciones de estadía, fue como si fuera un desastre, fue una zona aislada, no fue dentro de una comunidad ni de un aula, fue 100 por ciento en el campo”.
Agregó que con la acreditación mundial, los agentes tienen el nivel de instructores y pueden capacitar a los demás elementos de la corporación, además de que son los dos únicos en todo el estado que tienen esa acreditación.
También aseveró que con las técnicas aprendidas, con un simple nudo pueden salvar vidas, “estamos para apoyar y asesorar a los que estén interesados, son sólo dos en todo el estado con este certificado”.
Paran trabajadores de Vectores en Iguala; piden administrar el dinero para viáticos
Unos 50 trabajadores de base del área de Vectores pararon labores en la sede de la Jurisdicción Sanitaria de la región Norte en Iguala, y pidieron que se les regrese la administración del dinero para viáticos, gasolina y mantenimiento, la cual les fue suspendida desde hace dos meses ante la falta de comprobación de más de medio millón de pesos.
Minutos después de las 8 de la mañana de ayer, los trabajadores pararon labores en el almacén en la colonia Juan Álvarez junto al Periférico Norte y minutos después de las 9 de la mañana unos 30 trabajadores se trasladaron a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Norte, donde protestaron con gritos y cartulinas, las cuales pegaron en algunas paredes.
Según la información que dieron a conocer los trabajadores, hasta marzo los gastos de caminos que les dan cada 15 días los cobraban en el almacén de vectores y los podían cobrar en cualquier horario.
Informaron que ahora les entregan el recurso en la Jurisdicción Sanitaria en un horario establecido de 2 a 3 de la tarde, por lo que pidieron que se regrese a la modalidad anterior.
Denunciaron que a ocho trabajadores, que son familiares o recomendados del secretario general de Vectores, Zeferino Robles Anaya, y que hacen funciones administrativas en oficina, les pagan gastos de camino que es sólo para trabajadores que andan en campo.
Asimismo pidieron que se dé mantenimiento a los vehículos y que el recurso de Vectores lo siga operando el jefe de distrito, y no la Jurisdicción Sanitaria.
Por separado y en declaraciones en su oficina, el jefe jurisdiccional de la zona Norte, Felipe Gaspar Aguilar anticipó que el manejo del recurso no se regresará a Vectores y habló de la posibilidad de que se proceda jurídicamente en contra de los trabajadores de base que pararon labores de forma “irregular”.
El funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que la petición de los empleados de base de Vectores es que ellos, por medio de su jefe de distrito, manejen el recurso destinado para estas áreas que son 118 mil pesos al mes para pago de viáticos, 100 mil para gasolina y 150 mil pesos semestrales para el mantenimiento de oficinas y vehículos.
Informó que la determinación de retirar, a partir de abril, la administración de los recursos es porque desde enero los sindicalizados no han comprobado más de 500 mil pesos de ese recurso, lo que ha generado adeudos a la administración de la Jurisdicción Sanitaria de la zona Norte.
Fuentes de la Ssa informaron que el paro de labores de los empleados es por un conflicto al interior del sindicato, ya que éste no respaldó su movimiento ni su petición.
En algunas cartulinas que fueron colocadas por los trabajadores se leía, “Alto a la intimidación, mal trato y prepotencia de los jefes”, “Los trabajadores sindicalizados merecemos un trato digno y de respeto” y “La jurisdicción no es un trampolín político”.
Hasta las 3 de la tarde el paro de labores continuaba y se prevé que continúe hoy en caso de que no haya respuesta favorable a las demandas.
Adeudan cafetaleros de La Montaña 23 millones; buscan el saneamiento financiero: Erasto Cano
El coordinador general del Consejo Estatal del Café (Cecafé), Erasto Cano Olivera dijo que las organizaciones cafetaleras Luz de la Montaña y Productores Rurales de la Montaña de Guerrero ARIC, mantienen un adeudo de 23 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a los arrastres financieros con diversas instituciones para acopiar el café.
Expuso que por ello se reunieron el pasado jueves con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para solicitarle que el gobierno estatal colabore en el conflicto pues las organizaciones cafetaleras requieren de un “saneamiento financiero”, lo que beneficiaría a unos 9 mil 400 productores en el estado.
Consultado vía telefónica, Erasto Cano manifestó que la reunión se dio por una solicitud de las organizaciones cafetaleras, las que plantearon al gobierno estatal que las respalde en una reunión que tendrán con funcionarios de la SHCP en la Ciudad de México.
Informó que en dicho saneamiento también está involucrada la organización de Productores Orgánicos del Pacífico de la Costa Grande, y que en total el adeudo de diferentes fuentes asciende a unos 23 millones de pesos.
“Es un problema con un cúmulo de varios años, bien entiendo que desde el 2007; el problema es que fue poco el crédito, pero los intereses se fueron sumando y asciende a una cantidad tan fuerte como se ve en el monto”, expresó.
El dirigente cecafetalero explicó que debido al adeudo, las organizaciones no pueden operar un financiamiento, “y eso básicamente es la copia de la inserción del café, donde consiguen créditos, y operan o acopian, como se dice en el café”
Remarcó que de acuerdo con el padrón de las organizaciones, son unos 9 mil 400 productores involucrados, “todas las organizaciones se acopian y tramitan un crédito, y ellos disponen de un recurso para acopio como organización, donde llega el productor con su café y ellos lo pagan inmediatamente”.
Ejecutaron a un comandante de la UPOEG, a su hijo, dos sobrinos y un menor en la sierra
Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos, fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Las víctimas eran originarias de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo militar, según testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.
Los familiares de las víctimas denunciaron el caso el sábado pasado en una reunión en Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la zona.
Las víctimas son Martín Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años de edad.
Los familiares denunciaron que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.
Martín Ramírez Gregorio era hijo de Tomasa Gregorio Barragán, a quien el 23 de abril del año pasado, presumiblemente el mismo grupo delictivo ejecutó en esa comunidad a su nieto José Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.
Los familiares de las víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente 4 años, así como a otro hombre del que no recordaron su identidad.
La madre del comandante, la esposa Reyna Marcelo Oláis, la madre de Luis Alberto Ramírez Marcelo, así como la tía de Rafael Trujillo y Leonardo Guzmán, denunciaron que las dos masacres no se han investigado ni las autoridades buscan a los responsables.
El comandante Martín Ramírez Gregorio
A raíz de la impunidad de la masacre del año pasado, en la que murió su sobrino y su cuñado, el Comandante 4 creó un grupo de la Policía Ciudadana de la UPOEG para encargarse de la seguridad de su comunidad.
El martes 24 de mayo Martín Ramírez y su grupo hacían un recorrido aproximadamente a la 1 de la tarde en la carretera que comunica a su pueblo, y al llegar al crucero de El Jilguero fueron emboscados y asesinados cinco de los integrantes de su grupo, incluido el menor de 14 años que los acompañaba.
“Ellos andaban trabajando por la seguridad del pueblo, por eso los mataron”, dijo Reyna Marcelo, esposa del Comandante 4 durante la asamblea de la UPOEG en Chicahuales, donde asistieron comisarios y representantes de más de 30 pueblos que aprobaron su adhesión a esa agrupación y a la Policía Ciudadana.
Según testigos, en la emboscada participaron de entre 12 a 15 hombres con armas y uniforme tipo militar, entre ellos reconocieron a Juan Castillo Gómez, conocido en esos pueblos como El Teniente, además de Avelino Márquez Guzmán, Enrique Guzmán García y otra persona al que sólo identifican como El Pica, quienes radican en la comunidad de Tecomazúchitl, municipio de Heliodoro Castillo.
Los familiares contaron que el grupo armado llegó a Vuelta del Sur la noche anterior a bordo de una camioneta particular de redilas, todos vestidos con uniformes tipo militar y portando armas largas, igual que las que usan los militares.
“Yo creo que ya andaban rondando por allí, queriendo matar al Comandante 4”, dijo un familiar de las víctimas.
Consultadas al término de la asamblea, Tomasa Gregorio y Reyna Marcelo exigieron justicia y denunciaron que las autoridades no subieron a tomar conocimiento del caso para integrar la averiguación previa y que ninguna corporación policiaca ha subido para investigar el caso.
Tomasa, de unos 75 años, dijo que se siente desamparada totalmente, y que los últimos hombres con los que contaba dentro de su familia eran su hijo y sus dos nietos que le mataron el martes pasado. “Yo contaba en la casa con mi hijo y con mis dos nietos, pero ya me los mataron, y ahora no sé qué voy a hacer”, dijo a punto de desfallecer.
Contó que hace medio año falleció su esposo y que su yerno asesinado el año pasado le dejó a su hija muy enferma de diabetes.
“Ahora no sé de que o como voy a vivir, si con mis hijos y mis nietos eran con los únicos que contaba. Eran los que me ayudaban. El día que me los mataron yo sentía que me iba a morir, que ya no iba a aguantar tanto dolor”.
Dijo que del gobierno es el único responsable de la violencia que se vive en esos pueblos y que no ha recibido nada, “por el contrario, yo creo que se vende (el gobierno) o no sé por que respaldan a esa gente, no es posible que les permitan cargar armas y uniformes que usa el Ejército”, se quejó.
“Nosotros ya no sabemos que pensar, no sabemos que está pasando, no entendemos por que los dejan hacer estas cosas sin que nadie les haga nada. Eso es lo que quisiéramos saber. Queremos el apoyo para que esa gente cuando menos se largue de por aquí” exigió.
Por su parte, Reyna Marcelo contó que su esposo trabajaba por la seguridad del pueblo desde finales del año pasado cuando constituyó el grupo de la Policía Ciudadana junto con otras comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri.
Incluso informó que acudiría junto a su grupo de policías ciudadanos a la reunión que se hizo este sábado para continuar con la organización de los pueblos para la conformación de su grupo de policías ciudadanos, porque el gobierno no les ha ayudado con la seguridad a los pueblos que siguen siendo atacados por los delincuentes, sin que nadie los detenga.
“Estamos confundidos. No sabemos en quien confiar, llegan (los delincuentes) a las comunidades con armas y uniforme militar, y uno dice pues son militares, y onde que no son, y en vez de cuidarnos nos atacan”.
“Por eso queremos que el gobierno no se preste para esas cosas, porque como ellos (los delincuentes) consiguen esas armas de los militares, como permite el gobierno eso”.
Que el Estado acepte su responsabilidad por las desapariciones, exigen familiares de víctimas
Familiares de personas desaparecidas, en el cierre de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que se hizo ayer en el Zócalo de Chilpancingo, exigieron que el Estado asuma la responsabilidad por las desapariciones forzadas ocurridas en el país, por su participación directa, encubrimiento u omisión pues forma parte del problema.
En testimonios, madres y padres de desaparecidos en Acapulco y Chilpancingo expresaron la desconfianza que sienten en las instancias judiciales, y que por su experiencia en las agencias del Ministerio Público (MP), aseguraron que nunca van a tener resultados de las autoridades sobre el paradero de sus familiares. Llamaron a que todas las familias que viven esta tragedia se unan para que el gobierno asuma la obligación que tiene de buscar a los desaparecidos.
Asimismo, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ve por las necesidades de los familiares que están buscando a sus desaparecidos, mencionaron de ejemplo el caso de la señora Eudocia Gallardo, de quien su hijo taxista fue desaparecido el 23 de octubre de 2013; la señora padece diabetes e hipertensión y a la fecha no tiene acceso a atención médica.
También se dijo que son miles, no sólo 43, las familias que viven la incertidumbre, en alusión a la atención de la prensa para el caso Ayotzinapa. En respuesta, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, destacó la valentía de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que a casi dos años, con su sencillez, mantienen una lucha digna.
La diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, madre de Ludwing Hernández Cisneros, desaparecido hace nueve años, señaló que así como los padres de los 43 los familiares de desaparecidos “tenemos que organizarnos y seguir luchando para saber dónde quedaron, ¿¡cómo es posible que hayan quedado como un animalito enterrado por ahí!?”.
Recordó que con el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados que promovió el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), trataron de investigar dónde están los desaparecidos, “y a mi me dijeron que a mi hijo parece que se lo tragó la tierra, que si quiero yo puedo revisar los expedientes, porque a los fiscales los cambian a cada momento y dicen que no saben nada, que ellos acaban de llegar”.
El señor Ciro Fuentes, miembro de los familiares de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos, señaló que aunque las autoridades lo nieguen, en el puerto continúan las desapariciones, dijo que el Estado fue rebasado y a los funcionarios no les importa porque reciben sueldos “estratosféricos” mientras el pueblo recibe salarios de hambre.
Señaló que en cada hogar con un familiar desaparecido se perdió la paz, “y no buscamos culpables, (sólo) queremos encontrar a nuestros familiares”.
Agregó que siente temor de ir con la policía porque no sabe si la información que proporcione, ellos mismos (los policías) la estén llevando a las bandas criminales, “tenemos claro que del gobierno no vamos a recibir nada, por eso nos organizamos como sociedad para exigir que hagan su trabajo en los tres niveles de gobierno, porque la violencia la padecemos todos”.
En la plaza pública, junto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el director del Tadeco, Javier Monroy, informó que están exigiendo que en la ley de desaparición forzada se reconozca la responsabilidad del Estado, porque se ha demostrado que no les interesa dar verdad ni justicia a los miles de mexicanos con familiares desaparecidos.
Denunció que las autoridades aparentan que investigan y se preocupan para que en el extranjero piensen que se hace algo.
“Así, México promulgó una ley de atención a víctimas que ni él mismo respeta, un mecanismo de atención que tampoco resuelve requerimientos básicos de los afectados”, y aseguró que el gobierno sigue protegiendo a los asesinos y a quienes desaparecen personas.
“(El gobierno) no sólo garantiza impunidad, actúa codo con ellos (los criminales) y lo vivimos desde que acudimos al Ministerio Público, donde tratan de desalentarnos”. Indicó que los agentes del MP les dicen que también están en riesgo por el sólo hecho de tomar estas denuncias: “nos intimidan, nos meten miedo, desde ahí empiezan a proteger a la delincuencia”.
Dijo que aunque los familiares de las víctimas investiguen y les lleven nombres, placas de automóviles, “la autoridad dice que no hay capacidad porque la gente se hace humo, (entonces) ¿de qué sirve que el gobierno acepte que hay más de 30 mil personas desaparecidas, sino hace nada y es parte del problema?”.
Insistió en que el gobierno es parte del encubrimiento, por participación directa, encubrimiento u omisión y es responsable de cada caso, desde la guerra sucia de los 60.
El Estado desaparecía a luchadores sociales y ahora a miles de jóvenes, dice la activista Roberta Campos
Ayer, Roberta Campos Adame, reconocida por acompañar decenas de causas sociales, denunció que antes el Estado desaparecía a los luchadores sociales y ahora desaparece a miles de jóvenes.
En la culminación de las actividades de la semana internacional por el detenido desaparecido en el Zócalo de la capital, la luchadora social lamentó la indolencia de la gente, “no nos duele ver a las madres (de los desaparecidos) recorriendo las calles, los estados, hoy sabemos de fosas que han quedado al descubierto por la gran lucha que tienen los padres y madres de los 43”.
Dijo que los padres de los 43 normalistas han encontrado indiferencia y a veces hasta condena porque los estudiantes de Ayotzinapa se atreven a desafiar al gobierno, a tomar autobuses, a bloquear carreteras, a cerrar tiendas departamentales.
Consideró inhumano que personas justifiquen la represión violenta y convocó a los asistentes a apoyar el movimiento del magisterio, a que den una palabra de aliento a quienes tienen desaparecidos, a quienes son perseguidos por luchar en las calles.
La luchadora social recordó que la llegada de su papá temprano a casa evitó que fuera víctima de desaparición forzada durante el periodo de la guerra sucia.
Narró que el jueves 16 de junio de 1978 iba a ver a Carlos Díaz Frías, alumno de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero ella no pudo acudir a la cita, agregó que desde ese día no se supo más Carlos Díaz ni del maestro Luis Armando Cabañas.
-“Que crees Luis Armando, Roberta me dejó plantado, acompáñame tú al cine”. Fue lo último que escuchó de él, por medio de su amiga María, quien presenció aquella conversación.
A esa circunstancia atribuyó su compromiso con la lucha social, “por eso no me da miedo acompañar a quienes tienen desaparecidos, a los presos políticos, a los maestros a defender sus derechos en las calles”, dijo con voz alta la ex alumna de la Preparatoria número 9.
La integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60 recordó que “ese día iba a salir con Carlos Díaz Frías al cine Jacarandas, pero llegó mi padre porque él trabajaba en Coyuca y yo ya no pude salir. Me dijo mi amiga María que cuando ella estaba platicando con Carlos, pasó Luis Armando Cabañas y lo invitó al cine. Ese día desaparecieron a Luis Armando y Carlos también”.
En un expediente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) retomado en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad), se detalla que Díaz Frías fue detenido el 17 de junio en Chilpancingo, “en compañía de otro elemento de ultraizquierda del cual hasta el momento no se ha aclarado su identidad, sin embargo es estudiante del primer año de la escuela de Filosofía y Letras de la UAG y miembro de la Coordinadora de Círculos Marxistas-Leninistas.”
Mientras pasaba un policía frente al evento, recordó que en ese lugar frente a la catedral de la Asunción, el 30 de diciembre de 1960 se colocó la policía para evitar el paso del contingente que iba a apoyar a los estudiantes de la Preparatoria número 9, frente a la alameda central.
“Aquí se ponía toda la policía para que no pudiera llegar la gente a la alameda a apoyar a esa lucha que se gestaba, ahí donde llegó el Ejército y la policía motorizada a asesinar a 20 ciudadanos que nos dieron esta universidad”.
Mueren 3 mil jaibas en playas de Coyuca de Benítez por corrientes o marea roja: Profepa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer en un boletín de prensa que atendió una mortandad de 3 mil jaibas o cangrejos rojos marinos en la playa de Luces en el Mar y en la playa Los Mogotes, en Coyuca de Benítez, y que se determinó que probablemente la intensificación de las corrientes y la marea roja fue la causa de su muerte.
En el texto se detalla que según los lugareños, prestadores de servicios turísticos y responsables de los campamentos tortugueros, este evento se observó desde la playa de Pie de la Cuesta hasta la localidad de Boca de Mitla, en Coyuca de Benítez.
También señala que este fenómeno sólo ocurrió una vez, pues hasta este domingo no se ha registrado la muerte de otro ejemplar de cangrejo rojo marino (Callinectes sapidus).
El boletín explica que durante la inspección que hizo la Profepa en la zona, se observó la presencia de 30 a 50 ejemplares muertos por cada 50 metros en la playa, y que identificaron aproximadamente a 3 mil jaibas depositadas en las hondonadas que se forman por la fuerza de las olas.
Añade que probablemente la causa de la muerte de los ejemplares es la intensificación de las corrientes y la marea roja, pero que se tomaron las muestras necesarias para hacer el estudio pertinente.
Además, el comunicado puntualiza que si la vida total de las especies es en el agua, la Ley General de Vida Silvestre señala que serán reguladas por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Por lo tanto dice que se determinó que “toda vez que ninguna de las especies del género Callinectes se encuentra enlistada en alguna categoría de riesgo, en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, no es atribución de esta procuraduría su atención, por ello, se dará vista a la autoridad pesquera en la entidad para que dé seguimiento al caso”, detalla el documento.
Hoy se notifica a maestros que suman cuatro faltas, dice González de la Vega
El secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, dijo que hoy se notificará a los maestros que acumularon cuatro faltas y que tendrán 10 días para justificar su ausencia, si no serán dados de baja.
El pasado 20 de mayo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que 120 maestros serían dados de baja porque acumularon más de tres faltas por participar en el paro indefinido de labores al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En declaraciones antes de la reunión en la que se presentó la Estrategia Nacional de Inclusión: Acceso a Derechos Sociales en Guerrero, el secretario de Educación expuso que los descuentos a los docentes que se ausentaron por participar en las marchas ya se les hizo el viernes en el pago de su quincena.
González de la Vega comentó que en el caso de los 120 maestros que acumularon cuatro faltas consecutivas, ayer habló con la federación y que hoy iniciará la notificación “apegada a derecho” a quienes estén en esa situación.
Explicó que los maestros que sean notificados tendrán 10 días para justificar por qué faltaron, si tienen una justificación médica, y que después la Secretaría de Educación tendrá un periodo de tiempo similar para valorar los justificantes que le hayan entregado.
Señaló que en caso de que no proceda la justificación se enviará la información al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), para que sean dados de baja como lo indicó Aurelio Nuño.
González de la Vega exhortó a los maestros a que no falten, que no dejen las aulas sin clases para que no inicien los procesos para darlos de baja. Además aseguró que serán “escrupulosos” en la revisión de las faltas de los maestros.
Plantea la CRAC de San Luis Acatlán el apoyo al magisterio y la reunificación con El Paraíso, Ayutla
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán plantearon apoyar la lucha de los maestros en contra de la reforma educativa y en defensa de la educación pública, además pretenden reunificarse con la Casa de Justicia de El Paraíso localizada en Ayutla.
Ayer, por falta de quórum de los comisarios municipales fue pospuesta para el próximo sábado la asamblea microregional. Antes de votar la propuesta de posponer la asamblea, la consejera Felícitas Martínez Solano propuso incluir dentro del orden del día el apoyo a la lucha del magisterio contra la reforma educativa y en defensa de la educación pública.
La promotora de la CRAC explicó la necesidad de defender la educación y los derechos de los maestros. Indicó que no es el único problema por el que las comunidades deben de estar en alerta, pues el gobierno también está privatizando el servicio de salud pública y está empeñado en que las empresas transnacionales extraigan el oro que hay en las tierras de la costa y la montaña.
A la reunión sólo llegaron 14 de los 33 comisarios municipales de los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Xochistlahuaca, y Marquelia, pero estuvieron presentes unos 60 asistentes, entre consejeros, delegados municipales y comandantes de la Policía Comunitaria.
En el orden del día también estaba planteada la reunificación de la Casa Matriz con la Casa de El Paraíso, que desde el 2011 se separó ante los ataques del ex coordinador, Eliseo Villar Castillo (detenido y apresado desde el 30 de abril de 2015), y para no ser sometida por el gobierno del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Los consejeros de la CRAC informaron que el martes se realizará una asamblea en la comunidad de El Paraíso, de donde son los seis policías comunitarios que fueron liberados el pasado 12 de mayo.
Los miembros de la CRAC fueron detenidos en un aparatoso operativo de la Marina, el Ejército y la Policía Federal el 21 de agosto de 2013, acusados de secuestro, delito que no se acreditó y salieron libres. Aún permanece en la cárcel Arturo Campos.
Piden información de un taxista asesinado
En la breve reunión, los consejeros manifestaron su preocupación por la desaparición y asesinato del taxista Efraín Jerónimo Silva en la comunidad de El Aserradero, municipio de Iliatenco.
Además uno de los integrantes de la CRAC solicitó información de las investigaciones por el homicidio de ese joven encontrado el 22 de mayo, pues dijo que en la comunidad y sus cercanías hay policías comunitarios, además de que el taxi que manejaba no aparece y tuvo que haber pasado por las comunidades cercanas.
El promotor de la CRAC, Martín Candia Galindo, quien se sumó a la solicitud de información, dijo que en las comunidades cercanas a El Aserradero no hay equipo de radiocomunicación lo que ha dificultado la vigilancia y la seguridad.