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Protestan unos 100 me’phaa en la CFE de Tlapa para exigir que restablezcan la energía eléctrica

 

Comisarios, delegados y principales de comunidades me’phaa bathaa de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa el Grande protestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica, revisión de líneas, cambio de postes, bajadas y contra las altas tarifas.
Se quejaron de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores fue a sus comunidades el domingo 13 de marzo y les prometió que, a más tardar el miércoles, tendrían energía porque llegando a Chilpancingo lo reportaría, “lo malo es que nos confiamos y no preguntamos qué miércoles iba ser porque ya pasaron varios”, se quejaron.
Unos 100 vecinos me’phaa de la variante bathaa llegaron alrededor de las 10 de la mañana a la CFE, donde presionaron en la entrada unos 40 minutos, y luego fueron recibidos en la sala de reuniones.
Los usuarios inconformes explicaron que carecen del servicio de energía eléctrica desde las lluvias y fuertes vientos del 8 al 10 de marzo, que apenas el 27 la CFE lo restableció y media hora después volvieron a quedarse sin ella.
Además, dijeron que hay postes y transformadores caídos, algunos de hace unos días y otros desde la tormenta Manuel, de septiembre de 2013; asimismo, solicitaron más de 100 bajadas en las distintas comunidades, que se reubiquen algunos postes y otros sean cambiados, porque son de madera y ya están deteriorados, y que se vea si los árboles causan afectaciones, para podarlos.
Los representantes de la CFE, cuyo responsable es Iván Martínez Borja, se pusieron a la defensiva ante los reclamos, pues de inmediato los acusaron de colocar alambres en las líneas de conducción para restablecer la energía, y eso generaba cortos y afectaciones mayores en los equipos costosos de la CFE, de más de 20 mil pesos, porque ese alambre no permite cortar la energía, causando daños mayores.
La CFE se comprometió a podar los árboles que afectan el cableado, pero con la ayuda de los habitantes de las comunidades, como lo han hecho en otros lugares.
Los inconformes explicaron que no reportaban el corte del servicio porque los teléfonos funcionan con electricidad y se les complicaba ir a las oficinas de la CFE a dejar un oficio que luego ignoran.
Les dijeron que los comisionistas contratado por la comisión son propuestos por la comunidad y la CFE les da un sueldo.
Los representantes de la CFE justificaron su desatención con que hay más poblaciones que no tienen energía desde hace más de 20 días, mientras que los afectados les reprocharon que al presidente de Xochihuehuetlán, que tiene una gasolinera en Xalpatláhuac, le restablecieron la energía tras reportar el corte.
Las comunidades afectadas de los cuatro municipios sumaron 19 en el registro, la mayoría hablantes de me’phaa bathaa, aunque algunas son na savi, entre ellas Juanacatlán, Francisco I. Madero, San Juan Puerto Montaña, San Agustín y Agua Dulce.
Los participantes pertenecen al Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa, quienes plantearon que las deficiencias en el servicio eléctrico son añejos, “desde que empezamos con el difunto Cándido Félix Santiago”, recordaron.
Como parte del Consejo estuvieron su presidente, Zaragoza Hurtado García; el vicepresidente, Zeferino Villanueva Galindo; el secretario, Marcos García Catalán; los vocales, Andrés Flores Candia y Nazario Félix Cano, y el contralor social, Joaquín Catalán Estrada.
La reunión terminó alrededor de la 1 de la tarde con la firma de la minuta con que la CFE se compromete a iniciar el restablecimiento de la energía a partir del 28 de marzo, cuando verificarán la línea principal y luego los ramales, los postes que se cayeron y el cambio de los que están en mal estado, y que la reubicación sería la parte que más llevaría tiempo porque tendrían que mover postes y llevar nuevos.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.