Ratifica el rector en sus puestos al 60% de los funcionarios de su administración anterior

Funcionarios de la administración anterior del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, repetirán su cargo en el segundo periodo, 2017-2021; algunos serán asesores.
Se informó que el 60 por ciento de los funcionarios de la administración fueron ratificados en sus cargos, mientras que el 40 por ciento es de nueva designación, debido a las modificaciones en la Ley General, el Estatuto y el Reglamento de la Universidad.
El viernes, durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario en la Rectoría, Saldaña Almazán tomó protesta a 50 directores generales, coordinadores, directores y jefes de departamento, aunque son 83 los funcionarios que figuran en la lista que se dio a conocer, no todos acudieron a la sesión, por lo que recibirán su nombramiento de manera oficial los siguientes días.
Durante la sesión, a los funcionarios se les entregó el Código de Ética, Integridad y Conducta para los Servidores de la UAG, y deberán firmar una carta compromiso.
Entre los nuevos nombramientos destaca el ex contralor general, Germán Cerón Silverio, que fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como presunto responsable de actos y omisiones en el manejo al presupuesto federal 2013; en esta administración fungirá como contador general.
Asimismo, la ex secretaria particular, Arely Adriana Almazán Adame, fue nombrada directora general de Planeación; mientras que los ex rectores, Florentino Cruz Ramírez y Alberto Salgado Rodríguez, fueron nombrados asesor de la Reforma Universitaria y asesor Académico del rector.
El ex director de Recursos Humanos, Nicolás Pineda Gutiérrez fue nombrado asesor de Seguridad Social del rector, el ex coordinador general de Vinculación, Eleazar Morales Ramírez como asesor en Vinculación, Amaro Sánchez Nava asesor de Transparencia, Rendición y Fiscalización de Cuentas, y Edilberto Gallardo Valente como asesor en materia laboral.

Reitera la UAG que sí solventó las observaciones de la ASF sobre los recursos federales de 2015

 

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) solventó con documentos las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión a la cuenta pública 2015, según consta en una minuta firmada el 1 de febrero de este año.
Este martes, El Sur publicó que, de acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2015, consultado en la página de internet de la ASF, la UAG tiene pendientes ocho pliegos de observaciones, entre las que hay subejercicios y dinero ejercido fuera del plazo autorizado en los convenios de transferencia con la federación.
Fuentes de la UAG mostraron la minuta con las firmas del director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos de la ASF, Jesús Tristán Torres, y de la jefa del área de Egresos de la UAG, Leticia Jiménez Zamora, en la que se especifica que la institución aclaró las observaciones.
En un boletín de prensa, el rector interino de la UAG, José Alfredo Romero Olea, reiteró que las observaciones ya fueron solventadas, pero aún aparecen en la página de la ASF porque la información corresponde al corte del 31 de diciembre; los auditores dan un plazo a todas las instituciones para que las observaciones “se solventen o aclaren” y los datos no se actualizan de manera inmediata, sino hasta el semestre siguiente.
Romero Olea refirió que el 1 de febrero de este año, “se firmó una minuta con cuatro representantes de la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales Transferidos y los representantes de la UAG, mediante la cual se especifica  la documentación entregada”.
Recordó que, periódicamente se hacen auditorías externas a la contabilidad de la Universidad, entre ellas la de la ASF, y que “ratifica su compromiso de cumplir con la normatividad que establece el gobierno federal para el ejercicio de los recursos destinados a la máxima casa de estudios y realizar una administración eficiente de los recursos destinados a la educación de los universitarios guerrerenses”.
Respecto de los seis expedientes de responsabilidad administrativa contra funcionarios de la UAG, que se integraron por las observaciones y que deberá resolver la Contraloría de la Universidad, ni Romero Olea ni otro funcionario han dado información.

Modifican senadores la ley de Fipago para beneficiar a defraudados en Guerrero, dicen

 

El artículo octavo transitorio de la ley de Fideicomiso Pago (Fipago) se modificó para incluir al estado de Guerrero en los beneficios del fondo para defraudados por financieras; sin embargo, la modificación aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados; actualmente, está en revisión en la Alianza de Defraudados del estado, para que luego el Senado exhorte a los diputados federales para que la aprueben, informó en consulta telefónica el representante jurídico de los defraudados, Jaime Alvarado López.
Alvarado López dijo que el senador Sofío Ramírez se reunió con el senador Esteban Albarrán Hernández para hacerle las modificación al artículo octavo transitorio de la ley de Fipago para que los defraudados puedan acceder al dinero de este fideicomiso.
El 11 de noviembre pasado, Alvarado López contó que la mesa directiva de la Cámara de Diputados informó a los defraudados de financieras en el estado, que exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a que inicie la investigación de la aplicación del dinero que se liberó en 2014 para pagar los adeudos, pero que no se hizo en su totalidad, y que además solicitó al Fipago que reconozca a los afectados de Guerrero para que sean incorporados al esquema de rescate.
Posteriormente el subcontralor de la Auditoría del gobierno del estado, Arturo Latabán acudió con la diputada federal priista, Verónica Muños Parra, para explicarle las modificación, para que impulse su aprobación en la Cámara de Diputados. Finalmente le dieron el documento a la Alianza de Afectados para que le hagan una última revisión.
Jaime Alvarado López dijo que el documento, que es impulsado principalmente por el senador Sofío Ramírez, “ya nos lo envió para las correcciones; todavía no es definitivo el documento, pero ya es un documento muy bien armado con una motivación, justificación, exposición de motivos”, con dedicatoria a los defraudados de Guerrero, para que con esto los 15 mil 500 defraudados de Productos Amor puedan acceder al rescate de dinero que tiene Fipago.
Añadió que, además, Sofío Ramírez y Esteban Albarrán van a subir al Senado un punto de acuerdo para que exista un antecedente del exhorto que hace el Senado a la Cámara de Diputados.

Siguen damnificados de 2013 en zonas de alto riesgo en el cauce del río Huacapa en Chilpancingo

En Chilpancingo, el gobierno y las familias damnificados no aprendieron la lección que les dieron hace tres años la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
El gobierno incumplió las reparaciones de los daños ocasionados por las lluvias de los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013, y para mitigar daños similares posteriores. Tampoco reubicó a todas las familias que viven en zona de alto riesgo a lo largo del encauzamiento del río Huacapa.
Mientras tanto, más de 100 familias damnificadas se negaron a ser reubicadas y siguen viviendo en las márgenes del cauce que hace tres años se desbordó al botarse las compuertas de la presa del Cerrito Rico y que dejó daños incuantificables.
Algunas de estas familias, incluso, viven allí, a pesar de que tienen asignadas viviendas en el fraccionamiento El Mirador que construyó al sur de la capital la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para las familias damnificadas de Ingrid y Manuel.
El vicepresidente del Comité de Desarrollo de la colonia Industrial I, Juvencio Díaz Palemonte, y el presidente del Comité de Desarrollo de la colonia San Carlos, Fidel Salmerón Salvador, denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependiente del gobierno federal, desvió los recursos destinados para el encauzamiento del río Huacapa, porque en la parte norte de la ciudad quedó más de un kilómetro y medio sin encauzar y falta construir un puente vehicular.
Consultados por separado, ambos dirigentes aseguraron que cuando conocieron el proyecto, el encauzamiento abarcaba hasta al pie de la presa del Cerrito Rico y un puente en la colonia San Carlos, que comunicaría a los habitantes de seis colonias del poniente de la ciudad.
Díaz Palemonte declaró que las colonias de esta zona de la ciudad ya se organizan para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise el destino del dinero para esta obra que quedó inconclusa.
Por su lado, Salmerón Salvador acusó que los recursos fueron desviados a las campañas electorales de 2015, “que casualidad que antes de estas elecciones decían que había presupuesto suficiente, y después suspendieron las obras por falta de presupuesto”, dijo.
Díaz informó que, en las colonias de la parte norte de la ciudad, la Conagua construyó sólo un kilómetro y medio del encauzamiento y dejó inconcluso otro kilómetro y medio.
Algunas de estas familias siguen viviendo ahí, pese a que tienen asignadas viviendas en el fraccionamiento El Mirador, que construyó al sur de la capital la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para las familias damnificadas de Ingrid y Manuel.
La Conagua se comprometió a encauzar el río Huacapa de la colonia Lucía Alcocer de Figueroa hasta al pie de la presa del Cerrito Rico, que es un tramo de aproximadamente 3 kilómetros, en donde hubo mayores daños, pues a unas 60 casas se las llevó la corriente y a otras las derribó. En ese lugar aún no se había encauzado el río.
Mientras tanto, de esa colonia al sur de la ciudad hasta la tienda departamental Liverpool, el encauzamiento ya estaba construido antes de Ingrid y Manuel. En este tremo, las constructoras contratadas por Conagua solamente parcharon las partes dañadas.
“El gobierno federal nos prometió que se iba a hacer el encauzamiento total, resulta que la obra se realizó solamente en un poco menos del kilómetro y medio, la otra mitad sigue igual, los trabajos están suspendidos desde el año pasado”, denunció Juvencio Díaz.
Declaró que, “es extraño porque la obra se realizaría con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que se supone que están etiquetados, disponibles, y que son urgentes para disponerse y aplicarse; pero en este caso no se han ejecutado”.
Díaz Palemonte insistió en que está convencido de que lo que pasó aquí fue un desvío de los recursos asignados, y anunció que las colonias de esta zona se organizan para solicitar a la ASF que se audite el presupuesto que se autorizó para estas obras, puesto que debió ser aplicado.
El tramo de encauzamiento que se construyó, abarcó las colonias Lucía Alcocer, San Rafael Norte, Industrial I, El Amate y Asentamiento Jacarandas, y quedó pendiente poco más de un kilómetros y medio, en el que se hallan el Asentamiento Jacarandas, colonia Jacarandas, San Carlos, Brisas Norte y la colonia del SUSPEG.
En un recorrido el miércoles 7 de septiembre, en el trayecto de esas colonias se observaron más de un centenar de casas que permanecen asentadas en las márgenes, a pocos metros del río sin encauzar.
Una de las zonas de mayor hacinamiento de viviendas está entre la colonia El Amate y la colonia Jacarandas.
Aquí, una mujer joven que se presentó con el nombre de Joaquina, desde la puerta de su improvisada casa, construida de madera y lámina galvanizada, dijo que ahí viven su madre y una hermana. Declaró que las tres tienen casas asignadas en el fraccionamiento El Mirador que construyó Sedatu para las familias damnificadas, al sur de la ciudad.
La mujer informó que, de las tres sólo su hermana se fue a vivir a su casa de El Mirador. Explicó que ella y su madre seguirán viviendo aquí en tanto que no tengan todos los servicios públicos en El Mirador. Reconoció que, además, tienen que cuidar su casa y su terreno con el que se quedaron en la margen del río Huacapa. “Creo que no es posible que vuelva a llover tanto como hace tres años. No creo que pase nada”, respondió la vecina a la pregunta sobre los riesgos de permanecer en este terreno.
Díaz Palemonte informó que hay muchas familias que vivían en las márgenes del encauzamiento a las que ya les asignaron su departamento en El Mirador, para que el área que se supone que será de las vialidades quede liberada y disponible para cuando continúe la obra.
Sin embargo, en las colonias que están cerca de la presa, el área sigue invadida de decenas de casas habitadas.

Cumplió la Conagua el 90 por ciento del reforzamiento de la presa Cerrito Rico, reconocen vecinos

Juvencio Díaz reconoció que en cuanto a la obra de reforzamiento de la presa del Cerrito Rico se cumplieron las observaciones, sobre todo el caso de la grieta que tenía más de 20 años e implicaba el peligro de colapso del vaso.
Informó que el reforzamiento se cumplió en un 90 por ciento, “porque hubo observaciones que no quisieron acatar la constructora ni la Conagua”. Aunque reconoció que cuando menos los vecinos de la zona ya no tienen que estar pendientes de la grieta que implicaba riesgo.
“A mí me entristece que nos olvidemos de lo que pasó hace tres años. Hace un año, convocamos a todos los vecinos de estas colonias y les dijimos que había la necesidad de mandar un oficio al presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que se entere de que solamente se ha hecho la mitad de esta obra, pero a veces asisten pocos a las reuniones, a otras definitivamente no van, en fin, yo veo mucha dejadez de los ciudadanos”, se quejó Juvencio Díaz.
Dijo que, a lo mejor el presidente de la República piensa que las obras que se programaron se terminaron y que los recursos se ejercieron al 100 por ciento, cuando no es así.
“Por eso yo quiero alertar a la ciudadanía a que no seamos apáticos, que busquemos la manera de hacerle del conocimiento al Presidente de que falta la mitad del encauzamiento y que mientras esta obra no se construya, el problema persiste. No hay garantía al 100 por ciento, por lo menos en ésta zona, de que estamos seguros o de que no vamos a ser inundados en otra ocasión”, comento Díaz Palemonte.
Otro de los incumplimientos en esta zona fue la construcción de un puente vehicular en la colonia San Carlos, que comunicaría a seis colonias del lado poniente.
Actualmente, los vehículos atraviesan por un puente improvisado que está a punto de caerse. Mientras que los transeúntes pasan por un puente colgante hecho de pedazos de maderas sostenidas con alambre.
Las colonias asentadas al poniente del encauzamiento son la San Carlos, Las Brisas, Amate Amarillo, Cafce, 21 de Marzo y Las Palmitas.

Reclaman vecinos que falta construir un puente que comunicaría a seis colonias capitalinas

El presidente de la colonia San Carlos, la más cerca del vaso de la presa, Fidel Salmerón Salvador dijo que además del encauzamiento que quedó inconcluso, a ellos no les construyeron un puente y que les preocupa que tras las lluvias del 3 y 4 de septiembre pasado, el agua de la presa estaba a punto de desbordarse nuevamente, y que como hace tres años quedarían incomunicados al aumentar el caudal del arroyo.
Denunció que cuando comenzaron las lluvias les prometieron que les mandarían unos tubos para ampliar el puente vehicular, “pero hasta la vez no llegan”.
El representante de los vecinos, dijo que cuando se anunciaron las obras para resarcir los daños de Ingrid y Manuel, “todo mundo sabía, porque el presidente Peña Nieto lo dijo, que autorizó mucho presupuesto para reparar los daños de Ingrid y Manuel, resulta que de buenas a primeras ya no hay presupuesto”.
Recordó que todavía antes de las campañas (para gobernador, diputados y presidentes municipales de 2015), decían que había presupuesto suficiente, pero después de las campañas dijeron que ya no había nada. “Me imagino que lo desviaron para las campañas, porque aseguraron que era mucho el que había para las obras”, se quejó.
Salmerón Salvador contó que los trabajadores de la constructora guardaban en su casa su herramienta, y cuando se fueron, en octubre del 2015, le dijeron que “por falta de presupuesto” se suspendía la obra del encauzamiento.
Comentó que los representantes le dijeron que en la primera quincena de agosto pasado “soltarían” más presupuesto para reiniciar los trabajos, pero que en mayo pasado fueron a buscar la herramienta, maquinaria y el material que les quedaba, “y hasta la vez no regresan”.

Pide el secretario de Salud auditorías a todas las áreas por el boquete financiero

El titular de la Secretaría de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos declaró ayer en Iguala que está solicitando auditorías a cada una de las áreas de esta dependencia para hacer los deslindes necesarios, y que la Contraloría y la Auditoría del estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tomen las medidas necesarias para determinar la responsabilidad del boquete financiero de casi 5 mil millones de pesos.
Señaló que la “contratación desmedida” de personal administrativo que cobra sin trabajar, y de administrativos que cobra como médicos, químicos o enfermaras, es parte del problema financieros que generó el enorme boquete, del que dijo que, “es más grande que el que haya dejado un meteorito”.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer en el salón Sala San Luis, del Centro de esta ciudad, en la primera Reunión Regional de Coordinación de la Secretaría de Salud con presidentes municipales de la zona Norte, a la que asistieron 13 de los 16 munícipes, De la Peña Pintos declaró que por el boquete financiero que recibió en esa dependencia y por la inseguridad, unos 30 centros de Salud en el estado están cerrados.
Informó que se hará un estudio “minucioso” del recurso humano en cuanto al perfil profesional de cada trabajador de Salud, principalmente de los tres mil 500 empleados que están sin techo presupuestal, entre los que dijo que hay trabajadores administrativos que cobran como médicos especialistas, sin precisar cuantos casos han detectado.
Dijo que a mitad de 2016, en coordinación con el gobernador Héctor Astudillo y la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA), Beatriz Vélez, se hará la formalización de trabajadores, que incluye a algunos de esos 3 mil 500 sin techo presupuestal, para contratar a más médicos y enfermeras, y que “el área administrativa no esté tan abultada”.
Dijo que al término de ese diagnóstico, se analizará lo que procederá con esos trabajadores, de acuerdo con su condición laboral, sin descartar que sean reasignados a otras áreas, “porque nos hemos encontrado administrativos que no tienen el perfil y ganan como químicos, médicos o enfermeras, sin tener el título correspondientes. Además de que hemos encontrado gente que está como personal contratado, pero que no trabaja (aviadores)”, de los que aún desconocen cuántos son.
Insistió que el boquete financiero de cerca de 5 mil millones de pesos en la Ssa que recibió esta administración afecta directamente a la contratación de médicos y a algunos programas de salud, como vacunación, planificación familiar, de atención a problemas crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal y lo que corresponde al programa epidemiológico estatal.
Señaló que las investigaciones “ya están en manos de las autoridades correspondientes”, y precisó que entraron a un proceso de entrega-recepción dentro del que encontraron todas las irregularidades señaladas, “por lo que estamos solicitando que el siguiente paso es hacer auditorías en cada una de las áreas de Salud, en recursos humanos y finanzas, y después hacer los deslindes necesarios para que, a través de la contraloría y la auditoría del estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tomen las medidas correspondientes para cada uno de esos aspectos, que se encuentren, y se determine quién es el responsable”.
Declaró que, por el boquete financiero que recibió este gobierno en la Secretaría de Salud y la inseguridad que ha afectado a diferentes regiones de la entidad, 30 centros de salud están cerrados en Tierra Caliente, la Montaña y parte de la sierra, específicamente los hospitales de Tlacotepec y Filo de Caballos.
Dijo que, para 2016 el presupuesto de la Secretaría de Salud se incrementó en 10.7 por ciento “gracias a las gestiones del gobernador”, lo que se destinará a la contratación de más personal y a los programas de Salud. Detalló que el incremento es de cerca de 400 millones de pesos, es decir que la dependencia recibiría unos cuatro mil 500 millones de pesos el próximo año.
Por su parte, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Santamaría Ramírez, que acompañó en la reunión a Carlos de la Peña, reafirmó que el quebranto financiero de la Secretaría de Salud es de unos 5 mil millones de pesos.
Detalló que, entre estos, “existen adeudos de impuestos, pago de miles de trabajadores sin techo financiero, adeudos a proveedores y obras paradas, etcétera”.
“Creo que la Secretaría, como muchas otras áreas de gobierno, tuvo un manejo discrecional en cuanto a los recursos, lo que genera esta discrecionalidad, abuso y corrupción”.