No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza

El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.

Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179

También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.

La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH

Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.

Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género

También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.

 

Se cumple un año sin sanción a alteración a la Ley 179 aprobada por el Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A un año de la alteración a un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, aprobada por el pleno del Congreso local, aún no se sabe quiénes son los responsables, y el dictamen que presentó la Comisión Especial creada para investigar lo ocurrido se mantiene congelado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a pesar de que de manera reiterada diputados de todas las fracciones han afirmado que no quedará impune la falta.
La noche del 12 de abril el pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la nueva Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual fue publicada el 14 de abril en una edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero se le realizó una alteración al segundo artículo transitorio.
De esta modificación, el gobierno estatal se deslindó tras hacerse público el hecho. Incluso mostraron el documento de recibido por parte del Poder Legislativo, el cual fue publicado íntegro. Mientras que en el Congreso se generó un fuerte debate y señalamientos que sugerían que el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, fue el responsable de esa modificación. Diputados de todas las fracciones, en tribuna, demandaron que se esclareciera el tema.
La salida que le dieron en ese momento fue la creación de una Comisión Especial para investigar lo ocurrido. Sin embargo, además de los 45 días que el pleno le dio para realizar la investigación y presentar un dictamen, ese colegiado presidido por la perredista Elzy Camacho Peñaloza solicitó 15 días más.
Tras este tiempo, el dictamen no se entregó, incluso el dictamen estuvo presuntamente “retenido” por más de dos meses por una asesora de Alfredo Sánchez Esquivel, y finalmente el primero de septiembre pasado este documento fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez.
El dictamen no se enlistó en ningún orden del día de las sesiones del pleno en estos últimos cuatro meses de 2022, y fue hasta el 12 de enero cuando hubo apenas un intento de sesión “secreta” para discutir y votarlo, pero no se concretó supuestamente por “falta de quórum”.
Pero esta falta de quórum se dio por la oposición de un grupo de diputados, principalmente del PRI y PRD, pero también de Morena, quienes estaban en contra de votar el dictamen en el que no se señalaba a los responsables de la alteración y mucho menos había sanciones.
A un año de esta alteración, el Congreso de Guerrero sigue sin aclarar quién realizó y ordenó que se modificara un artículo transitorio a una ley que había aprobado el pleno del Poder Legislativo.